Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

18 de septiembre de 1964
autárquicos, instituciones, funcionarios y empleados de la administración pública, dentro de la
esfera de su respectiva competencia, actuar de modo que las previsiones de la presente ley sean
cumplidas en la forma más eficiente.
Art. 6º.—Todos los habitantes de la Nación y las personas de existencia visible o ideal, públicas
o privadas, y las instituciones con asiento en el país, están obligados a proporcionar los
informes y datos vinculados con la Defensa Nacional que les sean requeridos por autoridad competente.
Si tal aporte implica una prestación de servicios, será retribuida según lo determina la
presente ley.
Tales informes o datos no podrán tener otro destino ni dársele otro uso que el de servir a la
Defensa Nacional, incurriendo los transgresores a dichos supuestos, en los delitos previstos en el
Código Penal de la Nación y leyes complementarias.
Art. 7º.—Todas las personas que, por razón de su cargo o función, tomen conocimiento de
asuntos vinculados a la Defensa Nacional, están obligadas a guardar sobre los mismos el grado de
reserva en que hubieren sido clasificadas. Quienes violaren esta disposición quedarán incursos en
los delitos previstos en las leyes de la Nación, sin perjuicio de las medidas administrativas a que
hubiere lugar si fueren agentes del Estado.
Art. 8º.—La dirección superior de la Defensa Nacional es, en la esfera del Poder Ejecutivo, de
responsabilidad del presidente de la Nación.
Art. 9º.—Las autoridades que se fijan en el Título II de esta ley, en el ámbito de su competencia,
son responsables principales de la concepción, preparación y ejecución de los distintos
aspectos de la Defensa Nacional y de su permanente actualización.
Art. 10º.—Ante situaciones que pueden afectar la seguridad nacional, corresponde al presidente
de la Nación determinar la existencia de un estado de tensión susceptible de desembocar
en los supuestos previstos en el artículo 2º así como también la gradación de su evolución.
En tal caso el presidente de la Nación podrá decretar el “estado de prevención”, y durante
dicho período poner en ejecución las medidas previstas en esta ley y en el plan general de Defensa
Nacional, parcial o totalmente, en todo o parte del territorio nacional, requiriendo autorización
previa o dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional, según la gravedad de la situación y
la urgencia de las medidas que se adopten.
Cuando los casos previstos en el artículo 2º se produzcan en forma sorpresiva y pongan en
peligro la seguridad nacional, el presidente de la Nación podrá adoptar por sí las medidas expresadas
en el párrafo anterior, dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional.
Art. 11.—El presidente de la Nación en concordancia con lo establecido en el artículo 10º
podrá:
a) En las situaciones previstas en el primero y segundo párrafo del artículo citado y
cuando así lo exijan el desarrollo de los acontecimientos otorgar el gobierno civil
de las zonas afectadas a la autoridad militar con autorización legislativa o dando
cuenta oportunamente al Congreso Nacional, según la gravedad de la situación y
la urgencia de las medidas que se adopten;
b) En las situaciones determinadas en el tercer párrafo del artículo citado, otorgar
por sí el gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar dando cuenta
oportunamente al Congreso Nacional.
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