Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
mismos lineamientos, sin explicar quién podía decretar la zona de emergencia. Y naturalmente
no mencionaba al Congreso de la Nación, lo que tenía su lógica, porque era un gobierno de facto,
una dictadura. Pero ahora, estando el Congreso en funcionamiento, creemos que una medida de
tanta magnitud debe adoptarse con la aprobación del Congreso.
El artículo 30 del despacho establece que “el presidente de la Nación podrá declarar zona de
emergencia a parte o partes del territorio nacional”. En nuestra opinión ésta es una facultad inconstitucional.
El estado de sitio, de mucho menores consecuencias, es una atribución del Congreso.
En el artículo 67, inciso 26, de la Constitución Nacional se menciona concretamente, entre las
atribuciones del Congreso, la de “declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en
caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por
el Poder Ejecutivo”.
Señor presidente: la intensificación del terrorismo aún no perseguido de la Triple A y de la
ultraderecha fascista sirve, en nuestra opinión, a siniestros planes. Pero también sirven a esos
fines los terroristas de ultraizquierda, que consideran que las revoluciones no obedecen a leyes
determinadas que rigen el desarrollo de la sociedad sino a la voluntad todopoderosa de individuos
aislados.
Sobre esta cuestión quiero precisar una vez más la posición del Partido Comunista, y lo voy
a hacer a través del informe de nuestro secretario general, Gerónimo Arnedo Álvarez, en el último
Comité Central ampliado del 11 y 12 de septiembre de 1975, dado a conocer en el folleto
Afianzar la unidad de las fuerzas patrióticas para superar la grave emergencia (página 14): “Es
conocida nuestra oposición de principio contraria al terrorismo político como método. Hemos dicho
y sostenemos que los cultores del terrorismo político olvidan lo principal, lo marginan o, consciente o
inconscientemente, lo paralizan. La determinante para defender y asegurar la democracia y para poner
fin al estado de dependencia es la acción de las masas, su organización y su coordinación. Los que
buscan “adelantarse” con la acción de grupos aislados no sólo no ayudan al desarrollo de la acción
transformadora de las masas, sino que la perjudican”. Además de las víctimas, de lo que significan
las pérdidas humanas, que nos interesan sobremanera, también desde el punto de vista político
creemos que hacen un tremendo daño al propósito de asegurar las instituciones y de contribuir
a un auténtico proceso de liberación.
¿Qué entendemos, señor presidente, por defensa y seguridad nacional? Entendemos salvaguardar
los intereses de la Nación y del pueblo, propender al desarrollo independiente de nuestro
potencial económico, convertir al país en una ciudadela inexpugnable contra las agresiones militares,
políticas o económicas, sean ellas externas o internas, y que —como decía anteriormente—
las Fuerzas Armadas de la Nación tengan por misión fundamental defender su soberanía y ser
instrumento armado del pueblo para garantizar su derecho a la autodeterminación y hacer cumplir
su voluntad soberana.
No debemos olvidar que las palancas decisivas de nuestra economía están en manos de monopolios
u oligopolios multinacionales, y así ocurre con la petroquímica básica, la industria automotriz,
gran parte de la banca, los minerales estratégicos, etcétera. Juntamente con los latifundios
improductivos, son verdaderos enemigos de la seguridad y de la Defensa Nacional. Dicho
de otra manera, es imperioso para el Estado tener poder de decisión en el manejo de los resortes
claves de nuestra economía.
Deseo citar a este respecto la opinión de una personalidad argentina muy destacada, el ex
juez doctor Salvador María Lozada, quien, en un artículo para la revista de la Escuela Nacional de
Guerra que trata justamente sobre las empresas multinacionales y la Defensa Nacional, expresa:
“Dijimos antes que las empresas multinacionales provocan el problema constituido por el control
extranjero de decisiones concernientes a sectores productivos de gran significación”. Añadía que aquí
el aspecto de derecho público económico lindaba con el derecho constitucional y aun con la
teoría del Estado, porque, en realidad, lo que resultaba cuestionado era la cualidad soberana del
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1975