Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
agentes de las policías de seguridad y también, por qué no decirlo, la de aquellos jóvenes que lucharon
por la libertad, quienes creyendo en la redención de un mundo nuevo abrazaron la causa
de la liberación y la ruptura de la dependencia y se rebelaron y pagaron con la vida esa rebelión,
simplemente por reclamar nada más y nada menos que el cumplimiento de un programa votado
el 11 de marzo y el 23 de septiembre de 1973.
Creo que la lucha contra la subversión no se agota en la mera acción represiva. Recuerdo que
el año pasado —y esto me parece que no es revelar ningún secreto de Estado— un comandante
general del Ejército, dignísimo comandante, a quien el general Perón honró con su confianza
sin conocerlo, el teniente general Anaya, nos advertía en el Comando General del Ejército que
había un déficit en el gobierno con respecto al tratamiento de los problemas socioeconómicos
que conmovían las bases fundamentales de la sociedad tucumana, y que no era posible que el
Ejército se mantuviera allí por más tiempo, en una acción exclusivamente represiva, si no estaba
acompañada de medidas de fondo que llevaran la solución a los más acuciantes problemas del
hombre tucumano. Un diputado de la bancada justicialista le hizo la siguiente reflexión: “Con
todo el respeto que usted me merece, señor comandante, quiero advertirle que soy legislador de la
mayoría y quiero que me vuelva a repetir lo que acaba de decir, porque deseo conocer la verdad. A
los pocos días ese comandante general del Ejército le pedía a la señora presidente una entrevista, que
fue concedida; con ella viajó a Tucumán, volvió y a las pocas horas había dejado de ser comandante
general del Ejército. No quiero creer que la separación del ilustre teniente general Anaya estuvo motivada
por el hecho de haber puesto en evidencia la necesidad que había en Tucumán de proveer a la
solución de los más acuciantes problemas en lo económico, político, social y cultural. Pero las cosas
sucedieron de esa manera.”
Queremos recalcar —y esto ya de alguna manera lo han hecho algunos diputados de nuestra
bancada que efectuaron interrupciones al señor miembro informante de la comisión, entre
otros los diputados Mauhum, Álvarez Guerrero y Arigós— que tenemos serias discrepancias
con algunos artículos de este proyecto de ley, fundamentalmente vinculadas con la necesidad
de preservar, por encima de todo, que el Congreso de la Nación mantenga incólume la potestad
legislativa que le confiere el texto del estatuto fundamental de la Nación. Si en el caso de
la guerra clásica es el Congreso quien debe declararla, es lógico suponer que si hay un ataque
exterior el presidente de la República y las Fuerzas Armadas no tendrían que esperar que el
Congreso se reuniera para defender el suelo de la Patria. Y cuando se trata de la conmoción
interior, que es un caso muy distinto al estado de sitio clásico del artículo 23 de la Constitución
Nacional, creemos que el Congreso debe tener las mismas facultades que las que posee para
el caso del estado de sitio. Estando el Congreso en funcionamiento, la declaración de zona de
emergencia debe ser previa; si se encuentra en receso, deberá tomar conocimiento inmediato
de la situación mediante la convocatoria a sesiones extraordinarias en un plazo perentorio,
para la consideración de la situación.
No se trata —como acaba de manifestar el señor diputado Lazzarini— de que el estado de
sitio implique una situación menos grave que el estado de conmoción interior contemplado
en el artículo 30 del proyecto. Este artículo supone la declaración de zonas de emergencia, la
subordinación de las autoridades civiles a las militares y la aplicación subsiguiente del Código
de Justicia Militar, con las facultades de dictar bandos. Por eso es que a los jueces se les respeta
su independencia, siempre y cuando no afecte la competencia de los tribunales militares
creados como consecuencia de la aplicación de ese código.
De manera que la situación contemplada en el artículo 30 del proyecto no es la conmoción
interna clásica del estado de sitio. En el seno de la comisión sostuve que se trataba de un estado
de guerra interna. Esta es una expresión que, si mal no recuerdo, estaba contemplada en
la Constitución de 1949, cuando preveía las dos etapas: el estado de prevención y alarma, y el
estado de guerra interno. En este último caso se trataba de la presencia, dentro de nuestro propio
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