Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
de zona de emergencia —y así lo ha sostenido la Corte—, son una consecuencia de la atribución
constitucional y se apoya para ello en los incisos 23 y 24 del artículo 67, y en la última parte del
artículo 109 de la Constitución Nacional.
En el fallo que acabo de citar, la Corte ha sostenido, con la disidencia de uno solo de sus
miembros, que procede extender la competencia de los tribunales militares, dentro de las limitaciones
de la ley, cuando la gravedad y la necesidad de las operaciones que se llevan a cabo así
lo justifican.
Pareciera que el objetivo de la ley, en estas circunstancias de gravedad, no puede verse limitado
en cuanto a la competencia de los tribunales militares. En esta forma creo dejar aclarada la
pregunta que se ha formulado.
Además, quiero advertir que la Corte en varias oportunidades —y sobre todo en el caso que
mencioné, publicado en “Jurisprudencia Argentina” el 4 de diciembre de 1962— sostuvo que lo
fundamental es la eficacia del Estado para defenderse en estas circunstancias. Tenemos que partir
de la base que el Estado tiene derecho, dadas las causas graves a que se refiere la ley, a su autodefensa.
Si el Estado tiene derecho a esta defensa hay que buscar su eficacia y la extensión mínima
que la ley establece de los tribunales militares, en relación con las fuerzas en operaciones, es una
contribución legal y constitucionalmente válida. Así lo ha reiterado la Corte en varias oportunidades
y, además, debemos tener en cuenta que en estos casos la fuerza militar actúa como
coadyuvante o como auxiliadora del objetivo fundamental de la ley, que es aventar la perturbación
y los casos graves que traen aparejados la declaración de la zona de emergencia.
En todas estas circunstancias coadyuva también a la solución del problema la facultad constitucional
establecida en el inciso 23 del artículo 67 de la Carta Magna, que cuando admite la
autorización para la reunión de milicias dice, en la parte final, que el Congreso está facultado
para dictar los reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. Al referirse a la
reunión de las milicias, en el inciso 24, establece que se la dispondrá “cuando lo exija la ejecución
de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones”. En la
parte final de este mismo inciso se prescribe “el cuidado de establecer en su respectiva milicia la
disciplina prescrita por el Congreso”.
La intervención de los tribunales militares está en función de los bandos y de las facultades de
dichos tribunales. Por ello es que la propia ley establece la potestad de los tribunales civiles para
continuar en pleno ejercicio de las funciones que son de su competencia. Es decir que habría dos
tipos de tribunales y cada uno operaría dentro de la órbita de su competencia.
Sr. Álvarez Guerrero.—Si me permite, señor presidente, querría que el señor miembro informante
nos aclarara concretamente si este artículo admite o no el juzgamiento de civiles por
tribunales militares.
Las reflexiones del caso se harán en el momento oportuno.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Por supuesto, señor diputado, porque así lo establece la ley. Dentro de las
circunscripciones que crea este proyecto se aumenta el número de personas que pueden estar
sometidas a los tribunales militares, con las limitaciones que la jurisprudencia ha establecido en
otras oportunidades. Además, la Constitución, en sus artículos 67, incisos 23 y 24; 86, incisos
15, 17 y 19; y en el artículo 109, daría fundamento normativo al ejército como auxiliar en la
emergencia prevista por la ley. Por supuesto sin perjuicio de que la competencia de los tribunales
civiles se mantiene normalmente.
Señor presidente: el proyecto prevé también el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares, sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia. Esta es una facultad que
está comprendida dentro de las que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo para organizar y
desenvolver el movimiento de las fuerzas dentro del territorio de la República.
En el artículo 38 del proyecto se establece el derecho que se otorga para defender las zonas
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