Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
soberanía popular, según el artículo 33. Implican un modo concreto de apuntar al fin supremo
de nuestra organización política, que es la libertad, y de ninguna manera a consolidar la fuerza
del Estado.
En consecuencia, mal puede sostenerse que en el supuesto excepcional en que nuestra
Constitución ha considerado necesario suspender las garantías constitucionales, se ha autorizado
la destrucción del sistema fundamental organizativo. Por el contrario el estado de sitio, lejos de
suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla y asegurar su ejercicio. Así
se lee en su artículo 23 y es lo que dice la Corte Suprema en uno de los considerandos del caso
“Leandro N. Alem” del año 1893, Fallos, tomo 54, páginas 432 a 466, que el señor miembro informante
mencionó en la sesión de ayer pero sólo en cuanto a su alcance final, en el sentido de
no reconocer restricciones a la vigencia de las instituciones y no desconocer a Leandro N. Alem
su condición de parlamentario.
Sin embargo, no citó el señor diputado ese considerando que establece un criterio interpretativo
de la Constitución corroborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
de Marcelo T. de Alvear del año 1933: “El estado de sitio es un arma de defensa extraordinaria que
la Constitución ha puesto en manos de los poderes políticos de la Nación para que en épocas también
extraordinarias puedan defenderse de los peligros que amenazan tanto a ella como a los poderes que
crea. Consiste en una legislación especial establecida en tiempos de paz para ser aplicada en los momentos
de conmociones políticas y sociales, o de ataque exterior, como medio de asegurar el orden y
la disciplina colectiva en resguardo del imperio de la Constitución y con ella el de la libertad y el de
las garantías individuales.
Constituye, pues, el estado de sitio un régimen de excepción y, por consiguiente, la interpretación
de los poderes que por él se acuerdan debe hacerse restrictivamente y en sentido favorable a la seguridad
personal”. Esto está registrado en Fallos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
tomo 167, páginas 314 a 326.
Estuve releyendo los votos en el caso “Sofía”, donde efectivamente la mayoría de la Corte,
tal como lo reconocí ayer, aplicó la tesis del señor diputado Lazzarini respecto del derecho de
reunión. Pero señalé también que además del voto del doctor Boffi Boggero estaba el voto del
doctor Francisco Laplaza, maestro de derecho penal y hombre que no tenía ninguna afinidad
política con el partido que llevó en ese tiempo al doctor Frondizi a la presidencia de la República.
Voy a leer el voto del doctor Laplaza, abusando de la atención de la Honorable Cámara, porque
considero que este tema es muy importante. Decía el doctor Laplaza: “Fuera de los supuestos
de quebrantamiento del orden jurídico, las situaciones de emergencia, la conmoción interior, la guerra
civil, el ataque exterior, la guerra internacional, están sometidas por igual al derecho, en el sentido
de que no son simples actos de fuerza, de violencia o de arbitrariedad, sino actos que deben ejercerse
dentro del marco de la juridicidad que emana de la Constitución y de las leyes.
Por eso es incongruente que un régimen de libertades y de garantías admita la existencia de momentos
tales que obliguen a suspender la vigencia misma de la Constitución. Ello equivaldría a negar
lógicamente los presupuestos fundamentales y la estructura del estado de derecho, para reemplazarlo
por una situación de hecho. No se trataría ya de un orden jurídico dado, aplicable por igual a gobernantes
y gobernados, sino de un orden de fuerza, de un poder de mando o arbitrario. Por eso, en fin,
las instituciones de emergencia que responden a la denominación de “suspensión de garantías constitucionales”
deben considerarse, en sentido propio, como instituciones de defensa de la Constitución”.
Acotamos nosotros que nunca la defensa de la Constitución y de las autoridades creadas por
ella puede intentarse mediante la instauración del despotismo y la supresión de las libertades, o la
creación de cauces por los cuales la confusión y la inseguridad puedan campear en la República.
Interpretando el dictamen que consideramos conformes con esa doctrina, entendemos que
viola los artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional, cuya lectura omito porque son
de conocimiento de los señores diputados. ¿En qué sentido, entonces, estos episodios subversivos
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1975