Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
sus diversas organizaciones representativas sobre lo que debe entenderse por Defensa Nacional y
seguridad nacional, cuáles son los valores que se tutelan y cuáles las medidas que el Estado adopta
en todos los sectores para ponerlos a cubierto. Sin la participación voluntaria y consciente de la
gran mayoría del pueblo no puede haber verdadera Defensa Nacional. No se lograría simplemente
estableciendo en la ley las obligaciones que emerge del servicio de Defensa Nacional, sino
a través de una amplia campaña de esclarecimiento y debate popular sobre la ley de Defensa, los
beneficios que de ella surgen para el pueblo y la Nación y, por ende, el conjunto de obligaciones
que se imponen a los habitantes del país.
Me referiré ahora al proyecto y a nuestra posición. El proyecto que estamos considerando
merece varias objeciones esenciales porque no responde a las necesidades nacionales y populares,
según nuestro criterio. Este proyecto no aclara cuáles son los intereses vitales de la Nación y los
objetivos nacionales y políticos que se quieren poner a cubierto de interferencias y perturbaciones
substanciales —las cuales no se definen en el artículo 2 o —, ni tampoco cuáles son las políticas
y estrategias nacionales que sirven de base fundamental para las políticas de Defensa Nacional
(artículo 4º). Todo lo que acabo de expresar se le substrae a la determinación del Congreso
Nacional —como representante de la voluntad soberana del pueblo—, es decir, definir y fijar
esas políticas, para trasladarlas al Consejo de Seguridad Nacional.
Al respecto, el artículo 10 del proyecto de ley en consideración expresa que compete al citado
consejo “tratar, proponer o asesorar, según los casos, en los siguientes asuntos: a) los objetivos, políticas
y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa Nacionales…”
El artículo 2 o del proyecto en consideración es casi idéntico al de igual numeración del decreto
ley 16.970/66, de Defensa Nacional, dictado por el gobierno de Onganía. La única diferencia entre
ambos artículos es que en el actual, se agrega “y el logro de los objetivos nacionales y políticos”.
El decreto ley 16.970/66 no aclaraba qué se entendía por “intereses vitales de la Nación”. Se
podría decir que estaba sobreentendido, pero no es así. La interpretación se puede dar según el
criterio o la fuerza de quien ejerce el poder. Por ejemplo, durante el gobierno de la dictadura
militar —donde rigió un decreto ley prácticamente idéntico al proyecto de ley que está en consideración,
con el agregado de los últimos decretos por los cuales se crean nuevos organismos— y
a la sombra de aquellas disposiciones, se encaramaron en los puestos claves de las decisiones
gubernamentales los representantes de los intereses imperialistas, abogados de empresas multinacionales
y defensores de los intereses del privilegio oligárquico, terrateniente y monopolista.
En aquel entonces, y con el pretexto de que se estaban defendiendo los intereses vitales de la
Nación, observamos el otorgamiento de irritantes privilegios a las empresas multinacionales; se
privatizaron empresas estatales; se desnacionalizaron empresas de capital argentino transfiriéndolas
en propiedad a las multinacionales; se concedieron —repito— irritantes privilegios a la
gran oligarquía terrateniente.
Con motivo de la ley Raggio se desalojó a decenas de miles de familias de trabajadores agrarios,
quienes fueron echados por los caminos, despoblando el campo, reduciendo la producción,
estrechando el mercado interno, comprometiendo el potencial material y humano que atañe a
la Defensa Nacional, y sometiendo a la superexplotación a los trabajadores de la ciudad y del
campo. Se aplicó una política represiva para acallar los justos reclamos de reinvindicación económica
y social en defensa del patrimonio nacional. Naturalmente, y en distintas oportunidades,
fue pisoteado el derecho de huelga.
Además, señor presidente, tenemos la enorme preocupación de que con el afán de combatir
el terrorismo y la subversión se llegue a afectar el derecho de huelga. Digo esto porque de los primeros
artículos del proyecto de ley en consideración no surgen definiciones concretas.
En el diario La Opinión del viernes 14 de noviembre de este año se expresa —no sé cuál es
la fuente de esta noticia— lo siguiente: “La Opinión pudo saber que ya existirían algunos contactos
entre jefes militares y algunos de los principales empresarios sobre el futuro accionar de la lucha
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1975