Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
envuelvan una evidente irrazonabilidad. Por eso cité el caso y no para afectar la sensibilidad política
del señor diputado Portero.
Retomando la filosofía de la ley, no quiero dejar pasar por alto que el artículo 34 establece
que, no obstante la gravedad de la circunstancia las autoridades nacionales, provinciales y municipales
con asiento en la zona de emergencia continuarán en el ejercicio de sus funciones prestando
la colaboración correspondiente a la autoridad federal.
No debemos olvidar, señor presidente, que estamos en presencia de una ley federal, tanto
por su doctrina como por su ejercicio, y en tal virtud la ley quiere dejar muy en claro que las autoridades
provinciales siguen en pleno ejercicio de sus funciones pero prestando, naturalmente,
la colaboración que constitucionalmente están obligadas a hacer a las autoridades federales que
actúan en función de la ley de defensa.
Nosotros hemos establecido en el artículo 35, y valga para él todo lo que hemos dicho ya
al tratar el artículo 30 in fine, aquella fórmula de que estas decisiones serían comunicadas al
Congreso.
Y el artículo 35 se refiere a dos aspectos, a la facultad que puede otorgar el presidente de la
Nación al comandante de la zona de emergencia para dictar bandos y crear tribunales militares
y, también, a la facultad de subordinar, parcial o totalmente, a las autoridades con jurisdicción
dentro de la zona. En realidad, lo que la ley ha querido es que el Congreso no sea ajeno al control
que debe y tiene la obligación de realizar ante la gravedad que pueda traer aparejada la puesta
en práctica de este artículo. Y este control —vuelvo a repetir— no tiene límite alguno; por eso
se ha circunscrito a poner de resalto en la ley la facultad del Congreso para ejercer el derecho de
control y de revisión de esta circunstancia, que puede ser de suma gravedad, con las más amplias
facultades constitucionales.
Repito que la ley establece con toda claridad que en todas estas circunstancias siempre será
el Poder Ejecutivo Nacional quien ha de resolver, los casos que, reitero, puede controlar el
Congreso. De tal manera que estas circunstancias, que pueden dar lugar a casos muy graves, no
están ajenas al control y a la competencia que deben ejercer los poderes políticos constitucionales:
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Más adelante se establece en esta misma ley que los magistrados judiciales que desempeñan
funciones en la zona de emergencia mantendrán toda su competencia, que será, naturalmente,
sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares que se creen.
Sr. López (H. F.).—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. López (H. F.).—Es para hacerle una pregunta al señor miembro informante sobre la interpretación
del artículo 35, cuando se subordinan totalmente las autoridades dentro de la zona de
emergencia. Desearía saber si quedarían en la misma situación jurídica que contempla el artículo
28 en el teatro de operaciones, cuando dice que por delegación del presidente comprende la totalidad
del gobierno civil y militar. Es decir, si caducan los mandatos de los gobernadores y si se
mantienen las legislaturas provinciales.
Sr. Lazzarini.—Son dos casos distintos: una cosa son los casos de guerra, de los artículos 25
al 29, y otro caso es el de zona de emergencia. En realidad, interviniendo los poderes Ejecutivo y
Legislativo —si entramos a analizar esta medida— nos vamos a encontrar que aún en su máxima
gravedad es menos grave que una intervención federal, que es competencia justamente de estos
dos poderes. De tal manera que yo quiero advertir al señor diputado que ya la Constitución ha
otorgado a los poderes Ejecutivo y Legislativo la posibilidad de adoptar una medida mucho más
grave que ésta, como lo es la propia intervención federal.
De modo tal que esto siempre va a ser una intervención menor para la emergencia y, por
supuesto, no trae aparejado el decaimiento del ejercicio de las funciones de las autoridades constituidas
sino que solamente las subordina para la emergencia y mientras ella dure.
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