Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Mauhum.—Creo de suma importancia que el señor miembro informante, que está haciendo
una magnífica y minuciosa exposición, nos aclare el alcance de esta última parte, porque,
a mi juicio, va a ser de capital importancia para una correcta interpretación de la ley. Es cierto
que la declaración de zona de emergencia deberá ser comunicada al Congreso de la Nación y he
interpretado bien lo expresado por el señor diputado en cuanto a los alcances de esa intervención,
que puede llegar hasta el rechazo de la zona de emergencia declarada. Pero tengo una gran duda:
¿qué ocurre cuando el Poder Ejecutivo no informa o no comunica al Congreso la declaración de
la zona de emergencia? A juicio del señor miembro informante, ¿el Congreso puede, en ese caso,
actuar espontáneamente, notificado simplemente por la información pública de tal declaración?
Deseo conocer cuál es la respuesta del señor miembro informante porque considero que es
de capital importancia para la correcta interpretación de la norma.
Sr. Lazzarini.—En el caso que plantea el señor diputado Mauhum nos encontramos ante el
supuesto en el que el Poder Ejecutivo no cumple con su deber legal y constitucional. No sólo en
esta cuestión que estamos tratando, sino en todas aquellas en que el Poder Ejecutivo no cumpla
con las obligaciones que la ley y la Constitución le imponen, el Congreso tiene la facultad constitucional
de interpelación y de juicio político.
Al ejercer cualquier facultad legal, el Poder Ejecutivo puede o no cumplirla, o bien cumplirla
mal. En esas circunstancias se pueden dar las causales establecidas en la Constitución Nacional
para realizar el juicio político.
Sr. Mauhum.—Concretamente, lo que me interesa saber es si a juicio del señor miembro
informante puede intervenir espontáneamente el Congreso en este supuesto de una medida tan
importante como es la declaración de zona de emergencia. Ante la posibilidad de que no exista
comunicación al Congreso, entendemos que los recursos de que dispone el Parlamento, entre
ellos el del juicio político, pueden ser sumamente lerdos. Es por eso que me interesa su opinión
acerca de la posibilidad de que, en tal supuesto, el Congreso acuda espontáneamente.
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado. El Congreso puede operar de oficio, ya que se trata de una
facultad que le otorga la ley.
Sr. Mauhum.—¿Sin esperar la comunicación?
Sr. Lazzarini.—Por supuesto, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia ruega a los señores diputados que no dialoguen.
Insiste, además, en el método que se está aplicando, ya que nos encontramos en el debate en
general y hay numerosos oradores anotados que van a hacer sus planteos, que serán luego contestados,
al cierre del debate, por el miembro informante.
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Falabella.
Sr. Falabella.—Lo más importante en la actividad de la Cámara es el debate, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Pero no el diálogo, señor diputado.
El debate se está haciendo, y por eso la Presidencia invita a los señores diputados a plantear
sus opiniones en la oportunidad de realizar sus exposiciones.
Sr. Falabella.—La voz interpretativa es la del miembro informante. Después, cada uno de los
señores diputados hará su exposición. Pero es decisivo que en este punto, donde se reemplaza
una fuente de autoridad por delegación, se determine cuál es su límite. Le he preguntado al señor
diputado Lazzarini si el Congreso delega esa facultad sin retener el poder de revisión, y eso es lo
decisivo y lo importante.
Llamo la atención del señor diputado sobre lo que sería en nuestro ordenamiento constitucional
una comunicación a posteriori y que el Congreso disponga como único recurso para
modificar dicha medida de una interpelación, cuando se dan hechos que pueden ser irreversibles,
que forzarían a sólo contemplarlos o a usar de la facultad del juicio político. Lo que el señor diputado
Lazzarini parece aceptar es una delegación total de la fuente de autoridad.
171
1975