Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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De allí la ideología que sostiene la necesidad del “cambio en paz”. Cambio, sí, pero sin alteraciones
de la estabilidad mundial. Cambio, sí —como diría Brucan—, pero con permiso de la policía.
Todos estos son hechos contra los cuales es difícil alzarse. Pero es inadmisible que una nación
que es sanamente nacionalista, que quiere ser libre y soberana, los admita sin chistar y —lo que
es más grave— los nacionalice a través de su ley de Defensa Nacional. No es ése el camino de la
liberación.
Pero además de estas consideraciones, que me llevan a una profunda reflexión y angustia
como argentino, no ignoro que, después de varios años, la insurgencia y la subversión son realidades
en la República Argentina, y algo habrá que hacer para acabar con ellas. En Tucumán se
está combatiendo; en las fábricas se dice que se está combatiendo. Y entonces a esta realidad no
la podemos escabullir limitándonos a explicar su origen. Menos aún dando respuestas de origen
extranjero al servicio de sus intereses. Es mejor enfrentarla y tomar el toro por las astas con un
criterio argentino y nacional.
La caracterización de la situación internacional que hemos hecho y la denuncia de las tesis
de defensa de los Estados Unidos de América —elaboradas desde hace tres décadas—; de la
contrainsurgencia como instrumento principal de la respuesta flexible; de la propagación de ese
método por los Estados Unidos de América en otros países, poniéndonos al servicio de sus intereses;
de la coincidencia de lo que ocurre temporalmente en el nuestro, con lo que se sostienen
estos proyectos norteamericanos, no son sino la más aguda preocupación que tengo cuando veo
que nuestro proyecto de ley de Defensa no crea absolutamente nada sino que racionaliza toda
una serie de organismos ya existentes, creados no precisamente durante la vigencia del gobierno
popular sino en la de la dictadura militar.
Señor presidente: yo creo que, contra lo que se piensa, esta ley no asegura la organización
de la Defensa Nacional sino que es probable y casi seguro que la debilite, porque con la espuria
confusión de la defensa de la Nación con la defensa del orden establecido no haremos más que
abrir aún más las brechas existentes en el seno de la sociedad argentina, agrediendo la columna
vertebral de una nación: su unidad nacional.
Pero esta visión crítica que yo acabo de formular sin ambages, no debe confundir a nadie
sobre nuestra posición política con respecto a la insurgencia y lo que ella implica como método
político, como pretensión de cambiar, a través de la violencia, el orden establecido.
Nosotros creemos que el objetivo fundamental de la Nación —en este momento, objetivo
número uno— es terminar con la subversión. Porque su existencia y permanencia, como hemos
dicho, no son sino el testimonio y aun el riesgo de la quiebra de la unidad nacional, sin cuyo requisito
la Defensa Nacional será una utopía o un conjunto de declaraciones vacías.
La Argentina no podría defenderse hoy de ningún ataque exterior, pues tiene todos sus poderes
bélicos comprometidos en la lucha contra la insurgencia.
Por otra parte, y siempre aclarando nuestra posición —que reiteradamente hemos sostenido—,
juzgamos que el recto camino para la solución de todos los problemas sociales intestinos
es y será la democracia. No sólo la democratización en algunos extremos y segmentos de la
organización política —llámese elecciones—, sino la democratización de toda la organización
política de la Nación, adecuada suficientemente para los impostergables cambios sociales que el
país necesita, a fin de tener una sociedad más justa y libre.
Creemos también que no es posible una plena democratización del orden político si correlativamente
no se avanza en una creciente democratización de todo el orden social y económico.
Es decir que no creemos que haya una democratización integral con el solo derecho a elegir
representantes políticos para actuar en cargos electivos. Ella exige algo más que eso. Demanda la
erradicación del autoritarismo en el orden político, en el económico y en el social. Autoritarismo
político son las oligarquías; autoritarismo social son los privilegios, y autoritarismo económico
es el poder de unos para aprovecharse del trabajo de los otros.