Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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y violación de sus domicilios los sectores sindicales y políticos, entre los cuales también se halla
nuestro partido, continuamente afectado por las víctimas que son asesinadas o cuyas casas se hacen
volar, como en el caso del joven José Fiorenza, hace dos días; de Graciela Panne de García, de
Avellaneda, o la voladura de la casa de nuestro militante de la Juventud Comunista, Jorge Cohen,
en Rosario, y así otros en una larga lista.
El propio Congreso de la Nación ve amenazados actualmente a diputados y senadores; tres
diputados han sido asesinados, y un senador de la Nación salvó la vida milagrosamente. Pero ello
no debe hacernos perder el rumbo a civiles y militares. Según mi interpretación, en esa dirección
se orienta el discurso del general Roberto Viola, jefe del Estado Mayor General del Ejército quien,
según el diario La Nación del 15 de noviembre, hablando a sus compañeros de armas les dijo lo
siguiente: “Continuad con vuestro trabajo silencioso, abnegado y sacrificado. Son éstas condiciones
inherentes a un Estado Mayor. No os dejéis atar; no os dejéis absorber en vuestros estudios por la
coyuntura que todo lo obnubila. Inspiraos en las cosas trascendentes y permanentes, porque en ellas y
en el futuro están los grandes intereses de la Nación”. En este sentido, civiles y militares no debemos
obnubilarnos, ni perder de vista lo fundamental, tratando este tema con toda la seriedad que el
mismo merece.
Quiero resumir nuestras observaciones, señor presidente. El proyecto de ley en consideración
expresa en su artículo 1º que “la presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas
y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional”. Sin
embargo, basta la lectura de algunas disposiciones del proyecto para advertir que, además de
establecerse en el mismo bases orgánicas y funcionales, se establecen también bases conceptuales,
como las definiciones contenidas en los artículos 2º y 3º respecto de lo que debe entenderse
por Seguridad Nacional y por Defensa Nacional. Estamos de acuerdo en que la ley contenga tal
tipo de elementos conceptuales, pues ello se vincula con la necesidad de “fortalecer la conciencia
nacional en materia de Defensa Nacional”, principio enunciado en el inciso a) del artículo 5º. Esta
necesidad se hace más intensa si se tiene en cuenta la proyección que la aplicación y aun la mera
sanción de esta ley han de tener sobre el conjunto del ordenamiento jurídico del país.
Por consiguiente, entendemos que el título I del proyecto, donde están contenidos estos elementos
conceptuales, debe ser motivo de preferente atención para la Cámara de Diputados, y
pensamos que esos elementos, tal como están enunciados en el proyecto, adolecen de la falta de
necesaria armonización con otros principios fundamentales que presiden la vida institucional de
la Nación son insuficientes, por su contenido, para enunciar el conjunto de situaciones fundamentales
involucradas en la política de defensa y seguridad propias de una nación que ha adoptado
el sistema republicano y representativo de gobierno, y carecen de la necesaria precisión terminológica,
deficiencia ésta que es necesario corregir, conforme a la correcta técnica legislativa,
para no enajenar, a favor de la ambigüedad, poderes indelegables atribuidos por la Constitución.
Sobre la base de esta apreciación general, limitando nuestra objeción al título I del proyecto, pero
que se extiende a la valoración general de su conjunto como parte del ordenamiento jurídico del
país, proponemos una reestructuración de aquel título, sin la cual el proyecto nos resulta inaceptable.
Nos remitimos en este aspecto a las observaciones que he hecho llegar con mi firma a la
Presidencia, observaciones que substancialmente consisten en lo siguiente:
A. La manifestación expresa agregada al artículo 1 o del proyecto de que esta ley es sancionada
en cumplimiento de los propósitos de proveer a la defensa común y asegurar la paz interior,
enunciados en el Preámbulo de la Constitución, y que, por consiguiente “ninguna de sus disposiciones
podrá ser aplicada en detrimento de los demás fines declarados en dicho Preámbulo o del
sistema republicano, representativo y federal de gobierno adoptado por la Nación Argentina”.
A quienes puedan argumentar que tal agregado es técnicamente innecesario, respetuosamente
les decimos que las dolorosas experiencias de las últimas décadas demuestran lo contrario.
B. Una redefinición de la seguridad nacional, a la que concebimos como “la situación en la