Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
que puedan afectar o poner en peligro la seguridad nacional, se lo ha facultado
para disponer la movilización del potencial nacional, según las necesidades de la
emergencia.
29. En lo que respecta a requisiciones de servicios o de bienes, que tan gravemente
inciden en las personas, se han previsto los máximos recaudos compatibles con la
seguridad de la Nación.
30. Este conjunto de normas, tiende a asegurar que la Defensa Nacional sea eficaz y
oportuna. Se ha tenido especial cuidado en establecer preceptos que se ajusten a
las cláusulas constitucionales pertinentes, mediante procedimientos para asegurar
una indemnización justa y el acceso a los tribunales, particularmente en el caso de
requisiciones.
31. Ha declarado la Corte Suprema de Justicia, en fallo de fecha 28 de marzo de 1958
(“Jurisprudencia Argentina”, 953-11-401), que: “Es doctrina aceptada sin divergencias
que el juicio sobre la legitimidad o ilegitimidad de una determinada restricción a
un derecho, depende, en gran medida, de las circunstancias del caso, pues el derecho
no se desinteresa de la vida real, sino que, al contrario, la tiene fundamentalmente en
vista, y es ajustándose a las vicisitudes de ella, que produce las normas reguladoras
y a veces restrictivas de los derechos. Restricciones que, en circunstancias normales,
no serían legítimas, pueden serlo en condiciones especiales o extraordinarias, en que
corresponda considerar otros valores más importantes para el orden público o de la
comunidad, cuyo aseguramiento no pueda lograrse sino a costa de limitaciones a derechos
individuales: hasta pensar en los casos de conflictos de guerra, epidemias, etcétera,
en que tales limitaciones, mayores que las ordinarias, son inevitables, para advertir la
estrecha dependencia en que éstas se hallan con las circunstancias de hecho.”
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c) Oportunidades y mecanismo de aplicación del plan general de Defensa Nacional.
32. El proyecto califica las situaciones fundamentales que pueden dar lugar a la aplicación
del plan general de Defensa Nacional, ellas son: ataque o agresión exterior,
conmoción interior, casos de emergencia grave o catástrofe.
33. Esos hechos pueden producirse por su naturaleza misma, o en forma previsible o
de modo sorpresivo. Es evidente que el Estado debe contar con los medios adecuados
para contrarrestar las consecuencias por aquellos producidas, y es condición
de eficacia la celeridad en la adopción de medidas pertinentes.
34. En función de esas necesidades, la ley debe prever el modo de acción acorde, en
cada caso, con la situación y, por tanto, debe distinguirse el caso en que no es admisible
dilación alguna de aquel en el cual es posible que la puesta en ejecución del
plan pueda ser sometida a tramitación legislativa previa.
En ese sentido, en última instancia, la necesidad y la urgencia son los dos criterios
que deben primar.
Es por esa razón que el proyecto distingue:
35. Si la agresión exterior, conmoción interior o emergencia grave son previsibles, el
Poder Ejecutivo es quien determina la existencia del estado de tensión correspondiente
y durante éste podrá ejecutarse el plan, dando cuenta al Congreso, o requiriendo
autorización previa, según la gravedad y la urgencia de las medidas que
deban ser adoptadas.
36. Si las situaciones que afectan la seguridad de la Nación, antes indicadas, son sorpresivas,
la posibilidad de requerir autorización legislativa previa, queda eliminada
por la misma naturaleza de los hechos; toda demora podría ser fatal. Por tanto, el
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