Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

19 de noviembre de 1975
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Vuelvo a repetir que ya la Constitución ha otorgado a los poderes Ejecutivo y Legislativo
en conjunto una facultad mucho más grave que ésta, que es la intervención federal, ante la cual
sí decaen totalmente todas las autoridades legales constituidas, en tanto que esta disposición
establece una subordinación que el Poder Ejecutivo determinará y limitará con el control del
Congreso y que se mantendrá, por supuesto, durante el tiempo por el que se prolongue la declaración
de zona de emergencia, la que tendrá fecha de comienzo y de terminación, según lo
establece el artículo que ya hemos analizado.
¿Está claro, señor diputado?
Sr. López (H. F.).—Sí, señor diputado. Quiere decir que según esa interpretación, en el caso
del artículo 28 los gobernadores mantienen su mandato y funcionan o se suspenden las actividades
de las legislaturas provinciales. En el caso del artículo 35, la subordinación sería total.
Sr. Lazzarini.—Se trata de una subordinación, como bien dice la ley; no hay decaimiento del
mandato ni de las facultades que otorga la Constitución provincial, sino que existe una situación
que es de emergencia, que la Constitución pone a cargo del Poder Ejecutivo con el control del
Congreso. Esta situación se mantiene durante el estado de emergencia con los límites que establezca
el Poder Ejecutivo al otorgar la facultad, como lo dice la ley.
Sr. Arigós.—En el artículo 35 se plantea una duda que el señor miembro informante nos va
a poder aclarar.
Dice la norma que cuando la gravedad de la situación lo aconseje el Poder Ejecutivo podrá
asignarle al comandante de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos y crear los
tribunales militares correspondientes. Estos tribunales militares habrán de regir para los civiles,
porque para los militares ya existe el Código de Justicia Militar y los tribunales pertinentes. De tal
manera, que aunque diga el señor miembro informante que este artículo 35 prevé un caso menos
grave que aquel que contempla el artículo 23 de la Constitución Nacional, en el mismo se está
dando al comandante de la zona de emergencia la facultad de crear tribunales militares.
Puedo estar equivocado y de ahí viene el pedido de aclaración al señor miembro informante,
en el sentido de si esos tribunales militares van a juzgar a los civiles. Entiendo que la rectificación
va a ser oportuna.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Es correcto el sentido de la interrupción del señor diputado Arigós.
Quiero comenzar por señalar que los tribunales militares han sido reconocidos por la
Constitución y por la Corte en diversos fallos, por ejemplo en los que figuran en el tomo 101,
página 354, tomo 236, página 588, y otros. Además, la Corte, en el primero de estos fallos que
menciono, ha reconocido también la validez de los consejos de guerra especiales frente a la prohibición
de las comisiones especiales contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Es decir que, cuando la disposición se refiere a los tribunales militares contempla a aquellos
que la Corte ha considerado legalmente constituidos y, por cierto, a los regulados por el Código
de Justicia Militar. No se trata de nuevos tribunales sino de los ya legislados y declarados válidos
por la Corte. Esto, en primer término.
En segundo lugar, es cierto que, dadas las circunstancias graves a que se refiere el artículo,
se aumenta el número de personas sometidas a los tribunales militares. Pero, en realidad, debo
advertir que todos los años se aumenta naturalmente el número de personas sometidas a tribunales
militares, pues cuando se lleva a cabo la incorporación permanente de civiles a las Fuerzas
Armadas, cada clase queda sometida a los tribunales militares.
Además, la Corte ha reconocido esta facultad en los casos de gravedad que establece la
Constitución. En el caso “Rodríguez, Juan Carlos y otros”, en la página 116 del tomo 254 de la
colección Fallos, la Corte ha reconocido la facultad de extender la competencia de los tribunales
militares en estos casos de emergencia. Se ha entendido que la sujeción de civiles a tribunales
castrenses, en el supuesto de delitos vinculados a las actividades que son motivo de la declaración