Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
bien a la República, pero si alguna vez alguien lo puede utilizar con otros fines, puede significar,
de sancionarse, que nosotros, hombres del pueblo, de todas las extracciones populares, estemos
dando el instrumento que sirva para que se nos desconozcan los derechos que la Constitución
consagra. Eso es lo que he querido decir. Ojalá nunca se dé ese caso, pero nosotros tenemos la
necesidad de prever por si se presenta.
Después de referirme a esa serie de disposiciones que determinan la gravedad de la ley, quiero
significar también que la ley en estudio no está sólo pensada para los casos de guerra, sea ésta
externa o interna. Ha sido proyectada para situaciones de desastre, como ser de gran sequía, de
inundación, vale decir, aquellos casos en los que un factor no humano puede crear situaciones
difíciles, que incluso hemos podido apreciar no hace mucho tiempo, cuando se produjeron una
serie de eventos que atrajeron la atención del Parlamento y que originaron la sanción de resoluciones
específicamente destinadas a superar esos infortunios.
Esta ley no está sólo dirigida a la represión de la guerra interna, y aclaro que no deseo calificarla
de tal para no hacerle el juego a los subversivos que la llevan a cabo, que pretenden que lo
hagamos —es decir, que la califiquemos de esa manera— para ampararse entonces en supuestos
derechos internacionales que tendrían. Afirmo que esta ley no se hace exclusivamente para aquel
fin y que es una ley permanente. Que terminado este problema que vivimos en el país y una vez
que sea pacificado, la norma va a seguir en vigencia y entonces, sí, podremos lamentarnos de
haber sido nosotros quienes habremos dado este instrumento legal.
Pienso que no puede evitarse la sanción de esta ley porque es necesaria en estos momentos
para poder salir del estado de postración que vive el país. Tal como he dicho hace pocos instantes,
no solamente se tiene que reprimir al hombre que está luchando con las armas en la mano
sino también a los infiltrados que están saboteando la producción del país, a los que provocan el
desabastecimiento que trae otras consecuencias sociales y que está haciendo que la imagen de la
República sea deformada y desfigurada ante los ojos del mundo, perjudicándonos de una manera
absolutamente irreversible.
Para que esos elementos sean eliminados y para que podamos volver a la pacificación del país,
es necesaria esta ley y la vamos a votar sin ninguna clase de prevenciones. Entendemos, sí, por el
carácter permanente de la misma, que sería de desear que se mantuviera, sin alterar en nada su
estructura, la posibilidad de contralor por el Parlamento, que es, a mi juicio, el poder del Estado
que tiene mayor representatividad popular. Es decir, que se dé al Parlamento una intervención
más activa en la aplicación de las disposiciones que establece esta ley.
En esa forma tendremos la garantía de que los representantes del pueblo podrán concretar
una injerencia directa en la aplicación de las disposiciones de esta ley, difícilmente conciliables
con los derechos que se deben ejercitar en tiempos normales.
Considero, por ejemplo, que las normas contenidas en los artículos 30 y 35 del dictamen son
susceptibles de ser mejoradas sin desnaturalizarlas. El artículo 30 dice que “en caso de conmoción
interior, sea ésta originada por personas o agentes de la naturaleza” —aquí ya se sale del marco de la
guerra y de la guerrilla—, se adopten las disposiciones que allí se establecen. Y en el párrafo final se
determina que “la declaración de zona de emergencia deberá ser comunicada al Congreso Nacional”.
La expresión “deberá ser comunicada” me recuerda algo que nos ocurre a los abogados en el
ejercicio de nuestra profesión. Muchas veces los jueces tienen que dar intervención a los ministerios
públicos, y esta participación se concreta de dos maneras. Por una de ellas con la expresión
“con noticia del agente fiscal” y, por la otra, con la locución “con vista al agente fiscal”. La primera
significa, simplemente, que se notifica al agente fiscal que se ha resuelto tal o cual cosa, pero
cuando se corre una vista se pide una opinión para que el agente fiscal diga si le parece bien o mal
lo que se propone en el expediente. Luego de contestada la vista fiscal, el juez resuelve.
Por lo dicho parecería que la expresión “deberá ser comunicada al Congreso Nacional” significa
simplemente notificar al Congreso y no darle la oportunidad de opinar sobre el tema. Por
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