Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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han sido previstos en la legislación? Porque también es cierto que el Estado y la sociedad no pueden
quedar inermes frente a lo que perturba los intereses vitales de la Nación, para que ocurra en
el orden interno. La Constitución tiene previsto un sistema muy claro.
Para lo externo, nuestra Carta Fundamental prevé la declaración de guerra cuando ésta es
ofensiva. Según el inciso 21 del artículo 67 de la Constitución Nacional corresponde su autorización
por el Poder Legislativo, acto en base al cual el Poder Ejecutivo puede formular tal declaración,
de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 18 del artículo 86 de la Carta Fundamental.
Este sistema, por ejemplo, es el que se ejercitó al declarar la guerra contra el Paraguay, Mitre lo
hizo así. No obstante ello, en el aspecto defensivo ya el Ejército Nacional había tomado medidas,
porque, por supuesto, cuando la guerra es defensiva no se puede estar a la espera de que se reúna
el Congreso para declararla.
Veamos la hipótesis, ya no de guerra sino de conmoción interior. Está prevista en las figuras
que define la Constitución. En el estado de sitio distingue entre conmoción interior y ataque exterior,
pero la medida siempre está dada para resguardar la Constitución y a las autoridades surgidas
del orden constitucional. Pero, ¿cómo se decreta el estado de sitio? En el primer supuesto,
lo hace el Congreso; así lo dispone el inciso 26 del artículo 67 de la Constitución Nacional. En el
caso de ataque exterior, durante el período de sesiones ordinarias, se requiere el previo acuerdo
del Senado, conforme con el artículo 53 de la Constitución, y el decreto del Poder Ejecutivo, en
función de lo dispuesto por el inciso 19 del artículo 86 de nuestra Carta Magna, pudiéndolo hacer
por sí el propio Poder Ejecutivo en caso de receso parlamentario.
En cuanto a los alcances de la medida, sostenemos que las limitaciones deben ser las menores
posibles y presididas por el signo de la razonabilidad, en cuanto esas mismas limitaciones sean necesarias
para mantener la vigencia de las instituciones y de la Constitución, y la integridad de la Nación.
Pero aún hay, además, otro remedio previsto en la Constitución para los casos de conmoción
interior cuyas características se asemejan a la hipótesis analizada por el señor diputado Lazzarini:
un terremoto que exige una intervención inmediata de las fuerzas para poner orden. Esto puede
superarse con la intervención federal. ¿Acaso no permite el artículo 6 o de la Constitución Nacional
que se intervenga una provincia cuando existe una alteración grave del orden que ponga en peligro
el ejercicio de sus autoridades?
Frente a las nuevas figuras de conmoción interior, quiero aclarar que esto ya fue previsto
en la Constitución de 1949. En la parte final de su artículo 34 se implantó la novedad del estado
de prevención y alarma en caso de alteración del orden público que amenazara perturbar
el normal desenvolvimiento de la vida o actividades primordiales de la población. Y según esa
Constitución, una ley determinaría los efectos jurídicos de tal medida; pero ésta no suspendería
sino que, transitoriamente, limitaría las garantías constitucionales en la medida que fuera indispensable.
Era una buena fórmula para regular la situación.
Sin embargo, en 1951, frente a un episodio de insurrección o rebelión militar, el gobierno
del general Perón decretó el estado de guerra interno. Lo hizo por decreto 19.376, del 28 de septiembre
de 1951; y esa misma tarde se reunió el Congreso, que ratificó la medida por ley 14.062.
La coyuntura mostraba como absurdo el oponerse a la sanción de la medida, dado que había
existido un movimiento sedicioso para deponer a las autoridades constitucionales.
Y al fin —¡lo que son las cosas!— siempre la coyuntura que toca nuestra fibra más íntima
en lo nacional termina siendo lo permanente. Esa ley no se derogó desde su sanción hasta 1955,
habiéndose aplicado el estado de guerra interno a toda una serie de situaciones que nada tenían
que ver ni con asonadas militares ni con movimientos subversivos, sino, por el contrario, a las
discrepancias o enfrentamientos políticos con sectores opositores. Por extraña paradoja, esta ley
no permitió defender al gobierno, que cayó frente a un episodio de armas. Y como contrasentido
último, el gobierno que llegó a derogar por decreto la Constitución de 1949, el de la llamada
Revolución Libertadora, por decreto 140, de 1955, dejó sin efecto el estado de guerra interno.