Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
No traigo este ejemplo por agitar cosas del pasado. Ayer fui el primero en señalar que cuando
una medida no ha servido o la experiencia política del país la ha rechazado, resulta necio insistir
en ella. Y por el contrario, lo inteligente es explicar por qué se hizo, para no confundirse ahora.
Se hizo para defender al Estado, pero luego vino la tentación de desviarla hacia otros fines.
El concepto de guerra interna no es apropiado. Fue objeto de severo enjuiciamiento mediante
proyectos que firmaron los diputados Alende, Perette, Nudelman y otros, en esta Cámara,
desde el tiempo de ser implantada la medida.
Nuestro bloque tampoco lo acepta. No solamente porque no conviene, desde el punto de vista
táctico, hablar de guerra interna frente a la Convención de Ginebra, sino porque no es legítimo
atribuir o reconocer únicamente condición beligerante a quienes dentro del país empuñan las
armas, las bélicas, mientras se disfrazan las de la especulación y la inmoralidad o cualquier otra
que atenta contra los intereses de la Nación. Más bien habría que hablar de traición a la Patria.
Toda la gama de situaciones está prevista en el estado de sitio y la intervención federal. Pero
en la hipótesis de que ocurrieran acontecimientos de tal gravedad que estas medidas no fueran
suficientes, ante el pesado mecanismo de reunir al Congreso, nosotros estamos de acuerdo
—y hemos firmado así el despacho— con que los artículos 36, 37 y 38 autoricen a las Fuerzas
Armadas, cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo e insurreccional lo hagan necesario,
a que intervengan, porque no somos teóricos o idealistas que viven en las nubes, sino
que somos argentinos que sufrimos dramáticamente esta coyuntura, como todos los demás.
Entonces, si por los artículos 36, 37 y 38 del proyecto le asignamos a las Fuerzas Armadas no sólo
la posibilidad sino el deber de actuar, ¿qué necesidad hay de la creación de la figura de la “zona de
emergencia” para el caso de conmoción interior, y en forma tan diferente de la clásica transferir
el poder del Congreso al presidente de la República?
En este punto del proyecto nosotros encontramos una de las graves fallas de interpretación
constitucional. Esto lo debe resolver únicamente el Congreso. ¿Por qué? Porque la Constitución,
analógicamente, así lo prescribe para el estado de sitio y sólo le da al presidente facultades para
arrestar a las personas y detenerlas, con prohibición de imponerles penas. Por el contrario, en la
zona de emergencia el proyecto da al presidente facultad de nombrar al comandante de la zona
de emergencia, que podrá dictar bandos, crear tribunales militares y, por lo tanto, establecer la
pena de muerte.
Para este bloque esto es, lisa y llanamente, transgredir la prohibición del artículo 29 de la
Constitución Nacional que dice que: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni
las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias ni la suma
del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas
de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y, además, la frase que nunca
hubiéramos querido repetir en este recinto: “Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad
insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los
infames traidores a la Patria”.
Digo esto, que nunca lo hubiéramos querido repetir, porque esto fue usado: lo sabe el peronismo
y lo sabemos quienes en ese entonces protestamos por esa arma innoble que usó el
gobierno de la llamada Revolución Libertadora, al procesarlos por el delito de traición a la Patria
por haber sancionado ciertas leyes, aun cuando quienes las votaron tuvieran como norte e inspiración
la actitud militante en defensa de su gobierno y de las políticas en favor de las cuales el
pueblo se había pronunciado. No queremos quedar expuestos a este tipo de riesgos en el futuro
político argentino.
Se vulnera además la garantía del artículo 5 o de la Constitución, porque no se exige el previo
acuerdo de los gobiernos provinciales para poner el funcionamiento de sus instituciones, sus
comunas y su policía en armonía con las disposiciones de esta ley. Si las provincias han votado
tantas leyes convenio sobre impuestos y otras materias, ¿cómo no lo harán respecto de esta ley
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1975