Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

19 de noviembre de 1975
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación
vigente en tanto ello no se oponga a la situación expresada en el párrafo anterior.
Art. 36.—Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional lo hagan
necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia.
En tales casos, la autoridad militar que designe el presidente de la Nación ejercerá el comando
de todas las fuerzas intervinientes (militares de seguridad, policiales y penitenciarias, nacionales
y provinciales).
Art. 37.—Se denominan zonas militares a los espacios necesarios, en forma permanente o
transitoria, programada o accidental, para dar protección a los cuarteles, instalaciones o actividades
militares o de interés para la Defensa Nacional.
Los límites de las zonas militares y las circunstancias que las impongan como tales serán reglamentados
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 38.—Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas militares
atacadas por elementos subversivos o exista la amenaza de ataque por parte de dichos elementos,
los respectivos comandantes o jefes podrán disponer el empleo de las fuerzas que comandan para
reprimir, perseguir y detener a los atacantes aún fuera de los límites de la zona militar.
162
Título IV
Empleo de personas y recursos
Art. 39.—El Servicio de Defensa Nacional, que comprende el servicio militar y el servicio
civil de defensa, es el conjunto de obligaciones que impone la Nación a las personas de acuerdo
con la legislación y disposiciones respectivas sobre servicio militar, servicio civil de defensa y
movilización.
Art. 40.—La defensa civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto
de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan provocar sobre
la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada,
conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 41.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua
el potencial de la Nación con el objeto de satisfacer las exigencias de la Defensa Nacional para
caso de guerra
Art. 42.—Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal, con asiento en el país,
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización, conforme
con los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación
de servicios, será retribuida según lo establezca la ley respectiva.
Art. 43.—Cuando las necesidades de la Defensa Nacional así lo impongan, el Poder Ejecutivo
Nacional podrá disponer las requisiciones de servicios y bienes para satisfacerlas, las que serán
ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales facultadas. En circunstancia de extrema gravedad
y urgencia dichas autoridades jurisdiccionales podrán adoptar por sí las medidas tendientes a la
requisición de los bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho que deberán comunicar
inmediatamente a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán los responsables.
Art. 44.—Toda requisición da derecho a retribución o indemnización, conforme con el
procedimiento que se establezca por vía reglamentaria. La indemnización no incluirá el lucro
cesante.