Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Sr. Arigós.—Señor presidente: haré muy breves consideraciones, pues ya varios diputados
de mi bancada se han referido —y otros lo van a hacer— a los aspectos generales de la ley y al
examen en particular, donde mantenemos disidencias con respecto al despacho de la mayoría.
No obstante, deseo reiterar que nuestra posición frente a este proyecto de ley de Defensa es
votarlo afirmativamente en general, porque creemos que el país debió y debe contar con una
legislación integral tendiente a su defensa y a su seguridad.
Nadie puede ignorar que los organismos nacen, crecen, viven, se enferman, se desgastan
y, finalmente, mueren. El Estado se ha comparado numerosas veces con los organismos vivos,
porque ambos tienen órganos para expresarse y sufren también el desgaste y las enfermedades,
pero en lo único que admitimos una diferencia es en que la Nación no debe estar expuesta a
enfermedades que la puedan conducir a su desaparición. Todo aquello que amenace la salud de
la República en sus aspectos físicos, culturales, económicos y morales, debe ser atacado de raíz.
Pero no debemos caer en la ingenuidad de creer que únicamente la represión armada puede ser
el remedio suficiente para lograr la recuperación de un país enfermo.
En el artículo 2 o del proyecto, cuando se habla de la seguridad nacional, se hace alusión a los
intereses vitales de la Nación, y todos estamos de acuerdo que, cuando estos intereses están amenazados
por cualquier clase de peligro, todo el país debe ponerse de pie para resistir la agresión.
Y esto porque estamos hablando de intereses vitales, es decir, de la supervivencia como país.
Pero cuando se habla de objetivos nacionales y políticos en el mismo artículo 2 o , entramos en
un tema que no está tan claramente definido y que tampoco tiene una límpida expresión, porque
los intereses y los objetivos nacionales y políticos no tienen en nuestro país una unidad conceptual
que nos agrupe a todos los argentinos.
Recién hemos escuchado al señor diputado Ferreira cuando al final de su exposición hacía
una minuciosa síntesis de las amenazas que producen la desintegración política del país. La inflación
y las enfermedades proliferan en diversas regiones del país y cuando son señaladas por la
prensa, como recientemente ha ocurrido, producen la clausura de un diario, porque denunció
un aumento en los casos de poliomielitis. Ahora se han registrado 17 casos mortales de sarampión,
y yo me pregunto: ¿qué lograremos con clausurar los diarios que dan la noticia aunque
traer alarma al país, cuando lo que corresponde es atender debidamente los problemas planteados
por la salud pública?
Tenemos numerosos casos de denuncias por la actitud de funcionarios que presuntivamente
han cometido peculado en perjuicio del patrimonio nacional. En lugar de abrir las puertas de
par en par a una investigación que debió haber sido cristalina y urgente para que no quedara la
menor duda sobre los inocentes y los culpables, estamos tratando de hacer un dribling a los investigadores
para que no puedan llegar al fondo de la verdad.
Todo esto crea escepticismo, desazón, desesperanza, amargura y pesimismo en el país, y no
podemos entonces encargar a nuestros soldados, suboficiales, oficiales y jefes de nuestro Ejército
la tarea de reprimir los focos de la subversión, cuando estamos anidando o haciendo el caldo
necesario para que la subversión sobreviva y se fortalezca.
Nosotros también hemos tenido algunas discrepancias en torno a los artículos 30 y 35 del
despacho. En ambos casos creemos que innecesariamente se dejó de lado al Congreso Nacional
como expresión de la soberanía política del país. Y digo innecesariamente porque conceptúo,
tal como se ha dicho, que frente a un estado de necesidad nacional todo debe ceder para que
la urgencia y la gravedad del caso sean atendidas con los remedios que se tengan a mano, sin
cortapisas legales de ninguna especie. Y reitero lo de innecesariamente porque la declaración de
zonas de emergencia, en el caso de conmoción interior a que alude el artículo 30, se hace con
la comunicación al Congreso. El señor diputado Monsalve, con un ejemplo extraído de la vida
tribunalicia, ha señalado bien que esta declaración de zona de emergencia debe producirse con
autorización del Congreso.
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1975