Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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contra la “guerrilla industrial””. Últimamente se ha dado en poner este mote a las luchas que se
han desarrollado en importantes empresas industriales, y el ingeniero Alsogaray ha ido más lejos
aún y ha hablado ya de la existencia de soviets en las empresas. Y concluye diciendo que el gobierno
de la dictadura militar también enajenó las libertades democráticas y el derecho de huelga.
El actual proyecto al agregar “y el logro de los objetivos nacionales y políticos” no aporta nada a
la clarificación de lo que se entiende por “intereses vitales de la Nación”, ni cuáles son los objetivos
nacionales y políticos que se dice defender. De acuerdo con nuestro criterio es esencial definir
con precisión estos conceptos.
El artículo 4 o del proyecto determina que “las bases fundamentales para la política de Defensa
Nacional estarán dadas por las políticas y estrategias nacionales”. Y aquí cabe aclarar que el artículo
4º del decreto ley de Onganía establecía lo mismo. Nosotros entendemos que ellas deben surgir
del proyecto nacional cuya preparación acaba de anunciar el actual gobierno. De este proyecto
hablaba el general Perón cuando decía que lo teníamos que discutir entre todos y darle forma
en una nueva Constitución Nacional por medio de la Asamblea Constituyente como expresión
máxima de la voluntad soberana del pueblo.
Mientras esto no ocurra corresponden esas funciones, de acuerdo con el ordenamiento institucional
fijado en nuestra Carta Magna, al Congreso Nacional, según lo establecido en el inciso
16 del artículo 67 de la Constitución, y no al Consejo de Seguridad Nacional tal como lo determina
el inciso a) del artículo 10 del dictamen, que he leído anteriormente y que sigue los lineamientos
de los artículos 13 y 30 del decreto ley del gobierno de Onganía.
El artículo 30 del dictamen sigue los lineamientos del artículo 43 del decreto ley 16.970/66 del
gobierno de Onganía, y establece: “En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas
o agentes de la naturaleza, cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público
y de las actividades y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de
emergencia a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar auxilios necesarios mediante el empleo
inclusive de las Fuerzas Armadas. La declaración de zona de emergencia deberá ser comunicada
al Congreso Nacional”.
Se puede apreciar que en el artículo no se da una fecha para la comunicación.
Sr. Lazzarini.—Si me permite el señor diputado… Ya aclaramos en su oportunidad que no
deben establecerse fechas o circunstancias limitativas, que creo son irritantes cuando se trata de
competencias que son del Congreso y, sobre todo, cuando hacemos remisión a la competencia
constitucional del Congreso.
Además, nadie podría quitarle al Congreso facultades que le otorga la Constitución, ni establecer
fecha su limitación. Ayer advertimos ya que el Congreso, por tratarse de una facultad que
le otorga la Constitución, puede intervenir sin necesidad de comunicación alguna. De modo que
creo que este aspecto está concluido.
La ley es suficientemente clara cuando habla de que el presidente de la Nación puede declarar
zona de emergencia. Creo que no hay duda alguna de que el presidente de la Nación es la autoridad
que determina la Constitución Nacional.
Sr. Mira.—Escuché ayer con la mayor atención posible la intervención del miembro informante,
diputado Lazzarini, los fundamentos que dio y la tesis que desarrolló según la cual el
Congreso no transfiere ninguna de sus atribuciones en el caso de este artículo. Pero nosotros
tenemos un punto de vista completamente distinto, y si fuera así —como lo interpreta el diputado—
debería estar especificado muy concretamente en la ley. Por eso nosotros en este punto,
al igual que en otros, hemos hecho observación al despacho de la mayoría porque tenemos un
criterio completamente distinto al que hemos escuchado ayer del miembro informante, que,
naturalmente, es de respetar, pero con el que no coincidimos.
Respecto de este artículo quería agregar que el artículo 43 del decreto ley 16.970/66 tenía los