Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
En cambio, de acuerdo con este instrumento legal, debe tratarse siempre de circunstancias
graves, porque así lo delimita y circunscribe la ley. Reitero, en consecuencia, que se trata de
supuestos muy distintos. Por eso puede declararse un estado de emergencia, sin que el poder
político deba considerar que ha llegado el caso de declarar el estado de sitio. Y repito que, en
mi concepto personal, es más grave el caso del estado de sitio que la declaración de zona de
emergencia que contempla este proyecto de ley. En este último caso no se puede detener ni
trasladar a personas sin causa legal alguna, ni están de ningún modo suspendidos los derechos
y garantías constitucionales, como lo están en el supuesto del estado de sitio del artículo 23 de
la Constitución Nacional. Son dos cosas muy distintas. Conmoción es un término para tipificar
una idea, pero con la diferencia de que en la ley la conmoción interior se halla reducida a las expresiones
limitativas que la propia ley establece.
Sr. Arigós.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—En honor a la importancia de la ley voy a admitir todas las interrupciones,
siempre que se descuente el lapso de las mismas del tiempo que reglamentariamente me
corresponde.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia sugiere como método a seguir que cada orador
plantee en su respectiva exposición —ya que se observa que los señores diputados que piden
interrupciones son los mismos que están anotados para hacer uso de la palabra—, de modo que
el señor miembro informante, al término del debate, exprese su opinión en el carácter que ha
asumido.
Sr. Arigós.—Es sólo para una breve interrupción.
El señor miembro informante nos ha dicho que, según su interpretación, es más grave el caso
previsto en el artículo 23 de la Constitución, que posibilita la declaración del estado de sitio, que
el que se prevé en el artículo 30 del proyecto, porque, a pesar de que las circunstancias sean graves,
podrían serlo menos que las de la conmoción prevista en el artículo 23 de la Constitución.
Sin embargo, el artículo 35 del proyecto, que se relaciona con el 30, se refiere también a zonas de
emergencia y prevé la posibilidad de que el comando pueda dictar bandos y crear tribunales militares,
lo que en la práctica significa que incluso la vida de las personas puede estar a disposición
o a las resultas de un juicio sumario o sumarísimo, pudiendo decretarse hasta el fusilamiento del
imputado.
Para nosotros, por tanto, el supuesto que contempla el proyecto, en sus artículos 30 y 35,
reviste una gravedad mayor que la contemplada en el artículo 23 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: a poco que adviertamos la importancia que tiene desde
el punto de vista constitucional el estado de sitio, veremos que las previsiones del proyecto que
consideramos no revisten una gravedad mayor que aquel. Durante la vigencia del estado de sitio
están suspendidos todos los derechos constitucionales; ésa es la interpretación que ha dado la
Corte Suprema al artículo 23 de la Constitución y ésa es la doctrina sustentada por Joaquín V.
González, González Calderón, así como otros tratadistas. La suspensión de los derechos constitucionales
otorga al Estado la facultad de realizar actos sin obstáculo alguno derivado de aquellos
derechos. Uno de esos actos —lo establece el propio artículo 23 de la Constitución— es la
competencia que tiene el Poder Ejecutivo para detener y arrestar personas en virtud de un simple
decreto sin fundamentación alguna, como lo hemos visto y lo seguimos viendo en la práctica.
Tal vez no advirtamos la importancia que tiene el estado de sitio porque nos hemos acostumbrado
a su vigencia por los muchos años que hemos vivido con su ejercicio constante, pero
lo cierto es que se trata de una institución en la cual están suspendidos todos los derechos constitucionales
y en la que el Poder Ejecutivo —y también el Legislativo porque la ley fundamental
no establece limitación— puede realizar cualquier acto sin hallar impedimento en los aludidos
derechos consagrados por la Constitución Nacional. A mayor abundamiento, la propia Carta
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1975