Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

18 de septiembre de 1964
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Poder Ejecutivo adoptará directamente las medidas necesarias, dando luego cuenta
al Congreso.
37. El concepto de emergencia grave está integrado por dos elementos esenciales: la
gravedad o extensión de la alteración del orden o seguridad y el hecho de que los
efectos de esa alteración no puedan ser controlados o anulados por entes privados
u oficiales locales y requieran el concurso de las autoridades nacionales.
38. Aquí también la ley debe seguir a los hechos, en el sentido de que cuando el desarrollo
de los acontecimientos lo exija, el presidente de la Nación podrá otorgar el
gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar, con autorización legislativa
o ad referendum de ésta si el Congreso estuviere en receso.
39. Esta atribución que el proyecto reconoce en el Poder Ejecutivo no es una innovación
en el ámbito institucional porque, en cierta medida, está ínsita en otras
facultades que le son privativas y de contenido aún más amplio y que, en distintas
épocas, han tenido aplicación en nuestro país. Lo fundamental son los bandos a los
que el Código de Justicia Militar dedica todo un capítulo, artículo 131 a 139. Dicho
código, que no es sino la ley 14.029, luego de ocuparse de los bandos que se emiten
durante el estado de guerra y de indicar cuáles son las autoridades que pueden dictarlas,
preceptúa en el artículo 133: “La misma facultad tendrá durante el estado de
conmoción interior la autoridad militar que, en cumplimiento de previsiones para
dicho estado, se ve obligada a asumir el mando o gobierno del lugar con el fin de
mantener el orden público o impedir el saqueo, violación, incendio u otros estragos.
Esta facultad sólo podrá usarse desde que se haya comprobado la impotencia
de las autoridades y hasta que se haya logrado restablecerlas.”
40. El concepto de “emergencia grave” no constituye sino una especificación del de
“conmoción interior”, que la Constitución Nacional establece como, presupuesto
de la declaración del estado de sitio, artículos 23; 67, inciso 26; y 53, inciso 19, pero
con la diferencia de que el peligro para el país es mucho más serio en el caso de
la emergencia grave porque compromete directa e inminentemente la seguridad
nacional en forma de que, si no se adoptan rápidas medidas, el perjuicio inferido a
ésta sería prácticamente irreparable.
41. El examen de las objeciones y restricciones impuestas por la jurisprudencia y la
doctrina al alcance del estado de sitio, sobre la base de las fuentes de los textos
constitucionales pertinentes, demuestra que ellas se fundan, casi exclusivamente,
en el temor de que aquel pueda constituir un pretexto para que un Poder Ejecutivo
arbitrario pueda comprometer las garantías individuales que la Constitución
Nacional asegure a los habitantes.
42. Siendo ello así, es evidente que tratándose no ya de simple conmoción interior sino
de emergencia grave, nada eficaz podría construirse si a las previsiones indispensables
se les quisiera dar el sentido de una intención dirigida a otros fines. Si el posible
abuso en el ejercicio de una facultad hubiera de ser erigido en obstáculo para
no concederla, ninguna atribución podría ser conferida a ningún Poder Ejecutivo,
Legislativo o Judicial. Sarmiento, en su célebre polémica con Rawson, acerca de
la facultad de declarar el estado de sitio, expresó: “Cree el infrascrito que no hay
razón de conveniencia pública, ni aún el temor del abuso posible, que aconseje
exponer a los gobiernos provinciales a las perturbaciones internas, restringiéndoles
facultades que les son propias.”
43. Las medidas que consagra el proyecto se fundan en la objetividad de los hechos
demostrativos de un estado real de emergencia grave y en la generalidad de su
aplicación, que lejos de estar dirigida contra una o más personas individualmente