Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
zona de emergencia, designar al comandante de la zona, hacer que se dicten bandos militares,
aplicar la justicia militar y fusilar a militares o civiles, todo ello sin que haya tenido intervención
el Congreso de la Nación Argentina. Esto no lo puede desmentir nadie.
Precisamente porque esto es así —ya que el artículo, tal cual está redactado en el despacho de
la mayoría, habla sólo de remitir la comunicación al Congreso a sus efectos, y cada cual interpretará
cuáles son esos efectos— nosotros formulamos una disidencia y propusimos en la reunión
de la comisión, para que esto no diera lugar a dudas, dos cosas.
Una consistía en que cuando el Congreso estuviera en sesiones ordinarias era previa su autorización
para declarar zona de emergencia. El argumento de que esto retardaba la acción de las
Fuerzas Armadas para una operación determinada, no funcionaba, y así fue reconocido, porque
el artículo 36 del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo para que de inmediato y sin declarar zonas
de emergencia actúen aquéllas, para reprimir en los casos en que sea necesario. Si esto es así nada
impedía que en los casos que no son de extrema urgencia, el Congreso, reunido en sesiones ordinarias,
valorara cuál es la conmoción interior y declarara, en definitiva, si corresponde decretar
zona de emergencia, porque de esa facultad surge nada más y nada menos que la posibilidad de
cercenar gobiernos civiles, legislaturas, limitar la función judicial, y todo esto no para el caso de
guerra externa sino para el de conmoción interior. Y de la inteligencia, del razonamiento o de la
ideología del comandante de zona —que es militar, pero como los civiles tiene sus ideas— dependerá
el fusilamiento de militares o civiles, según el concepto que de la subversión tenga.
Ante esta situación, ¿cómo no vamos a requerir que la declaración por el Congreso de la
zona de emergencia esté en la ley? Y digo esto porque, en caso de que sea correcto el razonamiento
del señor diputado Lazzarini, la intervención a posteriori del Congreso es tardía,
porque se producirá ante hechos irreparables, frente a la posibilidad de que se pueda cometer
una injusticia. Pero no se aceptó nuestra tesis que implicaba, para el caso de que el Congreso
no estuviera reunido en sesiones ordinarias, aceptar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo
pudiera decretarla, pero establecíamos que de inmediato debía comunicarlo al Congreso de la
Nación, convocándolo en el término de 48 horas a sesiones extraordinarias; si así no lo hacía,
la medida caía por sí sola. Porque en ese término el Congreso de la Nación iba a tener que valorar
si realmente se estaban usando de modo racional facultades tan tremendas que cercenan
derechos tan importantes.
Yo no acuso ni digo que eso vaya a ser así, ni que habrá de ocurrir de ese modo abusivo. Lo
que sí prevemos es que, de ser esto así, se están concediendo facultades extraordinarias, lo que la
propia Constitución sanciona…
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Musacchio.—…para el caso de que, por nuestra culpa, por dejar esto en el cuerpo de la
ley, pudieran cometerse hechos irreparables que significaran la suma del poder público.
Con mucho gusto concedo la interrupción solicitada por el señor diputado Lazzarini.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—De la exposición del señor diputado Musacchio advierto que estamos de
acuerdo, aunque con una variante.
El señor diputado admite que todo esto se puede hacer, pero que primero tiene que resolverlo
el Congreso. O sea que la diferencia en el enfoque de la legalidad o la legitimidad está dada
—en opinión del señor diputado Musacchio— por que el Congreso decida primero en estas
circunstancias.
Sr. Musacchio.—¿Me permite…?
Sr. Lazzarini.—En cambio, nosotros sostenemos que éstas son facultades ejecutivas. Es decir
que declarar zona de emergencia es una facultad que se vincula estrechamente con la inmediata
apreciación del Poder Ejecutivo frente a la situación; y la definición, por su propia naturaleza,
debe ser ejecutiva. Por ejemplo, en el caso de un terremoto no podemos estar esperando a que se
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