Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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Estado nacional en su manifestación de poder de desarrollo económico autónomo. Cita a Robert
L. Heilbroner en un artículo sobre el surgimiento de las empresas multinacionales publicado en
Facetas, volumen 5, número 3 —según el juez Lozada, revista distribuida por la embajada de los
Estados Unidos—, quien reconoce que las empresas multinacionales pueden dictar sus condiciones
a los gobiernos de las naciones subdesarrolladas. Y en seguida cita a un ex subsecretario
de Estado del gobierno norteamericano, George Ball, quien, con apreciable sinceridad, se formulaba
esta pregunta sin respuesta: “¿Cómo puede un gobierno nacional hacer un plan económico
con alguna confianza si una junta de directores que se reúne a cinco mil millas de allí con sólo alterar
sus normas de compra y producción puede afectar de manera decisiva la vida económica del país?”.
De tal manera, entendemos que la Defensa Nacional está íntimamente vinculada a la penetración
de los capitales imperialistas y también a la realización de una profunda reforma agraria,
sin la cual es imposible poblar el país y, por lo tanto, garantizar la invulnerabilidad de nuestras
fronteras ante una agresión exterior.
Se podrá argumentar que nos encontramos en un momento excepcional en que el terrorismo
ha aumentado y que no aprobar esta ley significaría lisa y llanamente ampararlo. Si una nueva
ley terminara ipso facto con los crímenes, atentados, bombas y secuestros, estaríamos de acuerdo.
Aclaro, de paso, que debemos entender —y me complace la interpretación del miembro informante,
señor diputado Lazzarini— que la ley se dirige también al terrorismo de ultraderecha, ya
que si sólo persiguiera a un terrorismo, continuando el otro impunemente, la ley carecería de
sentido. Pero los hechos son aleccionadores y nos están diciendo que, a pesar de que esta ley
—salvo pequeñas variantes— rige en la actualidad a través del decreto ley 16.970/66, dictado
bajo el gobierno de Onganía, y de decretos posteriores por los que se han creado los mismos
organismos que aparecen en el proyecto en discusión, los atentados y acciones terroristas no han
desaparecido sino que, por el contrario, se han multiplicado. Es decir, que el problema es más de
fondo y que, en definitiva, éstos son efectos y no causas.
Estamos en la Argentina ante una situación difícil y compleja. A veces se dice que “estamos
caminando sobre el filo de una cornisa”. Poderosos intereses desean crear el caos y la desestabilización;
si no, miremos qué es lo que pasó allende la cordillera, en Chile, donde la CIA ha confesado
la inversión de millones de dólares para provocar artificialmente el desorden. Pareciera que
aquí el plan es similar: los grandes intereses económicos multinacionales, en connivencia con
minúsculos sectores nativos necesitan del caos para justificar un golpe de estado reaccionario
e imponer un régimen de excepción, para aplicar fielmente los dictados del Fondo Monetario
Internacional. Esa es nuestra concepción. Si estamos en el camino acertado, debemos admitir
que los enemigos de nuestra independencia y de nuestra liberación tratarán de desviar a nuestras
Fuerzas Armadas para que no se produzca su encuentro con el pueblo, con lo que se continuaría
la tradición sanmartiniana, sino que presionarán para acentuar un enfrentamiento que, por todos
los medios, debemos evitar.
Voy a leer —con la autorización de la Honorable Cámara— un párrafo de un artículo del
coronel retirado Augusto B. Rattenbach, de la revista Estrategia, número 21, que es sumamente
ilustrativo y pido que se escuche con toda atención.
Ese artículo dice: “No cabe ninguna duda de que Estados Unidos ha perdido la carrera entre
su afán de monopolizar, tutelar y modelar las fuerzas del continente y el afán de éstas de mantener
su individualidad, sentido nacional y desarrollo autoimpuesto, según las necesidades particulares
de cada Estado. Al fracaso de monopolizar las adquisiciones castrenses se suma ahora el que sufre
Estados Unidos al no lograr imponer sus conceptos particulares sobre lo que es “acción cívica”, sobre
la importancia que asigna a la “contrainsurgencia”, la organización de una “fuerza militar interamericana”
y otras falacias similares, destinadas a impedir o limitar el desenvolvimiento autónomo y
soberano de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica.
Ya ha surgido con claridad que el poder militar no puede ser empleado en el interior de un Estado