Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Monsalve.
Sr. Monsalve.—Señor presidente: solamente a los fines de fijar la posición de mi partido, el
Demócrata Progresista, voy a hacer uso de la palabra, pues ya se han hecho consideraciones sumamente
explicativas de la necesidad, que nosotros compartimos, de que el país cuente con esta
ley que es indispensable para su seguridad y para la vida normal que debe emprender.
Entramos al debate, por supuesto, en condiciones de inferioridad. Somos un bloque poco
numeroso y no tenemos representantes en ninguna de las comisiones que han tratado el tema.
De manera que nos hemos visto precisados a estudiar el contenido de la ley prácticamente
sobre la hora de su tratamiento. Las observaciones que voy a hacer tienen por objeto salvar
algunos escrúpulos de orden institucional que no podemos dejar pasar sin señalarlos en este
Congreso.
Entendemos que es necesario legislar con criterio libre de temores y de presiones, sobre todo
cuando se legisla con carácter permanente y cuando se pretende que la ley que surge de un debate
tenga una vida no efímera ni circunstancial sino decisiva, incorporándose a las instituciones del
país. Así se debe proceder cuando se legisla con vistas al futuro. Es peligroso legislar pensando en
situaciones coyunturales, en las circunstancias del presente de hoy —que pueden ser sumamente
graves y afligir al país—, pero que no deben cerrar, sin embargo, la visión genérica y de futuro,
que es deber de los legisladores tener presente.
Este proyecto de ley no sólo instrumenta los organismos necesarios para salvaguardar la seguridad
nacional o para enfrentar las posibilidades de una guerra externa o de una conmoción
interna que ponga en peligro la estabilidad de las autoridades y de las instituciones que el país se
dio, sino que va mucho más lejos. En algunos casos llega a desconocer prácticamente derechos
que están consagrados en la Constitución Nacional, lo cual sólo puede admitirse con el argumento
que hizo uno de los oradores que me precedieron, cuando habló, precisamente, del estado
de necesidad. Ese estado de necesidad es lo que nos permite soslayar escrúpulos principistas
relativos a las instituciones, porque por encima de ellos está la vida misma de la Nación y de las
instituciones que pretendemos preservar.
Ayer decía el señor miembro informante que este proyecto es similar en sus alcances y en sus
implicancias a las disposiciones que permiten el establecimiento del estado de sitio. No comparto
ese punto de vista. Creo que las consecuencias del establecimiento del estado de sitio son mucho
menos latas, mucho menos agresivas, mucho menos importantes que las que se estatuyen en el
proyecto que estamos tratando.
Tampoco creo que esté en lo cierto el señor miembro informante cuando sostiene —como
lo hizo ayer— que el estado de sitio significa la suspensión de los derechos consagrados por la
Constitución. Yo he vuelto a releer las páginas que recordaba, pero que no tenía totalmente frescas
de maestros como González Calderón y Montes de Oca, que fueron citados expresamente por
el orador, y me reafirmé en el concepto que siempre tuve, porque se me grabaron a fuego, cuando
estudiaba derecho en los años de mi juventud.
Los derechos consagrados por la Constitución no ceden absolutamente en ningún caso. Las
que ceden son las garantías para su ejercicio, que se ven sometidas a un control especial, cuando
las circunstancias excepcionales que atraviese el país así lo exijan.
Pero, aun en esos casos, mediante la relevante intervención del Congreso se ha pretendido
preservar la posibilidad de caer en algo que es tanto o más peligroso que cualquier conmoción
que pueda presentarse; esto es el otorgamiento de la suma del poder público a persona o personas
determinadas, lo cual, justamente, es la negación de todos los derechos constitucionales que nos
permiten vivir en este régimen que hemos elegido como sistema de vida en el país.
Me permito decir que este proyecto resume todas las posibilidades de restricción a los derechos
reconocidos por la Constitución a los habitantes. En el proyecto que consideramos están
contenidas todas las restricciones relativas al estado de sitio, a la implantación de la ley marcial,