Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

19 de noviembre de 1975
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habeas corpus y el amparo para garantizar los derechos determinados por la Constitución. La
Constitución habla de derechos y garantías refiriéndose a los derechos constitucionales y este
equívoco nace de la terminología que se emplea cuando la Revolución Francesa introduce los
derechos en la Constitución, que entonces se consideraba que habían dejado de ser derechos
para convertirse en garantías, dado que figuraban en forma expresa fijados por la Constitución.
El artículo 23 se refiere a los derechos y las garantías en forma indistinta, señalando así todos los
derechos constitucionales.
La Corte ha sido invariable, incluida la época en que el partido del diputado Portero era
gobierno, momento en que se dio el “caso Sofía”, donde la Corte, interpretando la doctrina con
Montes de Oca, González Calderón y otros autores, dijo que el estado de sitio significa la suspensión
de todos los derechos constitucionales, fallo que contó con el voto del doctor Oyhanarte,
que integraba la Corte política de la época. Desde antes, y a partir de entonces, no conozco
ningún fallo que haya variado esa posición que coincide con la doctrina. Las limitaciones que el
Poder Judicial ponía antiguamente en estos casos de revisión de actos del Ejecutivo eran mucho
más restringidas, porque ni siquiera los entraba a tratar diciendo que eran cuestiones políticas.
Sr. Portero.—Quiero hacer este agregado, con el permiso del señor diputado…
El hecho de que miembros de este Congreso hayamos participado en la integración de gobiernos
que pueden haber cometido errores o actos negativos, que han llevado al país a situaciones
de deterioro y de desencuentro, no nos debe colocar —por lo menos es mi actitud— en la
necedad de seguir insistiendo en que ésa es la doctrina correcta. Por el contrario, debemos estar
en una actitud de ofrenda y de búsqueda de la verdad para corregir lo que pudo haber estado mal.
Además, la historia constitucional no empieza en 1958, sino mucho antes, y hay votos y
acuerdos de la Corte que no dijeron eso. Inclusive hay disidencias del doctor Boffi Boggero y del
doctor Laplaza que informan una doctrina distinta a la citada por el miembro informante.
Nuestra preocupación no debe consistir en determinar quién tuvo razón o quién integró un
gobierno que pudo estar mal, sino en que hoy debemos interpretar la Constitución. Ya tuvimos
esta discusión con el señor diputado Lazzarini e insisto en que cuando la Constitución dice “garantías”
se refiere a garantías, cuando dice “derechos” se refiere a derechos y cuando se refiere a
derechos y garantías así lo dice, como en el artículo 28.
Yo comprendo el esfuerzo dialéctico del señor diputado Lazzarini como conozco también
los esfuerzos dialécticos que han debido hacer muchas veces los ministros de la Corte para dictar
fallos que han significado el cercenamiento de libertades fundamentales —físicas, individuales y
de expresión política— y, al mismo tiempo, la limitación no sólo de garantías sino de derechos.
De todos modos, pienso como el señor diputado Lazzarini que la que estamos utilizando no
es una forma conducente. Le agradezco la interrupción que me ha concedido y volveré sobre
esto cuando me corresponda intervenir. Pero no quería dejar pasar por alto la oportunidad de
expresar que el hecho de que un gobierno haya actuado mal o haya cometido un acto negativo
para el país de ninguna manera inhabilita a quienes actuaron en él, y tal vez mantuvieron en su
momento una disidencia, para decir hoy lo que honradamente creen que corresponde, según el
mandato que han recibido.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Aclaro que solamente he querido marcar que esto que digo, que es doctrina,
ha sido el pensamiento de la Corte, salvo algunas disidencias personales. Pero quisiera que se me
trajera algún fallo de la Corte que diga lo contrario.
Deseo aclarar asimismo que no mencioné el “caso Sofía” porque el fallo se haya producido en
oportunidad en que ejercía el gobierno el partido a que pertenece el doctor Portero, sino porque
es un leading case a partir del cual se establece realmente una diferencia entre la interpretación
anterior de la Corte y su interpretación posterior. En efecto, a partir de ese caso comienzan a
revisarse algunos actos del Poder Ejecutivo, siempre que den lugar a una arbitrariedad o que