Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
278
ello considero que tendría que decirse: “la declaración de zona de emergencia deberá ser sometida
a consideración del Congreso Nacional”. Esto no significa que se trate de fijar un recaudo previo.
Puede ser posterior; se puede tomar una medida, pero luego no limitarse a notificar al Congreso
sino someter el acto producido a su consideración.
Con la misma significación entiendo que debería precederse a modificar el texto del artículo
30, cuya redacción he de proponer en esta forma: “En caso de conmoción interior que no haya
podido ser prevista, sea ésta originada por personas o agentes de la naturaleza, y cuya gravedad
implique o pueda implicar la alteración de orden público y de las actividades y servicios públicos
esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia a parte o partes del territorio
nacional para preservar, mantener o restablecer el orden, asegurar las actividades y servicios públicos
esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas”.
Y propongo que se agrege: “Si el hecho se produjere en ocasión de estar funcionando el Congreso
Nacional, el Poder Ejecutivo comunicará inmediatamente al mismo las medidas adoptadas, que quedarán
firmes o se dejarán sin efecto según sea la decisión del Congreso. Si por el contrario los hechos
se produjeren durante el receso legislativo, el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias
en el término de cuarenta y ocho horas al Parlamento a los mismos fines consignados en el párrafo
anterior. La falta de consulta al Congreso o de convocatoria en la forma y plazos establecidos hará
cesar automáticamente las medidas dispuestas.”
Con la redacción propuesta hacemos posible que el Poder Ejecutivo obre de inmediato, pero
al mismo tiempo damos lugar a que sea el Congreso quien se pronuncie sobre si las medidas
adoptadas deben o no mantener su vigencia. En cuanto al último apartado propuesto, es evidente
que si el Poder Ejecutivo no cumpliera con una obligación impuesta por la ley, los efectos de ese
incumplimiento deben ser de entidad, como es en el caso en que automáticamente dejen de regir
las medidas dispuestas.
Esas son las dos únicas modificaciones que en nombre de mi bloque voy a proponer durante
la consideración en particular del proyecto, y ambas responden a la misma filosofía. Estamos
lejos de pretender coartar las posibilidades del gobierno nacional de realizar todo lo necesario y
de contar con los medios precisos para normalizar la vida del país. Incluso llegamos a admitir que
en razón del estado de necesidad se llegue a la requisición, que está proscripta por la Constitución
Nacional. Pero, en tanto y en cuanto sea posible, quienes deben avalar o rechazar las medidas
dispuestas son los representantes del pueblo.
No pretendemos con esto que el Parlamento esté por encima de los otros poderes del Estado,
pero sí le asignamos el carácter —que nadie puede discutir— de ser la caja de resonancia y el ámbito
de representatividad más auténtico del pueblo de la Nación. De allí que deba tener palabra
decisoria en todo lo que sea fundamental; y esto es fundamental.
Con estas palabras, señor presidente, dejo fundada la posición que va a sustentar mi bloque
en esta emergencia; anuncio que votaremos por la aprobación del proyecto en general y luego,
en la discusión en particular, adheriremos según los casos al dictamen de la mayoría o al de la
minoría y, además, propondremos las modificaciones que he enunciado.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Rafael.
Sr. Rafael.—Señor presidente: el tema que nos ocupa esta tarde puede ser analizado desde
tres puntos de vista: en primer lugar, desde el punto de vista jurídico constitucional; en segundo
término, desde el punto de vista filosófico y, por último, desde el punto de vista del orden
económico-social.
En lo que se refiere a lo jurídico constitucional, me voy a detener en el concepto de Defensa
Nacional y de Seguridad Nacional. Cuando el proyecto, en su artículo 1º, habla de los objetivos
de la ley, da como uno de ellos “establecer las bases orgánicas y funcionales fundamentales para
la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional”, e innova ya respecto del antecedente
inmediato de este proyecto, que es el decreto ley 16.970/66.