Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

19 de noviembre de 1975
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Armadas no se interesen cuando el tema se debate. Y es importante porque de ninguna manera
es posible que el concepto de subversión se circunscriba únicamente a la guerrilla de izquierda.
En este momento, pretendiendo clarificar nuestra posición, queremos decir que nuestro
Partido Intransigente —que tiene una formación humanista— centra su plataforma partidaria
en el hombre, en su felicidad, como nuestra principal preocupación. Nosotros somos respetuosos
de los derechos de los ciudadanos, y de ninguna manera estamos de acuerdo con teoría
política alguna que pueda significar el cercenamiento de esos derechos que tienden al respeto
del ser humano. En consecuencia, nuestra idea de la libertad no puede ser la idea del laisser faire,
laisser passer. Es claro que la libertad está limitada también por aquello tan viejo de que la de uno
termina donde empieza la del otro, y que, en definitiva, la sociedad reglamenta esos derechos
en función de un ideal superior que es la convivencia en la comunidad. Nosotros pensamos así
y sentimos así; destacamos nuestra particular repugnancia por todo crimen, venga de donde
viniere; contra toda muerte, sin importarnos la ideología del matador o de la víctima. Estamos
contra el crimen y contra la tortura, sea que quien los ejercite lo haga en nombre de una ideología
o en nombre de la ley. Todo ello repugna porque degrada al ser humano, porque corrompe a la
sociedad y porque quita la fe en el sistema democrático de vida. Este principio, entonces, para
nosotros vale, cualquiera que sea el autor del acto degradante, y esto tiene que quedar definitivamente
entendido, porque de lo contrario no tendríamos autoridad en las palabras que estamos
vertiendo.
Y con respecto a este tema de la subversión, que después nosotros definimos en nuestro despacho,
preguntamos: ¿el Estado tiene derecho a reprimir la subversión? Sí, señor; el Estado tiene
derecho a hacerlo. Inclusive agregamos algo más: si quienes hoy son subversivos toman el poder,
a su turno van a reprimir a quienes los ataquen; yo diría que se trata de algo así como de un derecho
de legítima defensa del Estado. Pero lo que nos interesa garantizar a nosotros más que el
derecho a la defensa del Estado es el análisis de qué es lo que se defiende y qué es lo que se ataca,
porque de eso depende nuestro concepto y el prestigio o desprestigio de la represión.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Musacchio.—Con mucho gusto, señor diputado.
Sr. Lazzarini.—Deseo hacer una aclaración porque parecería que la comisión, o la mayoría
de ella, o los diputados que hemos firmado el despacho en su totalidad, admitiéramos o condenáramos
la violencia según venga de uno u otro lado, o que no definimos la subversión al solo
objeto de amparar un tipo de subversión y aplicar la ley a otro tipo de subversión que resulte
desafecta.
La subversión no se define en el proyecto, de la misma manera que hay muchos delitos que
no están definidos, por ejemplo el duelo y tantos otros delitos que no aparecen tipificados en el
Código Penal. El doctor Porto podría confirmar lo que yo digo, porque yo no soy penalista. Hay
muchos delitos que no están definidos. Nada consta para que un delito como éste, que implica
un amplio concepto, no esté definido. Por el contrario, la falta de definición puede facilitar la
aplicación de la ley porque da la elasticidad necesaria.
Además, si nosotros definimos en esta ley de defensa el delito, entraremos a meter mano
—y perdóneseme la expresión— en otro tipo de leyes, como la que hemos sancionado el año
pasado con el número 20.840, que en su artículo 1º da una definición, que podrá considerarse o
no aceptable, de lo que puede ser uno de los aspectos de la subversión o la subversión en general.
Si nosotros fuéramos a definir la subversión tendríamos que hacerlo en una ley que tratara de
la subversión o de la actividad subversiva, como lo hicimos el año pasado. Mejoremos o no esa
ley, pero no entremos a calificar ni a analizar un problema concreto de tipo penal en una ley de
defensa, porque con ese mismo criterio tendríamos que entrar a definir con mucha mayor precisión
otros aspectos de la ley.
En definitiva, quiero aclarar que no ha sido idea de la comisión ni de ninguno de los firmantes