Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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Hasta aquí todo lo dicho se refiere a las bases conceptuales del proyecto de ley y a su relación
con el propósito de desarrollar una conciencia colectiva en materia de Defensa Nacional. Pero,
para terminar, señor presidente, debo decir que hay otro aspecto fundamental, además de los
señalados, por lo cual no votaremos favorablemente el despacho de la mayoría.
Se trata nada menos que de la delegación de facultades privativas del Congreso de la Nación,
delegación que incuestionablemente surge, en nuestra opinión, de los términos del artículo 30
que he leído al comienzo de mi exposición.
Como lo señala la disidencia de los señores diputados Musacchio y Portero, el dictamen de
la mayoría otorga al presidente de la República verdaderas facultades extraordinarias y la suma
del poder público, lo que los legisladores no podemos sancionar sin pasar a ser objeto de la calificación
del artículo 29 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, y tal como se sostiene en esa
disidencia, entendemos que debe ser el Congreso de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones
privativas, el que declare el estado de conmoción interior a que se refiere el artículo 30.
Por lo demás, el tratamiento dado por la mayoría de la comisión a los supuestos de guerra
(artículo 25) y de conmoción interior (artículo 30), muestra una alarmante contradicción: en el
primer caso se respetan las atribuciones del Congreso, y, en el segundo, se las desconoce, como
si el supuesto de conmoción interior constituyera un estado de excepción que justifica incluso la
trasgresión de las bases mismas del sistema republicano de gobierno.
Igual o análoga diferenciación alarmante surge de lo dispuesto en el artículo 20, donde la
subordinación de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, la Secretaría
de Informaciones del Estado y la Dirección Nacional de Migraciones al Consejo de Defensa se
limita al supuesto de la lucha contra la subversión, como si ésta tuviese —respecto a la plena disponibilidad
de los medios necesarios— menos requerimientos que los derivados de una acción
militar exterior, es decir que los derivados de la guerra.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Mira.—¡Cómo no!
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—En primer término, no quería dejar de recordar que ya ayer hemos hecho la
diferenciación de que el estado de conmoción interior a que se refiere la Constitución Nacional
no es el estado de que trata el artículo 30, como acabamos de ver. Y a mayor abundamiento, la
última parte del artículo 30 da la intervención correspondiente al Congreso en esta circunstancia,
que no es la misma que se deriva de la Constitución para con el estado de sitio.
Además, ayer hemos puntualizado suficientemente que, en nuestro concepto, el sistema
del estado de sitio es mucho más grave, en cuanto a la preocupación del señor diputado sobre
el resguardo de los derechos constitucionales, que el estado de conmoción a que se refiere el
artículo 30.
Eso lo hemos puntualizado suficientemente y la Secretaría de Prensa y la Secretaría de
Informaciones dependen directamente del presidente de la República. Por lo tanto, si bien es
cierto que pueden recibir a los efectos funcionales esa afectación del Consejo de Defensa, ello no
significa que dejarán cortado su conducto natural que es el que las une al presidente de la Nación.
Creo que en esta forma aclaro un poco la cuestión a los efectos de la preocupación puesta de
manifiesto por el señor diputado.
Sr. Musacchio.—¿Me permite una interrupción, señor diputado Mira?
Sr. Mira.—Sí, señor diputado.
Sr. Musacchio.—Lo que queda claro es que esa afectación de la Secretaría de Prensa de la
Presidencia de la Nación puede dar como resultado que una comunicación o un informe que
hace el Consejo de Defensa pueda ser o no la opinión del presidente de la República. En esta
forma aparecería en contradicción directa con la función fundamental de la secretaría, que es la
dependencia del presidente de la República en ejercicio de un poder constitucional.