Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

19 de noviembre de 1975
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Magna se encarga de decir que el Poder Ejecutivo puede detener y trasladar personas sin otro
requisito que su sola voluntad y fundamentación.
Si nos olvidamos por un momento de las limitaciones que en la práctica se impone y reparamos
en lo que significa el ejercicio pleno del estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo, hemos
de advertir que las consecuencias que trae aparejado, en cuanto a la libertad personal y los derechos
constitucionales, el ejercicio del estado de sitio son mucho más graves que las que resultan
de este estado de emergencia que consideramos —repito— es un estado de conmoción interna
perfectamente tipificado, aclarado y delimitado mediante la disposición legal proyectada.
Sr. Marino.—Si me permite el señor diputado…
Sr. Presidente (Pereira).—Para una breve interrupción tiene la palabra el señor diputado
Marino.
Sr. Marino.—El señor miembro informante acaba de manifestar que durante la vigencia del
estado de sitio quedan suprimidos todos los derechos constitucionales. Le solicito al señor diputado
Lazzarini me explique a qué se ha querido referir con exactitud, ya que con ese criterio
podría retirarme del recinto y posesionarme del automóvil del señor diputado, ello con el pretexto
de que está suprimido el derecho de propiedad, que es uno de los derechos que consagra la
Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: aunque en forma breve, es mi deseo contestarle al señor
diputado Marino.
Las causas y las consecuencias del estado de sitio las tengo claramente analizadas en un artículo
publicado en “Jurisprudencia Argentina” el 3 de agosto de 1970, al que me remito. Efectivamente,
el estado de sitio significa la suspensión de todos los derechos constitucionales, pero no para
los particulares. Es decir, que la suspensión de los derechos constitucionales no implica que lo
estén para mí, para fulano o para mengano, frente a otra persona, sino que significa una opción
a favor del Estado. Se trata de que el Estado, en el sentido lato del término —inclusive el mismo
Parlamento—, pueda actuar sin que los derechos constitucionales le pongan un obstáculo.
Tanto es así, que todas las cuestiones que surgen con motivo del ejercicio por parte del Poder
Ejecutivo del estado de sitio, lo son justamente porque el poder administrador actúa sin la valla
de los derechos constitucionales, con lo cual todos los casos llegan a la Corte Suprema de la
Nación. Esto es así desde el “caso Sofía”, en que la Corte Suprema ha sostenido que los derechos
constitucionales están levantados, salvo algún ejercicio razonable de control constitucional que
ejerce el Poder Judicial cuando se trata de arbitrariedades palmarias y evidentes. En ningún caso
la Corte Suprema ha sostenido otra tesitura que la que acabo de expresar.
Sr. Marino.—Le expreso al señor diputado que no es necesaria la expropiación sino simplemente
la confiscación.
Le agradezco al señor diputado Lazzarini, de origen conservador, esta interpretación.
Sr. Grau.—¿Me permite una interrupción, señor diputado Lazzarini?
Sr. Lazzarini.—Con mucho gusto, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Grau.
Sr. Grau.—No podía dejar pasar en silencio la interpretación que ha formulado el señor diputado
Lazzarini con respecto al estado de sitio, porque como bien lo ha dicho el señor diputado
Marino, aunque no comparta el ejemplo que ha dado, si nosotros entendiéramos por suspensión
de las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 23 de la Constitución Nacional, la
suspensión de todos los derechos comprendidos en el capítulo de “Declaraciones, derechos y garantías”,
aceptaríamos también que podría restablecerse la pena de muerte por causas políticas,
que podría existir la esclavitud, que podrían desaparecer los jueces naturales y todas las garantías
del debido proceso, que siempre subsisten aún con el estado de sitio.
Nuestra interpretación —que no es precisamente la de la Corte que ha mencionado el señor