Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

19 de noviembre de 1975
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militares. Esto es consecuencia de los ataques tan reiterados a zonas reservadas a la seguridad, a
los cuarteles y a los lugares donde se realizan operaciones militares. Esta norma está legalizando
y dando fundamento a la necesidad que tienen las fuerzas de seguridad para defenderse de los
ataques sobre las que informan habitualmente los medios de prensa.
El título IV del proyecto de ley trata de todas aquellas disposiciones que atañen a la defensa
civil, sin pretender hacer un estricto encuadramiento doctrinario; la ley hace referencia así al servicio
de Defensa Nacional, al servicio militar y al servicio de defensa civil, en los artículos 40, 41
y 42, y reglamenta asimismo la facultad para imponer requisiciones (artículo 43), requisiciones
que llevan aparejada la indemnización correspondiente.
Pienso que en esta ley se ha volcado toda la experiencia de las leyes anteriores, comenzando
con la 13.234, de Organización de la Nación para tiempo de guerra, y siguiendo con el decreto
ley 16.970, de Defensa Nacional. En este proyecto han sido tomados en cuenta, por consiguiente,
todos aquellos preceptos legales a los que hemos hecho referencia, prescripciones que se han
sucedido a través de todos los gobiernos habidos desde 1948 a la fecha y que han subsistido legalmente
durante todo ese tiempo. Repito que este proyecto no ha hecho más que adaptar aquellos
antecedentes legales a las necesidades actuales, poniéndolos a tono con la realidad, ajustando
los preceptos, e incluso aumentando la competencia y el control del Congreso principalmente
en zonas de seguridad, así como en las facultades del poder militar para intervenir en las áreas
propias del poder civil. Vale decir que la idea que inspira esta regulación en lo que es motivo
fundamentalmente de un pensamiento de defensa de la civilidad —circunstancia que yo advierto
cuando hablamos de estas cuestiones— no es ajena a todo lo que ha ocurrido en el país
desde 1948 hasta ahora, a través de las leyes de defensa que han tenido vigencia. Avanzando con
respecto a esos antecedentes, primordialmente en lo que respecta a zonas de emergencia y otros
supuestos, el proyecto otorga al Congreso facultades que hasta ahora no eran reconocidas por la
anterior legislación.
Considero, pues, que esta ley constituye un avance, dentro de los precedentes que hemos
tenido, a través de las dos últimas leyes, del encuadre jurídico en torno al esquema de la Defensa
Nacional. Aquí no aparece una variación de la filosofía ni de la doctrina fundamental nacida
en 1948 y aplicada ininterrumpidamente por todos los gobiernos hasta la actualidad. Más aún,
esta ley adopta algunos recaudos mediante los cuales el Congreso tiene facultades —en lugar de
quedar a un lado— para intervenir, para resolver, para coadyuvar y para asumir la participación
que le corresponde en la responsabilidad de la Defensa Nacional, habida cuenta de que ese concepto
de la Defensa Nacional, tal como está estructurado en la legislación y como lo entiende
la doctrina, no es un concepto que esté referido exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Por eso
podemos decir que esta ley de Defensa Nacional lleva aparejado el espíritu de la unión nacional,
con el convencimiento que todos tenemos de defender nuestro sistema de vida, nuestra vocación
democrática, nuestros principios constitucionales y nuestras instituciones frente al enemigo
interno y al enemigo externo, así, con el auxilio de esta ley, podremos hacer de la Defensa
Nacional un arma eficaz para lograr la seguridad y los objetivos nacionales y constitucionales que
la primera parte de este instrumento, cuya votación favorable pedimos a la Honorable Cámara,
enuncia como principios fundamentales y rectores. (¡Muy bien! Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.
Sr. Musacchio.—Señor presidente: esta ley de defensa tiene una fundamental trascendencia
y es nuestro deber, independientemente de un análisis detallado de las normas y artículos que la
componen, hablar sobre dicha trascendencia y sobre lo que significa su aprobación tal cual figura
en el despacho de la mayoría de la comisión.
Para comenzar, quiero decir algo referido al informe que acaba de producir por la mayoría
el señor diputado Lazzarini.
De acuerdo con la redacción de la ley, es indudable que el Poder Ejecutivo puede decretar