Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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que nos debe guiar para su examen. Teniendo conciencia de su auténtica significación aventaremos
toda sospecha y daremos respuesta adecuada a las prevenciones que se han manifestado
en este recinto. Con esta inteligencia el bloque del Movimiento Línea Popular, que apoyará el
proyecto en tratamiento, lo hará no sólo con tranquilidad de espíritu sino con la conciencia de
cumplir con un deber inomisible en esta hora de graves tribulaciones para la República. Todo lo
que pudiera hacerse contrariando estos principios será violar la ley que votemos.
¿Qué queremos significar cuando sostenemos que el objetivo de la defensa es preservar los intereses
vitales de la Nación de interferencias y perturbaciones sustanciales? Queremos decir que
nuestro propósito es cubrir esos intereses vitales de las interferencias y perturbaciones creadas o
explotadas por intereses no nacionales, sean vernáculos o foráneos, para restar, paralizar, enervar
o modificar en su provecho la concreción de los objetivos nacionales. Y en ellas involucramos la
subversión de cualquier signo, de izquierda y de derecha, los imperialismos y los monopolios.
Pero el concepto de la seguridad no se agota para su logro en las definiciones que hemos dejado
precisadas, sino que todavía es necesario que se den ciertos requisitos del marco ambiental
o, como dicen los doctrinarios en la materia, se produzca la “situación ambiental conformada”,
a cuyo fin deben superarse el subdesarrollo económico y social, las tensiones sociales, las improvisaciones
y los errores; deben evitarse y corregirse la corrupción y la venalidad, el desorden y la
indisciplina colectiva, para en definitiva facilitar el desenvolvimiento de la comunidad salvaguardándola
de perturbaciones e incertidumbres. Recién entonces se alcanzará la meta de la Defensa
Nacional, que es la Seguridad Nacional.
Como se advertirá, señor presidente, si se profundiza sobre la real relevancia que tiene la
concepción de la Seguridad Nacional definida en el proyecto, se llegará a la conclusión de que en
ella está englobada toda la problemática de la política nacional y no sólo aspectos de la guerra o
de la subversión interna, como algunos parecen interpretar.
Sentadas estas definiciones, en nombre de mi bloque —y sin perjuicio de consignar al final
de mi exposición las situaciones de inseguridad que conspiran contra los objetivos de esta ley—
pasaré a realizar un breve análisis del texto en examen, para formular algunas observaciones y
proponer correcciones que deben conceptuarse como un aporte para el mejoramiento de la ley
orientado a dotarla de mayor eficacia.
El proyecto originario del Poder Ejecutivo establece la creación de cinco organismos, a saber:
el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Interna, el Comité Militar, la Central
Nacional de Inteligencia y el Consejo de Defensa. De estos organismos dos ya están creados por
los decretos 2.770 y 2.771 de este año. El Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Seguridad
Interna han sido unificados en el dictamen de la comisión con la denominación del primero.
La definición de seguridad nacional que se inserta en el artículo 2º del proyecto es, a nuestro
juicio, una definición doctrinaria y no jurídica. De ahí que auspiciaremos la consagración del
texto originario y no del aconsejado por la comisión, ya que se ha intercalado la cláusula “fijados
dentro del marco constitucional”, lo que no es necesario decir porque está ínsito en la definición
de la seguridad nacional, ya que ella tiene el objetivo, precisamente, de proteger los principios
consagrados en la ley Fundamental de la República.
Aparte de lo expuesto, sostengo que el nuevo esquema legal propuesto en la materia de seguridad
no difiere mayormente del establecido en el decreto ley 16.970, aprobado en el año 1966.
La característica fundamental de ese decreto ley era que en lo concerniente a la seguridad todo
recaía sobre el CONASE dependiente directamente de la Presidencia de la Nación y a cuyo frente
se encontraba una persona que, con carácter de secretario de Estado y rango ministerial, tenía
amplias atribuciones. Esta es la principal diferencia entre el proyecto de ley que estamos considerando
y la legislación vigente.
No estoy de acuerdo con la modificación propiciada por el dictamen de la Comisión en
cuanto a unificar en un solo organismo el Consejo de Seguridad Nacional y el de Seguridad