Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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asistirá a los Consejos de Seguridad Nacional e Interna en todo lo concerniente al ejercicio de las atribuciones
que por esta ley se le asignan. El titular de la Central Nacional de Inteligencia asesorará en
forma permanente en materia de inteligencia a ambos consejos”.
Reitero que los Consejos de Seguridad Nacional e Interna deben tener como asesor permanente
al Estado Mayor Conjunto, organismo donde se vuelcan y deben volcarse todos los estudios
de los Estados Mayores de las tres fuerzas. La apreciación de la situación merced a una buena
labor de inteligencia debe ser hecha por el Estado Mayor Interfuerzas, es decir, el conjunto, y no
la Central de Inteligencia. Nótese, a mayor abundamiento, que el otro organismo que crea esta
ley. El Comité Militar, que también preside el presidente de la República, tiene como órgano de
trabajo al Estado Mayor Conjunto, el que aportará a dicho Comité Militar todos los elementos
que de otra manera y en el caso anterior estarían dispersos, siendo así más difícil hacer una apreciación
de la situación y, como consecuencia de esa apreciación, tomar una decisión.
En el artículo 10 se le daba al Consejo de Seguridad Nacional una plena autonomía en el proyecto
del Poder Ejecutivo ya que en él se preceptuaba: “Compete al Consejo de Seguridad Nacional el
tratamiento de los siguientes asuntos:”, y se los enumeraba. En cambio, la modificación que le introduce
la Comisión de Defensa desdibuja, a mi juicio, esa autonomía, pues dice: “Compete al Consejo
de Seguridad Nacional tratar, proponer y asesorar, según los casos, en los siguientes asuntos:…” El
Consejo de Seguridad Nacional está integrado por el presidente de la Nación, todos los ministros
del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿A quién puede este organismo
proponer o asesorar, según los casos? Evidentemente, no existe otro poder que el nuestro,
el Congreso Nacional. Como organismo, no puede proponer ni asesorar al Congreso. Esto
es indudable. Si hay algo que proponer al Congreso o asesorarlo, para ello están los mecanismos
previstos por la Constitución Nacional: proyectos de ley, informes, asistencia de los ministros,
etcétera. En consecuencia, estimo que esta nueva forma de redacción desmejora las facultades
propias del organismo, que por su índole deben ser eminentemente ejecutivas y operativas.
Entiendo que lo mejor que tiene el proyecto de ley es el conjunto de atribuciones que se dan
al Consejo de Defensa, preferentemente en el artículo 19, en cuanto al accionar antisubversivo se
refiere, pues de esa manera se centraliza en múltiples aspectos la lucha contra la subversión, con
lo cual se logrará mayor efectividad, evitando la dispersión de esfuerzos.
Lo demás del proyecto es solamente una reiteración de normas ya conocidas en leyes anteriores.
Si hubiera algo en que insistir en cuanto a las observaciones es en el aspecto de la Central
de Inteligencia. Tal como está creado por el artículo 14, este organismo no funcionará adecuadamente.
Repárese que el artículo 14 dice: “Estará dirigida por una junta integrada por los jefes de los
elementos de inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones de Estado”.
Yo pregunto; ¿quiénes son “los jefes de los elementos de inteligencia”? Es obvio que los elementos
son los que logran y proporcionan información. Y los jefes, ¿qué nivel deben tener? Nótese
que al fin y a la postre esa Central de Inteligencia debe nada más ni nada menos que: “proveer
la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo.” De allí la insistencia, por mi parte, de que
haya un órgano de trabajo de gran nivel, que pueda analizar esa provisión de inteligencia estratégica
nacional, y ese órgano de trabajo, que debe serlo del Consejo de Defensa Nacional (artículo
17), a mi juicio no puede ser sino el Estado Mayor Conjunto.
En el título III, que se ocupa de la jurisdicción (artículos 25 y siguientes), se distingue el caso
de guerra (artículo 25) del de conmoción interior (artículo 30). No hay duda de que para que el
país esté en guerra hace falta la aprobación por el Congreso de la declaración pertinente. Dice
el artículo 25 que el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones a los espacios
necesarios para las operaciones militares, y el artículo 26 expresa que el teatro de operaciones
tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada en vigencia, a propuesta del
Comité Militar. Parece lógico que ese teatro de operaciones deba ser puesto en conocimiento del
Congreso, atentos no sólo al hecho de que la autoridad política natural quedará subordinada a la