Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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que tiende a preservar lo fundamental, que es la Nación, después de la cual vienen las provincias
en una escala axiológica? Este es el camino que la Constitución señala y el que debemos seguir en
lugar de otro que nos parezca más práctico y corto, pero que en definitiva puede ser el camino de
los grandes desencuentros.
Quiero referir la última parte de mis argumentos al alcance del poder militar y fundamentalmente
a la creación de tribunales militares. Tratemos primero de ubicarnos conceptualmente. La
Defensa Nacional, juntamente con el poder político, económico y social, integra el poder nacional,
es decir, la suma de medios con que se cuenta para alcanzar los objetivos políticos. Además,
debemos tener presente que el empleo de los medios del poder nacional constituye la estrategia
nacional, misión fundamental para determinar las líneas de movimiento de ese poder y sus respuestas
a las agresiones. Está claro entonces que el poder militar se inserta en un grado menor
respecto de la estrategia total y, por supuesto, la estrategia o poder militar y la estrategia o poder
nacional de decisión se colocan a su vez debajo de las políticas y de los objetivos nacionales, de
manera que entre los términos de la decisión política a través del mecanismo representativo y el
objetivo que puede guiar en algunos de esos campos —inclusive el militar— ha de discurrir el
proceso dialéctico de la estrategia, todo ello condicionado, orientado y referido al plexo de valores
permanentes que constituyen los objetivos nacionales.
El poder militar es el que, según una noción primaria, dispone del medio “armas”, entendidas
éstas en el concepto totalizador del mundo y de la guerra moderna, es decir, la clásica y la
revolucionaria. Su fuerza orgánica es decisiva y sin duda depende —en esto estamos de acuerdo
con el proyecto— de una buena ley de Defensa Nacional; pero hay que darle las mejores condiciones
operativas de apoyo y de organización de todos los sectores de la comunidad hacia las
Fuerzas Armadas, siempre dentro del ordenamiento constitucional.
Digo esto porque la Constitución ha previsto dos hipótesis: la de paz, que es el ejercicio ordinario
de los poderes creados y de los derechos individuales, y la de guerra; y en ambos supuestos
ha delimitado prolijamente las funciones legislativas y las que corresponden al Poder Ejecutivo.
Como dijimos hoy, es el Congreso el que autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la guerra o a
hacer la paz y es el Poder Ejecutivo el que tiene la atribución de disponer de las fuerzas militares
y correr con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. Es también el
presidente el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Pero —y aquí está la dificultad
que ofrece el proyecto de ley— es en cambio facultad privativa del Congreso fijar las fuerzas de
línea en tiempos de paz y de guerra y formar reglamentos y ordenanzas para el manejo de dichos
ejércitos, según el inciso 23 del artículo 67 de la Constitución. Sabemos que la expresión “ordenanzas”
equivale a leyes, porque ordenanzas llamaba Carlos III a las que eran sus leyes.
De la interpretación armónica de las facultades precedentes surge una doctrina sobre el poder
militar a la que debe atenerse estrictamente el texto de la ley. Se trata nada menos que de los
alcances de la llamada jurisdicción militar, como fuero real, de la vigencia de la ley marcial, de
la posibilidad de dictar bandos y someter a civiles a juicio sumario, y de llegar a aplicar hasta la
pena de muerte con fusilamiento.
Nosotros distinguimos en este tema de la jurisdicción militar lo que es jurisdicción militar
disciplinaria de lo que es jurisdicción militar penal. La primera, sin duda, es propia y privativa
del Poder Ejecutivo, porque el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas. La segunda no,
y no se puede delegar, porque la Constitución lo dice. La segunda es propia del Congreso y debe
ser creada en cada caso por ley. De manera que establecer un tribunal militar es realmente crear
una jurisdicción específica que no depende del Poder Judicial ni tampoco del presidente de la
República. Solamente se puede crear por ley, en cumplimiento de la distribución de competencias
constitucionales. Establecer cuándo se constituyen los tribunales militares, cuál es su competencia,
su procedimiento y todo el contexto del Código de Justicia Militar, corresponde a una
jurisdicción específica, cuya procedencia entiendo que no es del caso señalar ahora, aunque sí