Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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los años posteriores a 1951 —y más precisamente después del 28 de septiembre de ese año—
hasta 1955 se aplicó la ley por la que se declaraba el estado de guerra interno, no el estado de prevención
y alarma, previsto en la Constitución de 1949, que pudo ser una medida más acertada,
quizás estructurada con vistas al futuro que se preveía. También es cierto que señalé que se usó
como arma de discriminación política.
En el día de ayer, a su vez, afirmé —en otra circunstancia que se presentó a lo largo del debate—
que el gobierno del doctor Frondizi —a cuyo partido los diputados intransigentes pertenecíamos
en ese momento— sancionó y aplicó normas represivas e instauró el plan Conintes,
que inclusive fue aplicado a los propios gobiernos provinciales por entonces pertenecientes al
movimiento oficialista.
Insisto, señor presidente, con lo señalado en el día de ayer. Me parece muy positivo que los argentinos
modifiquemos nuestros anteriores esquemas cuando advertimos que algo no ha servido
para unir al país y, muy por el contrario, aumentó los factores de desencuentro. Sobre todo si la
medida en particular llevó a mantener proscritos, perseguidos o retaceados a movimientos políticos
que a su turno han sido gobierno, estuvieron por serlo o fueron oposición. Me parece que esta
posición, por el momento que vive el país y por la política de unidad nacional que venimos proclamando,
coincide con lo expresado en las urnas el 11 de marzo y el 23 de septiembre de 1973.
Ello nos obliga a corregir lo que está mal, lo que no sirve, para no reincidir en los mismos males.
Y me apresuro a decir que de ninguna manera tenía el propósito de hacer imputaciones a un
solo sector porque todos, alternativamente, hemos sido perseguidores o perseguidos, o partícipes
en los gobiernos responsables de los errores. En definitiva, no pongo en duda la intención de
quienes, en ejercicio de las mayorías que tenían en ese momento a través del sistema representativo,
sancionaron normas que hoy impugnamos. Pero tampoco dudo que hoy los hombres de la
Argentina podemos ponernos de acuerdo para instrumentar en su reemplazo otras medidas que
sean realmente eficientes para combatir la destrucción de la Nación.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Tiene la palabra el señor diputado Falabella.
Sr. Falabella.—¡Es tan extenso ya este debate! Se ha abundado tanto que hasta algunos legisladores
se han referido a la ley que tenemos en tratamiento.
Nosotros vamos a hacer un esquema con base de ciencia política para analizar el proyecto de
ley, de lo que me hago cargo en tanto el señor diputado Acevedo va a analizar el aspecto técnico.
Consideramos que esta ley es sumamente importante porque le asignamos al orden el carácter
de un valor prioritario; no decimos fundamental porque no es finalista, pero es medial
y decisivo. Decimos prioritario porque sin el orden no se obtiene la seguridad ni se efectiviza
ningún derecho. Puede existir el orden sin la libertad, pero no existe la libertad sin el orden. El
orden generalmente deviene como un proceso de la cultura y se equipara a un estado de subordinación
espiritual de todo un pueblo a una ordenación instituida convencionalmente. El orden
puede excepcionalmente ser forzado; pero no es el orden que se desea; el que se desea es el orden
pacífico como expresión más alta del espíritu y de la voluntad humana.
No obstante que le damos este carácter de prioritario, sostenemos la necesidad de que los
valores se balanceen y cada vez que sea necesario defender el orden, protegerlo o restablecerlo,
debe tomarse fundamentalmente en cuenta la necesidad de que en las medidas conducentes a su
imposición pervivan todas aquellas que están determinadas a mantener la vigencia de los derechos
declarados, reconocidos, asignados y garantizados por la Constitución Nacional, es decir,
por el orden jurídico establecido.
Debe entonces lograrse el equilibrio necesario de manera tal que la imposición del uno no
signifique la supresión del otro. Lo deseable e ideal, lo óptimo, es que se logre el orden sin perturbar
el ordenamiento jurídico o, por lo menos, con el mínimo de perturbaciones.
Es claro que frente al derecho de defensa, por ejemplo, donde se trata de la vida del ser nacional,
como una especie de instinto del grupo, no se podría ser tan cauteloso; pero cuando se