Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
3. Atribuciones del presidente de la Nación. El Consejo de Defensa Nacional
11. En lo referente a las funciones de las autoridades nacionales, el proyecto atribuye
al presidente, como jefe supremo de la Nación, la primordial responsabilidad en
todos los asuntos concernientes a la Defensa Nacional.
12. Esta responsabilidad, que constitucionalmente es privativa del jefe del Estado, no
puede ser absorbida por uno de sus ministros, pues todo lo que hace a la Defensa
Nacional, en mayor o menor medida, afecta a todo el gobierno, quien la define
dentro de la política general. Por otra parte, el presidente de la Nación es la única
autoridad habilitada para resolver los problemas de competencia y prioridades que
se planteen entre los diversos departamentos de Estado y de coordinar la acción de
defensa entre ellos.
13. Sin embargo, en razón de la amplitud y diversidad de las funciones de gobierno,
surge la necesidad de que el presidente cuente con un órgano permanente y especializado
de asesoramiento, que planifique la política de Defensa más conveniente
al país y la someta a su ulterior decisión.
14. Dicho órgano es el Consejo de Defensa Nacional, integrado por los ministros secretarios
de Estado como miembros permanentes y, eventualmente, por otros funcionarios
representantes de estructuras relacionadas con la Defensa Nacional.
15. Al Consejo de Defensa Nacional le compete la realización de toda tarea conducente
al estudio de los problemas de la defensa en su aspecto integral, así como proponer
al presidente la adopción de adecuadas políticas, normas y directivas a las autoridades
ejecutoras responsables, medidas de coordinación convenientes, etcétera, a
fin de que el presidente adopte las resoluciones más apropiadas.
16. Asimismo, de acuerdo al artículo 86, inciso 15, de la Constitución Nacional, el
presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Como
tal, tiene el poder de resolver en todos los aspectos que hacen a la estrategia militar,
siendo asesorado para esta función por el Comité Especial Militar (concepción y
planificación) y Comité Especial de Operaciones Militares (ejecución).
1964
4. Responsabilidad de las autoridades provinciales
17. La disposición que establece la colaboración que deben prestar las autoridades administrativas
provinciales tiende a hacer posible el cumplimiento efectivo de las
medidas que aseguren los fines primordiales queridos por la ley. Es consecuencia
natural del régimen federal. No podría concebirse que la Defensa Nacional constituyera
una realidad a la que las provincias pudieran permanecer indiferentes; cualquier
acto que la comprometa incide simultáneamente en el orden local, directa o
indirectamente. De esta indiscutible verdad surge claramente que cuando se trata
de la preservación de la Nación, existe una comunidad de objeto que torna imprescindible
el deber de protegerla.
18. Por tanto, es natural que ya desde tiempo de paz y de épocas de normalidad, las
provincias cooperen en la medida necesaria y en la forma que les sea requerida por
quien tiene la responsabilidad suprema, aportando los elementos de juicio y ejecutando
y haciendo cumplir las medidas que permitan la planificación, coordinación
y realización de los actos de gobierno que concretan la finalidad de mantener intactos
la soberanía, el bienestar general y el orden.
19. La colaboración expresada, no sólo constituye un deber de las autoridades provinciales,
sino que al mismo tiempo significa una atribución que no podría serles
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