Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
autoridad militar, sino también a la circunstancia de que el artículo 30 prevé esta comunicación
al Congreso en el caso de declaración de zonas de emergencia por conmoción interior. Quiero
dejar constancia de que si admitimos, en este caso de excepción, la delegación de facultades que
supone la consagración de este texto, lo hacemos porque juzgamos que la actual es una situación
típica de grave emergencia nacional.
La redacción del artículo 28 del proyecto del Poder Ejecutivo es más adecuada que la que ha
dado la comisión. No hay duda de que si se está en un caso de guerra habrá de comprenderse
que la situación de excepción que se vivirá admite, por razones de necesidad, la designación de
delegados civiles para cada provincia, Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur o parte de ellas o zonas puestas bajo su jurisdicción. Es evidente que la forma
inconcreta de la redacción de este artículo en el dictamen de la comisión puede originar una
serie de dudas relacionadas con la actuación de esos delegados civiles, lo que puede conspirar
contra el ejercicio de las facultades del comandante en el teatro de operaciones. Sostengo que la
ley debe ser clara y precisa en sus preceptos para que luego no se generen conflictos con motivo
de su aplicación, conflictos que podrían enervar en los hechos la real vigencia de las normas.
Adviértase que la declaración del teatro de operaciones se da sólo en caso de guerra, razón por la
cual cuando hay guerra todo queda supeditado a las necesidades militares. Por estas consideraciones
auspicio mantener la redacción originaria contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo en
substitución de la que propone el dictamen de la comisión.
En el artículo 29, el agregado propuesto por la Comisión de Defensa es, a mi juicio, sobreabundante.
Al decir “sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares que se establezcan”,
no hace otra cosa que expresar algo que es obvio, toda vez que en un caso de guerra —pues
de ello se está hablando (ver el artículo 25)— existen tribunales militares, incluso con facultad
de instruir procesos sumarísimos para juzgar a los imputados. Pienso que no es necesario este
agregado, ya que la verdadera intención del artículo del proyecto del Poder Ejecutivo es el de
que, para un caso de guerra, todos los asuntos civiles, comerciales, de trabajo y criminales sigan
dentro de la competencia de los jueces naturales.
En el artículo 35 la comisión hace dos agregados. En la primera parte se incluye un párrafo
final que dice: “Estas decisiones deberán ser comunicadas al Congreso de la Nación”. Entiendo que
es correcto este agregado, con la salvedad que formulé hace un momento respecto a la delegación
de facultades de este Congreso. También agrega un segundo párrafo a la parte final de este
artículo, referido a la jurisdicción y competencia de los tribunales militares, agregado al que se le
puede formular la misma objeción que acabo de puntualizar hace un momento.
En el artículo 38, la comisión suprimió la frase “elementos subversivos”, que estaba incluida
en el texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. No se entiende cuál puede ser el propósito
de la comisión, a no ser que se pretenda ignorar la existencia de la subversión misma, pues
a este artículo 38 debe ubicárselo dentro del capítulo de la declaración de zona de emergencia y
no de la de declaración de guerra. En consecuencia, si es zona de emergencia, ¿quiénes pueden
atacar las zonas militares si no son los elementos subversivos? Creo que es mejor la redacción del
Poder Ejecutivo, pues si no se podría caer en la necesidad de establecer si la zona militar es atacada
por fuerzas regulares o irregulares, es decir, entrar en el aspecto de definir como beligerantes
a los elementos subversivos. En consecuencia, lo mejor es que la redacción quede como estaba
en el proyecto originario.
He dicho al comienzo de mi exposición que el bloque que represento apoya y votará afirmativamente
el proyecto del Poder Ejecutivo con las modificaciones que acabo de puntualizar, y
que no sólo lo hará con tranquilidad de espíritu sino con la conciencia de cumplir con un deber
inomisible.
Se trata de un instrumento legal que reclaman imperiosamente las necesidades de la seguridad
y defensa nacionales. Claro está que somos conscientes de que esta ley no logrará sus fines si
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