Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
trata de restablecer el orden interno es preciso que en una nación como la nuestra no se afecte a
25 millones de personas para dar una supuesta seguridad a un número menor, o concretamente
que sea privilegiado el status de 25 millones. Quiero significar que una ley de esta naturaleza será
válida y eficaz en la medida en que dé más bien que perturbación.
No nos preocupa esta ley en cuanto atiende a la estructura de la defensa y al funcionamiento
de esa estructura; no nos preocupa en cuanto atiende a una especie de competencia acordada
para los actos preparatorios, como nos preocupa la asignación de facultades. En el primero y segundo
títulos suponemos que ha mediado el previo asesoramiento de nuestras Fuerzas Armadas,
y toda vez que se trata, en este aspecto de la legislación, de una cuestión de orden técnico, nosotros
creemos que podemos integrarnos al pensamiento de las Fuerzas Armadas en cuanto a la
redacción del texto legal. Pero lo más decisivo y que constituiría un verdadero compromiso es
la sanción del título III, en el que se incluyen los artículos 28, 30, 35 y 36, que regulan el teatro
de operaciones, la declaración del estado y zona de emergencia, la situación de agravamiento
del estado de emergencia y la autorización para disponer operaciones militares sin la previa declaración
de zona de emergencia. Nos preocupa porque no vemos muy claro, no obstante el esfuerzo
del señor miembro informante, que la voluntad de poder permanezca en el Congreso de
la Nación. No nos conforma que solamente se exprese en el texto de la ley y frente a cada una de
esas autorizaciones, que el Congreso debe estar informado. Nosotros creemos que el Congreso es
quien debe resolver en todos los casos.
Indica la ciencia política, y es de la esencia de nuestro régimen representativo y republicano
que solamente es el pueblo el que se autolimita, el que se impone cargas, el que se sujeta a jurisdicciones
judiciales, el que se grava con esfuerzos o prestaciones físicas, el que puede imponerse
a sí mismo el riesgo y eventual sacrificio en una acción bélica y el que consiente un determinado
tipo de subordinación en los operativos de esta naturaleza. Solamente el pueblo, a través de sus
representantes en el Congreso de la Nación —sistema republicano—, es el que puede tomar decisiones
tan graves como las que aquí se prevén.
Yo no puedo entender la razón por la cual el señor miembro informante ha dicho que es de
menor proyección, de menor entidad o de menor relevancia la declaración del estado de emergencia,
la declaración de zona de emergencia, que el estado de sitio ¿Cómo ha podido decir el
señor miembro informante que el estado de sitio es de mayor trascendencia jurídica y de mayor
gravedad? ¿Acaso no está claro, en virtud del artículo 23 de la Constitución Nacional, que el presidente
de la República —luego de cubrir la fórmula que establece la Constitución, de ser decidida
por el Senado o por el Congreso, según el fenómeno que amenace a la seguridad—, durante
esta suspensión no podrá condenar por sí ni aplicar penas? La parte final de ese artículo es clara
cuando dice que su poder se limitará, en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas
de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
¿No está claramente limitado el poder del agente de la representación popular, es decir, del
Poder Ejecutivo, que no sólo depende en cada una de sus resoluciones —con excepción de los
casos de urgencia— de la voluntad del Congreso Nacional, sino que la Constitución le hace
saber claramente hasta dónde pueden llegar sus facultades? Podría significar, por efecto de su
aplicación, una subversión más grande y más grave que el problema que va dirigido a conjurar.
¡Que no se le ocurra a un titular del poder —como a Rosas— ejercerlo con el sentido de dueño
de vidas y de haciendas; que no se le ocurra a este poder ejercer las persecuciones en el ámbito de
la República; que no pretenda discriminar intencionalmente para aplicar a un sector la fuerza y
la autoridad que le daría esta ley!
Nosotros nos hemos preguntado en el bloque: ¿no son éstas claramente las facultades extraordinarias
que la Constitución Nacional prohíbe y fulmina? ¿No estamos concibiendo un
régimen —no voy a leer los artículos que ya se conocen sobre creación de los tribunales militares
correspondientes, dictado de bandos, subordinación total o parcial a las autoridades con
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1975