Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

Antecedentes legales
y parlamentarios
1944-1986
Colección
de Debates Parlamentarios
de la Defensa Nacional

Antecedentes legales y parlamentarios
1944-1986
Colección
de Debates Parlamentarios
de la Defensa Nacional
Publicación del Ministerio de Defensa
República Argentina
2010

AUTORIDADES NACIONALES
Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Ministra de Defensa
Dra. Nilda Garré

Diseño de tapa: Valeria Goldsztein
Diseño interior y diagramación: Valeria Goldsztein
Investigación de archivos y coordinación editorial: Lic. Mónica B. Simons Rossi
Hecho el depósito que dispone la ley 11.723.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse
o transmitirse en forma alguna, ni tampoco por medio alguno, sea este eléctrico,
químico, mecánico, óptico de grabación o fotocopia, sin la previa autorización escrita por
parte de la editorial.

Antecedentes legales y parlamentarios
1944-1986
Colección
de Debates Parlamentarios
de la Defensa Nacional

CD Antecedentes legales y parlamentarios de la ley 23.554
Ley de Defensa Nacional
La Defensa Nacional en el contexto de la Organización de la Nación
en tiempo de guerra.
1944-1948.
1944
Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar.
Coronel Juan Domingo Perón, ministro de Guerra. Conferencia pronunciada
en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. 10 de junio de 1944........................................13
1948
Cámara de Diputados
32a. reunión. Continuación de la 23a. sesión ordinaria. 12 de agosto de 1948..................................27
Cámara de Senadores
33a. reunión. 37a. sesión ordinaria. 1º de septiembre de 1948............................................................51
Ley 13.234. Organización de la Nación en tiempo de guerra. Texto final.
Boletín Oficial. 10 de septiembre de 1948.............................................................................................65
La Defensa Nacional en el contexto de la Seguridad Nacional.
1960-1961.
1960
Ministerio de Defensa Nacional. Intimidación pública.
Represión. Normas militares para la represión de los actos terroristas. Plan Conintes.
Plan de Conmoción Interior del Estado. Decreto 9.880/58 “S”
Decreto Nº 2.628. 13 de marzo de 1960................................................................................................77
Decreto Nº 2.639. 15 de marzo de 1960................................................................................................79
1961
Secretaría de Guerra. Intimidación pública.
Represión. Derogación de ejecución del Estado “Conintes”. Plan de Conmoción Interior del Estado.
Decreto 9.880/58 “S”. Decreto Nº 2.628. Decreto Nº 6.495.
1º de agosto de 1961...............................................................................................................................81

La Defensa Nacional en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
1964-1975.
1964
Discurso del general Onganía pronunciado en West Point (EE.UU.) el 6 de agosto de 1964
Texto completo de las palabras pronunciadas. Boletín Público de la Secretaría de Guerra.
10 de septiembre de 1964.......................................................................................................................85
Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre proyecto de ley de Defensa Nacional.
Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones. Congreso Nacional.
29a. reunión. 16a. sesión extraordinaria. 18 de septiembre de 1964...................................................93
1966
Ley 16.970. Ley de Defensa Nacional. Boletín Oficial.
10 de noviembre de 1966.....................................................................................................................113
1975
Decretos Poder Ejecutivo Nacional. Aniquilamiento a la subversión. 6 de noviembre de 1975.
Decreto “S” 261/1975. 5 de febrero de 1975. Operativo Independencia.............................................123
Decreto 2.770/1975...............................................................................................................................125
Decreto 2.771/1975...............................................................................................................................127
Decreto 2.772/1975...............................................................................................................................129
Cámara de Diputados
48a. reunión. 2a. sesión extraordinaria (continuación). 19 de noviembre de 1975.........................131
49a. reunión. 2a. sesión extraordinaria (continuación). 20 y 21 de noviembre de 1975.................227
Cámara de Senadores
43a. reunión. 5a. sesión extraordinaria. 4 de diciembre de 1975.
Debate parlamentario y Texto final de Ley de Defensa Nacional (Anexo).......................................369
La Defensa Nacional en el contexto democrático.
1984-1986
1984
Mensaje del PEN Nº 686. Proyecto de ley por el cual se propicia establecer las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional. (103-P.E.-84).
17 y 18 de abril de 1984........................................................................................................................385

1985
Trámite parlamentario Nº 196. Estado Parlamentario de Expediente (0103-P.E.-84).
25 y 26 de abril de 1985........................................................................................................................395
Discurso pronunciado por el señor Presidente de la Nación, Dr. Raúl R. Alfonsín,
en la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas. 5 de julio de 1985...................................397
Cámara de Diputados
22a. reunión. 13a. sesión ordinaria (continuación). 15 de agosto de 1985.......................................407
23a. reunión. 13a. sesión ordinaria (continuación). 21 de agosto de 1985.......................................493
1986
Cámara de Senadores
28a. reunión. 22a. sesión ordinaria. 22 y 23 de octubre de 1986.......................................................585
29a. reunión. 22a. sesión ordinaria (continuación). 23 de octubre de 1986.....................................705
Decreto 1.975/86. PEN.
Comité Militar
30 de octubre de 1986...........................................................................................................................759
Bibliografía general...........................................................................................................................761

Nota de la editora:
los textos transcriptos en la presente edición han sido corregidos
de sus originales, sin que esto afecte al contenido de los debates
parlamentarios ni de las leyes y/o decretos que en ella se reproducen.

La Defensa Nacional
en el contexto de la Organización
de la Nación en tiempo de Guerra
1944-1948

1944
Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar
Conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de la Universidad
de La Plata, por el Coronel Juan Domingo Perón
10 de junio de 1944
Agradezco profundamente la cordial invitación que el doctor Labougle ha tenido la amabilidad
de formularme para inaugurar la cátedra de Defensa Nacional, ocupando esta alta tribuna
de la Universidad.
Mi investidura de ministro de Guerra me obliga a aceptar tan insigne honor, precediendo a
otros camaradas de las Fuerzas Armadas cuya versación sobre la materia tendréis oportunidad de
apreciar en próximas disertaciones.
Los amables conceptos sobre mi persona, vertidos por la gentileza del doctor Labougle, que
aprecio y agradezco, fuerza es confesarlo, se fundan más que nada en su benevolencia proverbial.
Las Fuerzas Armadas y, dentro de ellas, los que nos hemos dedicado a analizar, penetrar y
captar el complejo problema que constituye la guerra, no hemos podido menos que regocijamos
con la resolución del Consejo Superior de la Universidad de La Plata, del 9 de septiembre
de 1943, que dispuso crear la cátedra de Defensa Nacional y ponerla en funcionamiento en el
corriente año.
Esta medida, que sin temor a equivocarme califico de trascendental, hará que la pléyade de
intelectuales que en esta casa se formen conozcan y se interesen por la solución de los variados y
complejos aspectos que configuran el problema de la Defensa Nacional de la Patria y, más tarde,
cuando, por gravitación natural, los más calificados entre ellos sean llamados a servir sus destinos,
si han seguido profundizando sus estudios, contemos con verdaderos estadistas que puedan
asegurar la grandeza a que nuestra Nación tiene derecho.
Una vez más conviene repetir el consejo sanmartiniano en su proclama del 22 de julio de
1820 dirigido desde su Cuartel General en Valparaíso “a los habitantes de las Provincias del Río
de la Plata”.
“En fin, a nombre de vuestros propios intereses, os ruego que aprendáis a distinguir los que
trabajan por vuestra salud de los que meditan vuestra ruina; no os expongáis a que los hombres
de bien os abandonen al consejo de los ambiciosos; la firmeza de las almas virtuosas no llega
hasta el extremo de sufrir que los malvados sean puestos a nivel con ellas; y desgraciado el pueblo
donde se forma impunemente tan escandaloso paralelo”.
Palabras eternas las del Gran Capitán. Hoy, como entonces, nuestra amada Patria vive horas
de transformación y de prueba. Asiste, además, a una verdadera lucha de generaciones, de la que
debe resultar un porvenir que, Dios quiera, sea luminoso y feliz.
El mundo ha de estructurarse sobre nuevas formas, con nuevo contenido político, económico
y social. Grave es la responsabilidad de los maestros del presente. Incierto, el futuro de esta
juventud, que ha de hacerse cargo de ese porvenir, como conductores de un pueblo en marcha,
que tiene riqueza, pujanza y una tradición de gloria que defender.
He asistido en Europa a la crisis más extraordinaria que haya presenciado la humanidad desde
1939 a 1941. En ella he podido apreciar en los hechos cuanto os diré seguidamente. Por eso, antes
que una meditación académica del tema, he preferido hacer una exposición realista del problema
de la Defensa Nacional moderna, en su amplio contenido, sus causas y sus consecuencias.
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10 de junio de 1944
14
El tema que me ha sido propuesto, Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista
militar, lo considero muy conveniente para esta disertación, porque me permitirá analizar el
cuadro de conjunto del problema de la Defensa Nacional, dejando para más tarde el estudio detallado
de sus aspectos parciales.
Las dos palabras “Defensa Nacional” pueden hacer pensar a algunos espíritus que se trata de
un problema cuyo planteo y solución interesan e incumben únicamente a las Fuerzas Armadas
de una Nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes,
todas las energías, todas las riquezas, todas las industrias y producciones más diversas, todos los
medios de transporte y vías de comunicación, etcétera, siendo las Fuerzas Armadas únicamente,
como luego lo veremos en el curso de mi exposición, el instrumento de lucha de ese gran conjunto
que constituye “la Nación en armas”.
Han existido en el mundo pensadores que sin temor califico de utopistas, que en todos los
tiempos y países han expresado que la guerra podía ser evitada. Mas, siempre, a corto plazo, una
nueva conflagración ha venido a imponer el diseño más rotundo a esta teoría.
El ejemplo más reciente y también más palpable de este fracaso lo constituye la fenecida Liga
de las Naciones, en cuya acción tantas esperanzas de paz ininterrumpida se cifraron y que se reveló
impotente para evitar que el Japón y China se encuentren luchando desde hace una década
aproximadamente, que Italia conquistase Etiopía, que Paraguay y Bolivia se ensangrentaran en
la selva chaqueña y que, finalmente, el mundo todo se encendiera en la actual conflagración que
golpea hasta nuestras puertas.
Los estadistas que actualmente dirigen la guerra de los principales países en lucha, ya sea bajo
el signo del “Nuevo Orden” o bajo la bandera de las “Naciones Unidas”, muestran a los ojos ansiosos
una felicidad futura basada en una ininterrumpida paz y cordialidad entre las naciones y
la promesa de una verdadera justicia social entre los Estados.
Este espejismo no puede ser más que una esperanza para pueblos que, agotados en una larga
y cruenta lucha, buscan en una esperanza de futura felicidad el aliciente necesario para realizar el
último esfuerzo, en procura de un triunfo que asegure la existencia de sus respectivas naciones.
En efecto, alguien tendría que demostrar inobjetablemente que Estados Unidos de
Norteamérica, Inglaterra, Rusia y China, en el caso de que las Naciones Unidas ganen la guerra
—y lo mismo que Alemania y Japón, en el caso inverso— no tendrán jamás en el futuro intereses
encontrados que los lleven a iniciar un nuevo conflicto entre sí; y aunque los vencedores
no pretenderán establecer en el mundo un imperialismo odioso que obligue a la rebelión de los
oprimidos, para recién creer que la palabra guerra queda definitivamente descartada de todos los
léxicos.
Pero los humanos de barro fuimos amasados; y siendo la célula constituyente de las naciones,
no podremos hallar jamás una solución ideal de los complejos problemas de todo orden (sociales,
económicos, financieros, políticos, etcétera) que asegure una ininterrumpida paz universal.
La Europa, el continente superpoblado por excelencia, es donde estos problemas sufren su
más aguda crisis, constituyendo así un volcán con incontenible energía interna que periódicamente
entra en erupción, sacudiendo al mundo entero.
El continente americano, sin experimentar la agudización de estos mismos problemas, ha
encontrado muchas veces, en el arbitraje, la solución de las cuestiones territoriales derivadas de
límites mal definidos. Pero muchas veces también se ha encendido en luchas fratricidas o se han
visto sus naciones arrastradas a conflictos extracontinentales, cuya solución, muchas veces, no
les interesaba mayormente.
Algún oyente prevenido podrá pensar que esta aseveración mía de que la guerra es un fenómeno
social inevitable es consecuencia de mi formación profesional, porque algunos piensan
que los militares deseamos la guerra para tener en ella oportunidad de lucir nuestras habilidades.
La realidad es bien distinta. Los militares estudiamos tan a fondo el arte de la guerra, no sólo

Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar
1944
en lo que a la táctica, estrategia y empleo de sus materiales se refiere, sino también como fenómeno
social. Y comprendiendo el terrible flagelo que representa para una nación, sabemos que
debe ser en lo posible evitada y sólo recurrir a ella en casos extremos.
Eso sí, cumplimos con nuestra obligación fundamental de estar preparados para realizarla y
dispuestos a los mayores sacrificios en los campos de batalla, al frente de la juventud armada, que
la Patria nos confía para defensa de su patrimonio, sus libertades, sus ideales o su honor. Si se
quiere la paz, el mejor medio de conservarla es prepararse para la guerra.
El aforismo Si vis pacem, para bellum, se encuentra lo suficientemente demostrado por multitud
de ejemplos históricos, para permitir siquiera ser puesto en discusión.
No tenemos más que volver los ojos a la iniciación de la actual contienda para ver cómo
Francia, la vencedora de la guerra 1914-18 y la primera potencia militar del mundo desde esa
época hasta que Alemania inicia, en el año 1934, aproximadamente, sus intensos preparativos
militares, más o menos encubiertos, en pocos días es deshecha y eliminada definitivamente de la
contienda.
Es evidente que la profunda desorganización interna de Francia la llevó a descuidar su preparación
para la guerra, a pesar de ver claramente el peligro que la amenazaba, lo cual fue hábilmente
aprovechado por Alemania, que caro le hace pagar su error.
Alguien podrá decir que Inglaterra tampoco se encontraba preparada para la guerra y que, en
los actuales momentos, parece tener a su favor las mejores perspectivas de éxito. Quienes dicen
esto olvidan que en el Canal de la Mancha, que felizmente para ella la separa del Continente,
reinó siempre incontrastablemente su aguerrida flota, impidiendo el desembarque del ejército
alemán; que la reducida preparación de su ejército le costó el desastre de Dunkerque; y, finalmente,
que su reducida aviación no pudo impedir las incursiones de la alemana, de las que las
ruinas de Coventry son una muestra.
Las naciones del mundo pueden ser separadas en dos categorías: las satisfechas y las insatisfechas.
Las primeras todo lo poseen y nada necesitan y sus pueblos tienen la felicidad asegurada
en mayor o menor grado. A las segundas, algo les falta para satisfacer sus necesidades: mercados
donde colocar sus productos, materias primas que elaborar, sustancias alimenticias en cantidad
suficiente, un índice político que jugar en relación con su potencialidad, etcétera.
Las naciones satisfechas son fundamentalmente pacifistas y no desean exponer a los azares de
una guerra la felicidad de que gozan.
Las insatisfechas, si la política no les procura lo que necesitan o ambicionan, no temerán
recurrir a la guerra para lograrlo.
Las primeras, aferradas a la idea de una paz inalterable, porque mucho la desean, generalmente
descuidan su preparación para la guerra, y no gastan lo que es menester para conservar la
felicidad de su pueblo.
Las segundas, sabiendo que una guerra es probable, por cuanto si no tienen pacíficamente
lo que desean, recurrirán a ella, ahorran miseria de la miseria y se preparan acabadamente para
sostenerla; y en un momento determinado, pueden superar a las naciones más ricas y poderosas.
Tenemos así las naciones pacifistas y las naciones agresoras.
Nuestro país, es evidente, se encuentra entre las primeras. Nuestro pueblo puede gozar relativamente,
de una gran felicidad presente: pero, por desgracia, no podemos escudriñar el fondo
del pensamiento de las demás naciones para saber en el momento oportuno si alguien pretende
arrebatárnosla.
La preparación de la Defensa Nacional es obra de aliento y que requiere un constante esfuerzo
realizado durante largos años. La guerra es un problema tan variado y complejo que dejar
todo librado a la improvisación en el momento en que ella se presente significaría seguir esa
política suicida que tanto criticamos.
No olvidemos que si nos vemos obligados a ir a una guerra y, lo que es más grave, la perdemos,
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10 de junio de 1944
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necesariamente nos convertiremos en lo contrario de nación pacifista, asumiendo el papel de un
país que busca reivindicaciones en pro de la recuperación del patrimonio de la nación o del honor
mancillado.
La guerra, desde la antigüedad, ha evolucionado constantemente, pasando de la familia a la
tribu; de ésta a los ejércitos de profesionales y mercenarios; a la leva en masa que nos muestra la
Revolución Francesa y Napoleón más tarde. Y por último, a la lucha total de pueblos contra pueblos,
que vimos en la contienda de 1914-18 y que en la actual ha alcanzado su máxima expresión.
El concepto de la “Nación en armas o guerra total” emitido por el mariscal Von der Goitz en
1883 es, en cierto modo, la teoría más moderna de la Defensa Nacional, por la cual las naciones
buscan encauzar en la paz y utilizar en la guerra hasta la última fuerza viva del Estado, para conseguir
su objetivo político.
Hoy, los pueblos disponen de su destino. Ellos labran su propia fortuna o su ruina. Es natural
que ellos, en conjunto, defiendan lo que cada uno por igual ama y le interesa defender de la Patria
y su patrimonio.
En la época de los ejércitos profesionales y mercenarios, los pueblos no participaban en las
contiendas sino a través de las fuertes contribuciones para solventarlas o las devastaciones que
dejaban tras de sí los ejércitos en lucha. Una gran masa de la población no la sufría y a veces hasta
la ignoraba.
Las guerras de la Revolución Francesa, y más tarde las de Napoleón, afectaron ya al pueblo
francés por la contribución en material humano que le impusieron.
Es recién la Guerra Mundial de 1914-18 la que muestra a las naciones participantes empeñadas
en el esfuerzo máximo para conseguir la victoria. La guerra se juega en los campos de batalla,
en los mares, en el aire, en el campo político, económico, financiero, industrial, y se especula
hasta con el hambre de las naciones enemigas.
Ya no bastan generales y almirantes geniales con ejércitos y flotas eficientes para conquistar
la victoria. A su lado, los representantes de todas las energías de la Nación tienen un rol importantísimo
que jugar en la dirección de la guerra; y muchas veces son ellos los que orientan la conducción
de las operaciones de las Fuerzas Armadas. Pero aún en los años 1914-18, detrás de los
ejércitos en lucha, las poblaciones entregadas a un constante esfuerzo para mantener la potencia
combativa de las Fuerzas Armadas vivían en una relativa tranquilidad y bienestar.
La moral de la nación se mantenía sobre la base de los éxitos obtenidos en los campos de
batalla, hábilmente explotados por una inteligente propaganda.
La actual contienda, con el considerable progreso técnico de la aviación, nos muestra la expresión
más acabada del concepto de la “Nación en armas”.
Los pueblos de las naciones en lucha no se encuentran ya a cubierto contra las actividades bélicas,
dado que poderosas formaciones aéreas siembran la destrucción y la muerte en poblaciones
más o menos indefensas, buscando minar su moral y destruir las fuentes del potencial de guerra
de la nación enemiga. El panfleto toma un lugar importante al lado de las tremendas bombas
incendiarias y explosivas en la carga de los poderosos aviones de bombardeo.
Un país en lucha puede representarse por un arco con su correspondiente flecha, tendido al
límite máximo que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madero, y apuntando
hacia un solo objetivo: ganar la guerra.
Sus Fuerzas Armadas están representadas por la piedra o el metal que constituye la punta de
la flecha; pero el resto de ésta, la cuerda y el arco, son la nación toda, hasta la mínima expresión
de su energía y poderío.
En consecuencia, no es suficiente que los integrantes de las Fuerzas Armadas nos esforcemos
en preparar el instrumento de lucha, en estudiar y comprender la guerra, deduciendo las enseñanzas
de las diferentes contiendas que han asolado al mundo. Es también necesario que todas
las inteligencias de la Nación, cada uno en el aspecto que interesa a sus actividades, se esfuerce

Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar
1944
también en conocerla, estudiarla y comprenderla como única forma de llegar a esa solución integral
del problema que puede presentársenos; y tendremos que resolver, si un día el destino decide
que la guerra haga sonar su clarín en las márgenes del Plata.
En consecuencia, la decisión del Consejo Superior de la Universidad de la Plata, a que antes
me he referido, constituye, sin duda, un valioso escalón hacia esa meta que debemos alcanzar.
La organización de la Defensa Nacional de un país es una vasta y lejana tarea de años y años,
por medio de la cual se han de ejecutar una serie de medidas preparatorias durante la paz, para
crearle a sus Fuerzas Armadas las mejores condiciones para conquistar el éxito en una contienda
que pueda presentársele. Se formularán una serie de previsiones a fin de que la Nación pueda
adquirir y mantener ese ritmo de producción y sacrificio que nos impone la guerra, al mismo
tiempo que se preverá el mejor empleo a dar a sus Fuerzas Armadas. Y, finalmente, otra serie de
previsiones, una vez terminada la guerra: desmontar la maquinaria bélica en que el país se ha
convertido y adquirir de nuevo su vida normal de paz, con el mínimo de inconvenientes, convulsiones
y trastornos.
Dada la brevedad a que me obliga esta exposición, tendré que limitarme a analizar sucintamente
sus aspectos principales; y para evitar la aridez de tratar este asunto en forma absolutamente
teórica, me referiré a las enseñanzas que nos deja la historia militar y su aplicación a los
problemas particulares de nuestro país en lo que me sea posible.
Cualquier país del mundo, sea grande o pequeño, débil o poderoso, con un grado elevado o
reducido de civilización, posee un objetivo político determinado.
El objetivo político es la necesidad o ambición de un bien, que un Estado tiende a mantener
o conquistar para su perfeccionamiento o engrandecimiento.
El objetivo político puede ser de cualquier orden: reivindicación o expansión territorial, hegemonía,
política o económica, adquisición de mercados u otras ventajas comerciales, imposiciones
sociales o espirituales, etcétera.
Se ha dado en clasificarlos como negativos o positivos, según se trate de mantener lo existente;
o bien, conquistar algo nuevo, ya sea en el plano continental o mundial, según las proyecciones
del mismo.
Los objetivos políticos de las naciones son una consecuencia directa de la sensibilidad de los
pueblos. Y debemos recordar que éstos tienen ese instinto seguro que en la solución de los grandes
problemas los orienta siempre hacia lo que más les conviene.
Los estadistas o gobernantes únicamente los interpretan y los concretan en forma más o menos
explícita y ajustada.
La verdadera sabiduría de los pueblos y el buen juicio de sus gobernantes consiste precisamente
en no proponerse un objetivo político desorbitado, que no guarde relación con la potencialidad de
la Nación, lo cual, en caso contrario, la obligaría a enfrentarse con un enemigo tan poderoso, que
no sólo tendría que renunciar a sus aspiraciones, sino perder parte de su patrimonio.
También es verdad que a las naciones les llegan, en su historia, horas cruciales, en las que, para
defender su patrimonio o su honor, deben sostener una lucha sin esperanzas de triunfo; porque,
como nos lo enseñaron nuestros padres de la Independencia, “más vale morir que vivir esclavos”.
Nuestro país, como pocos otros del mundo, puede formular ideales políticos confesables y
dignos.
Nunca nuestros gobernantes sostuvieron principios de reivindicación o conquista territorial.
No pretenderemos ejercer una hegemonía política, económica o espiritual en nuestro continente.
Sólo aspiramos a nuestro natural engrandecimiento mediante la explotación de nuestras riquezas
y a colocar el excedente de nuestra producción en los diversos mercados mundiales para
que podamos adquirir lo que necesitamos.
Deseamos vivir en paz con todas las naciones de buena voluntad del globo. Y el progreso de
nuestros hermanos de América sólo nos produce satisfacción y orgullo.
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10 de junio de 1944
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Queremos ser el pueblo más feliz de la tierra, ya que la naturaleza se ha mostrado tan pródiga
con nosotros.
La diplomacia debe actuar en forma similar a la conducción de una guerra. Como ella, posee
sus fuerzas, sus armas, y debe librar las batallas que sean necesarias para conquistar las finalidades
que la política le ha fijado.
Si la política logra que la diplomacia obtenga el objetivo trazado, su tarea se reduce a ello y
termina allí en lo que a ese objetivo se refiere.
Si la diplomacia no puede lograr el objetivo político fijado, entonces es encargada de preparar
las mejores condiciones para obtenerlo por la fuerza, siempre que la situación haga ver como
necesario el empleo de este medio extremo.
El período político que precedió a la actual contienda constituye un excelente trabajo que nos
aclarará estos conceptos.
Desde el advenimiento del Partido Nacional-Socialista al poder, en el año 1933, el gobierno
alemán dio muestras de su intención de conseguir, por todos los miedos, el resurgimiento de la
Alemania imperial de 1914 y aun sobrepasarla, desestimando como fuera de lugar los puntos que
aún subsistían en carácter de obligaciones del Tratado de Versalles.
Fue su diplomacia, la que sin contar en su respaldo con una suficiente potencia militar le permitió,
en 1935, implantar el servicio militar obligatorio, ocupar militarmente la Renania y, finalmente,
concertar con Inglaterra el pacto naval que le permitía montar un tonelaje para su marina de guerra
equivalente al 35% del inglés, con lo cual sobrepasaba a la flota francesa. La reacción francesa, que
en esa época podía ser decisiva, fue perfectamente neutralizada por la diplomacia alemana.
Luego, ya respaldada sin duda por la fuerza considerable que el Tercer Reich había logrado
montar, se produce, en marzo de 1938, la anexión lisa y llana de Austria. A fines de septiembre
de ese mismo año, el Tratado de Münich le entrega el territorio de los Sudetes perteneciente a
Checoeslovaquia hasta terminar con la total desaparición de este país el 15 de marzo de 1939. Y
siete días más tarde, el 22 de marzo, el jefe del Gabinete lituano, el ministro Urbsys, entrega las
llaves de Memel en Berlín mismo.
Casi de inmediato, la diplomacia alemana empieza a agitar la cuestión de Polonia. La resistencia
de ésta, apoyada por Francia e Inglaterra, no puede ser vencida; y entonces le corresponde crear
las mejores condiciones para el empleo de sus Fuerzas Armadas en el logro de su objetivo político.
Polonia parece estar también apoyada por Rusia; y en Moscú se encuentran delegaciones de
Francia e Inglaterra tratando, sin duda, el problema político europeo, cuando el mundo entero
es sorprendido por el pacto de no agresión ruso-alemán del 23 de agosto de 1939.
La conducción política y la diplomacia, con habilidad y astucia, han facilitado grandemente
la tarea a la conducción militar. Una semana después, ésta entra a actuar en condiciones óptimas.
En los litigios entre naciones, sin tener un tribunal superior e imparcial a quien recurrir y
sobre todo que esté provisto de la fuerza necesaria para hacer respetar sus decisiones, la acción
de la diplomacia será tanto más segura y amplia cuanto mayor sea el argumento de fuerza que en
última instancia pueda esgrimir.
Así, nuestra diplomacia, que tiene ante sí una constante tarea que realizar, estrechando cada
vez más las relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales y espirituales con los demás
países del mundo, en particular con los continentales, y, dentro de éstos, con nuestros vecinos,
cuenta como argumento para esgrimir, además de la hidalguía y munificencia ya tradicionales de
nuestro espíritu, con el poder de sus Fuerzas Armadas, que deben ser aumentadas en concordancia
con su importancia, para asegurarle el respeto y la consideración que merece en el concierto
mundial y continental de las naciones.
Durante la guerra, las actividades de la política exterior y de la diplomacia no decrecen. Por
el contrario, tal cual lo vemos en la actual contienda, redoblan sus esfuerzos para continuar
creando las mejores condiciones de lucha a las Fuerzas Armadas.

Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar
1944
No tenemos sino que ver cómo se neutraliza a países neutrales dudosos. Los esfuerzos que se
realizan para enrolar en la contienda a los simpatizantes o que observan una neutralidad benévola.
La forma en que se desprestigia al adversario y se anula su propaganda en el exterior. Las
simpatías que es necesario despertar en los mercados productores de armamentos y materias
primas. La utilización de la prensa y partidos políticos de países aliados y neutrales para hacer
simpática la guerra al país. La explotación de las divisiones y reyertas dentro del bloque de países
enemigos para provocar su desmembramiento, etcétera. Y comprenderemos fácilmente que
todo intelecto y capacidad política debe ser movilizado para servir a la Defensa Nacional.
Finalmente, una vez terminada la guerra, ya sea exitosamente o derrotada, la política debe
continuar librando la parte más difícil de su batalla para obtener, en la liquidación de la contienda,
que los objetivos políticos porque se luchó sean ampliamente alcanzados, o reducir a un
mínimo aceptable el precio de la derrota, respectivamente.
Este aspecto de la política cobra mayor importancia en la guerra de coaliciones, en la que
tantos intereses chocan en la mesa de la paz, o para evitar la intervención de neutrales poderosos,
que, sin haber intervenido en la contienda, quieren también participar del despojo del vencido.
Bastaría analizar la profundidad y vastedad de cada uno de estos aspectos para comprobar
que los conocimientos y aptitudes especiales que su solución requiera no pueden desarrollarse
recién cuando la guerra llegue, sino que es necesario un estudio de preparación constante de las
mentalidades políticas durante el tiempo de paz.
Las naciones tienen la obligación de preparar la máxima potencialidad militar que su población
y riqueza le permitan, para poder presentarla en los campos de batalla, si la guerra ha
llamado a sus puertas.
Los pueblos que han descuidado la preparación de sus Fuerzas Armadas han pagado siempre
caro su error, desapareciendo de la historia o cayendo en la más abyecta servidumbre.
De ellos la historia sólo se ocupa para recordar su excesivo mercantilismo; o los arqueólogos,
para explorar sus ruinas, descubriendo bellas muestras de una grandiosa civilización pretérita
que no supo cultivar las aptitudes guerreras de sus pueblos.
La preparación de las Fuerzas Armadas para la guerra no es tarea fácil ni puede improvisarse
en los momentos de peligro.
La formación de reservas instruidas, sobre todo hoy, en que los medios de lucha han experimentado
tantos progresos y complicaciones técnicas, requiere un trabajo largo y metódico para
que éstas adquieran la madurez y el temple que exige la guerra.
El arte militar sufre tantas variaciones que los cuadros permanentes del ejército deben entregarse
a un constante trabajo y estudio que, cuando la guerra se avecina, no hay tiempo de asimilar.
El militar, junto a su ciencia, debe reunir condiciones de espíritu y de carácter de conducción
para llevar a su tropa a los mayores sacrificios y proezas; y eso no se improvisa, sino que se logra
con el ejercicio constante del arte de mandar.
Las armas, municiones y otros medios de lucha no se pueden adquirir ni fabricar en el momento
en que el peligro nos apremia, ya que no se encuentran disponibles en los mercados productores,
sino que es necesario encarar fabricaciones que exigen largo tiempo. En los arsenales
y depósitos, es necesario disponer de todo lo que exigirán las primeras operaciones y prever su
aumento y reposición.
Las previsiones para el empleo de las Fuerzas Armadas de la Nación implican una larga y
constante tarea, que requiere cierto número de jefes y oficiales y estudios especializados, que se
inician en las Escuelas Superiores de Guerra y continúan después, ininterrumpidamente, en una
vida de constante perfeccionamiento profesional.
El conjunto de estas previsiones contenidas en el plan militar, que coordina los planes de
operaciones del Ejército, la Marina y la Aviación, se realiza sobre estudios básicos que exigen
conocimientos profesionales y generales muy profundos.
19

10 de junio de 1944
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En dicho plan se resuelve la movilización total del país, la forma en que serán protegidas las
fronteras, la concentración de las fuerzas en las probables zonas de operaciones, el posible desarrollo
de las operaciones iniciales, el desarrollo del abastecimiento de las Fuerzas Armadas de
toda suerte de elementos, el desenvolvimiento general de los medios de transportes y de comunicación
del país, la defensa terrestre y antiaérea del interior, etcétera.
Como podéis apreciar, esta obra, realizada en forma completa y detallada, absorbe la labor
constante de los organismos directivos de las Fuerzas Armadas de las naciones, y de la exactitud
de las mismas depende en gran parte que la lucha pueda iniciarse y continuar luego en las mejores
condiciones posibles.
Si la guerra llega, será la habilidad y el carácter del comandante en jefe y las virtudes guerreras
de sus fuerzas las que tratarán de inclinar el azar de la contienda a su favor; y no me refiero a la
ayuda de Dios, porque ambos contendientes la implorarán con igual fervor.
Las Fuerzas Armadas de nuestra Patria realizan, en este sentido, una labor silenciosa y constante,
que se inicia en los cuarteles de las unidades de tropa, buques de la Armada y bases aéreas,
preparando dentro de sus posibilidades el mejor instrumento de lucha. Y se continúa luego en
sus institutos de estudios superiores para terminar en la labor directiva de sus estados mayores.
No creo equivocarme si expreso que durante mucho tiempo sólo han sido las instituciones
armadas las que han experimentado las inquietudes que se derivan de la Defensa Nacional de
nuestra Patria, y han tratado de solucionarlas, creando el mejor instrumento de lucha que han
podido.
Pero es indispensable, si no queremos vernos abocados a un posible desastre, que todo el
resto de la Nación, sin excepción de ninguna especie, se prepare y juegue el rol que, en este sentido,
a cada uno le corresponde.
La política interna tiene gran importancia en la preparación del país para la guerra.
Su misión es clara y sencilla, pero difícil de lograr. Debe procurar a las Fuerzas Armadas el
máximo posible de hombres sanos y fuertes, de elevada moral y con un gran espíritu de Patria.
Con esta levadura, las Fuerzas Armadas podrán reafirmar estas virtudes y desarrollar fácilmente
un elevado espíritu guerrero de sacrificio.
Además, es necesario que las calidades antes citadas sean desarrolladas en toda la población
sin excepción, dado que es dentro del país donde las Fuerzas Armadas encuentran su fuerza
moral, la voluntad de vencer y la reposición del personal, material y elementos desgastados o
perdidos.
Los países actualmente en lucha nos muestran todos los esfuerzos que se realizan para mantener
en el pueblo, aun en los momentos de mayores sacrificios y penurias, la voluntad inquebrantable
de vencer, al mismo tiempo que se desarrollan todas las actividades imaginables para minar
la moral del adversario, naciendo así un nuevo medio de lucha, “la guerra de nervios”.
Si en cuestiones de forma de gobierno, problemas económicos, sociales, financieros, industriales,
de producción y de trabajo, etcétera, cabe toda suerte de opiniones e intereses dentro de
un Estado, en el objetivo político derivado del sentir de la nacionalidad de ese pueblo, por ser
única e indivisible, no caben opiniones divergentes. Por el contrario, esa mística común sirve
como un aglutinante más para cimentar la unidad nacional de un pueblo determinado.
Ante el peligro de la guerra, es necesario establecer una perfecta tregua en todos los problemas
y luchas interiores, sean políticos, económicos, sociales o de cualquier otro orden, para
perseguir únicamente el objetivo que encierra la salvación de la Patria: ganar la guerra.
Todos hemos visto como los pueblos que se han exacerbado en sus luchas intestinas llevando
su ceguedad hasta el extremo de declarar enemigos a sus hermanos de sangre, y llamar en su
auxilio a los regímenes o ideologías extranjeras, o se han deshecho en luchas encarnizadas o han
caído en el más abyecto vasallaje.
Cuando el peligro de guerra se hace presente, y durante el desarrollo de la misma, la acción

Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar
1944
de la política interna de los Estados debe aumentar notablemente sus actividades, porque son
muy importantes las tareas que le toca realizar. Es necesario dar popularidad a la contienda que
se avecina, venciendo las últimas resistencias y prejuicios de los espíritus prevenidos. Se debe
establecer una verdadera solidaridad social, política y económica. La moral y el espíritu de lucha
de la Nación toda debe ser elevada a un grado tal que ningún desastre ni sacrificio la pueda
abatir. Desarrollar en la población un severo sentido de disciplina y responsabilidad individual
para contribuir en cualquier forma a ganar la guerra. Es necesario organizar una fuerte máquina,
capaz de desarrollar un adecuado plan de propaganda, contrapropaganda y censura, que ponga
a cubierto al frente interior contra los ataques que el enemigo le llevará constantemente. Debe
aprestarse a la población civil para que establezca por sí misma la defensa antiaérea pasiva en
todo el territorio de la Nación como único medio de limitar los daños y destrucciones de los
bombarderos enemigos, etcétera.
Terminada la guerra, todavía tiene la política interna una ímproba tarea que realizar, especialmente
si la misma ha sido perdida.
En este momento, parece como si las naciones íntegras que han vivido varios años con sus
nervios sometidos a una constante tensión desataran de pronto todos sus instintos y bajas pasiones,
creando problemas y situaciones que amenazan hasta la constitución misma de los estados.
Rusia y Alemania, a la terminación de la guerra de 1914-18, constituyen la suficiente demostración
de esta afirmación.
Esta obra política interna debe ser realizada desde la paz en todos los ámbitos. Para lograrla,
la inician los padres en los hogares; la siguen los maestros y profesores en las aulas; las Fuerzas
Armadas en buques y cuarteles; los gobernantes y legisladores mediante su obra de gobierno; los
intelectuales y pensadores en sus publicaciones; el cine, el teatro y la radio con su obra educadora
y publicitaria. Y, finalmente, cada hombre en la formación de su autoeducación.
Referido este problema a nuestro caso particular, llegaremos fácilmente a la comprobación
de que requiere un estudio y dedicación muy especiales.
En nuestra lucha por la independencia y en las guerras exteriores que hemos sostenido, sin
asumir el carácter de “Nación en armas” que hemos definido, podemos observar grietas lamentables
en el frente interno, que nos obligan a ser precavidos y previsores.
Posteriormente, hemos ofrecido al mundo un litoral abierto a todos los individuos, razas,
ideologías, culturas, idiomas y religiones. Indudablemente, la Nación se ha engrandecido, pero
existe el problema del cosmopolitismo, con el agravante de que se mantienen, dentro de la
Nación, núcleos poco o nada asimilados.
Todos los años, un elevado porcentaje de ciudadanos, al presentarse a cumplir con su obligación
de aprender a defender su Patria, deben ser rechazados por no reunir las condiciones físicas
indispensables, la mayoría de los casos originados en una niñez con falta de abrigo y alimentación
suficiente. Y en los textos de geografía del mundo entero se lee que somos el país de la carne
y del trigo, de la lana y del cuero.
Es indudable que una gran obra social debe ser realizada en el país. Tenemos una excelente
materia prima; pero para bien moldearla, es indispensable el esfuerzo común de todos los argentinos,
desde los que ocupan las más altas magistraturas del país hasta el más modesto ciudadano.
La Defensa Nacional es así un argumento más que debe incitarnos para asegurar la felicidad
de nuestro pueblo.
Ya la guerra de 1914-18 nos mostró, y en un mayor grado aún la actual, la importancia fundamental
que para el desarrollo de la guerra asume la movilización y el máximo aprovechamiento
de las industrias del país.
Conocido es el rol que asumió Estados Unidos de Norteamérica en la anterior contienda y en
la actual, en que mediante la contribución de su poderío industrial se convierte en el arsenal de
las naciones aliadas, en el máximo esfuerzo por inclinar a su favor la suerte de la guerra.
21

10 de junio de 1944
22
Todas las naciones en contienda movilizan la totalidad de sus industrias y las impulsan con
máximo rendimiento hacia un esfuerzo común para abastecer a las Fuerzas Armadas.
Es evidente que la transformación debe ser cuidadosamente preparada desde el tiempo de
paz, solucionando problemas tales como el reemplazo de la mano de obra, la obtención de la
materia prima, la transformación de las usinas y fábricas, el traslado y la diseminación de las industrias
como consecuencia del peligro aéreo, el reemplazo y reposición de lo destruido, etcétera.
Durante la guerra, es necesario poner en marcha este grandioso mecanismo; regular su producción
de acuerdo con las demandas específicas de las Fuerzas Armadas; asegurar los abastecimientos
necesarios a la población civil; adquirir la producción de materias primas y productos
industriales necesarios en los países extranjeros anticipándose y neutralizando las adquisiciones
de los enemigos; orientar la acción de destrucción de las industrias enemigas, señalando objetivos
a la aviación y al sabotaje, etcétera.
Al terminar la contienda, las autoridades encargadas de dirigir la producción industrial tienen
ante sí un problema más arduo aún, cual es la desmovilización general de las industrias, con
los problemas políticos sociales derivados; asegurar la colocación de los saldos aún en curso de
fabricación; transformar, en el más breve plazo posible, las industrias de guerra en productos de
paz, para llegar cuanto antes a la reconquista de los mercados en los cuales se actuaba antes de
empezar la contienda, etcétera. Todo lo cual exige una dirección enérgica y genial, y la contribución
de buena voluntad y esfuerzos comunes de industriales y masas obreras.
Referido el problema industrial al caso particular de nuestro país, podemos expresar que él
constituye el punto crítico de nuestra Defensa Nacional.
La causa de esta crisis hay que buscarla lejos para poder solucionarla.
Durante mucho tiempo nuestra producción y riqueza ha sido de carácter casi exclusivamente
agropecuaria. A ello se debe en gran parte que nuestro crecimiento inmigratorio no haya sido
todo lo considerable que era de esperar, dado el elevado rendimiento de esta clase de producción,
con relación a la mano de obra necesaria. Saturados los mercados mundiales, se limitó automáticamente
la producción y, por añadidura, la entrada al país de la mano de obra que ella necesitaba.
El capital argentino, invertido así en forma segura pero poco brillante, se mostraba reacio a
buscar colocación en las actividades industriales, consideradas durante mucho tiempo como una
aventura descabellada, y, aunque parezca risible, no propia de buen señorío.
El capital extranjero se dedicó especialmente a las actividades comerciales, donde todo lucro,
por rápido y descomedido que fuese, era siempre permitido y lícito. O buscó seguridad en el establecimiento
de servicios públicos o industrias madres, muchas veces con una ganancia mínima,
respaldada por el Estado.
La economía del país reposaba casi exclusivamente en los productos de la tierra, pero en su
estado más incipiente de elaboración, que luego, transformados en el extranjero con evidentes
beneficios para su economía, adquiríamos de nuevo ya manufacturados.
El capital extranjero demostró poco interés en establecerse en el país para elaborar nuestras
riquezas naturales, lo que significaría beneficiar nuestra economía y desarrollar en perjuicio de
los suyos y entrar en competencia con los productos que se seguirían allí elaborando.
Esta acción recuperadora debió ser emprendida, evidentemente, por los capitales argentinos;
o por lo menos que el Estado los estimulase, precediéndolos y mostrándoles el camino a seguir.
Felizmente la Guerra Mundial 1914-18, con la carencia de productos manufacturados extranjeros,
impulsó a los capitales más osados a lanzarse a la aventura y se estableció una gran
diversidad de industrias, demostrando nuestras reales posibilidades.
Terminada la contienda, muchas de estas industrias desaparecieron. Por artificiales unas y
por falta de ayuda oficial otras, que debieron mantenerse. Pero muchas sufrieron airosamente la
prueba de fuego de la competencia extranjera dentro y fuera del país.
Pero esta transformación industrial se realizó por sí sola, por la iniciativa privada de algunos

Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar
1944
pioneros que debieron vencer innumerables dificultades. El Estado no supo poseer esa evidencia
que debió guiarlos y tutelarlos, orientando y protegiendo su colocación en los mercados nacionales
y extranjeros, con lo cual la economía nacional se hubiera beneficiado considerablemente.
Para corroborarlo no me referiré más que a un aspecto. Hemos gastado en el extranjero
grandes sumas de dinero en la adquisición de material de guerra. Lo hemos pagado siete veces su
valor, porque siete es el coeficiente de seguridad de la industria bélica; y todo ese dinero ha salido
del país sin beneficio para su economía, sus industrias o la masa obrera que pudo alimentar.
Una política inteligente nos hubiera permitido montar las fábricas para hacerlos en el país, las
que tendríamos en el presente, lo mismo que una considerable experiencia industrial; y las sumas
invertidas habrían pasado de unas manos a otras: argentinas todas.
Lo que digo del material de guerra se puede hacer extensivo a las maquinarias agrícolas, al
material de transporte, terrestre, fluvial y marítimo, y a cualquier otro orden de actividad.
Los técnicos argentinos se han mostrado tan capaces como los extranjeros. Y si alguien cree
que no lo son, traigamos a éstos, que pronto asimilaremos todo lo que puedan enseñarnos.
El obrero argentino, cuando se le ha dado oportunidad para aprender, se ha revelado tanto o
más capaz que el extranjero.
Maquinarias, si no las poseemos en cantidad ni calidad suficientes, pueden fabricarse o adquirirse
tantas como sean necesarias.
A las materias primas nos las ofrecen las entrañas de nuestra tierra, que sólo esperan que las
extraigamos.
Si no lo tenemos todo, lo adquiriremos allí donde se encuentre, haciendo lo mismo que los
países europeos, que tampoco lo tienen todo.
La actual contienda, al hacer desaparecer casi en absoluto de nuestros mercados los productos
manufacturados extranjeros, ha vuelto a hacer florecer nuestras industrias en forma que
causa admiración hasta en los países industriales por excelencia.
La teoría que mucho tiempo sostuvimos de que si algún día un peligro amenazaba a nuestra
Patria, encontraríamos en los mercados extranjeros el material de guerra que necesitásemos para
completar la dotación inicial de nuestro Ejército y asegurar su reposición, ha quedado demostrada
como una utopía.
La Defensa Nacional exige una poderosa industria propia; y no cualquiera, sino una industria
pesada.
Para ello es indudablemente necesaria una acción oficial del Estado, que solucione los problemas
que ya he citado y proteja a nuestras industrias, si es necesario. No a las artificiales que,
con propósitos exclusivamente utilitarios, ya habrán recuperado varias veces el capital invertido,
sino a las que dedican sus actividades a esa obra estable, que contribuirá a beneficiar la economía
y asegurará la Defensa Nacional.
En este sentido, el primer paso ya ha sido dado con la creación de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, que contempla la solución de los problemas neurálgicos que afectan a
nuestras industrias.
Al mismo tiempo, es necesario orientar la formación profesional de juventud argentina. Que
los faltos de medios o de capacidad comprendan que más que medrar en una oficina pública, se
progresa en las fábricas y talleres, y se gana en dignidad muchas veces.
Que los que siguen carreras universitarias, sepan que las profesiones industriales les ofrecen
horizontes tan amplios como el derecho, la medicina o la ingeniería de construcciones.
Las escuelas industriales, de oficios y facultades de química, industrias, electrotécnicas, etcétera,
deben multiplicarse. La Defensa Nacional de nuestra Patria tiene necesidad de todas ellas.
El comercio, tanto exterior como interior de cualquier país, tiene una gran importancia desde
el punto de vista de la Defensa Nacional.
Las naciones en lucha buscan anular el comercio del adversario, no sólo para impedir la
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10 de junio de 1944
24
llegada de abastecimientos necesarios a las Fuerzas Armadas, sino a la vida de la población civil
y a su economía. El bloqueo inglés y la campaña submarina alemana son una demostración en
este sentido.
Es necesario, entonces, estudiar cuidadosamente durante la paz las condiciones particulares
en que el comercio podrá desenvolverse en tiempo de guerra para desarrollar una política comercial
adecuada.
En primer lugar, es necesario orientar desde la paz las corrientes comerciales con aquellos
países que más difícilmente podrán convertirse en contendientes en una situación bélica determinada;
ya que siendo el comercio una de las principales fuentes de la economía y de las finanzas
de la Nación, conviene mantenerlo a su mayor nivel compatible con la situación de guerra.
Luego, deben estudiarse los puertos por donde saldrán nuestros productos e ingresarán los
del extranjero. Se debe determinar cuáles son los susceptibles de sufrir ataques aéreos o navales,
los que pueden ser bloqueados con mayor facilidad, etcétera, con el objeto de saber cuáles son
los utilizables y las ampliaciones necesarias en sus instalaciones para admitir la absorción de los
movimientos comerciales de los otros.
A continuación, habrá que considerar la forma en que dichos productos atravesarán el mar,
a fin de asegurarlos contra el ataque naval del adversario. Surge, como condición óptima, la necesidad
de disponer de una numerosa flota mercante propia y de una poderosa marina que la
defienda.
Se deberá estudiar también la posibilidad de desviar el tráfico de productos a través de países
neutrales o aliados, con los cuales nos unan vías de comunicación terrestre, como forma de
burlar el bloqueo.
Análogo estudio deberá efectuarse de los puntos críticos, sobre el que reposa el comercio
enemigo, para atacarlo y poder así paralizarlo o destruirlo, sea mediante el ataque directo o por
la competencia de productos similares en los mercados adquisitivos, haciendo jugar los resortes
que la política comercial posee. Las “listas negras” constituyen un ejemplo significativo.
Lo manifestado para el comercio marítimo debe, naturalmente, ser extendido a las comunicaciones
terrestres y fluviales con los países continentales.
Es necesario, luego, extender las previsiones al desarrollo del comercio interno, asegurando
una distribución adecuada de los productos destinados a satisfacer el abastecimiento de las
Fuerzas Armadas y de la población civil, evitando la especulación y el alza desmedida de precios.
Las vías de comunicaciones terrestres (ferrocarriles y viales) y las fluviales deben ser cuidadosamente
orientadas por una sabia política que contemple no sólo las necesidades en tiempo de
paz, sino también las de guerra, en forma similar a las consideradas para el comercio marítimo.
Además, habrá de considerar las necesidades de las Fuerzas Armadas, no sólo para su abastecimiento,
sino para la movilización, concentración y realización de determinadas maniobras.
Terminada la guerra, es necesario proceder a una desmovilización del comercio del país,
orientándolo hacia su cauce normal de tiempo de paz, intentando la conquista de nuevos mercados,
etcétera, y ajustando todo a los resultados obtenidos en la contienda.
De lo acertado de estas previsiones dependerá en alto grado la rápida desaparición de las crisis
y depresiones que fatalmente se presentan en los períodos de posguerra.
El solo enunciado de los problemas comerciales a que me he referido basta para dar una idea
de la gravedad y trascendencia de los mismos y de la necesidad de disponer de verdaderas capacidades
para resolverlos.
La economía de la Nación es de importancia fundamental para el desarrollo de la guerra. Las
riquezas del país son llamadas a su máxima contribución para asegurar el éxito de la misma; y de
la calidad y cantidad de producciones existentes dependerá también en alto grado la financiación
de la guerra.
Las posibilidades del comercio exterior, las condiciones particulares de la economía de cada

Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar
1944
país y el manejo de sus finanzas requieren la más hábil conducción para evitar la ruina del mismo,
a pesar de haber ganado la guerra.
El consumo de productos en un país en guerra asume cifras fantásticas, y es necesario estimular
al máximo la producción de riquezas, a pesar de que la mano de obra, la maquinaria y los
útiles, las fuentes de energía y los medios de transporte se encuentran ya exigidos al máximo.
Es necesario, además de estudiar la utilización de las propias fuentes de riqueza, coordinarlas
con las de los países aliados y con las de las regiones que se prevea conquistar durante la
contienda.
Indudablemente, la movilización y transformación de la economía del país, con todos los
intereses que habrá que vencer, formas de explotación muchas veces antieconómicas que será
necesario establecer, la distribución adecuada de recursos, la determinación de las importaciones
indispensables y el orden de prioridad a establecer en las mismas, la organización del trabajo y la
utilización del personal, adaptándolos a determinadas actividades, la utilización de los medios de
transporte y de comunicación, etcétera, son tareas muy complejas.
Al igual que las cuestiones analizadas anteriormente, los países desde el tiempo de paz tratan
de someter las economías de los probables adversarios a ciertos vasallajes y a situaciones críticas,
preparando verdaderas minas de tiempo que harán explosión en el momento deseado.
Finalmente, terminada la guerra, es necesario, como en los demás aspectos, transformar esa
economía de guerra tan especializada en economía de paz.
La transformación, que necesariamente debe producirse en las industrias, en la vida agropecuaria
y en todos los órdenes de la producción, es de tal naturaleza que si no se han adoptado con
tiempo medidas previsoras, muy graves perturbaciones pondrán en peligro la existencia misma
de los estados.
La desocupación y el derrumbe industrial y comercial han asolado a las naciones beligerantes
después de la guerra 1914-18 y ocasionando una desmoralización general, peligrosa y contagiosa.
Conocido es el aforismo atribuido a Napoleón: “El dinero hace la guerra” y el de Von der
Goltz: “Para hacer la guerra se necesita dinero, dinero y más dinero”.
La actual contienda nos permite ver cómo las cifras de los presupuestos, que en Inglaterra y
Estados Unidos de Norteamérica se someten a la aprobación de sus Cámaras Legislativas, ascienden
a cifras verdaderamente fabulosas.
Es indudable que finanzas sanas desde la paz facilitan notablemente la conducción financiera
de la guerra. La existencia de reservas metálicas de divisas y un crédito exterior e interior sano son
otros tantos factores de éxito a considerar.
La financiación de la guerra sólo puede hacerse en base a cuidadosas previsiones formuladas
desde la paz, ajustadas a las más variadas circunstancias que puedan presentarse.
Será necesario efectuar una apreciación sobre el probable costo de la guerra, sobre la cual es
muy fácil que nos quedemos siempre cortos.
En el establecimiento de las inversiones habrá que realizar la administración más severa y
estricta.
Para hacerse de recursos habrá que extremar todas las medidas existentes, aun las coercitivas:
movilización de las reservas metálicas y divisas existentes mediante aportes voluntarios o forzosos
del crédito interno y externo, de los bienes estatales, del sistema impositivo, de la emisión del
papel moneda, etcétera, sin consideración alguna a los intereses particulares o privados.
Será también necesario realizar una guerra implacable a las finanzas de las naciones adversarias,
especialmente atacando su crédito, su moneda y su sistema impositivo.
Será también necesario estudiar la contribución económica y financiera que se impondrá a la
nación adversaria en caso de victoria y la forma de pagar la deuda de guerra en caso de una derrota.
Finalmente, habrá que prever la forma de pasar del sistema financiero de guerra al de la paz
y la financiación de la deuda contraída, que ganará, aún por largos años, las finanzas del Estado.
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10 de junio de 1944
Señores: Esto es lo que los militares entendemos por Defensa Nacional.
He pretendido expresar en el curso de mi exposición, y espero haberlo conseguido, las siguientes
cuestiones:
1. Que la guerra es un fenómeno social inevitable.
2. Que las naciones llamadas pacifistas, como es eminentemente la nuestra, si quieren la paz,
deben prepararse para la guerra.
3. Que la Defensa Nacional de la Patria es un problema integral que abarca totalmente sus
diferentes actividades; que no puede ser improvisada en el momento en que la guerra viene a llamar
a sus puertas, sino que es obra de largos años de constante y concienzuda tarea que no puede
ser encarada en forma unilateral, como es su solo enfoque por las Fuerzas Armadas, sino que
debe ser establecida mediante el trabajo armónico y entrelazado de los diversos organismos del
Gobierno, instituciones particulares y de todos los argentinos, cualquiera sea su esfera de acción;
que los problemas que abarca son tan diversificados y requieren conocimientos profesionales tan
acabados que ninguna capacidad ni intelecto puede ser ahorrado. Finalmente, que sus exigencias
sólo contribuyen al engrandecimiento de la Patria y a la felicidad de sus hijos.
Fuente: Perón, Juan D. Obras Completas, Tomo 6, Buenos Aires, Docencia, 1998, pp. 535-557, en Instituto Juan
Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
http://www.jdperon.gov.ar/material/discursos/discurso_10_jun_1944.pdf 12:04 (2010-03-19)
26

32a. reunión - continuación 23a. sesión ordinaria
Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y del señor Roberto Dri
1948
Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González
Ministro presente:
de Hacienda,
Doctor Ramón Antonio Cereijo
Diputados presentes:
Albrieu, Oscar E.
Álvarez Pereyra, Manuel
Allub, Rosendo
Astorgano, José
Atala, Luis
Ayala López Torres, Francisco
Bagnasco, Vicente
Beretta, Eduardo
Bernárdez, Manuel
Bonino, Alberto G.
Bustos Fierro, Raúl
Butterfield, Humberto
Cámpora, Héctor J.
Camus, Eloy P.
Cané, José
Carreras, Ernesto A.
Casas Noblega, Armando
Cleve, Ernesto
Colom, Eduardo
Conte Grand, José Amadeo
Cooke, John William
Cursack, Roberto Enrique
Decker, Rodolfo A.
Degreef, Juan Ramón
De la Torre, Juan
Díaz, Carlos
Díaz, Manuel
Díaz de Vivar, Joaquín
Dri, Roberto
Erro, Saturnino S.
Estrada, Ángel C.
Fernández, Hernán S.
Ferrando, Manuel P.
Filippo, Virgilio M.
Forteza, Eduardo J.
FregoSsi, Luis J.
Garaguso, Bernardino
Hipólito
Garay, Marcelino S.
García, Manuel
Giménez Vargas, Francisco
Haramboure, Horacio
Ibarguren, Prudencio
Lagraña, Héctor D.
Lareo, Ricardo
Lasciar, Guillermo F.
Lavia, Ludovico
Leloir, Alejandro H.
Lema, Manuel E.
Letamendi, Balbino (h)
Lucini, Raúl Felipe
Mariategui, Ángel S.
Marini, Ángel C.
Marotta, José
Martínez Luque, Enrique
Messina, Humberto
Miel Asquía, Ángel J.
Montes, Juan Manuel
Montes de Oca, Carlos
Montiel, Alcides E.
Moreno, José Luis
Novellino, Francisco
Osinalde, Rafael
OTtonello, Benito J.
Palacio, Ernesto
Pasquali, Juan Domingo
Pereyra, Luis Alberto
Pirani, Antonio S.
Ponce, Ángel L.
Pontieri, Silverio
Repetto, Agustín
Reynés, Leandro R.
Roche, Luis Armando
Rodríguez, Manuel
Rodríguez, Nerio M.
Rossi, José
Rouggier, Valerio
Rumbo, Eduardo
Sánchez, Pedro
San Millán, Ricardo Antonio
Saporiti, Luis
Saravia, Teodoro S.
Sarmiento, Manuel
Seeber, Carlos Manuel
Silvestre, Adolfo J. B.
Tejada, Ramón Washington
Tilli, Pedro
Tommasi, Victorio M.
Valdez, Celestino
Varea, Federico
Velloso Colombres, Manuel F.
Vergara, Amado
Villacorta, Luis René
Visca, José Emilio
Vischi, Albino
Zamudio, Juan Carlos
Ausentes, con licencia:
Argaña, José M.
Bidegain, Oscar R.
Brugnerotto, Juan N. D.
Córdova, J. Salvador
Pasquini, José
Perea, Pedro J.
Pierotti, Mario
Toro, Ricardo
Villafañe, José María
27

12 de agosto de 1948
Ausentes, con aviso:
Bruno, Domingo
Guardo, Ricardo C.
Ricagno, Roberto
Ausentes, sin aviso:
ARÁOZ, Ricardo E.
BALBÍN, Ricardo C.
BENÍTEZ, Antonio J.
BONAZZOLA, Romeo E.
CANDIOTI, Alberto M.
CATTÁNEO, Atilio E.
CUFRÉ, Orlando
DÁVILA, J. Aníbal
DEL CARRIL, Emilio Donato
DEL MAZO, Gabriel
DELLEPIANE, Luis
FAJRE, José Benito
FERRER, Modesto
FRONDIZI, Arturo
GIL FLOOD, Mario
GONZÁLEZ FUNES, Tomás
ILLIA, Arturo U.
LICEAGA, Félix J.
LÓPEZ SERROT, Oscar
MAC KAY, Luis R.
MAINERI, D. Jacinto
MÁNTARAS, Manuel
MARTÍNEZ GUERRERO,
Guillermo
MERCADER, Emir
MONJARDIN, Federico
NORIEGA, Juan J.
PARRY, Roberto
PASTOR, Reynaldo A.
PÉREZ MARTÍN, José
RABANAL, Francisco
RODRÍGUEZ ARAYA,
Agustín
RODRÍGUEZ de la TORRE,
Raúl
ROJAS, Absalón
ROJAS, Nerio
RUDI, Ricardo
SANTANDER, Silvano
SOBRAL, Antonio
SOLÁ, Fernando
URANGA, Raúl L.
URTIAGA BILBAO, Mateo de
VANASCO, Julio A.
VITOLO, Alfredo R.
YADAROLA, Mauricio L.
ZANONI, Pedro P.
ZAVALA ORTIZ, Miguel
Ángel
Sumario
1. La Honorable Cámara en comisión continúa el estudio del proyecto de ley sobre crédito
extraordinario para cubrir déficit de ejercicios financieros de la provincia de San Juan,
correspondientes a los años 1947 y 1948.
2. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona.
3. Moción del señor diputado Miel Asquía, de fijación del orden de consideración de asuntos.
4. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre adicional al impuesto
destinado a la integración de un fondo de ayuda a los hipódromos.
5. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 4 de este sumario. Se sanciona.
6. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre sueldos de apoderados del
Consejo Nacional de Educación.
7. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 6 de este sumario. Se sanciona.
8. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre crédito extraordinario
al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para abonar honorarios de la confección del
anteproyecto de reformas al Código Civil.
9. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 8 de este sumario. Se sanciona.
10. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre ordenamientos de leyes impositivas.
11. Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se
refiere el número 10 de este sumario. Se sanciona.
12. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre organización de la Dirección
General Impositiva.
13. Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se
refiere el número 12 de este sumario. Se sanciona.
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14. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre exención de gravámenes
fiscales a las representaciones diplomáticas y consulares.
15. Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se
refiere el número 14 de este sumario. Se sanciona:
16. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre habilitación como aduana
mayor de la receptoría de Comodoro Rivadavia.
17. Consideración del despacho de la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de ley a que se
refiere el número 16 de este sumario. Se sanciona.
18. La Honorable Cámara en comisión estudia proyecto de ley sobre creación de la receptoría de
rentas en San Rafael, Mendoza.
19. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 18 de este sumario. Se sanciona.
20. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre creación de la receptoría de
rentas en San Lorenzo.
21. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 20 de este sumario Se sanciona.
22. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre extensión de franquicias
aduaneras a establecimientos hospitalarios privados.
23. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 22 de este sumario. Se sanciona.
24. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre subsidio a las viudas de
representantes obreros a la Conferencia de Ginebra.
25. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 24 de este sumario. Se sanciona.
26. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley en revisión sobre arancel del
Boletín Oficial.
27. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 26 de este sumario. Se sanciona.
28. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley sobre prórroga de la vigencia del
impuesto a los beneficios extraordinarios.
29. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 28 de este sumario. Se sanciona.
30. La Honorable Cámara en Comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prórroga
de la tasa establecida, para el impuesto a las ventas sobre las operaciones de exportación.
31. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 30 de este sumario. Se sanciona.
32. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
prórroga de la aplicación del decreto 15.921/46, ratificado por ley 12.922, que desgrava las rentas
reinvertidas en la industria.
33. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 32 de este sumario. Se sanciona.
34. La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reducción de
impuestos a las explotaciones agrícolas, ganaderas, mineras y de pesca y a las empresas de transporte.
35. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 34 de este sumario. Se sanciona.
36. La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
derogación de impuesto interno a productos destinados a la elaboración de licores.
37. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 36 de este sumario. Se sanciona.
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38. La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
modificación de la ley orgánica del ejército.
39. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 38 de este sumario. Se sanciona.
40. La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley de creación de la infantería de marina.
41. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 40 de este sumario. Se sanciona.
42. La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
autorizan créditos para construcciones militares.
43. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 42 de este sumario. Se sanciona.
44. La Honorable Cámara estudia en comisión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
Organización de la Nación en tiempo de guerra.
45. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 44 de este sumario. Se sanciona.
46. La Honorable Cámara en comisión considera el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
clasificación de zonas de vuelo prohibidas.
47. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 46 de este sumario. Se sanciona.
48. La Honorable Cámara en comisión considera el despacho de la Comisión de Defensa Nacional
en el proyecto de ley en revisión por el que se modifican las normas de cómputo de antigüedad
establecidas en los artículos 44º y 79º de la ley orgánica para el personal de la marina de guerra.
49. Consideración del despacho producido per la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 48 de este sumario. Se sanciona.
50. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley venido en revisión del Honorable
Senado por el que se modifican las normas de clasificación establecidas en el artículo 52º de la ley
orgánica para el personal de la marina de guerra.
51. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 50 de este sumario. Se sanciona.
52. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
presupuesto y cálculo de recursos para 1946 de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
53. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 52 de este sumario. Se sanciona.
54. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
modificaciones al régimen orgánico de la aeronáutica.
55. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 54 de este sumario. Se sanciona.
56. La Honorable Cámara en comisión estudia el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación
de becas en el Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown.
57. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara en comisión en el proyecto de
ley a que se refiere el número 56 de este sumario. Se sanciona.
58. Moción del señor diputado Miel Asquía, de fijación del orden de Consideración de asuntos.
59. Apéndice:
I. Inserciones.
—En Buenos Aires, a los doce días del mes de agosto de
1948, a la hora 16 y 35:
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Conferencia—Organización de la Nación en tiempo de guerra
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Sr. Presidente (Cámpora).—Queda la Cámara constituida en comisión, a fin de estudiar el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre organización general de la Nación en tiempo de guerra.
Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 80 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—Por Secretaría se va a dar cuenta del proyecto de ley.
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1º.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante
en jefe de todas las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional,
compete solidariamente con los ministros secretarios de Estado todo cuanto concierne a la preparación,
organización y dirección de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—Las previsiones necesarias para la organización de la Nación en tiempo de guerra
deberán ser acordadas desde tiempo de paz de acuerdo con las directivas fijadas por el Consejo
de Defensa Nacional. La preparación y ejecución de los planes y programas destinados a satisfacer
esas previsiones hasta en sus menores detalles corresponderá a los ministerios o secretarías
de Estado por intermedio de sus organismos dependientes y de aquellos que, a los efectos de la
coordinación, creare especialmente el Consejo de Defensa Nacional.
Art. 3º.—Al Consejo de Defensa Nacional incumbe la responsabilidad de adoptar las medidas
tendientes a pasar de la organización del país en tiempo de paz a la organización para tiempo
de guerra.
Para ello impartirá la orientación necesaria a todos los organismos de Estado para preparar:
a) La movilización de todas las Fuerzas Armadas de la Nación;
b) La movilización del potencial necesario para organizar la defensa civil, la seguridad
interior, el funcionamiento normal de la administración y de los servicios públicos,
y asegurar un ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el
comercio y la industria;
c) La movilización y utilización para tiempo de guerra de todos los recursos morales y
materiales del país;
d) La creación de los organismos necesarios para planificar, coordinar y dirigir el aprovechamiento
del potencial de guerra de la Nación.
Art. 4º.—Los problemas fundamentales que atañen a la organización general de la Nación
para la guerra serán resueltos por el Poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros, constituido
en Consejo de Defensa Nacional.
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Para la resolución de asuntos especiales o de naturaleza determinada, cuya coordinación sólo
requiera la intervención de algunos de los ministerios o secretarías de Estado, el presidente de
la Nación, a fin de lograr una adecuada subdivisión del trabajo y una mayor celeridad en los
trámites, podrá constituir, dentro del Consejo de Defensa Nacional, comisiones ministeriales o
gabinetes parciales.
Las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en los acuerdos parciales de gabinete tendrán
la misma fuerza que las adoptadas en los acuerdos generales.
Art. 5º.—Si en tiempo de guerra fuera necesario atender nuevas tareas o descentralizar las
que actualmente atienden los ministerios existentes, el Consejo de Defensa Nacional, en acuerdo
plenario, podrá ampliar el número de secretarías de Estado con categoría de ministerio. En tal
caso, los decretos emanados de dichas secretarías de Estado llevarán, además de la firma de su
titular, la de alguno de los ocho ministros permanentes.
El presidente de la Nación podrá crear nuevos organismos o ampliar los existentes, para
poner en ejecución los planes de la movilización general del país. Asimismo, podrá encomendar
funciones ejecutivas o de contralor, a los organismos asesores que colaboran con el Consejo de
Defensa Nacional en la preparación, organización y dirección de los planes que integran el plan
general de la Defensa Nacional.
Art. 6º.—Las funciones encomendadas al Consejo de Defensa Nacional por la presente ley
y los decretos leyes 9.330/43 y 13.939/44 (ley 12.913) serán cumplidas por intermedio de la
Secretaría del Consejo de Defensa Nacional.
La Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, además de asesorar y estudiar los asuntos que
dicho consejo le encomiende, constituye el órgano natural por intermedio del cual el presidente
del Consejo de Defensa Nacional prepara e imparte a los organismos ejecutores las órdenes e instrucciones
uniformes a que han de ajustarse en el cumplimiento de su cometido, y por conducto
del cual se informa acerca de su cumplimiento.
Art. 7º.—El Consejo de Defensa Nacional fijará, desde tiempo de paz, la misión, atribuciones
y responsabilidades de cada ministerio o secretaría de Estado, en la preparación del país para la
guerra, en la movilización y utilización de las personas y recursos concernientes a cada rama de
la administración pública, así como de las actividades y recursos de las personas e instituciones
de derecho privado que cada secretaría de Estado, en cumplimiento de sus funciones, dirige,
fomenta, regula o fiscaliza.
Art. 8º.—La movilización de las Fuerzas Armadas está regulada por las leyes y reglamentos
militares. Su ejecución estará a cargo de los organismos militares correspondientes de acuerdo
con la orientación fijada para cada una de las fuerzas por el Consejo de Defensa Nacional.
Art. 9º.—La movilización en los ministerios civiles será ordenada y ejecutada bajo la responsabilidad
del ministro respectivo, por intermedio de las direcciones de Defensa Nacional existentes
en cada secretaría de Estado.
Esta movilización se realizará de acuerdo con los planes aprobados por el Consejo de Defensa
Nacional y bajo el contralor directo de la secretaría de dicho consejo.
A tal fin, la secretaría actuará como organismo asesor y coordinador entre las distintas secretarías
de Estado; impartirá en nombre del Consejo de Defensa Nacional las instrucciones necesarias
a las distintas direcciones de defensa, y controlará, por intermedio de los jefes militares de
las correspondientes divisiones de la secretaría del consejo, el desarrollo de los planes y la ejecución
de las tareas dispuestas, acerca de cuyo cumplimiento mantendrá informado al Consejo de
Defensa Nacional.
Art. 10º.—Para coordinar la utilización de todos los recursos del país para la guerra y para la
preparación de los planes pertinentes, el Consejo de Defensa Nacional establecerá, desde tiempo
de paz, el orden de preferencia para la utilización de las personas y recursos, de acuerdo con las
necesidades de las Fuerzas Armadas y ministerios civiles.

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Esta coordinación comprende, además de la utilización de las fuerzas de que dispone la
Nación, los establecimientos destinados a la fabricación del material de guerra, la movilización
industrial, la distribución de la mano de obra y las materias primas, y todo lo concerniente al
abastecimiento general para las tropas, la población civil y las necesidades de la producción
económica.
Las fuerzas aéreas tendrán prelación, entre las Fuerzas Armadas, para movilizar el personal
que posea aptitudes o conocimientos especiales para el servicio aeronáutico.
Art. 11.—La conducción de la guerra, en su aspecto político-militar, compete directamente
al presidente de la Nación, quien adoptará las resoluciones pertinentes en acuerdo parcial de
gabinete, asistido de los secretarios de Estado en los ramos de Relaciones Exteriores, Guerra,
Marina y Aeronáutica, constituidos al efecto en Gabinete de Seguridad Exterior (o Gabinete de
Guerra), con el asesoramiento directo del Estado Mayor de Coordinación.
Las tareas de coordinación que conciernen a este gabinete, cuando no requieran decisión del
Poder Ejecutivo, serán adoptadas en reunión de ministros, convocada y presidida por el ministro
de Relaciones Exteriores por propia iniciativa o a requerimiento de cualquiera de los ministros
que lo integran.
La ejecución de las decisiones tomadas en común compete a cada uno de los ministerios dentro
de su respectiva rama de gobierno.
Se organizarán además, y funcionarán bajo las mismas normas que el de Seguridad Exterior,
un Gabinete de Seguridad Interior, integrado por los secretarios de Estado en las carteras de
Justicia e Instrucción Pública, Obras Públicas y Salud Pública, que bajo la presidencia del ministro
del Interior tendrá a su cargo la coordinación de los problemas relativos al frente interno
de la Nación en guerra; y un Gabinete de Seguridad Económica, integrado por los secretarios de
Estado en los departamentos de Agricultura, Comercio e Industria y Trabajo y Previsión, presidido
por el ministro de Hacienda, para la coordinación de los problemas de los abastecimientos,
la producción, el comercio y las finanzas.
Las nuevas secretarías de Estado que pudieran crearse integrarán el gabinete a que correspondan,
según la naturaleza de las funciones de gobierno que les sean asignadas.
Sin perjuicio de los gabinetes parciales que se consignan expresamente en esta ley, el Consejo
de Defensa Nacional podrá constituir comisiones ministeriales especiales, para la solución de los
problemas y coordinación de las actividades que interesen conjuntamente a dos o más ministerios
o secretarías.
Art. 12º.—El Gabinete de Seguridad Exterior, a los efectos de la preparación y conducción
de la guerra y de la mayor coordinación de las Fuerzas Armadas en las operaciones conjuntas,
será asistido en forma permanente por el Estado Mayor de Coordinación, el que le estará directamente
subordinado y se integrará con jefes y oficiales de los Estados Mayores Generales del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aaérea, de acuerdo con la organización, objetivos y facultades que
el Consejo de Defensa Nacional fije al reglamentar sus actividades.
El Gabinete de Seguridad Exterior y el Estado Mayor de Coordinación, sin perjuicio de los
organismos propios de que dispondrá este último, contarán para la realización de sus trabajos,
por intermedio del jefe de la secretaría del Consejo de Defensa Nacional, de los subjefes militares,
del conjunto de jefes y oficiales y demás organismos dependientes de dicha secretaría.
Del mismo modo los gabinetes de Seguridad Económica y Seguridad del Interior contarán
para la realización de sus tareas con la colaboración de dicho personal y los respectivos subjefes
de Seguridad Económica y Seguridad del Interior por intermedio del jefe de la secretaría.
Art. 13º.—En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente de la Nación procederá
a la designación del comandante supremo de las Fuerzas Armadas para la dirección integral de
las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo.
A los efectos de la conducción de las operaciones, el comandante supremo de las Fuerzas
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Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá
directamente del presidente de la Nación (Gabinete de Seguridad Exterior) y será el órgano natural
y obligado mediante el cual se impartirán las órdenes e instrucciones a los comandantes en
jefe de todas las fuerzas.
Las operaciones terrestres serán dirigidas por el comandante en jefe del ejército de campaña;
operaciones marítimas y fluviales por el comandante de operaciones navales; y las aéreas por el
comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
Los comandantes en jefe de las tres fuerzas dependerán, a los efectos de la dirección de las
operaciones, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero en la administración y gobierno
de las fuerzas a sus órdenes dependerán como siempre de los respectivos secretarios de
Estado.
Art. 14º.—En tiempo de guerra, el país será dividido en una o más zonas de operaciones y en
una zona del interior.
Se declararán zonas de operaciones terrestres las partes del territorio nacional en que deban
operar los ejércitos en campaña.
Conforme a las necesidades de las operaciones navales, se declararán una o varias zonas de
operaciones navales en el mar, ríos, costas e islas adyacentes.
Cuando alguna parte del territorio nacional sea defendida en forma exclusiva o prevalente
por las fuerzas aéreas, aquella podrá ser declarada zona de operaciones aéreas.
Las zonas de operaciones deberán ser delimitadas expresa y concretamente por decreto del
Poder Ejecutivo, a propuesta de los comandantes en jefe, elevadas por intermedio del comandante
supremo de las Fuerzas Armadas.
Será considerada zona de operaciones aéreas, sin necesidad de declaración previa del Poder
Ejecutivo, el espacio aéreo que se extiende sobre los territorios y las aguas nacionales, y el espacio
adyacente hasta el límite del radio de acción de las aeronaves.
Art. 15º.—El Comando Superior destacado en las zonas de operaciones ejerce la autoridad
total del gobierno, tanto en lo militar como en lo civil y administrativo. Puede delegar dicha
autoridad en los comandantes de ejércitos, escuadras, fuerzas aéreas o comandantes de unidades
operativas independientes, respecto a las zonas en que aquellos actúan. Los comandantes que
ejercen la autoridad total están facultados para imponer la ley marcial dentro de las respectivas
zonas de operaciones, dictando a tal efecto los bandos y disposiciones con fuerza de ley que las
necesidades de la guerra impongan.
En tal virtud, tienen facultades de mando sobre las autoridades civiles que resuelvan mantener
en el ejercicio de sus funciones.
Los magistrados que desempeñen funciones de justicia, que fueren designados o confirmados
en sus cargos por la autoridad militar, mantendrán independencia en su acción y la plenitud de
sus atribuciones judiciales.
Art. 16º.—Para los asuntos relacionados con la administración civil de la zona de operaciones,
el Comando Superior de la misma tendrá adscrito un Delegado Civil para cada provincia,
territorio nacional o parte de éstos que integre la respectiva zona de operaciones.
Los delegados civiles serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de los ministerios
de Guerra, Marina o Secretaría de Aeronáutica, según el caso.
Serán designados delegados civiles, en lo posible, los gobernadores de las provincias o territorios
nacionales, cuyos territorios o parte de los mismos quedaren comprendidos dentro de los
límites de la zona de operaciones.
Los delegados civiles tendrán la función de dirigir uniformemente la administración civil en
su jurisdicción y ejercer en nombre del comandante respectivo la autoridad que a éste le compete,
en lo que concierne a la administración pública y a la población civil.
Art. 17º.—La zona del interior comprende todo el territorio del país que no haya sido

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declarado zona de operaciones y en ella las autoridades civiles nacionales, provinciales y municipales
mantienen su jurisdicción y ejercitan sus atribuciones de tiempo de paz.
La zona del interior es única para las tres Fuerzas Armadas y en ella el comandante general
del interior será quien tenga a su cargo la realización coordinada de los trabajos relativos a la
movilización, abastecimientos y transportes de las Fuerzas Armadas de acuerdo con las directivas
impartidas por el Consejo de Defensa Nacional, así como aquellos relacionados con la seguridad
de la zona del interior.
Para tales fines los organismos directivos del Comando General del Interior serán integrados
por representantes de la marina y aeronáutica.
Art. 18º.—Dentro de la zona del interior, y a los efectos de garantizar de manera especial el
orden y la disciplina, el Poder Ejecutivo podrá declarar por decreto zona de guerra sometida a
la jurisdicción de las autoridades militares y al régimen disciplinario de los tribunales militares,
las bases navales y aéreas, los recintos fortificados, los puertos, estaciones ferroviarias, las líneas
de transportes, las instalaciones y líneas de telecomunicaciones, los establecimientos industriales,
usinas, talleres y depósitos directamente afectados a la producción de materiales de guerra
o a cubrir las necesidades de la Defensa Nacional, y, de manera general, todo recinto militar o
militarizado, a condición de que esté perfectamente delimitado y puesto bajo custodia militar
efectiva y ostensible.
Art. 19º.—La adopción desde tiempo de paz de las previsiones necesarias para la entrada
en acción inmediata de todos los medios que concurren a asegurar la defensa activa del territorio
contra los ataques aéreos, estará a cargo del Ministerio de Guerra (Comando General del
Interior—Comando de Defensa Antiaérea del Interior) y de la Secretaría de Aeronáutica, quienes
armonizarán y coordinarán la distribución y empleo de la artillería antiaérea, aviación y otros
medios de que se disponga para tales fines.
Art. 20º.—El Ministerio de Guerra (Comando General del Interior—Comando de Defensa
Antiaérea del Interior) dirige, de acuerdo con los ministerios interesados, la organización de la
defensa pasiva contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeos, incendios,
gases, invasión por paracaidistas, etcétera), en todo el territorio del país, con excepción de
las bases y demás dependencias, aéreas y navales que quedan sometidas a las previsiones adoptadas
por las respectivas secretarías de Estado de Marina y Aeronáutica.
A tales fines la defensa antiaérea territorial pasiva comprende el conjunto de medidas destinadas
a prevenir y entorpecer los ataques enemigos, así como a reducir y reparar los estragos causados,
restableciendo el orden y la normalidad en los servicios públicos, la producción industrial
y demás actividades de la población.
Art. 21º.—Corresponde al Consejo de Defensa Nacional establecer, desde tiempo de paz, la
coordinación de las medidas y previsiones de vigilancia y defensa antiaérea activa y pasiva, territorial
y naval, contra el peligro de los ataques aéreos.
Art. 22º.—Es obligatoria en todo el territorio de la Nación la organización de la defensa pasiva
contra ataques aéreos. Los deberes y prestaciones personales que esa organización comporta
son considerados carga pública irrenunciable, a la que están sometidos todos los habitantes del
país, nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y según su respectiva aptitud física, de conformidad
con las normas reglamentarias que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 23º.—Las autoridades nacionales, provinciales y municipales están obligadas a cooperar
con las autoridades militares para la organización de la defensa pasiva en el territorio de
sus respectivas jurisdicciones. Son, además, las responsables del cumplimiento de las medidas y
previsiones ordenadas por las reglamentaciones pertinentes para la población, las instituciones
públicas y privadas y los servicios e instalaciones que están sujetos a su autoridad o control.
Art. 24º.—Corresponde al Ministerio de Guerra (Comando General del Interior—Comando
de Defensa Antiaérea del Interior) promover las medidas reglamentarias que deben dictar las
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autoridades nacionales, provinciales y municipales, a fin de que las dependencias oficiales, las entidades
que administren servicios públicos y los organismos privados adopten en tiempo de paz
las previsiones necesarias para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones. Dichas
medidas impondrán, en especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas construcciones,
las normas de seguridad a que deberán ajustarse. En las construcciones existentes, dispondrán
las transformaciones que en cada caso resulten indispensables para la seguridad de las mismas,
de sus habitantes y vecinos.
Art. 25º.—Las prestaciones personales para la organización de la vigilancia y defensa antiaérea
territorial pasiva, así como para instrucción y preparación de los ejercicios indispensables en
tiempo de paz, no podrán exceder de seis horas por mes o de tres días en el año, sin dar lugar a
la indemnización correspondiente. Cuando la prestación de servicio exceda de dicho límite, el
Estado compensará las horas excedentes de acuerdo con el salario medio horario que perciba el
convocado, determinándolo con sujeción al procedimiento señalado por los artículos 5º y 6º del
decreto reglamentario de la ley 9.688, de fecha 14 de enero de 1916, el que no podrá exceder en
ningún caso de dos pesos la hora.
Cuando la prestación de servicios no pueda requerirse en las horas libres y sea exigida dentro
del horario habitual de trabajo, sin exceder de seis horas por mes o de tres días al año, el empleador
o patrono no podrá eximirse de la obligación de abonar el sueldo o salario convenido al
empleado u obrero. Si la prestación excede de dicho límite, el Estado reintegrará al empleador o
patrono la indemnización correspondiente al tiempo excedido.
Art. 26º.—El Poder Ejecutivo reglamentará detalladamente las condiciones bajo las cuales,
en tiempo de paz, el personal afectado al servicio de vigilancia y defensa antiaérea territorial pasiva
podrá ser convocado, utilizado y remunerado en el desempeño de sus funciones, así como
indemnizado en los casos de accidentes sufridos en los actos de servicio.
Establecerá, asimismo, la organización de los servicios y centros de instrucción necesarios,
otorgando las jerarquías que las necesidades del servicio impongan, haciendo efectivos la obediencia
y el respeto jerárquico en todos los escalones de la misma, para lo cual, sin perjuicio de
las sanciones administrativas para los funcionarios y empleados de la administración pública por
el incumplimiento de sus deberes, podrá imponer sanciones penales de multa de $5 a $1.000 por
la primera y segunda contravención y pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda
reincidencia.
Decretada la movilización por causa de guerra o de peligro inminente, regirán las disposiciones
del Código de Justicia Militar para el personal convocado para el servicio de vigilancia y
defensa antiaérea territorial pasiva como para el convocado al servicio militar.
Art. 27º.—El servicio civil de Defensa Nacional (ley 12.913, artículos 1º y 3º) es el conjunto
de obligaciones que el Estado impone a su habitantes no movilizados para el servicio militar a los
efectos de contribuir directa o indirectamente a la preparación y sostenimiento del esfuerzo que
la guerra impone a la Nación, asegurando la capacidad guerrera de las Fuerzas Armadas, el mantenimiento
del orden interno, el funcionamiento de los servicios públicos, la producción intensiva
de los materiales de guerra y los abastecimientos para el frente de batalla y el frente interior,
afianzando por todos los medios la vida regular y la capacidad de resistencia de la población civil.
La movilización del servicio civil sólo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo cuando sea
necesaria a los fines de la Defensa Nacional y en los casos de catástrofes o emergencias graves que
afecten partes importantes del territorio nacional o de sus poblaciones.
Art. 28º.—En tiempo de guerra el servicio civil de Defensa Nacional lo cumplen todos los habitantes
del país sin distinción de sexo, a partir de los 12 años, inclusos los extranjeros, como súbditos
temporarios, siempre que no prefieran renunciar al derecho de asilo y ausentarse del país.
En tiempo de paz, lo cumplen los argentinos, sin distinción de sexo a partir de los 12 años, y
los extranjeros voluntarios contratados.

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Exceptúanse de la prestación del servicio civil a los extranjeros que gocen de inmunidades
diplomáticas. El Poder Ejecutivo podrá establecer en la reglamentación de la presente ley y con
carácter general las demás excepciones que considere pertinentes.
Art. 29º.—La preparación de la movilización del servicio civil estará a cargo del Consejo de
Defensa Nacional, quien deberá crear desde tiempo de paz los organismos encargados de ejecutar,
dirigir y fiscalizar los servicios correspondientes, así como aquellos encargados de coordinar
sus actividades con las necesidades y previsiones de la movilización militar.
Sin perjuicio de otros organismos dependientes del Consejo de Defensa Nacional (Secretaría)
existirán desde tiempo de paz con carácter permanente los siguientes:
- Una Comisión de Zonas de Seguridad.
- Una Comisión de Movilización Industrial.
- Una Comisión de Movilización de la Mano de Obra.
- Una Comisión de Indemnización y Subsidios a los Movilizados y sus Familiares.
Art. 30º.—En caso de guerra o de su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias
graves que afecten alguna zona importante del país, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las
requisiciones que sean indispensables para proveer a las necesidades de la Defensa Nacional.
A tales fines podrá requisar:
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a) Los servicios individuales o colectivos de todos los habitantes obligados a la prestación
del servicio civil de Defensa Nacional;
b) Los servicios de todos los sindicatos, sociedades y asociaciones de todo género, existentes
dentro del territorio de la Nación;
c) La propiedad y uso de todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes
en el país o sus aguas territoriales, sean o no de propietarios argentinos, salvo aquellos
que estén protegidos por inmunidades diplomáticas o por leyes especiales de la
Nación;
d) Las patentes de invención y licencias de explotación ya concedidas, así como cualquier
invento.
Art. 31º.—A los fines de la organización de la Nación para la guerra, el Poder Ejecutivo podrá
proceder desde tiempo de paz, y con carácter obligatorio para todos los habitantes, al levantamiento
de los censos especiales que juzgue oportuno. Los datos así recogidos no podrán ser utilizados
sino a los fines exclusivos de la movilización y revestirán carácter estrictamente reservado.
Art. 32º.—E1 Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades y condiciones en que se realizarán
las requisiciones en tiempo de guerra, conforme a las bases fijadas por la presente ley.
Toda requisición da derecho a una retribución o indemnización, equivalente al justo valor de
los bienes en el momento de ser requisados.
Unicamente las autoridades especialmente facultadas por el Poder Ejecutivo podrán efectuar
requisiciones, las que serán siempre documentadas con recibo firmado por dichas autoridades
competentes. La fecha en que comienzan y cesan las requisiciones será fijada por decreto del
Poder Ejecutivo.
El valor de las indemnizaciones será fijado administrativamente por comisiones mixtas integradas
por funcionarios del Estado Nacional, funcionarios locales (provinciales o municipales)
y propietarios de zona, en representación de los posibles afectados, siendo sus decisiones recurribles
ante la justicia federal tanto por los representantes del Estado como por los propietarios
afectados.
Art. 33º.—Durante la movilización podrán ser requisados los servicios personales de todos
los habitantes obligados a prestar el servicio civil de Defensa Nacional, para trabajar por cuenta
del Estado según su profesión u oficio, o según su aptitud física, en las tareas de la administración
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nacional, provincial o municipal, en los servicios públicos, o en los servicios y tareas privadas que
funcionan en interés de la Nación.
Los requisados que estén sometidos a obligaciones de servicio militar definidas por las leyes
de reclutamiento y sean utilizados en las tareas del servicio civil podrán ser incorporados a cuerpos
especiales.
La requisición de servicios personales puede efectuarse individualmente, o bien en forma
colectiva, comprendiendo el conjunto de personas que forme parte de un servicio, equipo o empresa,
considerado como indispensable para asegurar el buen servicio de los mismos.
Los jubilados de la administración pública y los que tengan derecho a retiro o jubilación en
instituciones privadas podrán ser reincorporados o mantenidos en los servicios que prestaban, o
bien llamados a otras tareas, teniendo en cuenta sus condiciones de aptitud física e intelectuales.
El sueldo, remuneración o salario de los movilizados en el servicio civil será fijado por la
autoridad requirente sobre la base del sueldo inicial del empleo ocupado, o de la función desempeñada
a la cual este empleo es asimilado.
Los salarios serán fijados en base a los salarios normales y, corrientes en la industria respectiva
o similar, según las leyes y reglamentaciones obreras en vigor o contratos de trabajo vigentes
en el lugar.
El personal destinado al servicio civil podrá recibir, desde tiempo de paz, la cédula de destino
para tiempo de guerra; en ese caso deberá acusar recibo y dar cuenta de todo cambio de domicilio
ulterior a la autoridad que le confirmó el destino de movilización.
Cuando la comunicación de la cédula de destino hubiere sido hecha con carácter secreto por
la autoridad correspondiente, la divulgación del destino asignado constituye para el autor de la
divulgación el delito de violación de secreto, previsto y penado por los artículos 222º y 223º del
Código Penal de la Nación.
Art. 34º.—Sin perjuicio de la disposición general que declara requisables todos los bienes
muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país que resulten necesarios para la Defensa
Nacional, lo serán en especial y con prioridad para ser utilizados por las autoridades militares:
1º El alojamiento y acantonamiento de las tropas, el material y el ganado de las mismas.
2º El alojamiento y la atención de los heridos en los hospitales, sanatorios y casas
particulares.
3º Los víveres para la alimentación de los oficiales y las tropas y el forraje para el ganado.
4º El vestuario y equipo para los oficiales y la tropa.
5º Los materiales, útiles y maquinarias destinados a las construcciones de carácter
militar.
6° Los atalajes, el ganado, los vehículos hipomóviles y automóviles destinados a la carga
y al transporte.
7º Los navíos, buques y demás embarcaciones que se encuentran en las costas marítimas,
ríos, arroyos, lagos y canales de jurisdicción nacional cuando ellas son de
matricula argentina, incluso los servicios de sus tripulantes y personal necesario para
su utilización.
8º Las aeronaves de matrícula nacional y el personal, instalaciones y material necesarios
para su utilización.
9º La utilización de toda la capacidad de transporte de las aeronaves que sobrevuelen al
territorio de la República, cuando ellas sean de matrículas extranjeras.
10º Los servicios ferroviarios y todos los elementos y materiales de las empresas ferroviarias
del país de acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la ley 2.873.
11 Los servicios, instalaciones y materiales de las empresas de comunicaciones telegráficas,
telefónicas y radiocomunicaciones.

32a. reunión - continuación 23a. sesión ordinaria
12 Los puertos marítimos y fluviales, bases aéreas y aeropuertos.
13 Los recintos, locales y tinglados destinados a depósitos de materias primas y productos
de la agricultura, ganadería e industria de elaboración.
Art. 35.—La requisición de efectos materiales y de establecimientos industriales puede ser
efectuada a título de dominio o a título de uso.
La requisición a título de dominio consiste en la incautación definitiva de plantas industriales,
fábricas, talleres, equipos, etcétera, para ser utilizados por el Estado por cuenta propia y como
dueño, correspondiendo en consecuencia la indemnización por compra.
La requisición a título de uso es la incautación temporaria de los referidos establecimientos.
Puede ser total o parcial, según que afecte a todo el establecimiento o sólo a una parte; por
un período determinado de tiempo o sólo por algunas horas diarias; por uno o más turnos de
trabajo, compartiendo la capacidad de producción con el propietario o empresa particular. En
estos casos corresponde abonar la indemnización en relación al uso que el Estado hace de dichos
establecimientos.
También podrá el Estado incautarse de la capacidad productiva, total o parcial, de las fábricas,
talleres, etcétera, sin tomar posesión de los mismos. En este caso seguirán en manos de las
empresas o propietarios particulares, pero con la obligación de trabajar por cuenta del Estado y a
órdenes de las autoridades militares o civiles que se designen con todos sus medios, e incluso con
todo su personal, ya sea en forma permanente, ya sea por horas o por turnos de trabajo.
El hecho de que el establecimiento industrial se mantenga en posesión de la empresa o propietario
particular, no impide el contralor de fabricación ni la vigilancia y custodia militar del
establecimiento.
El personal de los establecimientos industriales requeridos a título de dominio o a título de
uso, o el que trabaje a órdenes del Estado en las fábricas militares y servicios públicos, estará sometido
al régimen disciplinario que esta ley dispone para los movilizados en el servicio civil de
defensa, mientras el Poder Ejecutivo en la zona del interior, y la autoridad militar en las zonas de
operaciones, no dispongan someter a dicho personal a la jurisdicción de tiempo de guerra, conforme
con lo establecido por el artículo 119, inciso 1º, del Código de Justicia Militar, o declare
zona de guerra al recinto o lugar en que funciona la planta industrial, fábrica, taller, etcétera.
Art. 36.—El Poder Ejecutivo reglamentará el cumplimiento de la presente ley en cada uno de
sus aspectos, pudiendo disponer contra las personas que en tiempo de paz no cumplan con las
obligaciones establecidas en la misma sanciones consistentes en multa de $5 a $1.000, por la primera
y segunda contravención, pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia,
sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y administrativas que corresponda aplicar a
los funcionarios o empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes.
Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, o en caso de catástrofes
o emergencias graves que afecten zonas importantes del país, el personal convocado para el
servicio civil de defensa quedará sometido a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en la
misma forma que el convocado para el servicio militar. Deberá considerarse como causa especial
de atenuación de las penas a aplicarse a los movilizados en el servicio civil la circunstancia de
pertenecer al sexo femenino o ser menor de dieciocho años o mayor de sesenta para los convocados
varones.
Art. 37.—El Poder Ejecutivo podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente,
un régimen penal y disciplinario especial en tiempo de guerra para asegurar el cumplimiento
de todas las obligaciones derivadas de la presente ley, especialmente en lo que concierne
a la movilización del servicio civil de defensa, censos y requisiciones, movilización industrial y
mano de obra, reprimiendo la no presentación, la demora y el abandono del servicio, la desobediencia,
las faltas de respeto y las violencias o amenazas contra los superiores en la jerarquía
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1948

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técnica o administrativa, o contra las autoridades militares destacadas en los establecimientos
industriales y demás organismos administrativos del servicio civil para la dirección, vigilancia
o custodia de los mismos, o para el mantenimiento de la disciplina y el orden en el trabajo, así
como sancionar todo abuso de autoridad contra los inferiores o la población civil, todo exceso o
contravención en materia de requisiciones de servicios personales o recursos materiales, a condición
de que las penas así dispuestas sean menos graves que las previstas por el Código de Justicia
Militar para la represión de los mismos delitos.
El Poder Ejecutivo podrá igualmente disponer mientras lo crea oportuno que los movilizados
en el Servicio Civil de Defensa sean juzgados aun en tiempo de guerra por los tribunales de la
jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales de la Justicia Militar respecto a la
aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la presente ley.
Art. 38.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Cámpora).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Álvarez Pereyra.—Contrariando mi modo habitual, seré un poco extenso —de lo que
pido excusas a la Cámara— por tratarse de una ley de suma importancia para el país, que ha
levantado cierta suspicacia y temores, y que no dudo quedarán desvirtuados con mi exposición.
El proyecto de ley de organización general de la Nación para la guerra, sometido por el Poder
Ejecutivo a la consideración del Honorable Congreso, es un instrumento legal que permitirá al
Estado encarar con unidad de acción y doctrina los problemas fundamentales de nuestra Defensa
Nacional, respondiendo así al mandato expreso que el Honorable Congreso, por ley 12.913 —ratificatoria
de los decretos 9.330/43 y 13.939/44— ha conferido al Consejo de Defensa Nacional.
Al crear dicho organismo se definieron como tareas fundamentales a cumplir: a) determinar
la correlación entre la política internacional y la preparación de todas las fuerzas del país para
responder a las necesidades de la Defensa Nacional; b) impartir a las distintas ramas del gobierno
las directivas generales para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional, fijándole los objetivos
a alcanzar; c) armonizar la potencialidad del país en relación con su posición internacional
y los múltiples factores que influyen sobre el desarrollo general de la Nación.
Para responder a tan alto cometido, el Consejo de Defensa Nacional, integrado por el señor
presidente de la Nación y sus ministros secretarios de Estado, requieren en la actualidad ser munidos
del instrumento legal que les permita desarrollar sobre bases estables y programas concretos
de ejecución todo cuanto concierne a la preparación y organización de la Defensa Nacional.
Se justifica así que el actual Poder Ejecutivo de la Nación al formular su programa de gobierno
—Plan Quinquenal— haya incluido como primer asunto en materia de Defensa Nacional, y
como la más fundamental de las tareas a cumplir en dichas actividades, la de dotar al país de la
ley de organización general de la Nación para tiempo de guerra.
Sabido es que la guerra moderna ha dejado de ser el duelo militar entre los ejércitos de los
países en lucha realizado de acuerdo con el Código del Derecho Internacional, para ser una lucha
total de pueblo contra pueblo, la nación en armas, que exige y compromete todas las fuerzas
materiales y morales de la Nación, y afecta todas sus actividades e intereses.
Por ello mismo, porque es una lucha de nación a nación, reclama la contribución integral de
todos sus recursos y, por ende, una vasta y metódica preparación que le permita planificar desde
tiempo de paz la oportuna utilización en tiempo de guerra de todos esos elementos que en hombres
y recursos materiales integran el potencial bélico del país.
Esas previsiones para la adecuada, oportuna y más rápida utilización del material bélico, implica
una labor de tal amplitud y de tan vastos aspectos, que no sólo no escapa a la comprensión
de los técnicos y profesionales militares, sino al espíritu civil más desprevenido en materia de
Defensa Nacional.
Muchos países han procedido, frente a estos mismos problemas y al impulso de las mismas

32a. reunión - continuación 23a. sesión ordinaria
preocupaciones, a dictar la legislación adecuada que permita la movilización integral de la nación
para tiempo de guerra, y los que permanecieron remisos han tenido que sufrir las graves consecuencias
de su imprevisión legislativa, realizando los aprestos de sus respectivas movilizaciones
tardíamente, bajo la urgencia de situaciones angustiosas y al impulso de improvisaciones costosísimas
en vidas y recursos.
La ley que el Poder Ejecutivo reclama, tiende justamente a evitar al país, en el remoto, pero
no imposible acontecimiento de una contienda bélica, tener que lamentar las consecuencias de
una movilización tardía, incompleta, improvisada y onerosa.
El sólido mensaje con que el Poder Ejecutivo acompaña el presente proyecto de ley, afirma
tres conceptos substanciales que debo destacar ante esta Honorable Cámara. En ellos se compendia
la necesidad, el alcance y la eficacia del texto legal que consideramos.
Se dice, en efecto, que la sanción del proyecto sometido a nuestra consideración, satisface
un anhelo superior largamente esperado por los miembros de las instituciones armadas, a cuyos
desvelos y preocupación profesional están reservadas las tareas de preparación y dirección de la
Defensa Nacional.
Este proyecto, de convertirse en ley, permitirá a los organismos militares consolidar y aumentar
en alto grado el poder defensivo de la Nación, confiado a su capacidad técnica, mediante
una coordinación entre las misiones que competen a cada una de las Fuerzas Armadas de la
Nación, dentro del plan general de Defensa Nacional. Coordinación que permitirá sin duda, una
utilización armónica y mancomunada de todo potencial bélico, evitando las consecuencias graves
que en tiempo, energías y dinero, siempre comporta toda descentralización.
La conquista que significó en su hora la creación del Consejo de Defensa Nacional, como organismo
superior y coordinador de la Defensa Nacional, debe ser completada por la creación del
Estado Mayor de Coordinación, que será su verdadero órgano de estudio y asesoramiento, para
la programación de planes y tareas que deberán cumplirse no sólo entre las dependencias de las
Fuerzas Armadas, sino por intermedio de los organismos dependientes de las demás ramas de la
administración civil, cuya cooperación y alistamiento, dentro de sus respectivas actividades, es
tan importante y decisiva como el que incumbe a las reparticiones militares. Ese organismo, que
en gran parte —y mientras no se llegue al ministerio único de Defensa Nacional— ha de coordinar
el esfuerzo y la acción de las Fuerzas Armadas, ha de ser también el organismo que planifique
la acción de los ministerios civiles y las demás fuerzas vivas de la Nación, complementando así
las tareas, que en lo que respecta a ejecución y vigilancia de los planes de defensa de dichos organismos
no militares, le competen a la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, que ya se
halla en funciones en todos los ministerios y secretarías de Estado nacionales y en las principales
entidades autárquicas, grandes municipalidades, etcétera.
Dicha secretaría, que cuenta, además, con numerosas comisiones de estudio, integradas por
especialistas de cada una de las actividades que interesan a la Defensa Nacional, complementará
así la acción del Estado Mayor de Coordinación, en forma tal que el Consejo de Defensa
Nacional, como organismo superior, pueda cumplir las finalidades fundamentales de Defensa
Nacional, que por la ley de creación le corresponden.
El segundo aspecto que deseo destacar es que el proyecto de ley de organización del país para
la guerra, que el Poder Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso, lejos de ser una
legislación novedosa, con los riesgos de la falta de precedentes y de experiencia, constituye una
prudente y meditada síntesis de leyes análogas, dictadas en los países más autorizados en la materia,
por su vinculación a las dos grandes conflagraciones que ha sufrido el mundo, perfectamente
adecuada a nuestros medios y posibilidades y a la estructura política y social de nuestro país.
Como lo expresa el respectivo mensaje del Poder Ejecutivo, el proyecto en estudio tiene antecedentes
tan numerosos como autorizados en la moderna legislación extranjera, leyes que han
sido debidamente aquilatadas no solamente en su texto, sino a través de los resultados obtenidos
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1948

12 de agosto de 1948
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en cada uno de los respectivos países, tanto en las tareas previas de preparación de la defensa
durante la paz, como en el período de la movilización y en el propio decurso de las operaciones
del período de guerra.
He cotejado el texto del proyecto, analizando los antecedentes de la ley francesa sobre organización
general de la Nación para tiempo de guerra, dictada el 13 de julio de 1938, y sus enmiendas
posteriores introducidas en 1947; la ley 969 del Reino de Italia, dictada el 8 de junio de
1925, sobre organización de la nación para la guerra, así como las que en el mismo país fueron
sancionadas por “organización del alto comando y Estado Mayor General”, el 11 de enero de
1923, y la de la Comisión Suprema de Defensa.
He tenido a la vista igualmente para ese cotejo y estudio, le ley alemana relativa a la prestación
de servicios para fines de Defensa Nacional.
Con el mismo fin he pasado revista a las llamadas leyes de emergencia de Inglaterra, dictadas
el 24 de agosto de 1939 —en vísperas de la última guerra mundial— y las ampliatorias que
tuvo que dictar el 22 de mayo de 1940 y el 19 de agosto del mismo año; las leyes de los Estados
Unidos de Norteamérica, creando el Consejo de Defensa Nacional (ley pública número 242, del
29 de agosto de 1916) y los decretos complementarios dados por el presidente Roosevelt, el 29
de mayo de 1940, reglamentando tardíamente la visión de la Comisión Consejera del referido
Consejo de Defensa Nacional, y el decreto ulterior del 28 de diciembre de 1940 para la ejecución
del programa de Defensa Nacional; igualmente las leyes de Chile, creando el Consejo Superior
de Defensa Nacional, del 12 de mayo de 1906, decreto ley número 403, del 19 de marzo de 1925
y la ley número 7.144 del 5 de enero de 1942 y su decreto reglamentario número 1.028, del 22
de mayo de 1942; el decreto número 217, del 4 de noviembre de 1942, reglamentando el funcionamiento
del Estado Mayor de Coordinación de la Defensa Nacional; el decreto número 4.242,
del 29 de julio de 1942, organizando la defensa civil de Chile, y la última ley de febrero de 1945,
sobre la misma materia. Finalmente, las leyes de creación del Consejo de Defensa Nacional de
Brasil: decreto ley número 163, del 31 de diciembre de 1942 y decreto ley número 4.983, sobre
movilización industrial y su completísima ley de requisiciones número 4.876.
De ese cotejo y comparación surge como conclusión evidente que, dentro del texto relativamente
breve y conciso del proyecto en estudio, se han compendiado sabia y prudentemente
cuanto de básico y estructural existe en los autorizados precedentes legislativos que he analizado.
Y digo en cuanto contienen dichos decretos de estructural y básico, por cuanto el proyecto en
estudio no ha consignado en la ley el detalle de la organización, ni el procedimiento que otras
leyes preceptúan, revelando innecesariamente aspectos de organización que conviene mantener
en reserva y atendiendo a que los organismos evolucionan y deben adaptarse a circunstancias
cambiantes que las necesidades siempre sorpresivas de la guerra imponen.
Por ello, el Poder Ejecutivo establece en su mensaje que, aprobados los postulados básicos
de esta ley, será tarea primordial y de vasto alcance, que quede reservada al Consejo de Defensa
Nacional, reglamentar, con minuciosidad de detalles, cada rubro o capítulo respectivo.
Del análisis realizado sobre la base de las leyes extranjeras a que he aludido, puede afirmarse
que es más completa que cualquiera de sus predecesoras, y que sumamente prudente en materia
de facultades acordadas como poderes de emergencia en tiempo de guerra, ninguna de sus
disposiciones otorga facultad que no esté autorizada por preceptos análogos y avalada por su
aplicación práctica en otros países con resultados que la propician por conveniencia y eficacia.
Repito que más que afán de previsión novedosa, es saldo acumulado de sabiduría y experimentación,
perfectamente decantada y resumida en preceptos claros y concisos.
En último término, deseo subrayar que todas las facultades que para la organización general
de la Nación en tiempo de guerra que el Poder Ejecutivo reclama para llevar a la práctica
el programa de preparación del país para tiempo de guerra, están contenidas implícitamente
en los llamados poderes de guerra que la Constitución Nacional acuerda al presidente de la

32a. reunión - continuación 23a. sesión ordinaria
Nación, como jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas
del país.
Lejos de ser esta ley una ampliación de facultades, en el fondo, si bien se mira, es una prudente
limitación que se quiere establecer para reglar aquellas facultades discrecionales y globales
que en tiempo de guerra se ven en la necesidad de otorgar, bajo el rótulo de poderes de emergencia
o leyes de emergencia, al conductor de la guerra los parlamentos que han permanecido inactivos
en materia de Defensa Nacional.
El Poder Ejecutivo, a quien, repito, por ley del Congreso se lo ha constituído en presidente
del Consejo de Defensa Nacional, para que, asistido de los organismos técnicos correspondientes
civiles y militares, organice el potencial bélico del país para el evento indeseado de una guerra,
ha cumplido con la responsabilidad que le incumbe sometiendo a la aprobación del Honorable
Congreso el instrumento legal que le permita realizar esa actividad vital del Estado, cual es asegurar
la Defensa Nacional, la libertad y la soberanía de la Nación.
Corresponde al Honorable Congreso la responsabilidad de hacerla efectiva, prestándole la
correspondiente sanción, sin dilaciones ni titubeos.
Debidamente estudiado el proyecto, y cotejado con los antecedentes más autorizados de la
legislación extranjera, y por tratarse de una ley orgánica que obedece a un solo plan de conjunto,
a una sola y patriótica inspiración, creo que corresponde, como es de práctica cuando se trata
de cuerpos legales de carácter técnico, se le preste la aprobación a libro cerrado, seguros de que
demos al Consejo de Defensa Nacional el instrumento legal que le es indispensable para cumplir
debidamente el alto propósito para que fue creado.
Si la Constitución Nacional y las leyes de la Nación imponen al excelentísimo señor presidente
de la República, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante en jefe de todas
las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional, la responsabilidad de adoptar
todas las previsiones que conciernen a la preparación, organización y dirección de la Defensa
Nacional, no puede el Congreso demorar o retacear los medios que el cumplimiento de la misión
que le encomienda reclaman como imprescindible.
Corresponde otorgárselos ampliamente, tal cual se pide, tal cual lo reclama la enorme responsabilidad
que se le ha impuesto como conductor político de la guerra y responsable de la
Defensa Nacional.
Para terminar, diré con Hamilton, frente al análisis de los poderes que incumben al Poder
Ejecutivo como jefe supremo de las fuerzas militares: “Al conductor de la guerra deben dársele
todos los medios necesarios para lograr el fin que la guerra se propone, todos los medios para
asegurar la victoria.”
Alejandro Hamilton, uno de los padres de la Constitución Nacional de la gran nación del
Norte, al referirse a los poderes de guerra del Poder Ejecutivo, decía: “Las facultades esenciales
para el cuidado de la defensa común son éstas: levantar ejércitos; construir y equipar
escuadras; dar reglas para el gobierno de ambos; dirigir sus operaciones; proveer a su sostenimiento.
Estos poderes deberían existir sin limitación alguna, porque es imposible prever o
definir la extensión y variedad de las exigencias nacionales y la correspondiente extensión y
variedad de los medios necesarios para satisfacerla. Las circunstancias que ponen en peligro
la seguridad de las naciones son infinitas; por esta razón no es prudente imponer ninguna
traba constitucional al poder a quien se ha cometido su cuidado…”. “Este poder debiera estar
bajo la dirección de los mismos consejos nombrados para dirigir la defensa común…”. “Debe
admitirse, como una consecuencia necesaria, que no puede haber limitación alguna a la autoridad
que provee a la defensa y protección de la comunidad, en cualquier asunto esencial a
su eficacia, esto es, en cualquier asunto esencial a la formación, dirección o sostenimiento de
las fuerzas nacionales.”
“Esta exposición —dice Hamilton— reposa sobre dos axiomas tan simples como universales:
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los medios deben ser proporcionados al fin; las personas de cuya diligencia se espera la obtención
del fin, deben poseer los medios suficientes para alcanzarlo.”
No niegue el Congreso lo que el presidente de la Nación reclama como instrumento legal
para asegurar la Defensa Nacional, la independencia de la República y el prestigio de la soberanía.
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos).
Sr. Presidente (Cámpora).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Miel Asquía.—Hago indicación de que se adopte el texto del proyecto del Poder Ejecutivo
como despacho de la Cámara en comisión.
Sr. Presidente (Cámpora).—Se va a votar la indicación del señor diputado por la Capital.
Sr. Presidente (Cámpora).—Queda levantada la conferencia.
—Resulta afirmativa de 82 votos; votan 84 señores
diputados.
45
Organización de la Nación en tiempo de guerra
Sr. Presidente (Cámpora).—Se va a votar en general el despacho producido por la Cámara
en comisión en el proyecto de ley sobre organización general de la Nación en tiempo de guerra.
—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración en particular.
Sr. Álvarez Pereyra.—Hago indicación de que se vote a libro cerrado.
Sr. Albrieu.—Creo que la indicación del señor diputado por la Capital no es reglamentaria.
Sr. Álvarez Pereyra.—No hace falta leer los artículos.
Sr. Presidente (Cámpora).—La proposición del señor diputado por la Capital tiene el sentido
de que se suprima la lectura del texto de los artículos, que tienen los señores diputados sobre
sus pupitres, limitándose la Secretaría a enunciar los números.
Si hay asentimiento, así se hará.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 1º.
Se va a votar.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 2º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 83 señores
diputados.
44
—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 81 señores
diputados.

32a. reunión - continuación 23a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 3º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 74 votos; votan 82 señores
diputados.
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Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 4º.
Se va a votar.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 5º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 82 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 6º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 81 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 7º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 82 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 8º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 82 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 9º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 82 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 10º.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 82 señores
diputados.
—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 11.
45

12 de agosto de 1948
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 12.
Se va a votar.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 13.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 14.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 15.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 16.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 17.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 18.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 19.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 83 señores
diputados.
46

32a. reunión - continuación 23a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 20.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 83 señores
diputados.
1948
—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 21.
Se va a votar.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 22.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 31.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 22.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 23.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 24.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 25.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 74 votos; votan 84 señores
diputados.
47

12 de agosto de 1948
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 26.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 27.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 79 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 28.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 29.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 80 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 30.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 31.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 32.
Se a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 33.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 80 votos; votan 83 señores
diputados.
—Resulta afirmativa de 79 votos; votan 82 señores diputados.
48

32a. reunión - continuación 23a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 34.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 82 señores
diputados.
1948
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 35.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 81 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 36.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 80 votos; votan 83 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—En consideración el artículo 37.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 82 señores
diputados.
Sr. Presidente (Cámpora).—El artículo 38 es de forma.
Sr. Presidente (Cámpora).—Queda sancionado el proyecto de ley.
CARLOS E. MALLADA.
Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos.
Fuente: Diario de Sesiones. Cámara de Diputados de la Nación. 23a. sesión ordinaria (continuación) del 12 de agosto
de 1948. Conferencia 45.Organización de la Nación en tiempo de guerra, pp. 2606-2617. Biblioteca del Congreso de la
Nación. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información Argentina y Atención al usuario.
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33a. reunión - 37a. sesión ordinaria
Presidencia del contraalmirante (R) Alberto Teisaire, presidente provisional del
1948
Honorable Senado, y del doctor Pablo Ramella, presidente de la Comisión de
Negocios Constitucionales
Secretarios: señores Alberto H. Reales y Santiago A. Job
Senadores presentes:
AMELOTTI, Osvaldo
ANTILLE, Armando G.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BASALDÚA, Juan Carlos
BUSQUET, Alfredo
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
FIGUEIRAS, Demetrio
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRIQUEZ, Samuel
HERRERA, Julio
LÁZARO, Juan Fernando de
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
RAMELLA, Pablo A.
SAADI, Vicente Leónides
SOLER, Lorenzo (h)
SOSA LOYOLA, Gilberto
TANCO, Miguel A.
TASCHERET, Oscar
TEISAIRE, Alberto
VALLEJO, César
ZERDA, Justiniano de la
Ausentes, en misión especial:
BAVIO, Ernesto F.
MATHUS HOYOS, Alejandro
MOLINARI, Diego Luis
Ausente, con licencia:
MARTÍNEZ, Ramón Linidor
Ausente, con aviso:
ARRIETA, Alfredo J. L.
Sumario
1. Asuntos entrados:
I. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdos.
II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se reforma la organización y
funcionamiento de la Sociedad Argentina de la Cruz Roja.
III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el convenio comercial y
financiero entre las repúblicas Argentina y de Hungría, subscrito en Buenos Aires el 14 de julio de
1948.
IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Protocolo Adicional al
Convenio Comercial y de Pagos, subscrito el 30 de octubre de 1946, entre la República Argentina
y España, firmado en Buenos Aires el 9 de abril de 1948.
V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se remiten informes sobre el plan de fomento al datilero.
VI Mensajes del Poder Ejecutivo por los que se comunica la promulgación de leyes.
VII. Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.
VIII. Comunicaciones oficiales.
IX. Comunicaciones particulares.
X. Despachos de comisión.
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1 de septiembre de 1948
2. Proyecto de ley del senador Herrera sobre aplicación de la pena de amparo social.
3. Proyecto de ley del senador Amelotti por el que se acuerda subsidio a la Municipalidad de Cruz
del Eje, Córdoba.
4. Proyecto de ley de los senadores de la Zerda y Avendaño por el que se acuerda pensión a doña
María Carmen Domínguez.
5. Proyecto de ley del senador Antille sobre fomento de la vivienda.
6. Proyecto de ley del senador Sosa Loyola por el que se refuerza el presupuesto de la Universidad
Nacional de Cuyo.
7. Proyecto de ley de los senadores Ramella, Durand, Busquet y Amelotti, por el que se otorga
subsidio al Hogar Don Orione (Pequeño Cottolengo Argentina).
8. Autorización al senador Antille para integrar la delegación argentina a la III Asamblea de las
Naciones Unidas, a realizarse en París.
9. Licencia.
10. Moción.
11. Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre tema para
cubrir la vacante de la arquidiócesis de la ciudad de La Plata. Se aprueba.
12. Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley, en revisión,
sobre reformas al régimen de previsión social para el personal civil de la Nación (ley 4.349). Se
aprueba con modificaciones.
13. Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley de los
senadores Figueiras y Cruz sobre modificaciones a la ley 10.650, de jubilaciones y pensiones
ferroviarias. Se aprueba modificado.
14. Consideración del despacho de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley,
venido en revisión sobre organización de la Nación en tiempo de guerra. Se aprueba,
quedando convertido en ley.
15. A moción del senador Gómez del Junco se resuelve realizar sesión secreta el viernes próximo
para tratar acuerdos y autorizar a la Presidencia a integrar la Comisión de Acuerdos.
16. A moción del senador Teisaire se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta la sesión de mañana.
17. Apéndice.
I. Sanciones del Honorable Senado.
II. Comunicaciones al Poder Ejecutivo.
—En Buenos Aires, al primer día del mes de septiembre
de 1948, siendo las 16 y 25, dice el
Sr. Presidente (Teisaire).—Queda abierta la sesión con la presencia de 17 señores senadores.
52

33a. reunión - 37a. sesión ordinaria
14
Organización General de la Nación en tiempo de guerra
1948
—Se lee:
Despacho de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional (Guerra, Marina y Aviación) ha considerado el proyecto
de ley, venido en revisión, sobre organización general de la Nación en tiempo de guerra; y,
por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 1948.
Alberto Teisaire — Miguel A. Tanco — Juan Fernando de Lázaro.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(agosto 12 de 1948)
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Proyecto de ley
Artículo 1º.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante
en jefe de todas las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional,
compete solidariamente con los ministros secretarios de Estado todo cuanto concierne a la preparación,
organización y dirección de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—Las previsiones necesarias para la organización de la Nación en tiempo de guerra,
deberán ser adoptadas desde tiempo de paz de acuerdo con las directivas fijadas por el Consejo
de Defensa Nacional. La preparación y ejecución de los planes y programas destinados a satisfacer
esas previsiones hasta en sus menores detalles, corresponderá a los ministerios o secretarías
de Estado por intermedio de sus organismos dependientes y de aquellos que, a los efectos de la
coordinación, creare especialmente el Consejo de Defensa Nacional.
Art. 3º.—Al Consejo de Defensa Nacional incumbe la responsabilidad de adoptar las medidas
tendientes a pasar de la organización del país en tiempo de paz a la organización para tiempo
de guerra.
Para ello impartirá la orientación necesaria a todos los organismos de Estado para preparar:
a) La movilización de todas las Fuerzas Armadas de la Nación;
b) La movilización del potencial necesario para organizar la defensa civil, la seguridad
interior, el funcionamiento normal de la administración y de los servicios públicos,
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1 de septiembre de 1948
54
y asegurar un ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el
comercio y la industria;
Art. 4º.—Los problemas fundamentales que atañen a la organización general de la Nación
para la guerra, serán resueltos por el Poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros, constituido
en Consejo de Defensa Nacional.
c) La movilización y utilización para tiempo de guerra de todos los recursos morales y
materiales del país;
d) La creación de los organismos necesarios para planificar, coordinar y dirigir el aprovechamiento
del potencial de guerra de la Nación.
Para la resolución de asuntos especiales o de naturaleza determinada, cuya coordinación sólo
requiera la intervención de algunos de los ministerios o secretarías de Estado, el presidente de
la Nación, a fin de lograr una adecuada subdivisión del trabajo y una mayor celeridad en los
trámites, podrá constituir, dentro del Consejo de Defensa Nacional, comisiones ministeriales o
gabinetes parciales.
Las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en los acuerdos parciales de gabinete, tendrán
la misma fuerza que las adoptadas en los acuerdos generales.
Art. 5º.—Si en tiempo de guerra fuera necesario atender nuevas tareas o descentralizar las
que actualmente atienden los ministerios existentes, el Consejo de Defensa Nacional, en acuerdo
plenario, podrá ampliar el número de secretarías de Estado con categoría de ministerio. En tal
caso, los decretos emanados de dichas secretarías de Estado, llevarán, además de la firma del titular,
la de alguno de los ocho ministros permanentes.
El presidente de la Nación podrá crear nuevos organismos o ampliar los existentes, para
poner en ejecución los planes de la movilización general del país. Asimismo, podrá encomendar
funciones ejecutivas o de contralor, a los organismos asesores que colaboran con el Consejo de
Defensa Nacional en la preparación, organización y dirección de los planes que integran el Plan
General de la Defensa Nacional.
Art. 6º.—Las funciones encomendadas al Consejo de Defensa Nacional por la presente ley
y los decretos leyes 9.330/43 y 13.939/44 (ley 12.913), serán cumplidas por intermedio de la
Secretaría del Consejo de Defensa Nacional.
La Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, además de asesorar y estudiar los asuntos que
dicho consejo le encomiende, constituye el órgano natural por intermedio del cual el presidente
del Consejo de Defensa Nacional prepara e imparte a los organismos ejecutores las órdenes e instrucciones
uniformes a que han de ajustarse en el cumplimiento de su cometido, y por conducto
del cual se informa acerca de su cumplimiento.
Art. 7º.—El Consejo de Defensa Nacional fijará, desde tiempo de paz, la misión, atribuciones
y responsabilidades de cada ministerio o secretaría de Estado, en la preparación del país para la
guerra, en la movilización y utilización de las personas y recursos concernientes a cada rama de
la administración pública, así como de las actividades y recursos de las personas e instituciones
de derecho privado que cada secretaría de Estado, en cumplimiento de sus funciones, dirige,
fomenta, regula o fiscaliza.
Art. 8º.—La movilización de las Fuerzas Armadas está regulada por las leyes y reglamentos
militares. Su ejecución estará a cargo de los organismos militares correspondientes de acuerdo
con la orientación fijada para cada una de las fuerzas por el Consejo de Defensa Nacional.
Art. 9º.—La movilización en los ministerios civiles será ordenada y ejecutada bajo la responsabilidad
del ministro respectivo, por intermedio de las direcciones de Defensa Nacional existentes
en cada secretaría de Estado.

33a. reunión - 37a. sesión ordinaria
Esta movilización se realizará de acuerdo con los planes aprobados por el Consejo de Defensa
Nacional y bajo el contralor directo de la secretaría de dicho consejo.
A tal fin, la secretaría actuará como organismo asesor y coordinador entre las distintas secretarías
de Estado; impartirá en nombre del Consejo de Defensa Nacional las instrucciones necesarias
a las distintas direcciones de Defensa; y controlará, por intermedio de los jefes militares de
las correspondientes divisiones de la secretaría del consejo, el desarrollo de los planes y la ejecución
de las tareas dispuestas, acerca de cuyo cumplimiento mantendrá informado al Consejo de
Defensa Nacional.
Art. 10º.—Para coordinar la utilización de todos los recursos del país para la guerra y para la
preparación de los planes pertinentes, el Consejo de Defensa Nacional establecerá, desde tiempo
de paz, el orden de preferencia para la utilización de las personas y recursos, de acuerdo con las
necesidades de las Fuerzas Armadas y ministerios civiles.
Esta coordinación comprende, además de la utilización de las fuerzas de que dispone la Nación,
los establecimientos destinados a la fabricación del material de guerra, la movilización industrial,
la distribución de la mano de obra y las materias primas, y todo lo concerniente al abastecimiento
general para las tropas, la población civil y las necesidades de la producción económica.
Las fuerzas aéreas tendrán prelación, entre las Fuerzas Armadas, para movilizar el personal
que posea aptitudes o conocimientos especiales para e1 servicio aeronáutico.
Art. 11.—La conducción de la guerra, en su aspecto político-militar, compete directamente
al presidente de la Nación, quien adoptará las resoluciones pertinentes en acuerdo parcial de
gabinete, asistido de los secretarios de Estado en los ramos de Relaciones Exteriores, Guerra,
Marina y Aeronáutica, constituidos al efecto en Gabinete de Seguridad Exterior (o Gabinete de
Guerra), con el asesoramiento directo del Estado Mayor de Coordinación.
Las tareas de coordinación que conciernen a este gabinete, cuando no requieran decisión del
Poder Ejecutivo, serán adoptadas en reunión de ministros, convocada y presidida por el ministro
de Relaciones Exteriores por propia iniciativa o a requerimiento de cualquiera de los ministros
que lo integran.
La ejecución de las decisiones tomadas en común compete a cada uno de los ministerios dentro
de su respectiva rama de gobierno.
Se organizarán, además, y funcionarán bajo las mismas normas que el de Seguridad Exterior,
un Gabinete de Seguridad Interior; integrado por los secretarios de Estado en las carteras de
Justicia e Instrucción Pública, Obras Públicas y Salud Pública, que bajo la presidencia del ministro
del Interior tendrá a su cargo la coordinación de los problemas relativos al frente interno
de la Nación en guerra; y un Gabinete de Seguridad Económica integrado por los secretarios de
Estado en los departamentos de Agricultura, Comercio e Industria y Trabajo y Previsión, presidido
por el ministro de Hacienda para la coordinación de los problemas de los abastecimientos,
la producción, el comercio y las finanzas.
Las nuevas secretarías de Estado que pudieran crearse integrarán el gabinete a que correspondan,
según la naturaleza de las funciones de gobierno que les sean asignadas.
Sin perjuicio de los gabinetes parciales que se consignan expresamente en esta ley, el Consejo
de Defensa Nacional podrá constituir comisiones ministeriales especiales, para la solución de los
problemas y coordinación de las actividades que interesen conjuntamente a dos o más ministerios
o secretarías.
Art.12.—El Gabinete de Seguridad Exterior, a los efectos de la preparación y conducción
de la guerra y de la mayor coordinación de las Fuerzas Armadas en las operaciones conjuntas,
será asistido en normas permanente por el Estado Mayor de Coordinación el que le estará directamente
subordinado y se integrará con jefes y oficiales de los Estados Mayores Generales del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, de acuerdo con la organización, objetivos y facultades que
el Consejo de Defensa Nacional fije al reglamentar sus actividades.
55
1948

1 de septiembre de 1948
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El Gabinete de Seguridad Exterior y el Estado Mayor de Coordinación, sin perjuicio de los
organismos propios de que dispondrá éste último, contarán para la realización de sus trabajos,
por intermedio del jefe de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, de los subjefes militares,
del conjunto de jefes y oficiales y demás organismos dependientes de dicha secretaría.
Del mismo modo los gabinetes de Seguridad Económica y Seguridad del Interior contarán
para la realización de sus tareas con la colaboración de dicho personal y los respectivos subjefes
de Seguridad Económica y Seguridad del Interior por intermedio del jefe de la secretaría.
Art. 13.—En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente de la Nación procederá
a la designación del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para la dirección integral de
las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo.
A los efectos de la conducción de las operaciones, el Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá
directamente del presidente de la Nación (Gabinete de Seguridad Exterior) y será el órgano natural
y obligado mediante el cual se impartirán las órdenes e instrucciones a los comandantes en
jefe de todas las fuerzas.
Las operaciones terrestres serán dirigidas por el comandante jefe del ejército de campaña; las
operaciones marítimas y fluviales por el comandante de operaciones navales y las aéreas por el
comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
Los comandantes en jefe de las tres fuerzas dependerán, a los efectos de la dirección de las
operaciones, del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero en la administración y
gobierno de las fuerzas a sus órdenes, dependerán como siempre de los respectivos secretarios
de Estado.
Art. 14.—En tiempo de guerra, el país será dividido en una o más Zonas de Operaciones y en
una Zona del Interior.
Se declararán Zonas de Operaciones Terrestres las partes del territorio nacional en que deban
operar los ejércitos en compaña.
Conforme a las necesidades de las operaciones navales, se declarará una o varias Zonas de
Operaciones Navales en el mar, ríos, costas e islas adyacentes.
Cuando alguna parte del territorio nacional sea defendida en forma exclusiva o prevalente
por las Fuerzas Aéreas, aquella podrá ser declarada Zona de Operaciones Aéreas.
Las zonas de operaciones deberán ser delimitadas expresa y concretamente por decreto del
Poder Ejecutivo, a propuesta de los comandantes en jefe, elevadas por intermedio del Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas.
Será considerada zona de operaciones aéreas, sin necesidad de declaración previa del Poder
Ejecutivo, el espacio aéreo que se extiende sobre los territorios y las aguas nacionales, y el espacio
adyacente hasta el límite del radio de acción de las aeronaves.
Art. 15.—El Comando Superior destacado en las zonas de operaciones, ejerce la autoridad
total del gobierno, tanto en lo militar como en lo civil y administrativo. Puede delegar dicha
autoridad en los comandantes de ejércitos, escuadras, fuerzas aéreas comandantes de unidades
operativas independientes, respecto a las zonas en que aquellos actúan.
Los comandantes que ejercen la autoridad total, están facultados para imponer la ley marcial
dentro de las respectivas zonas de operaciones, dictando a tal efecto los bandos y disposiciones
con fuerza de ley que las necesidades de la guerra impongan.
En tal virtud, tienen facultades de mando sobre las autoridades civiles que resuelvan mantener
en el ejercicio de sus funciones.
Los magistrados que desempeñen funciones de justicia, y que fueren designados o confirmados
en sus cargos por la autoridad militar, mantendrán independencia en su acción y la plenitud
de sus atribuciones judiciales.
Art. 16.—Para los asuntos relacionados con la administración civil de la zona de operaciones,

33a. reunión - 37a. sesión ordinaria
el Comando Superior de la misma tendrá adscrito un delegado civil para cada provincia, territorio
nacional o parte de éstos que integre la respectiva zona de operaciones.
Los delegados civiles serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de los ministerios
de Guerra, Marina o Secretaría de Aeronáutica según el caso.
Serán designados delegados civiles, en lo posible, los gobernadores de las provincias o territorios
nacionales, cuyos territorios o parte de los mismos, quedaren comprendidos dentro de los
límites de la zona de operaciones.
Los delegados civiles tendrán la función de dirigir uniformemente la administración civil en
su jurisdicción y ejercer en nombre del comandante respectivo, la autoridad que a éste le compete,
en lo que concierne a la administración pública y a la población civil.
Art. 17.—La Zona del Interior comprende todo el territorio del país que no haya sido declarado
Zona de Operaciones y en ella las autoridades civiles nacionales, provinciales y municipales
mantienen su jurisdicción y ejercitan sus atribuciones de tiempo de paz.
La Zona del Interior es única para las tres Fuerzas Armadas y en ella el comandante general
del Interior será quien tenga a su cargo la realización coordinada de los trabajos relativos a la
movilización, abastecimientos y transportes de las Fuerzas Armadas de acuerdo con las directivas
impartidas por el Consejo de Defensa Nacional, así como aquellos relacionados con la seguridad
de la Zona del Interior.
Para tales fines los organismos directivos del Comando General del Interior serán integrados
por representantes de la marina y aeronáutica.
Art. 18.—Dentro de la Zona del Interior, y a los efectos de garantizar de manera especial el
orden y la disciplina, el Poder Ejecutivo podrá declarar por decreto Zona de Guerra sometidas a
la jurisdicción de las autoridades militares, y al régimen disciplinario de los tribunales militares,
las bases navales y aéreas, los recintos fortificados, los puertos, estaciones ferroviarias, las líneas
de transportes, las instalaciones y líneas de telecomunicaciones, los establecimientos industriales,
usinas, talleres y depósitos directamente afectados a la producción de materiales de guerra
o a cubrir las necesidades de la Defensa Nacional, y, de manera general, todo recinto militar o
militarizado, a condición de que esté perfectamente delimitado y puesto bajo custodia militar
efectiva y ostensible.
Art. 19.—La adopción desde tiempo de paz, de las previsiones necesarias para la entrada
en acción inmediata de todos los medios que concurren a asegurar la defensa activa del territorio
contra los ataques aéreos, estará a cargo del Ministerio de Guerra (Comando General del
Interior—Comando de Defensa Antiaérea del Interior) y de la Secretaría de Aeronáutica, quienes
armonizarán y coordinarán la distribución y empleo de la artillería antiaérea, aviación y otros
medios que se disponga para tales fines.
Art. 20.—El Ministerio de Guerra (Comando General del Interior—Comando de Defensa
Antiaérea del Interior) dirige, de acuerdo con los ministerios interesados, la organización de la
defensa pasiva contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeos, incendios,
gases, invasión por paracaidistas, etcétera), en todo el territorio del país, con excepción de
las bases y demás dependencias aéreas y navales que quedan sometidas a las previsiones adoptadas
por las respectivas secretarías de Estado de Marina y Aeronáutica.
A tales fines la Defensa Antiaérea Territorial Pasiva comprende el conjunto de medidas destinadas
a prevenir y entorpecer los ataques enemigos así como a reducir y reparar los estragos causados,
restableciendo el orden y la normalidad en los servicios públicos, la producción industrial
y demás actividades de la población.
Art. 21.—Corresponde al Consejo de Defensa Nacional establecer, desde tiempo de paz, la
coordinación de las medidas y previsiones de vigilancia y defensa antiaérea activa y pasiva, territorial
y naval, contra el peligro de los ataques aéreos.
Art. 22.—Es obligatoria en todo el territorio de la Nación la organización de la defensa pasiva:
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contra ataques aéreos. Los deberes y prestaciones personales que esa organización comporta, son
considerados carga pública irrenunciable, a la que están sometidos todos los habitantes del país,
nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y según su respectiva aptitud física, de conformidad
con las normas reglamentarias que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.
Art 23.—Las autoridades nacionales, provinciales y municipales están obligadas a cooperar
con las autoridades militares para la organización de la defensa pasiva en el territorio de
sus respectivas jurisdicciones. Son, además, las responsables del cumplimiento de las medidas y
previsiones ordenadas por las reglamentaciones pertinentes para la población, las instituciones
públicas y privadas y los servicios e instalaciones que están sujetos a su autoridad o control.
Art. 24.—Corresponde al Ministerio de Guerra (Comando General del Interior—Comando
de Defensa Antiaérea del Interior) promover las medidas reglamentarias que deben dictar las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, a fin de que las dependencias oficiales, las entidades
que administren servicios públicos y los organismos privados adopten en tiempo de paz
las previsiones necesarias para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones. Dichas
medidas impondrán, en especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas construcciones,
las normas de seguridad a que deberán ajustarse. En las construcciones existentes, dispondrán
las transformaciones que en cada caso resulten indispensables para la seguridad de las mismas,
de sus habitantes y vecinos.
Art. 25.—Las prestaciones personales para la organización de la vigilancia y defensa antiaérea
territorial pasiva, así como para instrucción y preparación de los ejercicios indispensables en
tiempo de paz, no podrán exceder de seis horas por mes o de tres días en el año, sin dar lugar
a la indemnización correspondiente. Cuando la prestación de servicio exceda de dicho límite,
el Estado compensará las horas excedentes de acuerdo al salario médico horario que perciba el
convocado, determinándolo con sujeción al procedimiento señalado por los artículos 5º y 6º del
decreto reglamentario de la ley 9.688, de fecha 14 de enero de 1916, el que no podrá exceder en
ningún caso de dos pesos por hora.
Cuando la prestación de servicios no pueda requerirse en las horas libres y sea exigida dentro
del horario habitual de trabajo, sin exceder de seis horas por mes o de tres días al año, el empleador
o patrono no podrá eximirse de la obligación de abonar el sueldo o salario convenido al
empleado u obrero. Si la prestación excede de dicho límite, el Estado reintegrará al empleador o
patrono la indemnización correspondiente al tiempo excedido.
Art. 26.—El Poder Ejecutivo reglamentará detalladamente las condiciones bajo las cuales,
en tiempo de paz, el personal afectado al Servicio de Vigilancia y Defensa Antiaérea Territorial
Pasiva podrá ser convocado, utilizado y remunerado en el desempeño de sus funciones, así como
indemnizado en los casos de accidentes sufridos en los actos de servicio.
Establecerá, asimismo, la organización de los servicios y centros de instrucción necesarios,
otorgando las jerarquías que las necesidades del servicio impongan, haciendo efectiva la obediencia
y el respeto jerárquico en todos los escalones de la misma, para lo cual, sin perjuicio de las
sanciones administrativas para los funcionarios y empleados de la administración pública por el
incumplimiento de sus deberes, podrá imponer sanciones penales de multa de $5 a $1.000 por
la primera y segunda contravención y pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda
reincidencia.
Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, regirán las disposiciones
del Código de Justicia Militar para el personal convocado para el Servicio de Vigilancia y
Defensa Antiaérea Territorial Pasiva como para el convocado al servicio militar.
Art. 27.—El Servicio Civil de Defensa Nacional (ley 12.913, artículos 1º y 3º), es el conjunto
de obligaciones que el Estado impone a sus habitantes no movilizados para el servicio militar a
los efectos de contribuir directa o indirectamente a la preparación y sostenimiento del esfuerzo
que la guerra impone a la Nación, asegurando la capacidad guerrera de las Fuerzas Armadas, el

33a. reunión - 37a. sesión ordinaria
mantenimiento del orden interno, el funcionamiento de los servicios públicos, la producción
intensiva de los materiales de guerra y los abastecimientos para el frente de batalla y el frente
interior, afianzando por todos los medios la vida regular y la capacidad de resistencia de la población
civil.
La movilización del servicio civil sólo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo cuando sea
necesaria a los fines de la Defensa Nacional y en los casos de catástrofes o emergencias graves que
afecten partes importantes del territorio nacional o de sus poblaciones.
Art. 28.—En tiempo de guerra el Servicio Civil de Defensa Nacional lo cumplen todos los habitantes
del país sin distinción de sexo, a partir de los 12 años, incluso los extranjeros, como súbditos
temporarios, siempre que no prefieran renunciar al derecho de asilo y ausentarse del país.
En tiempo de paz, lo cumplen los argentinos, sin distinción de sexo a partir de los 12 años, y
los extranjeros voluntarios o contratados.
Exceptúanse de la prestación del servicio civil a los extranjeros que gocen de inmunidades
diplomáticas.
El Poder Ejecutivo podrá establecer en la reglamentación de la presente ley y con carácter
general, las demás excepciones que considere pertinentes.
Art. 29.—La preparación de la movilización del servicio civil estará a cargo del Consejo de
Defensa Nacional, quien deberá crear desde tiempo de paz los organismos encargados de ejecutar,
dirigir y fiscalizar los servicios correspondientes, así como aquellos encargados de coordinar
sus actividades con las necesidades y previsiones de la movilización militar.
Sin perjuicio de otros organismos dependientes del Consejo de Defensa Nacional (Secretaría)
existirán desde tiempo de paz con carácter permanente los siguientes:
- Una Comisión de Zonas de Seguridad.
- Una Comisión de Movilización Industrial.
- Una Comisión de Movilización de la Mano de Obra.
- Una Comisión de Indemnización y Subsidios a los Movilizados y sus Familiares.
Art. 30.—En caso de guerra o de su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias
graves que afecten alguna zona importante del país, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las requisiciones
que sean indispensables para proveer a las necesidades de la Defensa Nacional.
A tales fines podrá requisar:
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a) Los servicios individuales o colectivos de todos los habitantes obligados a la prestación
del Servicio Civil de Defensa Nacional;
b) Los servicios de todos los sindicatos, sociedades y asociaciones de todo género, existentes
dentro del territorio de la Nación;
c) La propiedad y uso de todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes del
país o sus aguas territoriales, sean o no de propietarios argentinos, salvo aquellos que
estén protegidos por inmunidades diplomáticas o por leyes especiales de la Nación;
d) Las patentes de invención y licencias de explotación ya concedidas, así como cualquier
invento.
Art. 31.—A los fines de la organización de la Nación para la guerra, el Poder Ejecutivo podrá
proceder desde tiempo de paz, y con carácter obligatorio para todos los habitantes, al levantamiento
de los censos especiales que juzgue oportuno. Los datos así recogidos no podrán ser utilizados
sino a los fines exclusivos de la movilización y revestirán carácter estrictamente reservado.
Art. 32.—El Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades y condiciones en que se realizarán
las requisiciones en tiempo de guerra, conforme a las bases fijadas por la presente ley.
Toda requisición da derecho a una retribución o indemnización, equivalente al justo valor de
los bienes en el momento de ser requisados.
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1 de septiembre de 1948
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Unicamente las autoridades especialmente facultadas por el Poder Ejecutivo podrán efectuar
requisiciones, las que serán siempre documentadas con recibo firmado por dichas autoridades
competentes. La fecha en que comienzan y cesan las requisiciones será fijada por decreto del
Poder Ejecutivo.
El valor de las indemnizaciones será fijado administrativamente por comisiones mixtas integradas
por funcionarios del Estado Nacional, funcionarios locales (provinciales o municipales)
y propietarios de zona, en representación de los posibles afectados, siendo sus decisiones recurribles
ante la Justicia Federal tanto por los representantes del Estado como por los propietarios
afectados.
Art. 33.—Durante la movilización podrán ser requisados los servicios personales de todos los
habitantes obligados a prestar el servicio civil de Defensa Nacional, para trabajar por cuenta del
Estado según su profesión u oficio, o según su aptitud física, en las tareas de la administración
nacional, provincial o municipal, en los servicios públicos, o en los servicios y tareas privadas que
funcionan en interés de la Nación.
Los requisados que estén sometidos a obligaciones de servicio militar definidas por las leyes
de reclutamiento y sean utilizados en las tareas del servicio civil podrán ser incorporados a cuerpos
especiales.
La requisición de servicios personales puede efectuarse individualmente, o bien en forma colectiva
comprendiendo el conjunto de personas que forme parte de un servicio, equipo, empresa,
considerado como indispensable para asegurar el buen servicio de los mismos.
Los jubilados de la administración pública y los que tengan derecho a retiro o jubilación en
instituciones privadas, podrán ser reincorporados o mantenidos en los servicios que prestaban, o
bien llamados a otras tareas teniendo en cuenta sus condiciones de aptitud física e intelectuales.
El sueldo, remuneración o salario de los movilizados en el servicio civil, serán fijados por la
autoridad requirente sobre la base del sueldo inicial del empleo ocupado, o de la función desempeñada
a la cual este empleo es asimilado.
Los salarios serán fijados en base a los salarios normales y corrientes en la industria respectiva
o similar, según las leyes y reglamentaciones obreras en vigor o contratos de trabajo vigentes en
el lugar.
El personal destinado al servicio civil podrá recibir, desde tiempo de paz, la cédula de destino
para tiempo de guerra; en ese caso deberá acusar recibo y dar cuenta de todo cambio de domicilio
ulterior a la autoridad que le confirió el destino de movilización.
Cuando la comunicación de la cédula de destino hubiere sido hecha con carácter secreto por
la autoridad correspondiente, la divulgación del destino asignado constituye para el actor de la
divulgación el delito de violación de secreto previsto y penado por los artículos 222 y 223 del
Código Penal de la Nación.
Art. 34.—Sin perjuicio de la disposición general que declara requisables todos los bienes
muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país que resulten necesarios para la Defensa
Nacional, lo serán en especial y con prioridad para ser utilizados por las autoridades militares:
1º El alojamiento y acantonamiento de las tropas, el material y el ganado de las mismas;
2º El alojamiento y la atención de los heridos en los hospitales, sanatorios y casas
particulares;
3º Los víveres para la alimentación de los oficiales y las tropas y el forraje para el ganado;
4º El vestuario y equipo para los oficiales y la tropa;
5º Los materiales, útiles y maquinarias destinados a las construcciones de carácter
militar;
6º Los atalajes, el ganado, los vehículos, hipomóviles y automóviles destinados a la
carga y al transporte;

33a. reunión - 37a. sesión ordinaria
7º Los navíos, buques y demás embarcaciones que se encuentran en las costas marítimas,
ríos, arroyos, lagos y canales de jurisdicción nacional cuando ellas son de
matrícula argentina, incluso los servicios de sus tripulantes y personal necesario para
su utilización;
8º Las aeronaves de matrícula nacional y el personal, instalaciones y material necesario
para su utilización;
9º La utilización de toda la capacidad de transporte de las aeronaves que sobrevuelen el
territorio de la República, cuando ellas sean de matrículas extranjeras;
10º Los servicios ferroviarios y todos los elementos y materiales de las empresas ferroviarias
del país de acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la ley 2.873;
11 Los servicios, instalaciones y materiales de las empresas de comunicaciones telegráficas,
telefónicas y radiocomunicaciones;
12 Los puertos marítimos y fluviales, bases aéreas y aeropuertos;
13 Los recintos, locales y tinglados destinados a depósitos de materias primas y productos
de la agricultura, ganadería e industria de elaboración.
1948
Art. 35.—La requisición de efectos materiales y de establecimientos industriales, puede ser
efectuada a título de dominio o a título de uso.
La requisición a título de dominio consiste en la incautación definitiva de plantas industriales,
fábricas, talleres, equipos, etcétera, para ser utilizados por el Estado por cuenta propia y como
dueño, correspondiendo en consecuencia la indemnización por compra.
La requisición a título de uso es la incautación temporaria de los referidos establecimientos.
Puede ser total o parcial, según que afecte a todo el establecimiento o sólo a una parte; por
un período determinado de tiempo o sólo por algunas horas diarias; por uno o más turnos de
trabajo compartiendo la capacidad de producción con el propietario o empresa particular. En
estos casos, corresponde abonar la indemnización en relación al uso que el Estado hace de dichos
establecimientos.
También podrá el Estado incautarse de la capacidad productiva, total o parcial, de las fábricas,
talleres, etcétera, sin tomar posesión de las mismas. En este caso, seguirán en manos de las
empresas o propietarios particulares, pero con la obligación de trabajar por cuenta del Estado y a
órdenes de las autoridades militares o civiles que se designen con todos sus medios, e incluso con
todo su personal, ya sea en forma permanente, ya sea por horas o por turnos de trabajo.
El hecho de que el establecimiento industrial se mantenga en posesión de la empresa o propietario
particular, no impide el contralor de fabricación ni la vigilancia y custodia militar del
establecimiento.
El personal de los establecimientos industriales requeridos a título de dominio o a título de
uso, o el que trabaje a órdenes del Estado en las fábricas militares y servicios públicos, estará sometido
al régimen disciplinario que esta ley dispone para los movilizados en el Servicio Civil de
Defensa, mientras el Poder Ejecutivo en la Zona del Interior, y la autoridad militar en las zonas
de operaciones, no dispongan someter a dicho personal a la jurisdicción de tiempo de guerra,
conforme a lo establecido por el artículo 119, inciso 1º, del Código de Justicia Militar, o declare
“zona de guerra” al recinto o lugar en que funciona la planta industrial, fábrica, taller, etcétera.
Art. 36.—El Poder Ejecutivo reglamentará el cumplimiento de la presente ley en cada uno de
sus aspectos, pudiendo disponer contra las personas que en tiempo de paz no cumplan con las
obligaciones establecidas en la misma, sanciones consistentes en multa de $5 a $1.000, por la primera
y segunda contravención, pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia,
sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y administrativas que corresponda aplicar a
los funcionarios o empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes.
Decretada la movilización por causas de guerra o su peligro imninente, o en caso de catástrofes
61

1 de septiembre de 1948
o emergencias graves que afecten zonas importantes del país, el personal convocado para el
Servicio Civil de Defensa quedará sometido a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en
la misma forma que el convocado para el servicio militar. Deberá considerarse como causa especial
de atenuación de las penas a aplicarse a los movilizados en el servicio civil la circunstancia de
pertenecer al sexo femenino o ser menor de 18 años o mayor de 60 para los convocados varones.
Art. 37.—El Poder Ejecutivo podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente,
un régimen penal y disciplinario especial en tiempo de guerra para asegurar el cumplimiento
de todas las obligaciones derivadas de la presente ley, especialmente en lo que concierne
a la movilización del Servicio Civil de Defensa, censos y requisiciones, movilización industrial
y mano de obra, reprimiendo la no presentación, la demora y el abandono del servicio, la desobediencia,
las faltas de respeto y las violencias o amenazas contra los superiores en la jerarquía
técnica o administrativa, o contra las autoridades militares destacadas en los establecimientos
industriales y demás organismos administrativos del servicio civil para la dirección, vigilancia
o custodia de los mismos, o para el mantenimientos de la disciplina y el orden en el trabajo, así
como sancionar todo abuso de autoridad contra los inferiores o la población civil, todo exceso o
contravención en materia de requisiciones de servicios personales o recursos materiales, a condición
de que las penas así dispuestas sean menos graves que las previstas por el Código de Justicia
Militar para la represión de los mismos delitos.
El Poder Ejecutivo podrá igualmente disponer, mientras lo crea oportuno, que los movilizados
en el Servicio Civil de Defensa sean juzgados aún en tiempo de guerra por los tribunales de
la jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales de la justicia militar respecto a
la aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la presente ley.
Art. 38.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
62
Sr. Presidente (Ramella).—En consideración.
Sr. Teisaire.—Pido la palabra.
Se va a considerar, señor presidente, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al
Honorable Congreso y aprobado ya por la Cámara de Diputados de la Nación.
Es posible que un proyecto de esta naturaleza sea campo propicio para que los imaginativos
den vuelo a su fantasía. Pero todas las especulaciones al respecto, pierden su valor tan pronto
se piensa que para nuestro pueblo la guerra no es, en ningún caso, un hecho deseado ni sería
la consecuencia de un acto voluntario, sino una imposición producto de circunstancias ajenas
a nuestra propia voluntad. Es por ello que este proyecto de ley es de carácter preventivo. No es
apresto bélico para desatar una guerra; es sólo una medida elemental de seguridad. Es uno de los
tantos pasos orgánicos que un gobierno progresista como el nuestro debe dar, a fin de encauzar
acciones, hoy dispersas, en una corriente única, que en el fondo significa resolver un problema
fundamental ahorrando tiempo, energías y dinero.
La experiencia enseña que la improvisación en estos asuntos, da lugar más tarde a soluciones
de emergencia, que deben evitarse, por ser ellas tardías, inadecuadas e inconvenientes como que
son el resultado de la improvisación, del desorden y de la falta de organización.
Lord Maurice Hankey, secretario del consejo imperial del gabinete inglés, en su obra Control
gubernativo de guerra, se queja de que Inglaterra, en el año 1939, estuviera en inferiores condiciones
al año 1914 por falta de legislación adecuada.
El general Eisenhower, en marzo de 1948, al entrar en discusión en el parlamento la ley de
Defensa Nacional, se expresó diciendo que la legislación, para ser aplicada en caso de emergencia,
es el primer paso esencial dentro de la esfera política de seguridad. “A ese respecto, —agrega
el general Eisenhower— muchos de los norteamericanos objetaron que una legislación para una
movilización total puede conducir a un régimen de fuerza en época de paz.” “Estos temores son

33a. reunión - 37a. sesión ordinaria
infundados —continúa el referido general— ya que el peligro de la legislación en nuestra forma
de vida, puede surgir de la tendencia a aprobar en forma de oleadas, las histéricas medidas rápidamente
improvisadas, para hacer frente a una crisis.”
Durante la paz, todos los parlamentos se resisten a legislar con respecto a la guerra, temiendo
que al adoptar previsiones para la Defensa Nacional, se marche hacia la guerra, cuando en realidad,
lo que se busca es evitar malas soluciones a última hora.
El proyecto que se considera es indispensable a la seguridad de la Nación, facilitando a las
Fuerzas Armadas la coordinación indispensable e imprescindible. Organizar una nación para la
guerra, es una necesidad, es resolver un problema que exige largos y pacientes estudios de cuyos
resultados depende nuestra existencia, en el caso desgraciado de un conflicto armado.
El proyecto en cuestión, tiene antecedentes numerosos y autorizados. Medidas similares han
sido tomadas desde hace años en la totalidad de los países que se consideran, por lo menos, medianamente
organizados.
No podría ser de otra manera, si se tiene en cuenta que desde las primeras luchas humanas
hasta nuestros días, las formas de la guerra se han modificado constantemente hasta llegar a tener
hondas repercusiones sobre todos los aspectos de la vida política, económica y social de un país.
La guerra moderna es infinitamente variada en sus aspectos, en su ritmo y en los medios que
su desarrollo exige. Las Fuerzas Armadas no constituyen sino una parte de la Defensa Nacional.
La Defensa Nacional es un deber ciudadano, sin distinción de sexo, profesión o actividad, deber
que no surge de la guerra misma, sino que la precede y la sobrevive, teniendo por ello carácter
permanente. El deber de la defensa, que sólo alcanzaba en el pasado a los hombres incorporados
a las Fuerzas Armadas, se ha transformado hoy en el deber de la Defensa Nacional, en el que cada
habitante debe tener su puesto señalado para servir a la defensa de la nación. El poder ya no se
tasa como en el pasado, principalmente por el número y calidad de los habitantes, sino también
por los medios, entrando para ello en juego la capacidad industrial, en materia prima, el combustible,
la energía, los elementos, las armas, las municiones, el transporte, etcétera.
Las guerras en nuestros días son guerras totales, en las que se combate simultáneamente y
con igual intensidad sobre seis frentes bien distintos, aunque íntimamente relacionados y dependientes
entre sí, ya sea estratégica o tácticamente. Dichos frentes son: el político, el económico,
el terrestre, el marítimo, el aéreo y el frente interior. De allí que, aunque cualquier nación puede
iniciar una guerra, su capacidad para sostenerla con eficacia estará supeditada a las fuerzas y medios
de que disponga en cada uno de los frentes antes nombrados. La cooperación entre sí y la
resistencia que puedan oponer a los eventuales enemigos, son factores de extraordinaria importancia
que el Estado debe prever y organizar, realizando su planificación al detalle.
Este proyecto resuelve el problema, pues contiene las disposiciones básicas mínimas en forma
prudente, limitando facultades, pero contemplando la entrada en acción inmediata de todos los
medios sobre bases generales.
Al votar el Honorable Senado este proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados y convertirlo
en ley, habrá contribuido a dar un paso orgánico y de gran importancia.
Sr. Presidente (Ramella).—Se va a votar en general el despacho de la comisión.
1948
—Se vota y resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Ramella).—En consideración en particular.
Sr. Teisaire.—Hago indicación en el sentido de que se enuncie solamente e1 número de los
artículos.
—Asentimiento.
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1 de septiembre de 1948
Sr. Presidente (Ramella).—Así se hará, entendiéndose que los artículos que no sean objetados,
se darán por aprobados.
Sr. Presidente (Ramella).—Queda convertido en ley.
—Sin observación, se aprueba el despacho en particular.
CARLOS E. MALLADA.
Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos.
64
Fuente: Diario de Sesiones. Cámara de Senadores de la Nación. 37a. sesión ordinaria del 1 de septiembre de
1948. Consideración del proyecto de ley Organización General de la Nación en tiempo de guerra, pp. 1579-
1586. Biblioteca del Congreso de la Nación. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información
Argentina y Atención al usuario.

Ley 13.234
Organización de la Nación en tiempo de guerra
10 de septiembre de 1948
1948
Ley Nº 13.234 1 —Dicta normas para organizar la Nación para tiempo de guerra las que serán
adoptadas desde tiempo de paz (Bol. of., 10/9/1948).
Art. 1º.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante
en jefe de todas las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional, compete
solidariamente con los ministros secretarios de Estado todo cuanto concierne a la preparación,
organización y dirección de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—Las previsiones necesarias para la organización de la Nación en tiempo de guerra,
deberdán ser adoptadas desde tiempo de paz de acuerdo con las directivas fijadas por el Consejo
de Defensa Nacional. La preparación y ejecución de los planes y programas destinados a satisfacer
esas previsiones, hasta en sus menores detalles, corresponderá a los ministerios o secretarías
de Estado por intermedio de sus organismos dependientes y de aquellos que, a los efectos de la
coordinación, creare especialmente el Consejo de Defensa Nacional.
Art. 3º.—Al Consejo de Defensa Nacional incumbe la responsabilidad de adoptar las medidas
tendientes a pasar de la organización del país en tiempo de paz a la organización para tiempo
de guerra.
Para ello impartirá la orientación necesaria a todos los organismos de Estado para preparar:
a) La movilización de todas las Fuerzas Armadas de la Nación;
b) La movilización del potencial necesario para organizar la defensa civil, la seguridad
interior, el funcionamiento normal de la administración y de los servicios públicos,
y asegurar un ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el
comercio y la industria;
c) La movilización y utilización para tiempo de guerra de todos los recursos morales y
materiales del país;
d) La creación de los organismos necesarios para planificar, coordinar y dirigir el aprovechamiento
del potencial de guerra de la Nación.
Art. 4º.—Los problemas fundamentales que atañen a la organización general de la Nación
para la guerra, serán resueltos por el Poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros, constituido
en Consejo de Defensa Nacional.
Para la resolución de asuntos especiales o de naturaleza determinada, cuya coordinación sólo
requiera la intervención de alguno de los ministerios o secretarías de Estado, el presidente de
la Nación, a fin de lograr una adecuada subdivisión del trabajo y una mayor celeridad en los
trámites, podrá constituir, dentro del Consejo de Defensa Nacional, comisiones ministeriales o
gabinetes parciales.
Las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en los acuerdos parciales de gabinete, tendrán
la misma fuerza que las adoptadas en los acuerdos generales.
1 El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo fue considerado y aprobado por la Cámara de Diputados en sesión del
12 de agosto de 1948 (D. ses. dip., p. 2606) y sancionado por el Senado el 1 de septiembre (D. ses. sen., p. 1579).
65

Ley 13.234
Art. 5º.—Si en tiempo de guerra fuera necesario atender nuevas tareas o descentralizar las
que actualmente atienden los ministerios existentes, el Consejo de Defensa Nacional, en acuerdo
plenario, podrá ampliar el número de Secretarías de Estado con categoría de ministerio. En tal
caso, los decretos emanados de dichas secretarías de Estado, llevarán, además de la firma de su
titular, la de alguno de los ocho ministros permanentes.
El presidente de la Nación podrá crear nuevos organismos o ampliar los existentes, para
poner en ejecución los planes de la movilización general del país. Asimismo, podrá encomendar
funciones ejecutivas o de contralor, a los organismos asesores que colaboran con el Consejo de
Defensa Nacional en la preparación, organización y dirección de los planes que integran el Plan
General de la Defensa Nacional.
Art. 6º.—Las funciones encomendadas al Consejo de Defensa Nacional por la presente ley
y los decretos-leyes 9.330/43 2 y 13.939/44 3 (ley 12.913) 4 , serán cumplidas por intermedio de la
Secretaría del Consejo de Defensa Nacional.
La Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, además de asesorar y estudiar los asuntos que
dicho consejo le encomiende, constituye el órgano natural por intermedio del cual el presidente
del Consejo de Defensa Nacional prepara e imparte a los organismos ejecutores las órdenes e instrucciones
uniformes a que han de ajustarse en el cumplimiento de su cometido, y por conducto
del cual se informa acerca de su cumplimiento.
Art. 7º.—El Consejo de Defensa Nacional fijará, desde tiempo de paz la misión, atribuciones
y responsabilidades de cada ministerio o secretaría de Estado, en la preparación del país para la
guerra, en la movilización y utilización de las personas y recursos concernientes a cada rama de
la administración pública, así como de las actividades y recursos de las personas e instituciones
de derecho privado que cada secretaría de Estado, en cumplimiento de sus funciones, dirige,
fomenta, regula o fiscaliza.
Art. 8º.—La movilización de las Fuerzas Armadas está regulada por las leyes y reglamentos
militares. Su ejecución estará a cargo de los organismos militares correspondientes de acuerdo
con la orientación fijada para cada una de las fuerzas por el Consejo de Defensa Nacional.
Art. 9º.—La movilización en los ministerios civiles será ordenada y ejecutada bajo la responsabilidad
del ministro respectivo, por intermedio de las direcciones de Defensa Nacional existentes
en cada secretaría de Estado.
Esta movilización se realizará de acuerdo con los planes aprobados por el Consejo de Defensa
Nacional y bajo el contralor directo de la secretaría de dicho consejo.
A tal fin, la secretaría actuará como organismo asesor y coordinador entre las distintas secretarías
de Estado; impartirá en nombre del Consejo de Defensa Nacional las instrucciones necesarias
a las distintas direcciones de defensa; y controlará, por intermedio de los jefes militares de
las correspondientes divisiones de la secretaría del consejo, el desarrollo de los planes y la ejecución
de las tareas dispuestas, acerca de cuyo cumplimiento mantendrá informado al Consejo de
Defensa Nacional.
Art. 10º.—Para coordinar la utilización de todos los recursos del país para la guerra y para la
preparación de los planes pertinentes, el Consejo de Defensa Nacional establecerá, desde tiempo
66
2 Decreto de carácter secreto; véase art. 6º de la ley 12.913, t. VII, p, 73. en Anales de la Legislación Argentina. Leyes
Nacionales. ADLA—Ediciones La Ley, Buenos Aires; 1968. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Dirección
de Referencia Legislativa.
3 Ver t. IV, p. 302., en Anales de la Legislación Argentina. Leyes Nacionales. ADLA—Ediciones La Ley, Buenos Aires;
1968. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Dirección de Referencia Legislativa.
4 Ver t. VII, p. 73., en Anales de la Legislación Argentina. Leyes Nacionales. ADLA—Ediciones La Ley, Buenos Aires;
1968. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Dirección de Referencia Legislativa.

Organización de la Nación en tiempo de guerra
de paz, el orden de preferencia para la utilización de las personas y recursos, de acuerdo con las
necesidades de las Fuerzas Armadas y ministerios civiles.
Esta coordinación comprende, además de la utilización de las fuerzas de que dispone la
Nación, los establecimientos destinados a la fabricación del material de guerra, la movilización
industrial, la distribución de la mano de obra y las materias primas, y todo lo concerniente al
abastecimiento general para las tropas, la población civil y las necesidades de la producción
económica.
Las fuerzas aéreas tendrán prelación, entre las Fuerzas Armadas, para movilizar el personal
que posea aptitudes o conocimientos especiales para el servicio aeronáutico.
Art. 11.—La conducción de la guerra, en su aspecto político-militar, compete directamente
al presidente de la Nación, quien adoptará las resoluciones pertinentes en acuerdo parcial de
gabinete, asistido de los secretarios de Estado en los ramos de Relaciones Exteriores, Guerra,
Marina y Aeronáutica, constituídos al efecto en Gabinete de Seguridad Exterior (o Gabinete de
Guerra), con el asesoramiento directo del Estado Mayor de Coordinación.
Las tareas de coordinación que conciernen a este gabinete, cuando no requieran decisión del
Poder Ejecutivo, serán adoptadas en reunión de ministros, convocada y presidida por el ministro
de Relaciones Exteriores por propia iniciativa o a requerimiento de cualquiera de los ministros
que lo integran.
La ejecución de las decisiones tomadas en común compete a cada uno de los ministerios dentro
de su respectiva rama de gobierno.
Se organizarán además, y funcionarán bajo las mismas normas que el de Seguridad Exterior,
un Gabinete de Seguridad Interior; integrado por los secretarios de Estado en las carteras de
Justicia e Instrucción Pública, Obras Públicas y Salud Pública, que bajo la presidencia del ministro
del Interior tendrá a su cargo la coordinación de los problemas relativos al frente interno
de la Nación en guerra; y un Gabinete de Seguridad Económica integrado por los secretarios de
Estado en los departamentos de Agricultura, Comercio e Industria y Trabajo y Previsión, presidido
por el ministro de Hacienda para la coordinación de los problemas de los abastecimientos,
la producción, el comercio y las finanzas.
Las nuevas secretarías de Estado que pudieran crearse integrarán el gabinete a que correspondan,
según la naturaleza de las funciones de gobierno que les sean asignadas.
Sin perjuicio de los gabinetes parciales que se consignan expresamente en esta ley, el Consejo
de Defensa Nacional podrá constituir comisiones ministeriales especiales, para la solución de los
problemas y coordinación de las actividades que interesen conjuntamente a dos o más ministerios
o secretarías.
Art. 12.—El Gabinete de Seguridad Exterior, a los efectos de la preparación y conducción
de la guerra y de la mayor coordinación de las Fuerzas Armadas en las operaciones conjuntas,
será asistido en forma permanente por el Estado Mayor de Coordinación, el que le estará directamente
subordinado y se integrará con jefes y oficiales de los Estados Mayores Generales del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, de acuerdo con la organización, objetivos y facultades que
el Consejo de Defensa Nacional fije al reglamentar sus actividades.
El Gabinete de Seguridad Exterior y el Estado Mayor de Coordinación, sin perjuicio de
los organismos propios de que dispondrá éste último, contarán para la realización de sus
trabajos, por intermedio del jefe de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, de los
subjefes militares, del conjunto de jefes y oficiales y demás organismos dependientes de dicha
secretaría.
Del mismo modo los gabinetes de Seguridad Económica y Seguridad del Interior contarán
para la realización de sus tareas con la colaboración de dicho personal y los respectivos
subjefes de Seguridad Económica y Seguridad del Interior por intermedio del jefe de la
secretaría.
67
1948

Ley 13.234
68
Art. 13.—En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente de la Nación procederá
a la designación del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para la dirección integral de
las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo.
A los efectos de la conducción de las operaciones, el Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá
directamente del presidente de la Nación (Gabinete de Seguridad Exterior) y será el órgano natural
y obligado mediante el cual se impartirán las órdenes e instrucciones a los comandantes en
jefe de todas las fuerzas.
Las operaciones terrestres serán dirigidas por el comandante en jefe del ejército de campaña;
las operaciones marítimas y fluviales por el Comandante de Operaciones Navales; y las aéreas por
el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
Los comandantes en jefe de las tres fuerzas dependerán, a los efectos de la dirección de las
operaciones, del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero en la administración y
gobierno de las fuerzas a sus órdenes, dependerán como siempre de los respectivos secretarios
de Estado.
Art. 14.—En tiempo de guerra, el país será dividido en una o más Zonas de Operaciones y en
una Zona del Interior.
Se declararán Zonas de Operaciones Terrestres las partes del territorio nacional en que deban
operar los ejércitos en campaña.
Conforme a las necesidades de las operaciones navales, se declararán una o varias Zonas de
Operaciones Navales en el mar, ríos, costas e islas adyacentes.
Cuando alguna parte del territorio nacional sea defendida en forma exclusiva o prevalente
por las fuerzas aéreas, aquella podrá ser declarada Zona de Operaciones Aéreas.
Las zonas de operaciones deberán ser delimitadas expresa y concretamente por decreto del
Poder Ejecutivo, a propuesta de los comandantes en jefe, elevadas por intermedio del Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas.
Será considerada zona de operaciones aéreas, sin necesidad de declaración previa del Poder
Ejecutivo, el espacio aéreo que se extiende sobre los territorios y aguas nacionales, y el espacio
adyacente hasta el límite del radio de acción de las aeronaves.
Art. 15.—El Comando Superior destacado en las zonas de operaciones, ejerce la autoridad
total del gobierno, tanto en lo militar como en lo civil y administrativo. Puede delegar dicha autoridad
en los Comandantes de Ejército, Escuadras, Fuerzas Aéreas o Comandantes de unidades
operativas independientes, respecto a las zonas en que aquellos actúan.
Los comandantes que ejercen la autoridad total, están facultados para imponer la ley marcial
dentro de las respectivas zonas de operaciones, dictando a tal efecto los bandos y disposiciones
con fuerza de ley que las necesidades de la guerra impongan.
En tal virtud, tienen facultades de mando sobre las autoridades civiles que resuelvan mantener
en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados que desempeñen funciones de justicia, y que
fueren designados o confirmados en sus cargos por la autoridad militar, mantendrán independencia
en su acción y la plenitud de sus atribuciones judiciales.
Art. 16.—Para los asuntos relacionados con la administración civil de la zona de operaciones,
el Comando Superior de la misma tendrá adscripto un Delegado Civil para cada provincia, territorio
nacional o parte de éstos que integre la respectiva zona de operaciones.
Los Delegados Civiles serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de los ministerios
de Guerra, Marina o Secretaría de Aeronáutica, según el caso.
Serán designados Delegados Civiles, en lo posible, los gobernadores de las provincias o territorios
nacionales, cuyos territorios o parte de los mismos, quedaren comprendidos dentro de los
límites de la zona de operaciones.
Los Delegados Civiles tendrán la función de dirigir uniformemente la administración civil en

Organización de la Nación en tiempo de guerra
su jurisdicción y ejercer en nombre del comandante respectivo, la autoridad que a éste le compete,
en lo que concierne a la administración pública y a la población civil.
Art. 17.—La Zona del Interior comprende todo el territorio del país que no haya sido declarado
Zona de Operaciones y en ella las autoridades civiles nacionales, provinciales y municipales
mantienen su jurisdicción y ejercitan sus atribuciones de tiempo de paz.
La Zona del Interior es única para las tres Fuerzas Armadas y en ella el comandante general
del Interior será quien tenga a su cargo la realización coordinada de los trabajos relativos a la
movilización, abastecimientos y transportes de las Fuerzas Armadas de acuerdo a las directivas
impartidas por el Consejo de Defensa Nacional; así como aquellos relacionados con la seguridad
de la Zona del Interior.
Para tales fines los organismos directivos del Comando General del Interior serán integrados
por representantes de la Marina y Aeronáutica.
Art. 18.—Dentro de la Zona del Interior, y a los efectos de garantizar de manera especial el
orden y la disciplina, el Poder Ejecutivo podrá declarar por decreto Zona de Guerra sometidas a
la jurisdicción de las autoridades militares y al régimen disciplinario de los tribunales militares,
las bases navales y aéreas, los recintos fortificados, los puertos, estaciones ferroviarias, las líneas de
transportes, las instalaciones y líneas de telecomunicaciones, los establecimientos industriales, usinas,
talleres y depósitos directamente afectados a la producción de materiales de guerra o a cubrir
las necesidades de la Defensa Nacional, y, de manera general, todo recinto militar o militarizado, a
condición de que esté perfectamente delimitado y puesto bajo custodia militar efectiva y ostensible.
Art. 19.—La adopción desde tiempo de paz, de las previsiones necesarias para la entrada
en acción inmediata de todos los medios que concurren a asegurar la defensa activa del territorio
contra los ataques aéreos, estará a cargo del Ministerio de Guerra (Comando General del
Interior—Comando de Defensa Antiaérea del Interior) y de la Secretaría de Aeronáutica quienes
armonizarán y coordinarán la distribución y empleo de la artillería antiaérea, aviación y otros
medios que se disponga para tales fines.
Art. 20.—El Ministerio de Guerra (Comando General del Interior—Comando de Defensa
Antiaérea del Interior) dirige, de acuerdo con los ministerios interesados, la organización de la
defensa pasiva contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeos, incendios,
gases, invasión por paracaidistas, etc.), en todo el territorio del país, con excepción de las
bases y demás dependencias aéreas y navales que quedan sometidas a las previsiones adoptadas
por las respectivas secretarías de Estado de Marina y Aeronáutica.
A tales fines la Defensa Antiaérea Territorial Pasiva comprende el conjunto de medidas destinadas
a prevenir y entorpecer los ataques enemigos así como a reducir y reparar los estragos causados,
restableciendo el orden y la normalidad en los servicios públicos, la producción industrial
y demás actividades de la población.
Art. 21.—Corresponde al Consejo de Defensa Nacional establecer, desde tiempo de paz, la
coordinación de las medidas y previsiones de vigilancia y defensa antiaérea activa y pasiva, territorial
y naval, contra el peligro de los ataques aéreos.
Art. 22.—Es obligatoria en todo el territorio de la Nación la organización de la defensa pasiva
contra ataques aéreos. Los deberes y prestaciones personales que esa organización comporta, son
considerados carga pública irrenunciable, a la que están sometidos todos los habitantes del país,
nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y según su respectiva aptitud física, de conformidad
con las normas reglamentarias que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 23.—Las autoridades nacionales, provinciales y municipales están obligadas a cooperar
con las autoridades militares para la organización de la defensa pasiva en el territorio de
sus respectivas jurisdicciones. Son, además, las responsables del cumplimiento de las medidas y
previsiones ordenadas por las reglamentaciones pertinentes para la población, las instituciones
públicas y privadas y los servicios e instalaciones que están sujetos a su autoridad o control.
69
1948

Ley 13.234
Art. 24.—Corresponde al Ministerio de Guerra (Comando General del Interior—Comando
de Defensa Antiaérea del Interior) promover las medidas reglamentarias que deben dictar las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, a fin de que las dependencias oficiales, las entidades
que administren servicios públicos y los organismos privados adopten en tiempo de paz
las previsiones necesarias para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones. Dichas
medidas impondrán en especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas construcciones,
las normas de seguridad a que deberán ajustarse. En las construcciones existentes, dispondrán
las transformaciones que en cada caso resulten indispensables para la seguridad de las mismas,
de sus habitantes y vecinos.
Art. 25.—Las prestaciones personales para la organización de la vigilancia y defensa antiaérea
territorial pasiva, así como para instrucción y preparación de los ejercicios indispensables en
tiempo de paz, no podrán exceder de seis horas por mes o de tres días en el mes, sin dar lugar a
la indemnización correspondiente. Cuando la prestación de servicio exceda de dicho límite, el
Estado compensará las horas excedentes de acuerdo al salario medio horario que perciba el convocado,
determinándolo con sujeción al procedimiento señalado por el art. 5º y 6º del decreto
reglamentario de la ley 9.688, de fecha 14 de enero de 1916, el que no podrá exceder en ningún
caso de dos pesos por hora.
Cuando la prestación de servicios no pueda requerirse en las horas libres y sea exigida dentro
del horario habitual de trabajo, sin exceder de seis horas por mes o de tres días al año, el empleador
o patrono no podrá eximirse de la obligación de abonar el sueldo o salario convenido al
empleado u obrero. Si la prestación excede de dicho límite, el Estado reintegrará al empleador o
patrono la indemnización correspondiente al tiempo excedido.
Art. 26.—El Poder Ejecutivo reglamentará detalladamente las condiciones bajo las cuales,
en tiempo de paz, el personal afectado al Servicio de Vigilancia y Defensa Antiaérea Territorial
Pasiva podrá ser convocado, utilizado y remunerado en el desempeño de sus funciones, así como
indemnizado en los casos de accidentes sufridos en los actos de servicio.
Establecerá asimismo, la organización de los servicios y centros de instrucción necesarios, otorgando
las jerarquías que las necesidades del servicio impongan, haciendo efectiva la obediencia y
el respeto jerárquico en todos los escalones de la misma, para lo cual, sin perjuicio de las sanciones
administrativas para los funcionarios y empleados de la administración pública por el incumplimiento
de sus deberes, podrá imponer sanciones penales de multa de $5 a $1.000 por la primera y
segunda contravención y pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia.
Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, regirán las disposiciones
del Código de Justicia Militar para el personal convocado para el Servicio de Vigilancia y
Defensa Antiaérea Territorial Pasiva como para el convocado al servicio militar.
Art. 27.—El Servicio Civil de Defensa Nacional (ley 12.913 5 arts. 1º y 3º), es el conjunto de
obligaciones que el Estado impone a sus habitantes no movilizados para el servicio militar a los
efectos de contribuir directa o indirectamente a la preparación y sostenimiento del esfuerzo que
la guerra impone a la Nación, asegurando la capacidad guerrera de las Fuerzas Armadas, el mantenimiento
del orden interno, el funcionamiento de los servicios públicos, la producción intensiva
de los materiales de guerra y los abastecimientos para el frente de batalla y el frente interior,
afianzando por todos los medios la vida regular y la capacidad de resistencia de la población civil.
La movilización del servicio civil sólo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo cuando sea
necesaria a los fines de la Defensa Nacional y en los casos de catástrofes o emergencias graves que
afecten partes importantes del territorio nacional o de sus poblaciones.
70
5 Ver Tomo VII, p. 73., en Anales de la Legislación Argentina. Leyes Nacionales. ADLA—Ediciones La Ley, Buenos
Aires; 1968. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Dirección de Referencia Legislativa.

Organización de la Nación en tiempo de guerra
Art. 28.—En tiempo de guerra el Servicio Civil de Defensa Nacional lo cumplen todos los habitantes
del país sin distinción de sexo, a partir de los 12 años, incluso los extranjeros, como súbditos
temporarios, siempre que no prefieran renunciar al derecho de asilo y ausentarse del país.
En tiempo de paz, lo cumplen los argentinos, sin distinción de sexo a partir de los 12 años, y
los extranjeros voluntarios o contratados.
Exceptúanse de la prestación del servicio civil a los extranjeros que gocen de inmunidades
diplomáticas.
El Poder Ejecutivo podrá establecer en la reglamentación de la presente ley y con carácter
general las demás excepciones que considere pertinentes.
Art. 29.—La preparación de la movilización del servicio civil estará a cargo del Consejo de
Defensa Nacional, quien deberá crear desde tiempo de paz los organismos encargados de ejecutar,
dirigir y fiscalizar los servicios correspondientes, así como aquellos encargados de coordinar
sus actividades con las necesidades y previsiones de la movilización militar.
Sin perjuicio de otros organismos dependientes del Consejo de Defensa Nacional (Secretaría)
existirán desde tiempo de paz con carácter permanente los siguientes:
- Una Comisión de Zonas de Seguridad.
- Una Comisión de Movilización Industrial.
- Una Comisión de Movilización de la Mano de Obra.
- Una Comisión de Indemnización y Subsidios a los Movilizados y sus Familiares.
Art. 30.—En caso de guerra o de su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias
graves que afecten alguna zona importante del país, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las requisiciones
que sean indispensables para proveer a las necesidades de la Defensa Nacional.
A tales fines podrá requisar:
1948
a) Los servicios individuales o colectivos de todos los habitantes obligados a la prestación
del Servicio Civil de Defensa Nacional;
b) Los servicios de todos los sindicatos, sociedades y asociaciones de todo género, existentes
dentro del territorio de la Nación;
c) La propiedad y uso de todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes
en el país o sus aguas territoriales, sean o no de propietarios argentinos, salvo aquellos
que estén protegidos por inmunidades diplomáticas o por leyes especiales de la
Nación;
d) Las patentes de invención y explotación ya concedidas, así como cualquier invento.
Art. 31.—A los fines de la organización de la Nación para la guerra, el Poder Ejecutivo podrá
proceder desde tiempo de paz, y con carácter obligatorio para todos los habitantes, al levantamiento
de los censos especiales que juzgue oportuno. Los datos así recogidos no podrán ser utilizados
sino a los fines exclusivos de la movilización y revestirán carácter estrictamente reservado.
Art. 32.—El Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades y condiciones en que se realizarán
las requisiciones en tiempo de guerra, conforme a las bases fijadas por la presente ley.
Toda requisición da derecho a una retribución o indemnización, equivalente al justo valor de
los bienes en el momento de ser requisados.
Únicamente las autoridades especialmente facultadas por el Poder Ejecutivo podrán efectuar
requisiciones, las que serán siempre documentadas con recibo firmado por dichas autoridades
competentes. La fecha en que comienzan y cesan las requisiciones será fijada por decreto del
Poder Ejecutivo.
El valor de las indemnizaciones será fijado administrativamente por comisiones mixtas integradas
por funcionarios del Estado Nacional, funcionarios locales (provinciales o municipales)
y propietarios de zona, en representación de los posibles afectados, siendo sus decisiones
71

Ley 13.234
72
recurribles ante la Justicia Federal tanto por los representantes del Estado como por los propietarios
afectados.
Art. 33.—Durante la movilización podrán ser requisados los servicios personales de todos los
habitantes obligados a prestar el servicio civil de Defensa Nacional, para trabajar por cuenta del
Estado según su profesión u oficio, o según su aptitud física, en las tareas de la administración
nacional, provincial o municipal, en los servicios públicos, o en los servicios y tareas privadas que
funcionan en interés de la Nación.
Los requisados que estén sometidos a obligaciones de servicio militar definidas por las leyes
de reclutamiento y sean utilizados en las tareas del servicio civil podrán ser incorporados a cuerpos
especiales.
La requisición de servicios personales puede efectuarse individualmente, o bien en forma
colectiva comprendiendo el conjunto de personas que forme parte de un servicio, equipo o empresa,
considerado como indispensable para asegurar el buen servicio de los mismos.
Los jubilados de la administración pública y los que tengan derecho a retiro o jubilación
en instituciones privadas, podrán ser reincorporados o mantenidos en los servicios que prestaban,
o bien llamados a otras tareas teniendo en cuenta sus condiciones de aptitud física e
intelectuales.
El sueldo, remuneración o salario de los movilizados en el servicio civil, será fijado por la
autoridad requirente sobre la base del sueldo inicial del empleo ocupado, o de la función desempeñada
a la cual este empleo es asimilado.
Los salarios serán fijados en base a los salarios normales y corrientes en la industria respectiva
o similar, según las leyes y reglamentaciones obreras en vigor o contratos de trabajo vigentes en
el lugar.
El personal destinado al servicio civil podrá recibir, desde tiempo de paz, la cédula de destino
para tiempo de guerra; en ese caso deberá acusar recibo y dar cuenta de todo cambio de domicilio
ulterior a la autoridad que le confirió el destino de movilización.
Cuando la comunicación de la cédula de destino hubiere sido hecha con carácter secreto por
la autoridad correspondiente, la divulgación del destino asignado constituye para el actor de la
divulgación el delito de violación de secreto previsto y penado por los arts. 222 y 223 del Código
Penal de la Nación.
Art. 34.—Sin perjuicio de la disposición general que declara requisables todos los bienes
muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país que resulten necesarios para la Defensa
Nacional, lo serán en especial y con prioridad para ser utilizados por las autoridades militares:
1º El alojamiento y acantonamiento de las tropas, el material y el ganado de las mismas.
2º El alojamiento y la atención de los heridos en los hospitales, sanatorios y casas
particulares.
3º Los víveres para la alimentación de los oficiales y las tropas y el forraje para el ganado.
4º El vestuario y equipo para los oficiales y la tropa.
5º Los materiales, útiles y maquinarias destinados a las construcciones de carácter
militar.
6º Los atalajes, el ganado, los vehículos hipomóviles y automóviles destinados a la carga
y al transporte.
7º Los navíos, buques y demás embarcaciones que se encuentran en las costas marítimas,
ríos, arroyos, lagos y canales de jurisdicción nacional cuando ellas son de matrícula
argentina, incluso los servicios de sus tripulantes y personal necesario para su
utilización.
8º Las aeronaves de matrícula nacional y el personal, instalaciones y material necesario
para su utilización.

Organización de la Nación en tiempo de guerra
9º La utilización de toda la capacidad de transporte de las aeronaves que sobrevuelen el
territorio de la República, cuando ellas sean de matrículas extranjeras.
10º Los servicios ferroviarios y todos los elementos y materiales de las empresas ferroviarias
del país de acuerdo a los arts. 19, 20 y 21 de la ley 2873.
11 Los servicios, instalaciones y materiales de las empresas de comunicaciones telegráficas,
telefónicas y radiocomunicaciones.
12 Los puertos marítimos y fluviales, bases aéreas y aeropuertos.
13 Los recintos, locales y tinglados destinados a depósitos de materias primas y productos
de la agricultura, ganadería e industria de elaboración.
1948
Art. 35.—La requisición de efectos materiales y de establecimientos industriales, puede ser
efectuada a título de dominio o a título de uso.
La requisición a título de dominio consiste en la incautación definitiva de plantas industriales,
fábricas, talleres, equipos, etc., para ser utilizados por el Estado por cuenta propia y como
dueño, correspondiendo en consecuencia la indemnización por compra.
La requisición a título de uso es la incautación temporaria de los referidos establecimientos.
Puede ser total o parcial, según que afecte a todo el establecimiento o sólo a una parte; por
un período determinado de tiempo o sólo por algunas horas diarias; por uno o más turnos de
trabajo compartiendo la capacidad de producción con el propietario o empresa particular. En
estos casos, corresponde abonar la indemnización en relación al uso que el Estado hace de dichos
establecimientos.
También podrá el Estado incautarse de la capacidad productiva, total o parcial, de las fábricas,
talleres, etc., sin tomar posesión de las mismas. En este caso, seguirán en manos de las
empresas o propietarios particulares, pero con la obligación de trabajar por cuenta del Estado y a
órdenes de las autoridades militares o civiles que se designen con todos sus medios, e incluso con
todo su personal, ya sea en forma permanente, ya sea por horas o por turnos de trabajo.
El hecho de que el establecimiento industrial se mantenga en posesión de la empresa o propietario
particular, no impide el contralor de fabricación ni la vigilancia y custodia militar del
establecimiento.
El personal de los establecimientos industriales requeridos a título de dominio o a título de
uso, o el que trabaje a órdenes del Estado en las fábricas militares y servicios públicos, estará sometido
al régimen disciplinario que esta ley dispone para los movilizados en el Servicio Civil de
Defensa, mientras el Poder Ejecutivo en la Zona del Interior y la autoridad militar en las zonas
de operaciones, no dispongan someter a dicho personal a la jurisdicción de tiempo de guerra,
conforme a lo establecido por el art. 119, inc. 1º, del Código de Justicia Militar, o declare “zona
de guerra” al recinto o lugar en que funciona la planta industrial, fábrica, taller, etc.
Art. 36.—El Poder Ejecutivo reglamentará el cumplimiento de la presente ley en cada uno de
sus aspectos, pudiendo disponer contra las personas que en tiempo de paz no cumplan con las
obligaciones establecidas en la misma, sanciones consistentes en multa de $5 a $1.000, por la primera
y segunda contravención, pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia,
sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y administrativas que corresponda aplicar a
los funcionarios o empleados de la administración pública por incumplimiento de sus deberes.
Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, o en caso de catástrofes
o emergencias graves que afecten zonas importantes del país, el personal convocado para el
Servicio Civil de Defensa quedará sometido a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en
la misma forma que el convocado para el servicio militar deberá considerarse como causa especial
de atenuación de las penas a aplicarse a los movilizados en el servicio civil la circunstancia de
pertenecer al sexo femenino o ser menor de 18 años o mayor de 60 para los convocados varones.
Art. 37.—El Poder Ejecutivo podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
73

Ley 13.234
precedente, un régimen penal y disciplinario especial en tiempo de guerra para asegurar el cumplimiento
de todas las obligaciones derivadas de la presente ley, especialmente en lo que concierne
a la movilización del Servicio Civil de Defensa, censos y requisiciones, movilización industrial
y mano de obra, reprimiendo la no presentación, la demora y el abandono del servicio,
la desobediencia, las faltas de respeto y las violencias o amenazas contra los superiores en la
jerarquía técnica o administrativa, o contra las autoridades militares destacadas en los establecimientos
industriales y demás organismos administrativos del servicio civil para la dirección,
vigilancia o custodia de los mismos, o para el mantenimiento de la disciplina y el orden en el trabajo,
así como sancionar todo abuso de autoridad contra los inferiores o la población civil, todo
exceso o contravención en materia de requisiciones de servicios personales o recursos materiales,
a condición de que las penas así dispuestas sean menos graves que las previstas por el Código de
Justicia Militar para la represión de los mismos delitos.
El Poder Ejecutivo podrá igualmente disponer, mientras lo crea oportuno, que los movilizados
en el Servicio Civil de Defensa sean juzgados aun en tiempo de guerra por los tribunales de
la jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales de la Justicia Militar respecto a
la aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la presente ley.
Art. 38.—Comuníquese, etc.
Sanción: 1 de septiembre de 1948.
Promulgación: 7 de septiembre de 1948.
Fuente: Ley 13.234. Anales de la Legislación Argentina. Leyes Nacionales. Ley 13.234—ADLA Tomo VIII. Leyes
13.196-13.512 (1948)—Ediciones La Ley, Buenos Aires; 1968: 72-79. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina,
Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información argentina y atención al usuario.
74

La Defensa Nacional
en el contexto
de la Seguridad Nacional
1960-1961

Boletín Oficial de la República Argentina
Ministerio del Interior
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas
Leyes—Decretos—Resoluciones—Avisos Oficiales
Buenos Aires, miércoles 16 de marzo de 1960
Año LXVIII
Número 19.185
1960
Ministerio de Defensa Nacional
INTIMIDACIÓN PÚBLICA
REPRESIÓN—Normas militares para la represión de los actos terroristas
Decreto Nº 2.628
Bs. As., 13/3/60.
VISTA en reiteración de graves atentados terroristas contra la vida y el patrimonio de los
habitantes del país, y
CONSIDERANDO: que la distribución geográfica de los cometidos prueba, como ya lo ha
anunciado este Gobierno, la existencia de un plan subversivo de alcance nacional, destinado a
sembrar el pánico por medios vandálicos; que el mantenimiento de la paz pública es la primera
de las obligaciones del Gobierno Federal; que las Fuerzas de Seguridad de las Provincias son organismos
primordiales para la tarea de vigilancia y protección directa de la vida y bienes de los habitantes;
que la coordinación de su acción con la de las Fuerzas Armadas resulta imprescindible
para aumentar la eficacia de la acción de los poderes públicos; que en ese sentido es procedente y
conveniente subordinar las Policías Provinciales a las autoridades militares, según lo ya previsto
por el Decreto “S” 9.880 del 14 de noviembre de 1958 firmado en Acuerdo General de Ministros,
el presidente de la Nación Argentina,
decreta:
Artículo 1º.—Pónese en ejecución pública en todo el territorio del país, a partir de las cero
horas del día 14 de marzo de 1960, el estado de Conmoción Interior del Estado (Plan Conintes)
declarado con fecha 14 de noviembre de 1958, por decreto dictado en Acuerdo General de
Ministros.
Art. 2º.—En consecuencia de lo anterior, los secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas
dispondrán que las autoridades de ejecución del Plan Conintes (comandante en jefe del
Ejército “Conintes” y Comandos equivalentes en Marina y Aeronáutica), hagan efectiva la
subordinación de las policías provinciales, previstas en el Decreto “S” número 9.880 del 14
de noviembre de 1958, en la medida indispensable a las necesidades concretas de cada Zona o
Subzona de Defensa.
Art. 3º.—El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el
77

13 de marzo de 1960
Departamento del Interior, de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado
de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.
Art. 4º.—Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese
en los boletines públicos de las Secretarías de Estado de Guerra, Marina y Aeronáutica y
archívese.
FRONDIZI—Alfredo R. Vitolo—Justo P. Villar—
Rodolfo A. Larcher- Gastón C. Clement—Ramón A. Abrahín.
78

Boletín Oficial de la República Argentina
Ministerio del Interior
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas
Leyes—Decretos—Resoluciones—Avisos Oficiales
Buenos Aires, miércoles 16 de marzo de 1960
Año LXVIII
Número 19.185
1960
Ministerio de Defensa Nacional
INTIMIDACIÓN PÚBLICA
REPRESIÓN—Normas militares para la represión de los actos terroristas
Decreto Nº 2.639
Bs. As., 13/3/60.
VISTO los reiterados actos de terrorismo perpetrados en el territorio de la República, que
conmueven profundamente la paz pública y amenazan indiscriminadamente la vida y el patrimonio
de todos los habitantes; y
CONSIDERANDO: que la sucesión de tales hechos no es sólo revelador de la existencia de
un grupo de individuos socialmente inadaptados, sino que pone en evidencia el desarrollo de
un vasto plan de perturbación que intenta destruir el orden constitucional y afectar el funcionamiento
de las instituciones republicanas; que el Gobierno de la Nación frente a reiterados
desmanes de esa índole, se ha visto precisado a declarar y mantener el estado de sitio y adoptar
importantes medidas de carácter militar, en el deseo de preservar el orden público y la seguridad
de la población; que el Poder Ejecutivo Nacional posee los elementos de juicio que le
permiten concluir que esa acción terrorista se intentará continuar desarrollando, cada vez en
más vasta escala, con el propósito, entre otros, de impedir el acto eleccionario del 27 de marzo
próximo, y alterar la constitución y funcionamiento normal de los poderes públicos; que no
obstante las medidas hasta ahora adoptadas, han continuado repitiéndose esos cobardes y vandálicos
atentados en distintos lugares del país; por lo que, ante la grave situación de emergencia,
el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le acuerda la ley Nº 13.234 estima que
procede, sin más dilación, someter a la jurisdicción militar el conocimiento y represión de tales
infracciones; que las leyes 14.785 dictada en ejercicio de su facultades confiere al Congreso el
artículo 23 de la Constitución Nacional, y 13.234 en su artículo 27 y concordantes, constituyen
fundamentación adecuada de las disposiciones del presente decreto, toda vez que se relacionan
con las personas, actos y derechos que guardan conexión inmediata con el estado de emergencia
existente; que la Constitución Nacional acuerda al Congreso al presidente de la Nación los
denominados “poderes de guerra” reglados en el Código de Justicia Militar y en otras correlativas;
que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las dispuestas por el presente
decreto no afectan ni alteran en modo alguno las atribuciones y poderes de las autoridades
79

13 de marzo de 1960
constituidas, en el orden nacional y provincial, desde que sólo tienen por finalidad exclusiva
la represión de los ignominiosos actos de violencia que se están produciendo en el país; que se
hace indispensable, asimismo, establecer un régimen sumario de procedimiento para asegurar
la celeridad en la sanción rigurosa ejemplar de las manifestaciones antisociales de ese tipo; que
el Poder Ejecutivo se ve ineludiblemente compelido en defensa de los supremos intereses de
la República a proceder así con la máxima energía porque entiende que va en ello el mantenimiento
de una forma de vida nacional estructurada en torno a las democráticas instituciones
de la Nación; por ello,
el presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros,
Decreta:
Artículo 1º.—Declárase producida la situación de emergencia grave prevista en los artículos
27, 28, 36 y 37 de la ley 13.234. En consecuencia, en todo el territorio de la República a partir de
la cero hora del día 16 de marzo de 1960, quedan sometidos a la jurisdicción militar y sujetos a las
sanciones de los artículos 669, 671, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 859 y 870 del Código de Justicia
Militar y de los artículos 156, 157, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 200, 226, 229, 230, 233,
234, 235 y 236 del Código Penal de la Nación; de la ley Nº 15.276; y de los artículos 4, 7, 9, y 12
de la ley Nº 13.985, las personas que incurrieren en los hechos o situaciones previstos en tales
disposiciones legales; como así también quienes se encontraren en las situaciones previstas en los
artículos del Código Penal de la Nación que se refieren a tentativa (Arts. 42, 43, 44), participación
criminal (Arts. 45, 46, 47, 43, 49), instigación (Art. 209), asociación ilícita (Art. 210), apología
del crimen (Art. 213) encubrimiento (Arts. 277, 278, 279), relacionadas con la comisión de los
delitos indicados anteriormente.
Art. 2º.—Los Comandantes de Zonas de Defensa, en jurisdicción del Ejército y los
Comandantes de Áreas en jurisdicción de Marina y Aeronáutica, ordenarán en cada caso la constitución
de los Consejos de Guerra establecidos en el artículo 453 del Código de Justicia Militar
que aplicarán el procedimiento sumario del artículo 503 del mismo Código.
Art. 3º.—Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4º.—El presente decreto será refrendado por los señores Ministros, y firmado por los
señores Secretarios de Estado.
Art. 5º.—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e
Imprentas y archívese.
FRONDIZI—Justo P. Villar—Alfredo R. Vitolo—Diógenes Taboada- Álvaro Alsogaray—
Luis R. Mc Kay—Héctor V. Noblía—Alberto R. Costantini—Rodolfo A. Larcher—
Gastón C. Clement—Ramón Amado Abrahín- Ernesto Malaccorto—Carlos A. Juni—
Guillermo Walter Klein—Miguel Francisco Mugica—Pascual Palazzo—Manuel F. Castello.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, miércoles 16 de marzo de 1960. Año LXVIII. Número
19.185, pp. 1-2. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento
de Información argentina y atención al usuario.
80

Boletín Oficial de la República Argentina
Ministerio del Interior
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas
Leyes—Decretos—Resoluciones—Avisos Oficiales
Buenos Aires, jueves 3 de agosto de 1961.
Año LXIX
Número 19.597
Secretaría de Guerra
INTIMIDACIÓN PÚBLICA
1961
REPRESIÓN—Derógense los Decretos 9.880/58 y 2.628/60 sobre la puesta en ejecución del
Estado “Conintes”
Decreto Nº 6.495
Bs. As., 1/8/1961.
VISTO por lo informado por el señor Secretario de Estado de Guerra, lo propuesto por el
señor Ministro de Secretaría en el Departamento de Defensa Nacional y
CONSIDERANDO: que en marzo de 1960 hizo crisis una campaña de subversión y terrorismo
que afectó hondamente la tranquilidad y la seguridad públicas; que ante tales acontecimientos
el Superior Gobierno interpretó producida la situación de “conmoción interior”
prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional y de emergencia grave contemplada en la
ley 13.234 por lo que se dictó el Decreto 2.628 del 13 de marzo de 1958; que la aplicación del
Estado “Conintes” por las Fuerzas Armadas, en función del mandato constitucional de mantener
la paz interior y el cumplimiento de sus misiones de Defensa Nacional, permitió contener
al terrorismo y la subversión asegurando la situación actual de tranquilidad y paz para
la ciudadanía, necesaria al desarrollo de las actividades normales del país; que suprimidas las
causales que motivaron la puesta en vigencia del estado “Conintes”, resulta oportuno derogar
los efectos de tal medida.
El presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros,
Decreta:
Artículo 1º.—Derógase a partir del día 2 de agosto de 1961, los Decretos 9.880/60 con las
limitaciones impuestas por la ley 15.293.
Artículo 2º.—Las causas incorporadas bajo su vigencia, al igual que los delitos consumados
en igual período, seguirán bajo la jurisdicción fijada por Decreto 2.639/60, con las limitaciones
impuestas por la ley 15.293.
Artículo 3º.—El presente decreto será refrendado por la totalidad de los Ministros, por los
señores Secretarios de Estado de Guerra, Marina, Aeronáutica y Hacienda.
81

1 de agosto de 1961
Artículo 4º.—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General de Boletín Oficial e
Imprentas y archívese en el Ministerio de Defensa Nacional.
FRONDIZI—Justo P. Villar—Roberto T. Alemann—Arturo Acevedo—
Ismael Bruno Quijano—Héctor V. Noblía—Adolfo Mugica—Luis R. Mc Kay—
Rosendo M. Fraga—Gastón C. Clement—Ramón Amado Abrahín—Jorge Wehbe.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, jueves 3 de agosto de 1961. Año LXIX. Número
19.597. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de
Información argentina y atención al usuario.
82

La Defensa Nacional
en el contexto de la Doctrina
de la Seguridad Nacional
1964-1975

Discurso del general Onganía, pronunciado en West Point (EE. UU.)
6 de agosto de 1964
Texto completo de las palabras pronunciadas por el CJE, general Onganía, el 6 de agosto de
1964 en West Point, EE. UU., transcripto del Boletín Público de la Secretaría de Guerra del 10 de
septiembre de 1964
Revista Militar Nº 721
El Gobierno, las FF. AA. y la Comunidad Nacional
Introducción
El tema a desarrollar implica la necesidad de desentrañar la ubicación de nuestras Fuerzas
Armadas a la luz de la organización política de las naciones americanas, conforme se encuentra
establecida en las respectivas constituciones nacionales.
Las naciones de América han adoptado el principio de la soberanía popular ejercitada a través
de la democracia representativa, estableciendo como forma de gobierno el sistema republicano.
Estos son los principios políticos que gobiernan a América; son ellos la ley suprema de este
continente y esa ley tiene un espíritu que la anima y la sostiene, el cual fuera sencilla pero elocuentemente
expresado en la declaración de la independencia de nuestros anfitriones:
“Juzgamos evidentes por sí mismas estas verdades: todos los hombres han nacido iguales; están
dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; entre estos derechos se cuentan la libertad, el
procurar la dicha. Se han establecido gobiernos entre los hombres para garantizar estos derechos, y el
poder del gobierno emana del consentimiento de los gobernados”.
1964
La comunidad nacional
Es cierto que la primera etapa en la vida de la humanidad —la de su existencia salvaje— caracteriza,
precisamente, el momento en que el hombre se encuentra impotente ante la fuerza sin
control y que con los otros hombres se rige, crudamente, por la ley del más fuerte.
Pero es cierto también que desde que la humanidad existe, el hombre aparece provisto de
dos extraordinarios elementos psíquicos, como para poder afirmar su existencia en principios
distintos: la inteligencia, por una parte, que le permitió comprender el equilibrio social en la vida
de relación y la conciencia moral, por la otra parte, que lo llevó a descubrir en todo hombre, un
ser espiritual que no acepta ser instrumentado como medio por otro hombre, sino como fin de
sí mismo.
Se advierte así, en el curso de la humanidad, a través del proceso histórico, el esfuerzo prodigioso
del hombre, para ordenar su existencia, conforme a normas de convivencia política que
regulen, jurídicamente, la trabazón de los intereses ideosociales que definen a toda colectividad.
La historia comprueba que el espíritu de comunidad nacional no aparece en las agrupaciones
humanas, sino al término de una evolución política y social, que suele ser bastante larga y que
algunos pueblos no la alcanzan nunca.
85

10 de septiembre de 1964
86
Lo dicho nos permite aseverar también, que tanto el Estado como las Fuerzas Armadas, no
existen por sí mismas, sino que son manifestaciones objetivas con que un pueblo expresa su voluntad
de vivir, desarrollarse y preservarse dentro de una comunidad social organizada.
Una nación se caracteriza, por un previsible crecimiento regular y sostenido de sus fuerzas
productoras, del bienestar social y evolución cultural de sus habitantes y por la clara delimitación
de su papel en la contingencia internacional en la cual se mueve.
Una nación es, pues, una familia espiritual y no tan solo una colectividad humana circunscripta
por la geografía. Dos factores que en realidad constituyen uno solo, conforman la comunidad
nacional. Uno es el pasado, el otro es el presente y su proyección hacia el futuro; uno es la
común heredad recibida de los mayores, otro es la convivencia actual, la voluntad de mantener y
acrecentar el patrimonio recibido. El principio en que se finca el espíritu de la comunidad nacional
es, por consiguiente, una gran solidaridad amalgamada por el profundo sentimiento de los
sacrificios que se han hecho y los que se está dispuesto a realizar.
La conciencia del ser nacional, se resume en la idea de Patria que da al sentimiento de solidaridad
social, una cohesión y fuerza espiritual indestructible.
Misión general de las Fuerzas Armadas
Ese espíritu, en el que debemos siempre cobijarnos, está plasmado en normas positivas, establecidas
en las Constituciones políticas de las Repúblicas de América y que fijan, inequívocamente,
el papel de las Fuerzas Armadas en el marco de la democracia representativa.
Sea que tal misión resulte explícitamente fijada, como en algunas constituciones americanas
o sea que resulte implícita, como consecuencia de las obligaciones impuestas al Poder
Ejecutivo o a los ciudadanos, las instituciones armadas americanas existen en función de la
necesidad de:
- garantizar la soberanía e integridad territorial de los Estados;
- preservar los valores morales y espirituales de la civilización occidental y cristiana;
- asegurar el orden público y la paz interior;
- propender al bienestar general; y
- sostener la vigencia de la Constitución, de sus derechos y garantías esenciales y el mantenimiento
de las instituciones republicanas que en ella se encuentran establecidas.
De acuerdo con lo expresado y a fin de satisfacer en toda su amplitud los distintos aspectos
que comprende, se infiere una subdivisión de su misión en dos premisas, una fundamental y otra
complementaria perfectamente definidas, a saber:
- necesidad de mantener la aptitud y capacidad para salvaguardar los más altos intereses
de la nacionalidad;
- contribuir activamente dentro de sus posibilidades en cooperación con el poder civil,
sin descuidar su objetivo principal, en el desarrollo económico-social del país,
coadyuvando, en especial, a solucionar problemas en áreas de escaso desarrollo y a
aliviar situaciones emergentes de siniestros.
Custodias de la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas, son las depositarias de una tradición
que compromete con agudo trascendente su tarea, que no ha sido solamente la de llevar sus
armas para la hazaña de ganar un continente a causa de la libertad.
En relación con lo hasta aquí dicho, conviene destacar que como consecuencia necesaria del
propio ordenamiento republicano y del sistema de gobierno representativo, la naturaleza de las
Fuerzas Armadas americanas, resulta caracterizada por ser apolítica, obediente y no deliberada

Discurso del General Onganía pronunciado en West Point (EE.UU.)
esencialmente subordinada a la autoridad legítimamente constituida, respetuosa de la Constitución
y las leyes, cuyo acatamiento debe estar siempre por encima de cualquier otra obligación.
Libertad, paz interior, bienestar general, defensa de las instituciones republicanas, defensa de
la Patria, pueden utilizarse en la defensa de la Constitución, porque no hay interés común sin el
plano de coincidencia en la ley fundamental del Estado que crea y organiza la comunidad nacional,
y no hay Patria, en la total significación del vocablo, sin la ley que la constituye.
Es así como la imperecedera y auténtica tradición democrática americana se ha desenvuelto
bajo el signo inminente de la autodeterminación del pueblo, como fuerza del impulso sustentada
en tres principios inmutables.
- El sistema republicano y representativo de gobierno.
- El respeto por los derechos del hombre en el orden político, social y económico.
- El cristianismo en el orden moral.
Por estos principios combatieron los guerreros de la Independencia y se desangraron los soldados
que hicieron la organización nacional.
Por ello, cuanto traicione esta manera de sentir y de pensar, es antiamericano, porque traiciona
lo vernáculo y atenta contra la sobrevivencia física y espiritual del continente.
Las Fuerzas Armadas y la autoridad constituida
La historia de los movimientos emancipadores americanos, tiene como común denominador,
el deseo de los pueblos de gobernarse por sí mismos y no reconocer, en el ejercicio de los
poderes públicos, otra autoridad que no fuese la emanada de las prescripciones constitucionales
que se dieron con su libre consentimiento.
Los hombres de armas de América imbuídos también de ese espíritu, jugaron un rol decisivo
y preponderante en tales epopeyas y sus espadas estuvieron al servicio de esa causa, sin que los
movieran apetencias personales de poder, sino el ferviente anhelo de lograr para sus conciudadanos,
el derecho de gobernarse por sí mismos.
El éxito de sus armas y la ferviente adhesión de los pueblos liberados, les ofrecían todas las
posibilidades de entronizarse en el poder y gobernar aquellos con arreglo a normas autoritarias,
sin sujeción a otros recaudos que los determinados por su propia voluntad, sostenida por la
fuerza de sus armas.
No obstante ello, fue coincidente en los militares americanos el propósito de asegurar la
autodeterminación de los ciudadanos, en la elección de sus hombres de gobierno y el establecimiento
de normas jurídicas que regulasen el ejercicio del poder para evitar desbordes de la
autoridad pública.
A esas normas se sometieron de buen grado ellos mismos, persuadidos de que sólo son libres
los hombres y los pueblos cuando viven esclavos de la ley; creían firmemente en la fuerza del
derecho y no en el derecho de la fuerza.
Bellas páginas de autolimitaciones nos ofrecen esos soldados americanos, que exhibieron
ante la historia un nuevo cuño de militares imbuidos de sencillez republicana, de desinterés, de
su misión a la ley y de respeto por la voluntad popular.
Llena de estos conmovedores ejemplos está la historia de América.
El gran Capitán de los Andes José de San Martín, sostuvo en su renunciación política ante el
Congreso General reunido en Lima: “Presencié la declaración de la independencia de los Estados de
Chile y del Perú; existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar al Imperio de los
Incas y he dejado de ser hombre público; he aquí recompensados con usura diez años de revolución y
guerra”.
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10 de septiembre de 1964
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“Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas; hacer su independencia
y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos”.
El Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que resignó la presidencia vitalicia que le ofreciera
el Congreso Constituyente de Bolivia, expresó luego de completar el período de su gobierno:
“La Constitución me hace inviolable; ninguna responsabilidad me cabe por los actos de mi gobierno.
Ruego pues, que se me destituya de esta prerrogativa, que se examine escrupulosamente toda
mi conducta. Si hasta el 18 de abril se me justifica una sola infracción de ley, si las Cámaras constitucionales
juzgan que hay lugar a formación de causas al ministerio, volveré de Colombia a someterme
al fallo de las leyes”.
El General Francisco de Paula Santander, dijo a su pueblo: “Las armas nos dieron la independencia;
las leyes nos darán la libertad”. El General Bernardo O’Higgins al alejarse de la función de
gobierno pudo decir: “Conservo sólo mi honra, la memoria del bien que alcancé hacer y no me agita
pasión alguna. Antes de vencer a mis enemigos aprendí a vencerme a mí mismo”.
George Washington, cuyos preclaros servicios a la causa de América y de su patria fueron
acompañados de una ennoblecedora modestia y sencillez republicana; Simón Bolívar, infatigable
en su anhelo de consolidar en la ley su epopeya mediante la organización política de los pueblos
manumitidos y tantos otros soldados americanos, representan el arquetipo de los militares de
este continente, brazos obedientes de la ley que sólo consideraron como legítima la autoridad
que emanara de sus normas.
Si queremos realmente aprender con justeza, el sentido trascendente y la misión de las Fuerzas
Armadas de América, habremos de tener bien presente el espíritu de esos próceres militares, que
fueron soldados sin dejar de sentirse ciudadanos, hombres que sirvieron y vivieron al amparo de
la ley y de las instituciones republicanas.
El sometimiento de las instituciones armadas a los poderes constituidos, hace a la esencia de
la organización política americana, toda vez que sus gobiernos reposen sobre el principio de la
soberanía del pueblo y los poderes republicanos son los únicos en que la voluntad popular ha
delegado el ejercicio de la autoridad.
Las Fuerzas Armadas son el brazo fuerte de la Constitución y ésta sobrevive, en tanto y cuanto
se desenvuelva en forma natural y pacífica, el ejercicio de los poderes de gobierno que sus normas
estatuyen; no es, pues, legalmente concebible que ese brazo, creado precisamente para sostenerla,
se vuelva para sustituir, injustamente, a la voluntad popular.
Y si tal pretensión no puede admitirse frente a la ley menos aún puede sostenerse a la luz de
la límpida trayectoria histórica que señala la vocación republicana de los próceres militares de
América.
Honrar a la ley y al mandato histórico de esos próceres, padres de nuestras instituciones armadas,
es honrar al uniforme que con orgullo vestimos y la memoria de quienes jalonan con sus
tumbas el largo y penoso camino de la emancipación americana y la organización política de sus
pueblos.
No tengamos la falta de humildad y la falacia que presupone el proclamarnos depositarios de
todas las virtudes cívicas y las reservas morales de nuestros pueblos; no pretendamos convertirnos
en censores de la República y sus gobernantes y árbitros finales de las decisiones de las autoridades
elegidas por el pueblo; como nuestros ilustres predecesores seamos soldados sin dejar de
sentirnos ciudadanos, poseídos de esa fe en la democracia que los alentara.
Estamos convencidos que la democracia no se declama; se la siente y se la práctica, con profunda
fe en sus instituciones, con cabal sentido de responsabilidad, cumpliendo a conciencia la
misión que tenemos asignada y sin pretender exceder el límite de las atribuciones que constitucionalmente
nos corresponde.
Las Fuerzas Armadas serán tanto más vigorosas en su estructura orgánica-funcional, cuanto
menos influyan en el quehacer interno del Estado y cuanto más campo de acción dejen al gobierno

Discurso del General Onganía pronunciado en West Point (EE.UU.)
de la ley y a la libertad ciudadana, para que lo penetre y vivifique, en el proceso periódico de la
democracia.
Las instituciones militares dejan de ser núcleos fehacientes de la Defensa Nacional, el día que
se convierten en un peso que gravite en la opinión pública, en resorte compresor de gobiernos
o en elemento politizado al servicio de intereses que no son los del conjunto de la Nación, porque,
tarde o temprano, engendran en la sociedad que las nutre, el caos propicio para entregarla
inerme y amilanada, al comunismo internacional que, en tales circunstancias hace de ella presa
fácil.
Tengamos en eso, la emocionante confianza que en la democracia tuvo Tomas Jefferson,
cuando sostuvo que ese sistema de gobierno era la mejor esperanza para el mundo y que estaba
persuadido que para sostenerlo concurrirían a su defensa todos los hombres libres como si se
tratase de un asunto puramente personal.
Estimo ahora necesario detenerme en el análisis del concepto de subordinación y la autoridad
constituida que debe caracterizar a las instituciones armadas.
En este aspecto es preciso hablar sin eufemismo, con el lenguaje preciso y directo que caracteriza
el diálogo entre los hombres de armas.
La subordinación es debida a la autoridad del gobierno en cuanto ésta emana de la soberanía
popular, en cuyo nombre la ejerce, conforme a los preceptos constitucionales. El acatamiento
es debido y referido en última instancia a la Constitución y a las leyes; nunca a hombres o a los
partidos políticos que circunstancialmente pudiesen detentar el poder público.
Si esto fuese así, quedaría trastocada la misión fundamental que compete a las Fuerzas
Armadas; dejarían de ser apolíticas y se convertirían en guardias pretorianas al servicio de determinadas
personas o agrupaciones políticas.
Hemos ya señalado que las instituciones armadas tienen como misión, en lo interno, la preservación
de la paz interior, el mantenimiento de las instituciones republicanas y el sostén de los
derechos y garantías esenciales que la Constitución consagra.
Está claro entonces, que tal deber de obediencia habrá dejado de tener vigencia absoluta, si se
produce, al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad que signifique la conculcación
de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, o un violento trastocamiento
en el equilibrio e independencia de los poderes, o un ejercicio de la potestad constitucional que
presuponga la cancelación de las libertades y derechos de los ciudadanos.
En emergencias de esa índole, las instituciones armadas al servicio de la Constitución, no
podrían ciertamente mantenerse impasibles, socolor de una ciega sumisión al poder establecido,
que las convertiría en instrumentos de una autoridad no legítima, ya que es de toda evidencia el
hecho que contra el sistema de la democracia representativa, puede atentarse con menor efectividad
desde el llano que desde el gobierno.
El pueblo recobraría en tales circunstancias el ejercicio del derecho de resistencia a la opresión,
claramente señalado en la Declaración de Independencia de los EE. UU., que estatuye:
“Siempre que una forma de gobierno llega a ser destructora de este fin (los derechos inalienables
de los hombres), el pueblo tiene el derecho de cambiarla o abolirla y de establecer un nuevo gobierno.
La prudencia enseña a la verdad, que no conviene cambiar por causas pequeñas y pasajeras los gobiernos
establecidos de larga fecha y la experiencia de todos los tiempos muestra, en efecto, que los
hombres se hallan dispuestos a tolerar los males soportables mejor que hacerse justicia a sí mismos
aboliendo las formas a que están acostumbrados. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones,
que tienden invariablemente al mismo fin, marca el propósito de someterlos al despotismo
absoluto, tienen el derecho, tienen el deber de rechazar tal gobierno y de proveer, con nuevas salvaguardias,
a su seguridad futura”.
Este principio fue recogido por Francia en la Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano, cuyo Artículo II establece:
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10 de septiembre de 1964
“El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles
del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.
Al margen de toda norma concreta, el ejercicio de tal atribución por el pueblo, se encuentra
inequívocamente comprendida en los derechos implícitos o no enumerados, pero que son una
consecuencia natural del principio de la soberanía popular y del sistema republicano de gobierno.
Y visto que el pueblo no puede, por sí, ejercitar ese derecho, en virtud de que está inerme,
dicha atribución se traslada a las instituciones que él mismo ha armado y a las que les ha fijado la
misión de sostener la efectiva vigencia de la Constitución.
Es ésta una verdad tan concluyente que, si no la reconocemos y sostenemos a ultranza la
sumisión a las autoridades constituidas, cuando éstas sean despóticas, deberemos, para ser congruentes,
renegar de las epopeyas emancipadoras que nos dieron la independencia política y el
sistema de gobierno que nos es propio.
Desde luego que el ejercicio de tal derecho, queda reservado sólo frente a la existencia de
excepcionales circunstancias de hecho, que impliquen el avasallamiento de los preceptos constitucionales,
por acción de las autoridades que ejercen el gobierno; es la razón última, el remedio
heroico que reclama como presupuesto indispensable, la existencia de grave emergencia para la
suerte de las institucionales republicanas y las libertades públicas.
Sería un crimen de lesa patria que las instituciones armadas pretendiesen acometer la quiebra
del orden constitucional ante eventuales desaciertos en el manejo de los negocios públicos por
parte del gobierno, por más grave que estos aparenten serlo; en una democracia, los errores en
la conducción gubernativa, sólo deben encontrar remedio en la expresión de disconformidad de
los ciudadanos a través del sufragio.
Las Fuerzas Armadas no pueden subrogarse en el ejercicio de la soberanía popular, ni son,
por cierto, los órganos llamados por la ley para ejercitar el contralor de la constitucionalidad de
los actos del gobierno, ni para hacer efectivas las eventuales responsabilidades políticas de los
gobernantes. En tanto y en cuanto un gobierno por más inepto que fuere, ajuste su accionar
a los principios esenciales que emanan de la Constitución, deberán respaldar la autoridad del
mismo, toda vez que ello significa ceñirse a su cometido constitucional, sin que ello implique
pronunciarse con relación a la eficacia de su gestión política, ni tampoco dejar de contribuir,
activamente, dentro de sus posibilidades, en el desarrollo económico-social del país.
Las Fuerzas Armadas y la Comunidad Nacional
En tal sentido la colaboración de las Fuerzas Armadas en la gestión política de gobierno, debe
ser amplia y decidida, sin reservas de ninguna naturaleza, trascendiendo, incluso, el marco de su
misión de capacitarse y capacitar militarmente a los ciudadanos, para proyectarse decididamente
en todos aquellos aspectos que, sin desmedro de su finalidad esencialmente castrense, tiendan al
engrandecimiento de la Patria y al bienestar de sus habitantes.
El plan militar general para la defensa del Continente Americano reconoce la conveniencia
de propender por todos los medios posibles a elevar los niveles de vida de los pueblos con el objeto
de combatir eficazmente la propaganda comunista, que trata de explotar la ignorancia y la
pobreza de los ambientes subdesarrollados.
Así lo han entendido las Fuerzas Armadas en la actualidad, conscientes de no seguir solamente
de cerca el progreso técnico de su época, sino también adecuando sus estructuras, en
forma tal, que les permita representar un positivo aporte de las más diversas manifestaciones de
la vida nacional, dentro de las siguientes limitaciones:
- sin disminuir su capacidad profesional;
- sin competir con la actividad civil particular.
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Discurso del General Onganía pronunciado en West Point (EE.UU.)
Llevar las Fuerzas Armadas a colaborar decididamente en obras de bien público, en tareas
educacionales, vocacionales, técnicas, haciendo su aporte al acervo cultural del país, etc., presupone
ligarlas, estrechamente, a los intereses e ideales de la sociedad, para promover un acercamiento
y beneficios mutuos, en un ordenado espíritu de cooperación, buscando que la comunidad
sienta la necesidad de la existencia de las instituciones militares, como problema de su propia
supervivencia.
Hay en América latina extensas regiones cuyo ritmo de desarrollo ha sido lento; además, coexisten
en cada territorio nacional, centros provistos de todos los adelantos de la vida moderna,
con zonas deficitarias donde faltan caminos, puentes, escuelas, hospitales, usinas eléctricas, embarcaderos,
desagües y obras necesarias para la convivencia social.
Estos trabajos poseen, precisamente, la característica de referirse a aquellas exigencias humanas
más elementales. Observadas desde el punto de vista del ciudadano común, que vive en
zonas más adelantadas, parecen poco significativas, pero para el hombre de regiones de menor
desarrollo, constituyen las bases indispensables para una vida mejor, más segura y provechosa.
Es, precisamente, en la ejecución de estos trabajos, donde las Fuerzas Armadas desempeñan
preponderante papel, estrechando filas con su pueblo, colaborando silenciosamente allí donde
faltan brazos y capitales, en la tarea de engrandecimiento nacional, para felicidad de los habitantes
y fortalecimiento del país en todos los órdenes.
La participación militar contribuye, pues, de manera decisiva a restablecer en parte y dentro
de las posibilidades de la Institución el equilibrio de la estructura económico-social de la Nación.
Al crear mejores condiciones de vida para millones de personas, en su propia localidad, atacan
directamente a causas fundamentales de orden social, entre otras, las migraciones internas, que
tanto daño hacen al país, con sus secuelas de “villas miserias” y sus masas de seres desarraigados,
que vegetan en los suburbios de las grandes ciudades como exponente virtual de una penuria
colectiva.
La colaboración cívico-militar al contribuir decisivamente en la dotación de una infraestructura
zonal mínima, se convierte además, en motor esencial del desarrollo nacional. En efecto, al
posibilitar una mayor dinamización de la vida regional, estos trabajos de mejoramiento darían
origen —la experiencia nacional e internacional así lo prueba— al nacimiento de nuevas formas
económicas y sociales, y, por supuesto, a nuevas necesidades de desarrollo. En tal sentido, el
organismo militar, en función de acción cívica posee un horizonte amplio, toda vez que su acción
está orientada para dotar a la colectividad, de algún elemento básico para la satisfacción de
necesidades generales.
Las Fuerzas Armadas siguen así el camino de la colaboración estrecha con su pueblo para el
cumplimiento de la inmensa tarea que impone el progreso constante de la Patria. Como siempre,
su contribución será adecisiva en esta hora que reclama realizaciones, en que todos hemos
comprendido, sin distingos de ninguna clase, que éste es el momento de los hombres de buena
voluntad, que ésta es la hora en que los intereses particulares deben subordinarse a los de la
comunidad, para hacer una Patria más grande, más fuerte y progresiva para todos sus hijos.
La tarea de las Fuerzas Armadas, en este período trascendente para la humanidad, está signada
por dos factores esenciales; primero el mantenimiento de la Nación en condiciones para la
defensa militar de su soberanía económica y política, en un mundo que se torna cada vez más
agresivo; segundo, en darle a su vocación civilista un nuevo contenido, adaptando la acción de
sus cuadros a las nuevas necesidades planteadas por la realidad nacional para aumentar el bienestar
de la comunidad, contribuyendo al desarrollo integral del país.
En tal sentido, es ya trasnochado el concepto de que las Fuerzas Armadas constituyen organizaciones
enquistadas, en la aislante caparazón de sus misiones específicamente castrenses, quedando
al margen del quehacer nacional y sin acompañar en la obra de las grandes realizaciones
de gobierno.
91
1964

10 de septiembre de 1964
Hay que convencerse que las Fuerzas Armadas son órganos del Estado y que, en función
de tales, si bien tienen misiones constitucionales perfectamente delimitadas, deben cooperar en
toda la dimensión de sus posibilidades, a la realización de las finalidades integrales del Estado,
que son la grandeza del país y el bienestar de sus habitantes.
Por lo demás, en un mundo signado por la proyección del individuo al cosmos, donde graves
problemas se agitan y se asiste a los denodados esfuerzos del hombre para supervivir en libertad,
conforme el Creador lo hiciese, el trazado y la ejecución de las grandes planificaciones políticas,
sociales o económicas, puede influir decisivamente, de manera positiva o negativa, en el mantenimiento
del sistema de la democracia representativa y la preservación de la tranquilidad pública,
que es su presupuesto, motivo por el cual las Fuerzas Armadas no pueden, bajo ningún concepto,
permanecer indiferentes a la obra de gobierno, puesto que ello señalaría, además, una falta de
sensibilidad nacional, de la que no pueden desprenderse hombres de armas que provienen del
pueblo.
Como contrapartida, los gobernantes tienen la ineludible obligación de dar posibilidad de
cooperación, en la gran acción de gobierno, a sus Fuerzas Armadas, sin que ello implique conferirles
personería política ni capacidad de decisión final, la que siempre corresponderá a los poderes
como atribución constitucional para ello; la referencia se vincula, exclusivamente, con una
aptitud mental de acercamiento entre los gobernantes y sus instituciones armadas, con vistas al
engrandecimiento de la Nación y la prosperidad de sus habitantes, objetivos para cuyo logro las
Fuerzas Armadas, por vocación, mandato histórico y formación particular, anhelan, desinteresadamente,
tomar su porción de responsabilidad, sin reclamar ningún derecho.
Esa será siempre la mejor contribución y la más hábil conducta de los hombres de gobierno
para lograr una efectiva apoliticidad de las Fuerzas Armadas, ya que, al darles participación en el
gran diálogo nacional que debe presidir la ejecución de la política general, evitarán el aislamiento
reticente de las instituciones armadas.
Lo que se comunica al Ejército, por resolución de S. E. el señor Secretario de Estado de Guerra.
Fuente: Texto completo de las palabras pronunciadas por el CJE, General Onganía, el 6 de agosto de 1964 en West
Point, EE.UU., transcripto del Boletín Público de la Secretaría de Guerra del 10 de septiembre de 1964. Buenos Aires,
Revista Militar, Nº 721; enero/julio 1989, pp. 79-86. Biblioteca del Círculo Militar.
92

29a. reunión - 16a. sesión ordinaria
Presidencia de los señores senadores Eduardo José Agustín Gamond, Ángel
R. Freytes y José F. L. Castiglione, presidente provisional, vicepresidente 1 o
y presidente de la comisión de Legislación General del Honorable Senado
respectivamente.
Secretarios: señores Claudio A. Maffei y César Alberto Rodríguez
Prosecretario: señor Delfor W. Caressi
Senadores presentes:
ABDALA, Demetrio César
ACUÑA, Ernesto N.
ACUÑA, Ramón Edgardo
AGUIAR VÁZQUEZ,
Américo Ángel
ASTUDILLO, Félix E.
BARBICH, Adolfo A.
BERNARDO, Miguel Ángel
BLANCO, Rubén V. M.
CAPRARO, Francisco
CASTIGLIONE, José F. L.
CORRADI, Luis Mauricio
FASSI, Santiago Carlos
FERNÁNDEZ (h.), Mariano
FLORES, Domingo
FREYTES, Ángel R.
GADANO, José Enrique
GAMOND, Eduardo José
Agustín
GELSI, Celestino
GHIGLIONE, Alfredo Miguel
MARTÍNEZ, José Alberto
MARTÍNEZ GARBINO,
Lucio José
MORILLO, Carlos Argentino
OLMEDO, Rolando
RAMÍREZ, Lauro Francisco
RISPOLI ROMÁN, Enrique G.
RODRÍGUEZ, Eugenio L.
SALMÉN, Miguel
SAPAG, Elías
SNOPEK, Guillermo
TARDELLI, Antonio
VÁRELA DÍAZ, Diógenes
VITTI, Alfonso Andrés
Ausentes con licencia:
ABDALA, Felipe
CANTONI, Aldo H. N.
Ausentes con aviso:
AGUIRRE LANARI, Juan R.
BASSI, Ricardo Alberto
BAUDUCCO, José Raúl
DE REGE, Roberto
GONZÁLEZ FUNES, Tomás
LÓPEZ, Jorge Oscar
LOVAGLIO, Dante A.
LUBARY, Ginés A.
MANCINI, Galileo
MARTÍNEZ SARAVIA,
Miguel A.
OVANDO, Ricardo
ZINNY, Mario
1964
Sumario
1. —Decreto de homenaje al ex senador nacional don Alfredo Busquet. (Página 1195.)
2. —Asuntos entrados:
I. Mensajes del Poder Ejecutivo por que se solicitan acuerdos. (Página 1195.)
II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Defensa Nacional. (Página
1195.)
III. Comunicaciones oficiales. (Página 1203.)
93

18 de septiembre de 1964
94
IV. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 1203.)
V. Peticiones particulares. (Página 1209.)
3. —A moción del señor senador Castiglione se resuelve adherir a la celebración del Día Universal
del Niño y se autoriza a la Presidencia a designar una representación del Honorable Senado
para que asista a los actos que se realicen con ese motivo. (Página 1209.)
4. —Asuntos entrados:
VI. —Dictámenes de comisión. (Página 1210.)
VII. —Proyecto de ley del señor senador Gelsi sobre derogación del decreto ley 8.205/63.
(Página 1210.)
VIII. —Proyecto de ley de los señores senadores Gadano y Lubary sobre adquisición de la
biblioteca que perteneció al doctor Ricardo Levene. (Página 1210.)
IX. —Proyecto de ley del señor senador Bauducco por el que se otorga un subsidio a la
institución salesiana Obra de Don Bosco. (Página 1211.)
X. —Proyecto de ley del señor senador Rodríguez sobre erección de un monumento al
general Manuel Belgrano en Candelaria, provincia de Misiones. (Página 1211.)
XI. —Proyecto de ley del señor senador Olmedo por el que se cambia la denominación
del Banco Hipotecario Nacional. (Página 1212.)
XII. —Proyecto de ley del señor senador Martínez por el que se acuerda pensión a doña
Valentina Dos Santos de Rojas. (Página 1214.)
XIII. —Proyecto de ley del señor senador Astudillo por el que se acuerda pensión a doña
Clotilde Basavilbaso de Souriguez. (Página 1215.)
XIV. —Proyecto de comunicación de los señores senadores Fassi, Gelsi, Lovaglio, De Rege,
Bauducco, Olmedo y Aguirre Lanari relacionado con el conflicto obrero-patronal de
la industria textil. (Página 1215.)
XV. —Proyecto de ley del señor senador Flores sobre restablecimiento de la jubilación por
retiro voluntario para el personal femenino afiliado a cajas nacionales de previsión.
XVI.
(Página 1215.)
—Proyecto de ley de los señores senadores Fernández y Snopek por el que se aumenta
la pensión a doña Virginia Antonia Catalina Bona de Gamundi. (Página 1216.)
XVII. —Proyecto de comunicación de los señores senadores Olmedo, Salmén, Astudillo y
Bernardo relacionado con el juicio de la Sociedad Anónima Puerto Rosario contra el
Estado Nacional. (Página 1216.)
XVIII. —Proyecto de ley del señor senador Gadano sobre transferencia a la provincia de Río
Negro de un inmueble patrimonio de la empresa Agua y Energía Eléctrica. (Página
1217.)
XIX.
XX.
XXI.
—Proyecto de ley del señor senador Gamond sobre transferencia de una fracción de
terreno a la Municipalidad de Jovita, provincia de Córdoba. (Página 1219.)
—Proyecto de ley de los señores senadores Aguiar Vázquez, Lovaglio, De Rege,
Bauducco, Blanco, Aguirre Lanari y Várela Díaz sobre sustitución del artículo 2º de
la ley 15.440. (Página 1219.)
—Proyecto de ley de los señores senadores Aguiar Vázquez, Abdala (F.), Snopek,
Rodríguez, Barbich, Gelsi, Várela Díaz y Olmedo por el que se otorga subsidio a la
Universidad Nacional de Cuyo. (Página 1220.)
XXII. —Proyecto de declaración del señor senador Olmedo relacionado con la designación
de magistrados judiciales. (Página 1220.)
5. —A indicación del señor senador Freytes se rectifica el destino del proyecto de declaración que
figura en el punto XXII de los asuntos entrados. (Página 1221.)
6. —Se conceden licencias para faltar a sesión a los señores senadores Cantoni y Abdala (F.).
(Página 1221.)

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
7. —A moción del señor senador Blanco se establece el plan de labor para la sesión de la fecha.
(Página 1222.)
8. —Consideración de los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de ley, en revisión, sobre reincorporación de los agentes bancarios, del seguro, reaseguros y
capitalización y ahorro que fueron dejados cesantes por causas políticas o gremiales. Se aprueba
el dictamen de la mayoría. (Página 1222.)
9. —Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
en revisión, por el que se derogan los decretos leyes 6.073 y 8.437 del año 1963 y se restablecen
las exenciones dispuestas por la ley 12.209. Se aprueba. (Página 1255.)
10. —A moción del señor senador Castiglione se considera el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se otorga un subsidio de
10.000.000 de pesos al Comité Olímpico Argentino. Se aprueba. (Página 1260.)
11. —A moción del señor senador Fassi se levanta la sesión. (Página 1261.)
12. —Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Página 1202.)
—En Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de septiembre
del año 1964, a la hora 10 y 50, dice el:
Sr. Presidente (Gamond).—Habiendo número en el recinto, se declara abierta la sesión.
1964
1
Homenaje a don Alfredo Busquet
Sr. Presidente (Gamond).—Por Secretaría se dará cuenta de un decreto de la Presidencia.
Sr. Secretario (Maffei).—(Leyendo):
Buenos Aires, 11 de septiembre de 1964.
Ante el fallecimiento del ex senador nacional don Alfredo Busquet, y
Considerando:
Que es un deber de los poderes públicos tributarle honores por el alto cargo que desempeñara,
El presidente del Honorable Senado de la Nación
Decreta:
Artículo 1º.—La Bandera Nacional será izada a media asta, durante el día del sepelio, en el
Palacio del Congreso.
Art. 2º.—Pásese nota de condolencia a la familia con transcripción del presente decreto.
Art. 3º.—Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.
Art. 4º.—Comuníquese.
Carlos H. Perette - Claudio A. Maffei.
95

18 de septiembre de 1964
2
Asuntos entrados
Sr. Presidente (Gamond).—Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.
I
Acuerdos
Mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos. (A la Comisión de Acuerdos.)
II
Defensa Nacional.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
96
Buenos Aires, 11 de septiembre de 1964.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración
el adjunto proyecto de ley de Defensa Nacional por considerar:
Que el bienestar y la seguridad son los dos objetivos permanentes del Estado. Para llevar a
feliz término toda política de desarrollo tendiente a incrementar el bienestar nacional, se deben
crear las condiciones de seguridad adecuadas, y es responsabilidad del Estado el proporcionar esa
seguridad a la Nación, de acuerdo con lo establecido en su Constitución Nacional;
Que el mundo vive un estado de profunda transformación y de conflicto permanente, en el
cual no se advierte una clara línea divisoria entre la paz y la guerra, sino sólo etapas de una lucha
por sobrevivir o imponerse, librada entre bloques de naciones movidas por ideologías, intereses
y sistemas políticos antagónicos. Esta lucha se lleva a cabo con todos los instrumentos del poder,
sean militares, políticos, económicos o psicosociales;
Que la República Argentina aspira a desarrollar en paz y armonía con todos los Estados del
mundo. No obstante ello, la ambigua e inestable situación internacional, la relativa eficacia de los
organismos internacionales para crear condiciones satisfactorias de seguridad colectiva, los efectos
devastadores de las armas modernas y la crisis ideológica que afecta a la humanidad así como
las efectivas y peligrosas técnicas de infiltración consecuentes, imponen a la Nación la adopción
de un instrumento legal que permita la elaboración de un programa defensivo y de seguridad
acorde con las exigencias de la hora presente sin el cual aquella aspiración pacífica sería ilusoria;
Que la actual ley 13.234 (organización de la Nación en tiempo de guerra) no permite la existencia
y eficaz funcionamiento de los medios y elementos capaces de oponerse exitosamente a los
factores de disociación contemporáneos que afectan la integridad física y espiritual de la Nación;
en consecuencia, es notoria y evidente la necesidad de dictar normas legales de carácter general
que permitan adecuar la organización de la Defensa Nacional a las cambiantes situaciones que
conforman el mundo moderno;
Que resulta pues imprescindible dotar a la República de una legislación moderna e integral
atinente a la Defensa Nacional. Así lo corrobora tanto la experiencia recogida a través de los últimos
veinte años en la organización y régimen funcional de la Defensa Nacional en el país como
la evolución registrada en los países que recientemente han legislado en la materia.

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
En base a lo expuesto, el Poder Ejecutivo destaca la necesidad imperiosa de aprobar el proyecto
de ley en cuestión.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Arturo U. Illia.
Leopoldo Suárez.
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
TÍTULO I
Principios generales
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases orgánicas, funcionales y jurídicas fundamentales
para contribuir a lograr y mantener un índice adecuado de seguridad nacional, mediante la
preparación, desarrollo y ejecución de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—La Defensa Nacional comprende el conjunto de previsiones que se concretan normalmente
en el plan general de Defensa Nacional, para asegurar el empleo oportuno del potencial
nacional, contra todo tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, casos de
emergencia grave o catástrofe, en defensa de los más altos intereses del país.
Art. 3º.—El plan general de Defensa Nacional, está compuesto por una serie de previsiones
y medidas ejecutivas en consonancia con la evolución del país y concordante con la política
nacional.
Art. 4°.—La Defensa Nacional requiere fundamentalmente:
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a) La formulación de políticas de defensa contribuyentes a la consecución del índice
adecuado de seguridad nacional;
b) La planificación que responda a tales políticas;
c) La determinación de las funciones, atribuciones y obligaciones, de todas las autoridades
nacionales, provinciales y municipales para la armónica realización de las
tareas conducentes al logro de los fines de la Defensa Nacional;
d) La fijación de obligaciones y responsabilidades de las personas de existencia visible
o ideal, pública o privada, residentes en el país y de los argentinos residentes en el
extranjero, ante los requerimientos de la Defensa Nacional;
e) El fortalecimiento de la conciencia nacional sobre la importancia de los problemas
atinentes a la Defensa Nacional.
Art. 5º.—Las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Defensa Nacional son permanentes
e inexcusables para toda persona de existencia visible o ideal e instituciones en general.
Es incumbencia especial de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, entes
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autárquicos, instituciones, funcionarios y empleados de la administración pública, dentro de la
esfera de su respectiva competencia, actuar de modo que las previsiones de la presente ley sean
cumplidas en la forma más eficiente.
Art. 6º.—Todos los habitantes de la Nación y las personas de existencia visible o ideal, públicas
o privadas, y las instituciones con asiento en el país, están obligados a proporcionar los
informes y datos vinculados con la Defensa Nacional que les sean requeridos por autoridad competente.
Si tal aporte implica una prestación de servicios, será retribuida según lo determina la
presente ley.
Tales informes o datos no podrán tener otro destino ni dársele otro uso que el de servir a la
Defensa Nacional, incurriendo los transgresores a dichos supuestos, en los delitos previstos en el
Código Penal de la Nación y leyes complementarias.
Art. 7º.—Todas las personas que, por razón de su cargo o función, tomen conocimiento de
asuntos vinculados a la Defensa Nacional, están obligadas a guardar sobre los mismos el grado de
reserva en que hubieren sido clasificadas. Quienes violaren esta disposición quedarán incursos en
los delitos previstos en las leyes de la Nación, sin perjuicio de las medidas administrativas a que
hubiere lugar si fueren agentes del Estado.
Art. 8º.—La dirección superior de la Defensa Nacional es, en la esfera del Poder Ejecutivo, de
responsabilidad del presidente de la Nación.
Art. 9º.—Las autoridades que se fijan en el Título II de esta ley, en el ámbito de su competencia,
son responsables principales de la concepción, preparación y ejecución de los distintos
aspectos de la Defensa Nacional y de su permanente actualización.
Art. 10º.—Ante situaciones que pueden afectar la seguridad nacional, corresponde al presidente
de la Nación determinar la existencia de un estado de tensión susceptible de desembocar
en los supuestos previstos en el artículo 2º así como también la gradación de su evolución.
En tal caso el presidente de la Nación podrá decretar el “estado de prevención”, y durante
dicho período poner en ejecución las medidas previstas en esta ley y en el plan general de Defensa
Nacional, parcial o totalmente, en todo o parte del territorio nacional, requiriendo autorización
previa o dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional, según la gravedad de la situación y
la urgencia de las medidas que se adopten.
Cuando los casos previstos en el artículo 2º se produzcan en forma sorpresiva y pongan en
peligro la seguridad nacional, el presidente de la Nación podrá adoptar por sí las medidas expresadas
en el párrafo anterior, dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional.
Art. 11.—El presidente de la Nación en concordancia con lo establecido en el artículo 10º
podrá:
a) En las situaciones previstas en el primero y segundo párrafo del artículo citado y
cuando así lo exijan el desarrollo de los acontecimientos otorgar el gobierno civil
de las zonas afectadas a la autoridad militar con autorización legislativa o dando
cuenta oportunamente al Congreso Nacional, según la gravedad de la situación y
la urgencia de las medidas que se adopten;
b) En las situaciones determinadas en el tercer párrafo del artículo citado, otorgar
por sí el gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar dando cuenta
oportunamente al Congreso Nacional.
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29a. reunión -16a. sesión ordinaria
TÍTULO II
Estructura y régimen funcional de la Defensa Nacional
Art. 12.—Al presidente de la Nación en su carácter de jefe supremo de la Nación y comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas le compete todo cuanto concierne a la Dirección Superior
de la Defensa Nacional.
Art. 13.—Los ministros secretarios del Poder Ejecutivo, los gobernadores de provincia y del
territorio nacional e intendentes municipales, dentro del ámbito de su respectiva competencia
tienen la directa responsabilidad del cumplimiento de las decisiones adoptadas por el presidente
de la Nación, en materia de Defensa Nacional, y de concebir, preparar y ejecutar las medidas que
de tales decisiones se deriven con idéntica finalidad.
Art. 14.—El presidente de la Nación, para la Dirección Superior de la Defensa Nacional, será
asistido por el Consejo de Defensa Nacional que funcionará bajo su presidencia y estará integrado,
por los ministros secretarios del Poder Ejecutivo como miembros permanentes y por los
secretarios de Estado como miembros no permanentes.
Los miembros no permanentes participarán en las reuniones cuando así lo disponga el presidente
de la Nación.
Art. 15.—Para asesorar al presidente de la Nación en aspectos particulares de la Defensa
Nacional, podrán constituirse comités especiales que funcionarán bajo su presidencia e integrados
por uno o más miembros permanentes del Consejo de Defensa Nacional, y en caso necesario
por miembros no permanentes y funcionarios especializados que al efecto disponga.
Art. 16.—A las reuniones del consejo y comités especiales podrán ser llamados en calidad
de asesores, técnicos o informantes, funcionarios civiles y militares como también las personas
cuyos conocimientos puedan ser de utilidad para los asuntos a tratar.
Art. 17.—El Consejo de Defensa Nacional sesionará por disposición del presidente de la
Nación, pudiendo los miembros permanentes proponer su reunión cuando lo requiera la índole
de los asuntos a considerar.
Art. 18.—Compete al Consejo de Defensa Nacional, el estudio y las soluciones de los problemas
de Defensa Nacional, en su aspecto integral, a fin de satisfacer los requerimientos enunciados
en el artículo 4º de la presente ley.
En consecuencia, debe:
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a) Determinar las situaciones que puedan afectar a la seguridad nacional;
b) Efectuar los estudios básicos para la formulación de las políticas de defensa, conducentes
a la confección del plan general de Defensa Nacional;
c) Considerar las directivas y normas a impartir a las autoridades responsables de la
Defensa Nacional;
d) Estudiar, proyectar y proponer leyes relativas a la organización defensiva del país
que complementen y refuercen la conducción político-militar;
e) Establecer la coordinación en todos los aspectos que haga a la Defensa Nacional;
f) Determinar las necesidades de la población civil para los casos especificados en el
artículo 10º;
g) Disponer las medidas necesarias para que las autoridades responsables de la defensa
mantengan informado al Consejo respecto al desarrollo de las tareas asignadas,
a las de su competencia y las que surjan de los incisos anteriores;
h) Intervenir en el estudio y asesoramiento de todo otro asunto que haga a la dirección
superior de la Defensa Nacional.
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Art. 19.—En el Ministerio de Defensa, habrá un organismo encargado específicamente de
reunir antecedentes, informaciones, estudios, y proyectar normas y directivas de coordinación
vinculados a la Defensa Nacional, para ser utilizados por el Consejo de Defensa Nacional; y notificar
las resoluciones adoptadas por el presidente de dicho cuerpo.
Los miembros que integran el Consejo de Defensa Nacional, podrán requerir del citado organismo
las informaciones que consideren convenientes.
Art. 20.—Dicho organismo dependiente del ministro de Defensa, estará integrado por funcionarios
civiles y militares de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 21.—Para asegurar la concreción de la concepción y preparación integral de la Defensa
Nacional, el Ministerio de Defensa y los organismos que se determinen en la reglamentación de
esta ley están facultados para requerir directamente de los ministerios nacionales, secretarías de
Estado, gobiernos de provincia y del territorio nacional, intendencias municipales, organismos
públicos y entidades privadas, los datos, estadísticas y demás informaciones que requieran para
su trabajo.
Art. 22.—La Secretaría de Informaciones de Estado como órgano de informaciones dependiente
del presidente de la Nación, será responsable de proporcionar la inteligencia de interés
para la Defensa Nacional, por propia iniciativa o a requerimiento del Consejo de Defensa
Nacional o de los comités especiales.
Art. 23.—A los fines de asegurar la continuidad orgánica del sistema de Defensa Nacional y
a establecer el nexo a que se hace referencia en el artículo 21 en las entidades allí citadas, excepto
en las privadas, se constituirán, según sus necesidades y conforme a reglamentación expresa,
organismos especializados de Defensa Nacional, para satisfacer las tareas que surgen de las responsabilidades
que se determinan en el artículo 13.
Art. 24.—En los aspectos que hacen a la concepción y planificación de la estrategia militar
de las Fuerzas Armadas en la Defensa Nacional, el presidente de la Nación será asistido por el
ministro de Defensa, los secretarios militares y los comandantes en jefe, constituidos en comité
especial militar, actuando como órgano de trabajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Aarmadas.
Art. 25.—En lo que se refiere a la ejecución de la estrategia militar de las Fuerzas Armadas
en la Defensa Nacional, el presidente de la Nación será asistido por el ministro de Defensa y los
comandantes en jefe, constituidos en comité especial de operaciones militares, actuando como
órgano de trabajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
TÍTULO III
Jurisdicción territorial
Art. 26.—El presidente de la Nación podrá establecer la división territorial que corresponda a
efectos de lograr una adecuada coordinación entre las autoridades civiles y militares responsables
de la Defensa Nacional.
Art. 27.—El presidente de la Nación podrá decretar:
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a) “Teatro de operaciones” a parte o partes del territorio nacional para el caso de ataque
o agresión externa o conmoción interior;
b) “Zona militar” a parte o partes del territorio nacional y a establecimientos y/o instalaciones
públicas o privadas, cuando los supuestos determinados en el artículo

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
10º adquieran características de extrema gravedad y la adopción de estas medidas
constituya el único medio para superar la situación.
El o las áreas geográficas que comprenden el o los “teatro de operaciones” y la o las “zonas
militares” deberán ser delimitadas expresa y concretamente por el presidente de la Nación.
Art. 28.—El comando de cada “teatro de operaciones” y la autoridad militar de la “zona militar”
será ejercido por el oficial de las Fuerzas Armadas que al efecto designe el presidente de la
Nación, de quien dependerá.
Art. 29.—La autoridad militar de la “zona militar”, o del “teatro de operaciones”, en su carácter
de delegado del presidente de la Nación, ejercerá en el área puesta bajo su mando la totalidad del
gobierno civil y militar, debiendo ejecutar las medidas dispuestas por el presidente de la Nación.
En lo que respecta a los establecimientos y/o instalaciones públicas o privadas, y en las áreas necesarias
para su defensa, la autoridad militar de la “zona militar” deberá adoptar las medidas que permitan
asegurar el desarrollo de las actividades que allí se realicen, el orden y la seguridad de las mismas.
Art. 30.—Para los asuntos relacionados con la administración civil, la autoridad militar de la
“zona militar” y del “teatro de operaciones” tendrá subordinado un “delegado civil” para cada
provincia, territorio nacional o parte del mismo puesta bajo su jurisdicción. Los delegados civiles
serán nombrados por el presidente de la Nación y su designación recaerá, preferentemente,
en los gobernadores de provincias o territorio nacional o en los jefes políticos departamentales
correspondientes.
Art. 31.—El comandante del teatro de operaciones queda facultado a dictar, en el área puesta
bajo su mando, los bandos que las necesidades de la situación impongan, en concordancia y condiciones
establecidas en el Código de Justicia Militar.
La autoridad militar, en la “zona militar”, sólo podrá ejercer la facultad expresada en el parágrafo
precedente, en los supuestos determinados en el artículo 133 del Código de Justicia Militar.
Art. 32.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en las “zonas militares” o “teatro
de operaciones” mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones con
arreglo a la legislación vigente y a las modificaciones que impongan los bandos que se dicten.
Art. 33.—Las autoridades civiles del territorio nacional no declarado “zona militar” o “teatro
de operaciones”, en su carácter de agente natural del gobierno federal serán las responsables en
las situaciones previstas en el artículo 10º, de poner en ejecución las medidas dispuestas por el
presidente de la Nación, en coordinación con las autoridades militares correspondientes.
Art. 34.—Las zonas de seguridad creadas por ley 12.913 (decreto 15.385/44), complementan
las previsiones territoriales de la Defensa Nacional establecidas en la presente ley.
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TÍTULO IV
Empleo de recursos y personas
Capítulo I
Servicio de Defensa Nacional
Art. 35.—El Servicio de Defensa Nacional “es el conjunto de obligaciones” que impone el
Estado a las personas físicas y jurídicas que habitan en el país y a sus bienes, y a los argentinos
residentes en el extranjero.
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Comprende:
1º—En cuanto a las personas:
a) El servicio militar;
b) El servicio civil de defensa;
c) El servicio de protección civil.
2º—En cuanto a los bienes:
La sujeción de los mismos al régimen establecido por esta ley.
Art. 36.—El servicio militar es la obligación que cumplen incorporados en las Fuerzas
Armadas o bajo su dirección los argentinos nativos, por opción o naturalizados, convocados por
el Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional y las
leyes respectivas.
Art. 37.—El Servicio Civil de Defensa es la obligación que cumplen todos los habitantes del
país, destinados a cualquier actividad que no sea el servicio militar y que concurra a asegurar la
Defensa Nacional, cuando sean convocados por el Poder Ejecutivo, en las situaciones determinadas
en el artículo 10º.
Art. 38.—Las personas convocadas para el Servicio Civil de Defensa quedarán sometidas
desde la notificación pública, colectiva o individual de la convocatoria a la jurisdicción militar; y
se aplicará las normas del Código de Justicia Militar. El Poder Ejecutivo podrá disponer limitaciones
en cuanto a la aplicabilidad de dichas normas.
Art. 39.—El Servicio de Protección Civil es la obligación que tienen, con carácter permanente,
todos los habitantes del país no incorporados al servicio militar, para satisfacer las necesidades
de la protección civil.
La prestación de este servicio será dispuesta por el presidente de la Nación.
Art. 40.—El que no cumpla con la prestación del Servicio de Protección Civil será pasible de
las sanciones de carácter contravencional que establezca la reglamentación de esta ley, salvo que
por la gravedad del hecho fuere aplicable el artículo 239 del Código Penal de la Nación.
Art. 41.—Cuando el Servicio Civil de Defensa o el Servicio de Protección Civil impongan
tareas que afecten económicamente de manera sustancial a los interesados, se seguirá el procedimiento
fijado en los artículos 53 y 54.
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Capítulo II
Movilización
Art. 42.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua
parcial o totalmente el potencial nacional, por disposición del presidente de la Nación, para
satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional, en las situaciones previstas en el artículo 10º.
Art. 43.—El planeamiento y ejecución de la movilización acorde con las directivas impartidas
por el presidente de la Nación será responsabilidad de cada ministerio, secretaría de Estado,
gobiernos de provincia y de territorio nacional, intendencias municipales y organismos públicos,
quienes además tendrán la responsabilidad de los mismos aspectos con relación a todas las entidades
públicas o privadas que se le asignen a esos fines.
Art. 44.—Los planes de movilización serán considerados por el Consejo de Defensa Nacional
y aprobados por el presidente de la Nación.
Art. 45.—Las responsabilidades asignadas para la movilización son aplicables para la
desmovilización.

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
Capítulo III
Requisiciones
Art. 46.—La requisición es el acto por el cual se pone a disposición de las autoridades de la
Defensa Nacional, los bienes y/o servicios personales para satisfacer necesidades de la Defensa
Nacional, en las situaciones previstas en el artículo 10º.
Art. 47.—Las requisiciones serán dispuestas por el presidente de la Nación y ejecutadas por
las autoridades y en las jurisdicciones que determine la reglamentación correspondiente, no pudiendo
delegarse dichas facultades.
En circunstancias de extrema gravedad y urgencia las autoridades determinadas en el párrafo
precedente, podrán adoptar por sí las medidas tendientes a requisar los bienes o servicios necesarios
para satisfacer la situación, debiendo comunicar de inmediato a la autoridad superior de tal
hecho, siendo responsables de la correcta aplicación de las mismas.
Art. 48.—Toda requisición da derecho a una indemnización o a una retribución. Las autoridades
competentes deberán, en todos los casos, extender los recibos o comprobantes correspondientes.
La indemnización no incluirá el lucro cesante.
Art. 49.—La requisición de bienes puede hacerse en todo o parte de ellos y ejecutarse a título
de uso, de consumo o dominio. Estas modalidades de la requisición son igualmente aplicables a
la capacidad productiva de industrias y establecimientos de cualquier índole que interesen a la
Defensa Nacional, aún cuando el Estado no haya tomado posesión de los mismos.
Art. 50.—La indemnización a que dará lugar la requisición de bienes, será fijada administrativamente
conforme al procedimiento que se señale en la reglamentación pertinente.
Art. 51.—La requisición del servicio personal podrá efectuarse individual o colectivamente y
en toda su actividad o parte de ella. Durará el tiempo que las circunstancias impongan y cesará,
en cualquier caso, ante el llamado efectivo para prestar el servicio militar.
Art. 52.—Las funciones y tareas que se le asignen al personal cuyos servicios sean requisados,
normalmente, deberán responder a la especialización adquirida y jerarquía alcanzada en oportunidad
de su requisamiento.
Art. 53.—La retribución al personal cuyos servicios sean requisados, se hará mediante una
remuneración y su monto lo fijará la autoridad requirente.
Art. 54.—En caso de disconformidad con las indemnizaciones o retribuciones fijadas, las
partes interesadas, en acción individual, podrán recurrir a la Justicia Federal, sin perjuicio de que
la requisición continúe en todo su vigor no interrumpiéndose en ningún caso por desacuerdo de
las partes.
Art. 55.—Las requisiciones cesarán cuando así lo disponga el presidente de la Nación y/o las
autoridades a las que se refiere el artículo 47.
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Capítulo IV
Protección civil
Art. 56.—La protección civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto
de medidas y actividades tendientes a evitar, anular, disminuir o reparar los efectos que la acción
del enemigo o de la naturaleza, puedan provocar sobre la moral y bienestar físico de la población,
bienes públicos y privados, contribuyendo al mantenimiento de la libertad de acción de sus
Fuerzas Armadas.
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Art. 57.—Compete al presidente de la Nación impartir las directivas referentes a la planificación
y ejecución de la protección civil en todo el territorio nacional, así como también, dictar las
normas a que deberán ajustar su acción los responsables de su cumplimiento.
Art. 58.—Es responsabilidad de las autoridades determinadas en el artículo 13, en su respectiva
jurisdicción, la organización de la protección civil, y la ejecución de todas las medidas y
previsiones necesarias para asegurar su eficaz funcionamiento, sobre la base de las directivas y
normas que emita el presidente de la Nación a través del Ministerio de Defensa.
Art. 59.—Todo habitante del país está sujeto a la carga pública irrenunciable de cumplir las
disposiciones o medidas que emanen de las autoridades de la protección civil dictada en la esfera
de su competencia, a cuyo efecto dichas autoridades serán consideradas funcionarios públicos en
los términos del artículo 77 del Código Penal.
TÍTULO V
Glosario de términos
Art. 60.—A los efectos de la interpretación de esta ley, se entiende por:
Seguridad nacional: la situación en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se
hallan a cubierto de cualquier tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, casos de
emergencia grave o catástrofe.
Objetivos o intereses nacionales: los fines básicos y permanentes, contenidos en la
Constitución Nacional, en virtud de los cuales el Estado actúa con miras a la consecución del
bienestar y seguridad nacionales.
Objetivos políticos: el conjunto de metas que se propone el gobierno nacional, en una época
o situación determinadas, tendientes a alcanzar los objetivos o intereses nacionales.
Política nacional: el conjunto de modos de acción que fija el gobierno nacional tendientes a
lograr en oportunidad los objetivos políticos.
Política de defensa: es la parte de la política nacional tendiente a lograr y mantener en la
Nación un índice adecuado de seguridad.
Estrategia nacional: la ciencia y el arte de emplear por el gobierno nacional los medios disponibles
del potencial nacional para materializar los modos de acción fijados por la política
nacional.
Estrategia de defensa: la parte de la estrategia nacional tendiente a materializar los modos de
acción fijados por la política de defensa.
Estrategia militar: la ciencia y el arte de emplear el potencial militar nacional para materializar
los modos de acción fijado por la política de defensa, mediante la aplicación de la fuerza o
la amenaza de su empleo.
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TÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 61.—El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa
días de su promulgación.
Art. 62.—Dentro de los noventa días subsiguientes de dictada la reglamentación se procederá

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
a la instalación de los organismos que en ella se creen y a la reestructuración o eliminación de los
que corresponda.
Art. 63.—Derógese la ley 13.234 (Organización de la Nación en tiempo de guerra) y toda otra
disposición que se oponga a la presente.
Art. 64.—Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Leopoldo Suárez — Manuel A. Pita —
Ignacio Ávalos — Mario Romanelli.
Fundamentos a la ley de Defensa Nacional
Introducción
La redacción del proyecto adjunto ha sido realizada sin perder de vista un principio fundamental
que ha sido guía constante: la Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación.
Todos los artículos que integran la ley de Defensa Nacional se caracterizan por su respeto
hacia los preceptos constitucionales de conformidad con los cuales han sido hechos y obtenido
su razón de validez.
Los derechos individuales y los relacionados con las autonomías provinciales, aspectos relevantes
de la Constitución Nacional, fueron tenidos particularmente en cuenta en la redacción de
la presente ley.
Además, cabe destacar, que siendo finalidad de esta ley la defensa de la República contra cualquier
forma de agresión, el espíritu de su concepción lleva implícita la defensa de la Constitución
Nacional y las garantías que ella consagra.
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I.—Necesidad de una ley moderna sobre Defensa Nacional
1. El bienestar y la seguridad son los dos objetivos permanentes del Estado. Para llevar
a feliz término toda política de desarrollo tendiente a incrementar el bienestar
nacional, se deben crear las condiciones de seguridad adecuadas, y es responsabilidad
del Estado el proporcionar esa seguridad a la Nación de acuerdo con lo
establecido en su Constitución Nacional.
2. El mundo vive un estado de profunda transformación y de conflicto permanente
en el cual no se advierte una clara línea divisoria entre la paz y la guerra, sino sólo
etapas de una lucha por sobrevivir o imponerse, librada entre bloques de naciones
movidas por ideologías, intereses y sistemas políticos antagónicos. Esta lucha se
lleva a cabo con todos los instrumentos del poder, sean militares, políticos, económicos
o psicosociales.
3. La República Argentina aspira a desarrollarse en paz y armonía con todos los
Estados del mundo. No obstante ello, la ambigua e inestable situación internacional,
la relativa eficacia de los organismos internacionales para crear condiciones
satisfactorias de seguridad colectiva, los efectos devastadores de las armas modernas
y la crisis ideológica que afecta a la humanidad, así como las efectivas y peligrosas
técnicas de infiltración consecuentes, imponen a la Nación la adopción de
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18 de septiembre de 1964
un instrumento legal que permita la elaboración de un programa defensivo y de
seguridad acorde con las exigencias de la hora presente sin el cual aquella aspiración
pacífica sería ilusoria.
4. La actual ley llamada de Organización de la Nación para tiempo de guerra (13.234)
no permite la existencia y eficaz funcionamiento de los medios y elementos capaces
de oponerse exitosamente a los factores de disociación contemporáneos que
afectan la integridad física y espiritual de la Nación; en consecuencia es notoria y
evidente la necesidad de dictar normas legales de carácter general que permitan
adecuar la organización de la Defensa Nacional a las cambiantes situaciones que
conforman el mundo moderno.
5. Resulta, pues, imprescindible dotar a la República de una legislación moderna e
integral atinente a la Defensa Nacional. Así lo corrobora tanto la experiencia recogida
a través de los últimos veinte años en la organización y régimen funcional
de la Defensa Nacional en el país como la evolución registrada en los países que
recientemente han legislado en la materia.
II.—La ley proyectada
1. Finalidad
6. El punto de partida de este proyecto ha sido fijar el concepto integral de Defensa
Nacional en una definición que compromete conjunta y coordinadamente a todos
los elementos constitutivos del Estado a actuar en contra de los posibles factores,
elementos o agentes —cualquiera sea su origen o naturaleza— que puedan afectar
la personalidad de la Nación.
7. Entendida así la Defensa Nacional no es una función privativa o exclusiva de las
Fuerzas Armadas, sino una responsabilidad del gobierno en conjunto, y es a la vez
fuente de obligaciones y responsabilidades tanto para los gobernantes como para
los gobernados.
8. La política de Defensa no constituye un fin en sí misma, sino sólo un medio
para lograr la situación de seguridad necesaria que permita mantener y mejorar
constantemente el modo de vivir y la prosperidad del pueblo argentino.
Por otra parte, los actos y hechos en que se concreta la política de Defensa —
en tanto y en cuanto implica movilizar los recursos materiales y morales de la
Nación— no deben alterar las estructuras institucionales básicas establecidas
por la Constitución.
9. El proyecto adjunto tiene como fin primordial proporcionar los medios legales que
permitan adoptar oportunamente las medidas tendientes a proteger la integridad
de la República de los efectos perjudiciales de cualquier factor capaz de atentar
contra la misma.
2. Bases orgánicas, funcionales y jurídicas
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10. La aprobación de este proyecto permitirá disponer de las bases orgánicas, funcionales
y jurídicas, que harán posible la ulterior elaboración de las leyes complementarias
referidas a los aspectos que conforman la Defensa Nacional y tendientes a
integrar un cuerpo legal indispensable para un efectivo planeamiento y ejecución
de la misma.

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
3. Atribuciones del presidente de la Nación. El Consejo de Defensa Nacional
11. En lo referente a las funciones de las autoridades nacionales, el proyecto atribuye
al presidente, como jefe supremo de la Nación, la primordial responsabilidad en
todos los asuntos concernientes a la Defensa Nacional.
12. Esta responsabilidad, que constitucionalmente es privativa del jefe del Estado, no
puede ser absorbida por uno de sus ministros, pues todo lo que hace a la Defensa
Nacional, en mayor o menor medida, afecta a todo el gobierno, quien la define
dentro de la política general. Por otra parte, el presidente de la Nación es la única
autoridad habilitada para resolver los problemas de competencia y prioridades que
se planteen entre los diversos departamentos de Estado y de coordinar la acción de
defensa entre ellos.
13. Sin embargo, en razón de la amplitud y diversidad de las funciones de gobierno,
surge la necesidad de que el presidente cuente con un órgano permanente y especializado
de asesoramiento, que planifique la política de Defensa más conveniente
al país y la someta a su ulterior decisión.
14. Dicho órgano es el Consejo de Defensa Nacional, integrado por los ministros secretarios
de Estado como miembros permanentes y, eventualmente, por otros funcionarios
representantes de estructuras relacionadas con la Defensa Nacional.
15. Al Consejo de Defensa Nacional le compete la realización de toda tarea conducente
al estudio de los problemas de la defensa en su aspecto integral, así como proponer
al presidente la adopción de adecuadas políticas, normas y directivas a las autoridades
ejecutoras responsables, medidas de coordinación convenientes, etcétera, a
fin de que el presidente adopte las resoluciones más apropiadas.
16. Asimismo, de acuerdo al artículo 86, inciso 15, de la Constitución Nacional, el
presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Como
tal, tiene el poder de resolver en todos los aspectos que hacen a la estrategia militar,
siendo asesorado para esta función por el Comité Especial Militar (concepción y
planificación) y Comité Especial de Operaciones Militares (ejecución).
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4. Responsabilidad de las autoridades provinciales
17. La disposición que establece la colaboración que deben prestar las autoridades administrativas
provinciales tiende a hacer posible el cumplimiento efectivo de las
medidas que aseguren los fines primordiales queridos por la ley. Es consecuencia
natural del régimen federal. No podría concebirse que la Defensa Nacional constituyera
una realidad a la que las provincias pudieran permanecer indiferentes; cualquier
acto que la comprometa incide simultáneamente en el orden local, directa o
indirectamente. De esta indiscutible verdad surge claramente que cuando se trata
de la preservación de la Nación, existe una comunidad de objeto que torna imprescindible
el deber de protegerla.
18. Por tanto, es natural que ya desde tiempo de paz y de épocas de normalidad, las
provincias cooperen en la medida necesaria y en la forma que les sea requerida por
quien tiene la responsabilidad suprema, aportando los elementos de juicio y ejecutando
y haciendo cumplir las medidas que permitan la planificación, coordinación
y realización de los actos de gobierno que concretan la finalidad de mantener intactos
la soberanía, el bienestar general y el orden.
19. La colaboración expresada, no sólo constituye un deber de las autoridades provinciales,
sino que al mismo tiempo significa una atribución que no podría serles
107

18 de septiembre de 1964
desconocida sin agravio. No puede excluirseles de su aporte a lo que es patrimonio
de todo ciudadano.
20. Por otra parte, dicha colaboración no sólo debe realizarse con el gobierno nacional,
sino buscando su complementación con la acción de gobierno a desarrollar en el
orden provincial.
21. Por lo demás, la ley a dictar legisla sobre materia que por definición es de carácter
nacional y, por consiguiente, tiene sobre las disposiciones locales la prelación que
establece el artículo 31 de la Constitución Nacional; por la misma razón, los gobernadores
de provincia son agentes naturales de su cumplimiento (Constitución
Nacional - artículo 104).
5. Ministerio de Defensa
22. El proyecto adjunto establece la existencia de un organismo de trabajo dependiente
del ministro de Defensa que satisface necesidades del Consejo de Defensa Nacional
y cuyas tareas específicas serán las de reunir antecedentes, informaciones, estudios,
y proyectar normas y directivas de coordinación vinculadas a la Defensa Nacional
y al cual podrán requerir las informaciones que consideren convenientes los miembros
que integren el Consejo de Defensa Nacional.
6. Las previsiones sustanciales
23. En este título se establecen cuáles son las obligaciones que, con respecto a la defensa,
el Estado impone a las personas físicas y jurídicas y a sus bienes.
a) Servicio de Defensa Nacional.
24. Se ha advertido la necesidad de enumerar y definir cuáles son las partes constitutivas
de este servicio como así también las responsabilidades que los mismos acarrean
a ciudadanos y habitantes, conforme al espíritu del artículo 21 de la Constitución
Nacional y las condiciones en que los mencionados servicios se llevarán a cabo a
los fines de la Defensa Nacional.
25. Dado el amplio concepto de Defensa Nacional que se consagra en este proyecto, los
servicios que reclamará la misma, serán exigidos no sólo para repeler las acciones
del enemigo, sino también para proteger previsoramente a la Nación tanto de los
efectos de los agentes perniciosos de la naturaleza, disminuyendo o anulando sus
consecuencias.
26. Asimismo, y considerando los antecedentes de países muy evolucionados en la materia
como: Noruega, Dinamarca, Suecia, Francia y Alemania, este proyecto considera
que la prestación de servicios en los servicios Civil de Defensa y de Protección
Civil, debe ser obligatoria y permanente para todas las personas de ambos sexos.
b) Movilización y requisiciones.
108
27. En el capítulo dedicado a la movilización, considerando el carácter integral de la
Defensa Nacional ya desarrollado, se determina específicamente la responsabilidad
que le compete a cada funcionario del Estado, en lo que respecta a su planificación
y ejecución.
28. Complementando las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo ante situaciones

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
que puedan afectar o poner en peligro la seguridad nacional, se lo ha facultado
para disponer la movilización del potencial nacional, según las necesidades de la
emergencia.
29. En lo que respecta a requisiciones de servicios o de bienes, que tan gravemente
inciden en las personas, se han previsto los máximos recaudos compatibles con la
seguridad de la Nación.
30. Este conjunto de normas, tiende a asegurar que la Defensa Nacional sea eficaz y
oportuna. Se ha tenido especial cuidado en establecer preceptos que se ajusten a
las cláusulas constitucionales pertinentes, mediante procedimientos para asegurar
una indemnización justa y el acceso a los tribunales, particularmente en el caso de
requisiciones.
31. Ha declarado la Corte Suprema de Justicia, en fallo de fecha 28 de marzo de 1958
(“Jurisprudencia Argentina”, 953-11-401), que: “Es doctrina aceptada sin divergencias
que el juicio sobre la legitimidad o ilegitimidad de una determinada restricción a
un derecho, depende, en gran medida, de las circunstancias del caso, pues el derecho
no se desinteresa de la vida real, sino que, al contrario, la tiene fundamentalmente en
vista, y es ajustándose a las vicisitudes de ella, que produce las normas reguladoras
y a veces restrictivas de los derechos. Restricciones que, en circunstancias normales,
no serían legítimas, pueden serlo en condiciones especiales o extraordinarias, en que
corresponda considerar otros valores más importantes para el orden público o de la
comunidad, cuyo aseguramiento no pueda lograrse sino a costa de limitaciones a derechos
individuales: hasta pensar en los casos de conflictos de guerra, epidemias, etcétera,
en que tales limitaciones, mayores que las ordinarias, son inevitables, para advertir la
estrecha dependencia en que éstas se hallan con las circunstancias de hecho.”
1964
c) Oportunidades y mecanismo de aplicación del plan general de Defensa Nacional.
32. El proyecto califica las situaciones fundamentales que pueden dar lugar a la aplicación
del plan general de Defensa Nacional, ellas son: ataque o agresión exterior,
conmoción interior, casos de emergencia grave o catástrofe.
33. Esos hechos pueden producirse por su naturaleza misma, o en forma previsible o
de modo sorpresivo. Es evidente que el Estado debe contar con los medios adecuados
para contrarrestar las consecuencias por aquellos producidas, y es condición
de eficacia la celeridad en la adopción de medidas pertinentes.
34. En función de esas necesidades, la ley debe prever el modo de acción acorde, en
cada caso, con la situación y, por tanto, debe distinguirse el caso en que no es admisible
dilación alguna de aquel en el cual es posible que la puesta en ejecución del
plan pueda ser sometida a tramitación legislativa previa.
En ese sentido, en última instancia, la necesidad y la urgencia son los dos criterios
que deben primar.
Es por esa razón que el proyecto distingue:
35. Si la agresión exterior, conmoción interior o emergencia grave son previsibles, el
Poder Ejecutivo es quien determina la existencia del estado de tensión correspondiente
y durante éste podrá ejecutarse el plan, dando cuenta al Congreso, o requiriendo
autorización previa, según la gravedad y la urgencia de las medidas que
deban ser adoptadas.
36. Si las situaciones que afectan la seguridad de la Nación, antes indicadas, son sorpresivas,
la posibilidad de requerir autorización legislativa previa, queda eliminada
por la misma naturaleza de los hechos; toda demora podría ser fatal. Por tanto, el
109

18 de septiembre de 1964
110
Poder Ejecutivo adoptará directamente las medidas necesarias, dando luego cuenta
al Congreso.
37. El concepto de emergencia grave está integrado por dos elementos esenciales: la
gravedad o extensión de la alteración del orden o seguridad y el hecho de que los
efectos de esa alteración no puedan ser controlados o anulados por entes privados
u oficiales locales y requieran el concurso de las autoridades nacionales.
38. Aquí también la ley debe seguir a los hechos, en el sentido de que cuando el desarrollo
de los acontecimientos lo exija, el presidente de la Nación podrá otorgar el
gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar, con autorización legislativa
o ad referendum de ésta si el Congreso estuviere en receso.
39. Esta atribución que el proyecto reconoce en el Poder Ejecutivo no es una innovación
en el ámbito institucional porque, en cierta medida, está ínsita en otras
facultades que le son privativas y de contenido aún más amplio y que, en distintas
épocas, han tenido aplicación en nuestro país. Lo fundamental son los bandos a los
que el Código de Justicia Militar dedica todo un capítulo, artículo 131 a 139. Dicho
código, que no es sino la ley 14.029, luego de ocuparse de los bandos que se emiten
durante el estado de guerra y de indicar cuáles son las autoridades que pueden dictarlas,
preceptúa en el artículo 133: “La misma facultad tendrá durante el estado de
conmoción interior la autoridad militar que, en cumplimiento de previsiones para
dicho estado, se ve obligada a asumir el mando o gobierno del lugar con el fin de
mantener el orden público o impedir el saqueo, violación, incendio u otros estragos.
Esta facultad sólo podrá usarse desde que se haya comprobado la impotencia
de las autoridades y hasta que se haya logrado restablecerlas.”
40. El concepto de “emergencia grave” no constituye sino una especificación del de
“conmoción interior”, que la Constitución Nacional establece como, presupuesto
de la declaración del estado de sitio, artículos 23; 67, inciso 26; y 53, inciso 19, pero
con la diferencia de que el peligro para el país es mucho más serio en el caso de
la emergencia grave porque compromete directa e inminentemente la seguridad
nacional en forma de que, si no se adoptan rápidas medidas, el perjuicio inferido a
ésta sería prácticamente irreparable.
41. El examen de las objeciones y restricciones impuestas por la jurisprudencia y la
doctrina al alcance del estado de sitio, sobre la base de las fuentes de los textos
constitucionales pertinentes, demuestra que ellas se fundan, casi exclusivamente,
en el temor de que aquel pueda constituir un pretexto para que un Poder Ejecutivo
arbitrario pueda comprometer las garantías individuales que la Constitución
Nacional asegure a los habitantes.
42. Siendo ello así, es evidente que tratándose no ya de simple conmoción interior sino
de emergencia grave, nada eficaz podría construirse si a las previsiones indispensables
se les quisiera dar el sentido de una intención dirigida a otros fines. Si el posible
abuso en el ejercicio de una facultad hubiera de ser erigido en obstáculo para
no concederla, ninguna atribución podría ser conferida a ningún Poder Ejecutivo,
Legislativo o Judicial. Sarmiento, en su célebre polémica con Rawson, acerca de
la facultad de declarar el estado de sitio, expresó: “Cree el infrascrito que no hay
razón de conveniencia pública, ni aún el temor del abuso posible, que aconseje
exponer a los gobiernos provinciales a las perturbaciones internas, restringiéndoles
facultades que les son propias.”
43. Las medidas que consagra el proyecto se fundan en la objetividad de los hechos
demostrativos de un estado real de emergencia grave y en la generalidad de su
aplicación, que lejos de estar dirigida contra una o más personas individualmente

29a. reunión -16a. sesión ordinaria
consideradas, tienen en miras el conjunto de actividades del Estado y de los individuos,
que deben ser empeñadas para conjurar peligros que comprometen la
seguridad de todos.
44. Si para superar situaciones de carácter extraordinario, la Nación no pudiere contar
con las medios preventivos y represivos también extraordinarios, según se ha
dicho antes, se pondría en peligro su existencia misma, o la de sus instituciones
básicas, facilitándose el caos social, en detrimento de los valores fundamentales que
forman nuestro acervo nacional. “Si la Constitución pudiera interpretarse en ese
sentido no sería un instrumento de gobierno, no consolidaría la paz interior, no
proveería a la defensa común, como su Preámbulo lo declara al expresar los propósitos
y objetos con que sus autores la sancionaron.” (Amancio Alcorta, Las garantías
constitucionales, página 191; Montes de Oca, Derecho Constitucional, tomo
1, página 483; J. V. González, Manual, página 260; González Calderón, Derecho
Constitucional II, página 292.)
45. Fue justamente Joaquín V. González, quien en Debates constitucionales, tomo I,
página 225, intuyó situaciones como las que el proyecto encuadra en el estado de
tensión. Dijo: “Esta palabra conmoción interior, no necesita ya ser definida: tiene
una tradición que es una jurisprudencia invariable, y está ya sancionado como una
regla de interpretación que la conmoción interna a que la Constitución se refiere
comprende tanto los movimientos abiertamente hostiles a la autoridad, contrarios
al orden público, como también esos anuncios evidentes de más hondas perturbaciones,
pero que no han tomado todavía una forma práctica, una forma externa”.
1964
d) Jurisdicción territorial.
46. En lo relacionado con la jurisdicción territorial, el proyecto faculta al presidente de
la Nación a establecer una división territorial adecuada a fin de lograr una conveniente
integración de las autoridades civiles y militares para una mejor planificación
y ejecución de la Defensa Nacional.
e) Protección civil.
47. La guerra moderna que afecta a todos los factores de una Nación hace necesario
que se deba proporcionar tranquilidad a la población para que pueda desarrollar
sus actividades en forma tal que no sea afectada por la acción física y psíquica del
enemigo, ya sea anulando su acción o disminuyendo sus efectos.
48. Se incorpora así en esta ley un nuevo concepto, el de “protección civil” que tiende
a proporcionar el resguardo físico y moral de la población, al mismo tiempo que
proporciona a las Fuerzas Armadas empeñadas en las zonas de operaciones la adecuada
libertad de acción en el frente interno.
49. La protección civil integrada desde la paz, es la organización con que cuenta el
Estado para actuar también en caso de catástrofe o emergencia grave.
III.—La ley básica y las futuras leyes complementarias
50. La aprobación de este proyecto de ley permitirá disponer de las bases legales y doctrinarias
que harán posible la ulterior elaboración de una serie de leyes subsidiarias
referidas a diversos aspectos de la Defensa Nacional, a fin de llegar a integrar el
cuerpo legal indispensable para una efectiva planificación defensiva.
111

18 de septiembre de 1964
51. Esta tarea, por la cambiante naturaleza de los riesgos que afronta el país y por la
importancia de los intereses nacionales exige un plan único. Ella se traduce en un
conjunto de leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones, convenios, directivas
y planes específicos, los cuales, a su vez, deben ser constantemente sometidos al
examen de los organismos competentes para perfeccionarlos y adecuarlos a las exigencias
y posibilidades de cada situación.
52. Tal actividad no podrá llevarse a cabo con eficiencia, por racionales que sean los
sistemas y procedimientos adoptados, si no se cuenta con un instrumento legal que
constituya el principal fundamento del ordenamiento y desarrollo de estas previsiones.
En consecuencia, este proyecto procura incorporar medios esenciales que
harán factible el adecuado desarrollo de la Defensa Nacional.
Leopoldo Suárez.
—A la Comisión de Defensa Nacional.
112
Fuente: Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones del 18 de septiembre de 1964, páginas 1193-1203.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia
Legislativa y Parlamentaria.

Ley de Defensa Nacional 1
Ley 16.970
Fecha de sanción: 06/10/1966
Fecha de promulgación: 06/10/1966
Publicado en Boletín Oficial: 10/10/1966
En ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el artículo 5º del Estatuto de la Revolución
Argentina, el presidente de la Nación Argentina, sanciona y promulga con fuerza de ley:
TÍTULO I
Principios Generales
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases jurídicas orgánicas y funcionales fundamentales
para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional, con el fin de lograr y mantener la
Seguridad Nacional necesaria para el desarrollo de las actividades del país, en procura de sus
objetivos nacionales.
Artículo 2º.—La Seguridad Nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales.
Artículo 3º.—La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta
para lograr la Seguridad Nacional.
Artículo 4º.—La política y estrategia nacionales darán las bases necesarias para establecer el
grado de Seguridad Nacional, concordante con las exigencias del desarrollo.
Artículo 5º.—Las previsiones y medidas ejecutivas inherentes a la Defensa Nacional serán
coordinadas armónicamente con las que se refieren al desarrollo integral del país y formuladas
conjuntamente con éstas, en los distintos planes y programas que se elaboren.
Artículo 6º.—La Seguridad Nacional requiere fundamentalmente:
1966
a) La formulación, planeamiento y programación de las medidas de defensa relacionadas
con el desarrollo nacional; la preparación y alistamiento de los medios del
potencial militar y el planeamiento y conducción de las operaciones militares;
b) La determinación de las funciones, atribuciones y obligaciones de todas las autoridades
nacionales, provinciales y municipales para la realización coordinada de las
tareas conducentes al logro de la seguridad nacional;
c) La fijación de obligaciones de las personas de existencia visible o ideal, pública o
privada, residentes en el país y de los argentinos residentes en el extranjero, ante los
requerimientos de la seguridad nacional;
d) El fortalecimiento de la conciencia nacional sobre la importancia de los problemas
inherentes a la seguridad nacional.
1 Anales de la Legislación Argentina. Tomo XXVI-C. Leyes 19.963-17.111 (1966). Ediciones La Ley, Buenos Aires;
1968, pp. 1474-1480.
113

Ley 16.970 - 6 de octubre de 1966
TÍTULO II
Del Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad
Artículo 7º.—Institúyase el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad.
Artículo 8º.—El Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad tiene por
finalidad:
a) Establecer políticas y estrategias directamente vinculadas con la Seguridad Nacional;
b) Coordinar sus actividades con el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para
el Desarrollo, a fin de procurar el logro conjunto de los objetivos de Desarrollo y
Seguridad;
c) Formular los planes nacionales de largo y mediano plazo, la coordinación de su ejecución
y la evaluación y control de los esfuerzos nacionales para la Seguridad;
d) Impartir las directivas para la programación de corto plazo y para la elaboración de
los presupuestos, programas y proyectos correspondientes;
e) Impartir las directivas a que deben ajustarse todos los sectores de la comunidad nacional
en lo relativo a la acción para la seguridad;
f) Proporcionar la orientación de la participación de la actividad privada en el logro de
la Seguridad Nacional;
g) Establecer la forma en que los beneficios derivados del logro de los objetivos de
Seguridad reviertan en la proyección internacional de la nación.
114
TÍTULO III
Estructura y Régimen Funcional de la Defensa Nacional
Artículo 9º.—Al presidente de la Nación, en su carácter de Jefe Supremo de la Nación, compete
la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional y, como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.
Artículo 10º.—Los ministros del Poder Ejecutivo, los comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas, los secretarios de Estado, los gobernadores de provincia y del Territorio Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur e intendentes municipales, dentro del ámbito
de su respectiva competencia, tienen la directa responsabilidad de cumplir y hacer cumplir
las resoluciones adoptadas por el presidente de la Nación en materia de Defensa Nacional y de
preparar y ejecutar las medidas pertinentes.
Artículo 11.—A los fines de la Seguridad Nacional, dependerán del presidente de la Nación
en forma directa e inmediata:
a) Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) y su Secretaría;
b) Comité Militar (C. M.);
c) Central Nacional de Inteligencia (C. N. I.).
Artículo 12.—El Consejo Nacional de Seguridad será presidido por el presidente de la
Nación, el cual adoptará en todos los casos las resoluciones en los actos que origine su funcionamiento
y estará integrado por los ministros del Poder Ejecutivo, los comandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas como miembros permanentes, el Secretario de Estado Jefe de la Central
Nacional de Inteligencia como asesor permanente en Inteligencia y por los Secretarios de Estado

Ley de Defensa Nacional
como miembros no permanentes. Los miembros no permanentes concurrirán a las reuniones
del CONASE cuando así lo disponga el presidente de la Nación.
Artículo 13.—Compete al Consejo Nacional de Seguridad:
a) El Planeamiento de largo plazo de la política y estrategia nacionales que afectan a
la seguridad, sobre la base de la evaluación de los objetivos políticos que se haya
propuesto alcanzar el Gobierno Nacional, con miras a la obtención de los objetivos
nacionales;
b) Coordinar su acción con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), a fin de
armonizar los planes respectivos;
c) Impartir las directivas a las autoridades responsables de la Seguridad Nacional;
d) Establecer las normas legales y la creación de los organismos necesarios a la Defensa
Nacional, que complementen y refuercen la Seguridad Nacional;
e) Planear y coordinar la movilización del potencial humano y los recursos de la Nación;
f) Establecer Zonas de Seguridad y proveer a través de la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad a la mejor administración de los asuntos relativos a la seguridad en
dichas zonas;
g) Integrar las políticas internas, externas, económicas y de defensa en lo relacionado
con la Seguridad Nacional;
h) Intervenir en todo otro asunto relacionado con la dirección superior de la Defensa
Nacional;
i) Requerir directamente de los ministerios nacionales, comandos en jefe, secretarías
de Estado, gobiernos de provincia y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, intendencias municipales, organismos públicos
y entidades privadas, los datos, estadísticas y demás informaciones que su trabajo
exigiere.
Artículo 14.—El Consejo Nacional de Seguridad contará con:
1966
a) Una Secretaría, que actuará como su organismo de trabajo y dependerá directamente
del presidente de la Nación. Su titular actuará como secretario en las reuniones
del Consejo Nacional de Seguridad y, a los fines del tratamiento y consideración,
tendrá jerarquía de Secretario de Estado.
b) La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, para el asesoramiento, información,
coordinación y administración en lo concerniente a Zonas de Seguridad.
Artículo 15.—La Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad estarán integradas por funcionarios civiles y militares permanentes y no permanentes.
Su composición y funciones serán establecidas en la reglamentación de la presente ley
y en la ley de Zonas de Seguridad; respectivamente.
Artículo 16.—A las reuniones del Consejo podrán ser llamados, con fines de asesoramiento,
funcionarios civiles y militares, así como toda aquella persona cuyo conocimiento puede ser de
utilidad en los asuntos que hubieren de tratarse.
Artículo 17.—Las funciones de la Secretaría del CONASE serán:
a) Reunir antecedentes e inteligencias para el planeamiento nacional;
b) Realizar los estudios necesarios para el asesoramiento del CONASE sobre política
nacional y estrategia nacional, en lo concerniente a seguridad;
c) Someter a consideración del CONASE los documentos del planeamiento nacional
115

Ley 16.970 - 6 de octubre de 1966
116
que corresponden a objetivos políticos, política nacional y estrategia nacional, en lo
relativo a seguridad;
d) Someter a consideración del CONASE conjuntamente con la Secretaría del
CONADE, los planes de Desarrollo y Seguridad Nacional;
e) Realizar, en coordinación con la Secretaría del CONADE, lo estudios necesarios para
determinar el potencial de la Nación;
f) Preparar y proyectar las directivas para la movilización del personal y recursos correspondientes
al poder militar;
g) Hacer conocer las resoluciones adoptadas por el CONASE según disposiciones que
se imparten en cada caso;
h) Toda otra que le encomiende el presidente de la Nación.
Artículo 18.—Compete a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad:
a) Proponer al Consejo Nacional de Seguridad el establecimiento de Zonas de Seguridad
en parte o partes del territorio nacional donde existan intereses vitales de la Nación
que exijan la adopción de medidas especiales para ponerlas a cubierto de interferencias
o perturbaciones sustanciales, insinuadas, declaradas o potenciales, como
también la desafectación de aquellas que hubiesen dejado de revestir tal carácter;
b) Proponer al Consejo Nacional de Seguridad las adquisiciones y/o expropiaciones
dentro de las Zonas de Seguridad conducentes a tal objeto, así como su mejor
administración;
c) Proponer al Consejo Nacional de Seguridad las leyes, decretos y reglamentaciones
vinculadas con la Seguridad Nacional en las referidas zonas y todas aquellas medidas
que sean necesarias o convenientes para el mejor cumplimiento de sus funciones;
d) Ejercer la policía de radicación dentro de las Zonas de Seguridad, con relación a las
transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos
reales o personales en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia
de inmuebles, a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes;
e) Considerar y resolver, dentro de la Zona de Seguridad, los pedidos para el otorgamiento
de concesiones y/o permisos que las autoridades nacionales, provinciales y municipales
deben solicitar para autorizar la explotación de servicios públicos, vías y medios de
comunicación y de orientación de la opinión pública, transportes, pesca marítima y
fluvial, así como de toda fuente de energía e industrias de cualquier índole que interesen
a los fines de Seguridad Nacional, e intervenir asesorando a dichas autoridades y a los
organismos autárquicos, cuando actúen como personas de derecho privado;
f) Actuar, a título de organismo coordinador, asesorado y orientado a la acción de
las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que por razones de
jurisdicción desarrollan actividades dentro de las Zonas de Seguridad para lograr la
necesaria armonía y eficiencia en la estructuración y aplicación de las disposiciones
que, directa o indirectamente, se refieren a la Defensa Nacional;
g) Confeccionar y elevar el plan general de adquisiciones, expropiaciones y/o enajenaciones
necesarias para adecuar la situación existente al objeto expresado en el apartado
a) precedente.
Artículo 19.—El Comité Militar será presidido por el presidente de la Nación, el cual adoptará
en todos los casos las resoluciones en los actos que originen su funcionamiento y estará
integrado por el Ministro de Defensa y la Junta de Comandantes en Jefe, formada por los comandantes
en jefe de las Fuerzas Armadas.

Ley de Defensa Nacional
Artículo 20.—Compete el Comité Militar:
a) Planear la estrategia militar y la conducción estratégica de las operaciones militares;
b) Asignar responsabilidades operativas y logísticas a cada fuerza armada, de acuerdo
con la planificación estratégica;
c) Establecer comandos conjuntos y específicos;
d) Formular la doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas, y las políticas para el adiestramiento
conjunto.
Artículo 21.—El Comité Militar dispondrá como organismo de trabajo de un estado mayor,
que se denominará Estado Mayor Conjunto y dependerá de la Junta de Comandantes en
Jefe.
Artículo 22.—La Junta de Comandantes en Jefe será la autoridad militar asesora del Consejo
Nacional de Seguridad en los asuntos relacionados con la estrategia militar. El funcionamiento
de la Junta de Comandantes en Jefe será establecido en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 23.—El Estado Mayor Conjunto estará integrado por personal de las tres Fuerzas
Armadas. Su jefe será de la jerarquía de general o equivalente, del cuerpo de comando, en actividad
y será designado por el presidente de la Nación, a propuesta de la Junta de Comandantes en
Jefe. La designación será rotativa entre las tres Fuerzas Armadas, en la forma y por el período que
se estipule en la reglamentación de la presente ley. El Jefe del Estado Mayor Conjunto se desempeñará
como secretario en las reuniones del Comité Militar.
Artículo 24.—El Estado Mayor Conjunto será asistido por los servicios de inteligencia de
las tres Fuerzas Armadas, con relación a la información e inteligencia necesarias para al planeamiento
de la estrategia militar y de la conducción estratégica de las operaciones militares. La
coordinación, a esos efectos, se establecerá en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 25.—Compete a la Central Nacional de Inteligencia en lo concerniente a Seguridad
Nacional:
a) Realizar y centralizar las actividades de inteligencia necesarias al planeamiento de la
política y estrategia nacional inherentes a la Seguridad Nacional;
b) Proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al Consejo Nacional
de Seguridad;
c) Formular la doctrina nacional de inteligencia;
d) Correlacionar y evaluar la información concerniente a la Seguridad Nacional y proveer
a su adecuada difusión a los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado
y gobiernos de provincia;
e) Mantener enlace técnico funcional con los organismos de inteligencia e información
de los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado y gobiernos de
provincia.
1966
Artículo 26.—La Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, el Estado Mayor Conjunto,
la Central Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad mantendrán
un estrecho enlace de asesoramiento e información.
Artículo 27.—A los fines de asegurar la más estrecha coordinación de las medidas de
seguridad con las de desarrollo y establecer el nexo correspondiente, se constituirán en la
Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo y según sea necesario en los restantes componentes
del Sistema de Planeamiento y Acción para el Desarrollo, organismos especializados
de Seguridad Nacional para el cumplimiento de las tareas y responsabilidades emergentes
de ésta ley.
117

Ley 16.970 - 6 de octubre de 1966
TÍTULO IV
Funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad
Artículo 28.—El Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la seguridad integra el
Sistema Nacional de Planeamiento, mediante el cual se compatibilizan las exigencias de desarrollo
con las de seguridad. Sus actividades se efectuarán en forma coordinada con las correspondientes
del sistema de planeamiento del desarrollo nacional.
Artículo 29.—El presidente de la Nación, asistido por el Gobierno Nacional, establecerá los
objetivos políticos que constituyen los elementos básicos e iniciadores del planeamiento.
Artículo 30.—El CONASE y el CONADE, asistidos por sus respectivas secretarías, establecerán
conjuntamente las políticas y estrategias nacionales para el logro de los objetivos políticos
fijados, que sirven para formular un Plan General de Desarrollo y Seguridad con previsiones de
largo plazo.
Artículo 31.—Sobre la base del Plan General de Desarrollo y Seguridad, el CONASE preparará
los aspectos generales de seguridad que deberán ser incluidos en la directiva que para el
planeamiento de mediano plazo elaborará el CONADE y que se concretarán luego en el Plan
Nacional de Desarrollo y Seguridad de mediano plazo.
Artículo 32.—El Plan General de Desarrollo y Seguridad proporcionará, además, las bases
para elaborar, en el Comité Militar, el planeamiento militar conjunto de las Fuerzas Armadas que
permitirá establecer los planes y programas de desarrollo y funcionamiento de las tres Fuerzas
Armadas y los presupuestos correspondientes.
118
TÍTULO V
Jurisdicción territorial y requisiciones
Artículo 33.— En caso de guerra el presidente de la Nación podrá declarar Teatro de
Operaciones a parte del territorio nacional.
Artículo 34.—El Comando de cada Teatro de Operaciones será ejercido por el Oficial superior
de las Fuerzas Armadas que designa el presidente de la Nación a propuesta del Comité
Militar. El Comandante del Teatro de Operaciones dependerá del presidente de la Nación a través
de la Junta de Comandantes en jefe.
Artículo 35.—La autoridad del Comandante del Teatro de Operaciones será ejercida por delegación
del presidente de la Nación y comprende la totalidad del gobierno civil y militar en el área
puesta bajo su mando. Para los asuntos relacionados con la administración civil, la autoridad del
Teatro de Operaciones podrá designar un delegado civil para cada provincia, Territorio Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o parte de ellos puesta bajo su jurisdicción.
Artículo 36.—Cuando necesidades de la seguridad así lo impongan, se podrá recurrir a la
requisición de bienes; tal medida será dispuesta por el presidente de la Nación y ejecutada por las
autoridades jurisdiccionales que corresponda. En circunstancias de extrema gravedad y urgencia,
dichas autoridades jurisdiccionales podrán adoptar por sí las medidas tendientes a la requisición
de los bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho que deberán comunicar inmediatamente
a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán responsables.
Artículo 37.—Toda requisición da derecho a indemnización. Las autoridades competentes
deberán, en todos los casos, extender los recibos o comprobantes correspondientes. La indemnización
no incluirá el fuero cesante.

Ley de Defensa Nacional
Artículo 38.—La requisición de bienes podrá hacerse en todo o parte de ellos y ejecutarse
a título de uso, de consumo o de dominio. Estas modalidades de la requisición son igualmente
aplicables a la capacidad productiva de industrias y establecimientos de cualquier índole que interesen
a la Seguridad Nacional, aún cuando el Estado no haya tomado posesión de ellos.
Artículo 39.—La indemnización y/o retribución a que dará lugar la requisición de bienes,
será fijada administrativamente conforme al procedimiento que se señale en la reglamentación
pertinente.
Artículo 40.—En caso de disconformidad con la indemnización fijada, las partes interesadas,
en acción individual, podrán recurrir a la justicia federal, sin perjuicio de que la requisición continúe
en todo su vigor, la cual no deberá interrumpirse en caso alguno por desacuerdo de las partes.
Artículo 41.—Las requisiciones cesarán cuando así lo establezca la autoridad que las dispuso.
Artículo 42.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los Teatros de
Operaciones mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la
aplicación de la legislación vigente y de los bandos que se dicten.
Artículo 43.—En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o por agentes
de la naturaleza, podrá recurrirse al empleo de las Fuerzas Armadas para establecer el orden o
prestar los auxilios necesarios. Para ello, en aquellas zonas o lugares especialmente afectados
podrán declararse Zonas de Emergencia a órdenes de autoridad militar para la imprescindible
coordinación de todos los esfuerzos.
TÍTULO VI
Empleo de Personas y Recursos
Capítulo I
1966
Servicio de Defensa Nacional
Artículo 44.—El servicio de Defensa Nacional es el conjunto de obligaciones destinadas a
asegurar la Defensa Nacional que impone la Nación a las personas de existencia visible y jurídica
sujetas a las leyes argentinas.
Artículo 45.—El servicio de Defensa Nacional comprende el servicio militar y el servicio civil
de defensa.
Artículo 46.—El servicio militar es la obligación que cumplen los argentinos varones y mujeres,
nativos, por opción o naturalizados, incorporados a las Fuerzas Armadas en el servicio de
conscripción o en la reserva, convocados por el Poder Ejecutivo conforme a lo establecido en el
artículo 21 de la Constitución Nacional y leyes contribuyentes; los voluntariamente incorporados
según la ley para el Personal Militar y los extranjeros voluntarios conforme al régimen que
se establezcan.
Artículo 47.—El servicio civil de defensa es la obligación que cumplen los habitantes del país,
que no sea el servicio militar, para satisfacer necesidades de la Seguridad Nacional. Este Servicio
comprende:
a) El cumplimiento de las responsabilidades de orden permanente que, en mayor o
menor grado y solidariamente, deben compartir todos los habitantes, sin distinción
de nacionalidad, sexo o edad para la protección de la población en general.
119

Ley 16.970 - 6 de octubre de 1966
b) La prestación, por parte de los especialmente convocados por autoridad civil o militar,
de determinadas actividades o servicios que hagan a la Seguridad Nacional.
Artículo 48.—Los deberes mencionados en el inciso a) del artículo 47 serán considerados
carga pública irrenunciable. La prestación de los servicios o actividades citadas en el inciso b)
del mencionado artículo, será retribuida según lo establezca la ley especial que se dicte para el
Servicio Civil de Defensa.
Capítulo II
Movilización
Artículo 49.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se
adecúa parcial o totalmente el potencial nacional para satisfacer las exigencias de la Seguridad
Nacional.
Artículo 50.—Todos los habitantes de la Nación y las personas de existencia visible o ideal,
públicas o privadas, y las instituciones con asiento en el país están obligados a proporcionar los
informes y datos destinados a servir a la movilización, conforme a los requerimientos de la autoridad
competente. Si tal aporte implicara una prestación de servicios, será retribuido según lo
establezca la respectiva ley.
120
Capítulo III
Penalidades
Artículo 51.—El personal convocado para prestar el servicio militar quedará sometido a la
jurisdicción militar desde el momento que fije la ley respectiva. El que no cumpla con la prestación
del servicio militar será pasible de las sanciones que establezca la ley.
Artículo 52.—El personal convocado para prestar el servicio civil de defensa quedará sometido,
desde su incorporación, a las disposiciones que el Código de Justicia Militar, por iguales
infracciones, establece para el personal convocado para prestar el servicio militar. El Poder
Ejecutivo podrá disponer limitaciones en cuanto a la aplicabilidad de las normas de dicho Código.
Aquel personal que sin causa justificada no se presentare en la fecha fijada para cumplir con las
obligaciones relativas a ese servicio, será sancionado de conformidad con lo que establezca la ley
respectiva.
Artículo 53.—Aquellos habitantes de la Nación y representantes legalmente responsables
de personas de existencia visible o ideal, pública o privada, y las instituciones con asiento en el
país que negaren o retacearen los informes y datos vinculados con la Seguridad Nacional que les
sean requeridos con autoridad competente, serán pasibles de las sanciones previstas en el Código
Penal de la Nación. Tales informes o datos no podrán tener otro destino ni dársele otro uso que el
de servir a la Seguridad Nacional; los transgresores de dichos supuestos incurrirán en los delitos
previstos en el citado Código.
Artículo 54.—Todas las personas que por razón de su cargo o función tomen conocimiento
de asuntos vinculados con la Defensa Nacional, están obligados a guardar sobre ellos el grado de
reserva en que hubieren sido clasificados. Quienes violaren esta disposición quedarán incursos
en los delitos previstos en las leyes de la Nación, sin perjuicio de las medidas administrativas a
que hubiere lugar si fueren agentes del Estado.

Ley de Defensa Nacional
TÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Artículo 55.—La presente ley se reglamentará dentro de los noventa días de su promulgación.
Artículo 56.—Dentro de los noventa días subsiguientes de dictada la reglamentación se procederá
a la instalación de los organismos que por ella se creen, y a la reestructuración o eliminación
de los que corresponda.
Artículo 57.—Derógase la ley Nº 13.234 (de Organización de la Nación en tiempo de guerra)
y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Artículo 58.—El Consejo Nacional de Seguridad elevará oportunamente las leyes atinentes a
Servicio Militar, Servicio Civil de Defensa, Zonas de Seguridad y Movilización, por las cuales se
asegure el logro del objetivo de la presente ley.
Artículo 59.—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
Onganía—Nicanor E. Costa Méndez.
1966
Fuente: Anales de la Legislación Argentina. Tomo XXVI-C. Leyes 19.963-17.111 (1966). Ediciones La Ley, Buenos
Aires; 1968, pp. 1474-1480. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Dirección de Referencia Legislativa.
Departamento de Información Argentina y Atención al usuario.
121

Decreto “S” 261/75
“Buenos Aires, 5 de febrero de 1975.
Visto las actividades que los elementos subversivos desarrollan en la provincia de TUCUMÁN
y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para su erradicación:
LA PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA, en acuerdo General de Ministros,
DECRETA:
Art. 1º.—El Comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares
que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos
que actúan en la provincia de TUCUMÁN.
Art. 2º.—El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del
Comando General del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que le sean requeridos
a través del Ministerio de Defensa, para su empleo en las operaciones a que se hace referencia
en el Artículo 1º.
Art. 3º.—El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la provincia de TUCUMÁN
que proporcione y coloque bajo control operacional el personal y los medios policiales que le
sean solicitados por el Ministerio de Defensa (Comando General del Ejército), para su empleo en
las operaciones precitadas.
Art. 4º.—El Ministerio de Defensa adoptará las medidas necesarias para que los Comandos
Generales de la Armada y de la Fuerza Aérea presten, a requerimiento del Comando General del
Ejército el apoyo necesario de empleo de medios para las operaciones.
Art. 5º.—El Ministerio de Bienestar Social desarrollará, en coordinación con el Ministerio
de Defensa (Comando General del Ejército), las operaciones de acción cívica que sean necesarias
sobre la población afectada por las operaciones militares.
Art. 6º.—La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, desarrollará
a través del Ministerio de Defensa (Comando General del Ejército) las operaciones de acción
psicológicas concurrentes que le sean requeridas.
Art. 7º.—Los gastos que demande el cumplimiento de la misión encomendada por el presente
decreto hasta la suma de CUARENTA MILLONES será incorporada a la jurisdicción 46,
Comando General del Ejército, correspondiente al Presupuesto del Año 1975.
Art. 8º.—Las disposiciones del presente Decreto rigen a partir de la fecha.
Art. 9º.—Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese.”
1975
María Estela Martínez de Perón—presidente de la Nación.
Antonio Benitez—Ministro de Justicia.
Alberto Rocamora—Ministro de Defensa.
José López Rega—Ministro de Bienestar Social.
Oscar Ivanissevich—Ministro de Cultura y Educación.
Alfredo Gómez Morales—Ministro de Economía.
Alberto J. Vignes—Ministro de Relaciones Exteriores.
Ricardo Otero—Ministro de Trabajo.
Fuente: Decreto “S” 261/75. Poder Ejecutivo Nacional. 05/02/1975. Biblioteca del Congreso de la Nación. Dirección
de Referencia Legislativa. Departamento de Información argentina y atención al usuario.
123

Decreto 2.770/1975
Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
Sumario: Consejo de Seguridad Interna—Constitución—Competencia.
Publicado en: Boletín Oficial 04/11/1975—ADLA 1975—D. 3634
Visto la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos que con su accionar vienen
alterando la paz y la tranquilidad del país, cuya salvaguardia es responsabilidad del gobierno
y de todos los sectores de la Nación, y
Considerando: Lo propuesto por los señores Ministros del Interior de Relaciones Exteriores
y Culto, de Justicia, de Defensa, de Economía, de Cultura y Educación, de Trabajo y de Bienestar
Social el presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo en
acuerdo general de Ministros, decreta:
Art. 1º.—Constitúyese el Consejo de Seguridad Interna que estará presidido por el presidente
de la Nación y será integrado por todos los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los señores
comandantes generales de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Nación adoptará, en todos los
casos las resoluciones en los actos que originen su funcionamiento.
Art. 2º.—Compete al Consejo de Seguridad Interna:
a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión.
b) La ejecución de toda tarea que en orden a ello el presidente de la Nación le imponga.
Art. 3º.—El Consejo de Defensa, presidido por el Ministro de Defensa e integrado por los
comandantes generales de las Fuerzas Armadas, además de las atribuciones que le confiere el art.
13 de la ley 20.524, tendrá las siguientes:
1975
a) Asesorar al presidente de la Nación en todo lo concerniente a la lucha contra la
subversión;
b) Proponer al presidente de la Nación las medidas necesarias a adoptar en los distintos
ámbitos del quehacer nacional para la lucha contra la subversión;
c) Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución
de medidas de interés para la lucha contra la subversión;
d) Conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión;
e) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas
policiales para la lucha contra la subversión.
Art. 4º.—La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y la Secretaría de
Informaciones de Estado quedan funcionalmente afectadas al Consejo de Defensa, a los fines de
la lucha contra la subversión, debiendo cumplir las directivas y requerimientos que en tal sentido
les imparta el referido Consejo.
125

Decretos 2.770/1975 - 2.771/1975 - 2.772/1975
Art. 5º.—La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los
mismos fines al Consejo de Defensa.
Art. 6º.—El Estado Mayor Conjunto sin perjuicio de las funciones que le asigna la reglamentación
del dec.-ley 16.970/66, a los fines del presente decreto, tendrá como misión asistir
al Consejo de Defensa en lo concerniente al ejercicio de las atribuciones que en él se le asignan.
Art. 7º.—El Ministerio de Economía proveerá los fondos necesarios para el cumplimiento
del presente decreto.
Art. 8º.—Comuníquese, etc.
Luder—Aráuz Castex—Vottero—Emery—Ruckauf—Cafiero—Robledo.
126
Fuente: Decreto 2.770/75. Poder Ejecutivo Nacional. 04/11/1975. Biblioteca del Congreso de la Nación. Dirección de
Referencia Legislativa. Departamento de Información argentina y atención al usuario.

Decreto 2.771/1975
Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
Sumario: Consejo de Defensa—Convenios con las provincias para colocar bajo
su control operacional al personal policial y penitenciario para la lucha contra la
subversión.
Fecha de emisión: 06/10/1975
Publicado en: Boletín Oficial 04/11/1975—ADLA 1975—D. 3635
Visto lo dispuesto por el dec. 2.770 del día de la fecha, y la necesidad de contar también con
la participación de las fuerzas policiales y penitenciarias de las provincias en la lucha contra la
subversión;
por ello, el presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo en
acuerdo general de ministros,
decreta:
Art. 1º.—El Consejo de Defensa, a través del Ministerio del Interior, suscribirá con los gobiernos
de las provincias, convenios que coloquen bajo su control operacional al personal y a los
medios policiales y penitenciarios provinciales que les sean requeridos por el citado Consejo para
su empleo inmediato en la lucha contra la subversión.
Art. 2º.—Comuníquese, etc.
Luder—Aráuz Castex—Vottero—Emery—Ruckauf—Cafiero—Robledo.
1975
Fuente: Decreto 2.771/75. Poder Ejecutivo Nacional. 04/11/1975. Biblioteca del Congreso de la Nación. Dirección de
Referencia Legislativa. Departamento de Información Argentina y Atención al usuario.
127

Decreto 2.772/1975
Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
Sumario: Fuerzas Armadas—Ejecución de las operaciones militares y de seguridad
necesarias para eliminar la subversión.
Fecha de Emisión: 06/10/1975
Publicado en: Boletín Oficial 04/11/1975—ADLA 1975—D. 3635
Visto los decs. 2.770 y 2.771 del día de la fecha y la necesidad de reglar la intervención de las
Fuerzas Armadas en la ejecución de operaciones militares y de seguridad, a efectos de aniquilar
el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.
Por ello, el Presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo
en acuerdo general de ministros,
decreta:
Art. 1º.—Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del presidente de la Nación que
será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de
seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en
todo el territorio del país.
Art. 2º.—El Ministerio de Economía proveerá los fondos necesarios para el cumplimiento
del presente decreto.
Art. 3º.—Comuníquese, etc.
Luder—Aráuz Castex—Vottero—Emery—Ruckauf—Cafiero—Robledo.
1975
Fuente: Decreto 2.772/75. Poder Ejecutivo Nacional. 04/11/1975. Biblioteca del Congreso de la Nación. Dirección de
Referencia Legislativa. Departamento de Información argentina y atención al usuario.
129

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Presidencia de los señores diputados Nicasio Sánchez Toranzo, Antonio Pereira
y Luis Antonio García
Secretarios: doctor Alberto Luis Rocamora y señor Ludovico Lavia
Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo
Diputados presentes
ACEVEDO, Carlos Luis
AGUIRRE, Mario D
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
ÁLVAREZ GUERRERO,
Osvaldo
AMADO SALEME, José
AMAOLO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARIGÓS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRÚE, Wilfredo
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto
ÁVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJCZMAN, Raúl L.
BALBASTRO, Gerardo A.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BÁRBARO, Julio D.
BARRETO, Hilario
BARRIONUEVO, Roque R.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BENEDETTI, Osvaldo
Ernesto
BLANCO, Manuel
BONAS, Abraham Efrain
BONIFATTI, Arolinda S. A.
BORRAS, Raúl Antonio
BRAVO, Carlos Alberto
BRAVO, Federico S.
BRITO LIMA, Alberto
BUSTOS, Tomás Roberto
CABEZAS, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMPOS, Ernesto Manuel
CAMUS, Jorge M.
CÁRDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA,
Humberto
CATALANO, José Armando
CATEULA, Juan Jaime
CITATI, Ángel
COLELLO, Clemente J.
COMÍNGUEZ, Juan Carlos
CONTESTI, Rubén Ricardo
COSSY ISASI, Edgar
COSTARELLI, José
CROCCO, Luis Ferdinando
D’ANGELO, Lorenzo Francisco
DAVICO, Miguel Ángel
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo
Eduardo
DÍAZ, Ethel Susana
EGUIREUN, Enrique
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABURU, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
FADUL de SOBRINO, Esther
Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FALÚ, Ricardo Muñir
FARÍAS, Eduardo Isidro
FERNÁNDEZ GILL,
Guillermo Carlos
FERREIRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FRESCHI, Pedro José
FUENTES, Pedro Alfredo
GARCÍA, Luis Antonio
GARONA, Alberto A.
GARRÉ, Nilda Celia
GIL, Matilde Vedia de
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto
GRAU, Mario Agustín
GUALCO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac
HAIEK, José
HUEYO, Horacio
HUGHES, Gilberí
INSÚA, Carlos Raúl
KELLY, Rodolfo Feliciano
LABAKE, Juan Gabriel
LATRUBESSE, Francisco
Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LIMA, Hugo Ramón
LITERAS, María Haydée A. de
LONCHARICH FRANICH,
Cándida A.
1975
131

19 de noviembre de 1975
132
LÓPEZ, Domingo
LÓPEZ, Horacio Fidel
LORENCES, Mariano Rufino
LUCENA, Luis Arnaldo
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MARINO, Rafael Francisco
MÁRQUEZ, Alfonso Carlos
MARTIJENA, Ergasto Nereo
MASSOLO, Eduardo A. R.
MAUHUM, Fernando Hugo
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto H.
MOLINA ZAVALÍA,
Armando
MOLINARI ROMERO,
Manuel Ernesto
MOMBELLI, Fausto J.
MONTERO TELLO, Regulo L.
MORENO, Antonio E.
MORENO FERRER,
José Carlos W.
MORINI, María Teresa
Merciadri de
MOYANO, Francisco J.
MUSACCHIO, Vicente
Miguel
MUSSO, Eufemia
NATALE, Ricardo T.
NICOLICHE, Lisardo Oscar
NOSIGLIA, Plácido Enrique
ODENA, Isidro J.
OVIEDO, José
PÁRENTE, Rodolfo Domingo
PASCUAL, Paulino Rubén
PAZ, Guido Ulises
PEDRINI, Ferdinando
PEREIRA, Antonio
PETRUCELLI, Agustín
PONCE, Rodolfo Antonio
PORTERO, Héctor
PORTO, Jesús E.
RAFAEL, Juan
RAMÍREZ, Juan Manuel
RATTI, Luis Carlos
RITVO, Miguel
RIZO, Eusebio Víctor
RODRÍGUEZ, Alfredo S.
RODRÍGUEZ FLORES,
Argentina
ROMERO, Carlos Alberto
ROSAS, Alberto Horacio
ROTA, Silvana María I.
RUIZ VILLANUEVA, Arturo
SAAVEDRA, Roberto O.
SALOMÓN, Jorge
SALVADOR, Nicolás
SALVATIERRA, Julio
Domingo
SÁNCHEZ AHUMADA, Luis
Alberto
SÁNCHEZ TORANZO,
Nicasio
SANDLER, Héctor Raúl
SANGUINETI, Virginia Luisa
SARBOLI, Rubén Juan
SARLI, Osvaldo Raúl
SERVINI GARCÍA, Clara
Cristina
SILEONI, Nelo L.
SILVA, Analicio
SLAMOVITS, Ludovico
SOBRINO ARANDA, Luis
Alberto
SOLANA, Jorge D.
SUÁREZ, Humberto F.
SUÁREZ, Leopoldo M.
SUELDO, Horacio Jorge
SULETA de ARRAYA,
Arminda
TACHELLA, Gilberto S. J.
TAGLIAFERRO, Jorge
TOLLER, Roberto Lino
TRABOULSI, Eduardo Elías
TRÓCCOLI, Antonio A.
Joaquín
URDÍNEZ, Clotilde Isolina
VALENZUELA, Héctor B.
VILLALBA, Bernardo Samuel
VINARDELL MOLINERO,
Miguel
ZAPATA, Marcos Emilio
Ausentes, con aviso:
ARATA, Juan Carlos
ARCE, Rodolfo Juvencio
ARIANI, Adriano
BEHÉRAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
CABANA, Manuel I.
CAPILLO, José
CARRERAS, Ruperto R.
CASAZZA, Luis Ángel
CASTELLANO, Hugo Luis
CHAQUIREZ de PALACIOS,
María
DAY, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José
Manatí
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FERNÁNDEZ REDOYA,
Mariano
GAITAN, Adelmo Alberto
GALVÁN, Raúl Alfredo
GASS, Adolfo
GOLÉ, Tomás Juan B.
GUZMÁN, María Cristina
HARRINGTON, Luis José D.
IMBAUD, Carlos Alfredo
LASTIRI, Raúl Alberto
LENCINA, Luis A.
LÉPEZ, Lysis Augusto
LÓPEZ, Miguel Ángel
LUMELLO, José Erio
LLANO, Juan Pedro
MALDONADO, Clemente
MARTINEZ, Juan Antonio
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
MARTOS, Mario Saúl
MASTOLORENZO, Vicente
MERA FIGUEROA, Julio T.
MIGUEL, Pedro Honorio
MOLINA, Manuel Isauro
MÓNACO, Horacio Miguel
MONSALVE, Evaristo A.
MONTENEGRO, Bernardo H.
MORAL, Ángel
PUENTE de BONETTO,
María Enriqueta
RABANAL, Rubén Francisco
RACCHINI, Juan Nicolás
ROLANDO, Esteban
Domingo
ROMÁN, Irene Graciela

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
RÚBEO, Luis
SALIM, Luis
SAMBUEZA, Osvaldo
SANGIACOMO, Ricardo
Arturo
SAÚL, Roberto
STECCO, Alberto Eleodoro
SVRSEK, Enrique A.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALERI, Salvador
VÁZQUEZ POL, José
VERGARA, Roque Antonio
VITALE, Irma Lucía
ZAPATA, Hipólito Bernardo
Ausentes, con licencia:
BUSACCA, Salvador F.
FERNÁNDEZ, Dante
Dionisio
FERNÁNDEZ, Juan Máximo
FERNÁNDEZ VALONI, José
Luis
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
LÓPEZ de GALLO, Amelia
NARANJO, Decio B.
OSELLA MUÑOZ, Enrique
Emilio
PALACIO DEHEZA, Carlos
PATALAGOITÍA, Osvaldo E.
ROMERO, Juana S.
VIALE, Jorge Ornar
VINTI, Carmelo
ZAMANILLO, José Miguel
Sumario
1. Renuncia del señor diputado Montenegro como integrante de la Comisión Especial Investigadora
del Movimiento de Fondos en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación y en la Cruzada de
Solidaridad Justicialista. (Pág. 5030).
2. Pedido de pronto despacho del señor diputado Cárdenas para la nota remitida por el Poder
Ejecutivo con motivo de la actuación de la Comisión Especial Investigadora del Movimiento
de Fondos en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación y en la Cruzada de Solidaridad
Justicialista. (Página 5030).
3. Juramento e incorporación a la Honorable Cámara del señor diputado Marcos Emilio Zapata.
(Página 5031).
4. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, de Asuntos Constitucionales
y de Legislación Penal en el proyecto de ley sobre régimen para la Defensa Nacional. (Pág.
5031).
5. Apéndice:
I.—Inserciones. (Pág. 5071).
II.—Asuntos entrados:
I. Mensajes del Poder Ejecutivo:
1. Mensaje y proyecto de ley: participación de nuestro país en el aumento de recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo (132-F E-75). (Pág. 5081).
2. Mensaje y proyecto de ley: régimen para la Defensa Nacional (133-P.E.-75). (Pág. 5083).
3. Mensaje y proyecto de ley: aprobación del acuerdo subscrito entre el gobierno de la República
Argentina y el de la República del Paraguay, en el que se declaran exentos del pago de todo
impuesto y gravamen a los actos que realice la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río
Paraná (151-P.E.-75). (Pág. 5087).
4. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el proyecto de ley 21.182 por el que se propicia la
modificación del régimen de la patria potestad (134-.P.E.-15). (Pág. 5088).
5. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el proyecto de ley 21.094 por el que se propicia
pavimentar el tramo de la ruta 126 comprendido entre Sauce y el empalme con la ruta 21, en
la provincia de Corrientes (135-P.E.-75). (Pág. 5089).
6. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el proyecto de ley 21.163 por el que se propicia
acordar una línea especial de créditos, por un total de ochocientos millones de pesos con destino
a financiar las obras de reconstrucción que resulta necesario realizar en los partidos de la
provincia de Buenos Aires afectados por las recientes inundaciones (136-P.E-75). (Pág. 5090).
133
1975

19 de noviembre de 1975
134
7. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el proyecto de ley 21.141 por el que se propicia
declarar de interés nacional el proyecto presentado dentro del régimen de la ley 20.560 por
la firma Astilleros Alianza S. A., de construcciones navales, y autorizar al Poder Ejecutivo a
transferir sin cargo a dicha firma las tierras de propiedad del Estado Nacional —Comando
General de la Armada— necesarias para la concreción del proyecto indicado (137-P.E.-75).
(Pág. 5090).
8. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el artículo 2º del proyecto de ley 21.151 por el
que se propicia proyectar y ejecutar el trazado de la red conductora de energía eléctrica desde el
yacimiento de Río Turbio hasta la usina de Río Gallegos (138-P.E.-75). (Pág. 5091).
9. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el proyecto de ley 21.170 por el que se propicia
transferir a título gratuito a la institución cultural Juan María Gutiérrez el inmueble que
actualmente ocupa en la ciudad de Lomas de Zamora, que es propiedad del Estado Nacional
—empresa Ferrocarriles Argentinos— (139-P.E.-75). (Pág. 5092).
10. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el proyecto de ley 21.123 por el que se propicia
donar a la sociedad civil Campo Hípico y de Pato Barracas al Sur una fracción de terreno,
propiedad del Estado Nacional —empresa Ferrocarriles Argentinos—, ubicada en el partido
de Avellaneda, provincia de Buenos Aires (140-P.E.-75). (Pág. 5092).
11. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar parcialmente el artículo 1º del proyecto de ley
21.145 por el que se propicia otorgar a las compañías de teatro y a los artistas de variedades una
reducción del 50% sobre el precio de los pasajes y fletes en las empresas estatales de transportes y
tarifas especiales en hoteles dependientes de organismos del Estado (141-F.E.-75). (Pág. 5093).
12. Mensaje: comunica que ha procedido a vetar el proyecto de ley 21.168 por el que se propicia
construir el edificio de la Escuela Nacional de Comercio de la ciudad de Cruz del Eje, provincia
de Córdoba (142-P.E.-75). (Pág. 5094).
13. Mensaje: remite copia del decreto 3.098 por el que se amplía el temario de las sesiones
extraordinarias a las que ha sido convocado el Congreso de la Nación (146-P. E.-75). (Pág.
5094).
14. Mensaje: formula consideraciones respecto a la decisión de la Honorable Cámara de Diputados
de constituir una Comisión Investigadora del movimiento de fondos habido en el Ministerio de
Bienestar Social (152-P.E.-750) (Pág. 5095).
15. Contesta una declaración sancionada por la Honorable Cámara por la que se propicia instalar
en Bahía Crossley, Isla de los Estados, las dependencias necesarias que permitan albergar al
personal que realice investigaciones de carácter científico (143-P.E.-75). (Pág. 5098).
16. Contesta una declaración sancionada por la Honorable Cámara por la que se propicia instalar
una delegación de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor en la
localidad de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz (144-P.E.-75). (Pág. 5098).
17. Contesta una resolución sancionada por la Honorable Cámara por la que se propicia evaluar
la cantidad y clase de algas marinas existentes en el litoral marítimo y especialmente en la Isla
de los Estados (145-P.E.-75). (Página 5098).
18. Contesta una declaración sancionada por la Honorable Cámara por la que se propicia la
habilitación de las oficinas de la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones en la
localidad de Los Menucos, provincia de Río Negro (147-P.E.-75). (Pág.5098).
19. Contesta una declaración sancionada por la Honorable Cámara por la que se propicia el
traslado del paso a nivel existente en la intersección de la calle Rioja y las vías del Ferrocarril
Belgrano a la intersección con la calle Maipú, en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del
Estero (148-P.E.-75). (Pág. 5100).
20. Contesta una declaración sancionada por la Honorable Cámara por la que se propicia la
instalación y habilitación del servicio de telediscado entre la ciudad de Buenos Aires y la
localidad de Quitilipi, provincia del Chaco (148-P.E.-75). (Pág. 5100).

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
21. Contesta una declaración sancionada por la Honorable Cámara por la que se propicia la
instalación de una receptoría de Registro aduanero en la ciudad de Esquel, provincia del
Chubut (150-P.E.-75). (Pág. 5101).
II. Dictámenes de comisión. (Pág. 5101).
III. Comunicaciones de comisión. (Pág. 5101).
IV. Comunicaciones de señores diputados. (Pág. 5101).
V. Comunicaciones oficiales. (Pág. 5102).
VI. Peticiones particulares. (Pág. 5104).
VII. Proyectos de ley:
1. Del señor diputado Moreno: disponer que las cuotas de amortización de las deudas por
adquisición de viviendas, que se construyan de acuerdo con los planes del Banco Hipotecario
Nacional, no podrán ser reajustadas en más de un 10 por ciento por año (2.337-D.-75). (Pág.
5107).
2. Del señor diputado Moral: servicios de obras sanitarias, telecomunicaciones, gas y energía
libres de cargo a la Sociedad Damas de Protección al Huérfano, de Rosario, provincia de Santa
Fe (2.349-D.-75). (Pág. 5107).
3. Del señor diputado Ponce: subsidio al Club Sportivo Bahiense, de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires (2.353-D.-75). (Página 5108).
4. De los señores diputados García y López de Gallo: declaración de utilidad pública y sujeta a
expropiación de una finca ubicada en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires (2.356-
D.-75). (Pág. 5108).
5. Del señor diputado Imbaud: subsidio al Museo Etnográfico dependiente de la Universidad de
Buenos Aires (2.357-D.-75). (Página 5109).
6. Del señor diputado Tagliaferro y otros: régimen para la promoción de la construcción de
hoteles (2.370-D.-75). (Pág. 5111).
7. Del señor diputado Tagliaferro y otros: régimen para la protección de la fauna silvestre
(2.371-D.-75). (Pág. 5112).
8. Del señor diputado Grau: establecer que la declaración del estado de sitio no podrá afectar el
libre ejercicio de la libertad de prensa (2.372-D.-75). (Pág. 5121).
9. De la señora diputada Vitale: subsidio al Centro Materno Infantil Paula Albarracín, de
Campana, provincia de Buenos Aires (2.376-D.-75). (Pág. 5122).
10. De la señora diputada Vitale: subsidio al Club Atlético Puerto Nuevo, de Campana, provincia
de Buenos Aires (2.377-D.-75). (Página 5122).
11. Del señor diputado Moreno: derogación de toda disposición legal que suprima o restrinja el
derecho de huelga (2.388-D.-75). (Página 5122).
12. Del señor diputado Sánchez Ahumada: declarar de interés nacional la promoción del turismo
en la provincia de Catamarca (2.390-D.-75). (Pág. 5123).
13. Del señor diputado Svrsek: transferencia de una fracción de terreno propiedad del Ejército
Argentino a la Municipalidad de San Rafael, provincia de Mendoza, para la instalación de un
parque industrial (2.398-D.-75). (Página 5123).
14. Del señor diputado Nosiglia: transferencia a la provincia de Misiones de una fracción de
campo propiedad del Estado Nacional —Consejo Agrario Nacional—, ubicada en Puerto
Península, de esa provincia (2.397-D.-75). (Página 5125).
15. Del señor diputado Fonte: plazo de 120 días para que los jubilados de los regímenes nacionales
de previsión que se hayan reintegrado a la actividad hagan la denuncia correspondiente
(2.403-D.-75). (Pág. 5126).
16. Del señor diputado Slamovits: ratificación del decreto 1.060/74, que dispuso la confirmación
en su cátedra de 6.358 docentes que se desempeñan en establecimientos de enseñanza media
(2.418-D.-75). (Pág. 5126).
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17. Del señor diputado López (M. A.): pensión mensual al soldado conscripto que durante la
lucha contra la subversión quede incapacitado para el trabajo (2.420-D.-75). (Pág. 5126).
18. Del señor diputado Molina (G. H.): subsidio a la Comisión pro Restauración del Templo de
la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba (2.422-D.-75).
(Página 5127).
19. Del señor diputado Márquez y otros: anulación de la cláusula de variación de precio
introducida en el artículo 6º del contrato celebrado entre Ferrocarriles Argentinos y varias
empresas (2.430.-D.-75). (Pág. 5128).
20. Del señor diputado Márquez y otros: rescisión de los contratos efectuados por el Ferrocarril
General Roca y la empresa Industrias Argentinas (MAN) y del subscrito por el Ferrocarril
General San Martín con la misma empresa (2.431-D.-75). (Pág. 5128).
21. Del señor diputado Márquez y otros: anulación del denominado Contrato F.A. 1.285 (2.432-
D.-75). (Pág. 5129).
22. Del señor diputado Márquez y otros: caducidad de todos los contratos de concesión, locación,
anticrisis y los celebrados bajo cualquier otra denominación que impliquen la ocupación o
explotación por parte de terceros de inmuebles, espacios o superficies sometidos a la jurisdicción
de Ferrocarriles Argentinos (2.433-D.-75). (Pág. 5129).
23. Del señor diputado Espondaburu y otros: subsidio a la Municipalidad de Rauch, provincia
de Buenos Aires (2.435-D.-75). (Página 5130).
24. Del señor diputado Carral Tolosa: declaración de interés nacional y subsidio al I Congreso
Argentino de Gerontología y Geriatría (2.436-D.-75). (Pág. 5131).
25. Del señor diputado Vázquez Pol: pensión a doña Teresa Amalia Destefano de Quagliano
(2.437-D.-75). (Pág. 5132).
26. De los señores diputados Barrionuevo y Lumello: construcción obligatoria de campos
deportivos en los establecimientos industriales, mineros, agrícola-ganaderos y educacionales
privados del país (2.439-D.-75). (Pág. 5132).
27. Del señor diputado Slamovits: institución del premio nacional Argentina sobre materia
turística (2.440-D.-75). (Pág. 5134).
28. Del señor diputado Rabanal y otros: creación de una escuela técnica dependiente del Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación, en Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires
(2.473-D.-75). (Pág. 5134).
29. Del señor diputado Salim: modificación del inciso c) del artículo 3º del decreto ley 19.945/72
(2.480-D.-75). (Pág. 5134).
30. De la señora diputada Bonifatti: pensión a don Ceferino Martín Vallejo (2.481-D.-75). (Pág.
5135).
31. De la señora diputada Bonifatti: pensión a don Simón Barreguero Tapias (2.482-D.-75).
(Pág. 5135).
32. De la señora diputada Bonifatti: pensión a doña Aquilina Robles (2.483-D.-75). (Pág. 5135).
33. De la señora diputada Bonifatti: pensión a doña María Josefa Rossi de Quiñones (2.484-D.-
75). (Página 5136).
34. De la señora diputada Bonifatti: modificación del punto 2º del artículo 13 del decreto ley
17.531/67 (2.485-D.-75). (Pág. 5136).
35. De la señora diputada Bonifatti: subsidio a la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 510,
sita en la provincia de Buenos Aires (2.486-D.-75). (Pág. 5136).
36. Del señor diputado Moreno: incremento de los sueldos o haberes del personal dependiente
de la administración pública nacional, entes autárquicos y/o descentralizados (2.487-D.-75).
(Pág. 5137).
37. Del señor diputado Molina (G. H.): subsidio a la Asociación Casa del Liberado (2.492-D.-75).
(Página 5137).

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
38. Del señor diputado Valeri: fijación de feriados nacionales (2.503-D.-75). (Pág. 5138).
39. Del señor diputado Slamovits: creación de una comisión especial bicameral para el estudio,
ordenamiento y reforma del Estatuto del Docente (2.505-D.-75). (Página 5138).
40. De los señores diputados Mira y Comínguez: subsidio al Partido Comunista, comité de la
provincia de Tucumán C2.514-D.-75). (Página 5139).
41. De los señores diputados Mira y Comínguez: subsidio al Partido Comunista, comité de la
provincia de Córdoba (2.515-D.-75). (Página 5139).
42. De la señora diputada Vitale: subsidio a la Escuela N° 501, de Campana, provincia de Buenos
Aires (2.523-D.-75). (Pág. 5140).
43. Del señor diputado Benedetti: subsidio al Club Atlético Estudiantes (2.538-D.-75). (Pág. 5140).
44. Del señor diputado Slamovits: subsidio a la Liga Apostoleña de Fútbol General Belgrano, de
Misiones (2.539-D.-75). (Pág. 5140).
45. Del señor diputado Slamovits: subsidio a la Fundación Don Bosco, de Posadas, provincia de
Misiones (2.S40-D.-75). (Pág. 5141).
46. Del señor diputado Rodríguez: subsidio al Colegio Nacional de Larroque, provincia de Entre
Ríos (2.553-D.-75). (Pág. 5141).
VIII. Proyectos de resolución:
1. Del señor diputado Sileoni y otros: modificación del decreto 8.203/72, sobre reajuste de precio
del mineral de manganeso de origen nacional (2.334-D.-75). (Pág. 5142).
2. Del señor diputado Slamovits: pedido de informes sobre concursos de ingreso y ascensos de
jerarquía en el ámbito docente (2.335-D.-75). (Pág. 5142).
3. Del señor diputado Massolo: inclusión de los asuntos relacionados con la situación del sector
agropecuario en el temario de sesiones extraordinarias (2.336-D.-75). (Pág. 5143).
4. Del señor diputado Golé: normalización del abastecimiento de gasoil en la provincia del Chaco
(2.338-D.-75). (Pág. 5143).
5. Del señor diputado Fonte: adopción de medidas para garantizar la legítima representación
gremial del personal de Mercedes Benz y reincorporación de los agentes despedidos por el cese
de actividades efectuado en dicha empresa (2.341-D.-75). (Página 5143).
6. Del señor diputado Moral: construcción de un puente sobre la ruta 11 a la altura del hospital
regional de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe (2.342-D.-75). (Pág. 5144).
7. Del señor diputado Moral: construcción de un puente sobre las vías férreas en Granadero
Baigorria, provincia de Santa Fe (2.343-D.-75). (Pág. 5144).
8. Del señor diputado Estigarria: pedido de informes sobre un crédito que habría otorgado el
Banco Hipotecario Nacional a la Cruzada de Solidaridad Justicialista para la construcción de
un complejo habitacional (2.346-D.-75). (Pág. 5145).
9. Del señor diputado Calabrese: medidas tendientes a dar satisfacción a los reclamos que
efectúan los productores agrarios. (2.34S-D.-75). (Pág. 5145).
10. Del señor diputado Molinari Romero y otros: pedido de informes respecto de las instrucciones
impartidas por el señor ministro de Educación sobre prohibición de elecciones en centros de
estudiantes (2.355-D.-75). (Pág. 5146).
11. Del señor diputado Moral: pedido de informes sobre la existencia de auditorías contables en el
Ministerio de Bienestar Social (2.358-D.-75). (Pág. 5146).
12. De los señores diputados Comínguez y Mira: creación de una comisión especial con el fin de
articular el plan educativo de emergencia propuesto (2.360-D.-75). (Pág. 5147).
13. De los señores diputados Amaya y Álvarez Guerrero: intervención del Ministerio de Trabajo
en el conflicto laboral que afecta a la empresa Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad
Anónima (2.369-D.-75). (Pág. 5148).
14. Del señor diputado Rosas: pedido de informes sobre el aumento del suministro de agua a la
localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. (2.375-D.-75). (Página 5149).
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15. Del señor diputado Ferreira: inclusión de la distribución del producido por los juegos de azar
en el temario de sesiones extraordinarias (2.379-D.-75). (Pág. 5149).
16. Del señor diputado Fernández Gill: disposición tendiente a que el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto proceda a llamar al país al señor embajador don José López Rega (2.380-
D.-75). (Pág. 5149).
17. De la señora diputada Guzmán: pedido de informes sobre la donación de un predio ubicado
en el parque Saavedra efectuada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a la
Cruzada de Solidaridad Justicialista (2.383-D.-75). (Pág. 5149).
18. Del señor diputado Tróccoli y otros: interpelación al señor ministro de Economía respecto de
la situación del sector agropecuario (2.384-D.-75). (Pág. 5150).
19. Del señor diputado Rafael: inclusión del proyecto de ley por el que se propicia modificar
el artículo 3º del decreto ley 18.805/70 y del artículo 299 del decreto ley 19.550/72, ley de
sociedades, en el temario de sesiones extraordinarias (2.385-D.-75). (Pág. 5155).
20. Del señor diputado Ganem: inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso
de la Nación el tratamiento del proyecto de ley por el que se propicia modificar los límites del
Parque Nacional Nahuel Huapi (2.389-D.-75). (Pág. 5155).
21. De los señores diputados Harrington y Moyano: medidas tendientes a evitar que sean
incrementados los precios de los combustibles líquidos, especialmente los del gasoil y el fueloil
(2.393-D.-75). (Pág. 5156).
22. Del señor diputado Campos: autorización para que las sucursales del Banco de la Nación Argentina
de Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia vendan moneda chilena a las personas que entren o salgan
de la Tierra del Fuego a través del estrecho de Magallanes (2.394-D.-75). (Pág. 5156).
23. Del señor diputado Davico: inclusión de un proyecto de ley sobre desgravación impositiva para
la construcción de viviendas en el temario de las sesiones extraordinarias (2.399-D.-75). (Pág.
5157).
24. Del señor diputado Ariani: pedido de informes sobre los motivos por los que el directorio de
Industrias Mecánicas del Estado fue reemplazado antes del término de su mandato y sobre el
veto de la ley 21.065 (2.402-D.-75). (Página 5157).
25. Del señor diputado Davico: pedido de informes sobre los préstamos otorgados por el Banco
Central de la República Argentina a instituciones bancarias no oficiales (2.404-D.-75). (Pág.
5158).
26. Del señor diputado Tróccoli y otros: interpelación al señor ministro de Trabajo (2.405-D.-75).
(Pág. 5158).
27. Del señor diputado Álvarez Guerrero y otros: pedido de informes sobre los conflictos existentes
en los establecimientos mineros Hierro Patagónico, de Sierra Grande, provincia de Río Negro
(2.407-D.-75). (Pág. 5159).
28. De los señores diputados Molinari Romero y Gass: pedido de informes sobre la situación de
varios ciudadanos uruguayos detenidos por la Policía Federal (2.408-D.-75). (Pág. 5160).
29. Del señor diputado Molinari Romero y otros: pedido de informes sobre el discurso pronunciado
por el señor ministro de Cultura y Educación en Mar del Plata (2.409-D.-75). (Pág. 5161).
30. Del señor diputado Moral: derogación de la resolución 1.687 del Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET) sobre el cierre progresivo del anexo Pérez de la Escuela Técnica
Nº 6, Rosario (2.412-D.-75). (Pág. 5162).
31. Del señor diputado Slamovits: aumento de la frecuencia de los vuelos que unen Buenos Aires,
Posadas y Puerto Iguazú, de la empresa Aerolíneas Argentinas (2.413-D.-75). (Pág. 5163).
32. Del señor diputado Ferreira: inclusión del régimen legal del azúcar en el temario de las sesiones
extraordinarias (2.419-D.-75). (Pág. 5164).
33. Del señor diputado Molina Zavalía: pedido de informes sobre el concurso de la Compañía
Argentina de Televisión S. A., ex permisionaria de canal 9 (2.421-D.-75). (Pág. 5164).

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
34. De los señores diputados Borras y Mauhum: pedido de informes sobre la publicación aparecida
en el diario La Nación, subscrita por una entidad denominada Acción pro Formación de
Brigadas Voluntarias (2.428-D.-75). (Página 5165).
35. Del señor diputado Sileoni y otros: derogación de la resolución 14/75, sobre la modificación de
la intensidad del color que caracteriza a los vinos tintos de consumo (2.429-D.-75). (Pág. 5165).
36. Del señor diputado Sangiácomo y otros: pedido de informes sobre la llamada política de
concertación (2.434-D.-75). (Pág. 5166).
37. Del señor diputado Arigós: medidas tendientes a asegurar la provisión de gasoil en varias
provincias (2.438-D.-75). (Pág. 5167).
38. Del señor diputado Tagliaferro: pedido de informes sobre la escasez de gas oil en el interior del
país (2.442-D.-75). (Pág. 5167).
39. De los señores diputados Golé y Borras: pedido de informes sobre las causas por las cuales
fueron detenidos varios ciudadanos en la provincia del Chaco (2.444-D.-75). (Pág. 5168).
40. Del señor diputado Moral: interpelación a los señores ministros de Relaciones Exteriores y
Culto, de Defensa, de Interior y de Economía sobre las relaciones diplomáticas que mantiene
nuestro país con la República del Brasil y cuestiones conexas (2.445-D.-75). (Pág. 5168).
41. Del señor diputado Benedetti: pedido de informes sobre la situación del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Capital Federal, a cargo
del doctor René Eduardo Dafflis Niklison (2.446-D.-75). (Pág. 5173).
42. De los señores diputados Mira y Comínguez: aumento del 50 por ciento en todos los salarios
y congelamiento de precios (2.447-D.-75). (Pág. 5174).
43. De los señores diputados Comínguez y Mira: pedido de informes sobre la detención de varios
ciudadanos (2.448-D.-75). (Pág. 5178).
44. De los señores diputados Ferreira y Asmar: pedido de informes sobre el ejercicio de la libertad
de prensa (2.449-D.-75). (Pág. 5179).
45. De los señores diputados Rabanal y Macris: pedido de informes sobre la interpelación dispuesta
por la Honorable Sala de Representantes al señor intendente municipal de la ciudad de Buenos
Aires (2.450-D.-75). (Página 5180).
46. De los señores diputados Comínguez y Mira: pedido de informes sobre la prohibición de
efectuar elecciones en los centros de estudiantes de las universidades nacionales (2.452-D.-75).
(Pág. 5180).
47. Del señor diputado Nicoliche: rechazo de las solicitudes presentadas requiriendo certificados
de necesidad para la importación de madera en el territorio nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur (2.454-D.-75). (Pág. 5181).
48. Del señor diputado Natale: pedido de informes sobre la gestión diplomática encomendada al
señor José López Rega y sobre cuentas impagas dejadas por el mismo en el extranjero (2.457-
D.-75). (Página 5181).
49. Del señor diputado Slamovits: adopción de medidas para que el complejo turístico de Iguazú
pueda contar con la infraestructura necesaria (2.458-D.-75). (Página 5182).
50. De los señores diputados Mira y Comínguez: pedido de informes para indicar si Margarita
Todesca y Rodolfo Alfredo Caram se encuentran detenidos a disposición del Poder Ejecutivo
(2.464-D.-75). (Pág. 5182).
51. Del señor diputado Fernández Gill: pedido de informes para indicar si Germán Bidart
Campos se encuentra detenido a disposición del Poder Ejecutivo (2.465-D.-75). (Pág. 5183).
52. Del señor diputado Slamovits: reparación de la ruta nacional 12 en la provincia de Misiones
(2.468-D.-75). (Pág. 5183).
53. Del señor diputado Slamovits: pedido de informes respecto de si en las escuelas de áreas y
zonas de frontera con la República del Brasil se imparte enseñanza bilingüe, empleándose el
idioma portugués (2.469-D.-75). (Página 5184).
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54. De los señores diputados Mira y Comínguez: pedido de informes respecto de si Juan Andrónico
Villa se encuentra detenido a disposición del Poder Ejecutivo (2.470-D.-75). (Pág. 5184).
55. De los señores diputados Lucena y Traboulsi: pedido de informes sobre la convalidación de la
reunión plenaria efectuada por la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne
y Derivados, y cuestiones conexas (2.471-D.-75). (Pág. 5185).
56. Del señor diputado Campos: intimación a un propietario de una casa de comida situada en
la Capital Federal para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5º del Código de
Edificación (2.472-D.-75). (Pág. 5186).
57. Del señor diputado Slamovits: medidas tendientes a limitar la importación de maderas
compensadas para proteger la producción nacional (2.475-D.-75). (Página 5186).
58. Del señor diputado Valenzuela y otros: juicio político a la presidente de La Nación (2.476-
D.-75). (Pág. 5187).
59. Del señor diputado Rafael: pedido de informes con el fin de que se indique el movimiento de
dólares norteamericanos habido en el país durante los años 1972, 1973, 1974 y 1975 (2.478-
D.-75). (Página 5188).
60. De los señores diputados Rabanal y Espondaburu: pedido de informes con el fin de que se
indique si la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos autorizó la instalación de agencias
para la recepción de apuestas para carreras de caballos en la provincia de Buenos Aires (2.4S8-
D.-75). (Página 5188).
61. Del señor diputado Ariani: establecimiento de una línea especial de créditos para las operaciones
que realiza el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (2.489-D.-75). (Pág. 5188).
62. Del señor diputado Marino y otros: adhesión por parte de la Honorable Cámara a la
Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Chile, que se realizará en Atenas
(2.490-D.-75). (Pág. 5189).
63. Del señor diputado Falabella: creación de una comisión nacional encargada del estudio del
transporte marítimo de hidrocarburos (2.491-D.-75). (Pág. 5189).
64. Del señor diputado Molina (G. H.): pedido de informes sobre problemas que afectan al agro
argentino (2.493-D.-75). (Página 5190).
65. Del señor diputado Porto (reproducido): comisión especial investigadora de la actuación
comercial de las empresas Austral Líneas Aéreas S. A. y Sol Jet S. A. (2.496-D.-75). (Pág.
5192).
66. Del señor diputado Campos: inclusión del asunto relacionado con el acuerdo de arbitraje
respecto a una controversia en la zona del canal Beagle en el temario de sesiones extraordinarias
(2.497-D.-75). (Pág. 5193).
67. Del señor diputado Rafael: pedido de informes sobre un proyecto de ley nacional de energía
(2.498-D.-75). (Pág. 5194).
68. Del señor diputado Falabella: interpelación al señor ministro de Economía (2.499-D.-75).
(Página 5195).
69. Del señor diputado Porto: solicitud para aplicar 30 días de arresto al director del semanario El
Caudillo. (2.507-D.-75). (Página 5196).
70. Del señor diputado Molina (G. H.): pedido de informes para indicar qué organismos
especializados en programación económica se han constituido en el área del Ministerio de
Economía y planes elaborados por el Instituto Nacional de Planificación Económica (2.517-
D.-75) (Página 5196).
71. Del señor diputado Valenzuela y otros: designación de una comisión especial para investigar
el asesinato del ex diputado nacional don Ramón Pablo Rojas (2.524-D.-75). (Pág. 5197).
72. Del señor diputado Moral: pedido de informes sobre el desenvolvimiento de la empresa
Petroquímica Comodoro Rivadavia S. A. (2.525-D.-75). (Pág. 5198).
73. Del señor diputado Molina (G. H.): pedido de informes para indicar si se ha cumplido el

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
convenio subscrito entre la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y la Fundación Bariloche
sobre radicación de industrias en el interior del país y cuestiones conexas (2.527-D.-75). (Pág.
5198).
74. Del señor diputado Falabella y otros: liquidación de la deuda que mantiene el Estado con la
Sociedad de Autores y Compositores de Música (SADAIC) (2.534-D.-75). (Pág. 5200).
75. Del señor diputado Sobrino Aranda: intervención de la Asociación del Fútbol Argentino
(2.545-D.-75). (Pág. 5201).
76. Del señor diputado Golé: fijación de los precios mínimos para la producción de algodón (2.547-
D.-75). (Pág. 5201).
77. De los señores diputado Mira y Comínguez: pedido de informes sobre instrucciones impartidas
a las radios dependientes del Poder Ejecutivo, para no emitir espacios publicitarios contratados
por el Partido Comunista (2.548-D.-75). (Pág. 5202).
78. De los señores diputados Comínguez y Mira: pedido de informes para indicar si el ciudadano
José Luis Livolti se encuentra detenido a disposición del Poder Ejecutivo (2.549-D.-75). (Pág.
5202).
79. Del señor diputado Álvarez Guerrero: pedido de informes sobre recaudación impositiva
(2.555-D.-75). (Pág. 5203).
80. Del señor diputado Moyano y otros: cumplimiento de la ley 21.052 que instituye una línea de
créditos de la que serán beneficiarios los afectados por las nevadas en el Sur mendocino (2.558-
D.-75). (Pág. 5204).
81. Del señor diputado Arigós: pedido de informes sobre la cancelación de las excursiones
programadas por la Secretaría de Turismo y Deportes a la Antártida e islas del Atlántico Sur.
(2.559-D.-75). (Pág. 5204).
IX. Proyectos de declaración:
1. Del señor diputado Auyero y otros: creación de la carrera de ingeniero curtidor (2.347-D.-75).
(Pág. 5205).
1. De los señores diputados Mira y Comínguez: repudio ante el asesinato de la ciudadana
Graciela Carmen Panne de García (2.361-D.-75). (Pág. 5206.)
2. De los señores diputados Campos y Pereira: expresión de agrado frente al rechazo efectuado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respecto de la pretensión del gobierno de
Gran Bretaña de enviar una misión a las islas Malvinas para evaluar sus recursos naturales
(2.373-D.-75). (Pág. 5208).
3. Del señor diputado Rafael: realización de una sesión especial de ambas Cámaras del Poder
Legislativo, en homenaje al centésimo período de sesiones (2.386-D.-75). (Pág. 5208).
4. Del señor diputado Sueldo: modificación de los artículos 2º y 12 del decreto 7.184/65,
reglamentario del decreto ley 14.538/44 (2.392-D.-75). (Pág. 5209).
5. Del señor diputado Lucena: inclusión del proyecto de ley nacional del algodón en el temario de
sesiones extraordinarias (2.395-D.-75). (Pág. 5209).
6. De los señores diputados Traboulsi y Lucena: medidas tendientes a solucionar los problemas
originados por el siniestro que ocurriera en la empresa Osvaldo Rigamonti S. A. C. I. A. I.
(2.401-D.-75). (Pág. 5210).
7. Del señor diputado Natale: homenaje a la Prefectura Naval Argentina (2.406-D.-75). (Pág.
5210).
8. Del señor diputado Moral: ampliación de los términos del comunicado dado a conocer por la
Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación el 28 de octubre próximo pasado
(2.423-D.-75). (Pág. 5211).
9. Del señor diputado Suárez (H. F.): reprobar la posible radicación de una industria siderúrgica
integrada fuera del territorio de la provincia de Río Negro (2.441-D.-75). (Pág. 5212).
10. Del señor diputado Cárdenas: cumplimiento del artículo 3º del decreto ley 20.202, sobre la
141
1975

19 de noviembre de 1975
radicación de la Dirección Nacional del Azúcar en la provincia de Tucumán (2.451-D.-75).
(Página 5212).
11. Del señor diputado Cárdenas: ratificación de la vigencia de los derechos investigativos que
asisten a la Honorable Cámara (2.455-D.-75). (Pág. 5213).
12. Del señor diputado Martos: instalación de una cabina telefónica en Arroyo del Medio,
provincia de Misiones (2.459-D.-75). (Página 5213).
13. Del señor diputado Martos: construcción de un edificio para oficina de Correos y
Telecomunicaciones en Leandro N. Alem, provincia de Misiones (2.460-D.-75). (Pág. 5213).
14. Del señor diputado Martos: instalación de una cabina telefónica en Gobernador López,
provincia de Misiones (2.461-D.-75). (Página 5214).
15. Del señor diputado Molina (G. H.): expresión de anhelo para que se logre la unificación de la
política exterior de los países latinoamericanos (2.647-D.-75). (Página 5214).
16. De los señores diputados Mira y Musacchio: medidas tendientes a solucionar los reclamos
formulados por el personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (2.474-D.-75). (Pág. 5213).
17. Del señor diputado Moyano y otros: expresión de repudio ante el atentado que costara la vida
al señor diputado Ramón Pablo Rojas (2.477-D.-75). (Pág. 5217).
18. Del señor diputado Rafael: aumento de la cuota de gas licuado asignada a la ciudad de
Santiago del Estero (2.479-D.-75). (Página 5217).
19. Del señor diputado Cárdenas: lesión de las libertades constitucionales y restricción del derecho
popular a la información, por amenazas formuladas en contra de periodistas y órganos de
prensa (2.494-D.-75). (Pág. 5217).
20. Del señor diputado Lucena: reimplantación del servicio de trenes entre Clodomira y la ciudad
capital de Santiago del Estero (2.508-D.-75). (Pág. 5218).
21. De los señores diputados Comínguez y Mira: medidas tendientes a dar cumplimiento a la
resolución 29.704 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sobre construcción de un
complejo deportivos en terrenos del parque Saavedra (2.516-D.-75). (Página 5218).
22. Del señor diputado Molina (G. H.): expresión de agrado frente a la aparición de la República
Popular de Angola (2.526-D.-75). (Pág. 5218).
23. De los señores diputados Comínguez y Mira: aumento de un mil quinientos pesos en las
remuneraciones del sector docente (2.541-D.-75). (Pág. 5219).
24. De los señores diputados Guzmán y Tula Duran: reafirmación de la vigencia del derecho de
libertad de prensa (2.542-D.-75). (Página 5219).
25. De los señores diputados Traboulsi y Lucena: inclusión de un proyecto de ley sobre régimen
para el ejercicio de la profesión de perito identificador dactilóscopo en el temario de las sesiones
extraordinarias (2.543-D.-75). (Página 5229).
26. De los señores diputados Lucena y Traboulsi: inclusión de un proyecto de ley sobre un nuevo
estatuto para el periodista profesional en el temario de las sesiones extraordinarias (2.544-D.-
75). (Pág. 5229).
27. Del señor diputado Tagliaferro: exención del pago de los impuestos nacionales y de las tarifas
de los servicios públicos a las sociedades de fomento (2.546-D.-75) (Pág. 5229).
28. De los señores diputados Lucena y Trabouls: remisión del mensaje y proyecto de ley de
arrendamientos rurales (2.552-D.-75). (Pág. 5230).
29. Del señor diputado Rafael: orientación de la política exterior hacia una mayor cooperación
con los países del tercer mundo (2.559-D.-75). (Pág. 5230).
—En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de noviembre
de 1975, a la hora 18 y 45:
142

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
4
Régimen para la Defensa Nacional
(Orden del día número 1.912)
I
Dictamen de las comisiones
Honorable Cámara:
Las comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal han
tomado en consideración el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen para la Defensa
Nacional; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconsejan la sanción del siguiente:
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Proyecto de ley
Título I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y
el logro de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional se hallan a
cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales.
Art. 3º.—La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta, en
todos los sectores, para lograr la seguridad nacional.
Art. 4º.—Las bases fundamentales para la política de Defensa Nacional estarán dadas por las
políticas y estrategias nacionales.
Art. 5º.—La seguridad nacional requiere en lo substancial:
1975
a) Las medidas necesarias para el fortalecimiento de la conciencia nacional en materia
de Defensa Nacional;
b) La formulación de la doctrina, el planeamiento y la programación de las medidas
de defensa, de acuerdo con el potencial de la Nación;
c) Determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflictos y de guerra, así como
la estrategia para superarlos;
d) La determinación de la estructura y el régimen funcional de la Defensa Nacional,
con las atribuciones inherentes a los órganos y autoridades nacionales, y la coordinación
con las provinciales y municipales, para la realización de las actividades,
servicios y tareas conducentes al logro de los objetivos propuestos;
143

19 de noviembre de 1975
e) El establecimiento de jurisdicciones territoriales específicas para la Defensa
Nacional;
f) La fijación de obligaciones a las personas físicas que habitan en el territorio nacional,
a los argentinos residentes en el extranjero y a las personas jurídicas, públicas
y privadas, domiciliadas en el país;
g) El relevamiento y el registro de los recursos humanos, científico-técnicos y materiales
de potencial de la Nación, susceptibles de movilización, convocatoria, requisición
o empleo, al servicio de las necesidades de la Defensa Nacional.
TÍTULO II
Estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional
Art. 6º.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, compete
la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional; y como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.
Art. 7º.—Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores de provincia y del
Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur e intendentes municipales,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad de
cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente de la
Nación en materia de Defensa Nacional, conforme con lo prescrito por la Constitución Nacional.
Art. 8º.—Dependerán del presidente de la Nación:
a) El Consejo de Seguridad Nacional;
b) El Comité Militar;
c) La Central Nacional de Inteligencia.
Art. 9º.—El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como titular al presidente de la Nación,
quien adoptará, en todos los casos, las decisiones sobre los asuntos que sean tratados; estará integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los comandantes generales de las Fuerzas
Armadas.
Art. 10.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional tratar, proponer o asesorar, según los
casos, en los siguientes asuntos:
144
a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa
nacionales;
b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral
del país y su inclusión en los planes nacionales;
e) Las situaciones de emergencia que pueden afectar la seguridad nacional;
f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zonas de seguridad;
g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución, y las correcciones
necesarias en lo atinente a la seguridad nacional;
h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación,
relativo a la seguridad y Defensa nacionales;

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
j) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;
k) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
l) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad
interna.
El presidente de la Nación adoptará resoluciones en todos los casos que den motivo al funcionamiento
de dicho consejo.
Art. 11.—El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como asesor permanente en inteligencia
al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 12.—El Comité Militar será presidido por el presidente de la Nación y estará integrado
por el ministro de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.
Dispondrán como organismo de trabajo al Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones del Comité Militar.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho comité.
Art. 13.—Compete al Comité Militar entender en:
a) La aprobación de la doctrina militar conjunta;
b) El planeamiento y la conducción de la estrategia militar;
c) Las directivas para el planeamiento de la estrategia militar;
d) La asignación de las responsabilidades operativas y logísticas de cada Fuerza
Armada;
e) La creación de los comandos conjuntos y específicos;
f) Las propuestas para el establecimiento de los teatros de operaciones y la designación
de sus comandantes; igualmente, propondrá al comandante de las zonas de
emergencia;
g) El tratamiento de todos los aspectos inherentes a la estrategia militar que sometan
a consideración del organismo;
h) Propiciar la celebración de tratados militares con Estados extranjeros, para fortalecer
o consolidar la seguridad de la Nación.
Art. 14.—La Central Nacional de Inteligencia estará integrada por la Secretaría de
Informaciones de Estado, los elementos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina. Eventualmente, podrán participar representantes
de otros ministerios, secretarías, las policías provinciales y sectores cuando se traten asuntos
específicos de su área de responsabilidad. Estará dirigida por una junta integrada por los jefes
de los elementos de inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones
de Estado, con el carácter de jefe de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 15.—Compete a la Central Nacional de Inteligencia realizar las actividades de inteligencia
necesarias, particularmente para:
1975
a) Formular y mantener actualizada la doctrina de inteligencia estratégica nacional;
b) Requerir, orientar, coordinar y centralizar la inteligencia específica de los elementos
constitutivos de la Central Nacional de Inteligencia, para producir inteligencia
estratégica nacional;
c) Confeccionar y mantener actualizada la apreciación de situación de inteligencia
estratégica nacional;
d) Proveer la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos
que participen del planeamiento y de la Defensa Nacional.
145

19 de noviembre de 1975
Art. 16.—El Ministerio de Defensa tendrá competencia en la preparación de los proyectos de
objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y defensa nacionales, los que serán
tratados por el Consejo de Seguridad Nacional, sin perjuicio de lo prescripto en la ley de ministerios.
En particular, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular la doctrina de Defensa Nacional;
b) Participar y asesorar en la preparación de los planes, programas y proyectos vinculados
con la seguridad y defensa nacionales;
c) Promover el desarrollo de los recursos e infraestructura del país relativos a la
Defensa Nacional;
d) Formular los requerimientos relativos a la inteligencia para el planeamiento
nacional;
e) Realizar y mantener actualizados los estudios necesarios para el asesoramiento al
Consejo de Seguridad Nacional;
f) Elaborar y proponer los componentes relativos a la defensa, que integran los documentos
principales del planeamiento nacional;
g) Preparar las normas y directivas sobre Defensa Nacional, coordinando y supervisando
su cumplimiento una vez aprobadas;
h) Realizar los estudios necesarios para determinar y evaluar el potencial nacional a
los fines de la seguridad nacional;
i) Proponer las medidas correctivas que surjan del análisis del cumplimiento de los
planes o de situaciones coyunturales que afecten a la seguridad nacional;
j) Elaborar los proyectos de normas y directivas atinentes a la movilización del potencial
humano y de los recursos de la Nación;
k) Realizar los estudios y planes relativos a la promoción y régimen de la producción
industrial, minera, energética y tecnológica de carácter estratégico para la Defensa
Nacional.
Art. 17.—El Consejo de Defensa será presidido por el ministro de Defensa y estará integrado
por el comandante general del Ejército, el comandante general de la Armada y el comandante
general de la Fuerza Aérea.
Art. 18.—Compete al Consejo de Defensa el tratamiento previo de los aspectos de estrategia
militar, que serán sometidos a resolución del presidente de la Nación, en el seno del Comité
Militar. En este sentido sus competencias son:
146
a) Proponer la doctrina militar conjunta;
b) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
c) Proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos;
d) Formular las proposiciones relativas a los asuntos de estrategia militar que son
competencia del Comité Militar;
e) Impartir directivas para el adiestramiento conjunto y combinado;
f) Supervisar los planes de los comandos conjuntos y combinados;
g) Determinar las exigencias de investigación y desarrollo y las prioridades de obtención,
emergentes del planeamiento militar conjunto, y supervisar los correspondientes
planes y programas;
h) Proponer la designación de los comandantes de zonas de emergencia;
i) Dirigir el planeamiento conjunto para la movilización militar;
j) Asesorar al Consejo de Seguridad Nacional en asuntos relativos a la estrategia
militar;

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
k) Estudiar y proponer todos aquellos aspectos inherentes a la estrategia militar que
sean ordenados por el presidente de la Nación.
Art. 19.—Al Consejo de Defensa, en lo que al accionar antisubversivo se refiere, le compete:
a) Asesorar y proponer al presidente de la Nación, en lo concerniente a la lucha contra
la subversión, en todos los ámbitos del quehacer nacional;
b) Conducir la lucha antisubversiva coordinando con las autoridades nacionales,
provinciales y municipales la ejecución de medidas que, para el interés de dicha
lucha, pueden ellas aportar;
c) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas
policiales en la lucha contra la subversión.
Art. 20.—La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, la Secretaría
de Informaciones de Estado y la Dirección Nacional de Migraciones, quedarán funcionalmente
afectadas al Consejo de Defensa a los fines de la lucha contra la subversión, debiendo cumplir las
directivas y requerimientos que en tal sentido les imparta el referido consejo.
Art. 21.—La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los
mismos fines, al Consejo de Defensa.
Art. 22.—El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones que en esta ley se le asignan. Su jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones.
Art. 23.—El Estado Mayor Conjunto dependerá del Consejo de Defensa y estará integrado
por personal de las tres Fuerzas Armadas. Su jefe será un oficial superior en actividad —con la
jerarquía de general o equivalente— del cuerpo de comando y designado en forma rotativa entre
las tres Fuerzas Armadas por el presidente de la Nación a propuesta del ministro de Defensa.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto será asistido por los elementos de inteligencia de las
tres Fuerzas Armadas con relación a la inteligencia necesaria para el planeamiento de la estrategia
militar y de la conducción estratégica de las operaciones militares. Asimismo, podrá requerir
inteligencia a la Central Nacional de Inteligencia.
Título III
Jurisdicción
1975
Art. 25.—En caso de guerra, el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones
a los espacios necesarios para las operaciones militares.
Art. 26.—El teatro de operaciones tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de
entrada en vigencia establecidas por el Poder Ejecutivo a propuesta del comité militar.
Art. 27.—El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior en
actividad de las Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación a propuesta del Comité
Militar. El comandante del teatro de operaciones dependerá del presidente de la Nación.
Art. 28.—Durante la vigencia del teatro de operaciones, la autoridad del comandante del
mismo será ejercida por delegación del presidente de la Nación y comprenderá la totalidad
del gobierno civil y militar en el área puesta bajo su mando. Para los asuntos relacionados
con la administración civil, la autoridad del teatro de operaciones podrá designar delegados
civiles.
Art. 29.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de
147

19 de noviembre de 1975
operaciones, mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la
aplicación de la legislación vigente, sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares
que se establezcan.
Art. 30.—En caso de conmoción interior, sea esta originada por personas o agentes de la
naturaleza, cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia
a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante
el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas. La declaración de zona de emergencia deberá ser
comunicada al Congreso Nacional.
Art. 31.—La zona de emergencia tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada
en vigencia.
Art. 32.—El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en actividad
de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación a propuesta del comité
militar.
Art. 33.—El comandante de la zona de emergencia dependerá del presidente de la Nación.
Art. 34.—Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de las
Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias que requiera para el cumplimiento de
su misión.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con asiento en la zona de emergencia,
continuarán en el ejercicio de sus funciones prestando al comandante de la misma toda la colaboración
que les requiriese.
Art. 35.—Si la gravedad de la situación lo aconseja el Poder Ejecutivo podrá asignarle al comandante
de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos y crear los tribunales militares
correspondientes. Asimismo, podrá subordinarle total o parcialmente las autoridades con jurisdicción
dentro de la zona. Estas decisiones deberán ser comunicadas al Congreso.
Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia, mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación
vigente, sin perjuicio de la jurisdicción y competencia de las atribuciones de los tribunales militares
que se establecieren.
Art. 36.—Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional lo haga
necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares, sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia.
En tales casos, la autoridad militar que designe el presidente de la Nación ejercerá el comando
de todas las fuerzas intervinientes (militares, de seguridad, policiales y penitenciarias nacionales
y provinciales).
Art. 37.—Se denominan zonas militares a los espacios necesarios, en forma permanente
o transitoria, programada o accidental, para dar protección a los cuarteles, instalaciones o
actividades militares o de interés para la Defensa Nacional. Los límites de las zonas militares
y las circunstancias que las impongan como tales serán reglamentados por el Poder Ejecutivo
Nacional.
Art. 38.—Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas militares
atacadas o exista la amenaza de ataque, los respectivos comandantes o jefes podrán disponer el
empleo de las fuerzas que comandan para reprimir, perseguir o detener a los atacantes, aun fuera
de los límites de la zona militar.
148

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Título IV
Empleo de personas y recursos
Art. 39.—El servicio de Defensa Nacional, que comprende el servicio militar y el servicio
civil de defensa, es el conjunto de obligaciones que impone la Nación a las personas de acuerdo
con la legislación y disposiciones respectivas sobre servicio militar, servicio civil de defensa y
movilización.
Art. 40.—La defensa civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto de
medidas y actividades, no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan provocar sobre
la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada,
conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 41.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua
el potencial de la Nación, con el objeto de satisfacer las exigencias de la Defensa Nacional
para caso de guerra.
Art. 42.—Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización conforme
con los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación
de servicios, será retribuida según lo establezca la ley respectiva.
Art. 43.—Cuando las necesidades de la Defensa Nacional así lo impongan, el Poder
Ejecutivo Nacional podrá disponer las requisiciones de servicios y bienes para satisfacerlas,
las que serán ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales facultadas. En circunstancia de
extrema gravedad y urgencia dichas autoridades jurisdiccionales podrán adoptar por sí las
medidas tendientes a la requisición de los bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho
que deberán comunicar inmediatamente a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán
los responsables.
Art. 44.—Toda requisición da derecho a retribución o indemnización, conforme con el
procedimiento que se establezca por vía reglamentaria. La indemnización no incluirá el lucro
cesante.
Art. 45.—En caso de disconformidad con la retribución o la indemnización fijada, la parte
interesada podrá recurrir a la Justicia Federal, sin perjuicio de que la requisición continúe en
todo su vigor.
Art. 46.—Las requisiciones cesarán cuando así lo establezca la autoridad que las dispuso.
Art. 47.—La requisición de bienes podrá hacerse con todos o parte de ellos y ejecutarse a
título de uso, de consumo o de dominio.
Art. 48.—La requisición podrá hacerse efectiva, asimismo, sobre la capacidad productiva de
industrias o establecimientos de servicios de cualquier índole que interesen a la Defensa Nacional,
aun cuando el Estado no haya tomado posesión de ellos.
Art. 49.—El que dificultare, se negare o se substrajera a la requisición, u ocultare o destruyera
voluntariamente bienes sujetos a requisición será reprimido con prisión de dos meses a dos años
o multa de mil a cincuenta mil pesos.
Art. 50.—Para entender las infracciones contempladas en el artículo anterior será competente
la Justicia Federal, salvo que los imputados estuvieren sometidos a jurisdicción militar.
1975
149

19 de noviembre de 1975
Título V
Disposiciones complementarias
Art. 51.—Deróganse el decreto ley 16.970/66, los artículos 13 y 14 de la ley 20.524, los decretos
2.770/75, 2.771/75, 2.772/75 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 52.—Mantiénese la vigencia de los regímenes establecidos por los decretos leyes 15.385-
44 (zonas de seguridad), ratificado por la ley 12.913; 17.531/67 (servicio militar); 17.649/68 (movilización);
18.575/70 (política de frontera) y 20.318/73 (servicio civil de defensa).
Art. 53.—Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 13 de noviembre de 1975.
José Luis Lazzarini — Luis Antonio García — Jesús E. Porto — Luis Alberto
Sobrino Aranda — Clara Cristina Servini García — Mario D. Aguirre — Adriano
Ariani — Oscar S. Campbell — Ernesto Manuel Campos — José Armando Catalano
— Clemente J. Colello — Edgar Cossy Isasi — Lorenzo Francisco D’Angelo — Ricardo
De Luca — Rodolfo Eduardo Desperbasques — Faustino Esquivel — Pedro Alfredo
Fuentes — María Cristina Guzmán — Domingo López — Pedro Nicolás Martínez
— José Carlos W. Moreno Ferrer — Rodolfo Antonio Ponce — Irene Graciela Román
— Julio Domingo Salvatierra — Rubén Juan Sarboli.
En disidencia parcial:
Horacio Hueyo — Fernando Hugo Mauhum — Carlos A. Fonte — Carlos Luis Acevedo
— Osvaldo Alvarez Guerrero — Juan Carlos Cárdenas — Alberto Ricardo Day — Raúl
Alfredo Galván — Mario Agustín Grau — Mario Lavalle — Alberto A. Garona —
Eduardo A. R. Massolo — Manuel Ernesto Molinari Romero — Francisco J. Moyano
— Vicente Miguel Musacchio — Juan Rafael — Leopoldo M. Suárez — Joaquín Tula
Durán.
150
Informe
Honorable Cámara:
Tenemos el honor de poner a consideración de vuestra honorabilidad un nuevo proyecto de
ley de Defensa Nacional que, como lo enuncia el artículo 1 o , tiene por objeto establecer las bases
orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa
Nacional.
El proyecto venido del Poder Ejecutivo ha sido prolijamente estudiado por la Comisión de
Defensa en primer término y, luego, por las comisiones de Defensa, de Asuntos Constitucionales
y de Legislación Penal en reunión conjunta, habiendo contado en todos los casos con el valioso
concurso del Poder Ejecutivo para asesorar, aclarar y ampliar las explicaciones que fundan el
articulado del proyecto en examen.
Las comisiones que han estudiado el proyecto de ley han realizado algunas modificaciones a
los artículos 2º, 7º, 8º, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 28, 29, 35 y 38. Entre ellas debemos destacar la unanimidad
de criterios para hacer del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad
Interna un solo órgano, con el nombre del primero de ellos, habida cuenta de que ambos estaban
compuestos por las mismas personas: el presidente de la Nación, los ministros y los comandantes

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
generales de las Fuerzas Armadas. Concretamente, las comisiones han sumado las facultades de
ambos órganos en un solo artículo, sin modificar la competencia asignada por el Poder Ejecutivo,
teniendo en cuenta además la íntima vinculación con que se presentan las cuestiones que hacen a
la seguridad en todos sus aspectos. Hemos entendido de esta manera, sin modificar la competencia,
simplificar el desenvolvimiento del órgano, ganando además en rapidez y eficacia, tal como
lo requieren las decisiones en materia de defensa y seguridad.
Debemos hacer notar, entre las modificaciones, la participación que en materia de inteligencia
tienen las policías provinciales, con el agregado que se propone al artículo 13, y la subordinación
funcional a que se somete a la Dirección Nacional de Migraciones a los fines de la lucha
antisubversiva, tal como resulta de la modificación del artículo 20. No escapará al criterio de
vuestra honorabilidad la importancia, eficacia y experiencia que en la lucha antisubversiva tienen
algunas policías provinciales, especialmente la de Buenos Aires, como asimismo la necesidad de
contar con una supervisión prolija de la entrada, radicación y salida de los extranjeros del país.
Por último, destacaremos que hemos agregado en el artículo 35 la obligación de comunicar
al Congreso, para su consideración, cuando se ejerza la facultad de crear tribunales militares y
dictar bandos, así como también cuando se da el supuesto de subordinación de las autoridades
civiles en los casos de zonas de emergencia, tal como lo establecía el proyecto del Poder Ejecutivo
Nacional en el caso del artículo 30, última parte.
Por los fundamentos que trae el mensaje del Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de
ley, por lo brevemente expuesto y los fundamentos que en oportunidad de su tratamiento dará
el miembro informante, solicitamos su inmediata sanción, acorde con la importancia y urgencia
de la ley en examen.
José Luis Lazzarini.
Honorable Cámara:
II
Dictamen de minoría
Vuestras comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
Penal, en minoría, aconsejan la sanción del siguiente despacho en disidencia respecto de
los siguientes artículos propuestos en el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de
defensa.
Artículo 2º.—La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación
y el logro de los objetivos nacionales y políticos, fijados dentro del marco y competencias constitucionales,
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales.
Artículo 7º.—Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, el gobernador del Territorio nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y el intendente de la ciudad de
Buenos Aires, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad
de cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente
de la Nación en materia de Defensa Nacional. Asimismo, tendrán igual responsabilidad
los gobernadores de las provincias que adhieran a esta ley y los intendentes pertenecientes a las
mismas.
Artículo 8 o .—Dependerán del presidente de la Nación:
1975
a) El Consejo de Seguridad Nacional;
b) El Comité militar;
c) La Central Nacional de Inteligencia.
151

19 de noviembre de 1975
152
Artículo 10º.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional tratar, proponer o asesorar, según
los casos, en los siguientes asuntos:
a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa
Nacionales;
b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral
del país y su inclusión en los planes nacionales;
e) Las situaciones de emergencia que pueden afectar la seguridad nacional;
f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zonas de seguridad;
g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución, y las correcciones
necesarias en lo atinente a la seguridad nacional;
h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación,
relativo a la seguridad y defensa nacionales;
j) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;
k) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
l) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad
interna.
El consejo tendrá como asesor en inteligencia al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que dé motivo al funcionamiento
de dicho consejo.
Artículo 11.—A los efectos de esta ley se entiende por subversión toda acción que, no importando
el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, tienda a alterar o impedir el poder
nacional de decisión expresado a través de los órganos creados por la Constitución Nacional.
Artículo 20.—A los fines de la lucha contra la subversión el Consejo de Defensa podrá requerir
la colaboración de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y de la
Secretaría de Informaciones de Estado.
Artículo 21.—A los mismos fines la Policía Federal quedará subordinada al Consejo de
Defensa, que podrá requerir la colaboración del Servicio Penitenciario Nacional.
Artículo 28.—Durante la vigencia del Teatro de Operaciones, la autoridad del comandante
del mismo será ejercida por delegación del presidente de la Nación y podrá comprender la totalidad
del gobierno civil y militar en el área puesta bajo su mando. Para los asuntos relacionados con
la administración civil, la autoridad del Teatro de Operaciones podrá designar delegados civiles.
Artículo 30.—En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de
la naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las
actividades y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá, con previa autorización
del Congreso de la Nación en el período ordinario de sesiones, declarar zona de emergencia
a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden, asegurar
las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el empleo
inclusive de las Fuerzas Armadas. Durante el receso del Congreso el Poder Ejecutivo Nacional
podrá proceder a dicha declaración por sí solo, debiendo someterla y convocar simultáneamente
a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional para que se reúna en el término de cuarenta y
ocho horas. La falta de convocatoria en la forma y plazo establecidos hará cesar automáticamente
la medida dispuesta.
Artículo 32.—El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en
actividad de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Artículo 34.—Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de
las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales que requiera para el cumplimiento de su misión.
Las autoridades nacionales, provinciales v municipales con asiento en la zona de emergencia
continuarán en el ejercicio de sus funciones prestando al comandante de la misma toda la colaboración
que les requiriese.
Artículo 35.—Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo Nacional podrá
subordinarle al comandante de la zona de emergencia, total o parcialmente, las autoridades con
jurisdicción y competencia dentro de la zona.
Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones, sin perjuicio de la jurisdicción
y competencia de los tribunales militares que correspondieren, de acuerdo con la legislación
vigente.
Articulo 52.—Suprimirlo.
Sala de las comisiones, 13 de noviembre de 1975.
Vicente Miguel Musacchio — Héctor Portero.
Informe
Honorable Cámara:
Al establecer la disidencia de los diputados que pertenecemos al Partido Intransigente con
respecto al despacho de mayoría, queremos dejar debidamente sentados los principios fundamentales
que definen nuestra posición.
En primer término, compartimos la necesidad de que el país cuente con una ley de Defensa
y que ésta lo resguarde debidamente de todas las posibilidades que atenten contra la soberanía y
la integridad nacional. En esta orientación hemos querido respetar el texto original del proyecto
en cuanto el mismo contiene el asesoramiento de las Fuerzas Armadas, que han volcado en él las
definiciones técnicas referidas a la Defensa Nacional.
Advertimos, no obstante, que los dos consejos previstos en el proyecto —de Seguridad
Nacional y de Seguridad Interna— están constituidos por las mismas personas y habrán de ejercitar
facultades complementarias, por lo que hemos propuesto que ambos se unifiquen en un
solo organismo denominado Consejo de Seguridad Nacional, que sume sus competencias.
En segundo lugar, hemos tenido en cuenta la necesidad de respetar los principios constitucionales
que puedan ser lesionados por varios puntos del dictamen de la mayoría, resguardando
fundamentalmente la competencia del Congreso Nacional para intervenir en todos los casos en
que se otorgan facultades a la autoridad militar y se cercenen derechos y garantías consagrados
por la Constitución Nacional.
En tercer término, hemos sostenido la necesidad ineludible de definir el concepto de subversión,
que para nosotros es “toda acción que, no importando el ejercicio de derechos y garantías
constitucionales, tienda a alterar o impedir el poder nacional de decisión expresado a través de
los órganos creados por la Constitución Nacional”.
Asimismo, advertimos con claridad las diferencias de situación contenidas en el título III del
proyecto, según sea el caso de guerra, a que aluden los artículos 25 y siguientes, del de conmoción
interior a que se refieren los artículos 30 y siguientes. Para la primera situación (guerra) hemos
manifestado nuestro acuerdo para el uso de las atribuciones otorgadas al presidente de la Nación,
pues ellas coinciden con los presupuestos constitucionales previstos para el caso de guerra. Por
lo contrario, para la conmoción interior contemplada a partir del artículo 30, el dictamen de la
153
1975

19 de noviembre de 1975
154
mayoría otorga al presidente de la Nación verdaderas facultades extraordinarias y la suma del poder
público, que los legisladores no pueden sancionar sin ser objeto de la calificación del artículo
29 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, nuestra disidencia fundamental la concretamos en la necesidad, de que sea el
Congreso de la Nación, en uso de sus privativas atribuciones, el que determine la circunstancia
fáctica que configure la conmoción interior prevista en el proyecto. Por las mismas razones, establecemos
en nuestra disidencia y propuesta alternativa al dictamen de mayoría las atribuciones
que el Poder Ejecutivo Nacional pueda ejercer en tal supuesto de conmoción interior, pues es
inaceptable —sin violar el principio de la división de poderes y el federalismo— subordinar al
comandante de la zona de emergencia la jurisdicción y competencia que la legislación vigente
atribuye al Poder Judicial.
Antecedente
Al Honorable Congreso de la Nación.
Vicente Miguel Musacchio — Héctor Portero.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1975.
El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad el
adjunto proyecto de ley de Defensa, que substituye las disposiciones del decreto ley 16.970/66
hoy vigente, el que estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y
ejecución de la Defensa Nacional (B. O., 10 de octubre de 1966).
Para elaborar este proyecto se ha tenido en cuenta, preferentemente la experiencia de orden
nacional que ha permitido verificar la eficiencia de estructura y el correcto funcionamiento de
ciertos órganos e institutos básicos para la Defensa Nacional; esto sin perjuicio de las observaciones
que son susceptibles de formular.
Al mismo tiempo se ha creído necesario profundizar, teniendo en cuenta nuestras propias
situaciones y realidad, el significado y la implicancia de otros institutos fundamentales, de modo
tal que se ajusten y respondan adecuadamente a los principios y valores a cuya realización tiende
la Defensa Nacional.
Cabe consignar la incidencia que sobre el texto inicial del decreto ley 16.970/66 han tenido
otras leyes ulteriores, en particular la Organización de Ministerios, 20.524, y los decretos 2.770,
2.771 y 2.772 del 6 de octubre de 1975.
El proyecto tiene por finalidad estatuir las normas que constituyen las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional, habida cuenta
que la política de Defensa Nacional, como parte principal de la política nacional, debe arraigar
los principios de unidad, continuidad, adaptabilidad, coherencia, etcétera, como inherentes a la
naturaleza de su actividad.
El título I del proyecto versa sobre principios fundamentales y definiciones.
Se pretende dejar establecido con claridad uno de los fines fundamentales de la República,
como es la seguridad nacional; siendo ésta la situación en la cual los intereses vitales de la Nación
I
II

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
y el logro de los objetivos nacionales y políticos se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones
substanciales.
En tanto que la Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas a adoptar en todos los
sectores del Estado para alcanzar la seguridad nacional.
Que el instrumento legal que vinculará tan trascendente función del Estado debe asegurar,
respetando la esencia de los principios constitucionales, la participación coordinada y eficaz de
todos los factores del potencial nacional, en el planeamiento y ejecución de las medidas y procedimientos
que permitirán alcanzar el grado de seguridad nacional que garantice la preservación
de los intereses vitales y el logro de los objetivos de progreso y bienestar de la Nación.
III
El título II enuncia la estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional.
Esta parte está destinada a ordenar los componentes principales que requiere la planificación
para la Defensa Nacional.
Se ha estimado conveniente que guarden conexión con la ley de defensa todos aquellos ordenamientos
legales que constituyen componentes relevantes de la misma, toda vez que, de una
manera más o menos directa, desarrollan funciones y tienen institutos propios de esta actividad,
de forma tal que se coordinen y complementen recíprocamente, en miras de una convergencia
única de propósitos.
Así, el articulado incluye los órganos de la dirección y conducción superior de la Defensa
Nacional y los organismos de planeamiento, asesoramiento, apoyo y colaboración, reiterando las
atribuciones constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo. Además, atribuye la responsabilidad
que dentro del ámbito de sus respectivas competencias se asigna a las autoridades nacionales,
provinciales y municipales.
Por otra parte, se introducen en el presente título las facultades y los organismos ya creados,
destinados a planificar y ejecutar las medidas tendientes para enfrentar la actividad de elementos
subversivos.
Ha sido objeto de particular interés fijar la naturaleza y funciones de los órganos superiores
que dependen, en forma directa e inmediata, del presidente de la Nación. Estos son: el Consejo
de Seguridad Nacional, el Comité Militar, el Consejo de Seguridad Interna y la Central Nacional
de Inteligencia.
El texto que se propone asigna al ministro de Defensa competencia a nivel nacional para
determinar objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa Nacional, tal
como lo establece el artículo 12 de la ley de ministerios, 20.524, a cuyos fines cuenta con el correspondiente
órgano de trabajo.
De esta manera se procura revestir a la planificación de la política de Defensa de principios de
unidad y continuidad, esenciales tanto para la consideración de los tiempos y sectores que comprende
como para los enfoques correspondientes a los marcos internos y externos que le son inherentes,
proveyendo con ello de las consiguientes garantías a la acción política integral del Estado.
1975
En el título III el proyecto ha tratado de ordenar y complementar lo concerniente a la determinación
de las jurisdicciones territoriales y funcionales propias y específicas de la Defensa
Nacional.
A manera de secuencia gradual determina las distintas formas jurisdiccionales que encuadran
el empleo del poder militar en sus actividades operacionales: teatro de operaciones y zona de
emergencia.
IV
155

19 de noviembre de 1975
En cada uno de estos supuestos se ha procurado precisar sus principales notas: la causa o motivo
de su declaración, el comando y gobierno que se impone, su extensión y limite, la asignación
de fuerzas militares, de seguridad, policiales y penitenciarias, la jurisdicción penal, contravencional
y disciplinaria aplicable y la relación con los órganos de autoridad política y administrativa
civil, etcétera (artículos 21, 23, 31, 67, incisos 21, 23, 24; artículo 86, incisos 15, 17, 18 y 19, y
artículos 108 y 110 de la Constitución Nacional.
Tales previsiones legales constituyen el ejercicio de las atribuciones que nuestra Constitución
ha conferido al gobierno federal para la defensa de la Nación Argentina, sus instituciones y autoridades
creadas por ella. Tienden, asimismo, a salvaguardar los derechos y garantías de todos
sus habitantes.
En segundo término se consideró conveniente incorporar en el título, ajustando el concepto
con mayor rigor y actualidad, el encuadramiento jurisdiccional de zona “militar” (leyes 14.029,
15.968, etcétera) y definir sus elementos constitutivos.
El título IV del proyecto trata lo concerniente al empleo de las personas y recursos.
Cabe señalar que esta materia —que versa tanto sobre normas de acción como sobre normas
de relación— ha merecido especial cuidado porque significa establecer relaciones que gravitan
sobre derechos fundamentales de la persona humana, cuya limitación sólo puede obedecer
a situaciones de necesidad que atiendan al bien común, fundadas en razones previstas en la
Constitución (artículos 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28 y 31 de la Constitución Nacional).
Este título comprende actos, actividades y servicios propios del área de la defensa, servicios de
Defensa Nacional (servicio militar, servicio civil de defensa), movilización y requisiciones. Sólo
formula enunciados y principios esenciales que rigen los institutos de referencia, por cuanto cada
uno en particular tiene específica legislación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 3.033.
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
V
María Estela M. de Perón.
Ángel Federico Robledo — Manuel Arauz Castex — Ernesto
Corvalán Nanclares — Tomás S. E. Vottero — Antonio F. Cafiero —
Pedro Arrighi — Carlos Federico Ruckauf — Carlos Emery.
156
Título I
Principios fundamentales
Artículo 1 o .—La presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y
el logro de los objetivos nacionales y políticos se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones
substanciales.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Art. 3º.—La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta, en
todos los sectores, para lograr la seguridad nacional.
Art. 4º.—Las bases fundamentales para la política de Defensa Nacional estarán dadas por las
políticas y estrategias nacionales.
Art. 5º.—La seguridad nacional requiere en lo substancial:
a) Las medidas necesarias para el fortalecimiento de la conciencia nacional en materia
de Defensa Nacional;
b) La formulación de la doctrina, el planeamiento y la programación de las medidas
de defensa, de acuerdo con el potencias de la Nación;
c) Determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflictos y de guerra, así como
la estrategia para superarlos;
d) La determinación de la estructura y el régimen funcional de la Defensa Nacional,
con las atribuciones inherentes a los órganos y autoridades nacionales y la coordinación
con las provinciales y municipales para la realización de las actividades,
servicios y tareas conducentes al logro de los objetivos propuestos;
e) El establecimiento de jurisdicciones territoriales específicas para la Defensa
Nacional;
f) La fijación de obligaciones a las personas físicas que habitan en el territorio nacional,
a los argentinos residentes en el extranjero y a las personas jurídicas, públicas
y privadas domiciliarias en el país;
g) El relevamiento y el registro de los recursos humanos, científico-técnicos y materiales
de potencial de la Nación susceptibles de movilización, convocatoria, requisición
o empleo, al servicio de las necesidades de la Defensa Nacional.
Título II
Estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional
Art. 6°.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, compete
la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional; y como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.
Art. 7º.—Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores de provincia y del
Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, e intendentes municipales,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad de
cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente de la
Nación, en materia de Defensa Nacional.
Las actividades de los responsables en materia de Defensa Nacional estarán sujetas a control
que tendrá carácter prioritario.
Art. 8º.— Dependerán del presidente de la Nación:
1975
a) El Consejo de Seguridad Nacional;
b) El Consejo de Seguridad Interna;
c) El Comité Militar;
d) La Central Nacional de Inteligencia.
Art 9º.—El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como titular al presidente de la Nación,
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19 de noviembre de 1975
quien adoptará, en todos los casos, las decisiones sobre los asuntos que sean tratados; estará integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los comandantes generales de las Fuerzas
Armadas.
Art. 10.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional el tratamiento de los siguientes asuntos:
a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa
Nacionales;
b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral
del país y su inclusión en los planes nacionales;
e) Las situaciones de emergencia que pueden afectar la seguridad nacional;
f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zona de seguridad;
g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución; y las correcciones
necesarias en lo atinente a la seguridad nacional;
h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación,
relativo a la seguridad y defensa nacionales;
j) El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como asesor permanente en inteligencia
al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 11.—El Consejo de Seguridad Interna, presidido por el presidente de la Nación e integrado
por todos los ministros del Poder Ejecutivo y comandantes generales de las Fuerzas
Armadas, tendrá como competencia:
a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;
b) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
c) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad
interna.
El consejo tendrá como asesor en inteligencia al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho consejo.
Art. 12.—El Comité Militar será presidido por el presidente de la Nación y estará integrado
por el ministro de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.
Dispondrán como organismo de trabajo al Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones del Comité Militar.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho comité.
Art. 13.—Compete al Comité Militar entender en:
158
a) Aprobar la doctrina militar conjunta;
b) El planeamiento y la conducción de la estrategia militar;
c) Las directivas para el planeamiento de la estrategia militar;
d) La asignación de las responsabilidades operativas y logísticas de cada Fuerza
Armada;
e) La creación de los comandos conjuntos y específicos;
f) Las propuestas para el establecimiento de los teatros de operaciones y la designación
de sus comandantes;

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
g) El tratamiento de todos los aspectos inherentes a la estrategia militar, que sometan
a consideración del organismo;
h) Propiciar la celebración de tratados militares con Estados extranjeros, para fortalecer
o consolidar la seguridad de la Nación.
Art. 14.—La Central Nacional de Inteligencia estará integrada por la Secretaría de
Informaciones de Estado, los elementos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina. Eventualmente, podrán participar representantes
de otros ministerios, secretarías y sectores, cuando se traten asuntos específicos de su
área de responsabilidad. Estará dirigida por una junta integrada por los jefes de los elementos de
inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones de Estado, con el
carácter de jefe de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 15.—Compete a la Central Nacional de Inteligencia realizar las actividades de inteligencia
necesarias, particularmente para:
a) Formular y mantener actualizada la doctrina de inteligencia estratégica nacional;
b) Requerir, orientar, coordinar y centralizar la inteligencia específica de los elementos
constitutivos de la Central Nacional de Inteligencia para producir inteligencia
estratégica nacional;
c) Confeccionar y mantener actualizada la apreciación de situación de inteligencia
estratégica nacional;
d) Proveer la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos
que participen del planeamiento y de la Defensa Nacional.
Art. 16.—El Ministerio de Defensa tendrá competencia en la preparación de los proyectos de
objetivos, políticas y estrategias, concernientes a la seguridad y defensa nacionales los que serán
tratados por el Consejo de Seguridad Nacional. En particular tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular la doctrina de Defensa Nacional;
b) Participar y asesorar en la preparación de los planes, programas y proyectos vinculados
con la seguridad y defensa nacionales;
c) Promover el desarrollo de los recursos e infraestructura del país relativos a la
Defensa Nacional;
d) Formular los requerimientos relativos a la inteligencia para el planeamiento
nacional;
e) Realizar y mantener actualizados los estudios necesarios para el asesoramiento al
Consejo de Seguridad Nacional;
f) Elaborar y proponer los componentes relativos a los defensa, que integran los documentos
principales del planeamiento nacional;
g) Preparar las normas y directivas sobre Defensa Nacional, coordinando y supervisando
su cumplimiento, una vez aprobadas;
h) Realizar los estudios necesarios para determinar y evaluar el potencial nacional a
los fines de la seguridad nacional;
i) Proponer las medidas correctivas que surjan del análisis del cumplimiento de los
planes, o de situaciones coyunturales que afecten a la seguridad nacional;
j) Elaborar los proyectos de normas y directivas atinentes a la movilización del potencial
humano y de los recursos de la Nación;
k) El organismo de trabajo del Consejo de Seguridad Nacional dependerá del ministro
de Defensa.
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160
Art. 17.—El Consejo de Defensa será presidido por el ministro de Defensa y estará integrado
por: el comandante general del Ejército, el comandante general de la Armada y el comandante
general de la Fuerza Aérea.
Art. 18.—Compete al Consejo de Defensa el tratamiento previo de los aspectos de estrategia
militar, que serán sometidos a resolución del presidente de la Nación, en el seno del Comité
Militar; en este sentido sus competencias son:
a) Proponer la doctrina militar conjunta;
b) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
c) Proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos;
d) Formular las proposiciones relativas a los asuntos de estrategia militar que son
competencia del Comité Militar;
e) Impartir directivas para el adiestramiento conjunto y combinado;
f) Supervisar los planes de los comandos conjuntos y combinados;
g) Determinar las exigencias de investigación y desarrollo y las prioridades de obtención,
emergentes del planeamiento militar conjunto y supervisar los correspondientes
planes y programas;
h) Proponer la designación de los comandantes de zonas de emergencia;
i) Dirigir el planeamiento conjunto para la movilización militar;
j) Asesorar al Consejo de Seguridad Nacional en asuntos relativos a la estrategia
militar;
k) Estudiar y proponer todos aquellos aspectos inherentes a la estrategia militar que
sean ordenados por el presidente de la Nación.
Art. 19.—Al Consejo de Defensa, en lo que al accionar antisubversivo se refiere, le compete:
a) Asesorar y proponer al presidente de la Nación en lo concerniente a la lucha contra
la subversión, en todos los ámbitos del quehacer nacional;
b) Conducir la lucha antisubversiva coordinando con las autoridades nacionales,
provinciales y municipales la ejecución de medidas, que para el interés de dicha
lucha, pueden ellas aportar;
c) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas
policiales en la lucha contra la subversión.
Art. 20.—La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y la Secretaría de
Informaciones de Estado quedarán funcionalmente afectadas al Consejo de Defensa, a los fines
de la lucha contra la subversión, debiendo cumplir las directivas y requerimientos que, en tal
sentido, les imparta el referido consejo.
Art 21.—La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los
mismos fines, al Consejo de Defensa.
Art. 22.—El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones que en esta ley se le asignan. Su jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones.
Art. 23.—El Estado Mayor Conjunto dependerá del Consejo de Defensa y estará integrado
por personal de las tres Fuerzas Armadas. Su jefe será un oficial superior en actividad, con la
jerarquía de general o equivalente, del cuerpo de comando y designado, en forma rotativa entre
las tres Fuerzas Armadas por el presidente de la Nación, a propuesta del ministro de Defensa.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto será asistido por los elementos de inteligencia de las tres
Fuerzas Armadas, con relación a la inteligencia necesaria para el planeamiento de la estrategia

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
militar y de la conducción estratégica de las operaciones militares. Asimismo podrá requerir inteligencia
a la Central Nacional de Inteligencia.
Título III
Jurisdicción
Art. 25.—En caso de guerra, el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones
a los espacios necesarios para las operaciones militares.
Art 26.—El teatro de operaciones tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada
en vigencia, establecidas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Comité Militar.
Art. 27.—El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior en
actividad de las Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación, a propuesta del Comité
Militar. El comandante del teatro de operaciones dependerá del presidente de la Nación.
Art. 28.—La autoridad del comandante del teatro de operaciones será ejercida por delegación
del presidente de la Nación y comprende la totalidad del gobierno civil y militar en el área
puesta bajo su mando. Para los asuntos relacionados con la administración civil, la autoridad del
teatro de operaciones podrá designar un delegado civil para cada provincia, Territorio nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur o parte de ellas o zonas puestas bajo su
jurisdicción.
Art. 29.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de operaciones
mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación
de la legislación vigente.
Art. 30.—En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la
naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia
a parte o partes del territorio nacional, para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios, mediante
el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas. La declaración de zona de emergencia deberá ser
comunicada al Congreso Nacional.
Art. 31.—La zona de emergencia tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada
en vigencia.
Art. 32.—El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en actividad
de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación a propuesta del Comité
Militar.
Art. 33.—El comandante de la zona de emergencia dependerá del presidente de la Nación.
Art. 34.—Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de las
Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarios que requiera para el cumplimiento de
su misión.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales con asiento en la zona de emergencia
continuarán en el ejercicio de sus funciones prestando, al comandante de la misma, toda la colaboración
que les requiriese.
Art. 35.—Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo podrá asignarle, al
comandante de la zona de emergencia, la atribución de dictar bandos y crear los tribunales militares
correspondientes. Asimismo, podrá subordinarle, total o parcialmente, las autoridades con
jurisdicción dentro de la zona.
Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en las zonas de emergencia mantendrán
161
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19 de noviembre de 1975
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación
vigente en tanto ello no se oponga a la situación expresada en el párrafo anterior.
Art. 36.—Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional lo hagan
necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia.
En tales casos, la autoridad militar que designe el presidente de la Nación ejercerá el comando
de todas las fuerzas intervinientes (militares de seguridad, policiales y penitenciarias, nacionales
y provinciales).
Art. 37.—Se denominan zonas militares a los espacios necesarios, en forma permanente o
transitoria, programada o accidental, para dar protección a los cuarteles, instalaciones o actividades
militares o de interés para la Defensa Nacional.
Los límites de las zonas militares y las circunstancias que las impongan como tales serán reglamentados
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 38.—Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas militares
atacadas por elementos subversivos o exista la amenaza de ataque por parte de dichos elementos,
los respectivos comandantes o jefes podrán disponer el empleo de las fuerzas que comandan para
reprimir, perseguir y detener a los atacantes aún fuera de los límites de la zona militar.
162
Título IV
Empleo de personas y recursos
Art. 39.—El Servicio de Defensa Nacional, que comprende el servicio militar y el servicio
civil de defensa, es el conjunto de obligaciones que impone la Nación a las personas de acuerdo
con la legislación y disposiciones respectivas sobre servicio militar, servicio civil de defensa y
movilización.
Art. 40.—La defensa civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto
de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan provocar sobre
la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada,
conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 41.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua
el potencial de la Nación con el objeto de satisfacer las exigencias de la Defensa Nacional para
caso de guerra
Art. 42.—Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal, con asiento en el país,
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización, conforme
con los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación
de servicios, será retribuida según lo establezca la ley respectiva.
Art. 43.—Cuando las necesidades de la Defensa Nacional así lo impongan, el Poder Ejecutivo
Nacional podrá disponer las requisiciones de servicios y bienes para satisfacerlas, las que serán
ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales facultadas. En circunstancia de extrema gravedad
y urgencia dichas autoridades jurisdiccionales podrán adoptar por sí las medidas tendientes a la
requisición de los bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho que deberán comunicar
inmediatamente a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán los responsables.
Art. 44.—Toda requisición da derecho a retribución o indemnización, conforme con el
procedimiento que se establezca por vía reglamentaria. La indemnización no incluirá el lucro
cesante.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Art. 45.—En caso de disconformidad con la retribución o la indemnización fijada, la parte
interesada podrá recurrir a la justicia federal, sin perjuicio de que la requisición continúe en todo
su vigor.
Art. 46.—Las requisiciones cesarán cuando así lo establezca la autoridad que las dispuso.
Art. 47.—La requisición de bienes podrá hacerse con todos o parte de ellos y ejecutarse a
título de uso, de consumo o de dominio.
Art. 48.—La requisición podrá hacerse efectiva, asimismo, sobre la capacidad productiva
de industrias o establecimientos de servicios de cualquier índole, que interesen a la Defensa
Nacional, aún cuando el Estado no haya tomado posesión de ellos.
Art. 49.—El que dificultare, se negare o se substrajere a la requisición, u ocultare o destruyere
voluntariamente bienes sujetos a requisición, será reprimido con prisión de dos meses a dos
años, o multa de mil a cincuenta mil pesos.
Art. 50.—Para entender las infracciones contempladas en el artículo anterior será competente
la justicia federal, salvo que los imputados estuvieren sometidos a jurisdicción militar.
Título V
Disposiciones complementarias
Art. 51.—Derógase el decreto ley 16.970/66, los artículos 13 y 14 de la ley 20.524, los decretos
2.770/75, 2.771/75, 2.772/75 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 52.—Mantiénese la vigencia de los regímenes establecidos por los decretos leyes 15.385/44
(zonas de seguridad) ratificado por la ley 12.913; 17.531/67 (servicio militar); 17.649/68 (movilización);
18.575/70 (política de frontera), y 20.318/73 (servicio civil de defensa).
Art. 53.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Federico Robledo — Manuel Arauz Castex — Ernesto Corvalán
Nanclares — Tomás S. E. Vottero — Antonio F. Cafiero — Pedro
Arrighi — Carlos Federico Ruckauf — Carlos Emery.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la
Honorable Cámara, don Antonio Pereira.
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Sr. Presidente (Pereira).—En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: voy a tener el honor de informar acerca del proyecto de
ley de Defensa Nacional, que ha sido firmado y apoyado en términos generales por todas las comisiones
intervinientes, con las disidencias parciales que habrán de conocerse oportunamente.
En ningún momento el despacho de las comisiones ha tenido la oposición de ningún sector,
incluido el de las Fuerzas Armadas, tal como se ha hecho público por error en los últimos días.
Pero deseo advertir que esta es una ley de Defensa Nacional y, por tanto, es una ley para
todos. Es una ley para los civiles, de tal forma que todos debemos asumir en este aspecto de la
Defensa Nacional la responsabilidad que nos cabe en salvaguarda de nuestro sistema y de nuestra
soberanía; no es una ley para cargar exclusivamente sobre los hombros de los militares el
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ejercicio de este sagrado derecho sino que, por lo contrario, es un instrumento que nos otorga
armas a todos para que, mancomunadamente y, presididos por el espíritu tantas veces manifestado
de la necesidad de una unión nacional sin exclusiones y sin sectarismos, preservemos la
seguridad y la convivencia.
Partimos de un concepto de sociedad que lleva aparejada la existencia de una actividad humana
libre, que es la política, para ordenarnos en un Estado que es el resultado de esa actividad.
Y sostenemos que en ese Estado la seguridad es una dinámica permanente en el ejercicio de la
convivencia.
Así lo establece el proyecto, cuando —sin apegarse demasiado a fundamentos doctrinarios,
simplemente enunciando los principios fundamentales— en el artículo 2 o determina que la seguridad
nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y el logro de los
objetivos nacionales y políticos —todo ello dentro del marco de la Constitución— se hallan a
cubierto de interferencias internas y externas. Como consecuencia de ese objetivo de seguridad,
la defensa comprende —así lo enuncia el proyecto— el conjunto de las medidas que el Estado
adopta en todos los sectores de la vida nacional (políticos, económicos y sociales, etcétera) para
lograr aquella aspiración.
Sin pretender polemizar con definiciones doctrinarias, el proyecto ha fijado esos principios
fundamentales que atañen a la seguridad y a la Defensa Nacional.
Debemos advertir que el concepto de Defensa Nacional, tal como lo acabamos de enunciar y
como está vertebrado en este proyecto, no es el viejo concepto de la defensa. De ello testimonian
dos mil quinientos años transcurridos, de los cuales no nos equivocamos al afirmar que apenas
trescientos han sido de paz auténtica y verdadera para la humanidad; han sido vanas, además,
cuantas normas nacionales o internacionales se han subscrito para llevar la paz y la tranquilidad
a la humanidad. Pareciera, entonces, que recobra todo su vigor aquella sentencia que decía: “Si
queréis la paz, debéis prepararos para la guerra”.
El antiguo concepto de la Defensa Nacional estaba basado en el uso de sólo una parte del potencial
nacional. Los viejos ejércitos mercenarios y profesionales llevaban a cabo guerras largas,
pero generalmente no violentas, donde se lucían sus jefes o sus comandantes, en las que el pueblo
ignoraba el resultado a veces por largo tiempo, pues éstas se realizaban generalmente lejos de las
ciudades y los centros poblados y sólo una parte mínima del potencial nacional estaba en juego
en el viejo sistema de la Defensa Nacional.
Hoy es distinto, pues, a partir de la Revolución Francesa, cambió la idea de lo que se concibe
como Defensa Nacional. En esa oportunidad, el Comité de Seguridad Pública, en París, manifestó
la necesidad de que se conjugaran todos los esfuerzos para poder llevar adelante la emergencia
de la guerra, y en ese sentido dio tareas, facultades y funciones a todos los que integraban el
complejo civil y militar. En el artículo 1º de ese documento se establecía: “Desde este momento
hasta aquel en que nuestros enemigos hayan sido expulsados de todo el territorio de la República,
todos los franceses están obligados a prestar servicios en el ejército: los jóvenes irán a la lucha, los
casados forjarán las armas y transportarán los abastecimientos, las mujeres harán carpas, vestuarios
y servirán en los hospitales, los niños deshilarán trapos viejos, los ancianos se harán llevar a
las plazas públicas para exaltar el espíritu guerrero de los combatientes predicando la unidad de
la República y el odio contra los reyes”.
En este viejo concepto está involucrada una nueva idea de lo que debe ser la Defensa Nacional.
Luego, Von Goltz, en 1893, lo tradujo en el concepto integral de la “nación en armas”, con todo
el potencial de la República, tanto el espiritual como el material, y desde los niños hasta los ancianos
participaban en el concepto de lo que es la Defensa Nacional, con convicción, virilidad y
con un espíritu puesto realmente al servicio de una causa nacional.
Podemos decir que a partir de ese momento y sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial,
el general Ludendorff pone en pie el concepto de lo que es la “guerra total”, es decir, cuando la

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nación juega todo su destino mancomunada en la defensa de lo que son los ideales y los principios
fundamentales en que se fundan los pilares de la nacionalidad. Este concepto, amasado
a través del tiempo, fue recogido parcialmente por nuestra legislación recién en el año 1941,
cuando se dicta la ley 12.709, que al organizar lo que es actualmente Fabricaciones Militares,
penetró en una idea cabal y moderna del concepto de Defensa Nacional.
El 10 de junio de 1944, el general Perón inaugura en la ciudad de La Plata la primera cátedra
de Defensa Nacional, poniendo ese concepto dentro de los claustros universitarios como una
prioridad científica y moderna al servicio del país.
La ley 13.234, dictada en el año 1948, llamada de Organización de la Nación para tiempo de
guerra, es el primer escalón mediante el cual se dan orgánicamente los principios de la Defensa
Nacional. Hoy debemos advertir que el concepto de Defensa Nacional comprende no sólo el
aspecto militar exterior, sino todos los aspectos internos y externos, políticos, económicos y sociales,
que hacen intangibles las bases en las que se sustenta el Estado, sus ideales y sus principios
constitucionales.
El gobierno de facto dicta posteriormente el decreto ley 16.970/66, que mejora la ley 13.234,
adaptándola a un concepto más amplio de la Defensa Nacional, que comprende, además, la ley
del servicio militar, la del servicio civil de defensa, la ley de movilización, la que determina el
potencial humano, la ley de fronteras y de zonas de seguridad.
Todo este complejo civil y militar, que apunta a una estructura orgánica para mantener y
preservar los principios vinculados a la seguridad y objetivos nacionales, es receptado y mejorado
en el proyecto de ley que está a consideración de esta Honorable Cámara.
La ley establece en el título I los principios fundamentales a que acabo de hacer mención, brevemente,
y en su título II su estructura funcional. Esta estructura funcional está compuesta por
tres organismos fundamentales, el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité Militar y la Central
Nacional de Inteligencia.
Del proyecto del Poder Ejecutivo se ha suprimido el denominado Consejo de Seguridad
Interna. Los fundamentos por los cuales la comisión, por unanimidad, decidió suprimir este
organismo se basan en que el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Interna,
ambos presididos por el presidente de la República e integrados por los ministros y los comandantes
generales de las distintas fuerzas, eran entonces órganos diferentes, pero compuestos por
las mismas personas.
Las comisiones han entendido que para evitar una innecesaria burocracia, para no incurrir
en superposición de facultades y para hacer una ley más sencilla, de mayor operatividad y más
simple, debíamos establecer un solo organismo, en lugar de dos —siendo sus componentes los
mismos— y sumar las facultades de uno y otro.
Tuvimos también en cuenta que los problemas que habría de tratar el Consejo de Seguridad
Nacional, problemas que están determinados en el artículo 10 del proyecto que vino del Poder
Ejecutivo y que, fundamentalmente, apuntan al esquema básico de la Defensa Nacional, no pueden
desglosarse fácilmente en los que correspondería tratar al Consejo de Seguridad Interna, que
apuntan esencialmente a cuestiones coyunturales e internas de la guerrilla.
Nosotros entendimos, además, que los problemas internos y los externos en materia de
Defensa Nacional están hoy tan ligados o unidos que en la mayoría de los casos se hace muy
difícil la separación para tratarlos asépticamente, en forma independiente.
Todos estos aspectos —burocráticos, funcionales, operacionales, prácticos y doctrinarios—
han hecho que las comisiones de Defensa Nacional, Asuntos Constitucionales y Legislación Penal
decidieran fundir ambos organismos en uno solo, que funcionará con el nombre de Consejo de
Seguridad Nacional, y estará integrado por los ministros y los comandantes generales, bajo la
presidencia del presidente de la Nación.
Debemos señalar, asimismo, que en el organigrama que resulta de la ley estos organismos
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dependen del presidente de la Nación; así lo determina expresamente el artículo 8°, según el
cual dependerán del presidente el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité Militar y la Central
Nacional de Inteligencia; y por si eso fuera poco, abundando con relación a las prescripciones
que la Constitución establece en cuanto a responsabilidades militares y de defensa otorgadas al
presidente de la Nación, el artículo 6 o del proyecto reitera que, en su carácter de jefe supremo
de la Nación, compete a aquel funcionario “la máxima responsabilidad en la dirección superior
de la Defensa Nacional”, y a él le corresponde cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en la
materia.
El Consejo de Seguridad Nacional es entonces, por debajo del presidente de la República, el
organismo máximo que entenderá en todas las cuestiones de seguridad, sean de índole interna o
externa y trátese de problemas del tipo de la guerra total, de la guerra prevista en la Constitución,
o de problemas internos (desorden, subversión, guerrilla, etcétera).
Es menester hacer notar que por primera vez se ha traducido en la ley, en forma expresa, la
emergencia interna en lo que atañe a la Defensa Nacional, aspecto que está puntualizado en los
incisos j), k) y l) del artículo 10, a través de la competencia que se otorga al Consejo de Seguridad
Nacional. Esas cláusulas legales colocan bajo la dirección del citado organismo la lucha contra
la subversión, el mantenimiento de la paz interior, la preservación del orden institucional y la
dirección de los esfuerzos nacionales encaminados a lograr la seguridad interna. Reitero pues
que este instrumento apunta también, en forma esencial, al ámbito interno en relación con la
Defensa Nacional, concediendo al organismo superior facultades precisas.
Los otros organismos que la ley crea son el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia.
El Comité Militar está presidido por el presidente de la Nación, y el Consejo de Defensa por el
ministro de Defensa e integrado por los comandantes; tanto el presidente de la República como
el ministro de Defensa integran, junto con los comandantes generales de las tres armas, el primero
de los organismos citados, el Comité Militar.
El fundamento de esta dualidad orgánica reside en que todas las cuestiones que se susciten
deben ser resueltas con la presencia y bajo la dirección del presidente de la República, que preside
sólo el Comité Militar. El Consejo de Defensa preparará gran parte de los planes y tareas
que luego han de someterse a resolución del Comité Militar, de acuerdo con el artículo 18; la
diferencia estriba en que el primero está presidido por el ministro de Defensa, y el segundo por
el presidente de la Nación. Esto aclara la confusión que pudiera surgir respecto de las funciones
que desempeñan estos organismos. El Comité Militar, cuya competencia resulta del artículo 13
del proyecto de ley en consideración, está integrado por el presidente de la Nación, que lo preside,
por el ministro de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. A este organismo
compete, fundamentalmente, el aspecto militar de la defensa y tiene poder de decisión.
La dualidad que refleja el articulado de la ley es, por cierto, congruente; responde a la necesidad
de evitar que el presidente de la República deba disponer de excesivo tiempo para el estudio
de los temas, correspondiéndole si, en cambio, presidir los organismos que, en definitiva, deben
resolver o decidir las cuestiones que se consideren.
La ley ha unificado la inteligencia, creando la Central Nacional de Inteligencia, integrada por
la Secretaría de Informaciones del Estado —cuyo titular preside aquel organismo— y los servicios
de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal
Argentina, siendo de competencia de este organismo centralizar toda la materia que se refiere a
inteligencia; es decir, la doctrina a aplicarse, la producción de la inteligencia para la estrategia
nacional y la apreciación permanente de la situación en materia de inteligencia, todo ello referido
al ámbito de la Defensa Nacional.
El Estado Mayor Conjunto es otro de los organismos que crea este proyecto en consideración
—no obstante que ya está funcionando—. Tal como resulta del articulado en consideración,
estará integrado por un oficial superior con jerarquía de general o equivalente por cada

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
una de las fuerzas y su función, entre otras, será la de asistir al Consejo de Defensa, del que
dependerá.
Juega también un papel importante en el proyecto de ley que consideramos el Ministerio de
Defensa, ya que, sin perjuicio de la competencia que le corresponde por la materia en la ley de
ministerios, en el proyecto en consideración se destacan y acentúan algunos aspectos particulares
de la Defensa Nacional en el artículo 16.
Sin abundar en mayores consideraciones, que, por otra parte, surgen claramente del articulado
que debatimos. Todo él organigrama relacionado tiene como centro fundamental de decisión
al Poder Ejecutivo Nacional. De él depende el Consejo de Seguridad Nacional, cuyo titular
es el presidente de la Nación, y que se integra, además, por todos los ministros y los comandantes
generales de las Fuerzas Armadas, delimitándose su competencia en el artículo 10 del proyecto
en examen.
El Comité Militar también depende del presidente de la República y está integrado por éste,
por el ministro de Defensa y los comandantes generales. Por su parte, el Consejo de Defensa es el
que ha de elaborar gran parte de los planes que deberán ser considerados por el Comité Militar
para su decisión final por el presidente de la República. Este Consejo de Defensa es mucho más
restringido porque está presidido por el ministro de Defensa e integrado por los comandantes
generales de las Fuerzas Armadas.
A todo esto se suma la Central Nacional de Inteligencia, que orientará, coordinará y centralizará
a todos los organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad que hay en el país. El
Estado Mayor Conjunto es otro órgano de trabajo integrado por representantes de las Fuerzas
Armadas.
A este conjunto de órganos que hacen a la defensa se suma el Ministerio de Defensa mediante
la competencia que le otorgan la ley de defensa y, específicamente, este proyecto de ley en lo que
hace fundamentalmente a la Defensa Nacional.
En términos generales, señor presidente, todo lo que acabo de expresar es el organigrama que
se desprende muy claramente del texto de este proyecto de ley, es decir, la función que desarrollarán
los organismos que se crean para cubrir el principio de seguridad y de Defensa Nacional.
El título III de este proyecto de ley trata un tema que ha sido motivo de algunas discrepancias.
Sr. Cárdenas.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Cárdenas.
Sr. Cárdenas.—Sin ánimo de perturbar la muy ilustrada exposición del señor diputado
Lazzarini, y atendiendo a la forma en que está desarrollando su disertación, quiero manifestar
mi preocupación sobre el tenor del artículo 25, que va a pasar a analizar de inmediato y que se
refiere al caso de guerra.
Solicito al señor diputado Lazzarini que la comisión, por su intermedio, nos aclare cuál es el
concepto de “guerra” que se toma como base para la redacción de este articulado.
El señor diputado comprenderá que mi preocupación y mi interrogante no son ociosos si
se advierte que la evolución del concepto de los casos de guerra ha sufrido, con el andar de los
tiempos, las modificaciones propias de la complejidad de la vida de las naciones. Al respecto
hago mención a las modificaciones que ha sufrido también —como acaba de expresar el señor
diputado Lazzarini— el concepto de defensa.
Desde ya aclaro que me inclino por considerar —y así pido que se deje constancia— que este
artículo 25, cuando se refiere al caso de guerra, lo está haciendo al caso de beligerancia contra
otro país. Así, evitaremos, a mi juicio, una generalización peligrosa y por medio de la cual se
puede llegar a un fin no querido por este proyecto de ley.
Escucharé con mucha atención la aclaración que estoy solicitando al señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Para mayor claridad de los señores diputados, y respondiendo a la inquietud
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del señor diputado Cárdenas, entiendo que el título III del proyecto de ley en consideración se
puede dividir en dos partes. La primera, compuesta por los artículos 25, 26, 27, 28 y 29, que tratan
sobre los casos de guerra.
En mi opinión, legal y constitucionalmente hablando, sólo hay guerra en los casos previstos
por la Constitución Nacional, o sea, cuando la declara el Poder Ejecutivo con aprobación del
Congreso o cuando éste lo autoriza al Poder Ejecutivo.
De tal manera que los artículos 25 a 29 contemplan los casos de guerra clásica y, por supuesto,
no los de la llamada guerra interna o guerrilla. De ahí que no voy a hacer mayor hincapié
en el tratamiento de estos artículos porque éste es el caso clásico de la guerra y los artículos se han
vertebrado de acuerdo con lo que también es aceptado en la doctrina militar.
Para despejar la preocupación de los señores diputados Cárdenas, Guerrero y Ávila, que en
varias oportunidades me consultaron, debo manifestar que el artículo 25 trata de la guerra declarada
por los organismos competentes de la Constitución y que cuando establece el teatro de
operaciones se entiende por tal el lugar en que se desenvuelven las operaciones militares correspondientes
a la guerra; determina el artículo las circunstancias específicas y graves que se relacionan
con una guerra, sea ella en el territorio nacional o en territorio extranjero. No obstante
la gravedad de esas circunstancias que apunta la ley, el teatro de operaciones siempre deberá ser
declarado por el Poder Ejecutivo y tendrá, como lo señala la ley, denominación expresa, fecha
de entrada en vigencia, etcétera, para determinar con claridad el lugar territorial en que se van a
ejercer las facultades señaladas por los artículos 25 a 29.
Sin entrar en detalles, quiero señalar con respecto al concepto del teatro de operaciones aquello
que en la doctrina militar es una cuestión no discutida y que señala que en el el gobierno civil
y militar están siempre unificados.
Otra es la circunstancia que contempla el artículo 30, que no se refiere a la guerra constitucionalmente
declarada. Por eso es que en los artículos 25 a 29 no se habla de la intervención del
Congreso, porque en estos casos siempre es previa a la entrada en guerra. De modo que cuando
el Congreso declara la guerra, a partir de ese momento automáticamente está otorgando facultades
para que los graves momentos se acomoden a las disposiciones de los artículos 25 a 29. Pero
a partir del artículo 30 se dan también algunas circunstancias muy graves, que la comisión ha
creído conveniente no considerarlas sin la participación de los poderes políticos, sin perjuicio de
la intervención que en todos los problemas le puede corresponder al Poder Judicial.
El artículo 30 se refiere a conmoción interior, pero con una mayor limitación que la que
determina la Constitución para los casos de conmoción interior que dan motivo a la declaración
del estado de sitio. La Constitución, cuando se refiere a los casos de conmoción interior
que posibilitan la declaración del estado de sitio, lo expresa con sentido lato, dejando librado a
los poderes políticos la calificación del estado de conmoción. Pero aquí estamos en presencia de
una conmoción interior calificada por la ley como grave. Es decir, no se trata de una conmoción
interior ordinaria, como las que han dado motivo a la declaración del estado de sitio, donde la
Constitución no limita su alcance; se trata de una conmoción interior originada por personas o
agentes de la naturaleza, cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público
y de las actividades y servicios públicos esenciales. En tal caso, continúa diciendo el artículo
30, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia a parte o partes del territorio
nacional para preservar, mantener o restablecer el orden, asegurar las actividades y servicios
públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el empleo inclusive de las Fuerzas
Armadas. En los supuestos del artículo 30 se está en presencia de una conmoción interior calificada
como grave, sea que ella se origine en personas o en la propia naturaleza, como en el caso
del terremoto de San Juan, que tal vez sea uno de los mejores ejemplos que podemos brindar a
la Honorable Cámara.
Las consecuencias de la declaración de zona de emergencia ante la circunstancia de que

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
pueda producirse un avance sobre las libertades esenciales que garantiza la Constitución, hacen
que si bien la facultad de declarar zona de emergencia debe ser reconocida al Poder Ejecutivo por
necesidad de una decisión política e inmediata, no por ello pueden ser dejados de lado los restantes
poderes del Estado. De ahí que el Congreso no sea ajeno y que quede la puerta abierta para
resolver sobre las circunstancias del caso. Pero no se ha querido limitar la facultad del Congreso
con más términos que los que resultan de la ley: “La declaración de zona de emergencia debe ser
comunicada al Congreso Nacional”. A partir de ese momento podrá ejercer el Congreso todas
sus facultades institucionales, desde la interpelación hasta el juicio político y desde la modificación
de la propia ley hasta el rechazo de la zona de emergencia.
La comisión ha creído, pues, que si bien el Poder Ejecutivo debe ser quien tome la iniciativa
por razones de oportunidad y de apreciación política, el Congreso debe ejercer el control correspondiente
según su competencia constitucional. Y, por supuesto, habida cuenta de que pueden
estar en juego derechos y garantías constitucionales, por el recurso extraordinario establecido
por la ley 48, y sin necesidad de que la ley lo establezca, la Corte Suprema tiene competencia para
la decisión definitiva de los casos. Quiere decir que en los casos a que se refiere el artículo 30 y los
que le siguen, hemos tenido especial cuidado de que todos los poderes constituidos ejerzan las
facultades que les son propias.
Sr. Cárdenas.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Cárdenas.
Sr. Cárdenas.—Como el señor diputado ha mencionado la comunicación al Congreso, debo
entender que se ha referido al artículo 35. Respecto de este artículo hay una duda por despejar.
Sr. Lazzarini.—Ya vamos a llegar al artículo 35.
Sr. Cárdenas.—Como el señor diputado ha llegado a ese artículo, me he permitido llegar yo
también.
Sr. Lazzarini.—No, señor diputado, me estaba refiriendo al artículo 30.
Sr. Cárdenas.—Pero usted ya habló de la comunicación al Congreso a que se refiere el artículo
35. No deseo interrumpir la exposición del señor diputado, pero quiero saber —y formulo esta
pregunta para que sea contestada al considerarse el artículo 35— qué extensión tiene la siguiente
frase: “Asimismo, podrá subordinarse total o parcialmente las autoridades con jurisdicción dentro de
la zona”. El texto se refiere a las autoridades que podrían subordinarse al comandante de la zona
de emergencia y queremos conocer si se refiere solamente a las autoridades de seguridad, o si también
puede abarcar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras legislativas de una provincia determinada.
Sr. Lazzarini.—Reitero que a partir del artículo 30 inclusive, las comisiones han sostenido
como principio fundamental que el Congreso no sea ajeno a las medidas que se adopten, como
ocurrió anteriormente en circunstancias en que se puso en funcionamiento este tipo de prescripciones,
tan necesarias para las desgraciadas circunstancias en que ha vivido y sigue viviendo
el país, atendiendo fundamentalmente a la necesidad de que todos los poderes políticos de la
Nación participen de la responsabilidad que la Constitución les otorga. Por ello el artículo 30
establece la participación del Congreso de la Nación, reiterada en los artículos siguientes; hemos
preferido insistir en esa participación para dejar claramente sentada la idea.
Sr. Acevedo.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Acevedo.
Sr. Acevedo.—Si no he entendido mal, señor diputado, el que la declaración de zona de emergencia
deba ser comunicada al Congreso de la Nación —según lo establece la última frase del
artículo 30— es al efecto de que éste ratifique o deseche, si así lo entiende, aquella declaración.
Sr. Falabella.—Si el señor miembro informante me permite.
Nuestra preocupación es la siguiente: deseamos saber si de acuerdo con los artículos 30 y 35
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el Congreso está facultado solamente para recibir la información —con lo cual quedaría en una
situación pasiva dentro del ordenamiento— o si puede modificar, revocar o asumir la medida, es
decir, si además de enviarle una simple comunicación se le solicita autorización para convalidar
la medida anteriormente adoptada.
Sr. Romero.—Si el señor diputado me permite…
Entiendo que, hasta donde el señor diputado ha expuesto, la pregunta formulada por el señor
diputado Cárdenas ha quedado sin respuesta.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor miembro informante.
Sr. Lazzarini.—No hemos querido poner limitaciones a las facultades del Congreso. La comunicación
al Congreso no significa el envío de información a un convidado de piedra. Acabamos
de decir que el Congreso puede, si lo quiere, ser protagonista en esta cuestión; pero no podemos
obligarlo a participar. El Congreso considerará el caso y, por supuesto, si puede lo más, puede
también lo menos, al notificarse de la comunicación, puede llegar a modificar la ley, que tiene el
mismo trámite, de la ratificación o rectificación de la declaración de zona de emergencia.
Hemos querido dejar al Congreso toda la competencia constitucional que tiene: puede intervenir
la provincia en que haya ocurrido el caso, puede declarar el estado de sitio —si no hubiera
sido declarado anteriormente—, puede interpelar al ministro y al comandante correspondiente,
o puede iniciar el juicio político al responsable, si se trata de alguno de los funcionarios pasibles
de ese juicio.
Sr. Falabella.—No me ha contestado, señor diputado.
Sr. Acevedo.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Acevedo.
Sr. Acevedo.—La pregunta que concretamente formulo al señor miembro informante consiste
en saber si el Congreso de la Nación, de acuerdo con la interpretación que formuló, está o
no facultado para dejar sin efecto la declaración de zona de emergencia.
Sr. Lazzarini.—Las facultades del Congreso son amplias y ésa es la razón por la cual no se
las ha querido circunscribir. Las facultades del Congreso son tan amplias que puede declarar su
voluntad con relación a la zona de emergencia, pudiendo llegar, inclusive, al juicio político y
también a modificar la ley, lo que se lleva a cabo con el mismo trámite que para la declaración de
aprobación o no de la zona de emergencia.
Es decir, que el Congreso, una vez que ha recibido del Poder Ejecutivo la declaración de la
zona de emergencia, tiene las más amplias facultades para resolver sobre la cuestión. Esa es la
razón por la cual no se ha querido limitar al Congreso en su competencia constitucional.
Sr. Cárdenas.—Pero, ¿cuáles son las autoridades que están subordinadas?
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia advierte que hay una larga lista de oradores anotados.
Por ello, exhorta a los señores diputados a que escuchen la exposición del señor miembro
informante y luego efectúen los interrogantes que deseen efectuar.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Volviendo un poco atrás —las interrupciones nos alejaron un tanto—, el
artículo 31 establece también la delimitación de la zona de emergencia; la fecha de entrada en vigencia
y la delimitación precisa, con el detalle de la circunscripción, etcétera. También establece
quién será el comandante de la zona de emergencia que, por supuesto, depende exclusivamente
en todos los casos del presidente de la República. Vuelvo a reiterar que en todos estos mecanismos
operacionales de la ley de defensa está comprometida directamente la responsabilidad del
Poder Ejecutivo.
Vamos a entrar al artículo 35 de la ley, algunos de cuyos comentarios se han anticipado en
parte por las interrupciones que hemos contestado.
Sr. Mauhum.—¿Me permite una interrupción, antes de pasar al artículo 35?

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Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Mauhum.—Creo de suma importancia que el señor miembro informante, que está haciendo
una magnífica y minuciosa exposición, nos aclare el alcance de esta última parte, porque,
a mi juicio, va a ser de capital importancia para una correcta interpretación de la ley. Es cierto
que la declaración de zona de emergencia deberá ser comunicada al Congreso de la Nación y he
interpretado bien lo expresado por el señor diputado en cuanto a los alcances de esa intervención,
que puede llegar hasta el rechazo de la zona de emergencia declarada. Pero tengo una gran duda:
¿qué ocurre cuando el Poder Ejecutivo no informa o no comunica al Congreso la declaración de
la zona de emergencia? A juicio del señor miembro informante, ¿el Congreso puede, en ese caso,
actuar espontáneamente, notificado simplemente por la información pública de tal declaración?
Deseo conocer cuál es la respuesta del señor miembro informante porque considero que es
de capital importancia para la correcta interpretación de la norma.
Sr. Lazzarini.—En el caso que plantea el señor diputado Mauhum nos encontramos ante el
supuesto en el que el Poder Ejecutivo no cumple con su deber legal y constitucional. No sólo en
esta cuestión que estamos tratando, sino en todas aquellas en que el Poder Ejecutivo no cumpla
con las obligaciones que la ley y la Constitución le imponen, el Congreso tiene la facultad constitucional
de interpelación y de juicio político.
Al ejercer cualquier facultad legal, el Poder Ejecutivo puede o no cumplirla, o bien cumplirla
mal. En esas circunstancias se pueden dar las causales establecidas en la Constitución Nacional
para realizar el juicio político.
Sr. Mauhum.—Concretamente, lo que me interesa saber es si a juicio del señor miembro
informante puede intervenir espontáneamente el Congreso en este supuesto de una medida tan
importante como es la declaración de zona de emergencia. Ante la posibilidad de que no exista
comunicación al Congreso, entendemos que los recursos de que dispone el Parlamento, entre
ellos el del juicio político, pueden ser sumamente lerdos. Es por eso que me interesa su opinión
acerca de la posibilidad de que, en tal supuesto, el Congreso acuda espontáneamente.
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado. El Congreso puede operar de oficio, ya que se trata de una
facultad que le otorga la ley.
Sr. Mauhum.—¿Sin esperar la comunicación?
Sr. Lazzarini.—Por supuesto, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia ruega a los señores diputados que no dialoguen.
Insiste, además, en el método que se está aplicando, ya que nos encontramos en el debate en
general y hay numerosos oradores anotados que van a hacer sus planteos, que serán luego contestados,
al cierre del debate, por el miembro informante.
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Falabella.
Sr. Falabella.—Lo más importante en la actividad de la Cámara es el debate, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Pero no el diálogo, señor diputado.
El debate se está haciendo, y por eso la Presidencia invita a los señores diputados a plantear
sus opiniones en la oportunidad de realizar sus exposiciones.
Sr. Falabella.—La voz interpretativa es la del miembro informante. Después, cada uno de los
señores diputados hará su exposición. Pero es decisivo que en este punto, donde se reemplaza
una fuente de autoridad por delegación, se determine cuál es su límite. Le he preguntado al señor
diputado Lazzarini si el Congreso delega esa facultad sin retener el poder de revisión, y eso es lo
decisivo y lo importante.
Llamo la atención del señor diputado sobre lo que sería en nuestro ordenamiento constitucional
una comunicación a posteriori y que el Congreso disponga como único recurso para
modificar dicha medida de una interpelación, cuando se dan hechos que pueden ser irreversibles,
que forzarían a sólo contemplarlos o a usar de la facultad del juicio político. Lo que el señor diputado
Lazzarini parece aceptar es una delegación total de la fuente de autoridad.
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Lo que debió preverse es la facultad del Congreso para autorizar la medida. Nos interesa que
el señor miembro informante nos diga si ése es el sentido del artículo y, en tal caso, habría que
redactarlo con mayor claridad.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Quiero aclarar perfectamente que el Congreso no delega ni podría delegar
de ninguna manera facultades que le otorga la Constitución. Al contrario, en vez de delegar, desistir
o apearse de la competencia que tiene, las ejerce. Y las podría ejercer, en mi concepto, aun
cuando la ley no lo dijera, porque esas facultades le están dadas por la Constitución, a pesar de las
limitaciones que pudiera imponer la ley. Creo que he sido suficientemente claro.
Sr. Acevedo.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Acevedo.
Sr. Acevedo.—Quería abundar en una reflexión más acerca de la pregunta que formuló el
señor diputado Mauhum.
Entiendo que la circunstancia de que la declaración sea comunicada por el presidente de
la Nación no excluye, por supuesto, la facultad que el propio Congreso tiene en el supuesto de
conmoción interior. A mi juicio, la idea que suministra el señor miembro informante no es la
que nos proporciona el artículo 23. Consiguientemente, de acuerdo con lo previsto en el inciso
26 del artículo 67 de la Constitución, es obvio que el Congreso de la Nación tiene facultades para
adoptar en este caso las medidas que a su juicio correspondan.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Lo que aclaré con respecto al artículo 23 del texto constitucional es que
cuando se refiere al estado de sitio menciona el caso de la conmoción interior, sin tipificar específicamente
en qué consiste. Conforme a la doctrina uniforme, son los poderes políticos los
que se hallan facultados para determinar en qué momento y por cuáles razones se dan las circunstancias
de conmoción interior, pero en este instrumento legal la conmoción está calificada
expresamente.
Vale decir que las situaciones son muy diferentes; el Congreso tiene amplias facultades para
determinar cuándo existe el caso de conmoción interior que puede dar lugar al estado de sitio;
pero en este supuesto en que la conmoción interior está tipificada y delimitada concretamente
por la ley, diferente es la situación del Poder Ejecutivo y del Congreso. Se trata de cosas distintas,
y ese es el aspecto al cual me he referido.
Sr. Acevedo.—A mi juicio, el artículo 23 de la Constitución Nacional, al referirse a la conmoción
interior, en que habla de “la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden”
que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades por ella creadas, está
tipificando en qué consiste la conmoción interior. A mi modo de ver, esa circunstancia no difiere
del supuesto establecido en el artículo 30 del proyecto de ley que tenemos en examen. De allí que
yo sostenga que la hipótesis de la conmoción interior del artículo 30 del proyecto en estudio sea
similar a la que prevé la Constitución Nacional en su artículo 23.
Sr. Lazzarini.—Reitero que en el concepto de la comisión se trata de dos cosas distintas y,
personalmente, pienso, además, que la propia doctrina así lo ha determinado. Me remito para
ello a todos los casos en que se ha declarado el estado de sitio; un breve análisis nos permitirá
advertir la variable gama de las circunstancias de conmoción interior que se han tomado en
cuenta, desde causas graves hasta algunas que objetivamente no lo fueron. Pero en tales casos no
se pudo hacer absolutamente nada por tratarse de valoraciones políticas que los poderes políticos
hicieron en momentos y en supuestos determinados.
Una conmoción leve, por ejemplo, puede transformarse en conmoción grave, frente a circunstancias
graves y, por otro lado, una conmoción aparentemente grave puede no serlo tanto en
circunstancias en que la Nación se halle en condiciones de defenderse, aun dentro de la gravedad.

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En cambio, de acuerdo con este instrumento legal, debe tratarse siempre de circunstancias
graves, porque así lo delimita y circunscribe la ley. Reitero, en consecuencia, que se trata de
supuestos muy distintos. Por eso puede declararse un estado de emergencia, sin que el poder
político deba considerar que ha llegado el caso de declarar el estado de sitio. Y repito que, en
mi concepto personal, es más grave el caso del estado de sitio que la declaración de zona de
emergencia que contempla este proyecto de ley. En este último caso no se puede detener ni
trasladar a personas sin causa legal alguna, ni están de ningún modo suspendidos los derechos
y garantías constitucionales, como lo están en el supuesto del estado de sitio del artículo 23 de
la Constitución Nacional. Son dos cosas muy distintas. Conmoción es un término para tipificar
una idea, pero con la diferencia de que en la ley la conmoción interior se halla reducida a las expresiones
limitativas que la propia ley establece.
Sr. Arigós.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—En honor a la importancia de la ley voy a admitir todas las interrupciones,
siempre que se descuente el lapso de las mismas del tiempo que reglamentariamente me
corresponde.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia sugiere como método a seguir que cada orador
plantee en su respectiva exposición —ya que se observa que los señores diputados que piden
interrupciones son los mismos que están anotados para hacer uso de la palabra—, de modo que
el señor miembro informante, al término del debate, exprese su opinión en el carácter que ha
asumido.
Sr. Arigós.—Es sólo para una breve interrupción.
El señor miembro informante nos ha dicho que, según su interpretación, es más grave el caso
previsto en el artículo 23 de la Constitución, que posibilita la declaración del estado de sitio, que
el que se prevé en el artículo 30 del proyecto, porque, a pesar de que las circunstancias sean graves,
podrían serlo menos que las de la conmoción prevista en el artículo 23 de la Constitución.
Sin embargo, el artículo 35 del proyecto, que se relaciona con el 30, se refiere también a zonas de
emergencia y prevé la posibilidad de que el comando pueda dictar bandos y crear tribunales militares,
lo que en la práctica significa que incluso la vida de las personas puede estar a disposición
o a las resultas de un juicio sumario o sumarísimo, pudiendo decretarse hasta el fusilamiento del
imputado.
Para nosotros, por tanto, el supuesto que contempla el proyecto, en sus artículos 30 y 35,
reviste una gravedad mayor que la contemplada en el artículo 23 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: a poco que adviertamos la importancia que tiene desde
el punto de vista constitucional el estado de sitio, veremos que las previsiones del proyecto que
consideramos no revisten una gravedad mayor que aquel. Durante la vigencia del estado de sitio
están suspendidos todos los derechos constitucionales; ésa es la interpretación que ha dado la
Corte Suprema al artículo 23 de la Constitución y ésa es la doctrina sustentada por Joaquín V.
González, González Calderón, así como otros tratadistas. La suspensión de los derechos constitucionales
otorga al Estado la facultad de realizar actos sin obstáculo alguno derivado de aquellos
derechos. Uno de esos actos —lo establece el propio artículo 23 de la Constitución— es la
competencia que tiene el Poder Ejecutivo para detener y arrestar personas en virtud de un simple
decreto sin fundamentación alguna, como lo hemos visto y lo seguimos viendo en la práctica.
Tal vez no advirtamos la importancia que tiene el estado de sitio porque nos hemos acostumbrado
a su vigencia por los muchos años que hemos vivido con su ejercicio constante, pero
lo cierto es que se trata de una institución en la cual están suspendidos todos los derechos constitucionales
y en la que el Poder Ejecutivo —y también el Legislativo porque la ley fundamental
no establece limitación— puede realizar cualquier acto sin hallar impedimento en los aludidos
derechos consagrados por la Constitución Nacional. A mayor abundamiento, la propia Carta
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Magna se encarga de decir que el Poder Ejecutivo puede detener y trasladar personas sin otro
requisito que su sola voluntad y fundamentación.
Si nos olvidamos por un momento de las limitaciones que en la práctica se impone y reparamos
en lo que significa el ejercicio pleno del estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo, hemos
de advertir que las consecuencias que trae aparejado, en cuanto a la libertad personal y los derechos
constitucionales, el ejercicio del estado de sitio son mucho más graves que las que resultan
de este estado de emergencia que consideramos —repito— es un estado de conmoción interna
perfectamente tipificado, aclarado y delimitado mediante la disposición legal proyectada.
Sr. Marino.—Si me permite el señor diputado…
Sr. Presidente (Pereira).—Para una breve interrupción tiene la palabra el señor diputado
Marino.
Sr. Marino.—El señor miembro informante acaba de manifestar que durante la vigencia del
estado de sitio quedan suprimidos todos los derechos constitucionales. Le solicito al señor diputado
Lazzarini me explique a qué se ha querido referir con exactitud, ya que con ese criterio
podría retirarme del recinto y posesionarme del automóvil del señor diputado, ello con el pretexto
de que está suprimido el derecho de propiedad, que es uno de los derechos que consagra la
Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: aunque en forma breve, es mi deseo contestarle al señor
diputado Marino.
Las causas y las consecuencias del estado de sitio las tengo claramente analizadas en un artículo
publicado en “Jurisprudencia Argentina” el 3 de agosto de 1970, al que me remito. Efectivamente,
el estado de sitio significa la suspensión de todos los derechos constitucionales, pero no para
los particulares. Es decir, que la suspensión de los derechos constitucionales no implica que lo
estén para mí, para fulano o para mengano, frente a otra persona, sino que significa una opción
a favor del Estado. Se trata de que el Estado, en el sentido lato del término —inclusive el mismo
Parlamento—, pueda actuar sin que los derechos constitucionales le pongan un obstáculo.
Tanto es así, que todas las cuestiones que surgen con motivo del ejercicio por parte del Poder
Ejecutivo del estado de sitio, lo son justamente porque el poder administrador actúa sin la valla
de los derechos constitucionales, con lo cual todos los casos llegan a la Corte Suprema de la
Nación. Esto es así desde el “caso Sofía”, en que la Corte Suprema ha sostenido que los derechos
constitucionales están levantados, salvo algún ejercicio razonable de control constitucional que
ejerce el Poder Judicial cuando se trata de arbitrariedades palmarias y evidentes. En ningún caso
la Corte Suprema ha sostenido otra tesitura que la que acabo de expresar.
Sr. Marino.—Le expreso al señor diputado que no es necesaria la expropiación sino simplemente
la confiscación.
Le agradezco al señor diputado Lazzarini, de origen conservador, esta interpretación.
Sr. Grau.—¿Me permite una interrupción, señor diputado Lazzarini?
Sr. Lazzarini.—Con mucho gusto, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Grau.
Sr. Grau.—No podía dejar pasar en silencio la interpretación que ha formulado el señor diputado
Lazzarini con respecto al estado de sitio, porque como bien lo ha dicho el señor diputado
Marino, aunque no comparta el ejemplo que ha dado, si nosotros entendiéramos por suspensión
de las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 23 de la Constitución Nacional, la
suspensión de todos los derechos comprendidos en el capítulo de “Declaraciones, derechos y garantías”,
aceptaríamos también que podría restablecerse la pena de muerte por causas políticas,
que podría existir la esclavitud, que podrían desaparecer los jueces naturales y todas las garantías
del debido proceso, que siempre subsisten aún con el estado de sitio.
Nuestra interpretación —que no es precisamente la de la Corte que ha mencionado el señor

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diputado— es que la aplicación del estado de sitio provocaría una restricción en cuanto a la libertad
personal de toda la población de acuerdo con las facultades que le confiere, al presidente
de la República, el artículo 23 de la Constitución Nacional.
Esta es la interpretación más lógica y más conveniente, en homenaje a la propia seguridad de
todos los habitantes del país.
Muchas gracias, señor diputado Lazzarini.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Quiero advertir a los señores diputados que esta interpretación que he desarrollado
en el curso de mi exposición no es más que la doctrina de Joaquín V. González, de
Montes de Oca, de González Calderón y la de la Corte Suprema, tal como lo ha dejado establecido
mucho antes del “caso Sofía”, en 1959, pasando por todos los casos registrados en los repertorios
de los fallos de la Corte Suprema, que lo ha hecho con bastante asiduidad en los últimos años.
Le repito al señor diputado Grau que la suspensión de los derechos constitucionales significa
una opción a favor del Estado para poder actuar con libertad. Es decir, por ejemplo, que no se
suspende el derecho a contraer matrimonio ni el derecho a transitar y salir del territorio, como
tampoco el de publicar las ideas por la prensa, porque lo que quiere decir la Constitución es que
cualquiera de esos derechos no serán obstáculos cuando el Estado pueda realizar algún acto que
los afecte. Esa es la jurisprudencia de la Corte hasta ahora. Esa es, además, la doctrina a que acabo
de hacer referencia.
Sr. Portero.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Portero.
Sr. Portero.—En primer lugar, el señor diputado Lazzarini dice que esa es la doctrina de
la Corte y cita a González Calderón y a Montes de Oca. Lo que ocurre es que falta completarla
diciendo que los que quedan suspendidos no son los derechos sino las garantías. En segundo
término, la suspensión es al sólo efecto de que se pueda ejercitar el gobierno de los poderes de la
Nación o restablecer las autoridades si hubiere peligro con la conmoción interior, es decir, conmoción
interior que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución o las autoridades creadas por
ella. De manera que de ahí en adelante todos los demás derechos y garantías subsisten porque
de lo contrario se llegaría al caos jurídico. Sin embargo, los casos que irá mencionado el señor
diputado Lazzarini se refieren a autorización para realizar actos —el “caso Sofía”— y a una serie
de aspectos restrictivos de la libertad de prensa que solamente pueden ejercitarse dentro de los
límites de la Constitución, como para arrestar o trasladar las personas de un lugar a otro de la
República, las facultades del presidente se limitan solamente a eso; o sea a trasladar o a arrestar a
las personas. No cabe otra interpretación, salvo la mención que se ha hecho respecto del derecho
de expresar las ideas por medio de la prensa, del derecho de reunión, en los casos citados por el
señor diputado. Además, hay que analizar la composición de cada corte, inclusive las que han
correspondido a gobiernos de facto.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—A pesar de que no quiero entrar a un debate sobre esta cuestión, no puedo
dejar pasar por alto algunas de las manifestaciones del señor diputado Portero.
En primer lugar, en mi opinión, el señor diputado está equivocado al hacer diferencias entre
derechos y garantías, que es una terminología que la Constitución emplea en forma indiferente
y que viene de la Revolución Francesa. En los términos del artículo 23, “derecho” es lo mismo
que “garantía” y la Constitución emplea ambos términos indistintamente para referirse a los
derechos. Esta idea viene desde la época en que la Revolución Francesa sanciona los derechos
individuales y que aparecen en las primeras constituciones escritas, cuando se sostenía que los
derechos estaban garantizados porque estaban en la Constitución.
También hemos visto que no ha sido así y que ha habido que crear garantías como el
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habeas corpus y el amparo para garantizar los derechos determinados por la Constitución. La
Constitución habla de derechos y garantías refiriéndose a los derechos constitucionales y este
equívoco nace de la terminología que se emplea cuando la Revolución Francesa introduce los
derechos en la Constitución, que entonces se consideraba que habían dejado de ser derechos
para convertirse en garantías, dado que figuraban en forma expresa fijados por la Constitución.
El artículo 23 se refiere a los derechos y las garantías en forma indistinta, señalando así todos los
derechos constitucionales.
La Corte ha sido invariable, incluida la época en que el partido del diputado Portero era
gobierno, momento en que se dio el “caso Sofía”, donde la Corte, interpretando la doctrina con
Montes de Oca, González Calderón y otros autores, dijo que el estado de sitio significa la suspensión
de todos los derechos constitucionales, fallo que contó con el voto del doctor Oyhanarte,
que integraba la Corte política de la época. Desde antes, y a partir de entonces, no conozco
ningún fallo que haya variado esa posición que coincide con la doctrina. Las limitaciones que el
Poder Judicial ponía antiguamente en estos casos de revisión de actos del Ejecutivo eran mucho
más restringidas, porque ni siquiera los entraba a tratar diciendo que eran cuestiones políticas.
Sr. Portero.—Quiero hacer este agregado, con el permiso del señor diputado…
El hecho de que miembros de este Congreso hayamos participado en la integración de gobiernos
que pueden haber cometido errores o actos negativos, que han llevado al país a situaciones
de deterioro y de desencuentro, no nos debe colocar —por lo menos es mi actitud— en la
necedad de seguir insistiendo en que ésa es la doctrina correcta. Por el contrario, debemos estar
en una actitud de ofrenda y de búsqueda de la verdad para corregir lo que pudo haber estado mal.
Además, la historia constitucional no empieza en 1958, sino mucho antes, y hay votos y
acuerdos de la Corte que no dijeron eso. Inclusive hay disidencias del doctor Boffi Boggero y del
doctor Laplaza que informan una doctrina distinta a la citada por el miembro informante.
Nuestra preocupación no debe consistir en determinar quién tuvo razón o quién integró un
gobierno que pudo estar mal, sino en que hoy debemos interpretar la Constitución. Ya tuvimos
esta discusión con el señor diputado Lazzarini e insisto en que cuando la Constitución dice “garantías”
se refiere a garantías, cuando dice “derechos” se refiere a derechos y cuando se refiere a
derechos y garantías así lo dice, como en el artículo 28.
Yo comprendo el esfuerzo dialéctico del señor diputado Lazzarini como conozco también
los esfuerzos dialécticos que han debido hacer muchas veces los ministros de la Corte para dictar
fallos que han significado el cercenamiento de libertades fundamentales —físicas, individuales y
de expresión política— y, al mismo tiempo, la limitación no sólo de garantías sino de derechos.
De todos modos, pienso como el señor diputado Lazzarini que la que estamos utilizando no
es una forma conducente. Le agradezco la interrupción que me ha concedido y volveré sobre
esto cuando me corresponda intervenir. Pero no quería dejar pasar por alto la oportunidad de
expresar que el hecho de que un gobierno haya actuado mal o haya cometido un acto negativo
para el país de ninguna manera inhabilita a quienes actuaron en él, y tal vez mantuvieron en su
momento una disidencia, para decir hoy lo que honradamente creen que corresponde, según el
mandato que han recibido.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Aclaro que solamente he querido marcar que esto que digo, que es doctrina,
ha sido el pensamiento de la Corte, salvo algunas disidencias personales. Pero quisiera que se me
trajera algún fallo de la Corte que diga lo contrario.
Deseo aclarar asimismo que no mencioné el “caso Sofía” porque el fallo se haya producido en
oportunidad en que ejercía el gobierno el partido a que pertenece el doctor Portero, sino porque
es un leading case a partir del cual se establece realmente una diferencia entre la interpretación
anterior de la Corte y su interpretación posterior. En efecto, a partir de ese caso comienzan a
revisarse algunos actos del Poder Ejecutivo, siempre que den lugar a una arbitrariedad o que

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envuelvan una evidente irrazonabilidad. Por eso cité el caso y no para afectar la sensibilidad política
del señor diputado Portero.
Retomando la filosofía de la ley, no quiero dejar pasar por alto que el artículo 34 establece
que, no obstante la gravedad de la circunstancia las autoridades nacionales, provinciales y municipales
con asiento en la zona de emergencia continuarán en el ejercicio de sus funciones prestando
la colaboración correspondiente a la autoridad federal.
No debemos olvidar, señor presidente, que estamos en presencia de una ley federal, tanto
por su doctrina como por su ejercicio, y en tal virtud la ley quiere dejar muy en claro que las autoridades
provinciales siguen en pleno ejercicio de sus funciones pero prestando, naturalmente,
la colaboración que constitucionalmente están obligadas a hacer a las autoridades federales que
actúan en función de la ley de defensa.
Nosotros hemos establecido en el artículo 35, y valga para él todo lo que hemos dicho ya
al tratar el artículo 30 in fine, aquella fórmula de que estas decisiones serían comunicadas al
Congreso.
Y el artículo 35 se refiere a dos aspectos, a la facultad que puede otorgar el presidente de la
Nación al comandante de la zona de emergencia para dictar bandos y crear tribunales militares
y, también, a la facultad de subordinar, parcial o totalmente, a las autoridades con jurisdicción
dentro de la zona. En realidad, lo que la ley ha querido es que el Congreso no sea ajeno al control
que debe y tiene la obligación de realizar ante la gravedad que pueda traer aparejada la puesta
en práctica de este artículo. Y este control —vuelvo a repetir— no tiene límite alguno; por eso
se ha circunscrito a poner de resalto en la ley la facultad del Congreso para ejercer el derecho de
control y de revisión de esta circunstancia, que puede ser de suma gravedad, con las más amplias
facultades constitucionales.
Repito que la ley establece con toda claridad que en todas estas circunstancias siempre será
el Poder Ejecutivo Nacional quien ha de resolver, los casos que, reitero, puede controlar el
Congreso. De tal manera que estas circunstancias, que pueden dar lugar a casos muy graves, no
están ajenas al control y a la competencia que deben ejercer los poderes políticos constitucionales:
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Más adelante se establece en esta misma ley que los magistrados judiciales que desempeñan
funciones en la zona de emergencia mantendrán toda su competencia, que será, naturalmente,
sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares que se creen.
Sr. López (H. F.).—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. López (H. F.).—Es para hacerle una pregunta al señor miembro informante sobre la interpretación
del artículo 35, cuando se subordinan totalmente las autoridades dentro de la zona de
emergencia. Desearía saber si quedarían en la misma situación jurídica que contempla el artículo
28 en el teatro de operaciones, cuando dice que por delegación del presidente comprende la totalidad
del gobierno civil y militar. Es decir, si caducan los mandatos de los gobernadores y si se
mantienen las legislaturas provinciales.
Sr. Lazzarini.—Son dos casos distintos: una cosa son los casos de guerra, de los artículos 25
al 29, y otro caso es el de zona de emergencia. En realidad, interviniendo los poderes Ejecutivo y
Legislativo —si entramos a analizar esta medida— nos vamos a encontrar que aún en su máxima
gravedad es menos grave que una intervención federal, que es competencia justamente de estos
dos poderes. De tal manera que yo quiero advertir al señor diputado que ya la Constitución ha
otorgado a los poderes Ejecutivo y Legislativo la posibilidad de adoptar una medida mucho más
grave que ésta, como lo es la propia intervención federal.
De modo tal que esto siempre va a ser una intervención menor para la emergencia y, por
supuesto, no trae aparejado el decaimiento del ejercicio de las funciones de las autoridades constituidas
sino que solamente las subordina para la emergencia y mientras ella dure.
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Vuelvo a repetir que ya la Constitución ha otorgado a los poderes Ejecutivo y Legislativo
en conjunto una facultad mucho más grave que ésta, que es la intervención federal, ante la cual
sí decaen totalmente todas las autoridades legales constituidas, en tanto que esta disposición
establece una subordinación que el Poder Ejecutivo determinará y limitará con el control del
Congreso y que se mantendrá, por supuesto, durante el tiempo por el que se prolongue la declaración
de zona de emergencia, la que tendrá fecha de comienzo y de terminación, según lo
establece el artículo que ya hemos analizado.
¿Está claro, señor diputado?
Sr. López (H. F.).—Sí, señor diputado. Quiere decir que según esa interpretación, en el caso
del artículo 28 los gobernadores mantienen su mandato y funcionan o se suspenden las actividades
de las legislaturas provinciales. En el caso del artículo 35, la subordinación sería total.
Sr. Lazzarini.—Se trata de una subordinación, como bien dice la ley; no hay decaimiento del
mandato ni de las facultades que otorga la Constitución provincial, sino que existe una situación
que es de emergencia, que la Constitución pone a cargo del Poder Ejecutivo con el control del
Congreso. Esta situación se mantiene durante el estado de emergencia con los límites que establezca
el Poder Ejecutivo al otorgar la facultad, como lo dice la ley.
Sr. Arigós.—En el artículo 35 se plantea una duda que el señor miembro informante nos va
a poder aclarar.
Dice la norma que cuando la gravedad de la situación lo aconseje el Poder Ejecutivo podrá
asignarle al comandante de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos y crear los
tribunales militares correspondientes. Estos tribunales militares habrán de regir para los civiles,
porque para los militares ya existe el Código de Justicia Militar y los tribunales pertinentes. De tal
manera, que aunque diga el señor miembro informante que este artículo 35 prevé un caso menos
grave que aquel que contempla el artículo 23 de la Constitución Nacional, en el mismo se está
dando al comandante de la zona de emergencia la facultad de crear tribunales militares.
Puedo estar equivocado y de ahí viene el pedido de aclaración al señor miembro informante,
en el sentido de si esos tribunales militares van a juzgar a los civiles. Entiendo que la rectificación
va a ser oportuna.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Es correcto el sentido de la interrupción del señor diputado Arigós.
Quiero comenzar por señalar que los tribunales militares han sido reconocidos por la
Constitución y por la Corte en diversos fallos, por ejemplo en los que figuran en el tomo 101,
página 354, tomo 236, página 588, y otros. Además, la Corte, en el primero de estos fallos que
menciono, ha reconocido también la validez de los consejos de guerra especiales frente a la prohibición
de las comisiones especiales contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Es decir que, cuando la disposición se refiere a los tribunales militares contempla a aquellos
que la Corte ha considerado legalmente constituidos y, por cierto, a los regulados por el Código
de Justicia Militar. No se trata de nuevos tribunales sino de los ya legislados y declarados válidos
por la Corte. Esto, en primer término.
En segundo lugar, es cierto que, dadas las circunstancias graves a que se refiere el artículo,
se aumenta el número de personas sometidas a los tribunales militares. Pero, en realidad, debo
advertir que todos los años se aumenta naturalmente el número de personas sometidas a tribunales
militares, pues cuando se lleva a cabo la incorporación permanente de civiles a las Fuerzas
Armadas, cada clase queda sometida a los tribunales militares.
Además, la Corte ha reconocido esta facultad en los casos de gravedad que establece la
Constitución. En el caso “Rodríguez, Juan Carlos y otros”, en la página 116 del tomo 254 de la
colección Fallos, la Corte ha reconocido la facultad de extender la competencia de los tribunales
militares en estos casos de emergencia. Se ha entendido que la sujeción de civiles a tribunales
castrenses, en el supuesto de delitos vinculados a las actividades que son motivo de la declaración

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de zona de emergencia —y así lo ha sostenido la Corte—, son una consecuencia de la atribución
constitucional y se apoya para ello en los incisos 23 y 24 del artículo 67, y en la última parte del
artículo 109 de la Constitución Nacional.
En el fallo que acabo de citar, la Corte ha sostenido, con la disidencia de uno solo de sus
miembros, que procede extender la competencia de los tribunales militares, dentro de las limitaciones
de la ley, cuando la gravedad y la necesidad de las operaciones que se llevan a cabo así
lo justifican.
Pareciera que el objetivo de la ley, en estas circunstancias de gravedad, no puede verse limitado
en cuanto a la competencia de los tribunales militares. En esta forma creo dejar aclarada la
pregunta que se ha formulado.
Además, quiero advertir que la Corte en varias oportunidades —y sobre todo en el caso que
mencioné, publicado en “Jurisprudencia Argentina” el 4 de diciembre de 1962— sostuvo que lo
fundamental es la eficacia del Estado para defenderse en estas circunstancias. Tenemos que partir
de la base que el Estado tiene derecho, dadas las causas graves a que se refiere la ley, a su autodefensa.
Si el Estado tiene derecho a esta defensa hay que buscar su eficacia y la extensión mínima
que la ley establece de los tribunales militares, en relación con las fuerzas en operaciones, es una
contribución legal y constitucionalmente válida. Así lo ha reiterado la Corte en varias oportunidades
y, además, debemos tener en cuenta que en estos casos la fuerza militar actúa como
coadyuvante o como auxiliadora del objetivo fundamental de la ley, que es aventar la perturbación
y los casos graves que traen aparejados la declaración de la zona de emergencia.
En todas estas circunstancias coadyuva también a la solución del problema la facultad constitucional
establecida en el inciso 23 del artículo 67 de la Carta Magna, que cuando admite la
autorización para la reunión de milicias dice, en la parte final, que el Congreso está facultado
para dictar los reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. Al referirse a la
reunión de las milicias, en el inciso 24, establece que se la dispondrá “cuando lo exija la ejecución
de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones”. En la
parte final de este mismo inciso se prescribe “el cuidado de establecer en su respectiva milicia la
disciplina prescrita por el Congreso”.
La intervención de los tribunales militares está en función de los bandos y de las facultades de
dichos tribunales. Por ello es que la propia ley establece la potestad de los tribunales civiles para
continuar en pleno ejercicio de las funciones que son de su competencia. Es decir que habría dos
tipos de tribunales y cada uno operaría dentro de la órbita de su competencia.
Sr. Álvarez Guerrero.—Si me permite, señor presidente, querría que el señor miembro informante
nos aclarara concretamente si este artículo admite o no el juzgamiento de civiles por
tribunales militares.
Las reflexiones del caso se harán en el momento oportuno.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Por supuesto, señor diputado, porque así lo establece la ley. Dentro de las
circunscripciones que crea este proyecto se aumenta el número de personas que pueden estar
sometidas a los tribunales militares, con las limitaciones que la jurisprudencia ha establecido en
otras oportunidades. Además, la Constitución, en sus artículos 67, incisos 23 y 24; 86, incisos
15, 17 y 19; y en el artículo 109, daría fundamento normativo al ejército como auxiliar en la
emergencia prevista por la ley. Por supuesto sin perjuicio de que la competencia de los tribunales
civiles se mantiene normalmente.
Señor presidente: el proyecto prevé también el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares, sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia. Esta es una facultad que
está comprendida dentro de las que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo para organizar y
desenvolver el movimiento de las fuerzas dentro del territorio de la República.
En el artículo 38 del proyecto se establece el derecho que se otorga para defender las zonas
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militares. Esto es consecuencia de los ataques tan reiterados a zonas reservadas a la seguridad, a
los cuarteles y a los lugares donde se realizan operaciones militares. Esta norma está legalizando
y dando fundamento a la necesidad que tienen las fuerzas de seguridad para defenderse de los
ataques sobre las que informan habitualmente los medios de prensa.
El título IV del proyecto de ley trata de todas aquellas disposiciones que atañen a la defensa
civil, sin pretender hacer un estricto encuadramiento doctrinario; la ley hace referencia así al servicio
de Defensa Nacional, al servicio militar y al servicio de defensa civil, en los artículos 40, 41
y 42, y reglamenta asimismo la facultad para imponer requisiciones (artículo 43), requisiciones
que llevan aparejada la indemnización correspondiente.
Pienso que en esta ley se ha volcado toda la experiencia de las leyes anteriores, comenzando
con la 13.234, de Organización de la Nación para tiempo de guerra, y siguiendo con el decreto
ley 16.970, de Defensa Nacional. En este proyecto han sido tomados en cuenta, por consiguiente,
todos aquellos preceptos legales a los que hemos hecho referencia, prescripciones que se han
sucedido a través de todos los gobiernos habidos desde 1948 a la fecha y que han subsistido legalmente
durante todo ese tiempo. Repito que este proyecto no ha hecho más que adaptar aquellos
antecedentes legales a las necesidades actuales, poniéndolos a tono con la realidad, ajustando
los preceptos, e incluso aumentando la competencia y el control del Congreso principalmente
en zonas de seguridad, así como en las facultades del poder militar para intervenir en las áreas
propias del poder civil. Vale decir que la idea que inspira esta regulación en lo que es motivo
fundamentalmente de un pensamiento de defensa de la civilidad —circunstancia que yo advierto
cuando hablamos de estas cuestiones— no es ajena a todo lo que ha ocurrido en el país
desde 1948 hasta ahora, a través de las leyes de defensa que han tenido vigencia. Avanzando con
respecto a esos antecedentes, primordialmente en lo que respecta a zonas de emergencia y otros
supuestos, el proyecto otorga al Congreso facultades que hasta ahora no eran reconocidas por la
anterior legislación.
Considero, pues, que esta ley constituye un avance, dentro de los precedentes que hemos
tenido, a través de las dos últimas leyes, del encuadre jurídico en torno al esquema de la Defensa
Nacional. Aquí no aparece una variación de la filosofía ni de la doctrina fundamental nacida
en 1948 y aplicada ininterrumpidamente por todos los gobiernos hasta la actualidad. Más aún,
esta ley adopta algunos recaudos mediante los cuales el Congreso tiene facultades —en lugar de
quedar a un lado— para intervenir, para resolver, para coadyuvar y para asumir la participación
que le corresponde en la responsabilidad de la Defensa Nacional, habida cuenta de que ese concepto
de la Defensa Nacional, tal como está estructurado en la legislación y como lo entiende
la doctrina, no es un concepto que esté referido exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Por eso
podemos decir que esta ley de Defensa Nacional lleva aparejado el espíritu de la unión nacional,
con el convencimiento que todos tenemos de defender nuestro sistema de vida, nuestra vocación
democrática, nuestros principios constitucionales y nuestras instituciones frente al enemigo
interno y al enemigo externo, así, con el auxilio de esta ley, podremos hacer de la Defensa
Nacional un arma eficaz para lograr la seguridad y los objetivos nacionales y constitucionales que
la primera parte de este instrumento, cuya votación favorable pedimos a la Honorable Cámara,
enuncia como principios fundamentales y rectores. (¡Muy bien! Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.
Sr. Musacchio.—Señor presidente: esta ley de defensa tiene una fundamental trascendencia
y es nuestro deber, independientemente de un análisis detallado de las normas y artículos que la
componen, hablar sobre dicha trascendencia y sobre lo que significa su aprobación tal cual figura
en el despacho de la mayoría de la comisión.
Para comenzar, quiero decir algo referido al informe que acaba de producir por la mayoría
el señor diputado Lazzarini.
De acuerdo con la redacción de la ley, es indudable que el Poder Ejecutivo puede decretar

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
zona de emergencia, designar al comandante de la zona, hacer que se dicten bandos militares,
aplicar la justicia militar y fusilar a militares o civiles, todo ello sin que haya tenido intervención
el Congreso de la Nación Argentina. Esto no lo puede desmentir nadie.
Precisamente porque esto es así —ya que el artículo, tal cual está redactado en el despacho de
la mayoría, habla sólo de remitir la comunicación al Congreso a sus efectos, y cada cual interpretará
cuáles son esos efectos— nosotros formulamos una disidencia y propusimos en la reunión
de la comisión, para que esto no diera lugar a dudas, dos cosas.
Una consistía en que cuando el Congreso estuviera en sesiones ordinarias era previa su autorización
para declarar zona de emergencia. El argumento de que esto retardaba la acción de las
Fuerzas Armadas para una operación determinada, no funcionaba, y así fue reconocido, porque
el artículo 36 del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo para que de inmediato y sin declarar zonas
de emergencia actúen aquéllas, para reprimir en los casos en que sea necesario. Si esto es así nada
impedía que en los casos que no son de extrema urgencia, el Congreso, reunido en sesiones ordinarias,
valorara cuál es la conmoción interior y declarara, en definitiva, si corresponde decretar
zona de emergencia, porque de esa facultad surge nada más y nada menos que la posibilidad de
cercenar gobiernos civiles, legislaturas, limitar la función judicial, y todo esto no para el caso de
guerra externa sino para el de conmoción interior. Y de la inteligencia, del razonamiento o de la
ideología del comandante de zona —que es militar, pero como los civiles tiene sus ideas— dependerá
el fusilamiento de militares o civiles, según el concepto que de la subversión tenga.
Ante esta situación, ¿cómo no vamos a requerir que la declaración por el Congreso de la
zona de emergencia esté en la ley? Y digo esto porque, en caso de que sea correcto el razonamiento
del señor diputado Lazzarini, la intervención a posteriori del Congreso es tardía,
porque se producirá ante hechos irreparables, frente a la posibilidad de que se pueda cometer
una injusticia. Pero no se aceptó nuestra tesis que implicaba, para el caso de que el Congreso
no estuviera reunido en sesiones ordinarias, aceptar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo
pudiera decretarla, pero establecíamos que de inmediato debía comunicarlo al Congreso de la
Nación, convocándolo en el término de 48 horas a sesiones extraordinarias; si así no lo hacía,
la medida caía por sí sola. Porque en ese término el Congreso de la Nación iba a tener que valorar
si realmente se estaban usando de modo racional facultades tan tremendas que cercenan
derechos tan importantes.
Yo no acuso ni digo que eso vaya a ser así, ni que habrá de ocurrir de ese modo abusivo. Lo
que sí prevemos es que, de ser esto así, se están concediendo facultades extraordinarias, lo que la
propia Constitución sanciona…
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Musacchio.—…para el caso de que, por nuestra culpa, por dejar esto en el cuerpo de la
ley, pudieran cometerse hechos irreparables que significaran la suma del poder público.
Con mucho gusto concedo la interrupción solicitada por el señor diputado Lazzarini.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—De la exposición del señor diputado Musacchio advierto que estamos de
acuerdo, aunque con una variante.
El señor diputado admite que todo esto se puede hacer, pero que primero tiene que resolverlo
el Congreso. O sea que la diferencia en el enfoque de la legalidad o la legitimidad está dada
—en opinión del señor diputado Musacchio— por que el Congreso decida primero en estas
circunstancias.
Sr. Musacchio.—¿Me permite…?
Sr. Lazzarini.—En cambio, nosotros sostenemos que éstas son facultades ejecutivas. Es decir
que declarar zona de emergencia es una facultad que se vincula estrechamente con la inmediata
apreciación del Poder Ejecutivo frente a la situación; y la definición, por su propia naturaleza,
debe ser ejecutiva. Por ejemplo, en el caso de un terremoto no podemos estar esperando a que se
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reúna el Congreso de la Nación, no obstante que hoy las circunstancias traerían aparejada una
rápida decisión para que se declarara como tal la zona de emergencia y se comenzara a operar.
Es por ello que nosotros estamos de acuerdo, pero con una variante respecto de la posición
sustentada por el señor diputado Musacchio: queremos que primero decida el Poder Ejecutivo
y que el Congreso controle; y no que tenga que resolver el Congreso, en funciones pesadas y que
no son naturalmente dinámicas —porque evidentemente la suya no es una función ejecutiva—,
y entonces luego tenga que venir el control del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Musacchio.
Sr. Musacchio.—En primer término quiero manifestar que no me molesto con el señor diputado
Lazzarini, porque soy su amigo…
Sr. Lazzarini.—Yo tampoco.
Sr. Musacchio.—…pero debo decirle que no ha leído el despacho de minoría por cuanto, de
haberlo hecho, sabría que también nosotros establecimos en nuestro dictamen normas diferentes
a la contenida en el despacho de la mayoría.
En segundo lugar, quiero decirle al señor diputado Lazzarini que el argumento que él esgrime
no resulta valedero, porque si es cierto que el artículo 36 faculta a las Fuerzas Armadas para actuar
en forma inmediata en todos estos casos, no es posible que dejaran de hacerlo frente al caso
de pillaje.
Sr. Lazzarini.—Es muy distinto el caso, señor diputado.
El artículo 36 habla de desplazamiento y operaciones de las Fuerzas Armadas. Les doy un
ejemplo: un terremoto en San Juan. Se trata de una situación de emergencia. No hay servicios
públicos esenciales, ni cloacas, ni luz eléctrica, etcétera. Hay pillaje, robos, muertes y latrocinio
en las calles. ¿Vamos a esperar a que se reúna el Congreso y declare a la zona en estado de
emergencia para que recién después de ello concurran allí las tropas para ejercer su autoridad,
inclusive con el uso y apoyo de la fuerza? ¿O es el Ejecutivo, el poder administrador, quien puede
mejor concretar una apreciación rápida e inmediata de la situación política, a fin de tomar cartas
en el asunto, mientras en todo caso el Congreso —como autoridad representante de todos los
estratos del pueblo— es quien está encargado de controlar la decisión del Poder Ejecutivo?
Esta es la pregunta que yo me hago, por un lado. Pero, por otro lado, quiero advertir que ésta
no es ninguna novedad, por cuanto entre nosotros tiene vigencia desde el año 1948. De modo
que no nos vamos a agarrar la cabeza creyendo que estamos inventando un arma mortal. Y que
yo sepa, esto ha tenido vigencia a lo largo de circunstancias que se han ido dando en el país, desde
que el peronismo fue gobierno, incluso durante el que correspondiera al partido del propio señor
diputado Musacchio. Así que todos nosotros hemos participado de la cosa. Quiero saber si eso
no es así.
Sr. López (H. F.).—No es así, señor diputado.
Sr. Musacchio.—En caso de terremotos o pillaje, el presidente de la República, como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas, no tiene facultades para ordenar que se actúe. Quería dejar
eso perfectamente aclarado.
Sr. Presidente (Pereira).—Sírvanse no dialogar los señores diputados.
Sr. Acevedo.—¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la anuencia de la
Presidencia?
Sr. Musacchio.—¡Sí, señor diputado!
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Acevedo.
Sr. Acevedo.—Esta breve interrupción que le he solicitado al orador lo ha sido con el objeto
de procurar sistematizar las distintas hipótesis contenidas en la ley. Y creo que debe procederse
con un criterio racional a fin de que queden debidamente explicitadas esas distintas hipótesis.
Si el supuesto es de extrema necesidad y máxima urgencia —supuesto del artículo 38—,
obvio es que no tiene por qué intervenir el Congreso de la Nación. Si el supuesto es de extrema

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
necesidad y urgencia, para diferenciarlo del artículo 38, que lo distingue como de máxima urgencia,
también en esos casos parece racional acordarle al Poder Ejecutivo las facultades de inmediata
intervención. Pero en los supuestos de los artículos 30 y 35 no se advierte, tal cual están
redactados, que exista esa exigencia de urgencia, que sí tolera la posibilidad de la previa intervención
del Congreso de la Nación.
Estas son, a mi manera de ver, las distintas hipótesis, debidamente sistematizadas y con una
solución correcta en función de estos supuestos que yo me he encargado de explicitar.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Musacchio.
Sr. Musacchio.—Continúo, señor presidente, expresando que las palabras que estoy pronunciando
lo son en nombre de los diputados intransigentes que en esta materia, como en otras,
quieren hacerlo así para expresar con absoluta independencia todo lo que significa nuestro pensamiento
respecto de este tema, y asumir la responsabilidad que corresponde en un asunto tan
difícil, donde tantas cosas están en juego, a nuestro entender, para el destino del país.
Evidentemente, existe una especial sensibilidad en la Nación frente a la violencia que asola
a todo el país, de donde resulta que nos hemos acostumbrado a escuchar, no solamente de los
hombres civiles, sino también de los de las Fuerzas Armadas, expresiones acerca del enemigo
subversivo, de lo que es la subversión, de cómo se debe terminar con ella; es decir, el país está en
debate sobre este tema.
Por eso, nosotros, señor presidente, queremos alejarnos de toda presión del medio ambiente,
actuar con toda objetividad, ya que pensamos que estos debates sirven muchas veces para fijar
con claridad nuestra posición ideológica, nuestra posición espiritual frente a estos hechos. Y, si
es posible, no dejar ninguna duda respecto de nuestro pensamiento.
Nosotros hablamos con el mismo lenguaje para los hombres de las Fuerzas Armadas y para
los hombres del pueblo. Interpretamos que no podemos usar un lenguaje distinto, en cada caso,
porque concebimos a la Nación integralmente, es decir que las Fuerzas Armadas y el pueblo son
una sola cosa.
Se ha dicho que las Fuerzas Armadas están alejadas —y deben estar alejadas— de todo lo
que es la contienda política; que su función debe estar alejada de la actividad política. Nosotros
entendemos que eso es así en la medida que estemos hablando de lo que es la política militante,
la acción militante.
Nosotros aceptamos que el origen de esta posición de las Fuerzas Armadas argentinas no
puede tener un mejor maestro que el que la historia brinda en la persona del general San Martín.
El demostró cómo un hombre de las Fuerzas Armadas, que tuvo actitudes de grandeza, llegó
a ser como militar un gran jefe y como civil un gran gobernante. Admiramos su figura no sólo
por los triunfos militares y por la estrategia aplicada en cada una de sus batallas, sino también lo
admiramos por sus derrotas. También admiramos no sólo al hombre que supo armar los ejércitos
durante dos años en Mendoza para cruzar los Andes, sino al que supo renunciar a la gloria
efímera del uso del poder. Toda esa figura, no sólo la del argentino, sino más que todo la del
americano, con esa concepción intachable del hombre que como un elegido del destino tiene determinados
los objetivos superiores por los cuales luchaba. Esta gran figura que es nuestra figura
que une ejército y pueblo en una misma admiración deja ejemplos imborrables y le pertenece
—es cierto— a las Fuerzas Armadas argentinas.
Pero ocurre a veces que en esta contemplación admirativa sobre lo que significaron esos
hombres podría parecer que el país, después de ellos, había sido realizado por hombres pequeños.
San Martín no puso su espada para luchar entre hermanos, pero nosotros sabemos que la
historia argentina se hizo en el entrechocar de espadas y de plumas, en el verbo de sus oradores,
en el trabajo de sus obreros; se hizo en la lucha hasta llegar a la organización nacional.
Nuestra interpretación —la del partido que integro— es tomar la historia sin beneficio de
inventario, tomarla tal cual es para analizarla objetivamente.
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Pero la historia también nos enseña —volvamos otra vez a él— que San Martín, antes de
viajar a América, estuvo inspirado en los principios que surgen de la Revolución Francesa, que
se incorporó a la Logia Lautaro, que frecuenta en Inglaterra a los hombres que como O’Higgins,
en aquella asociación que fundó Miranda y que después se llamó Logia Lautaro, mamaron el
proceso revolucionario que se iniciaba, y que cuando vino a América no llegó como un aventurero
a poner su sable para cualquier causa sino al servicio de la libertad de los países americanos,
para hacerlos justos y libres. Su espada estuvo al servicio de la soberanía nacional, y tan es así
que por sobre las parcialidades políticas, en un momento determinado de la historia argentina,
puso su espada en homenaje a Rosas, porque entendía que había sido un acérrimo defensor de
la soberanía nacional.
Así como San Martín empuñó la espada para una causa concreta, en defensa de nuestra soberanía
y de nuestra libertad, así también las Fuerzas Armadas tienen el derecho de opinar; lo
tienen y está bien que lo tengan, porque, en definitiva, están compuestas por ciudadanos argentinos
que integran nuestro pueblo y porque no se las puede concebir desarraigadas de la realidad
nacional, ni encaminadas hacia una política de facciones, hacia la pequeña política, sino hacia la
política con mayúscula que significa la suerte del país.
Nosotros ponemos el acento en aquella lucha que se hizo patrimonio de las Fuerzas Armadas
y que trajo San Martín a América, pero que ahora se da de otra manera, porque si lo que defendemos
es la soberanía debemos saber que, naturalmente, no hay país si éste no maneja, por ejemplo,
sus bancos, sus finanzas, la comercialización de su riqueza, es decir, si no maneja el poder
real. Este también debe ser, y es, un tema de preocupación para las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con las facultades que esta ley otorga, puede ocurrir que se aplique contra un
enemigo o contra otro, con justicia o con arbitrariedad, contra quien toma las armas contra el
Estado o contra el que no las toma, pero queda comprendido en el concepto de subversivo.
En definitiva, están en juego derechos muy fundamentales y todo depende del acierto o del
error —llamémosle así— de quien tome la resolución sobre el particular.
Esto nos lleva a insistir en la necesidad de dejar perfectamente aclarados los conceptos con
que nos manejamos para no tener que llorar después las consecuencias.
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—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Luis Antonio
García.
Sr. Musacchio.—Estamos de acuerdo con la definición que da el artículo 3° de que la Defensa
Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta en todos los sectores para
lograr la seguridad nacional. Claro está que este concepto de Defensa Nacional no se refiere
únicamente a la acción de las Fuerzas Armadas frente a la guerrilla sino también a otras políticas
económicas y sociales que, por su importancia estratégica, pueden afectar las posibilidades de
liberación del país.
Pero también queremos destacar, y por ello este debate es importante, que en las Fuerzas
Armadas argentinas y americanas no existe coincidencia total sobre cuál es el enemigo subversivo,
y esto debemos decirlo. Se conocen al respecto las reuniones de los representantes de los
Ejércitos Americanos, a las que cada país lleva el pensamiento de sus ejércitos, y deseo recordar
someramente algunas cosas que hace dos años dijo el general Carcagno, en Caracas, en nombre
del Ejército Argentino, cosas que nos unieron tanto que llevaron a una resolución unánime de la
Honorable Cámara de aplauso a las expresiones del comandante general del Ejército. Voy a leer
algunos párrafos de esa exposición. “Sabemos que la Defensa Nacional no es responsabilidad exclusiva
de los militares y, por consiguiente, nos equivocaríamos en nuestras conclusiones si quisiéramos
resolverla prescindiendo de los demás factores que la condicionan.”

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Más adelante expresaba: “Existe otro tipo de subversión que, aunque a veces artificiosamente
provocada, se engendra en causas reales. Cuando a los ciudadanos de un país se les niega justicia, se
los persigue ideológicamente, se los vulnera en sus libertades y se los priva de lo que legítimamente
les corresponde, la subversión exclusivamente interna o provocada y alentada desde el exterior puede
ser la respuesta. En este caso, la guerrilla se desarrolla y actúa con el apoyo de la población, que le
proporciona todas las facilidades que necesita y las fuerzas del orden son impotentes entonces para
destruirla. Por eso, sostengo que cuando existen causas reales de la subversión sólo se conseguirá hacerla
desaparecer cuando se actúe decididamente sobre esas causas en el plano político, económico
y social. El empleo del poder militar no va más allá de la anulación transitoria de los efectos, que
naturalmente se incrementan a medida que las causas persisten o se agravan”.
Decía a continuación el general Carcagno: “La imagen de los ejércitos como guardias pretorianas
de un orden político, económico y social injusto, es en extremo perniciosa para la salud de los
pueblos, para el logro de sus aspiraciones, para la conformación del ser nacional y para su proyección
continental.”
Y un párrafo más, que no puedo dejar de recordar: “En muchos casos, diría que en la mayor
parte de ellos, se conjugan factores internos y factores externos para que la guerrilla nazca y prospere.
Por mejor que puedan estar inspirados los gobiernos, sucede que no pueden satisfacer las legítimas
aspiraciones populares, porque se encuentran prisioneros de intereses extranacionales que condicionan
y hasta conducen su gestión.”
Y por último, dice: “Los ejércitos de cada país están obligados, dentro de los límites de su competencia,
a no ahorrar esfuerzos ni a medir riesgos en su apoyo a los pueblos y a los gobiernos que
se niegan a ser víctimas de un nuevo modelo de división internacional del trabajo, diseñado para la
opulencia de unos pocos y la pauperización de la mayoría.”
No quiero abusar más del tiempo de la Honorable Cámara, pero estos párrafos que he leído
son suficientes para recordar por qué razón nosotros, en esta Cámara, votamos por unanimidad
este aplauso.
Pero también hay dos cosas más que se dijeron en la última reunión de Montevideo. El general
peruano Jorge Fernández Maldonado afirmó que: “El subdesarrollo de su país hizo posible
el surgimiento de acciones subversivas, cuyos grupos guerrilleros fueron aplastados rápidamente por
las Fuerzas Armadas”. Y añadió: “Se subvertía el orden económico y la paz pública también desde
las posiciones típicamente capitalistas que había adquirido el país a lo largo de su devenir histórico,
y que fueron la causa principal de nuestro subdesarrollo.” Y continuó: “Debíamos acabar con las
causas y no con los efectos de la explotación a la que estaba sometido nuestro pueblo que, en esencia,
se identifica con el carácter capitalista de nuestra sociedad.”
El coronel Rodrigo García Ramírez, representante de Panamá, decía: “Que nos equivocábamos
señalándose un solo enemigo con un solo distintivo o etiqueta en el afán de mantener el concepto
de que únicamente de un sector surgen los agentes que minan el orden y atacan nuestras instituciones.”
El militar panameño enfatizó que: “No hay nada más falaz que este arcaico punto de vista en
momentos en que en diferentes áreas las metralletas son manejadas por manos que indistintamente
representan a las llamadas izquierdas y derechas.”
Por último, señor presidente, con todo respeto por los distintos países y sin intervenir
en sus cuestiones internas, tengo aquí dos frases dichas por el representante de Chile, quien
se preocupó porque estas exposiciones implicaban una infiltración marxista en los ejércitos
americanos. Y dijo: “Esto es evidente, incluso en algunos países sustentados por un régimen
militar, o en los cuales existe una significativa influencia de las Fuerzas Armadas. Se está permitiendo
con esto la entronización de regímenes socializantes, con claro riesgo de proyección hacia
esferas vecinas. ¿Es que esas Fuerzas Armadas están siendo infiltradas igualmente?” se pregunta
este militar.
Aquí está la discusión, éste es el tema. Nosotros no podemos pretender que nuestras Fuerzas
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Armadas no se interesen cuando el tema se debate. Y es importante porque de ninguna manera
es posible que el concepto de subversión se circunscriba únicamente a la guerrilla de izquierda.
En este momento, pretendiendo clarificar nuestra posición, queremos decir que nuestro
Partido Intransigente —que tiene una formación humanista— centra su plataforma partidaria
en el hombre, en su felicidad, como nuestra principal preocupación. Nosotros somos respetuosos
de los derechos de los ciudadanos, y de ninguna manera estamos de acuerdo con teoría
política alguna que pueda significar el cercenamiento de esos derechos que tienden al respeto
del ser humano. En consecuencia, nuestra idea de la libertad no puede ser la idea del laisser faire,
laisser passer. Es claro que la libertad está limitada también por aquello tan viejo de que la de uno
termina donde empieza la del otro, y que, en definitiva, la sociedad reglamenta esos derechos
en función de un ideal superior que es la convivencia en la comunidad. Nosotros pensamos así
y sentimos así; destacamos nuestra particular repugnancia por todo crimen, venga de donde
viniere; contra toda muerte, sin importarnos la ideología del matador o de la víctima. Estamos
contra el crimen y contra la tortura, sea que quien los ejercite lo haga en nombre de una ideología
o en nombre de la ley. Todo ello repugna porque degrada al ser humano, porque corrompe a la
sociedad y porque quita la fe en el sistema democrático de vida. Este principio, entonces, para
nosotros vale, cualquiera que sea el autor del acto degradante, y esto tiene que quedar definitivamente
entendido, porque de lo contrario no tendríamos autoridad en las palabras que estamos
vertiendo.
Y con respecto a este tema de la subversión, que después nosotros definimos en nuestro despacho,
preguntamos: ¿el Estado tiene derecho a reprimir la subversión? Sí, señor; el Estado tiene
derecho a hacerlo. Inclusive agregamos algo más: si quienes hoy son subversivos toman el poder,
a su turno van a reprimir a quienes los ataquen; yo diría que se trata de algo así como de un derecho
de legítima defensa del Estado. Pero lo que nos interesa garantizar a nosotros más que el
derecho a la defensa del Estado es el análisis de qué es lo que se defiende y qué es lo que se ataca,
porque de eso depende nuestro concepto y el prestigio o desprestigio de la represión.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Musacchio.—Con mucho gusto, señor diputado.
Sr. Lazzarini.—Deseo hacer una aclaración porque parecería que la comisión, o la mayoría
de ella, o los diputados que hemos firmado el despacho en su totalidad, admitiéramos o condenáramos
la violencia según venga de uno u otro lado, o que no definimos la subversión al solo
objeto de amparar un tipo de subversión y aplicar la ley a otro tipo de subversión que resulte
desafecta.
La subversión no se define en el proyecto, de la misma manera que hay muchos delitos que
no están definidos, por ejemplo el duelo y tantos otros delitos que no aparecen tipificados en el
Código Penal. El doctor Porto podría confirmar lo que yo digo, porque yo no soy penalista. Hay
muchos delitos que no están definidos. Nada consta para que un delito como éste, que implica
un amplio concepto, no esté definido. Por el contrario, la falta de definición puede facilitar la
aplicación de la ley porque da la elasticidad necesaria.
Además, si nosotros definimos en esta ley de defensa el delito, entraremos a meter mano
—y perdóneseme la expresión— en otro tipo de leyes, como la que hemos sancionado el año
pasado con el número 20.840, que en su artículo 1º da una definición, que podrá considerarse o
no aceptable, de lo que puede ser uno de los aspectos de la subversión o la subversión en general.
Si nosotros fuéramos a definir la subversión tendríamos que hacerlo en una ley que tratara de
la subversión o de la actividad subversiva, como lo hicimos el año pasado. Mejoremos o no esa
ley, pero no entremos a calificar ni a analizar un problema concreto de tipo penal en una ley de
defensa, porque con ese mismo criterio tendríamos que entrar a definir con mucha mayor precisión
otros aspectos de la ley.
En definitiva, quiero aclarar que no ha sido idea de la comisión ni de ninguno de los firmantes

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del despacho, por cierto, que la falta de definición traiga aparejada de alguna manera la consecuencia
de que haya subversiones afectas y otras desafectas. Para nosotros todo tipo de violencia,
venga de la izquierda o de la derecha, es igualmente condenable. Y toda manera de presión sobre
el poder, física o violenta, que no corresponda a las formas legales y constitucionales que existen
para hacerse escuchar ante los poderes del Estado o para tener acceso al poder político, en todas
sus variantes, es despreciable.
Sr. Presidente (García).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Musacchio.
Sr. Musacchio.—La verdad que la interrupción resultó un poco larga, pero lo más importante
es que el señor diputado coincide con nuestra definición de la subversión, que es lo que yo
quiero que quede como interpretación de la ley.
Continúo, señor presidente. Expresaba que lo que importa en este caso no es decir si la represión
está mal o si está bien; lo que interesa es hacer el análisis para ahondar en las causas del
problema que vive el país, lo que significa hacer el análisis de nuestra propia sociedad. ¿Es ésta
una sociedad justa? ¿Es ésta una sociedad no tan justa, o es una sociedad injusta? Naturalmente
que del análisis de esto depende nuestro concepto sobre el sentido de la represión, que puede ir
desde el acierto hasta el desacierto. Pero hay algo que debe quedar en claro y que es importante
decir: la represión en sí misma no es un fin. Inclusive, la impresión que los compañeros diputados
que estuvieron en Tucumán recogieron de los hombres de armas no está ni remotamente
limitada a la suerte que pueda tener el Ejército o a la posibilidad de un triunfo inmediato sobre
la guerrilla, sino sobre las causas económicas y sociales que subyacen en esa zona y que hacen
propicio el clima para la misma.
Lo que ocurre es que la Argentina tiene todavía que encontrar el abecé de su destino político,
de su proyecto nacional, del conocimiento de la sociedad que tenemos, que es lo que está todavía
en discusión en el país y sobre lo que no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué estrategia
económica y social conviene a la Argentina? ¿Se debe comenzar el proceso de recuperación por la
producción agraria? ¿Qué rol deben jugar los capitales extranjeros? ¿Hasta qué límite el país debe
admitir capitales de todo tipo, inclusive inversiones socialistas? ¿Es posible el desarrollo rápido o
conviene uno menos acelerado? ¿Qué posición tenemos frente a los problemas económicos y a
la intermediación? ¿Qué limitaciones piensa darse al derecho de propiedad? ¿Se está de acuerdo
en la representación política o hay que reformar el estatuto para adoptar otro tipo de representación?
¿Está o no bien estructurada la Confederación General del Trabajo? ¿Estamos en el mundo
occidental o en el Tercer Mundo?
Todas estas preguntas las traigo a modo de ejemplo porque entiendo que la Argentina ha transitado
por un zigzagueo político. En otros países que hemos tenido la suerte de conocer, de cualquier
área del mundo, advertimos que existen ideas, planificaciones a cinco o diez años, estudios sobre
exportaciones y saben qué es lo que tienen que hacer. En cambio, la Argentina está todavía en un
mar de dudas y de problemas que no nos permiten encontrar realmente el destino nacional.
En definitiva, entendemos que es imprescindible para poder empezar a trazar un destino
y dar la mística al país y a la juventud, dar una misión común a los sectores nacionales, llegar
a formular lo que nosotros llamamos el proyecto nacional, que es el gran entendimiento entre
todos los sectores para realizar el proceso de liberación de que tanto se ha hablado. Entendemos
que tenemos que empezar por no tolerar que un interés particular sea superior al de la Nación, y
menos que un grupo económico determinado se oponga y triunfe sobre los intereses argentinos.
Tenemos que realizar la sociedad libre, democrática, justa, igualitaria y pluralista. Entendemos
que ahí está nuestro futuro y llamamos la atención respecto a nuestra concepción de nacionalismo
porque, últimamente, cada vez que se habla de los monopolios y de la dependencia del
país, cada vez que se hace referencia al control de los intereses extranjeros sobre la economía nacional,
se escucha fácilmente la acusación de que ésta es una expresión marxista y que son ideas
extrañas al ser nacional.
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¿Cómo se hace en la Argentina para ser nacionalista auténtico? Todos los sectores tenemos
que realizar un esfuerzo para lograrlo, asumiendo nuestras responsabilidades y nuestras culpas,
sin caer en la etiqueta que pretende ser descalificante. Por eso, para terminar, queremos definir
dos cuestiones. La primera, que si el régimen democrático significa la posibilidad cierta, abierta
a la discusión de todas las ideas, si el régimen democrático funciona en plenitud, lo que significa
admitir la discusión plenamente, porque no puede haber anticuerpos que desconozcan la substancia
del cuerpo que rechazan, porque debe conocerse todo, para saber qué somos.
Si la democracia es la amplia difusión, sobre esa base se va a asentar el fortalecimiento de la
sociedad argentina, que vendrá por sí solo y no por el desconocimiento, la prohibición de libros
o el temor. Habrá adquirido por sí misma la madurez política para encontrar su propio destino
frente a todas las ideologías extranjeras. Si eso es la democracia, si así funciona y debe funcionar,
no podemos hablar entonces de infiltrados ni de agentes. Si algún día en el país, quienes
sostienen ideas que nosotros no compartimos son mayoría, de ellos será el gobierno, y los que
estaremos equivocados seremos nosotros. Esa es la única forma de entender auténticamente la
democracia. Lo otro es usar la democracia para conseguir leyes en defensa de intereses particulares
de algunos que nos acusan a nosotros y a otros sectores de antidemocráticos, porque estamos
denunciando esos intereses, pero no porque no creamos en el sistema democrático en serio y
aplicado integralmente.
Todo cambio que se proponga debe tener las puertas abiertas, y en esto no hay obstáculo ni
aún en la Constitución, porque el régimen democrático permite todo eso, aunque sea a través de
la reforma constitucional.
Desde ya, señor presidente, que frente a lo que es un gobierno de facto lo dijimos, y lo repetimos
ahora, y lo decimos por lo que pueda ocurrir en la vida del país, el gobierno de facto es un
gobierno de fuerza que no tiene razones morales ni jurídicas que lo sustenten y no se diferencia
de quienes lo atacan, incluso por la fuerza, ya que llegó a ser gobierno por ser más fuerte que el
otro. ¡No consideremos eso porque no es ni la Constitución ni la ley!
En segundo lugar, si todo esto que estoy diciendo, señor presidente, no fuera suficiente, me
permitiría hacer dos menciones de algo que voy a leer y que se refiere, muy someramente, al
pensamiento de la Iglesia sobre esta materia e, inclusive, sobre la subversión. Concretamente,
y para no alargar mi exposición, voy a leer algunas conclusiones del libro La Iglesia en la actual
transformación en América latina a la luz del Concilio. Segunda Conferencia del Episcopado
Latinoamericano, realizada en la ciudad de Medellín, Bogotá, del 26 de agosto al 6 de septiembre
de 1968. Dice lo siguiente frente al panorama de América latina, en su página 66: “El fenómeno
universal de las expectativas crecientes asume en América latina una dimensión particularmente
agresiva. La razón es obvia: las desigualdades excesivas impiden sistemáticamente la satisfacción de
las legítimas aspiraciones de los sectores postergados. Se generan así frustraciones crecientes.”
“Semejante estado de ánimo se constata también en aquellas clases medias que, ante graves crisis,
entran en un proceso de desintegración y proletarización.”
Y sigue diciendo: “Sin excluir una eventual voluntad de opresión, se observa más frecuentemente
una insensibilidad lamentable de los sectores más favorecidos frente a la miseria de los sectores marginados.
De ahí las palabras del Papa a los dirigentes: ‘que vuestro oído y vuestro corazón sean sensibles
a las voces de quienes piden pan, interés, justicia.’”
“No es raro comprobar —dice— que estos grupos o sectores, con excepción de algunas minorías,
califiquen de acción subversiva todo intento de cambiar un sistema social que favorece la permanencia
de sus privilegios.” Y más adelante señala: “Como una consecuencia normal de las actitudes
mencionadas, algunos miembros de los sectores dominantes recurren, a veces, al uso de la fuerza para
reprimir drásticamente todo intento de reacción. Les será muy fácil encontrar aparentes justificaciones
ideológicas (verbigracia, anticomunismo) o prácticas (conservación del “orden”) para cohonestar
este proceder”. Y añade: “Todo lo precedente resulta cada vez más intolerable por la progresiva

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toma de conciencia de los sectores oprimidos frente a su situación. A ellos se refería el Santo Padre
cuando decía a los campesinos: ‘Hoy el problema se ha agravado porque habéis tomado conciencia
de vuestras necesidades y de vuestros sufrimientos, y… no podéis tolerar que estas condiciones deban
perdurar sin ponerles solicito remedio.’”
A mayor abundamiento, en la página 68 de esta publicación, refiriéndose a los “monopolios
internacionales e imperialismo internacional del dinero” —así se titula el acápite— se dice:
“Queremos subrayar que los principales culpables de la dependencia económica de nuestros países
son aquellas fuerzas que, inspiradas en el lucro sin freno, conducen a la dictadura económica y al
“imperialismo internacional del dinero”, condenado por Pío XI en la Quadragesimo anno y por
Pablo VI en la Populorum progressio”. No quiero leer nada más, pero advierto que todo esto es
doctrina de la Iglesia.
Tengo aquí también una publicación de las Encíclicas papales, que van desde la Rerum novarum,
de hace 80 años, hasta la actualidad, encíclicas en las que, si bien encontramos con claridad
la defensa que del derecho de propiedad hace la Iglesia, se confiere a ese derecho un profundo
sentido social y al Estado el deber fundamental que significa la afirmación de que no es posible
tolerar las desigualdades sociales sin que los pueblos luchen por sus derechos.
En definitiva, si la democracia es, tal como yo la definía, la integridad de la posibilidad de
la renovación total, la apertura de las puertas para todas las ideas, si la Iglesia piensa del modo
expuesto, yo pregunto por qué razones algunos dicen que quienes nos pronunciamos en este
sentido queremos cambiar la vida democrática y cristiana de la Nación. No, señores diputados;
lo que ocurre es que hay sectores que se dicen cristianos, pero que no están embebidos de la
doctrina de Cristo; cumplen formalmente con los mandatos de la Iglesia y semanalmente, también
de modo formal, cumplen esos preceptos, pero en realidad no practican los postulados de
la Iglesia. Hay quienes se dicen democráticos, pero no están dispuestos a perder sus privilegios.
Entonces, ¿qué nos achacan a nosotros? No es cierto que sean defensores de la cristianidad,
del mundo occidental o de la democracia; son en realidad sectores egoístas que defienden su
dinero, que tratan de que todos usemos su lenguaje, que hace de nosotros enemigos de la nacionalidad,
cuando la verdad es que no hace falta tener ideas importadas para pensar como pensamos.
Solamente hace falta —y ésta es la idea que compartimos— tener un pensamiento profundamente
nacional y argentino para concluir, en definitiva, que subversivos son también los
sectores que violan las leyes escritas y morales de la Nación; que hacen contrabando en forma
monstruosa; que vacían empresas; que se llevan sus ganancias al exterior; que hacen maniobras
monopólicas, acaparando los productos que necesita el pueblo; que se quedan con las ganancias
que corresponden a otros; que encarecen los artículos; que, en definitiva, hacen especulación y
se enriquecen con maniobras monopólicas. Todo esto y mucho más es, naturalmente, violencia,
y también es subversión, porque viola concretamente las leyes escritas y las leyes morales de la
Nación.
En el orden internacional, tampoco es cierto que los países rectores sean defensores del
sistema democrático auténtico. En definitiva, podemos decir —ejemplos sobran en nuestra
América latina— que cuando un gobierno, no obstante ser elegido por la voluntad popular, tocó
intereses de determinados monopolios, aquellos países colaboraron en su derrocamiento, porque
en resumidas cuentas el interés económico era más poderoso que aquella seudo democracia
proclamada y no practicada. En cambio, cuando un país tiene un régimen dictatorial, pero es
sumiso a determinados intereses económicos, a su gobierno no solamente no se lo toca, sino que
también se lo defiende.
Nosotros hemos tenido concretamente el dilema de que mientras los países de América latina,
entre ellos la Argentina, no podían comerciar con los países socialistas, los Estados Unidos
e Inglaterra lo estaban haciendo, manteniéndonos a nosotros en una situación de dependencia,
situación que debemos reconocer que cuando comenzó este gobierno se rompió en la
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medida en que la Argentina comenzó a hacer lo que más le convenía, sin ningún tipo de trabas
e inconvenientes.
Comprendo que todos estos conceptos son de carácter general; pero es muy importante que
los tengamos en cuenta, porque como la ley habla de subversión, de defensa y de seguridad
nacional, es conveniente que el sentido de los términos sea amplio, porque sabemos que enemigo
de la Nación no es solamente quien levanta las armas contra el Estado organizado sino
que también lo son todos los sectores que usando de privilegios otorgados a lo largo del país han
conseguido mantener a esta Argentina hasta ahora maniatada, que en definitiva aquello que es
el lema de la liberación que es un lema de la mayoría del Frente Justicialista de Liberación, pero
que es de todo el país, es la única y verdadera arma para extirpar las causas concretas que pueden
existir con respecto a la subversión. Digo más: si el país comienza el proceso realmente a fondo,
no creamos que habrá terminado la violencia en la Argentina; los guerrilleros serán entonces los
intereses monopólicos y los mercenarios de esos intereses, que tratarán de derrotar al país, aunque
en definitiva la Argentina sabrá que esas fuerzas que están defendiendo a la Nación no sólo
están reprimiendo sino también están salvaguardando un interés legítimamente nacional. No
solamente delante de los cañones está el enemigo sino a veces atrás y aconsejando.
Por eso entendemos que es importante esta cabal definición. Por eso decimos con objetividad
a las Fuerzas Armadas nuestro pensamiento. Conocemos y hemos leído opiniones de muchos de
sus hombres, algunas prudentes y otras no tanto. Pero, en definitiva, decidimos hablar con esta
franqueza porque entendemos que este lenguaje es el de los argentinos y que de este lenguaje
puede surgir la paz que tanto ansía la Nación. (Aplausos.)
Sr. Presidente (García).—Tiene la palabra el señor diputado Massolo.
Sr. Massolo.—Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical me ha confiado la honrosa
tarea de exponer el pensamiento del partido en un asunto de tanta trascendencia como
éste, vinculado con la Defensa Nacional. Y digo vinculado con la Defensa Nacional y no de la
Defensa Nacional, a secas, porque por las palabras del señor miembro informante de la mayoría
de la Honorable Cámara considero que se ha magnificado excesivamente la importancia de este
proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional.
Yo sé que es importante todo lo vinculado con el problema de la Defensa Nacional. Pero
puedo asegurar que sin el proyecto remitido al Congreso, las Fuerzas Armadas contaban con la
instrumentación jurídica necesaria para actuar contra la subversión y contra una guerra clásica
o convencional.
Tengo que señalar aquí, como un deber, la preocupación del Poder Ejecutivo al someter a
la decisión de este Parlamento, que es en definitiva la más auténtica representación del pueblo
argentino, la aprobación de tres decretos, que algunos hombres de las Fuerzas Armadas llaman
“decretos Luder” —porque fueron dictados durante su interinato—, para que sean legitimados
con la sanción del Congreso.
Sobre este punto me extenderé más adelante, pero acreditando fehacientemente que esta ley
no es nada más ni nada menos que la repetición casi textual de la norma vigente durante el gobierno
de la Revolución Argentina, a la que se incorporan tres decretos dictados en el interinato
del doctor Ítalo Argentino Luder. Con esto no quiero en manera alguna minimizar el problema
ni quitarle la trascendencia que nosotros debemos asignarle, dada la gravedad de la situación por
la que atraviesa el país.
No es un secreto para nadie, señor presidente, que en esta materia de la seguridad del Estado,
en los últimos tiempos se ha operado un proceso de verdadera sensibilización hacia los problemas
propios de la seguridad nacional.
Hasta hace alrededor de cuarenta años privó un concepto erróneo en cuanto a hacer recaer
exclusivamente en las Fuerzas Armadas no solamente las posibles operaciones concretas militares,
sino también todo lo atinente a los estudios dirigidos a encarar los problemas de la seguridad

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de la Nación. No se comprendía debidamente que la guerra moderna importa la contribución
integral de todas las fuerzas materiales y morales del país, afectando —como consecuencia— en
mayor o menor grado a las múltiples manifestaciones de la comunidad.
A partir del año 1935, y en el lapso de apenas un lustro, comenzaron a exteriorizarse algunas
inquietudes con respecto a la preparación para la guerra integral. Y éstas se materializan
en la creación —por parte del Ministerio de Guerra— del Cuartelmaestre General del Interior,
del Comando General de Regiones Militares, de la Dirección de Fabricaciones Militares y del
Comando General del Interior.
El 20 de septiembre de 1943 —y esto ya lo había anticipado el señor miembro informante,
diputado Lazzarini— por decreto 9.330 se creó el Consejo de Defensa Nacional, con la misión,
entre otras, de determinar la correlación entre la política internacional y la preparación de todas
las fuerzas del país para responder a las necesidades de la Defensa Nacional; también, impartir
a las distintas ramas del gobierno las directivas generales para la preparación y ejecución de la
Defensa Nacional, fijándoles los objetivos a alcanzar, sin intervenir en las operaciones terrestres,
marítimas o aéreas propiamente dichas. Para no cansar a la Honorable Cámara, habré de omitir
la lectura de otras disposiciones que contempla este instrumento jurídico.
Por decreto 13.939 del año 1944, y por la ley 12.913 —ratificatoria del decreto 9.330/43 y del que
acabo de mencionar—, el Consejo de Defensa Nacional, dentro de la misión ya prevista, asumió
dimensiones de mayor importancia, ajustando sus reuniones al tratamiento de problemas fundamentales
de la Defensa Nacional estrictamente y originando su estudio previo por comisiones integradas
por técnicos oficiales y/o privados, asesoramientos éstos que debían elevarse a conocimiento
del presidente de la Nación, en forma directa o por intermedio del jefe de la Secretaría del Consejo. Al
presidente de la República le competía en los más amplios términos —como es natural— el conocimiento
y la resolución decisiva de todos los asuntos considerados por el Consejo de Defensa Nacional.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la
Honorable Cámara, don Antonio Pereira.
Sr. Massolo.—Paso por alto algunas otras observaciones que son importantes, pero estoy
constreñido por el tiempo que me ha fijado la Honorable Cámara, a través de la Comisión de
Labor Parlamentaria, a efectos de intervenir en este debate.
El 1º de septiembre de 1948 se sanciona la ley 13.234, de Organización de la Nación en tiempo
de guerra. El señor diputado Lazzarini, como miembro informante de la mayoría de la comisión
de Defensa Nacional, asignó a este instrumento jurídico una importancia trascendental a pesar
de que autores tan importantes como el doctor César Enrique Romero, en un enjundioso trabajo
publicado en la revista Jurisprudencia Argentina, bajo el título de “Constitución, ley 13.234 y Plan
Conintes” hace severos reparos en cuanto a su constitucionalidad.
Por otra parte, conviene aclarar que cuando se sancionó la ley, las Cámaras se constituyeron en
comisión, no habiéndose producido debate alguno ni en general ni en particular. Prácticamente,
la ley fue votada a libro cerrado. La oposición estuvo totalmente ausente.
En ese entonces, señor presidente, la situación era distinta; el país necesitaba de una legislación
que abarcara el tema de la seguridad de la Nación, pero las facultades conferidas eran excesivas
para la situación que se vivía. Por tal motivo, el radicalismo estuvo ausente del recinto del
Parlamento argentino.
Posteriormente, se creó el Ministerio de Defensa y se dicta el decreto ley —mal llamada ley—
16.970 durante la Revolución Argentina.
Como ya lo he expresado, este proyecto de ley que ha tomado estado parlamentario no es
nada más ni nada menos que la repetición de la ley Onganía, más la incorporación de los tres
decretos dictados durante el interinato Luder.
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De todas maneras, deseo dar lectura a las observaciones que son el fruto de la comparación
entre el proyecto de ley que vamos a votar y la ley que vamos a derogar. Anticipo en nombre de
mi bloque que votaremos en general en favor de este proyecto de ley porque el país así lo necesita.
El aspecto más trascendente de esta iniciativa es la ampliación de la legislación en materia de
seguridad nacional y en todo lo relativo al accionar del gobierno y de las Fuerzas Armadas contra
la subversión. Por tales motivos, será una ley coyuntural y perfectible de acuerdo a la experiencia
que se recoja durante su aplicación.
Quiero reiterar y poner énfasis en que celebramos que el Poder Ejecutivo, respetando la decisión
del pueblo argentino, no se haya querido manejar con los decretos dictados durante el
interinato del doctor Luder y requiera un pronunciamiento expreso del Parlamento respecto de
su validez. Esto afianza el proceso institucional en que estamos todos comprometidos.
Dentro de este concepto la nueva ley recoge —repito— lo dispuesto por los decretos 2.270,
2.271 y 2.272. Por eso, no es extraño que las Fuerzas Armadas hayan tenido razón cuando nosotros
les proponíamos unificar —y en eso estaba también comprometida la opinión de nuestro
propio bloque— el Consejo de Seguridad Nacional con el Consejo de Seguridad Interna, en
razón de que uno de los decretos dictados durante el interinato creó precisamente la Comisión
Nacional de Seguridad Interna. Nosotros no tenemos ningún reparo fundamental que hacer si
las Fuerzas Armadas, a través del Poder Ejecutivo, nos hacen llegar una observación valedera
en el sentido de que es conveniente para la mejor instrumentación del proceso restablecer el
Consejo de Seguridad Interna.
En esos decretos se determina respectivamente —repito— la constitución del Consejo de
Seguridad Interna, la ampliación de las facultades en materias de planeamiento y constitución
que es propia del Consejo de Defensa —ministro de Defensa más comandantes generales—
en todo lo relativo a la lucha contra la subversión y la autoridad que pueda ejercer sobre la
Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, Secretaría de Informaciones del
Estado, Policía Federal y Servicio Penitenciario Nacional. Advierto que sobre este punto, oportunamente
el radicalismo planteará una disidencia parcial. De ninguna manera puede subordinarse
la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, así como la Secretaría de
Informaciones —SIDE— al Consejo de Defensa porque por encima de éste está el presidente de
la República, que es el comandante en jefe de las tres armas de la Nación; y el control operacional
sobre las policías provinciales cuando se imponga su empleo inmediato en la lucha contra
la subversión.
Estas son las consideraciones de tipo general sobre el proyecto que tenemos a estudio. En
particular, el proyecto mantiene puntos de vista similares al decreto ley 16.970 con el agregado de
todo lo relativo a la lucha contra la subversión, precisamente dada la coyuntura que vive el país
en este aspecto que afecta a la seguridad nacional, por lo que debemos recoger la experiencia de
su aplicación para perfeccionar su instrumentación jurídica si así lo aconsejan las circunstancias.
En el aspecto orgánico funcional el decreto ley 16.970 posee la siguiente estructura: a nivel
de la conducción nacional, CONASE y Subsecretaría; a nivel estrategia militar, Comité Militar
y Junta de Comandantes en Jefe, Central Nacional de Inteligencia, Estado Mayor Conjunto,
como órgano de trabajo del Comité Militar, Junta de Comandantes y Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad. El nuevo proyecto en cambio, establece el Consejo de Seguridad Nacional
—COSENA, que es el equivalente del CONASE—, pero sin asignarle específicamente una secretaría
como órgano de trabajo, sino disponiendo que el Ministerio de Defensa tendrá competencia
en la preparación de los proyectos de objetivos, políticas y estrategias concernientes a la
seguridad y Defensa Nacionales.
Además, el proyecto crea el Consejo de Seguridad Interna, que es el resultado de uno de los
decretos que acabo de mencionar, presidido por el presidente de la Nación e integrado por los
mismos miembros que forman el COSENA, cuya responsabilidad primaria es la dirección de los

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esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión; mantiene el Comité Militar y la Central
Nacional de Inteligencia de acuerdo con el decreto ley 16.970; establece el Consejo de Defensa
como substituto de la denominada Junta de Comandantes en Jefe, ya derogada por la ley de competencia
de los ministerios, pero amplía su jurisdicción en el campo de la lucha antisubversiva
al asignarle la tarea de planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de
seguridad y de las fuerzas policiales en la lucha contra la subversión; dispone de atribuciones funcionales
sobre la Secretaría de Prensa y Difusión, SIDE, Policía Federal y Servicio Penitenciario
Nacional; mantiene sin variante al Estado Mayor Conjunto como órgano de trabajo del Comité
Militar y del Consejo de Defensa; desactiva la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y en su
reemplazo determina que el COSENA es el responsable de todo lo relativo al establecimiento de
zonas y áreas de frontera y zonas de seguridad; se elimina todo lo relativo al sistema nacional de
planeamiento y acción para la seguridad porque no se implementó a la fecha en la forma prevista
por el decreto ley 16.970.
Hay otros aspectos que se mencionan en este estudio cuya inserción solicito en el Diario de
Sesiones a efectos de poder ocuparme ahora de otros temas que considero tan importantes como
éste.
Lo que nos debemos preguntar, señor presidente, es si hace falta realmente, no ahora, sino
en todos los tiempos, una ley orgánica y permanente sobre Defensa Nacional, que contemple
no sólo la acción represiva atribuida a las Fuerzas Armadas sino el problema en su integridad,
como dijo el señor diputado Musacchio, porque éste es un problema global que excede el ámbito
específico de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad de la Nación. Me refiero a la ley
orgánica y permanente y no a estos principios que se han traído ahora para luchar contra un
fenómeno nuevo en nuestro país —el de la subversión—, que hasta el gobierno presidido por
el doctor Arturo Illia no habíamos conocido. O bien se trata de una ley coyuntural que tiene el
propósito fundamental de afrontar una emergencia circunstancial de la Nación.
Es indudable que el país necesita una ley orgánica y permanente sobre esta materia; pero consideramos
que en este aspecto la ley es deficiente y presenta una falencia tan importante como la
que acaba de señalar el señor diputado Musacchio, porque no están comprendidos los aspectos
más importantes de la vida de una nación, que son los que pueden ayudar a las Fuerzas Armadas
a luchar con éxito y eficacia contra la subversión, es decir, los problemas económico-sociales, de
la salud, culturales, políticos, etcétera. Es cierto que se dan al Consejo de Defensa atribuciones
para asesorar al presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
sobre distintas áreas en las que pueden estar comprendidos estos problemas. Pero —vuelvo a
repetirlo— la ley es deficiente en este aspecto y deberá ser completada.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Massolo.—Con mucho gusto.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Quería aclarar solamente que la ley no omite esos aspectos, sino que más
bien ellos están implícitos en sus alcances. No apunta sólo al detalle, sino a todo espectro en lo
político, en lo económico y en lo social.
Además, no olvidemos que este Parlamento ha dictado leyes que apuntan fundamentalmente
a estos sectores, como la ley de agio del año pasado, en la que hay severas penas para los que especulan
en el aspecto económico.
La ley de Defensa no los excluye; lo que ocurre es que no entra en detalles en estos aspectos,
que quedan reservados a las leyes particulares y específicas.
Sr. Massolo.—Oportunamente, en el curso de mi exposición, voy a contestar concretamente
las observaciones del señor diputado Lazzarini.
Continúo, señor presidente. El otro interrogante es el siguiente: el problema de la defensa ¿es
exclusivamente nuestro o es un problema universal? Y el tercero: ¿hay o no hay subversión en el
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país? ¿Existen grupos guerrilleros en el país, poderosamente armados, que responden a ideologías
extrañas a la esencia de la República, que pretenden por cualquier medio no concebido por
la Constitución Argentina alcanzar el poder por la fuerza? ¿Sí o no?
Si nosotros negáramos la existencia de esos grupos subversivos, señor presidente, estaríamos
negando la evidencia, habríamos perdido el respeto del pueblo argentino y el derecho de permanecer
un solo minuto más ocupando un sitial en este Parlamento.
Pero el problema no se agota con el reconocimiento de que existe subversión en el país,
porque, como bien lo dijo el diputado Musacchio, a pesar de que no es conveniente que las leyes
contengan definiciones, por lo menos en este artículo conviene precisar qué se entiende por
subversión en el país. Y yo celebro que a través de la aclaración del miembro informante de la
Comisión de Defensa haya quedado perfectamente aclarado que pertenecen al grupo subversivo
la acción subversiva de la ultraizquierda como la acción fascista de la derecha, particularmente
las tres A, la violencia protegida, como la llamaba nuestro presidente el doctor Balbín cuando visitaba
a la señora presidente de la República y le decía que era necesario monopolizar los medios
de seguridad para la represión, porque en el país había una violencia protegida.
Y hace pocos días, el diputado Porto, que pertenece a la bancada oficialista, exhibió dos revistas
que preconizan el terrorismo y la violencia, incitando al crimen, y con su fotografía, diciendo:
“el mejor enemigo es el enemigo muerto”. Para el diputado Porto mi solidaridad en esa lucha valiente
y por haber denunciado esa acción, que está dentro de esta ley y que debe ser combatida,
porque compromete la seguridad interna de la Nación y la seguridad del Estado.
Es evidente, señor presidente, que no debe haber un solo país del mundo que no tenga en
su legislación interna medidas destinadas a proteger su seguridad interior. Y esto vale tanto para
los países que están más allá de la cortina de hierro como los que están del otro lado, los países
que pertenecen al mundo de la derecha política como al de la izquierda, los democráticos, los
antidemocráticos, los populares y los antipopulares. Todos tienen una legislación severamente
represiva que responde en cada caso naturalmente a la propia filosofía del sistema imperante en
el país. Nosotros, que somos una Nación relativamente nueva, necesitamos una ley que proteja
la seguridad del Estado pero en función del interés del país y no al servicio de las minorías privilegiadas
que pretenden usufructuar con exclusividad la riqueza nacional para someter al resto
del pueblo argentino.
Por todo esto comparto la opinión del diputado Musacchio y me incluyo en la acusación de
ser nosotros los enemigos de la democracia para estos círculos minoritarios que quieren a toda
costa el golpe de Estado porque es el único medio para poder seguir usufructuando al margen del
pueblo de los poderes que el pueblo jamás les concedería a través de las urnas. (Aplausos.)
Y si esto es así, señor presidente, si el fenómeno de la subversión es universal, si es necesario
tener una ley orgánica que proteja la seguridad del Estado, si hay una acción guerrillera que
cuenta con poderosos medios económicos para difundir e implantar el terrorismo y el miedo en
el país, cómo no va a ser necesario que nosotros le demos, por lo menos en general, el apoyo a
una ley que trata no sólo de proteger al país de la guerra clásica o convencional —es decir, frente
a un país extranjero—, sino contra la propia subversión, en el mismo seno de nuestra familia
argentina, de grupos armados, tanto de derecha como de izquierda, que asesinan a mansalva e
impunemente y que comprometen no sólo la estabilidad de las instituciones sino también la paz
social y hasta la seguridad misma de la persona humana.
¡Cuántos crímenes hemos tenido que llorar en estos últimos tiempos! No importa el signo de
la víctima; nos duele la pérdida del valor humano que representa la vida. Por eso, cuando despedimos
aquella tarde triste al diputado Ortega Peña, dijimos que lo hacíamos en nombre de Dios,
porque nos considerábamos con el derecho inalienable de defender por encima de todo a la vida
humana. Y lo hicimos con Mor Roig; lloramos la muerte de Rucci, la de Alonso, la de todos los
militares caídos en la lucha contra la subversión; también lloramos la muerte de los oficiales y

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agentes de las policías de seguridad y también, por qué no decirlo, la de aquellos jóvenes que lucharon
por la libertad, quienes creyendo en la redención de un mundo nuevo abrazaron la causa
de la liberación y la ruptura de la dependencia y se rebelaron y pagaron con la vida esa rebelión,
simplemente por reclamar nada más y nada menos que el cumplimiento de un programa votado
el 11 de marzo y el 23 de septiembre de 1973.
Creo que la lucha contra la subversión no se agota en la mera acción represiva. Recuerdo que
el año pasado —y esto me parece que no es revelar ningún secreto de Estado— un comandante
general del Ejército, dignísimo comandante, a quien el general Perón honró con su confianza
sin conocerlo, el teniente general Anaya, nos advertía en el Comando General del Ejército que
había un déficit en el gobierno con respecto al tratamiento de los problemas socioeconómicos
que conmovían las bases fundamentales de la sociedad tucumana, y que no era posible que el
Ejército se mantuviera allí por más tiempo, en una acción exclusivamente represiva, si no estaba
acompañada de medidas de fondo que llevaran la solución a los más acuciantes problemas del
hombre tucumano. Un diputado de la bancada justicialista le hizo la siguiente reflexión: “Con
todo el respeto que usted me merece, señor comandante, quiero advertirle que soy legislador de la
mayoría y quiero que me vuelva a repetir lo que acaba de decir, porque deseo conocer la verdad. A
los pocos días ese comandante general del Ejército le pedía a la señora presidente una entrevista, que
fue concedida; con ella viajó a Tucumán, volvió y a las pocas horas había dejado de ser comandante
general del Ejército. No quiero creer que la separación del ilustre teniente general Anaya estuvo motivada
por el hecho de haber puesto en evidencia la necesidad que había en Tucumán de proveer a la
solución de los más acuciantes problemas en lo económico, político, social y cultural. Pero las cosas
sucedieron de esa manera.”
Queremos recalcar —y esto ya de alguna manera lo han hecho algunos diputados de nuestra
bancada que efectuaron interrupciones al señor miembro informante de la comisión, entre
otros los diputados Mauhum, Álvarez Guerrero y Arigós— que tenemos serias discrepancias
con algunos artículos de este proyecto de ley, fundamentalmente vinculadas con la necesidad
de preservar, por encima de todo, que el Congreso de la Nación mantenga incólume la potestad
legislativa que le confiere el texto del estatuto fundamental de la Nación. Si en el caso de
la guerra clásica es el Congreso quien debe declararla, es lógico suponer que si hay un ataque
exterior el presidente de la República y las Fuerzas Armadas no tendrían que esperar que el
Congreso se reuniera para defender el suelo de la Patria. Y cuando se trata de la conmoción
interior, que es un caso muy distinto al estado de sitio clásico del artículo 23 de la Constitución
Nacional, creemos que el Congreso debe tener las mismas facultades que las que posee para
el caso del estado de sitio. Estando el Congreso en funcionamiento, la declaración de zona de
emergencia debe ser previa; si se encuentra en receso, deberá tomar conocimiento inmediato
de la situación mediante la convocatoria a sesiones extraordinarias en un plazo perentorio,
para la consideración de la situación.
No se trata —como acaba de manifestar el señor diputado Lazzarini— de que el estado de
sitio implique una situación menos grave que el estado de conmoción interior contemplado
en el artículo 30 del proyecto. Este artículo supone la declaración de zonas de emergencia, la
subordinación de las autoridades civiles a las militares y la aplicación subsiguiente del Código
de Justicia Militar, con las facultades de dictar bandos. Por eso es que a los jueces se les respeta
su independencia, siempre y cuando no afecte la competencia de los tribunales militares
creados como consecuencia de la aplicación de ese código.
De manera que la situación contemplada en el artículo 30 del proyecto no es la conmoción
interna clásica del estado de sitio. En el seno de la comisión sostuve que se trataba de un estado
de guerra interna. Esta es una expresión que, si mal no recuerdo, estaba contemplada en
la Constitución de 1949, cuando preveía las dos etapas: el estado de prevención y alarma, y el
estado de guerra interno. En este último caso se trataba de la presencia, dentro de nuestro propio
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territorio, de un enemigo que forma parte de los habitantes del país. Enemigo porque pretende
tomar el poder por la fuerza, al margen de los canales autorizados por la Constitución.
Y como he utilizado el término “enemigo”, me parece bien compartir el punto de vista del
señor diputado Musacchio cuando se pregunta quién es el enemigo. Ya dijimos que era necesario
definir la subversión. El grupo guerrillero —de derecha o de izquierda— que subvierte el orden
institucional existe; no hay la menor duda. Hay que combatirlo y erradicarlo; pero, ¿es el único
enemigo del país? ¿O son los grandes intereses que se mueven siempre para conmover las bases
de los gobiernos que surgen de las urnas? Cuando los gobiernos están apoyados por mayorías populares
y se resisten a la penetración de los intereses de círculos pequeños, de adentro o de afuera,
tambalean y caen. Si ceden, los gobiernos duran. Esta es una experiencia que nos viene de lejos.
Como el radicalismo se encuentra en un proceso de unidad nacional no desea traer recuerdos de
ningún episodio del pasado.
Un trabajo del doctor Ernesto J. Aberg Cobo, titulado Hacia la Defensa Nacional, aparecido
en noviembre de 1959, en La Nación, contiene algunas reflexiones muy interesantes, de las que
me permitiré leer muy pocas. El artículo es extenso y, desde ya, solicito a la Honorable Cámara
su inserción íntegra en el Diario de Sesiones.
Voy a limitarme a leer los conceptos más importantes, porque la verdad es que la lectura de
los párrafos subrayados insumiría un considerable tiempo en este debate. Allí se dice: “El frente
económico debe ser atendido buscando utilizar totalmente y en la forma más eficaz posible nuestro
potencial humano, pues en este rubro nuestra experiencia nos ha enseñado que existe un despilfarro
cuantioso, incluso entre los administradores del patrimonio nacional, es decir entre los funcionarios
públicos, entre los cuales muy pocos desempeñan la tarea para la cual tienen aptitud…”
“En otro aspecto, la guerra, como consecuencia de todos estos nuevos inventos (habla de las transformaciones
y cambios operados en los últimos cincuenta años) ha sufrido una total transformación,
dejando de ser un duelo exclusivo entre combatientes armados y uniformados, en el campo de batalla,
para caer en una acción de lucha en las cual están empeñadas todas las actividades de la colectividad.
Estas modificaciones en el carácter de la guerra ya se habían manifestado durante la segunda contienda
mundial, pues el bombardeo despiadado a las poblaciones civiles por ambos bandos constituyó
una de las características de esa contienda, llegándose hasta a hablar de guerra total de exterminio,
de terror, etcétera.”
Cuando el señor diputado Musacchio hablaba del enemigo —sin dejar de computar a la subversión
en el país como un enemigo institucional— que conspira contra los intereses vitales de la
Nación, yo compartí sus puntos de vista que iban encaminados a precisar quién era ese enemigo.
Esta coincidencia me lleva a la conclusión de que los argentinos necesitamos saber a qué país
aspiramos, como lo dijo el presidente Perón en su memorable mensaje del 1º de mayo de 1974,
al referirse al proyecto nacional. Desde la muerte de Perón no volvió a hablarse de ese proyecto, y
sin embargo los argentinos debemos ponemos de acuerdo sobre lo que queremos, qué proyecto
de país ambicionamos, cuáles son los comunes denominadores de la argentinidad, qué estilo de
vida estamos dispuestos a defender, cuáles son las instituciones que pretendemos preservar y poner
a cubierto de la acción subversiva; si queremos realmente mantener abiertos los canales institucionales
para que el pueblo, el único soberano, conserve el poder nacional de decisión, a través
de sus órganos constitucionales, o si queremos un país dominado por las minorías detentadoras
de los privilegios económicos, cuyo objetivo es someter al pueblo a sus criminales designios de
lucrar a costa de su hambre, su miseria y su desesperación.
Desde el fondo de su historia el radicalismo nos señala claramente el camino de la redención
humana. Por eso luchamos por el sufragio, para que el hombre argentino sea el protagonista, el
dueño y el capitán de su propia alma y de su propio destino, para que el pueblo sea el único depositario
de la soberanía política, para tender el puente pacífico por donde atraviese la voluntad
de la Nación, para lograr que las transformaciones y cambios de estos tiempos nuevos transiten

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por los caminos de la paz, y para evitar la revolución sangrienta, facilitando la evolución pacífica
y progresista de la razón y la justicia.
Por eso defendemos la democracia, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta
idónea para lograr no sólo la dignidad humana sino la seguridad social, que era la obsesión de ese
eminente ciudadano que fue Crisólogo Larralde, cuando hablaba de que la democracia representativa
tenía que ser complementada con la democracia social.
No hay partido político en el país —perdónenme mis adversarios porque no digo que hemos
luchado más o menos— que haya combatido con más energía y coraje la violencia, la de arriba
y la de abajo. Podrá haber partidos políticos, y los hay aquí en esta Cámara, que combatieron la
violencia como nosotros; pero nosotros no cedimos jamás un milímetro a la violencia y fuimos
víctimas de la violencia.
Cuando nos echaron en 1966, por un acto de resentimiento pudimos caer en la tentación de
echar leña a la hoguera sumándonos a la subversión y buscando la revancha por cualquier medio.
Si lo hubiéramos hecho habríamos favorecido la violencia que no estaba en nuestras manos controlar,
y hoy estaríamos llorando los muertos enterrados en el camino. A pesar de ello, mi homenaje
a los que cayeron en defensa de la libertad, ejerciendo el derecho sagrado de la resistencia a la
opresión. Pero como en otros tiempos dijimos “hay que empezar de nuevo”, sin odios ni rencores,
aprovechando la experiencia de nuestros propios errores, superando enfrentamientos estériles,
antinomias absurdas y rivalidades intrascendentes, y nos pusimos en la tarea de conversar con
todos los argentinos, sin exclusiones, para lograr las coincidencias programáticas de los comunes
denominadores. Tarea ardua, realizada sin prisa pero sin pausa, como las estrellas.
Y cuando aparece el documento de La hora del pueblo se abre el camino de las urnas, no sólo
para nosotros, sino para todo el pueblo argentino. Y el pueblo gana la batalla el día del comicio.
Pero cuando todos creíamos que estaban dadas las condiciones para el éxito final, hace más de
un año que tenemos la tristeza de ver que se malogra la empresa desde la propia escena oficial,
en un proceso de aislamiento suicida que ha llegado a comprometer no sólo el destino de las
instituciones sino la propia paz de la República.
Tengo sobre mi banca el documento de La hora del pueblo. Y sin pretender contestar, quiero
preguntarme y a la vez preguntar a la Cámara si hemos cumplido o no con los postulados enunciados
en las Normas y condiciones para asegurar el funcionamiento del futuro gobierno democrático.
Dicen estas normas: “Las declaraciones, derechos y garantías del hombre establecidas en
la Constitución Nacional constituyen la estructura básica del sistema, sin la cual se quebranta la
posibilidad de la democracia, de la libertad, de la igualdad y de la justicia”.
Dije que no iba a dar respuestas, pero estoy tentado de dar una. Se nos acaba de decir en
esta Cámara que el estado de sitio suspende todos los derechos. Yo sé que el presidente de la
República, en ejercicio de atribución que no le dio el Congreso, a pesar de que es competencia de
este cuerpo, me podría, si no tuviera fueros, hoy mismo, detener y trasladar de un punto a otro
de la República. Pero yo me pregunto si la suspensión de los derechos puede llegar a impedirme
que esta noche me resguarde en la intimidad de mi hogar, compartiendo el techo común con mi
señora y mis hijos. Si éste es el alcance que se le da al estado de sitio, prácticamente la República
Argentina habría dejado de ser una sociedad organizada, y no sería nada más que un cementerio.
(Aplausos.)
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción señor diputado Massolo?
Sr. Massolo.—¡Con mucho gusto!
Sr Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Debo aclarar que yo hablé de eso, señor presidente; pero no es que yo lo
haya dicho. Lo dice la Constitución en el artículo 23, al establecer la suspensión de los derechos
constitucionales.
Además, con relación a lo que sostiene el señor diputado Massolo, considero que está muy
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claro que al estar suspendidos los derechos constitucionales —dentro de las prescripciones que
establece nuestra Carta Fundamental—, por supuesto que también está suspendido en el caso
concreto el derecho al domicilio particular; pero no así en cuanto a las facultades de los restantes
poderes del Estado, como la Corte lo resolvió en el caso Alem. Allí se estableció la diferencia
entre lo que es la suspensión de los derechos constitucionales y la suspensión de la Constitución.
Porque el estado de sitio se ha previsto y se lo declara justamente para garantizar la existencia de
los poderes constituidos.
Quería aclarar que, en todo caso, el ejercicio del Poder Legislativo y los fueros parlamentarios
cobran precisamente vigencia porque es el estado de sitio lo que en doctrina tiende a ampararlos.
Muchas gracias, señor diputado Massolo.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Massolo.
Sr. Massolo.—Segunda pregunta. Hay muchas más, pero habré de limitarme a sólo tres o
cuatro.
“¿Los derechos y garantías protectores, consagrados en la Carta Magna, deben substanciarse por
medio de recursos sumarísimos y tramitados previamente ante la justicia, para hacer cesar los actos
arbitrarios del poder que afectan el pleno disfrute de los ciudadanos? El estado de sitio —o sea la
suspensión de las garantías constitucionales— sólo puede ser declarado por el Congreso Nacional y
por tiempo determinado.”
“Sin perjuicio de los derechos y garantías que consagra la Constitución, consideramos que la
libertad de opinión es un derecho inalienable del hombre. Ello significa la libertad de cada uno para
formarse una opinión y expresarla sin trabas, sobre todo cuando ella no está de acuerdo con la de los
gobernantes.” “El libre acceso a los medios de difusión del pensamiento —prensa, televisión, radio,
cine y teatro— y a las fuentes de información, es un derecho de los habitantes que no debe ser cercenado
por el Estado.” “Los sistemas de censura deben ser eliminados.” “Ninguna doctrina política ni
económica; ninguna clase, raza, religión, facción o factor de poder podrán pretender prescindir de la
libertad, para negársela a otros grupos, en nombre de un fin último, cualquiera que sea.”
El señor diputado Musacchio sostenía recién la necesidad de precisar qué es la subversión. Y
yo quiero decir esta noche que para nosotros la subversión no es la que acaba de exponer hace
pocos días el teniente general Rattembach en una cena. Porque nosotros creemos en la pluralidad
política e ideológica; y consideramos que perseguir las ideas es, en última instancia, avivar
la subversión. Hay un secreto instinto, decía mi maestro el doctor Alfredo Palacios, que impulsa
a los hombres hacia los perseguidos. Si perseguimos a las ideologías por las ideologías mismas,
cometeremos el más grande de los errores.
Felizmente, este pensamiento del teniente general Rattembach no es el del Ejército argentino.
Coincidiendo con mi querido amigo, el diputado Musacchio, yo también he traído esta noche
un discurso del cual solamente habré de leer dos o tres párrafos. Se trata del que esta Cámara
aplaudiera por unanimidad y que pronunciara el teniente general Carcagno en la X Conferencia
de Ejércitos Americanos. Considero que no estará demás que repita el párrafo más saliente y
trascendental de esa exposición, para que quede bien grabado en la mente de todos los señores
diputados.
Dice así: “…Porque en un Estado moderno no pueda hablarse de términos de Defensa Nacional
pensando solamente en su brazo armado. La defensa de la soberanía y del territorio comprende una
serie de previsiones muy compleja, en las que interviene la totalidad del potencial de la Nación, debidamente
integrado. Por esta causa, un mayor grado de progreso tiene incidencia directa positiva en
la Defensa Nacional. No me refiero al desarrollo en términos exclusivamente materiales. Lo entiendo
como un equilibrio armónico entre aumento del bienestar de nuestros conciudadanos y adecuación
espiritual”.
Dejo solicitada a la Honorable Cámara la inserción en su Diario de Sesiones del texto íntegro
de este discurso pronunciado por el teniente general don Jorge Raúl Carcagno. Pero no puedo

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resistir a la tentación de leer algo que también citó el señor diputado Musacchio. “Existe otro tipo
de subversión…” Y esto lo dice un teniente general que, estando presente Perón en el país, fue a
representar al Ejército argentino en la conferencia que antes mencionara, en la que pronunció
este mensaje, cuyo texto esta Cámara aplaudió por unanimidad.
Sostuvo el teniente general Carcagno que “existe otro tipo de subversión que aunque a veces
artificiosamente provocada se engendra en causas reales. Cuando a los ciudadanos de un país se les
niega justicia, se los persigue ideológicamente, se los vulnera en sus libertades y se los priva de lo que
legítimamente les corresponde, la subversión exclusivamente interna o provocada y alentada desde
el exterior puede ser la respuesta. En este caso, la guerrilla se desarrolla y actúa con el apoyo de la
población que le proporciona todas las facilidades que necesita y las fuerzas del orden son impotentes
entonces para destruirla. Por eso sostengo, que cuando existen causas reales de la subversión, sólo se
conseguirá hacerla desaparecer cuando se actúe decididamente sobre esas causas en el plano político,
económico y social. El empleo del poder militar no va más allá de la anulación transitoria de los efectos
que, naturalmente, se incrementan a medida que las causas persisten o se agravan”.
También traje para leer, nada más que un párrafo —el más importante— del discurso de un
comandante general de una de las Fuerzas Armadas de la Nación, pronunciado el 11 de agosto de
1975, el Día de la Aeronáutica; me refiero al del señor brigadier general Fautario.
Después de celebrar el acontecimiento de la unidad nacional a través de la amistad de los viejos
adversarios de la vida política argentina, el brigadier general Fautario sostuvo que el proyecto
nacional que ambiciona por lo menos la Fuerza Aérea —y ésta es una ambición de la mayoría
del pueblo argentino— es “una Nación donde los derechos y necesidades materiales fundamentales
del hombre están asegurados, para que éste pueda optar libremente por el destino trascendente que
tiene como persona; una Nación políticamente independiente de los imperialismos dominantes y
sosteniendo una doctrina socioeconómica auténticamente nacional, como alternativa válida frente
al marxismo y al capitalismo internacional; una Nación que —preservando la preeminencia final
del criterio político y sus instituciones— asegure la participación plena de la comunidad en las decisiones
de la vida del país, institucionalizando canales adecuados de representación de los distintos
intereses sectoriales; una Nación ligada solidariamente a la América latina y promotora de su unión
integral a efectos de potencializar la capacidad de defensa común contra los intentos imperialistas de
dominación; una Nación activamente respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos
y, por ello, relacionada política y comercialmente con todos los países de la tierra cualquiera sean
sus posturas ideológicas; una Nación donde el Estado no sea prescindente ni totalitario; y donde a la
par de sus funciones naturales cumpla actividades productoras en áreas vinculadas al ejercicio de la
soberanía y al poder de decisión nacional”.
Voy a terminar, señor presidente, mi larga exposición leyendo parte del mensaje del ex presidente
Illia, quien el 12 de octubre de 1963 decía: “La soberanía nacional tiene que quedar afirmada
como un imperativo irrenunciable. No puede escapar a nuestra preocupación de gobernantes
la importante función que corresponde a las Fuerzas Armadas en el proceso de recuperación nacional.
Custodias de la soberanía argentina, son las depositarias de una tradición que compromete con sentido
trascendente su tarea, que no ha sido solamente la de llevar sus armas para la hazaña de ganar
medio continente a la causa de la libertad, sino que han cumplido, en todos los tiempos, fecunda
acción civilizadora. En este aspecto de su quehacer, no menos importante que el considerado como
específico de las Fuerzas Armadas, siempre estuvieron identificadas con los grandes objetivos del progreso
nacional”.
Solicito también su inserción en el Diario de Sesiones.
En el último mensaje a las Fuerzas Armadas de la Patria, en ocasión de la cena de camaradería
celebrada el 8 de julio de 1965, dice el eminente presidente y ciudadano doctor Arturo Illia:
“Si los próceres que nos legaron la Independencia le dieron unidad espiritual y nacional a nuestra
Patria, las Fuerzas Armadas diseminadas en el vasto territorio de la República, están cumpliendo su
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misión para tratar de dar cima a lo que entonces no pudieron hacer quienes dieron unidad espiritual
y nacional al país. Fueron las Fuerzas Armadas de la República las que primero llegaron a los lugares
más alejados de nuestro territorio y hoy están presentes en su acción civilizadora, afirmando la argentinidad
en toda nuestra dilatada geografía. Con los misioneros que fueron a derramar el credo de
su fe, fueron también las primeras que, en un deambular en que no pidieron sino responsabilidades,
llegaron a los confines de la República para integrar la nacionalidad”.
Este es el pensamiento del partido sobre las Fuerzas Armadas en esta hora difícil de la Argentina.
Para terminar, voy a elevar una plegaria al Señor: que Dios ilumine al Ejército Argentino y lo
aleje definitivamente de un golpe de Estado que interrumpa el proceso, para dejar en manos del
pueblo la decisión final de su destino. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Si hay asentimiento, se insertará en el Diario de Sesiones la documentación
que ha solicitado el señor diputado Massolo.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—Se harán las inserciones solicitadas en el Diario de Sesiones.
De acuerdo con lo resuelto oportunamente, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto
intermedio hasta mañana, jueves, a la hora 9 y 30.
—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 40.
Miguel J. Silva Rey
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
I
Inserciones solicitadas por el señor diputado Massolo
200
I. Palabras pronunciadas por el teniente general Jorge Raúl Carcagno en la X Conferencia
de Ejércitos Americanos (1973)
Señores comandantes y señores delegados de los ejércitos americanos, señores observadores,
señores oficiales miembros de las delegaciones:
Agradezco muy sincera y muy profundamente la oportunidad que ustedes me brindan para
que el Ejército Argentino haga escuchar su voz en este elevado foro que congrega a tan elegidos
representantes militares de queridas naciones hermanas. Creo valorar en su debida magnitud la
excelencia de este auditorio y la proyección de esta tribuna con la que es honrado el Ejército de
mi país, por lo que he de tratar que mis palabras traduzcan con la mayor fidelidad posible los
anhelos de cooperación y fraternidad de la Fuerza Armada que comando, así como su franca
vocación americanista al servicio de esta efectiva, real y verdadera paz continental que todos por
igual ambicionamos para mayor felicidad de nuestros pueblos.
Comienzo expresando mi más vivo reconocimiento a nuestros anfitriones, los miembros del
ejército venezolano, que, haciendo gala de magnifica hospitalidad, se han brindado para ofrecernos
cuanto es necesario para que este cónclave tenga lugar en un ambiente que permita el más
fértil intercambio de ideas y búsqueda de adecuadas soluciones, ambiente conformado por las
facilidades materiales que disponemos y, más que por ellas, inmejorables sin duda, por la calidez

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humana y la hidalguía que a cada instante percibimos y que nos hace sentir tan dichosos en esta
tierra. Verdad es que no teníamos derecho a esperar cosa diferente: la tierra de Simón Bolívar
hace culto de las tradiciones que su libertador les legara y las enriquece de continuo.
Es induble que se está operando una verdadera transformación en las condiciones militares
para mejor servir a los pueblos que nutren a las instituciones armadas y que, por ende, se advierte
una serie de coincidencias muy alentadoras, aunque, lamentablemente, en esta décima conferencia
tales coincidencias no han tenido la concreción que el Ejército de mi país esperaba, fundadamente,
luego de que se aprobó lo actuado por la conferencia de inteligencia que la precedió. En
el sentido expuesto, me permito citar una frase del discurso que pronunciara en mi país el 29 de
mayo de este año, a escasos cuatro días de asumir el cargo de comandante en jefe:
“…Cumplirá el Ejército sus funciones específicas participando activamente en la realización del
sentir nacional, sumando sus esfuerzos a los del pueblo del que forma parte, con el afán de que cristalicen
anhelos comunes y se haga realidad la Patria que soñamos, la que tantos argentinos, hombres
y mujeres, contribuyeron a engrandecer. Seremos verdaderos custodios de nuestra soberanía, misión
que no se agota con la presencia armada en la frontera, sino que se integra dentro de una concepción
que parte de la premisa de que un pueblo es soberano cuando es dueño de sus destinos y está en capacidad
de adoptar las decisiones que mejor convengan a su evolución y al bienestar de sus habitantes.”
Abusando de la atención que ustedes me dispensan, y que mucho valoro y agradezco, vuelvo
a una idea expresada en mi Orientación Básica al Ejército Argentino el día 3 de julio último:
“…Porque en un Estado moderno no puede hablarse en términos de Defensa Nacional pensando
solamente en su brazo armado. La defensa de la soberanía y del territorio comprende una serie de
previsiones muy complejas, en las que interviene la totalidad del potencial de la Nación, debidamente
integrado. Por esta causa, un mayor grado de progreso tiene incidencia directa positiva en la Defensa
Nacional. No me refiero a desarrollo en términos exclusivamente materiales. Lo entiendo como un
equilibrio armónico entre aumento del bienestar de nuestros conciudadanos y adecuación espiritual.
“Lo creo posible cuando el país es enteramente dueño de sus destinos y está, por consiguiente, en
capacidad de adoptar las decisiones que mejor convengan a sus propios y exclusivos intereses, con
abstracción de todo tipo de presiones o ideologías extranacionales.
“Y el Ejército debe contribuir para que sea, lo que señalo, factible. Sobre todo en países con las
características del nuestro. Así, y no en otra forma, debe entenderse el cumplimiento de nuestras misiones
específicas.”
El Ejército de mi país se ha presentado aquí animado por los propósitos que de las citas se
desprenden, reconociendo como principios básicos e inalienables el de la no intervención, el de
autodeterminación de los pueblos y el de escrupuloso respeto a las individualidades de cada país,
en un contexto en el que carecen de sentido las diferenciaciones ideológicas.
Esta décima CEA tiene como finalidad, no expresamente enunciada pero tácita en el espíritu
de quienes nos hemos reunido, considerar la necesaria renovación de las previsiones de todo
orden que hacen a la seguridad del continente, vista ahora con la óptica que la evolución de las
circunstancias y nuevos supuestos aconsejan. El Informe de la Conferencia Preliminar así lo hace
percibir, por otra parte.
Sabemos que toda empresa humana es dinámica en la búsqueda de nobles fines. El hombre
tiende siempre a lo mejor, y son las sucesivas generaciones las que hacen que los regímenes
políticos, las organizaciones sociales y los sistemas de toda índole alcancen su mayor eficiencia,
aportándoles el producto de su inteligencia y de su esfuerzo.
Esta evolución, que todos bien conocemos, se hace más imperativa a medida que se agudizan
los fenómenos de cambio acelerado. En un mundo en transformación vertiginosa, corren riesgo
de caducidad las estructuras que no sean capaces de adaptarse al ritmo que los tiempos imponen.
El dilema es de hierro. O nos renovamos y comprendemos nuestras misiones tal como las circunstancias
lo imponen en nuestros países y así cumplimos con nuestros deberes o quedamos a
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la zaga condenando a nuestros pueblos a ser víctimas de las agresiones que los están vulnerando
y apartando de su destino.
Las interrelaciones se han imbricado al punto que resulta muy difícil en el mundo contemporáneo
poder aislar un problema. Todos se entrelazan de tal manera que pierden identidad, por lo
que se falsean los enfoques sectoriales; y el de seguridad no es por cierto una excepción. Sabemos
que la Defensa Nacional no es responsabilidad exclusiva de los militares y por consiguiente nos
equivocaríamos en nuestras conclusiones si quisiéramos resolverla prescindiendo de los demás
factores que la condicionan.
Escritores bien conocidos por todos nosotros, nos han ilustrado en nuevas ideas estratégicas,
tipos de conflictos y formas de agresividad y de defensa. En lo que va del siglo, nuestros conocimientos
en la materia han cambiado substancialmente. Armas de potencia estremecedora, así
como originales hallazgos en lo estratégico y en lo táctico, referidos en especial a la lucha en el
campo psicológico, han hecho que aquello que aprendimos hace una o dos décadas haya perdido
actualidad. Y en este andar que, como hemos dicho, se acelera día a día, corremos el riesgo de que
no sea ya todo lo bueno que creíamos entonces, lo que hemos tenido por ventajoso y conveniente
hace pocos años.
Los nuevos conocimientos en materia de seguridad a que he hecho referencia y la actual coyuntura
histórica que encuentra a América signada por el proceso de cambio que se percibe en
todo el mundo obligan a una autocrítica imparcial y objetiva que permita apuntalar los aciertos
y corregir las deficiencias. Si admitimos como supuestos ciertos el de la profunda evolución, el
de la renovación de las concepciones estratégicas, el de interacción recíproca de los más diversos
factores con el poder militar y la aceptación del pluralismo ideológico como base de convivencia
y cooperación, es preciso convenir en que se han transformado substancialmente las bases que
sustentaban la seguridad hemisférica.
La modificación paulatina del enfrentamiento entre los ejes del poder mundial, y la tendencia
que al respecto se observa de progresivo entendimiento, hace que aparezca como carente de
sentido lógico particularizar la agresión en un solo adversario. Continúa existiendo uno que se
opone, no digo a nuestro sistema de vida porque puede haber muchos auténticos y por lo tanto
aceptables aunque no sea el propio, el que por otra parte no tenemos derecho a imponer a quien
no lo quiera, me refiero a un enemigo que ataca al hombre mismo en su esencia, no a una determinada
civilización o contexto social regido por pautas a las que podemos o no adherirnos.
El que ataca al hombre negándole su capacidad vital de modificar el contorno y procurarse una
existencia más digna y feliz. Aquel que le asigna a sólo una minoría arbitrariamente elegida la
lucidez para advertir los problemas y aportar las debidas soluciones, las que por absurdas que
parezcan, tienen su principio y su fin en la destrucción. Aquel que, basado en un ideario neonihilista
que no resiste el menor análisis, va en pos de la destrucción por la destrucción misma.
Aquel que procura el caos del que emergerá espontáneamente, cual ave fénix, una sociedad feliz
sin contradicciones. Aquel sobre el que montan otros tipos de extremismos o que es arrastrado
por éstos, que en definitiva se caracterizan por el empleo de la violencia indiscriminada para
la consecución de sus fines como único modo de acción. Para el Ejército Argentino éste es un
enemigo perfectamente delineado, y no podría ser en otra forma, porque es un enemigo de la
humanidad.
La ideología y consecuente violencia a la que me he referido es desde todo punto de vista
inaceptable, pero no sucede lo mismo con otras posiciones políticas que han sido vistas o conceptuadas
como peligrosas para el futuro de los países y distinguiendo con precisión que aceptar
no significa compartir. Nuestros pueblos están suficientemente maduros y han alcanzado
un nivel de politización que los hace suspicaces y los faculta para rechazar todo impulso que
comprometa su libertad, o aleje de sus conveniencias y los suma en la confusión. No necesitan
ni aceptan que se les indique lo que deben pensar.

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Existe otro tipo de subversión que aunque a veces artificiosamente provocada se engendra en
causas reales. Cuando a los ciudadanos de un país se les niega justicia, se los persigue ideológicamente,
se los vulnera en sus libertades y se los priva de lo que legítimamente les corresponde,
la subversión exclusivamente interna o provocada y alentada desde el exterior puede ser la respuesta.
En este caso, la guerrilla se desarrolla y actúa con el apoyo de la población que le proporciona
todas las facilidades que necesita y las fuerzas del orden son impotentes entonces para
destruirla. Por eso sostengo que, cuando existen causas reales de la subversión, sólo se conseguirá
hacerla desaparecer cuando se actúe decididamente sobre esas causas en el plano político, económico
y social. El empleo del poder militar no va más allá de la anulación transitoria de los efectos,
que naturalmente se incrementan a medida que las causas persisten o se agravan.
Cuando no se perciben o no se quieren percibir las razones intrínsecas de la subversión y no
se hace lo que se debe para suprimirla, su erradicación por la fuerza se torna imposible. Del empleo
del poder militar contra ella se deriva un distanciamiento cada vez mayor entre el pueblo y
el ejército que forma parte de ese pueblo, y se genera así una de las contradicciones más agudas
y más negativas.
La imagen de los ejércitos como guardias pretorianas de un orden político, económico y social
injusto es en extremo perniciosa para la salud de los pueblos, para el logro de sus aspiraciones,
para la conformación del ser nacional y para su proyección continental. Esta imagen puede
aparecer cuando, asfixiados pueblos y gobiernos por agresiones de diversa índole, no comprende
bien a los miembros de las instituciones armadas adonde deben dirigir su mirada para superar
situaciones conflictivas agobiantes. Por tal razón sostengo que, en el cumplimiento de sus misiones
de custodia de la soberanía, es preciso que los ejércitos perciban con claridad todas las
influencias de contorno, si es que quieren conservarse fieles al pueblo del que son parte y fieles a
sí mismos y a sus tradiciones.
En muchos casos, diría que en la mayor parte de ellos, se conjugan factores internos y factores
externos para que la guerrilla nazca y prospere. Por mejor que puedan estar inspirados los
gobiernos, sucede que no pueden satisfacer las legítimas aspiraciones populares porque se encuentran
prisioneros de intereses extranacionales que condicionan y hasta conducen su gestión.
Siendo así, pueblos y gobiernos están por igual a merced de agresiones aparentemente incruentas
que los precipitan a la violencia. Cabe preguntarse cuál es el grado de seguridad de un
país en el que en los últimos años se registran aumentos de los índices de mortalidad infantil y
en donde existen sectores de población que consumen menos proteínas que las que necesitan. Es
verdaderamente irrisorio pensar que pueda alcanzarse el éxito, confiando solamente en la suma
de la potencia de las armas, cuando se va deteriorando progresivamente el hombre, elemento
principal de la defensa y razón misma de su existir.
Traigo a colación esta lamentable realidad en el afán de que surja con la mayor nitidez que la
lucha, la represión y la violencia representan enfoques unilaterales del problema de la seguridad.
Únicamente tiene validez para oponerse a la violencia de quienes buscan el caos y la destrucción,
pero son absolutamente inútiles para resguardarse contra otras agresiones más sutiles y no menos
tremendas.
Somos sensibles a los múltiples problemas que crea la civilización tecnológica y va de suyo
que tratamos de superarlas. Pero, paralelamente, reclamamos el derecho de acceder plenamente
a los beneficios que supone. Una posición distinta llevaría a la paradoja de que las naciones menos
favorecidas deben ayudar a las otras a mejor sobrellevar su opulencia.
El Ejército que comando constantemente se nutre en un hondo sentimiento americanista,
suficientemente probado desde los albores de su existencia. Nuestra concepción de la vida que
nos pone al servicio del prójimo va mucho más allá de las fronteras. La permanente, renovada y
firme lucha por la preservación, consolidación y máximo desenvolvimiento de nuestra identidad
histórica nacional, sirve a estos sentimientos fraternos. Para el más eficaz ejercicio de nuestra
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vocación continentalista y universalista, queremos preservar el absoluto ejercicio de nuestra soberanía
nacional con actitudes sensatas, y valientes, generosas y tenaces.
La afirmación de su soberanía constituye la piedra angular de la política exterior argentina
y en ella se inspira su Ejército. A partir de ella queremos marchar cada vez más estrechamente
unidos con los países hermanos, hacia formas más perfeccionadas y eficaces de convivencia internacional,
donde no tienen cabida proyectos que desconocen las peculiaridades, la autonomía
y la libertad de decisión de cada país. Por lo que rechazamos intentos de concretar procesos que
no partan de las necesidades y aspiraciones propias de cada Nación y que sirvan a gigantescas
corporaciones cuya lealtad al interés nacional no está presente en el primer plano de sus actividades
y que tienden a forzar los hábitos del consumidor, más que a transformar beneficiosamente
los procesos productivos. Los patrones de consumo no deben ser impuestos por quienes poseen
el dominio de las técnicas productivas.
Los ejércitos de cada país están obligados, dentro de los límites de su competencia, a no ahorrar
esfuerzos ni a medir riesgos, en su apoyo a los pueblos y a los gobiernos que se niegan a ser
víctimas de un nuevo modelo de división internacional del trabajo, diseñado para la opulencia
de unos pocos y la pauperización de la mayoría.
Nos hallamos muy lejos de la justicia universal. Hay hombres y naciones que luchan por su
destino en condiciones por demás desventajosas, al punto de que lo que debiera ser una pugna
por alcanzar mejores niveles de vida, se parcializa y se degrada en un afán que tiende nada más
que a la supervivencia como meta. Y no puede hablarse de libertad ni de soberanía en estas situaciones.
Libertad es posibilidad de elegir y soberanía es capacidad de adoptar decisiones propias.
Ni son libres los hombres ni soberanas. Las naciones, cuando aquéllos están careciendo de lo
más elemental y están éstas maniatadas por mecanismos internacionales que las obligan a aceptar
condiciones indignas.
Tal situación no ha dejado indiferentes a los más inteligentes pensadores, los más ilustrados
y las más respetables instituciones. La Iglesia Católica en su encíclica Populorum Progressio señala
expresamente:
“…Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación
estable, participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de
situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer,
y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número de
ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen ilusorio este legítimo deseo”.
Por su parte, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las
Naciones Unidas acaba de publicar un informe en el que puede textualmente leerse: “Por un lado
las corporaciones multinacionales los benefician a los países en desarrollo al aumentar sus niveles de
exportaciones y de tecnología, su manejo de personal y la transferencia de conocimientos especializados.
Por el otro, sin embargo, las corporaciones multinacionales están en condiciones de dañar
las prioridades gubernamentales, las políticas monetarias y fiscales y aún la soberanía nacional, los
valores culturales nacionales la misma orientación y modelos de desarrollo del país”.
Varios y diversos son los factores que se conjugan para que haya en el mundo hombres y naciones
de primera clase, y hombres y naciones de categoría inferior, con la agravante de que estas
diferencias tienden a aumentar. Contra esta situación internacional, se rebela mi país y dentro
de él, su Ejército.
El deterioro de los términos del intercambio, la evolución y estructura de la deuda externa,
el ahondamiento de la brecha tecnológica, el manipuleo de los medios masivos de difusión, el
avasallamiento de las autonomías nacionales, la exportación de culturas y modos de vida, la explotación
de vulnerabilidad y contradicciones y formulaciones caprichosas referidas a límites de
crecimiento, llevan a que se conforme una estructura de dependencia de tan flagrante injusticia
como la que se señala en los documentos citados.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Sostengo en el seno de esta conferencia que estas acciones afectan a la seguridad de los
Estados y por tal razón guardan relación estrecha con el quehacer militar. No vacilo en calificarlas
de agresiones que se materializan tanto en lo espiritual y cultural, como en lo económico y
científico. De allí nuestra obligación de preservarnos contra ellas y de allí la necesidad imperiosa
de un cambio en las finalidades de las conferencias de ejércitos americanos, tal como lo propuse
sin éxito en el seno de la conferencia. Continúo persuadido que a estas agresiones debemos oponernos
con tanta pasión, con tanto celo, con tanta energía y con tanta eficiencia, como las que
son puestas al servicio de las tareas intrínsecamente militares, las que deben desenvolverse ahora
cubriendo un espectro mucho más amplio.
Mientras haya quienes, con ceguera suicida, continúen haciendo abuso de lo que poseen y
demasiados los que carezcan de lo más elemental, la seguridad continental seguirá amenazada,
porque los conflictos o mantendrán su latencia en progresivo aumento o harán eclosión cuando
menos lo esperemos.
Entiendo que resulta pertinente repetir ante esta ilustre concurrencia conceptos que expresara
en una reciente visita a la Nación hermana del Perú, conceptos que naturalmente hago,
extensivos a todos los ejércitos aquí representados y al resto de los de América que por una razón
u otra no participan en este conclave:
“…Somos conscientes que siguiendo unidos podremos concluir definitivamente la lucha por la
emancipación que juntos iniciamos a comienzos del siglo pasado. Lucha ahora dirigida a liberarnos
de toda suerte de interesadas tutelas. Un continente que cada día debe construirse sobre la base
del mutuo respeto a las legítimas aspiraciones de nuestras naciones latinoamericanas, nos permitirá
proyectarnos en el campo mundial con personalidad y gravitación propias, seguros que el venturoso
mañana que entrevemos no puede ser sólo para algunos elegidos, sino el ejemplo tangible de una
universal equidad y justicia.
Nuestros institutos armados, convencidos de la irrenunciable participación que les toca en esta
hora crucial de Latinoamérica, han concretado en relaciones fecundas la amistad forjada bajo la sombra
augusta de nuestros mayores. Trascendiendo los acartonados formalismos del protocolo, en mutuos
contactos, hemos cumplido y cumpliremos jornadas de trabajo fructífero, intercambiando ideas
y proyectos, conocimientos y experiencias y, por qué no decirlo, sueños y esperanzas. Necesitamos
imperiosamente hacer más estrecho todavía este acercamiento, para que de las tareas resueltas en
común fluya un conocimiento más profundo y más cabal, que nos identifique en plenitud detrás de
nuestros nobles objetivos de superación.”
Es, sin discusión, el hombre el destinatario único y esencial de nuestras preocupaciones y desveles.
El hombre, sin importar cuál sea su patria ni qué doctrina sostenga, ni qué credo profese,
ni a qué raza pertenezca; tiene el derecho de vivir en paz y nosotros los militares, los hombres de
guerra, nos contamos entre los principales responsables de que esa paz no sea alterada, dentro del
marco de referencia de nuestros propios países y nuestros propios ciudadanos, y con profunda
vocación solidaria dirigida a todas las naciones de América sin excepción alguna. La expresamos
en términos de seguridad, apetencia inmanente para que nuestros contemporáneos y los que los
sigan puedan trabajar tranquilos y protegidos labrando su bienestar espiritual y material y el de
sus familias. La paz no es un don, aunque lo pareciera. Tampoco se conquista de una vez para
siempre. Hay que luchar por ella día a día y hay que luchar en los distintos campos, no solamente
en el específico militar. La paz perfecta, con total ausencia de todo tipo de conflicto, es una meta,
un objetivo y por ahora, solamente una utopía. La naturaleza competitiva alienta todo tipo de
choques. Los conflictos cambian en su forma pero no desaparecen ni se minimizan; adquieren
fisonomía distinta sin que se modifiquen en el trasfondo sus motivos.
Hace muy poco afirmé, en mi país, que debíamos comenzar por tratar de comprender si
queríamos ser comprendidos refiriéndome a la brecha generacional y a las convulsiones que produce.
La actitud correcta es discernir, sin mezquindad intelectual y sin aferramientos a esquemas
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o sistemas de intereses en quiebra, lo que cada generación atesora de justo y auténtico y luego
tender el puente que superará esa brecha. La seguridad continental también nos impone esta
tarea, ya que no puede ser estable si no hay entre nosotros y nuestros hijos un entendimiento
perfecto.
Hoy resulta evidente una tendencia a las integraciones supranacionales. Los pueblos han advertido
que deben dejar de lado diferencias históricamente agotadas y enfrentamientos estériles.
Comprenden que, cuanto mejor se complementen sus posibilidades y sus esfuerzos, mayor será
el bienestar de sus hijos. Que cuanto antes se borren antinomias superficiales más cerca estarán
de sus legítimos deseos de grandeza. Comprenden también que, en ocasiones, estas antinomias
son alentadas por intereses a los que les conviene la división para mejor actuar y que no deben
prestarse a estas especulaciones.
En este camino han comenzado a aparecer, como carentes de sentido, aspiraciones de liderazgo,
casi siempre más líricas que posibles y se están substituyendo estas ideas por las que hacen
a la cooperación mancomunada que por igual beneficia a todas las partes. Las dificultades son,
por lo general, comunes a toda la humanidad o por lo menos a extensas regiones que suman
varios países como es el caso de Latinoamérica. Las soluciones pueden encontrarse en conjunto
y al obtenerlas se acrecienta el bien común.
Nuestra concepción de pluralismo ideológico da plena vigencia a la complementación de las
naciones en un plano de estricta igualdad. Las grandes potencias del mundo nos muestran en este
sentido una beneficiosa tendencia. Diferentes cosmovisiones no alteran una paz fructífera ni una
cooperación más estrecha en lo cultural, en lo científico y en lo económico.
Ya en la I Conferencia Panamericana de 1889, el delegado argentino Manuel Quintana, al reafirmar
nuestra doctrina igualitaria, fue congruente con la tradición nacional cuando dijo: “A la
vista del derecho internacional americano, en estos continentes no hay naciones grandes ni pequeñas.
Todas son igualmente dignas de consideración y respeto”.
Estas tesis con raíces históricas y connotaciones jurídicas y políticas, fundamentan nuestro
permanente, decidido y férreo rechazo de toda intención de liderar el proceso americano. El afán
de predominio es atentatorio contra los intereses del conjunto e inclusive perjudica a quienes
quieran procurárselo. Ninguna Nación ni puede ni debe aspirar a ser más a costa de sus pares.
Por el contrario, debe adquirirse el profundo, el leal convencimiento, que en la lucha por ser más
y tener más, se obtiene el éxito cuando los que nos acompañan recorren el mismo camino.
La nueva concepción de la estrategia de seguridad en el hemisferio que preconizo, requiere
en el campo militar hipótesis, doctrinas, instrumentos legales y esfuerzos mancomunados, que
respondan a las particulares características y necesidades de los distintos países que lo conforman;
formuladas con el realismo y la autenticidad que requieren nuevos supuestos y haciendo
abstracción de ficciones que obscurecen el entendimiento, como es la de sostener que hay un
único enemigo común o un único tipo de agresión.
Estos requerimientos del poder militar deben ser satisfechos a nivel de las autoridades políticas
nacionales que, como lo vienen haciendo en lo que respecta a mi país, plantean nuevas postulaciones
en los organismos internacionales. La aceptación y observancia de las mismas harán posible
la acción concurrente de los ejércitos para servir a la política que sus gobiernos determinen.
No cabe asumir compromisos que impliquen reeditar enfoques anacrónicos de la seguridad
colectiva, sino la búsqueda de una cooperación efectiva con la vista puesta en el concepto de que
sin desarrollo armónico y sostenido no hay paz estable. No cabe tampoco aceptar que lo hasta
ahora obrado es lo que más conviene a la circunstancia actual. Se impone en cambio la mejor
predisposición espiritual para que la cooperación técnico-profesional de los ejércitos americanos
se encauce por la vía de las realidades tangibles, representadas por la concreción de un frente
común para luchar contra las agresiones que podríamos llamar no tradicionales. Es preciso incrementar
la capacidad de defensa para proteger el desarrollo, lo que significa moverse en una

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
dimensión distinta de la que hasta ahora hemos transitado. Representa lo que señalo, un severo
desafío a nuestra imaginación, a nuestra voluntad y a nuestras capacidades. Sabremos darle adecuada
respuesta en la medida que nos despojemos de posturas rutinarias, de ideas que han perdido
su valor y de pequeñeces que enturbian la acción y quebrantan la entereza.
Con la mayor objetividad y desprendimiento, con absoluta convicción y con total independencia
de juicio, he querido exponer cómo el Ejército de mi país entiende los problemas de seguridad
de la América de nuestros desvelos.
Pienso que los próximos y sucesivos contactos de alto nivel castrense en el hemisferio serán
útiles y beneficiosos si son orientados a servir la particular estrategia de seguridad que requiere
cada uno de nuestros países, ajustados a las reales necesidades y cuando haya quedado perfectamente
delimitado y convenido contra quién y contra qué cosa debemos luchar; de donde surgirán
las características que debemos imprimir a nuestra acción. Para que se produzca el necesario
esclarecimiento, el Ejército argentino compromete su mejor disposición para todo tipo de actividad
militar que favorezca el acercamiento, el entendimiento, el intercambio y la cooperación,
con el altruismo y el desinterés a que obligan las grandes causas y haciendo honor a nuestra tradición
sanmartiniana en la que permanentemente nos inspiramos.
Caballeros: la confraternidad americana, que no tiene por qué ser uniformidad monocorde
de opiniones, es una realidad palpable más allá de toda retórica.
Los próceres que forjaron nuestras nacionalidades así lo entrevieron en las convulsiones que
signaron el nacer del continente a la libertad. Ellos se proyectaron vectorialmente entre la muerte
de las dominaciones y la soberanía del pueblo, instrumento de Dios. Con genial clarividencia, soñaron
nuestros pueblos libres y unidos, independientes y soberanos; en una armoniosa conjunción
en la que ningún país ni es más ni es menos que sus hermanos. Estoy cierto de no traicionar
estos principios si afirmo que nos sentimos dignos de recibir esa herencia y nos sabemos capaces
de interpretar y cumplir ese mandato.
Séame finalmente permitido, en nombre del Ejército Argentino que me honro en comandar,
custodio fiel del ideario emancipador del Libertador General San Martín, rendir respetuoso homenaje
al Libertador Simón Bolívar, cuya venerable y augusta memoria orienta y vela las armas
de nuestros hermanos del ejército de Venezuela, y agradecer nuevamente la cálida hospitalidad
que nos ha brindado la muy noble ciudad de Caracas.
Caracas, 5 de septiembre de 1973.
II. Párrafos del mensaje del ex presidente de la Nación, doctor Arturo U. Illia a la Asamblea
Legislativa reunida el día 12 de octubre de 1963.
1975
El aporte de las Fuerzas Armadas
La soberanía nacional tiene que quedar afirmada como un imperativo irrenunciable.
No puede escapar a nuestra preocupación de gobernantes, la importante función que corresponde
a las Fuerzas Armadas en el proceso de la recuperación nacional.
Custodias de la soberanía argentina, son las depositarias de una tradición que compromete
con sentido trascendente su tarea, que no ha sido solamente la de llevar sus armas para la hazaña
de ganar medio continente a la causa de la libertad, sino que han cumplido, en todos los tiempos,
fecunda acción civilizadora. En este aspecto de su quehacer, no menos importante que el
considerado como específico de las Fuerzas Armadas, siempre estuvieron identificadas con los
grandes objetivos del progreso nacional. Ayer consolidaron nuestras fronteras, y en los lejanos
lugares y mares del Sur cumplieron y cumplen una encomiable labor de afirmación argentina,
207

19 de noviembre de 1975
complementada con manifestaciones de alto valor científico. Defendieron el patrimonio de la
Nación afirmando una política emancipadora que vincula el nombre de uno de sus más ilustres
jefes a la gesta del petróleo argentino. Otro ilustre militar promovió el desarrollo siderúrgico
elaborando un plan, cuya concreción definitiva sigue constituyendo una gran aspiración para
impulsar nuestra industria pesada. En la actualidad, las Fuerzas Armadas cumplen tareas que
representan un positivo aporte a las más diversas manifestaciones de la vida nacional, acción que
deben intensificar y que debe conocerse para un mejor esclarecimiento de la opinión pública.
En los últimos años, el desencuentro argentino las llevó a enfrentamientos dolorosos y a
desenvolver una tarea que no era la propia y que, en nuestro ordenamiento institucional, no es
la prevista para las Fuerzas Armadas.
Pero ellas comprenden al igual que los civiles que es necesario volver a la normalidad, al área
de la Constitución; porque hay demasiado por hacer en la Argentina, para que esta institución
fundamental se comprometa en episodios que están reservados al poder civil.
En este proceso de reparación nacional, las Fuerzas Armadas incorporadas naturalmente a la
tarea común, deben armonizar esfuerzos para consolidar la paz interior y contribuir al bienestar
general de la patria.
Este Poder Ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino todo y fe en el porvenir. Participan
de esa confianza y de esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras,
porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia,
que permanentemente alentará el nuevo gobierno.
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III. Párrafos del discurso pronunciado por el ex presidente de la Nación, doctor Arturo U.
Illia, en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas el 8 de julio de 1965.
1. Las Fuerzas Armadas al servicio de la Patria
Si los próceres que nos legaron la independencia le dieron unidad espiritual y nacional a
nuestra Patria, las Fuerzas Armadas diseminadas en el vasto territorio de la República están cumpliendo
su misión para tratar de dar cima a lo que entonces no pudieron hacer quienes dieron
unidad espiritual y nacional al país.
Fueron las Fuerzas Armadas de la República las que primero llegaron a los lugares más alejados
de nuestro territorio, y hoy están presentes en su acción civilizadora afirmando la argentinidad
en toda nuestra dilatada geografía. Con los misioneros que fueron a derramar el credo de su
fe, fueron también las primeras que, en un deambular en que no pidieron sino responsabilidades,
llegaron a los confines de la República para integrar la nacionalidad.
2. Reconocimiento y respeto del pueblo
Esta misión que han cumplido las Fuerzas Armadas de la República a través de la historia del
país, acreditada con hechos documentados serios y fehacientes, compromete permanentemente
la consideración y el respeto del pueblo de la Argentina para con ellos. Será inútil que se pretenda
establecer en el país divorcios antiargentinos. Será inútil que se pretenda sepultar la historia de
la República. Ahí están los hombres; ahí están los hechos; ahí están las realizaciones; ahí está la
verdad. Jamás la mentira, el engaño o la astucia podrán suplantar los hechos, que son los que
dicen con claridad meridiana cuál ha sido la labor permanente de las Fuerzas Armadas al servicio
de los mejores intereses de la República.
Pero comprendo también que estamos en una época en que el progreso, la nueva civilización,
las nuevas costumbres, o las nuevas estructuras sociales, que son fruto del genio del hombre en su

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
permanente avance por superarse, les dan a las Fuerzas Armadas una responsabilidad que tiene
importancia decisiva.
Y puedo decir sin hesitaciones que si una vez afirmaron la unidad espiritual de la República,
si otra vez contribuyeron a integrar el país, hoy, son un factor preponderante del progreso
nacional.
3. Avanzada en la técnica y en la ciencia nacional
Cuando me preguntan en las conversaciones que mantenemos con compatriotas en procura
de hallar una valoración substancial que signifique un aporte decisivo para el progreso de
la República, si no será que la Nación dedica una parte importante de sus escasos recursos a las
Fuerzas Armadas, y deja de lado algunas otras necesidades vitales, les respondo: hoy, las Fuerzas
Armadas de todos los países son centros donde el progreso humano y los nuevos descubrimientos
científicos encuentran campo propicio para la experiencia. ¿No comprenden que las Fuerzas
Armadas están altamente tecnificadas y que cada hombre perteneciente a ellas tiene que ser por
necesidad y por fidelidad al tiempo presente, un profesional destacado y eficiente?
Y añado: conozcan los institutos de investigaciones de las Fuerzas Armadas; conozcan lo que
aportan al país todas las entidades industriales que dependen de ellas; conozcan las investigaciones
que están realizando sus hombres y comprenderán que también aquí se están transformando
a pesar de las dificultades, en una de las avanzadas científicas más importantes con que cuenta la
República.
De manera que si afrontamos estas erogaciones, los argentinos tienen que tener la seguridad
de que las Fuerzas Armadas no significan solamente un resguardo de nuestra soberanía, sino que
constituyen en este momento una avanzada en la técnica y en la ciencia nacional.
4. El clima para ser útil al país
Los felicito porque sé que cada uno de ustedes, jefes y oficiales, tienen la convicción de que
esta posición al servicio del país debe ser más afirmada y defendida con inalterable voluntad.
El gobierno comprende con lucidez esta posición y está dispuesto a dar a las Fuerzas Armadas
la ayuda necesaria, la que, dentro de la precariedad de los medios disponibles será todo lo generosa,
seria y eficiente para continuar avanzando de la mejor manera con el fin de que ustedes
puedan seguir prestando su colaboración cada vez más destacada al servicio del país.
Todo esto necesita un clima para que las Fuerzas Armadas y las demás actividades de los sectores
públicos y privados puedan ser útiles al país. El único ambiente que debe privar es el de la
libertad y la decisión de defender las instituciones de la República.
Nos hemos esforzado para que ese ambiente, fundamentado en la vigencia de las instituciones,
constituya el clima ideal para nuestro desarrollo; cuando ellas no rigen, se cae en la dictadura
o en la arbitrariedad.
1975
IV. Discurso del brigadier general Héctor Fautario.
La Fuerza Aérea propone un proyecto nacional equidistante de toda forma de imperialismo
Importantes definiciones políticas contiene el discurso que pronunció el comandante general
de la Fuerza Aérea, brigadier general Héctor Fautario, en el acto central de celebración del Día
del Arma, que contó con la asistencia de la presidenta de la Nación, señora María Estela Martínez
de Perón.
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Fautario afirmó que los hombres de la Aeronáutica se han formado en el convencimiento
de que “no es pintando banderas argentinas sobre aviones extranjeros que se tiene una aviación
nacional”. De ahí emerge “la vocación industrial que animó desde los comienzos a los aviadores
militares”, cuya primera ejecutoria se remonta a 1928, año del primer avión construido en el país.
Dijo luego que si se quiere verazmente llegar al objetivo de la Argentina Potencia, “debemos
entrar resueltamente en el complejo fascinante de la moderna tecnología aeroespacial. Y, también,
que si estamos dispuestos a hacerlo tendremos que aceptar su costo y solventarlo con recursos específicamente
asignados a esa finalidad”.
Fautario expresó luego que la mencionada opción fue apoyada y resuelta con todo entusiasmo
por el extinto presidente Juan Perón. Fruto de ello es que ya se realiza una fabricación en
serie del avión bi-turbohélice de ataque “Pucará”, lo que hace avanzar decididamente en el camino
hacia la meta que consiste en dotar a nuestro país de la mejor infraestructura aeronáutica.
Posteriormente, el brigadier general Fautario se refirió extensamente al tema político argentino.
A partir de ese instante, su discurso, textualmente, es el que sigue:
“Luego de estas consideraciones en torno de aspectos profesionales, la Fuerza Aérea quiere, en su
día, expresar su pensamiento sobre la actual coyuntura argentina.
Vive la República circunstancias excepcionales de su vida política e institucional. Por su parte,
acaba de perder al hombre que dominó la escena política nacional de los últimos treinta años, imponiendo
al país sellos indelebles y características ya irreversibles. Por otra, asiste al hecho inédito de la
ascensión de una mujer a la primera magistratura de la Nación, ejerciendo en plenitud sus responsabilidades
y atribuciones.
Un ambiente de auténtico respeto y de enfervorizada solidaridad nacional fue el marco que el
país prestó a tan trascendentes acontecimientos. Y ello no sólo puso nuevamente en evidencia a los
eternos profesionales de la derrota, que predijeron el caos para la situación indicada, sino que señaló
la presencia de una comunidad políticamente adulta y consciente de sus fuerzas y de su destino.
Es que el pueblo argentino —entendiendo por tal al conjunto de los que no oprimen y participan
de una conciencia nacional y solidaria— ha terminado de emerger de la confusión de un pasado,
durante el cual se vio solicitado por ideas y procedimientos distintos en materia política, social y económica,
y conseguido finalmente clarificar y aunar las coincidencias fundamentales sobre el presente
y el futuro nacional.
Ha encontrado la verdad que buscó desesperadamente y que logró a fuerza de dejar en la lucha
fratricida muchas verdades minúsculas y muchos llorados muertos. La alcanzó también al influjo de
la magistral lección de desprendimiento y generosidad que el presidente desaparecido brindara, junto
a sus viejos adversarios, en favor de la definitiva unión nacional y de la consecución de los objetivos
comunes.
Y porque el pueblo supo encontrar e imponer su verdad —traducida en anhelos y aspiraciones
mayoritariamente compartidos y profundamente arraigados— el país asistió, entre asombrado y
complacido, a una sucesión de hechos reveladores del nuevo tiempo histórico que comenzaba a vivir.
Así pudo observar lo que ninguna de las generaciones argentinas vivientes había antes presenciado:
la práctica de un diálogo intenso y despojado de egoísmos partidarios entre nuestros líderes
políticos, y el desarrollo de una pródiga labor parlamentaria en un ambiente caracterizado por un
sentido excepcional de colaboración y respeto recíprocos entre los distintos bloques políticos.
También pudo lograrse lo que constituye un hecho inédito en la historia internacional: la concertación
de un pacto social entre el Estado y las fuerzas del trabajo y empresarias, que se erige —más
allá de sus importantes fines inmediatos— en la expresión más visible, clara y concreta de la doctrina
nacional en el campo económico-social, en cuanto expresa la filosofía del acuerdo y del entendimiento,
como alternativa válida frente a los extremos de la lucha de clases, por un lado, y de la falsa
libertad del dejar hacer, por el otro.
Y también pudieron derribarse totalmente las fronteras ideológicas en el campo de la política

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exterior y, en lo interno, todas las barreras que el pasado había levantado para dividir a los argentinos.
Y como nadie dejó de sentirse convocado para participar en la construcción del futuro, las
coincidencias comenzaron a tener prioridad concreta sobre las diferencias, lo que permitió que las
principales actividades del quehacer del país se encauzaran en base a compromisos y acuerdos asumidos
voluntariamente y patrióticamente por las partes responsables.
Muy pocos dejaron de participar de este sentir colectivo que proporcionaba una vital renovación
del espíritu nacional. Despreciaron al pueblo y se marginaron en la violencia. En su infinita soberbia,
se autoproclamaron jueces de los argentinos y se arrogaron el derecho de robar y matar en nombre de
un pueblo que, paradójicamente, los repudia y los condena.
Pero como también se ha hecho conciencia popular que la revolución nacional debe hacerse con
tiempo y no con sangre, la Nación triunfará inexorablemente, sobre la violencia. Pero no a cualquier
precio, ni adquiriendo el perfil de sus vencidos; lo hará dentro de la Constitución y la ley, en el convencimiento
que sólo así tiene sentido la victoria.”
Lo hasta aquí expresado resume mucho del sentir actual de las mayorías ciudadanas. Muestra
suficiente para probar que la madurez de nuestro pueblo es algo más que una frase, y que la anhelada
unión nacional es más realidad que esperanza.
Sólo así puede explicarse que un país que dejaba recién de transitar un convulsionado período
de su historia no se sumiera —ante la muerte del hombre cuya sola presencia era garantía
de estabilidad republicana— en la desesperación de los débiles o en el caos de los confundidos.
A ese pueblo nada ni nadie podrá, de hoy en más, arrastrarlo con promesas fáciles ni confundirlo
con complicadas dialécticas. Y porque sabe bien qué es lo que quiere, no volverá a tolerar
nuevas polémicas sobre las viejas discusiones y no aceptará desviaciones respecto de los ideales
que ya son parte inseparable e irreversible de la Argentina futura.
La Fuerza Aérea siente y ve así la realidad nacional. Cree, en consecuencia, que la amplia
gama de coincidencias y el alto grado de madurez política logrado convierten al presente en un
momento histórico excepcionalmente propicio para emprender, sin miedos y sin complejos, la
conquista de la Patria potente y feliz que deseamos tener.
Por ello aprecia que el país necesita retomar, aún en medio de las urgencias del quehacer
cotidiano y mediante el aporte del pensamiento de sus instituciones más representativas, la empresa
intelectual de precisar las esencias del país que queremos ser. Al plasmar la trama de un
destino nacional ampliamente consentido sabremos permanentemente dónde estamos y hacia
dónde vamos, haremos en el tiempo la historia elegida y no la impuesta, y trazaremos un camino
que —a la par de aceptar las lógicas y naturales discrepancias del momento— dé continuidad y
coherencia a los esfuerzos de sucesivas generaciones de argentinos.
Me refiero a la elaboración del gran proyecto nacional de este siglo, cuya significación y trascendencia
fueran destacadas en su exacta dimensión por el extinto presidente, en su mensaje al
Congreso del pasado 1º de mayo, y para cuya materialización dio el paso inicial con el aporte de
un trabajo personal aún no difundido públicamente.
La Fuerza Aérea —como lo hizo en anteriores oportunidades— asigna a la elaboración del
proyecto nacional el carácter de obra prioritaria, vital e impostergable; y quiere, en este acto,
aportar algunas ideas en torno de las esencias de la Argentina de las próximas décadas, según su
enfoque de las coincidencias nacionales actuales.
Pensamos así en una Argentina con los siguientes rasgos característicos:
1º. Una nación donde los derechos y necesidades materiales fundamentales del hombre estén
asegurados, para que éste pueda optar libremente por el destino trascendente que tiene como
persona.
2°. Una nación políticamente independiente de los imperialismos dominantes y sosteniendo
una doctrina socioeconómica auténticamente nacional como alternativa válida frente al marxismo
y al capitalismo internacional.
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3º. Una nación que —preservando la preeminencia final del criterio político y sus instituciones—
asegure la participación plena de la comunidad en las decisiones de la vida del país,
institucionalizando canales adecuados de representación de los distintos intereses sectoriales.
4º. Una nación ligada solidariamente a la América latina y promotora de su unión integral,
a efectos de potencializar la capacidad de defensa común contra los intentos imperialistas de
dominación.
5º. Una nación activamente respetuosa del principio de la autodeterminación de los pueblos,
y por ello relacionada política y comercialmente con todos los países de la tierra, cualesquiera
que sean sus posturas ideológicas.
6º. Una nación donde el Estado no sea prescindente ni totalitario; y donde a la par de sus funciones
naturales cumpla actividades productoras en áreas vinculadas al ejercicio de la soberanía
y al poder de decisión nacional.
7º. Una nación sustentando su capacidad de soberanía en la posesión —sepultando retardantes
antinomias— de una sólida industria de base y de un agro altamente productivo; como
asimismo en la disposición efectiva de sus materias primas estratégicas y recursos energéticos, y
en la realización de una intensa actividad de investigación científica y técnica.
8º. Una nación realizando su desarrollo económico en base al empleo prioritario del ahorro
nacional pero aceptando sin complejos el aporte de la inversión extranjera debidamente orientada
y controlada.
9º. Una nación donde se resguarde la propiedad privada de los medios de producción, pero
condicionada en función del interés social.
10º. Una nación donde el acuerdo, y no la lucha, sea el signo de la relación entre el capital y el
trabajo; en la que prive la noción del bien común sobre el egoísmo y el resentimiento que suelen
caracterizar a esos factores.
11. Una nación concientizada en el principio de solidaridad social y estructurada para satisfacer
las necesidades colectivas, antes que los caprichos de las minorías.
12. Una nación con un desarrollo espiritual y cultural intenso, orientado a profundizar los
rasgos histórico-filosóficos que confieren entidad propia a la cultura argentina, y a resaltar los
valores e ideales del modo de ser nacional.
Así identifica la Fuerza Aérea algunos de los rasgos más dominantes de la nueva Argentina.
Cree haber interpretado con fidelidad las convicciones más arraigadas de las actuales generaciones.
Todas ellas están actualmente en marcha plena e irreversible, porque las impulsan las
impaciencias colectivas y porque nuestro pueblo no admitirá traerlas nuevamente a la discusión.
De este programa nacional, revolucionario, cristiano y mayoritario la Fuerza Aérea no será
espectadora. Cumplirá, nadie lo dude, su rol de sostén armado de las instituciones de la República
y de la soberanía nacional, y participará activamente del proceso que conduzca a la Argentina potencia
y a la Argentina feliz, en actitud comprometida y solidaria con los dictados y aspiraciones
del pueblo encarnado en sus mayorías.
No quiero terminar este mensaje sin enviar mi saludo a todos los integrantes de la Fuerza
Aérea, civiles y militares, que en todos los rincones de la Patria, incluyendo a la Antártida y
Malvinas, entregan a diario sus esfuerzos por el engrandecimiento y la seguridad de la Nación.
También quiero llegar, como responsable de la conducción integral del poder aeroespacial de
la República, con un fraterno abrazo a los miles de compatriotas que contribuyen a la permanente
expansión de esa herramienta insubstituible del progreso y de la integración de la República.
Por último, transmito el agradecimiento de la Fuerza Aérea a todos los que, de una u otra
forma, desde el gobierno o la actividad privada, brindaron la colaboración necesaria para consolidar
la acción y los objetivos institucionales.
Dios continúe guiando a la Patria y a la Fuerza Aérea.”
(El Cronista Comercial, 12 de agosto de 1974.)

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
V. Hacia la Defensa Nacional, por el doctor Ernesto J. Aberg Cobo.
Vivimos una época de grandes y trascendentales cambios que abarcan al mundo entero.
La revolución industrial de fines del pasado siglo y las modificaciones impuestas a la vida de
los hombres por la revolución técnica de nuestros días han impreso profundos cambios en la
vida actual.
Las comunicaciones han progresado más allá de todo lo previsible. Hoy, con la telegrafía,
teléfono, radiofonía, aviación a retropropulsión, la rapidez de las noticias y de los traslados de
personas se ha acentuado de tal forma que distantes regiones de nuestro globo se han puesto en
íntimo contacto, estrechando lazos culturales y mercantiles, que ya no padecen de la demora
impuesta por la lejanía geográfica.
Como consecuencia de ello, nuestro mundo se ha empequeñecido, se han superado distancias
y hoy se hace partícipe de una unión geográfica cada vez más estrecha, consumándose así, en
este aspecto, el acercamiento total y definitivo entre las distintas naciones del globo.
Por otra parte, nuestra generación ha presenciado, durante los últimos cincuenta años, modificaciones
históricas y políticas verdaderamente sorprendentes. Hemos visto, lo estamos viviendo
además, la destrucción por la fuerza militar de grandes concentraciones de tropas en la
Europa occidental, la fragmentación política de los grandes imperios de fines de siglo y la declinación
lenta, pero visible, del Imperio Británico, hecho que ha dado lugar en la última posguerra
a desplazamientos de los centros de poder, otrora situados en el continente europeo. De esta
manera, el poderío naval se ha trasladado desde Gran Bretaña a los Estados Unidos y el poderío
terrestre se ha desplazado en sentido inverso, hacia el Este, estando hoy representado por la
Rusia soviética. Ambos Estados son extraeuropeos, vale decir que el viejo continente ha perdido,
debido a disensiones internas, su influencia rectora y política, dejando de ser el árbitro de las
decisiones mundiales.
Se han erigido así dos centros, dos verdaderos polos de poder, que han surgido con innegable
potencia, la que se extiende no sólo a la esfera militar, sino que también influye en lo económico,
geográfico, científico y hasta literario.
Esta situación no es nueva en la historia del mundo: Grecia y Roma, Roma y Cártago. Pero
la historia es terminante: esta organización mundial ha llevado siempre a la guerra. Por lo tanto,
este es el camino en el que debemos encarrilar nuestros pensamientos.
Que el mundo actual se encuentra en un estado de conflicto es un hecho que debe ser admitido
como cierto y por lo tanto afrontado. Es inútil pretender no ver ni sentir. Esta actitud es
negativa y a nada conduce. Este conflicto abarca todos los terrenos y a muchas disciplinas científicas,
por lo que no debe ser enfocado en términos exclusivamente militares, pues es muy posible
que no determine una lucha armada. Los hechos son tangibles, repetimos, en muchos frentes:
entre la Rusia soviética, exponente del colectivismo del Este, y los Estados Unidos, campeones de
la sociedad libre del Oeste.
Los peligros de un mundo bipolar, como el actual, no serían tan agudos ni sus repercusiones
serían tan graves si no existiese la revolución técnica, constituida por el avance científico espectacular,
que se manifiesta principalmente sobre distintas ramas del saber humano: la física y la
ingeniería, por un lado; la química y la biología, por el otro. Esta revolución de carácter técnico
abre grandes posibilidades para el mejoramiento de la vida humana al ir acompañada, no lo olvidemos,
de la revolución industrial. Pero la degradación de costumbres y el estado de conflicto
a que hemos aludido, de nuestro mundo bipolar, ha condicionado la aparición y engrandecimiento
de un espíritu de destrucción terrible que lo ha absorbido todo y que conduce a una carrera
desenfrenada por la superioridad cualitativa y cuantitativa de armamentos, jamás superada
en el curso de la historia. Día a día los estadistas vocean la paz, pero hablan francamente de armas
nuevas, de efectos ilimitados: cohetes intercontinentales provistos de cabeza atómica o biológica,
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19 de noviembre de 1975
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aviones a reacción de diseño inédito, submarinos atómicos, armas para la guerra bacteriológica,
radiológica, química y hasta psicológica.
La guerra, como consecuencia de todos estos nuevos inventos, ha sufrido una total transformación,
dejando de ser un duelo exclusivo entre combatientes armados y uniformados en el
campo de batalla para caer en una acción-lucha en la cual están empeñadas todas las actividades
de la colectividad. Estas modificaciones en el carácter de la guerra ya se habían manifestado durante
la segunda contienda mundial, pues el bombardeo despiadado a las poblaciones civiles por
ambos bandos constituyó una de las características de esa contienda, llegándose hasta hablar de
guerra total, de exterminio, de terror, etcétera.
Pero a pesar de la importancia de todos los inventos de destrucción, el hombre continúa
siendo actor y protagonista de toda guerra, por lo que no son de despreciar los ataques llevados
contra su mentalidad, sentimientos y psiquis (guerra psicológica). De esta manera, hoy
puede lograrse el sometimiento de un pueblo, minando su espíritu defensivo y combativo,
arrebatándole el deseo de luchar. En el pasado esto era el resultado de la victoria en la lucha
armada.
La Segunda Guerra Mundial ha proporcionado ejemplos que demuestran la exactitud de
nuestra aseveración. Durante el período de esa dróle de guerre (guerra extraña), el espíritu
combativo francés se encontró una y otra vez asaltado por la propaganda alemana, la que hábilmente
trató de quebrar la voluntad de luchar de las tropas francesas y del pueblo valiéndose
de toda clase de argumentos dirigidos indistintamente a militares y civiles. Es de suponer con
exactitud que en una futura contienda estos métodos de propaganda han de ser ampliados
y perfeccionados, imprimiéndose gran vigor e importancia a los métodos proselitistas. Las
armas, en este caso, son las ideas y su objetivo es el ataque contra el espíritu y la mentalidad
del país. Un enemigo potencial lucharía, pues, con el fin de provocar una desarmonía ideológica
nacional, disminuyendo las fuerzas espirituales y morales, oscureciendo las inteligencias
y rompiendo las voluntades. Apuntaría, he aquí lo importante, en forma especial contra los
dirigentes a fin de provocar en ellos sentimientos contradictorios para esterilizar su acción
conductora.
La importancia de la desmoralización, objetivo de estos métodos de lucha, no había pasado
inadvertida para los grandes conductores del pasado, y Napoleón decía que en un ejército la
fuerza moral está en relación de tres a uno con su fuerza material.
La población civil representa para las armas psicológicas un blanco más fácil que las Fuerzas
Armadas, debido esto precisamente a su falta de cohesión espiritual. Por lo tanto, doblegar su espíritu
o inculcarle respuestas inadecuadas frente a cualquier reto, podría asumir en otro conflicto
un papel decisivo. La historia enseña que civilizaciones enteras han perecido a causa de una idea.
Esta propaganda de desunión y fragmentación ideológica puede completarse con ataques económicos
(guerra de precios) y con otros procedimientos. Esta manera de actuar es muy posible
en la época de guerra total de nuestros días, la que hoy, más que nunca, se traduce por una lucha
social de pueblos contra pueblos.
La división del mundo en dos polos, la aparición de los nuevos artefactos de destrucción en
masa y de las armas modernas de alcance ilimitado, los instrumentos de la guerra psicológica y
bacteriológica, hacen que ya sea imposible oponerles las barreras marítimas o terrestres que durante
siglos han limitado las conquistas del pasado, pues han perdido todo valor y efecto ante los
nuevos métodos implantados o por implantar.
Las zonas de influencia de estos dos colosales centros de poder son el campo de batalla donde
se entrechocan las ideas y los intereses económicos. Pero también han de ser los lugares donde
chocarán los ejércitos el día en que inicien la cruenta lucha generalizada. Ambos adversarios
maniobran para lograr y captar amigos o adeptos, así como para impedir que el otro logre el
afianzamiento de sus aspiraciones.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Necesidad de un plan defensivo
Nuestra situación actual. Nuestro país es una Nación aún joven, en pleno crecimiento y formación.
Étnicamente está constituido por una gran diversidad de razas, compuesta cada una de
ellas por elementos sumamente heterogéneos. Es un pueblo inteligente, en esencia cómodo, bondadoso
y humanitario en lo internacional, pero con una psicología oportunista carente de miras
de largo alcance. Cierto optimismo sobre el futuro del país, desproporcionado con las posibilidades
actuales, anima a casi todos los argentinos. Protegido por su posición austral y por el factor
distancia, no ha recibido durante los últimos cuarenta años los desafíos y retos que la historia y la
geografía han impuesto a los países del hemisferio Norte. La importancia casi nula dada al arte de
gobernar en los cercanos años pasados ha hecho que fuesen pocos en nuestro medio, a excepción
de ciertas personalidades de las Fuerzas Armadas, los que hayan profundizado en estudios de
Defensa Nacional. Nuestros pensadores dirigentes han adolecido de fallas, consistentes en trazar
un cuadro personal de valores con poca o ninguna preocupación por crearle una personalidad
al país, robusteciéndolo así psíquicamente. Nuestra ciudadanía está animada de pensamientos
contradictorios e inconsistentes a la luz de la Defensa Nacional.
Las preocupaciones económicas momentáneas absorben la casi totalidad del pensamiento y
la preocupación de nuestros gobernantes. Detrás de una alegre y a veces jactanciosa fachada, nos
agrada ocultar nuestras debilidades. Carecemos de un verdadero ideal nacional, hecho que se
refleja en la ausencia de una política dirigida hacia un determinado fin. Muy pocos ciudadanos
vislumbran las nubes amenazadoras de una tercera guerra, y por lo tanto está fuera de sus preocupaciones
cuáles pueden ser las repercusiones en nuestro medio. Pocos pensadores argentinos
han observado que la defensa del país, anteriormente medida estrictamente con vara militar, ha
quedado reducida al absurdo, pues aunque nos duela decirlo y repugne a nuestro idealismo, el
civil ha entrado en el engranaje de la guerra. Las deducciones de esta afirmación saltan a la vista:
la seguridad nacional ya no descansa ni entera ni exclusivamente sobre las Fuerzas Armadas, por
mejor adiestradas que éstas se encuentren. Hoy nuestro frente interno, es decir, nuestra población
civil, no puede ampararse detrás de sus Fuerzas Armadas, las que no podrán impedir que el
país sufra las consecuencias de la tercera guerra por sus características nuevas y terribles, a juzgar
por los acontecimientos y posibilidades que ofrece el mundo actual. La característica prominente
es la de una guerra total, vale decir que todos serán partícipes de ella. Para contrarrestar estos
hechos será necesario un esfuerzo general de la población entera; por lo tanto, desde ahora, en
plena paz, deben comenzar los preparativos de esa defensa, los que han de ser suficientemente
amplios como para disminuir y si es posible anular los riesgos que pueda correr la población del
país.
La población civil y también cada ciudadano en particular debe ser enseñada a defenderse en
caso de necesidad, mediante la instrucción, la información y la organización, verdaderos pilares
de la defensa civil. Es preciso hablar al pueblo con claridad, decirle que hoy ya no le es posible
substraerse totalmente a las fuentes de conflicto mundial y que todos tienen que colaborar en la
defensa.
El frente económico debe ser atendido, buscando utilizar totalmente y en la forma más eficaz
posible nuestro potencial humano, pues en este rubro nuestra experiencia nos ha enseñado que
existe un despilfarro cuantioso. Incluso entre los administradores del patrimonio nacional, es decir,
entre los funcionarios públicos, muy pocos desempeñan la tarea para la cual tienen aptitud.
Hace falta determinar primero y luego dar oportunidad y correcto destino a las inteligencias y
buscar la especialización dentro de las aptitudes naturales o adquiridas.
Las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones dentro del país que poseen cohesión propia.
Son, por lo mismo, especialmente valiosas. Su espíritu ha de ser cuidado con escrupulosidad y
los ingresos seleccionados al máximo teniendo en cuenta que en ellas es necesaria una vocación
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19 de noviembre de 1975
y dedicación especial. Hay que unirlas con los civiles. Puentes comunes deben tenderse, provocando
ocasiones para reuniones conjuntas, así como también estudios comunes bien arbitrados.
En la actual era atómica ningún factor de seguridad debe ser despreciado.
Los habitantes de nuestro país tienen todos derecho a la salud. Hay que prever cuáles pueden
ser las repercusiones de una guerra mundial sobre el bienestar y salud de nuestra población. Los
contratiempos previsibles deben ser contrarrestados. Es absolutamente necesario e imprescindible
que existan planes de defensa sanitaria contra un ataque bacteriológico, dirigido contra
las personas o contra nuestro capital agropecuario. Para enfrentar un ataque atómico, nuestras
industrias, usinas eléctricas y sistemas de aprovisionamiento de agua y víveres deben merecer la
más atenta consideración. Ello es importante, pues las primeras han de estar posibilitadas para
proveer la fabricación del material defensivo necesario para el frente interno…
Hemos esbozado así un plan de defensa para hacer frente al reto que nos pueden imponer las
circunstancias en un mañana desgraciado.
Ese día —nuestro día D— que esperamos nunca llegue, ha de ser previsto con la suficiente
antelación si deseamos sobrevivir, y deberán tomarse desde ya medidas como las descritas, animado
todo por un espíritu o sentimiento de oportuna previsión.
(La Nación, noviembre de 1959.)
I.
Mensajes del Poder Ejecutivo
II
Asuntos entrados
Buenos Aires, 21 de octubre de 1975.
Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad el
adjunto proyecto de ley de Defensa, que substituye las disposiciones del decreto ley 16.970/66
hoy vigente, el que estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y
ejecución de la Defensa Nacional (B. O., 10 de octubre de 1966).
216
I
Para elaborar este proyecto se ha tenido en cuenta, preferentemente, la experiencia de orden
nacional que ha permitido verificar la eficiencia de estructura y el correcto funcionamiento de
ciertos órganos e institutos básicos para la Defensa Nacional; esto sin perjuicio de las observaciones
que son susceptibles de formular.
Al mismo tiempo se ha creído necesario profundizar, teniendo en cuenta nuestras propias
situaciones y realidad, el significado y la implicancia de otros institutos fundamentales, de modo
tal que se ajusten y respondan adecuadamente a los principios y valores a cuya realización tiende
la Defensa Nacional.
Cabe consignar la incidencia que sobre el texto inicial del decreto ley 16.970/66 han tenido

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
otras leyes ulteriores, en particular la organización de ministerios, 20.524, y los decretos 2.770,
2.771 y 2.772 del 6 de octubre de 1975.
El proyecto tiene por finalidad estatuir las normas que constituyen las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional, habida cuenta
que la política de Defensa Nacional, como parte principal de la política nacional, debe arraigar
los principios de unidad, continuidad, adaptabilidad, coherencia, etcétera, como inherentes a la
naturaleza de su actividad.
II
El título I del proyecto versa sobre principios fundamentales y definiciones.
Se pretende dejar establecido con claridad uno de los fines fundamentales de la República,
como es la seguridad nacional; siendo ésta la situación en la cual los intereses vitales de la Nación
y el logro de los objetivos nacionales y políticos se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones
substanciales.
En tanto que la Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas a adoptar en todos los
sectores del Estado para alcanzar la seguridad nacional.
Que el instrumento legal que vinculará tan trascendente función del Estado debe asegurar,
respetando la esencia de los principios constitucionales, la participación coordinada y eficaz de
todos los factores del potencial nacional en el planeamiento y ejecución de las medidas y procedimientos
que permitirán alcanzar el grado de seguridad nacional que garantice la preservación
de los intereses vitales y el logro de los objetivos de progreso y bienestar de la Nación.
III
El título II enuncia la estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional.
Esta parte está destinada a ordenar los componentes principales que requiere la planificación
para la Defensa Nacional.
Se ha estimado conveniente que guarden conexión con la ley de defensa todos aquellos ordenamientos
legales que constituyen componentes relevantes de la misma, toda vez que, de una
manera más o menos directa, desarrollan funciones y tienen institutos propios de esta actividad,
de forma tal que se coordinen y complementen recíprocamente, en miras de una convergencia
única de propósitos.
Así, el articulado incluye los órganos de la dirección y conducción superior de la Defensa
Nacional y los organismos de planeamiento, asesoramiento, apoyo y colaboración, reiterando las
atribuciones constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo. Además, atribuye la responsabilidad
que dentro del ámbito de sus respectivas competencias se asigna a las autoridades nacionales,
provinciales y municipales.
Por otra parte, se introducen en el presente título las facultades y los organismos ya creados,
destinados a planificar y ejecutar las medidas tendientes a enfrentar la actividad de elementos
subversivos.
Ha sido objeto de particular interés fijar la naturaleza y funciones de los órganos superiores
que dependen, en forma directa e inmediata, del presidente de la Nación. Estos son: el Consejo
de Seguridad Nacional, el Comité Militar, el Consejo de Seguridad Interna y la Central Nacional
de Inteligencia.
El texto que se propone asigna al ministro de Defensa competencia a nivel nacional para
determinar objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa Nacional, tal
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como lo establece el artículo 12 de la ley de ministerios, 20.524, a cuyos fines cuenta con el correspondiente
órgano de trabajo.
De esta manera se procura revestir a la planificación de la política de defensa de principios
de unidad y continuidad, esenciales tanto para la consideración de los tiempos y sectores que
comprende como para los enfoques correspondientes a los marcos internos y externos que le
son inherentes, proveyendo con ello de las consiguientes garantías a la acción política integral
del Estado.
IV
En el título III el proyecto ha tratado de ordenar y complementar lo concerniente a la determinación
de las jurisdicciones territoriales y funcionales propias y específicas de la Defensa
Nacional.
A manera de secuencia gradual determina las distintas formas jurisdiccionales que encuadran
el empleo del poder militar en sus actividades operacionales: teatro de operaciones y zona de
emergencia.
En cada uno de estos supuestos se ha procurado precisar sus principales notas: la causa o motivo
de su declaración, el comando y gobierno que se impone, su extensión y límite, la asignación
de fuerzas militares, de seguridad, policiales y penitenciarias, la jurisdicción penal, contravencional
y disciplinaria aplicable y la relación con los órganos de autoridad política y administrativa
civil, etcétera (artículos 21, 23, 31, 67, incisos 21, 23, 24; artículo 86, incisos 15, 17, 18 y 19, y
artículos 108 y 110 de la Constitución Nacional).
Tales previsiones legales constituyen el ejercicio de las atribuciones que nuestra Constitución
ha conferido al gobierno federal para la defensa de la Nación Argentina, sus instituciones y autoridades
creadas por ella. Tienden, asimismo, a salvaguardar los derechos y garantías de todos
sus habitantes.
En segundo término se consideró conveniente incorporar en el título, ajustando el concepto
con mayor rigor y actualidad, el encuadramiento jurisdiccional de zona militar (leyes 14.029,
15.968, etcétera) y definir sus elementos constitutivos.
V
El título IV del proyecto trata lo concerniente al empleo de las personas y recursos.
Cabe señalar que esta materia —que versa tanto sobre normas de acción como sobre normas
de relación— ha merecido especial cuidado porque significa establecer relaciones que gravitan
sobre derechos fundamentales de la persona humana, cuya limitación sólo puede obedecer
a situaciones de necesidad que atiendan al bien común, fundadas en razones previstas en la
Constitución (artículos 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28 y 31 de la Constitución Nacional).
Este título comprende actos, actividades y servicios propios del área de la defensa, servicios de
Defensa Nacional (servicio militar, servicio civil de defensa), movilización y requisiciones. Sólo
formula enunciados y principios esenciales que rigen los institutos de referencia, por cuanto cada
uno en particular tiene específica legislación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
218
María Estela M. de Perón.
Ángel Federico Robledo — Manuel Aráuz Castex — Ernesto Corvalán Nanclares — Tomás S.
E. Vottero — Antonio F. Cafiero — Pedro Arrighi — Carlos Federico Ruckauf — Carlos Emery.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
título I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y
el logro de los objetivos nacionales y políticos se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones
substanciales.
Art. 3º.—La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta, en
todos los sectores, para lograr la seguridad nacional.
Art. 4º.—Las bases fundamentales para la política de Defensa Nacional estarán dadas por las
políticas y estrategias nacionales.
Art. 5º.—La seguridad nacional requiere en lo substancial:
a) Las medidas necesarias para el fortalecimiento de la conciencia nacional en material
de Defensa Nacional;
b) La formulación de la doctrina, el planeamiento y la programación de las medidas
de defensa, de acuerdo con el potencial de la Nación;
c) Determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflictos y de guerra, así como
la estrategia para superarlos;
d) La determinación de la estructura y el régimen funcional de la Defensa Nacional,
con las atribuciones inherentes a los órganos y autoridades nacionales y la coordinación
con las provinciales y municipales para la realización de las actividades,
servicios y tareas conducentes al logro de los objetivos propuestos;
e) El establecimiento de jurisdicciones territoriales específicas para la Defensa
Nacional;
f) La fijación de obligaciones a las personas físicas que habitan en el territorio nacional,
a los argentinos residentes en el extranjero y a las personas jurídicas, públicas
y privadas domiciliadas en el país;
g) El relevamiento y el registro de los recursos humanos, científico-técnicos y materiales
de potencial de la Nación susceptibles de movilización, convocatoria, requisición
o empleo, al servicio de las necesidades de la Defensa Nacional.
1975
Título II
Estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional
Art. 6º.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, compete
la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional; y como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.
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220
Art. 7º.—Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores de provincia y del
Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, e intendentes municipales,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad de
cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente de la
Nación, en materia de Defensa Nacional.
Las actividades de los responsables en materia de Defensa Nacional estarán sujetas a control
que tendrá carácter prioritario.
Art. 8º.—Dependerán del presidente de la Nación:
a) El Consejo de Seguridad Nacional;
b) El Consejo de Seguridad Interna;
c) El Comité Militar;
d) La Central Nacional de Inteligencia.
Art. 9º.—El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como titular al presidente de la Nación,
quien adoptará, en todos los casos, las decisiones sobre los asuntos que sean tratados; estará integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los comandantes generales de las Fuerzas
Armadas.
Art. 10º.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional el tratamiento de los siguientes
asuntos:
a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa
Nacionales;
b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral
del país y su inclusión en los planes nacionales;
e) Las situaciones de emergencia que pueden afectar la seguridad nacional;
f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zona de seguridad;
g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución; y las correcciones
necesarias en lo atinente a la seguridad nacional;
h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación
relativo a la seguridad y defensa nacionales;
j) El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como asesor permanente en Inteligencia
al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 11.—El Consejo de Seguridad Interna, presidido por el presidente de la Nación e integrado
por todos los ministros del Poder Ejecutivo y comandantes generales de las Fuerzas
Armadas, tendrá como competencia:
a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;
b) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
c) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad
interna.
El Consejo tendrá como asesor en Inteligencia al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho Consejo.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Art. 12.—El Comité Militar será presidido por el presidente de la Nación y estará integrado
por el ministro de Defensa y las comandantes generales de las Fuerzas Armadas.
Dispondrán como organismo de trabajo al Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones del Comité Militar.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho comité.
Art. 13.—Compete al Comité Militar entender en:
a) Aprobar la doctrina militar conjunta;
b) El planeamiento y la conducción de la estrategia militar;
c) Las directivas para el planeamiento de la estrategia militar;
d) La asignación de las responsabilidades operativas y logísticas de cada Fuerza
Armada;
e) La creación de los comandos conjuntos y específicos;
f) Las propuestas para el establecimiento de los teatros de operaciones y la designación
de sus comandantes;
g) El tratamiento de todos los aspectos inherentes a la estrategia militar, que sometan
a consideración del organismo;
h) Propiciar la celebración de tratados militares con Estados extranjeros, para fortalecer
o consolidar la seguridad de la Nación.
Art. 14.—La Central Nacional de Inteligencia estará integrada por la Secretaría de
Informaciones de Estado, los elementos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina. Eventualmente podrán participar representantes
de otros ministerios, secretarías y sectores, cuando se traten asuntos específicos de su área
de responsabilidad. Estará dirigida por una junta integrada por los jefes de los elementos de
inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones de Estado, con el
carácter de jefe de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 15.—Compete a la Central Nacional de Inteligencia realizar las actividades de inteligencia
necesarias, particularmente para:
a) Formular y mantener actualizada la doctrina de inteligencia estratégica nacional;
b) Requerir, orientar, coordinar y centralizar la inteligencia específica de los elementos
constitutivos de la Central Nacional de Inteligencia para producir inteligencia
estratégica nacional;
c) Confeccionar y mantener actualizada la apreciación de situación de inteligencia
estratégica nacional;
d) Proveer la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos
que participen del planeamiento y de la Defensa Nacional.
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Art. 16.—El Ministerio de Defensa tendrá competencia en la preparación de los proyectos de
objetivos, políticas y estrategias, concernientes a la seguridad y defensa nacionales, los que serán
tratados por el Consejo de Seguridad Nacional. En particular tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular la doctrina de Defensa Nacional;
b) Participar y asesorar en la preparación de los planes, programas y proyectos vinculados
con la seguridad y defensa nacionales;
c) Promover el desarrollo de los recursos e infraestructura del país, relativos a la
Defensa Nacional;
221

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d) Formular los requerimientos relativos a la inteligencia para el planeamiento
nacional;
e) Realizar y mantener actualizados los estudios necesarios para el asesoramiento al
Consejo de Seguridad Nacional;
f) Elaborar y proponer los componentes relativos a los de defensa, que integran los
documentos principales del planeamiento nacional;
g) Preparar las normas y directivas sobre Defensa Nacional, coordinando y supervisando
su cumplimiento, una vez aprobadas;
h) Realizar los estudios necesarios para determinar y evaluar el potencial nacional a
los fines de la seguridad nacional;
i) Proponer las medidas correctivas que surjan del análisis del cumplimiento de los
planes, o de situaciones coyunturales que afecten a la seguridad nacional;
j) Elaborar los proyectos de normas y directivas atinentes a la movilización del potencial
humano y de los recursos de la Nación;
k) El organismo de trabajo del Consejo de Seguridad Nacional dependerá del ministro
de Defensa.
Art. 17.—El Consejo de Defensa será presidido por el ministro de Defensa y estará integrado
por el comandante general del Ejército, el comandante general de la Armada y el comandante
general de la Fuerza Aérea.
Art. 18.—Compete al Consejo de Defensa el tratamiento previo de los aspectos de estrategia
militar, que serán sometidos a resolución del presidente de la Nación, en el seno del Comité
Militar; en este sentido sus competencias son:
a) Proponer la doctrina militar conjunta;
b) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
c) Proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos;
d) Formular las proposiciones relativas a los asuntos de estrategia militar que son
competencia del comité militar;
e) Impartir directivas para el adiestramiento conjunto y combinado;
f) Supervisar los planes de los comandos conjuntos y combinados;
g) Determinar las exigencias de investigación y desarrollo y las prioridades de obtención,
emergentes del planeamiento militar conjunto y supervisar los correspondientes
planes y programas;
h) Proponer la designación de los comandantes de zonas de emergencia;
i) Dirigir el planeamiento conjunto para la movilización militar;
j) Asesorar al Consejo de Seguridad Nacional en asuntos relativos a la estrategia militar;
k) Estudiar y proponer todos aquellos aspectos inherentes a la estrategia militar que
sean ordenados por el presidente de la Nación.
Art. 19.—Al Consejo de Defensa, en lo que al accionar antisubversivo se refiere, le compete.
222
a) Asesorar y proponer al presidente de la Nación en lo concerniente a la lucha contra
la subversión, en todos los ámbitos del quehacer nacional;
b) Conducir la lucha antisubversiva coordinando con las autoridades nacionales,
provinciales y municipales la ejecución de medidas, que para el interés de dicha
lucha, pueden ellas aportar;
c) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas
policiales en la lucha contra la subversión.

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Art. 20.—La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y la Secretaría de
Informaciones del Estado quedarán funcionalmente afectadas al Consejo de Defensa, a los fines
de la lucha contra la subversión, debiendo cumplir las directivas y requerimientos que, en tal
sentido, les imparta el referido consejo.
Art. 21.—La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los
mismos fines, al Consejo de Defensa.
Art. 22.—El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones que en esta ley se le asignan. Su jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones.
Art. 23.—El Estado Mayor Conjunto dependerá del Consejo de Defensa y estará integrado
por personal de las tres Fuerzas Armadas. Su jefe será un oficial superior en actividad, con la
jerarquía de general o equivalente, del cuerpo de comando y designado, en forma rotativa entre
las tres Fuerzas Armadas por el presidente de la Nación, a propuesta del ministro de Defensa.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto será asistido por los elementos de inteligencia de las tres
Fuerzas Armadas, con relación a la inteligencia necesaria para el planeamiento de la estrategia
militar y de la conducción estratégica de las operaciones militares. Asimismo podrá requerir inteligencia
a la Central Nacional de Inteligencia.
Título III
Jurisdicción
Art. 25.—En caso de guerra, el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones
a los espacios necesarios para las operaciones militares.
Art. 26.—El teatro de operaciones tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de
entrada en vigencia, establecidas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Comité Militar.
Art. 27.—El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior en
actividad de las Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación, a propuesta del Comité
Militar. El comandante del teatro de operaciones dependerá del presidente de la Nación.
Art. 28.—La autoridad del comandante del teatro de operaciones será ejercida por delegación
del presidente de la Nación y comprende la totalidad del gobierno civil y militar en el área
puesta bajo su mando. Para los asuntos relacionados con la administración civil, la autoridad del
teatro de operaciones podrá designar un delegado civil para cada provincia, Territorio nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur o parte de ellas o zonas puestas bajo su
jurisdicción.
Art. 29.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de operaciones
mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación
de la legislación vigente.
Art. 30.—En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la
naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia
a parte o partes del territorio nacional, para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios, mediante
el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas. La declaración de zona de emergencia deberá ser
comunicada al Congreso Nacional
Art. 31.—La zona de emergencia tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada
en vigencia.
223
1975

19 de noviembre de 1975
Art. 32.—El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en actividad
de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación a propuesta del Comité
Militar.
Art. 33.—El comandante de la zona de emergencia dependerá del presidente de la Nación.
Art. 34.—Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de las
Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarios que requiera para el cumplimiento de
su misión.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales con asiento en la zona de emergencia
continuarán en el ejercicio de sus funciones prestando, al comandante de la misma, toda la colaboración
que les requiriese.
Art. 35.—Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo podrá asignarle, al
comandante de la zona de emergencia, la atribución de dictar bandos y crear los tribunales militares
correspondientes. Asimismo, podrá subordinarle, total o parcialmente, las autoridades con
jurisdicción dentro de la zona.
Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en las zonas de emergencia mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación
vigente en tanto ello no se oponga a la situación expresada en el párrafo anterior.
Art. 36.—Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional lo hagan
necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia.
En tales casos, la autoridad militar que designe el presidente de la Nación ejercerá el comando
de todas las fuerzas intervinientes (militares, de seguridad, policiales y penitenciarias, nacionales
y provinciales).
Art. 37.—Se denominan zonas militares a los espacios necesarios, en forma permanente o
transitoria, programada o accidental, para dar protección a los cuarteles, instalaciones o actividades
militares o de interés para la Defensa Nacional.
Los límites de las zonas militares y las circunstancias que las impongan como tales serán reglamentados
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 38.—Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas militares
atacadas por elementos subversivos o exista la amenaza de ataque por parte de dichos elementos,
los respectivos comandantes o jefes podrán disponer el empleo de las fuerzas que comandan para
reprimir, perseguir y detener a los atacantes aún fuera de los límites de la zona militar.
224
Título IV
Empleo de personas y recursos
Art. 39.—El Servicio de Defensa Nacional, que comprende el servicio militar y el servicio
civil de defensa, es el conjunto de obligaciones que impone la Nación a las personas de acuerdo
con la legislación y disposiciones respectivas sobre servicio militar, servicio civil de defensa y
movilización.
Art. 40.—La defensa civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto
de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan provocar sobre
la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada,
conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 41.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se

48a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
adecua el potencial de la Nación con el objeto de satisfacer las exigencias de la Defensa Nacional
para caso de guerra.
Art. 42.—Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal, con asiento en el país,
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización, conforme
con los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación
de servicios, será retribuida según lo establezca la ley respectiva.
Art. 43.—Cuando las necesidades de la Defensa Nacional así lo impongan, el Poder Ejecutivo
Nacional podrá disponer las requisiciones de servicios y bienes para satisfacerlas, las que serán
ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales facultadas. En circunstancia de extrema gravedad
y urgencia dichas autoridades jurisdiccionales podrán adoptar por sí las medidas tendientes a la
requisición de los bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho que deberán comunicar
inmediatamente a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán los responsables.
Art. 44.—Toda requisición da derecho a retribución o indemnización, conforme con el
procedimiento que se establezca por vía reglamentaria. La indemnización no incluirá el lucro
cesante.
Art. 45.—En caso de disconformidad con la retribución o la indemnización fijada, la parte
interesada podrá recurrir a la justicia federal, sin perjuicio de que la requisición continúe en todo
su vigor.
Art. 46.—Las requisiciones cesarán cuando así lo establezca la autoridad que las dispuso.
Art. 47.—La requisición de bienes podrá hacerse con todos o parte de ellos y ejecutarse a
título de uso, de consumo o de dominio.
Art. 48.—La requisición podrá hacerse efectiva, asimismo, sobre la capacidad productiva
de industrias o establecimientos de servicios de cualquier índole, que interesen a la Defensa
Nacional, aun cuando el Estado no haya tomado posesión de ellos.
Art. 49.—El que dificultare, se negare o se substrajere a la requisición, u ocultare o destruyere
voluntariamente bienes sujetos a requisición, será reprimido con prisión de dos meses a dos
años, o multa de mil a cincuenta mil pesos.
Art. 50.—Para entender las infracciones contempladas en el artículo anterior será competente
la justicia federal, salvo que los imputados estuvieren sometidos a jurisdicción militar.
Título V
Disposiciones complementarias
1975
Art. 51.—Deróganse el decreto ley 16.970/66, los artículos 13 y 14 de la ley 20.524, los decretos
2.770/75, 2.771/75, 2.772/75 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 52.—Mantiénese la vigencia de los regímenes establecidos por los decretos leyes 15.385/44
(zonas de seguridad) ratificado por la ley 12.913; 17.531/67 (servicio militar); 17.649/68 (movilización);
18.575/70 (política de frontera), y 20.318/73 (servicio civil de defensa).
Art. 53.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Federico Robledo — Manuel Aráuz Castex — Ernesto Corvalán Nanclares — Tomás S.
E. Vottero — Antonio F. Cafiero — Pedro Arrighi — Carlos Federico Ruckauf — Carlos Emery.
Fuente: Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones del 19 de noviembre de 1975, páginas 5019-5087.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia Legislativa
y Parlamentaria. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información Argentina y Atención al usuario.
225

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Presidencia de los señores diputados Nicasio Sánchez Toranzo, Antonio Pereira y
Luis Antonio García
Secretarios: doctor Alberto Luis Rocamora y señor Ludovico Lavia
Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo
Diputados presentes:
ACEVEDO, Carlos Luis
AGUIRRE de SAIBENE,
Luisa E.
AGUIRRE, Mario D.
ÁLVAREZ GUERRERO,
Osvaldo
AMADO SALEME, José
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARATA, Juan Carlos
ARIANI, Adriano
ARIGÓS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRÚE, Wilfredo
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto
ÁVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJCZMAN, Raúl L.
BALBASTRO, Gerardo A.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BÁRBARO, Julio D.
BARRETO, Hilario
BARRIONUEVO, Roque R.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BENEDETTI, Osvaldo
Ernesto
BLANCO, Manuel
BORRAS, Raúl Antonio
BRAVO, Carlos Alberto
BRAVO, Federico S.
BRITO LIMA, Alberto
CABANA, Manuel
CAMPBELL, Oscar S.
CAMPOS, Ernesto Manuel
CAMUS, Jorge M.
CAPILLO, José
CÁRDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA, Humberto
CASAZZA, Luis Ángel
CATALANO, José Armando
CATEULA, Juan Jaime
CITATI, Ángel
COLELLO, Clemente J.
COMÍNGUEZ, Juan Carlos
CONTESTI, Rubén Ricardo
COSSY ISASI, Edgar
CROCCO, Luis Ferdinando
CHAQUIREZ de PALACIOS,
María
DAVICO, Miguel Ángel
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo
Eduardo
DÍAZ, Esther Susana
EGUIREUN, Enrique
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABABURU, Raúl
Horacio
ESQUIVEL, Faustino
FADUL de SOBRINO, Esther
Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FALÚ, Ricardo Muñir
FARÍAS, Eduardo Isidro
FERREIRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FRESCHI, Pedro José
FUENTES, Pedro Alfredo
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Carlos R.
GARCÍA, Luis Antonio
GARONA, Alberto. A.
GARRÉ, Nilda Celia
GIL, Matilde Vedia de
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto
GRAU, Mario Agustín
GUALCO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac
HAIEK, José
HAREINGTON, Luis José E.
HUEYO, Horado
HUGHES, Gilbert
IMBAUD, Carlos Alfredo
INSÚA, Carlos Raúl
KELLY, Rodolfo Feliciano
LABAKE, Juan Gabriel
LATRUBESSE, Francisco
Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LENCINA, Luis A.
LIMA, Hugo Ramón
1975
227

20 y 21 de noviembre de 1975
228
LITERAS, María Haydeé A. de
LONCHARICH FRANICH,
Cándide A.
LÓPEZ, Domingo
LÓPEZ, Horacio Fidel
LORENCES, Mariano Rufino
LUCENA, Luis Arnaldo
LLANO, Juan Pedro
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MARINO, Rafael Francisco
MÁRQUEZ, Alfonso Carlos
MARTIJENA, Ergasto Nereo
MARTÍNEZ, Juan Antonio
MARTOS, Mario Saúl
MASSOLO, Eduardo A R.
MAUHUM, Fernando Hugo
MERA FIGUEROA, Julio T.
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto H.
MOLINA, Manuel Isauro
MOLINARI ROMERO,
Manuel Ernesto
MOMBELLI, Fausto J.
MONSALVE, Evaristo
MONTENEGRO, Bernardo H.
MONTERO TELLO, Regulo L.
MORINI, María Teresa
Merciadri de
MOYANO, Francisco J.
MUSACCHIO, Vicente
Miguel
MUSSO, Eufemia
NATALE, Ricardo T.
NICOLICHE, Lisardo Oscar
NOSIGLIA, Plácido Enrique
ODENA, Isidro J.
OVIEDO, José
PÁRENTE, Rodolfo Domingo
PASCUAL, Paulino Rubén
PAZ, Guido Ulises
PEDRINI, Ferdinando
PEREIRA, Antonio
PETRUCELLI, Agustín
PONCE, Rodolfo Antonio
PORTERO, Héctor
PORTO, Jesús E.
PUENTE de BONETTO,
María Enriqueta
RAFAEL, Juan
RAMÍREZ, Juan Manuel
RATTI, Luis Carlos
RITVO, Miguel
RIZO, Eusebio Víctor
RODRÍGUEZ, Alfredo S.
RODRÍGUEZ FLORES,
Argentina
ROMÁN, Irene Graciela
ROMERO, Carlos Alberto
ROSAS, Alberto Horacio
ROTA, Silvana María I.
RUIZ VILLANUEVA, Arturo
SAAVEDRA, Roberto O.
SALOMÓN, Jorge
SALVADOR, Nicolás
SALVATIERRA, Julio
Domingo
SÁNCHEZ AHUMADA, Luis
Alberto
SÁNCHEZ TORANZO,
Nicasio
SANDLER, Héctor Raúl
SANGUINETI, Virginia Luisa
SARBOLI, Rubén Juan
SARLI, Osvaldo Raúl
SERVINI GARCÍA, Clara
Cristina
SILEONI, Nelo I.
SILVA, Analicio
SLAMOVITS, Ludovico
SOBRINO ARANDA, Luis
Alberto
SOLANA, Jorge D.
SUÁREZ, Humberto F.
SUÁREZ, Leopoldo M.
SUELDO, Horacio Jorge
SULETA de ARRAYA,
Arminda
SVRVEK, Enrique A.
TACHELLA, Gilberto S. J.
TAGLIAFERRO, Jorge
TOLLER, Roberto Lino
TRABOULSI, Eduardo Elías
TRÓCCOLI, Antonio A.
Joaquín
TULA DURÁN, Joaquín
URDÍNEZ, Clotilde Isolina
VALENZUELA, Héctor B.
VÁZQUEZ POL, José
VILLALBA, Bernardo Samuel
VINARDELL MOLINERO,
Miguel
VINTI, Carmelo
ZAPATA, Marcos Emilio
Ausentes, en misión oficial:
FERNÁNDEZ VALLONI,
José Luis
GUZMÁN, María Cristina
PALACIO DEHEZA, Carlos
RABANAL, Rubén Francisco
VITALE, Irma Lucía
ZAPATA, Hipólito Bernardo
Ausentes, con licencia:
BUSSACA, Salvador F.
NARANJO, Decio B.
OSELLA MUÑOZ, Enrique
Emilio
PATALAGOITÍA, Osvaldo E.
VIALE, Jorge Omar
ZAMANILLO, José Miguel
Ausentes, con aviso:
AMAOLO, Mario O.
ARCE, Rodolfo Juvencio
BEHERÁN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BONÁS, Abraham Efraín
BUSTOS, Tomás Roberto
CABEZAS, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CARRERAS, Ruperto R.
CASTELLANO, Hugo Luis
COSTARELLI, José
D’ANGELO, Lorenzo
Francisco
DAV, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José
Manuel
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FERNÁNDEZ, Dante
Dionisio

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
FERNÁNDEZ, Juan Máximo
FERNÁNDEZ BEDOYA,
Mariano
FERNÁNDEZ GILL,
Guillermo Carlos
GAITÁN, Adelmo Alberto
GANEM, Héctor
GASS, Adolfo
GOLÉ, Tomás Juan B.
LASTIRI, Raúl Alberto
LÉPEZ, Lysis Augusto
LÓPEZ de GALLO, Amelia
LUMELLO, José Erio
MALDONADO, Clemente
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
MASTOLORENZO, Vicente
MIGUEL, Pedro Honorio
MOLINA ZAVALÍA,
Armando
MÓNACO, Horacio Miguel
MORAL, Ángel
MORENO, Antonio E.
RACCHINI, Juan Nicolás
ROLANDO, Esteban
Domingo
ROMERO, Juana N.
RUBEO, Luis
SALIM, Luis
SAMBUEZA, Osvaldo
SAÚL, Roberto
STECCO, Alberto Eleodoro
VALERI, Salvador
VERGARA, Roque Antonio
Sumario
1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos
Constitucionales y de Legislación Penal en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen
para la Defensa Nacional. (Pág. 5232.)
2. Pedido de licencia formulado por el señor diputado Pedrini. Se aprueba. (Pág. 5308.)
3. Continúa la consideración del dictamen a que se refiere el punto primero de este sumario. Se
sanciona. (Pág. 5308.)
4. Apéndice:
I.—Sanción de la Honorable Cámara.(Pág. 5329.)
II.—Inserciones. (Pág. 5333.)
—En Buenos Aires, a los veinte días del mes de noviembre
de 1975, a la hora 10 y 15:
Régimen para la Defensa Nacional
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa la sesión.
Prosigue la consideración en general del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, de
Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
régimen para la Defensa Nacional.
Tiene la palabra el señor diputado Cárdenas.
Sr. Cárdenas.—Señor presidente: la iniciativa que en el día de ayer comenzó a considerar
la Honorable Cámara adquiere, a mi juicio, una particular y trascendente relevancia
en la situación actual del país, y nos obliga, atendiendo a la importancia de los valores que
se intenta resguardar, a obrar con mesura en su análisis, a formular con absoluta claridad
nuestro pensamiento y a colaborar para que el instrumento legal resultante del debate sirva
al resguardo, como meta primera, de la Seguridad Nacional, pero también al resguardo
de los derechos a la paz, al orden y al progreso, como necesidad de nuestra comunidad
organizada.
El articulado de esta ley fija una escala de valores y responsabilidades, a través de una estructura
defensiva adecuada a la gravedad de los elementos negativos que atentan contra la
seguridad de la Nación.
229
1975

20 y 21 de noviembre de 1975
230
La lesión que esta estructura y su funcionamiento a pleno puedan producir sobre algunos
derechos individuales, y aún sobre ciertos derechos colectivos, como el derecho electoral, el de
representación o el referido a las autonomías provinciales, debe ser evaluada serenamente por
nosotros para evitar el riesgo de caer en la fácil oposición demagógica o en el tremendismo legal
totalmente inadecuado y ajeno a la realidad.
Tal como lo determina el artículo 2 o del proyecto, la defensa de la “Seguridad Nacional requiere
que los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional se hallen a cubierto
de interferencias y perturbaciones substanciales”. Y de esto se trata, precisamente.
Esta ley, a nuestro juicio, no puede ser un factor de perturbación, y de ahí que el equilibrio
entre los derechos individuales y el interés general sea la meta deseable para considerar cumplido
nuestro deber legislativo.
En un examen general de este dictamen, nos parece fundamental el artículo 5 o , en cuanto
resume toda la filosofía política del tema, al enumerar las pautas sobre las que se asienta la seguridad
nacional. El inciso a) de este artículo se refiere a la necesidad de adoptar medidas para
fortalecer la conciencia nacional en materia de Defensa Nacional. Esto es, para mí, substancial.
Es decir, que se trate de crear y fortalecer una conciencia pública en materia de Defensa Nacional,
porque, aun sin extremar el juicio, esa conciencia pública no existe en este momento.
Tenemos una inveterada tendencia a derivar responsabilidades, a creer que otros deben hacer
lo que en realidad nos corresponde hacer a todos. Nos duele la sangre cuando mancha nuestra
casa o nuestros umbrales, y es cierto que somos sensibles y hasta emotivos, y que a veces sentimos
la solidaridad como un imperativo. Pero nos pasa. Y la fugacidad de estos sentimientos corre pareja
con un también inveterado optimismo, con la repetición de esa estupidez casi axiomática de
que “Dios es criollo” o de que “este país da para todo”, o de que todo puede arreglarse por obra
de una providencia que sólo parece asistirnos a nosotros.
Por eso resulta válido que en noviembre de 1975, después de mucho dolor y de muchos
muertos, Bernardo Neustadt haya podido escribir con autoridad lo siguiente: “La guerrilla es una
novedad que se pone vieja, pero está ahí, mortífera, fatal, enterrándonos de a uno, porque la sociedad
no ha tomado conciencia de que estamos en una miniatura de guerra civil. Porque vamos de velatorio
en velatorio y de sepelio en sepelio como un hábito. Nos amontonamos frente a la muerte. Cada
día nos estremecemos menos, aunque gritemos más. Muchos porque la indiferencia forma parte del
patrimonio nacional. Este año así como la inflación alcanzará el 300 por ciento, nuestros muertos en
la famosa “revolución en paz” alcanzarán casi a los mil ochocientos. Un punto de inflación por día,
seis muertos por jornada”.
Y sigue el periodista: “¿Qué hacemos? El ejército lucha en Tucumán. Los organismos de seguridad,
policía y gendarmería, matan y mueren, todos desde la soledad. La sensación militar de soledad
debe ser tremenda. Se muerden los labios. ¿Estamos en guerra o no?, se preguntan los que están en las
trincheras. ¿Estamos en guerra todos o sólo nosotros?”.
Hace algunos días, señor presidente, diputados de ese cuerpo estuvieron en el centro de las
operaciones en Tucumán; en Tucumán, que por un privilegio del destino va a seguir siendo
tumba de todas las tiranías y cuna de todos los derechos; en Tucumán, donde tiene lugar en la
carpeta verde de la selva el juego de la muerte, aunque hay argentinos para quienes esta lucha
y esta sangre parecieran ser, desgraciadamente, de otras latitudes del mundo. Estos diputados,
aunque no rindieron un informe conjunto al cuerpo, nos transmitieron sus impresiones personales.
Palparon el riesgo, tocaron la tensión, sintieron en el aire el mensaje final de los balazos,
en un ámbito donde no vale la retórica, donde se puede estar estrechando la última mano o
caminando los últimos pasos, escuchando la última zamba de los vivaces cuarteleros o viendo
por última vez el cielo y la bandera de la Patria. El uniforme verde que hubieron de ponerse para
entrar en la zona de operaciones es como un símbolo del que debemos ponernos todos, en una
lucha que nos afecta a todos, una lucha en la que no puede haber cómodos ni indiferentes.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
De toda esta temática general de la ley hablábamos ayer con algunos diputados tucumanos
del Frejuli y de nuestro partido que honraron nuestro bloque con su presencia. Y ellos, que están
allá en contacto con una realidad dolorosa que los angustia y los apremia, apoyan una estructura
legal como ésta, porque no necesitan que nadie les cuente lo que es una conmoción interna y
grave; la están viviendo todos los días. Tal vez comenzaron a vivirla y a sentirla cuando en 1966
un general de la Nación cerró once fábricas azucareras, creando así el mejor caldo de cultivo para
la rebeldía y para la desesperanza del pueblo.
Estos diputados provinciales hablaron también con Lazzarini y le expresaron la misma preocupación
que luego traduje yo en el recinto, acerca de los artículos 25 y concordantes del despacho.
Y la explicación del señor miembro informante los dejó satisfechos, como me dejó satisfecho
a mí.
Queda en claro, pues, que el término “guerra” que emplea el artículo 25, es el término constitucional,
el que traduce beligerancia en contra de un país extraño y que requiere la intervención
del Congreso. Y que en el caso del artículo 35, las autoridades civiles de una provincia pueden
ser subordinadas al comandante militar de la zona sin desaparecer ni cesar en sus respectivos
mandatos.
Los diputados provinciales de Tucumán y todos los diputados nacionales que la representamos
en este recinto tenemos un enfoque muy particular de esta situación, tal vez porque, como
dije antes, en nuestro suelo está el centro de las operaciones.
Las campanas siguen doblando sobre la sangre de los combatientes muertos, y en las grandes
ciudades los estadios siguen llenándose para ovacionar las exquisiteces de los cracks futbolísticos
de moda; las campanas siguen tocando a duelo, y los hipódromos también se llenan, en esta ciudad
y en otras, para empujar con los gritos de la multitud las patas del favorito. Pareciera que hay
dos países, pero hay uno solo y está gravemente amenazado. Por eso, como diría Hemingway, el
gran viejo suicida: “No preguntemos por quién doblan las campanas; a lo mejor están doblando por
nosotros, por nuestra indiferencia, por nuestros desencuentros, por las menudas querellas en que a
veces nos complacemos mientras la Patria se desangra, por esa gran responsabilidad común que nos
espera y que estamos tardando demasiado en asumir”.
La defensa de la Nación, entendida como el ámbito físico y el entorno espiritual dentro del
cual transcurre y se proyecta la vida de una comunidad organizada, es un deber primordial y fundamental
para quienes la integramos. Defender la Nación es defender el valor supremo que hace
posibles todos los otros valores. No es sensato pensar en el progreso material, en la superación
espiritual ni en el desarrollo cultural sin contar con la seguridad jurídica y física que hace viable
el desenvolvimiento natural de todas esas posibilidades del hombre.
Una nación agredida desde afuera o socavada desde adentro carece de toda posibilidad de
proyectarse con fuerza y con éxito hacia lo que hemos dada en llamar, quizá con demasiado
optimismo, su “destino de grandeza”. Todas las naciones, también la nuestra, tienen un derecho
natural a ser grandes y prósperas, porque todos los hombres del mundo, cualesquiera sea su raza,
religión o color, son iguales.
Nosotros los argentinos, habitantes de este paraíso potencial que es el cono Sur de América,
servidos por un optimismo inveterado, asistidos por una esperanza siempre renovada, fiados en
un mañana que pensamos mejor sin hacer nunca demasiado esfuerzo para lograrlo; nosotros,
argentinos, herederos casi displicentes de un pasado que es un mandato, de una historia que es
un imperativo de futuro, de un suelo pródigo y de una sangre en la que confluyen en milagro de
síntesis fraterna todas las sangres del mundo, hemos comenzado recién a darnos cuenta que este
paraíso potencial está en peligro, que esta herencia puede ser desbaratada y que el porvenir no es
nunca una concesión graciosa del destino sino el resultado del esfuerzo, de la responsabilidad y
del sacrificio.
Para esta toma de conciencia fue necesario que el crimen subversivo de izquierda y de derecha
231
1975

20 y 21 de noviembre de 1975
232
escribiera páginas inéditas en las crónicas de nuestras desgracias, que esas desgracias fueran invitados
cotidianos en nuestra vida, que nuestra vida se conmoviera con la sangre de nuestros hermanos
y que esa sangre se convirtiera en un mandato imperativo que, sin duda, desde el fondo
de nuestra sensibilidad y por encima de nuestras diferencias, todos estamos dispuestos a cumplir.
Este, señor presidente, puede o no ser un debate técnico. Nosotros hemos querido ponerle el
acento de una queja que es a la vez una afirmación y una esperanza. Hemos querido decir que ya
no es tiempo de dudas ni hay lugar para los cómodos, los indiferentes ni los indecisos.
No sé si esta ley que apoyamos en general alcanzará a erradicar las metralletas de los montes
y las Itakas de los centros urbanos. Afirmo, sí, que no bastará jamás con una ley de Defensa para
asegurar la tranquilidad de las fronteras y la paz interior que hacen posible el progreso y la felicidad
del pueblo, mientras haya sectores indiferentes y despegados de la realidad. La indiferencia,
señores diputados, es el peor enemigo de la seguridad nacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Campos.
Sr. Campos.—Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer bases
orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa
Nacional. Con tal finalidad se establece el funcionamiento de organismos esenciales para lograr
el objetivo señalado. Estos organismos son el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité Militar y
el Consejo de Defensa. La organización citada incluye también al Ministerio de Defensa.
El Consejo de Seguridad Nacional, con la titularidad del presidente de la Nación e integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, tiene
competencia esencialmente en lo que hace a la seguridad nacional, tanto en el aspecto externo
como en el interno, en todo lo relacionado con la lucha contra la subversión.
Para cumplir lo expuesto encarará, entre otras como más importantes, las siguientes medidas:
los objetivos políticos y estratégicos concernientes a la seguridad y a la Defensa Nacional;
los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra; el planeamiento general de la guerra y su
conducción estratégica; lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zonas de
seguridad.
En lo que hace a la órbita interna del país, y en relación con la seguridad interna, le compete:
la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión; el mantenimiento de
la paz interior y la preservación del orden institucional; la dirección, la planificación y el control
de los esfuerzos nacionales para la seguridad interna.
El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como asesor permanente de inteligencia al titular
de la Central Nacional de Inteligencia.
En lo que respecta al Comité Militar, éste será presidido por el presidente de la Nación e integrado
por el ministro de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, disponiendo
del Estado Mayor Conjunto como organismo de trabajo. Entre otras funciones le competen:
la aprobación de la doctrina militar conjunta; el planeamiento y conducción de la estrategia
militar; la propuesta para el establecimiento de los teatros de operaciones y la designación de
sus comandantes, al igual que el nombramiento de los comandantes de las zonas de emergencia;
propiciar la celebración de tratados militares con Estados extranjeros para fortalecer y consolidar
la seguridad de la Nación.
El Ministerio de Defensa tendrá competencia en la preparación de los proyectos de objetivos,
políticas y estrategias concernientes a la seguridad y defensa nacionales, los que serán tratados
por el Consejo de Seguridad Nacional, sin perjuicio de las funciones prescriptas en la ley de ministerios
y, en particular, debe formular la doctrina de la Defensa Nacional.
El Consejo de Defensa será presidido por el ministro de Defensa y estará integrado por los
comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Le compete el tratamiento previo de los aspectos
de estrategia militar, los que serán sometidos al presidente de la Nación en el ámbito del Comité
Militar. Sus competencias serán: proponer la doctrina militar conjunta; impartir directivas para

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el adiestramiento conjunto y combinado; proponer la designación de los comandantes de zonas
de emergencia; dirigir el planeamiento conjunto para la movilización militar.
Al Consejo de Defensa, en lo que hace a la acción antisubversiva, le compete: asesorar y proponer
al presidente de la Nación en lo que concierne a la lucha contra la subversión en todos los
ámbitos del quehacer nacional; planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de
seguridad y fuerzas policiales en la lucha contra la subversión.
A los fines de la lucha contra la subversión deberán cumplir directivas y requerimientos del
Consejo de Defensa los siguientes organismos: la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia
de la Nación, la Secretaría de Informaciones del Estado y la Dirección Nacional de Migraciones, y
quedarán subordinados a estos mismos fines la Policía Federal y el Servicio Penitenciario.
En caso de guerra el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones a los espacios
necesarios para las operaciones militares. El teatro de operaciones tendrá delimitación
expresa, denominación y fecha de entrada en vigencia establecidas por el Poder Ejecutivo a propuesta
del Comité Militar.
El comando del teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior en actividad de
las Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación a propuesta del Comité Militar. El
comandante del teatro de operaciones dependerá directamente del presidente de la Nación. En
caso de conmoción interior, sea originada por personas o agentes de la naturaleza, cuya gravedad
implique la alteración del orden público, el presidente de la Nación puede declarar zonas
de emergencia a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el
orden, asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios
mediante el empleo exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La declaración de las zonas de emergencia debe ser comunicada al Congreso Nacional. La
zona de emergencia tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada en vigencia.
El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial de las Fuerzas Armadas en actividad,
designado por el presidente de la Nación a propuesta del Comité Militar. Las autoridades
nacionales, provinciales y municipales con asiento en la zona de emergencia continuarán en
ejercicio de sus funciones prestando al comandante toda la colaboración que les fuera requerida.
Si la gravedad de la situación lo requiriese, el Poder Ejecutivo podrá asignar al comandante de la
zona de emergencia la atribución de dictar bandos y crear los tribunales militares competentes.
Asimismo, podrá subordinar parcial o totalmente al comandante cualquier actividad dentro de
la zona. Estas decisiones deben ser comunicadas al Congreso de la Nación.
Destácase, en lo que se refiere al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que éste ha
sido modificado por la importante variante de incorporar las atribuciones referentes a la seguridad
interior al Consejo de Seguridad Nacional. En el proyecto del Poder Ejecutivo estas facultades
estaban asignadas al Consejo de Seguridad Interior. Es lógico pensar que la coexistencia de
dos consejos integrados por las mismas autoridades no aportaba a la simplicidad del sistema por
lo que, con la unificación de ambos en un Consejo de Seguridad Nacional, se logrará la agilización
operativa necesaria, representando esto una singular ventaja.
Asimismo, las funciones que competen al Consejo de Seguridad Nacional de acuerdo con atribuciones
conferidas por la Constitución Nacional, están preservadas, ya que como se ha expresado
debe comunicarse la declaración de zona de emergencia y la asignación —en oportunidad
de circunstancias graves— de atribuciones especiales al comandante de la zona de emergencia.
En la órbita de las decisiones militares, en determinadas circunstancias, requerirán su inmediata
ejecución. En un reciente caso, un Boeing de Aerolíneas fue capturado por un comando
extremista, que actuó en el operativo contra Formosa. El avión no pudo ser interceptado
por aviones de la Fuerza Aérea, con base en Reconquista, por no contarse con la
correspondiente autorización. Y el final de este lamentable episodio, evidentemente, hubiera
sido muy diferente.
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La asignación de responsabilidades al Consejo de Seguridad Nacional y al Consejo de Defensa
en lo que respecta al accionar antisubversivo da actualidad al proyecto de ley en este acuciante
problema. Porque es evidente que estamos frente a una verdadera guerra en lo interno, frente a
una guerra artera que escapa a toda norma tradicional y debe ser asumida con toda decisión. Se
trata de una guerra en la que sobrevive aquel que tiene más puntería y tira primero.
El proyecto de ley en consideración otorgará a las fuerzas del orden todo el respaldo legal para
actuar contra la subversión en todo el ámbito de la República.
Considero oportuno, luego de haber conocido hace pocos días la zona de operaciones en
Tucumán en la que actúa la V Brigada de Infantería, rendir un homenaje de admiración a los
hombres del Ejército Argentino por el espíritu y valentía con que están enfrentando la delicada
situación planteada.
Al anticipar el voto favorable del grupo parlamentario del Movimiento de Integración y
Desarrollo a este proyecto de ley que, como ya expresara anteriormente, otorga el respaldo legal
necesario a nuestras Fuerzas Armadas en la acción contra la subversión, es un imperativo de
conciencia declarar que será muy difícil poder concretar una total erradicación de la acción subversiva
solamente con medidas de fuerza. Consideramos imprescindible que el gobierno encare
a fondo la cuestión con oportunas medidas de carácter socioeconómico que permitan concretar
una real adaptación del hombre medio argentino al cambiante escenario en el que debe vivir.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Mira.
Sr. Mira.—Señor presidente: para nosotros el tema de la Defensa Nacional y de la seguridad
adquiere una importancia relevante y es una de las cuestiones más trascendentales de la vida política
argentina. Con la responsabilidad que nos caracteriza quiero fijar nuestra posición.
Entendemos que es necesaria la sanción de una ley de Defensa Nacional que fije el concepto
de seguridad nacional, que precise los valores que con la Seguridad Nacional se tutelan y que
siente las bases orgánicas y funcionales para la preparación, la ejecución y el control de la Defensa
Nacional.
Los comunistas no decimos esto como una opinión circunstancial, con motivo de este debate.
Este criterio lo venimos sustentando desde largo tiempo atrás, y en nuestro proyecto de
Constitución, publicado por la Editorial Anteo en la obra La Constitución que necesitamos, señalábamos
(página 32) lo siguiente: “La Seguridad Nacional es la situación en la cual los intereses
vitales del Estado democrático y de las mayorías populares que lo sustentan y el cumplimiento de los
fines de esta Constitución se encuentran protegidos contra agresiones militares, políticas o económicas,
sean ellas externas o internas”. Más adelante se dice: “Las Fuerzas Armadas de la Nación tienen
la función fundamental de defender su soberanía exterior y de asegurar sus fronteras geográficas.
Deben ser, además, el instrumento armado del pueblo para garantizar su derecho de autodeterminación
y hacer cumplir su voluntad soberana. En igual forma les corresponde, como parte del pueblo,
contribuir al desarrollo científico, tecnológico, industrial y económico del país, conforme a las decisiones
del gobierno nacional”.
Vale decir que la ley de Defensa Nacional debe tutelar los intereses vitales de la Nación y del
pueblo contra las agresiones militares, políticas o económicas, sean ellas externas o internas;
debe hacer que las Fuerzas Armadas de la Nación tengan por misión fundamental defender su
soberanía exterior y ser instrumento armado del pueblo para garantizar su derecho de autodeterminación
y hacer cumplir su voluntad soberana.
Por la envergadura del tema que estamos tratando creemos que debió haberse hecho en ese
sentido una popularización y una discusión más profunda en el seno del pueblo argentino. El
propio artículo 5º del proyecto, al determinar aquello de que “la Seguridad Nacional requiere en
lo substancial”, señala en el inciso a) “las medidas necesarias para el fortalecimiento de la conciencia
nacional en materia de Defensa Nacional”. Pues bien, la conciencia nacional en materia de Defensa
Nacional comienza por dar la posibilidad de un gran debate a nivel de los sectores populares y de

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sus diversas organizaciones representativas sobre lo que debe entenderse por Defensa Nacional y
seguridad nacional, cuáles son los valores que se tutelan y cuáles las medidas que el Estado adopta
en todos los sectores para ponerlos a cubierto. Sin la participación voluntaria y consciente de la
gran mayoría del pueblo no puede haber verdadera Defensa Nacional. No se lograría simplemente
estableciendo en la ley las obligaciones que emerge del servicio de Defensa Nacional, sino
a través de una amplia campaña de esclarecimiento y debate popular sobre la ley de Defensa, los
beneficios que de ella surgen para el pueblo y la Nación y, por ende, el conjunto de obligaciones
que se imponen a los habitantes del país.
Me referiré ahora al proyecto y a nuestra posición. El proyecto que estamos considerando
merece varias objeciones esenciales porque no responde a las necesidades nacionales y populares,
según nuestro criterio. Este proyecto no aclara cuáles son los intereses vitales de la Nación y los
objetivos nacionales y políticos que se quieren poner a cubierto de interferencias y perturbaciones
substanciales —las cuales no se definen en el artículo 2 o —, ni tampoco cuáles son las políticas
y estrategias nacionales que sirven de base fundamental para las políticas de Defensa Nacional
(artículo 4º). Todo lo que acabo de expresar se le substrae a la determinación del Congreso
Nacional —como representante de la voluntad soberana del pueblo—, es decir, definir y fijar
esas políticas, para trasladarlas al Consejo de Seguridad Nacional.
Al respecto, el artículo 10 del proyecto de ley en consideración expresa que compete al citado
consejo “tratar, proponer o asesorar, según los casos, en los siguientes asuntos: a) los objetivos, políticas
y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa Nacionales…”
El artículo 2 o del proyecto en consideración es casi idéntico al de igual numeración del decreto
ley 16.970/66, de Defensa Nacional, dictado por el gobierno de Onganía. La única diferencia entre
ambos artículos es que en el actual, se agrega “y el logro de los objetivos nacionales y políticos”.
El decreto ley 16.970/66 no aclaraba qué se entendía por “intereses vitales de la Nación”. Se
podría decir que estaba sobreentendido, pero no es así. La interpretación se puede dar según el
criterio o la fuerza de quien ejerce el poder. Por ejemplo, durante el gobierno de la dictadura
militar —donde rigió un decreto ley prácticamente idéntico al proyecto de ley que está en consideración,
con el agregado de los últimos decretos por los cuales se crean nuevos organismos— y
a la sombra de aquellas disposiciones, se encaramaron en los puestos claves de las decisiones
gubernamentales los representantes de los intereses imperialistas, abogados de empresas multinacionales
y defensores de los intereses del privilegio oligárquico, terrateniente y monopolista.
En aquel entonces, y con el pretexto de que se estaban defendiendo los intereses vitales de la
Nación, observamos el otorgamiento de irritantes privilegios a las empresas multinacionales; se
privatizaron empresas estatales; se desnacionalizaron empresas de capital argentino transfiriéndolas
en propiedad a las multinacionales; se concedieron —repito— irritantes privilegios a la
gran oligarquía terrateniente.
Con motivo de la ley Raggio se desalojó a decenas de miles de familias de trabajadores agrarios,
quienes fueron echados por los caminos, despoblando el campo, reduciendo la producción,
estrechando el mercado interno, comprometiendo el potencial material y humano que atañe a
la Defensa Nacional, y sometiendo a la superexplotación a los trabajadores de la ciudad y del
campo. Se aplicó una política represiva para acallar los justos reclamos de reinvindicación económica
y social en defensa del patrimonio nacional. Naturalmente, y en distintas oportunidades,
fue pisoteado el derecho de huelga.
Además, señor presidente, tenemos la enorme preocupación de que con el afán de combatir
el terrorismo y la subversión se llegue a afectar el derecho de huelga. Digo esto porque de los primeros
artículos del proyecto de ley en consideración no surgen definiciones concretas.
En el diario La Opinión del viernes 14 de noviembre de este año se expresa —no sé cuál es
la fuente de esta noticia— lo siguiente: “La Opinión pudo saber que ya existirían algunos contactos
entre jefes militares y algunos de los principales empresarios sobre el futuro accionar de la lucha
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contra la “guerrilla industrial””. Últimamente se ha dado en poner este mote a las luchas que se
han desarrollado en importantes empresas industriales, y el ingeniero Alsogaray ha ido más lejos
aún y ha hablado ya de la existencia de soviets en las empresas. Y concluye diciendo que el gobierno
de la dictadura militar también enajenó las libertades democráticas y el derecho de huelga.
El actual proyecto al agregar “y el logro de los objetivos nacionales y políticos” no aporta nada a
la clarificación de lo que se entiende por “intereses vitales de la Nación”, ni cuáles son los objetivos
nacionales y políticos que se dice defender. De acuerdo con nuestro criterio es esencial definir
con precisión estos conceptos.
El artículo 4 o del proyecto determina que “las bases fundamentales para la política de Defensa
Nacional estarán dadas por las políticas y estrategias nacionales”. Y aquí cabe aclarar que el artículo
4º del decreto ley de Onganía establecía lo mismo. Nosotros entendemos que ellas deben surgir
del proyecto nacional cuya preparación acaba de anunciar el actual gobierno. De este proyecto
hablaba el general Perón cuando decía que lo teníamos que discutir entre todos y darle forma
en una nueva Constitución Nacional por medio de la Asamblea Constituyente como expresión
máxima de la voluntad soberana del pueblo.
Mientras esto no ocurra corresponden esas funciones, de acuerdo con el ordenamiento institucional
fijado en nuestra Carta Magna, al Congreso Nacional, según lo establecido en el inciso
16 del artículo 67 de la Constitución, y no al Consejo de Seguridad Nacional tal como lo determina
el inciso a) del artículo 10 del dictamen, que he leído anteriormente y que sigue los lineamientos
de los artículos 13 y 30 del decreto ley del gobierno de Onganía.
El artículo 30 del dictamen sigue los lineamientos del artículo 43 del decreto ley 16.970/66 del
gobierno de Onganía, y establece: “En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas
o agentes de la naturaleza, cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público
y de las actividades y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de
emergencia a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar auxilios necesarios mediante el empleo
inclusive de las Fuerzas Armadas. La declaración de zona de emergencia deberá ser comunicada
al Congreso Nacional”.
Se puede apreciar que en el artículo no se da una fecha para la comunicación.
Sr. Lazzarini.—Si me permite el señor diputado… Ya aclaramos en su oportunidad que no
deben establecerse fechas o circunstancias limitativas, que creo son irritantes cuando se trata de
competencias que son del Congreso y, sobre todo, cuando hacemos remisión a la competencia
constitucional del Congreso.
Además, nadie podría quitarle al Congreso facultades que le otorga la Constitución, ni establecer
fecha su limitación. Ayer advertimos ya que el Congreso, por tratarse de una facultad que
le otorga la Constitución, puede intervenir sin necesidad de comunicación alguna. De modo que
creo que este aspecto está concluido.
La ley es suficientemente clara cuando habla de que el presidente de la Nación puede declarar
zona de emergencia. Creo que no hay duda alguna de que el presidente de la Nación es la autoridad
que determina la Constitución Nacional.
Sr. Mira.—Escuché ayer con la mayor atención posible la intervención del miembro informante,
diputado Lazzarini, los fundamentos que dio y la tesis que desarrolló según la cual el
Congreso no transfiere ninguna de sus atribuciones en el caso de este artículo. Pero nosotros
tenemos un punto de vista completamente distinto, y si fuera así —como lo interpreta el diputado—
debería estar especificado muy concretamente en la ley. Por eso nosotros en este punto,
al igual que en otros, hemos hecho observación al despacho de la mayoría porque tenemos un
criterio completamente distinto al que hemos escuchado ayer del miembro informante, que,
naturalmente, es de respetar, pero con el que no coincidimos.
Respecto de este artículo quería agregar que el artículo 43 del decreto ley 16.970/66 tenía los

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mismos lineamientos, sin explicar quién podía decretar la zona de emergencia. Y naturalmente
no mencionaba al Congreso de la Nación, lo que tenía su lógica, porque era un gobierno de facto,
una dictadura. Pero ahora, estando el Congreso en funcionamiento, creemos que una medida de
tanta magnitud debe adoptarse con la aprobación del Congreso.
El artículo 30 del despacho establece que “el presidente de la Nación podrá declarar zona de
emergencia a parte o partes del territorio nacional”. En nuestra opinión ésta es una facultad inconstitucional.
El estado de sitio, de mucho menores consecuencias, es una atribución del Congreso.
En el artículo 67, inciso 26, de la Constitución Nacional se menciona concretamente, entre las
atribuciones del Congreso, la de “declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en
caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por
el Poder Ejecutivo”.
Señor presidente: la intensificación del terrorismo aún no perseguido de la Triple A y de la
ultraderecha fascista sirve, en nuestra opinión, a siniestros planes. Pero también sirven a esos
fines los terroristas de ultraizquierda, que consideran que las revoluciones no obedecen a leyes
determinadas que rigen el desarrollo de la sociedad sino a la voluntad todopoderosa de individuos
aislados.
Sobre esta cuestión quiero precisar una vez más la posición del Partido Comunista, y lo voy
a hacer a través del informe de nuestro secretario general, Gerónimo Arnedo Álvarez, en el último
Comité Central ampliado del 11 y 12 de septiembre de 1975, dado a conocer en el folleto
Afianzar la unidad de las fuerzas patrióticas para superar la grave emergencia (página 14): “Es
conocida nuestra oposición de principio contraria al terrorismo político como método. Hemos dicho
y sostenemos que los cultores del terrorismo político olvidan lo principal, lo marginan o, consciente o
inconscientemente, lo paralizan. La determinante para defender y asegurar la democracia y para poner
fin al estado de dependencia es la acción de las masas, su organización y su coordinación. Los que
buscan “adelantarse” con la acción de grupos aislados no sólo no ayudan al desarrollo de la acción
transformadora de las masas, sino que la perjudican”. Además de las víctimas, de lo que significan
las pérdidas humanas, que nos interesan sobremanera, también desde el punto de vista político
creemos que hacen un tremendo daño al propósito de asegurar las instituciones y de contribuir
a un auténtico proceso de liberación.
¿Qué entendemos, señor presidente, por defensa y seguridad nacional? Entendemos salvaguardar
los intereses de la Nación y del pueblo, propender al desarrollo independiente de nuestro
potencial económico, convertir al país en una ciudadela inexpugnable contra las agresiones militares,
políticas o económicas, sean ellas externas o internas, y que —como decía anteriormente—
las Fuerzas Armadas de la Nación tengan por misión fundamental defender su soberanía y ser
instrumento armado del pueblo para garantizar su derecho a la autodeterminación y hacer cumplir
su voluntad soberana.
No debemos olvidar que las palancas decisivas de nuestra economía están en manos de monopolios
u oligopolios multinacionales, y así ocurre con la petroquímica básica, la industria automotriz,
gran parte de la banca, los minerales estratégicos, etcétera. Juntamente con los latifundios
improductivos, son verdaderos enemigos de la seguridad y de la Defensa Nacional. Dicho
de otra manera, es imperioso para el Estado tener poder de decisión en el manejo de los resortes
claves de nuestra economía.
Deseo citar a este respecto la opinión de una personalidad argentina muy destacada, el ex
juez doctor Salvador María Lozada, quien, en un artículo para la revista de la Escuela Nacional de
Guerra que trata justamente sobre las empresas multinacionales y la Defensa Nacional, expresa:
“Dijimos antes que las empresas multinacionales provocan el problema constituido por el control
extranjero de decisiones concernientes a sectores productivos de gran significación”. Añadía que aquí
el aspecto de derecho público económico lindaba con el derecho constitucional y aun con la
teoría del Estado, porque, en realidad, lo que resultaba cuestionado era la cualidad soberana del
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Estado nacional en su manifestación de poder de desarrollo económico autónomo. Cita a Robert
L. Heilbroner en un artículo sobre el surgimiento de las empresas multinacionales publicado en
Facetas, volumen 5, número 3 —según el juez Lozada, revista distribuida por la embajada de los
Estados Unidos—, quien reconoce que las empresas multinacionales pueden dictar sus condiciones
a los gobiernos de las naciones subdesarrolladas. Y en seguida cita a un ex subsecretario
de Estado del gobierno norteamericano, George Ball, quien, con apreciable sinceridad, se formulaba
esta pregunta sin respuesta: “¿Cómo puede un gobierno nacional hacer un plan económico
con alguna confianza si una junta de directores que se reúne a cinco mil millas de allí con sólo alterar
sus normas de compra y producción puede afectar de manera decisiva la vida económica del país?”.
De tal manera, entendemos que la Defensa Nacional está íntimamente vinculada a la penetración
de los capitales imperialistas y también a la realización de una profunda reforma agraria,
sin la cual es imposible poblar el país y, por lo tanto, garantizar la invulnerabilidad de nuestras
fronteras ante una agresión exterior.
Se podrá argumentar que nos encontramos en un momento excepcional en que el terrorismo
ha aumentado y que no aprobar esta ley significaría lisa y llanamente ampararlo. Si una nueva
ley terminara ipso facto con los crímenes, atentados, bombas y secuestros, estaríamos de acuerdo.
Aclaro, de paso, que debemos entender —y me complace la interpretación del miembro informante,
señor diputado Lazzarini— que la ley se dirige también al terrorismo de ultraderecha, ya
que si sólo persiguiera a un terrorismo, continuando el otro impunemente, la ley carecería de
sentido. Pero los hechos son aleccionadores y nos están diciendo que, a pesar de que esta ley
—salvo pequeñas variantes— rige en la actualidad a través del decreto ley 16.970/66, dictado
bajo el gobierno de Onganía, y de decretos posteriores por los que se han creado los mismos
organismos que aparecen en el proyecto en discusión, los atentados y acciones terroristas no han
desaparecido sino que, por el contrario, se han multiplicado. Es decir, que el problema es más de
fondo y que, en definitiva, éstos son efectos y no causas.
Estamos en la Argentina ante una situación difícil y compleja. A veces se dice que “estamos
caminando sobre el filo de una cornisa”. Poderosos intereses desean crear el caos y la desestabilización;
si no, miremos qué es lo que pasó allende la cordillera, en Chile, donde la CIA ha confesado
la inversión de millones de dólares para provocar artificialmente el desorden. Pareciera que
aquí el plan es similar: los grandes intereses económicos multinacionales, en connivencia con
minúsculos sectores nativos necesitan del caos para justificar un golpe de estado reaccionario
e imponer un régimen de excepción, para aplicar fielmente los dictados del Fondo Monetario
Internacional. Esa es nuestra concepción. Si estamos en el camino acertado, debemos admitir
que los enemigos de nuestra independencia y de nuestra liberación tratarán de desviar a nuestras
Fuerzas Armadas para que no se produzca su encuentro con el pueblo, con lo que se continuaría
la tradición sanmartiniana, sino que presionarán para acentuar un enfrentamiento que, por todos
los medios, debemos evitar.
Voy a leer —con la autorización de la Honorable Cámara— un párrafo de un artículo del
coronel retirado Augusto B. Rattenbach, de la revista Estrategia, número 21, que es sumamente
ilustrativo y pido que se escuche con toda atención.
Ese artículo dice: “No cabe ninguna duda de que Estados Unidos ha perdido la carrera entre
su afán de monopolizar, tutelar y modelar las fuerzas del continente y el afán de éstas de mantener
su individualidad, sentido nacional y desarrollo autoimpuesto, según las necesidades particulares
de cada Estado. Al fracaso de monopolizar las adquisiciones castrenses se suma ahora el que sufre
Estados Unidos al no lograr imponer sus conceptos particulares sobre lo que es “acción cívica”, sobre
la importancia que asigna a la “contrainsurgencia”, la organización de una “fuerza militar interamericana”
y otras falacias similares, destinadas a impedir o limitar el desenvolvimiento autónomo y
soberano de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica.
Ya ha surgido con claridad que el poder militar no puede ser empleado en el interior de un Estado

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para actuar contra la ciudadanía; ésa no es su misión. Y si así lo fuera, sería necesario resolver las
discrepancias que de ello surgen: o se trata de misiones policiales (o parapoliciales), y para ello no
hacen falta Fuerzas Armadas, o bien si el Estado sostiene costosas fuerzas militares debe darles el
empleo que corresponde y no mellar tan delicado instrumento en tareas ajenas a su razón de ser. El
principal recurso contra la subversión —continúa— lo constituyen las medidas políticas, económicas
y sociales, no las operaciones militares.
Lo expresado en el párrafo anterior —concluye— no es nada esencialmente nuevo, pero durante
mucho tiempo, en América latina, se desestimó tan elemental punto de vista con las consecuencias
por todos conocidas.”
Creo que este elemental punto de vista debe ser tenido en cuenta por los legisladores en función
del proyecto que estamos tratando.
Por otro lado, señor presidente, desde nuestro concepto, tenemos enemigos potenciales;
existe el peligro de agresiones de países limítrofes y, en ese sentido, esta ley no tiene en cuenta
esa situación.
Voy a leer un párrafo de un artículo publicado hace unos días en el diario Clarín —el jueves
13 de noviembre de 1975—, donde el general retirado Guglialmelli afirma: “En consecuencia, la
Argentina deberá prepararse para una alternativa del rechazo. Para conjurar esta posibilidad no hay
nada mejor que negociar desde adecuadas posiciones de fuerza y con la firme convicción de enfrentar,
en caso necesario, las peores alternativas, incluido el conflicto armado”. Con esto se refiere a nuestros
problemas con el Brasil. Además otros militares argentinos han publicado artículos donde se
describe la forma en que Brasil va desarrollando la teoría de las llamadas fronteras vivas, según la
cual, una vez que ciudadanos del Brasil se han instalado en países limítrofes, les correspondería
incorporar el territorio ocupado a su país de origen. Sabemos también que algunos mapas del
Brasil incluyen con los colores de su nación parte del territorio argentino. Sobre este aspecto el
señor diputado Moral ha presentado recientemente un proyecto.
Desde otro ángulo se ha preocupado por este tema el diario La Nación el 15 de noviembre de
1975 bajo el título de Inmigrantes clandestinos destrozan monte misionero. Dice así: “Autoridades
provinciales se manifestaban sumamente preocupadas por la presencia en forma progresiva y constante
de intrusos que ingresan en territorio misionero desde el Este —Brasil— para asentarse en
tierras fiscales y privadas y dedicarse a la explotación agrícola, tras previo desmonte con antiguos y
depredatorios métodos que causan notorio perjuicio a la economía forestal”. Más adelante, bajo el
subtítulo Un problema de fondo, dice: “Constituye un grave problema el ingreso de personas que
violan las leyes migratorias argentinas y una lenta pero eficaz ocupación territorial en una zona poco
desarrollada”.
Es decir, que sobre esta cuestión real y concreta que tenemos por delante y que consiste en el
peligro de la expansión brasileña, coincido con las expresiones del general Guglialmelli. No por
culpa del pueblo del Brasil sino de su gobierno, estamos ante un peligro real que debió haber sido
contemplado en esta ley de Defensa que estamos discutiendo. Se trata de una ley con normas que
deben prever lo que puede sucedemos en el futuro.
Las fuerzas civiles, los partidos políticos, el Congreso de la Nación tienen, en esta hora, una
gran responsabilidad: el respaldo y la defensa de las instituciones republicanas y de la voluntad
de las mayorías populares hacia nuestra liberación nacional.
Las Fuerzas Armadas tienen una rica tradición que nace en la lucha por la independencia
y la gesta emancipadora de América, estrechamente vinculadas al desarrollo independiente de
la Argentina como nación que ha contribuido, en un siglo, a consolidar industrias básicas que
directamente participan de nuestra Defensa Nacional: el petróleo, la siderurgia, las fábricas de armamentos,
etcétera. Deben ser fieles custodias de nuestra soberanía y de la seguridad del país. Nos
explicamos la justa indignación de los miembros de las Fuerzas Armadas por el asesinato de sus
compañeros; pero recordemos que también son víctimas de atentados terroristas, de secuestros
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y violación de sus domicilios los sectores sindicales y políticos, entre los cuales también se halla
nuestro partido, continuamente afectado por las víctimas que son asesinadas o cuyas casas se hacen
volar, como en el caso del joven José Fiorenza, hace dos días; de Graciela Panne de García, de
Avellaneda, o la voladura de la casa de nuestro militante de la Juventud Comunista, Jorge Cohen,
en Rosario, y así otros en una larga lista.
El propio Congreso de la Nación ve amenazados actualmente a diputados y senadores; tres
diputados han sido asesinados, y un senador de la Nación salvó la vida milagrosamente. Pero ello
no debe hacernos perder el rumbo a civiles y militares. Según mi interpretación, en esa dirección
se orienta el discurso del general Roberto Viola, jefe del Estado Mayor General del Ejército quien,
según el diario La Nación del 15 de noviembre, hablando a sus compañeros de armas les dijo lo
siguiente: “Continuad con vuestro trabajo silencioso, abnegado y sacrificado. Son éstas condiciones
inherentes a un Estado Mayor. No os dejéis atar; no os dejéis absorber en vuestros estudios por la
coyuntura que todo lo obnubila. Inspiraos en las cosas trascendentes y permanentes, porque en ellas y
en el futuro están los grandes intereses de la Nación”. En este sentido, civiles y militares no debemos
obnubilarnos, ni perder de vista lo fundamental, tratando este tema con toda la seriedad que el
mismo merece.
Quiero resumir nuestras observaciones, señor presidente. El proyecto de ley en consideración
expresa en su artículo 1º que “la presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas
y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional”. Sin
embargo, basta la lectura de algunas disposiciones del proyecto para advertir que, además de
establecerse en el mismo bases orgánicas y funcionales, se establecen también bases conceptuales,
como las definiciones contenidas en los artículos 2º y 3º respecto de lo que debe entenderse
por Seguridad Nacional y por Defensa Nacional. Estamos de acuerdo en que la ley contenga tal
tipo de elementos conceptuales, pues ello se vincula con la necesidad de “fortalecer la conciencia
nacional en materia de Defensa Nacional”, principio enunciado en el inciso a) del artículo 5º. Esta
necesidad se hace más intensa si se tiene en cuenta la proyección que la aplicación y aun la mera
sanción de esta ley han de tener sobre el conjunto del ordenamiento jurídico del país.
Por consiguiente, entendemos que el título I del proyecto, donde están contenidos estos elementos
conceptuales, debe ser motivo de preferente atención para la Cámara de Diputados, y
pensamos que esos elementos, tal como están enunciados en el proyecto, adolecen de la falta de
necesaria armonización con otros principios fundamentales que presiden la vida institucional de
la Nación son insuficientes, por su contenido, para enunciar el conjunto de situaciones fundamentales
involucradas en la política de defensa y seguridad propias de una nación que ha adoptado
el sistema republicano y representativo de gobierno, y carecen de la necesaria precisión terminológica,
deficiencia ésta que es necesario corregir, conforme a la correcta técnica legislativa,
para no enajenar, a favor de la ambigüedad, poderes indelegables atribuidos por la Constitución.
Sobre la base de esta apreciación general, limitando nuestra objeción al título I del proyecto, pero
que se extiende a la valoración general de su conjunto como parte del ordenamiento jurídico del
país, proponemos una reestructuración de aquel título, sin la cual el proyecto nos resulta inaceptable.
Nos remitimos en este aspecto a las observaciones que he hecho llegar con mi firma a la
Presidencia, observaciones que substancialmente consisten en lo siguiente:
A. La manifestación expresa agregada al artículo 1 o del proyecto de que esta ley es sancionada
en cumplimiento de los propósitos de proveer a la defensa común y asegurar la paz interior,
enunciados en el Preámbulo de la Constitución, y que, por consiguiente “ninguna de sus disposiciones
podrá ser aplicada en detrimento de los demás fines declarados en dicho Preámbulo o del
sistema republicano, representativo y federal de gobierno adoptado por la Nación Argentina”.
A quienes puedan argumentar que tal agregado es técnicamente innecesario, respetuosamente
les decimos que las dolorosas experiencias de las últimas décadas demuestran lo contrario.
B. Una redefinición de la seguridad nacional, a la que concebimos como “la situación en la

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cual los intereses vitales del Estado democrático y del pueblo que lo sustenta se encuentran a cubierto
de agresiones militares, políticas o económicas, sean ellas externas o internas”.
Esta redefinición corresponde a la real voluntad del pueblo argentino, tal como se expresó en
sus pronunciamientos soberanos contra la dependencia y por la liberación, contra la autocracia
y por la República.
Del articulado del proyecto de ley, examinado en su conjunto, surge claramente que la llamada
“subversión” es considerada el problema capital. Y aquellos pronunciamientos populares
demuestran que no es así; demuestran que la inmensa mayoría del pueblo argentino quiere terminar
con todas las formas de agresión armada, política y económica que han conducido a la
dependencia; demuestran que la penetración de los intereses imperialistas en sectores vitales de
la economía nacional afectan en máximo grado la seguridad del Estado democrático; demuestran
que igual peligro proviene de los intereses latifundistas que deforman las estructuras vitales de
la Nación, y demuestran que la acción concertada de tales intereses ha conducido en numerosas
ocasiones críticas a la quiebra del orden constitucional, y a la consiguiente burla de la voluntad
y de los intereses del pueblo.
¿Acaso no afecta todo esto a la seguridad nacional? ¿Acaso no afecta a la seguridad nacional el
hecho de que la misma marcha del pueblo argentino hacia el objetivo de su liberación haya sido
calificada de “subversiva” cuando esa marcha fue emprendida bajo las condiciones creadas por
un régimen de facto que había sancionado una ley de Defensa muy parecida a la que hoy estamos
considerando?
Por ello, señor presidente, al plantear una redefinición del problema de la seguridad nacional
no estamos ignorando que las actuales formas de acción subversiva constituyen un grave problema
nacional. Por el contrario, pensamos que no habrá acción eficaz contra la subversión, sin
reconocerse previamente que ella es en gran medida efecto y no causa. Creemos que la enorme
riqueza de una dolorosa experiencia, cuyo origen puede ubicarse en 1930, debe analizarse en
común por las fuerzas civiles y militares con espíritu autocrítico y comunidad de objetivos. Esta
comunidad de objetivos deberá lograrse —como lo proponemos— a través de la defensa de los
intereses vitales del Estado democrático y del pueblo que lo sustenta contra las agresiones armadas,
políticas o económicas que los amenacen. La subversión es sólo una de las formas de esa
agresión; es una forma —insisto— grave, cruenta y acuciante, pero no es la única.
Por tal razón proponemos lo que consideramos una definición integral de la seguridad
nacional.
C. También en el aspecto conceptual consideramos que debe incluirse una referencia expresa
en cuanto al tratamiento del potencial de la Nación, como base de las medidas de defensa; y que
la acción de los órganos del Estado tendrá lugar en tal aspecto en función de la independencia
nacional y la autodeterminación del pueblo argentino.
Con estos agregados, la ley define el conjunto de valores institucionales fundamentales para
cuya defensa es establecida: Estado democrático, intereses vitales del pueblo que sustenta a tal
Estado, independencia nacional y derecho a la autodeterminación del pueblo argentino.
Con tal base la ley podrá —como el proyecto quiere— contribuir al fortalecimiento de la
conciencia colectiva en materia de Defensa Nacional. Y precisamente porque este aspecto nos
preocupa especialmente, hemos previsto la introducción de un título especial —que iría como
título V— por el que se dispone la creación de un centro de estudios cívico-militar acerca de
problemas de la Defensa Nacional. La acción de esta entidad —integrada por miembros del
Congreso y de las Fuerzas Armadas— contribuirá decisivamente a la consolidación de la conciencia
colectiva sobre la Defensa Nacional, mediante sus cursos, investigaciones, debates y publicaciones;
todo ello, naturalmente, bajo el control, la dirección y en el área del Ministerio de
Defensa. El contenido de la enseñanza y la orientación de las investigaciones se ajustarán a los
principios fundamentales enunciados en el artículo 1º.
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Hasta aquí todo lo dicho se refiere a las bases conceptuales del proyecto de ley y a su relación
con el propósito de desarrollar una conciencia colectiva en materia de Defensa Nacional. Pero,
para terminar, señor presidente, debo decir que hay otro aspecto fundamental, además de los
señalados, por lo cual no votaremos favorablemente el despacho de la mayoría.
Se trata nada menos que de la delegación de facultades privativas del Congreso de la Nación,
delegación que incuestionablemente surge, en nuestra opinión, de los términos del artículo 30
que he leído al comienzo de mi exposición.
Como lo señala la disidencia de los señores diputados Musacchio y Portero, el dictamen de
la mayoría otorga al presidente de la República verdaderas facultades extraordinarias y la suma
del poder público, lo que los legisladores no podemos sancionar sin pasar a ser objeto de la calificación
del artículo 29 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, y tal como se sostiene en esa
disidencia, entendemos que debe ser el Congreso de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones
privativas, el que declare el estado de conmoción interior a que se refiere el artículo 30.
Por lo demás, el tratamiento dado por la mayoría de la comisión a los supuestos de guerra
(artículo 25) y de conmoción interior (artículo 30), muestra una alarmante contradicción: en el
primer caso se respetan las atribuciones del Congreso, y, en el segundo, se las desconoce, como
si el supuesto de conmoción interior constituyera un estado de excepción que justifica incluso la
trasgresión de las bases mismas del sistema republicano de gobierno.
Igual o análoga diferenciación alarmante surge de lo dispuesto en el artículo 20, donde la
subordinación de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, la Secretaría
de Informaciones del Estado y la Dirección Nacional de Migraciones al Consejo de Defensa se
limita al supuesto de la lucha contra la subversión, como si ésta tuviese —respecto a la plena disponibilidad
de los medios necesarios— menos requerimientos que los derivados de una acción
militar exterior, es decir que los derivados de la guerra.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Mira.—¡Cómo no!
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—En primer término, no quería dejar de recordar que ya ayer hemos hecho la
diferenciación de que el estado de conmoción interior a que se refiere la Constitución Nacional
no es el estado de que trata el artículo 30, como acabamos de ver. Y a mayor abundamiento, la
última parte del artículo 30 da la intervención correspondiente al Congreso en esta circunstancia,
que no es la misma que se deriva de la Constitución para con el estado de sitio.
Además, ayer hemos puntualizado suficientemente que, en nuestro concepto, el sistema
del estado de sitio es mucho más grave, en cuanto a la preocupación del señor diputado sobre
el resguardo de los derechos constitucionales, que el estado de conmoción a que se refiere el
artículo 30.
Eso lo hemos puntualizado suficientemente y la Secretaría de Prensa y la Secretaría de
Informaciones dependen directamente del presidente de la República. Por lo tanto, si bien es
cierto que pueden recibir a los efectos funcionales esa afectación del Consejo de Defensa, ello no
significa que dejarán cortado su conducto natural que es el que las une al presidente de la Nación.
Creo que en esta forma aclaro un poco la cuestión a los efectos de la preocupación puesta de
manifiesto por el señor diputado.
Sr. Musacchio.—¿Me permite una interrupción, señor diputado Mira?
Sr. Mira.—Sí, señor diputado.
Sr. Musacchio.—Lo que queda claro es que esa afectación de la Secretaría de Prensa de la
Presidencia de la Nación puede dar como resultado que una comunicación o un informe que
hace el Consejo de Defensa pueda ser o no la opinión del presidente de la República. En esta
forma aparecería en contradicción directa con la función fundamental de la secretaría, que es la
dependencia del presidente de la República en ejercicio de un poder constitucional.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Ese aspecto lo hemos señalado en el seno de la comisión y lo repetimos en el recinto. Hemos
planteado claramente una disidencia porque si bien es una afectación funcional puede ocurrir
que, sin la intervención del presidente de la Nación, el Consejo de Defensa emita comunicados u
opiniones que pueden no ser los de la Presidencia.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: el artículo 20 del dictamen establece, efectivamente, una
afectación funcional de la Secretaría de Informaciones de Estado y de la Secretaría de Prensa y
Difusión, que dependen de la Presidencia de la República, ante precisas circunstancias que el
mismo artículo determina. Sin embargo, es necesario advertir lo siguiente: en primer término,
que ello no impide la subordinación directa que ambos organismos tienen ante el presidente de
la República y, además, queda en claro que el organismo que en este caso puede disponer funcionalmente
de estos dos entes es el Consejo de Defensa, cuyos integrantes dependen del presidente
de la República.
Por otro lado, en los artículos 6 o y 8 o del dictamen y en el contexto general de la iniciativa
se establece, en definitiva, que todos esos organismos dependen fundamentalmente del señor
presidente de la República. En consecuencia, esa afectación de ninguna manera modifica la competencia
o la decisión del presidente de la República.
En cuanto a las circunstancias de que algún organismo pueda o no traducir una opinión que
no es la del presidente de la Nación, es un peligro que se da permanentemente con todos los
funcionarios del Estado que dependen de algún funcionario superior. Si el funcionario superior
considera que no ha sido adecuadamente representado tiene los medios suficientes como para
corregir esa situación. En el caso de un ministro, substituyéndolo, y en el caso de un comandante,
dándole una orden en contrario, porque el presidente de la Nación es el comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas.
Sr. Musacchio.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Mira.—Sí, señor diputado.
Sr. Musacchio.—Sin embargo, considero que este artículo es innecesario, porque, en definitiva,
la dependencia existe con respecto al presidente de la Nación, quien es el que da las directivas.
En consecuencia, no tiene por qué decirse que las dará el Consejo de Defensa.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Mira.
Sr. Mira.—El señor diputado Lazzarini insistió mucho ayer, en el curso de su exposición —y
también lo ha hecho hoy en sus dos interrupciones—, sobre la circunstancia de que es mucho
más grave la situación planteada por el estado de sitio que la que se presenta en el caso de conmoción
interior. Creo que si fuera así no habría necesidad de haber incluido en la ley este capítulo.
Nosotros no decimos que no se dé un caso más grave de la situación interna del país que el que
pueda darse para decretar el estado de sitio. Pero insistimos en que debe ser con aprobación del
Congreso.
Basta leer el artículo 23 de la Constitución Nacional para advertir que la declaración del estado
de sitio está muy delimitada por este artículo, que dice así: “En caso de conmoción interior o
de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas
por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del
orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá
el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto
de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen
salir fuera del territorio argentino”.
Aquí, en caso de conmoción interior, hemos leído ya que la situación permite un trastocamiento
de todo el orden institucional en la zona que sea declarada de emergencia por el presidente
de la República.
Para terminar, señor presidente, queremos decir que esta posición conceptual nuestra y esta
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discrepancia de fondo con el despacho de la mayoría las tenemos después de un estudio profundo
y exhaustivo, partiendo de la base de que al país le hace falta una ley de defensa y de seguridad
nacional, pero que contemple los enunciados que yo he enumerado durante mi exposición.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Sandler.
Sr. Sandler.—Señor presidente: debo aclarar en primer término que no soy integrante de la
Comisión de Defensa Nacional, lo que no ha sido obstáculo —sino, por el contrario, un motivo
determinante— para que me preocupara por este tema y siguiera atentamente en sus tareas al
presidente de la comisión y a sus demás integrantes, observando la elaboración del proyecto que
ahora tenemos sobre la mesa.
Le asigno tanta importancia al tema en debate que, contra lo que es mi costumbre, voy a pedir
autorización a la Presidencia para que, en lugar de hacer una exposición improvisada, se me
permita ir leyendo los párrafos substanciales de un escrito en el cual recojo las reflexiones que me
sugiere el presente despacho.
Yo diría, señor presidente, que una ley de Defensa Nacional es, al fin y al cabo, un conjunto
normativo que tiene como propósito organizar las tareas permanentes o transitorias del Estado
y reglar las conductas de los particulares tendientes a crear o mantener lo que se conoce como
situación de seguridad nacional.
El propio proyecto trata de definir lo que es situación de seguridad nacional. Por mi parte, de
una manera más simple de lo que lo hace el proyecto, entiendo que es un estado de cosas en que
es posible el logro, la materialización de los intereses vitales de una nación.
Los redactores de una ley de Defensa Nacional deben partir del supuesto de que tanto la situación
interna como la situación externa de la Nación no son estáticas ni perennes sino, por el
contrario, altamente dinámicas y evolutivas.
Este dinamismo es el que permite sostener la pretensión de alcanzar ciertos objetivos. Esa
pretensión implica, al fin y al cabo, la idea de transitar de una situación a otra, que pone en evidencia
la mutación constante de situaciones, o sea el dinamismo al que me refería. Si bien las
fuentes dinamizadoras de la situación interna y externa se conectan entre sí, he pensado que los
factores dinamizantes de una y otra situación son radicalmente diferentes.
En grueso, puede decirse que la situación interna de un país tiende a variar constantemente
por causas económicas, políticas, sociales y culturales, o sea por razones intrínsecas a la organización
social de la Nación. El modo en que estos factores internos actúan entre sí presenta un
abigarrado nivel de conflictos de distinta magnitud que, en general, tienden a solucionarse por
mecanismos fluidos constitutivos de la organización social. En última instancia y en todo caso
ellos encuentran, a veces, una solución en términos más o menos violentos por obra del imperio
de la más importante estructura social: el Estado como poder coactivo. Estos conflictos internos,
sin embargo, pueden crecer en magnitud tal que en ocasiones ponen en riesgo lo que mantiene
en pie a una nación como ente orgánico y diferenciado: su unidad nacional. Para evitar ese riesgo
y principalmente para hallar en cada oportunidad el canal adecuado para un planteo pacífico del
conflicto y el logro de una solución aceptable, la Nación se ha organizado constitucionalmente.
El término tiene una raíz semántica que no es nada insignificante: alude a la constitución orgánica
de la Nación. Por eso una violación del orden constitucional suele vivirse siempre como un
paso peligroso contra aquella unidad nacional que, a pesar de tantos elementos heterogéneos,
permite la existencia y la subsistencia de una nación.
Todas estas consideraciones no son directamente aplicables cuando se analizan los factores
de la situación externa de una nación. Ésta varía en parte por obra de la decisión de la misma
nación. Se refiere esto a la política exterior, a las decisiones que una nación soberana puede
tomar. Pero las decisiones de una nación soberana sólo en muy relativa medida modifican la
situación externa a la que estamos haciendo referencia. La nación se inserta como Estado-nación
—no como Estado-poder— en un sistema mundial de relaciones internacionales, enfrentándose

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
con sus pares, los otros Estados-naciones, que constituyen el sistema internacional. Este sistema
mundial de relaciones internacionales tiene su propia dinámica, que se cumple de una forma
más o menos continua y más allá de las decisiones de política exterior que pueda tomar alguno
de sus integrantes.
La situación externa es, por cierto, dinámica en grado sumo; pero las fuentes del dinamismo
de esta situación no son las fuentes del dinamismo de la situación interna. Para concretar lo que
acabo de señalar, digamos que la situación externa varía fundamentalmente en razón de dos
fuentes: la política exterior de las naciones y la situación internacional como sistema de conjunto.
Salta a la vista la radical diferencia que media entre las fuentes capaces de alterar la situación
general de una nación según se trate de la situación interna o externa. Esto es particularmente
válido para lo que se llama situación de seguridad nacional.
En general, y tradicionalmente, los problemas atinentes a la Defensa Nacional si bien se resuelven
operando sobre lo interno —movilizaciones, industrialización y otras disposiciones internas—
sus raíces las encontramos en la situación externa del país, ya sea porque la Nación
resuelva sostener una política exterior que choca contra el sistema internacional imperante, ya
sea porque el sistema de relaciones internacionales agrede a la propia Nación, se presenta un
conflicto posible que sólo puede ser resuelto sobre la base de lo que se denomina la Defensa
Nacional. No hay, como en lo social interno —a pesar de los avances contemporáneos— ningún
supraorganismo con imperio suficiente para resolver los conflictos internacionales que puedan
producirse entre los Estados-naciones.
Es por ello que el ámbito adecuado para plantearse los interrogantes necesarios que respondan
a las cuestiones de Defensa Nacional sea substancialmente la situación externa de un país.
¿Cuáles pueden ser las agresiones que sufra la Nación Argentina en este momento concreto
de su historia y ante este sistema mundial de relaciones internacionales? En otras palabras,
¿cuáles son los Estados-naciones que pueden agredir al Estado-nación República Argentina?
Últimamente se ha hecho mucho hincapié en que las agresiones contra un país son muy diversas
y que de ninguna manera se puede restringir el término a la esfera estrictamente militar. Hay
agresiones económicas, culturales y de todo tipo. También se dice que el meollo de la Defensa
Nacional, es decir, la guerra, es muy distinta en su desarrollo e interpretación y que no sólo se
manifiesta en los frentes de lucha militar sino que el enemigo suele generar frentes internos:
desde el bombardeo masivo hasta las “quintas columnas”, de las que hemos tenido experiencia
en la Segunda Guerra Mundial.
Todo es parte de la verdad, pero si no se quiere caer en engañosas confusiones que llevarían
a hacer creer que todo es propio de la Defensa Nacional, hay que sostener claramente que ésta
tiene su causa fundamental en la posibilidad que un Estado nacional, perteneciente al sistema
mundial, agreda de manera violenta y con voluntad de infligir una derrota en el plano militar a
nuestro país, tomado como conjunto o sea como Nación. Con la Defensa Nacional organizada
un país trata de evitar la guerra, y si ella se produce, evitar la derrota.
Pero si el Estado-nación en la situación externa puede enfrentarse con este tipo de conflictos
en el sistema mundial, también el Estado-poder, es decir el Estado para adentro, se ve enfrentado
a conflictos que ocurren en el interior del propio país entre grupos más o menos ajenos al Estado,
o bien que enfrentan directamente a ese Estado.
Hemos dicho antes que la inmensa mayoría de los conflictos sociales que se plantean dentro
de un país se resuelven pacíficamente por los canales institucionales. Pero hay cierta gama de
conflictos que ponen en cuestión, precisamente, la bondad de esas vías institucionales previstas
para solucionarlos. Si bien, formalmente, nuestra Constitución, desde 1853, preveía las formas
para resolver todos los conflictos posibles por medios pacíficos, los hechos históricos demuestran
que, en realidad, los acontecimientos no son tan simples como se presentan en la norma constitucional.
Basta con pensar en la Argentina de comienzo de siglo. El Estado-poder de entonces
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sostenía que estaban expeditas todas las vías para la solución pacífica de los conflictos; pero, de
hecho, hubieron de darse muchas luchas y de no poca violencia para que recién, por ejemplo, en
1912, con la ley Sáenz Peña pudiera ser utilizada la vía supuestamente existente.
Sin querer profundizar en este espinoso y decisivo tema, característico de la situación interna,
podríamos decir que mientras en los conflictos propios de la situación externa los sujetos activos
son los Estados nacionales, en la llamada situación interna los conflictos son tan diversos y los
agentes tan heterogéneos como lo son los elementos que integran la sociedad.
Cuando el conflicto se plantea a nivel internacional el sujeto activo es el Estado-nación y toda
la Nación está comprometida. Cuando el conflicto es interno puede estar en juego el Estadopoder
y no tenemos la plena seguridad de que toda la Nación esté comprometida junto a él. El
Estado-poder puede significar un sector de la Nación, representar los intereses parciales de un
grupo y en su extrema sectorización abrir los cauces para la ruptura de la unidad nacional.
El Estado no actúa en este caso de modo omnicomprensivo como lo hace en el mundo internacional
presentándose como Estado-nación. Actúa como Estado-poder, o sea como una organización
social legalizada para ejercer la violencia. El ejercicio de este poder puede llevar a la
desunión nacional y no a la unión; no defiende a la Nación sino que oprime a un sector que
forma parte de ella. En otras palabras: mientras frente a la posibilidad de un conflicto generado
en la situación externa es lícito, adecuado y propio que la Nación provea a su defensa y, llegado el
caso, toda ella se encolumne detrás del Estado-nación como mediador entre ella y el mundo internacional,
de ninguna manera puede asegurarse de plano que sea igualmente lícito y adecuado
que cualquier conflicto producido en la situación interna sea materia de Defensa Nacional, y
menos aún, que deba ser el Estado-poder el encargado de suprimirlos bajo el argumento de que
están en juego “los intereses vitales de la Nación”. Que esos intereses puedan estar comprometidos
en un conflicto interno es probable, pero por otras razones. Uno de ellos —quizá el número
uno, pues sin su logro no hay Nación— es la unidad nacional. Que ese interés tan vital pueda
ser rescatado bajo el argumento siempre usado de querer salvar la Defensa Nacional mediante el
ejercicio del poder coactivo y represivo del Estado-poder, es más que dudoso. No pocas veces ha
sido precisamente lo contrario.
Mientras que la noción de seguridad externa es poco menos que diáfana y frente al hecho
concreto de ataque exterior, cualquiera es capaz de reconocer conductas amigas o enemigas de
otros Estados-naciones, no resulta tan claro qué hechos afectan a la seguridad interna si se los
quiere ver con el prisma de la Defensa Nacional.
Una huelga total que paralice la producción por un largo período ofrece todas las características
de un atentado contra la seguridad interna y —si queremos extremar las cosas— podemos
pensar que se afecta la capacidad defensiva de la Nación. Pero, si como resultado de esa huelga se
reorganiza la distribución de la riqueza y del trabajo, es posible que se haya fortalecido la seguridad
interna y, seguramente, potencializado la capacidad defensiva del país.
Cuando los hermanos Graco, 130 años antes de Cristo, demandaban un puñado de tierra
para cada romano, tenían plena conciencia de que además de existir razones de justicia social era
necesario obtenerlo para que hubiera soldados que defendiesen la república.
No hay ningún paralelismo entre la seguridad interna y la seguridad externa; si bien una y
otra se condicionan, lo cierto es que se consiguen por vías absolutamente diferentes. La Defensa
Nacional será, mientras exista el sistema internacional de naciones, una cuestión que tiene su
punto de arranque en la seguridad externa. No hay Defensa Nacional cuando se trata de la seguridad
interna y menos cuando esa seguridad entra en crisis a raíz de que algunos habitantes de
la Nación enfrentan a otros habitantes de la Nación. Esto no cambia porque un sector o bando
cuente con el apoyo del Estado-poder que está en ese momento al gobierno del país.
Sin embargo, en el proyecto se alude a la seguridad interna como un objetivo de la Defensa
Nacional. Es obvio que no descartamos las hipótesis de acciones enemigas en la retaguardia

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
nacional. Pero es visible que el proyecto no alude a las famosas “puñaladas por la espalda”, menos
frecuentes en la historia que en la mitología de algunos hechos contemporáneos. En el proyecto
se menciona expresamente figuras como la subversión, la alteración del orden y la conmoción
interior, tan antiguas como la sociedad humana, pero que, curiosamente, han aparecido de
manera generalizada en gran parte del mundo en estas tres últimas décadas y con una intensidad
antes desconocida.
El proyecto podrá hablar en estos casos de Defensa Nacional, pero a nosotros nos parece, más
bien, que lo que se intenta asegurar es la defensa del orden establecido. Asumir esa defensa en el
interior del país no es lo mismo que asumir la Defensa Nacional. La Nación debe ser defendida
siempre. El orden establecido puede no sólo no merecer la defensa sino ser atacado para su substitución
por un orden mejor.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado Sandler?
Sr. Sandler.—Sí, señor diputado.
Sr. Lazzarini.—Como usted está haciendo referencia directa a la filosofía de la ley, yo quisiera
que aclaráramos esta cuestión del orden interno que, efectivamente, es muy discutible.
Pero yo le preguntaría al señor diputado si esa substitución del orden interno puede exceder
los marcos que establece la ley y la Constitución para su logro.
Sr. Sandler.—Ya llegaba a ese punto, señor diputado. Asumo totalmente los términos de su
pregunta.
Recordemos que nuestra Nación vio la luz en el mundo a raíz de la destrucción del orden
establecido. Pero éste no es un hecho histórico aislado; avanzó en su desarrollo más prominente
y saliente enfrentando también en cada caso al orden establecido en sendas oportunidades. Los
años 1815, 1853, 1912 y 1945 no son hitos aislados sino momentos de la historia en los cuales el
enfrentamiento con ese orden establecido impulsó hacia el afianzamiento de un desarrollo genuinamente
nacional más adecuado para la sociedad argentina.
En la actualidad es muy corriente y lamentable confundir la defensa del orden establecido
con la Defensa Nacional, y hacer de todo ello en verdad una mera defensa del Estado-poder, que
es algo diferente del Estado-nación. Por ello, generalmente, cuando se torna estricta, severa y cerrada
la defensa del Estado-poder, el país rechina; primero, suele chocarse contra las organizaciones
constitucionales de la Nación: segundo, suele aparecer una acción a cargo del Estado-poder
cada vez más represiva, pues en tanto que la solución del conflicto entraña siempre un cambio de
la situación, la defensa del orden establecido no admite por principio el cambio de la situación,
sino que busca superar el conflicto mediante su sofocación, justamente porque pretende mantener
el statu quo existente.
Por ello, a esta altura me permito sostener, con toda responsabilidad, que bajo un solo nombre
este proyecto pretende englobar dos asuntos completamente diferentes y que no merecen
igual método ni pueden ser identificados en su tratamiento. Bajo la denominación de “ley de
Defensa Nacional” se alude ligeramente a algunos aspectos —y no son los más importantes—
que atañen a la verdadera Defensa Nacional, en el sentido que acabo de exponer, pero substancialmente
se incursiona y avanza sobre los temas de seguridad interna, que no pertenecen a la
materia de la Defensa Nacional, sino a la defensa del orden establecido en nuestro país.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Sandler.—Con mucho gusto permitiría la interrupción al señor diputado; contra mi costumbre,
estoy haciendo lecturas para mi exposición, y rogaría al señor diputado que dejase su
interrupción para el final, a efectos de permitirme utilizar todo el tiempo disponible.
Hecha esta aclaración y poniendo el centro de gravedad del problema de la Defensa Nacional
en la situación externa del país, la primera pregunta que se deben formular los redactores de
una ley de Defensa Nacional es la siguiente: ¿cuál es el entorno internacional dentro del cual
el Estado-nación debe jugar su rol, llevando adelante una política exterior? ¿Cómo y quiénes
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constituyen el sistema mundial de relaciones internacionales? ¿Qué factores dinamizan a este sistema
y qué fuerzas pueden estar actuando en contra de una política exterior argentina, o contra
la Nación Argentina, en los múltiples aspectos de su existencia como conjunto unitario y soberano?
Toda ley de Defensa Nacional debe ser la respuesta concreta, históricamente condicionada,
a la dinámica mundial de relaciones internacionales y de cuyo sistema puede partir una agresión
para nuestra Nación.
El sistema mundial de las relaciones internacionales —dirían los analistas de sistemas— es
una black box, es decir, una caja negra, un sistema en el cual ingresan distintos estímulos, provenientes
principalmente de los Estados-naciones, y que produce ciertos efectos que por lo general
están más allá de la voluntad individual de una sola nación; pero además, el desarrollo tecnológico,
la producción en masa, la presentación de Estados-naciones característicos y específicos,
como las superpotencias, el armamento termonuclear, el fervor nacionalista de las naciones jóvenes
que nacen sobre los escombros del sistema colonial antiguo, son todos factores que constantemente
dinamizan al sistema internacional, que da así respuestas propias que debe enfrentar
nuestro país como nación soberana.
Un dato que no puede ser ignorado es que el nacionalismo es un común atributo de todas
las naciones, y no el dato propio de algunas de ellas. Diría, con un autor, que el nacionalismo es
el pulso vital de una nación; no son nacionalistas las naciones que están moribundas o al borde
de su desaparición. Pero, más importante que destacar esto, es reconocer que registramos dos
versiones de nacionalismo: uno es defensivo y otro agresivo. El nacionalismo defensivo, que caracteriza
a todo lo largo de su historia a la República Argentina, consiste en la firma voluntad de
una nación de ser respetada en su lengua, su cultura, su organización económica y en la tabla de
valores que le sirve de fundamento. Este nacionalismo es la base ético-política del principio que
obliga a respetar la autodeterminación de los pueblos.
Pero hay también otro nacionalismo, el nacionalismo agresivo, por el cual algunas naciones
—por las razones que fueren— están convencidas, y a veces decididas, a imponer sus valores a
otros pueblos del mundo. Los imperialistas también son nacionalistas, pero agresivos.
Particularmente importante en el sistema internacional es el desnivel de desarrollo que existe
entre las naciones en la actualidad. Siempre han habido diferencias entre las naciones, pero es a
partir de la Segunda Guerra Mundial donde se da un salto tremendo, ya que de una veintena de
naciones se llega a más de ciento cincuenta naciones. En este escenario mundial las diferencias
aparecen como un problema del sistema internacional.
En estos últimos treinta años se ha cumplido virtualmente el proceso de la nacionalización
de los pueblos de una manera vertiginosa. Ningún pueblo ha querido dejar de ser nación, contar
con su Estado-nación independiente y participar así en el sistema internacional. Pero la brecha
existente entre los grados de desarrollo nacional es tan tremenda que puede considerarse que ella
es el principal motor de la política internacional actual. Quien quiera podría trazar una especie
de línea divisoria entre una pequeña parte del mundo, cuantitativamente considerada, que estima
que las cosas deben permanecer en el estado en que están, y otra parte del mundo, cuantitativamente
mayoritaria, que tiene la firme decisión de alcanzar los niveles de desarrollo de que
goza la primera, sin que le importe demasiado qué cosas deben ser cambiadas.
Decir esto, y expresar que un latente conflicto internacional se huele, y a menudo se visualiza,
a lo largo de esa línea divisoria, es prácticamente lo mismo. Intuir que existe un mundo revolucionario,
hasta ayer ajeno a la escena mundial, y otro contrarrevolucionario, hasta ayer hegemónico
en términos efectivos, no es señalar nada nuevo, al menos para aquellos que leen los diarios.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Sandler.—Aunque mi intención es no conceder interrupciones para que mi exposición
sea coherente, con mucho gusto se la concedo al señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.

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Sr. Lazzarini.—Quiero señalarle al señor diputado que ninguno de los diputados que hemos
firmado el despacho está con la cristalización de las circunstancias internas o internacionales. La
diferencia que se observa entre el sistema democrático que seguimos y el de las democracias populares
consiste en que en el primero las discrepancias o diferencias se formulan conforme con
las reglas del juego y, como decía Aarón, a la luz del día. Por el contrario, en los sistemas marxistas
las discrepancias o diferencias no se revelan. Respecto de la seguridad interna su análisis
resulta de una visión estática del sistema imperante.
En definitiva, nosotros consideramos la ley de seguridad, pero lo hacemos dentro del marco
constitucional. Podremos tener en este recinto diferencias o discrepancias, sostener ideas revolucionarias,
avanzadas o retrógradas, pero la decisión la adoptaremos conforme las reglas del juego
que el sistema establecido en la Constitución contempla, lo que no ocurre en los sistemas a que
está haciendo referencia el señor diputado Sandler cuando se refiere al contexto internacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.
Sr. Sandler.—El señor diputado Lazzarini, lamentablemente, no ha entendido mi referencia
a la fina línea divisoria, que separa a los que están bien y a los que están mal; personalmente,
considero que la Argentina está entre estos últimos, pero peor porque está mal y pareciera que
quiere seguir así. De manera que el señor diputado no me ha comprendido, y quizás por algún
paradigma mental que lo condiciona considera que yo hice afirmaciones que, hasta ahora, por lo
menos, no he hecho.
Decía que basta leer los diarios para tener conocimiento de la situación que expuse. Pero lo
que quiero significar, señor presidente, es que los temas que estamos tratando aquí motivan la
manifestación del señor diputado Lazzarini y son ignorados olímpicamente por el proyecto de ley.
El proyecto de ley aparece como un proyecto descolgado, redactado en un mundo en abstracto,
elaborado como si se tratara de un mundo sin nacionalismos agresivos, y sin presiones imperialistas,
un mundo sin desigualdades económicas; casi diría, un mundo sin conflictos posibles;
precisamente, el posible conflicto internacional es el meollo del problema de la Defensa Nacional.
Se puede argumentar que en el texto de la ley estas cosas no deben aparecer, y podría, con
reservas, aceptarse. Pero es que tampoco han florecido ni en el texto del mensaje ni en los términos
de la discusión habida en el seno de la comisión. Son cosas que, en realidad, no han surgido
con la gravedad que el tema reclama. Y esto no quiere ser una imputación baladí. Se pasó, diría
—y voy a tratar de explicar, a mi juicio, por qué—, de costado frente a este mundo real y difícil
en el cual la Argentina está inserta. Las discusiones substanciales en el seno de la comisión fueron
de dos tipos: ¿hasta dónde esta ley implica una militarización de la situación en el poder civil?, y
¿hasta dónde esta ley no vulnera los derechos y garantías constitucionales? Esto demandó substancialmente
el contenido de las conversaciones y discusiones, como demanda, por lo que se va
viendo, la atención de este debate.
La curiosa falta de examen de los problemas que acabo rápidamente de puntualizar es el
resultado de dar ciertas cosas por sabidas, que es lo mismo que dar a esas cosas por aceptadas.
Nosotros creemos que tratándose nada más ni nada menos que de la defensa de la Nación
misma—en donde ésta se juega su destino—, nada puede darse por sabido y nada puede darse
por aceptado. Todo debe ser revisado. Una visión crítica debe caer sobre todo el entorno internacional,
cuando uno se pone a redactar una ley de Defensa Nacional. Se trata de saber cómo se
va a defender la Nación frente a un mundo que en muchos aspectos es claramente agresivo. La
crítica debe aplicarse, substancialmente, a nuestra vulgar visión de ese mundo, visión en la que
anidan las “cosas por sabidas” que condicionan nuestro modo de actuar.
A mi juicio, la explicación radica en que si bien reconocemos la existencia de un sistema
mundial de relaciones internacionales, lo cierto es que no se tiene presente en grado suficiente
que ese sistema no es homogéneo ni simple, sino que es complejo y heterogéneo; y esto, particularmente
a partir del año 1945 o sea con el fin de la Segunda Guerra Mundial.
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Dentro del sistema mundial de relaciones internacionales, convendrán conmigo los señores
diputados en que hay que reconocer la presencia de varios subsistemas. Terminada la Segunda
Guerra Mundial, pocas horas después el mundo se vio enfrentando a la denominada Guerra Fría.
¿Es que acaso esta nueva guerra no era sino un conflicto entre dos subsistemas internacionales,
que tenían hasta nombre propio y metrópolis caracterizantes? La conflagración mundial transformó
al mundo en muchos aspectos: barrió de la escena mundial a algunas viejas potencias,
como el caso de la Alemania imperial; dejó maltrechos algunos imperios de vieja data, como el
de Gran Bretaña, y abrió el paso a nuevos Estados y naciones con el nombre de superpotencias;
con ellas, aparecieron los subsistemas.
250
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Nicasio Sánchez Toranzo.
Sr. Sandler.—En 1945 estaba, por un lado, el subsistema capitalista, hegemonizado por
Estados Unidos, y por el otro lado, el subsistema socialista, capitaneado por la Unión Soviética.
Hoy ambos sistemas subsisten; es fácil reconocerlo. Otros se les han incorporado o están en
vías de hacerlo; la República Popular China, la Comunidad Europea y el abigarrado conjunto
de naciones integrantes del Tercer Mundo están configurando precisamente otros subsistemas
mundiales.
Los subsistemas internacionales tienen una consistencia y un vigor posiblemente intangibles,
pero que se perciben claramente. Tienen un grado de dureza próximo a la del acero y tienden a
conservarse y a preservarse por todos los medios. Y si los señores diputados desean un ejemplo,
les recuerdo lo ocurrido en la década del ‘60 cuando una república, perteneciente a uno de los
subsistemas —me refiero a Cuba—, pasó a otro de los subsistemas. En los últimos veinte años
esta situación generó el punto más crítico de todo el sistema mundial y puso sobre la mesa la
posibilidad de una tercera guerra mundial.
A los subsistemas internacionales no se los ve, pero, repito, tienen la fuerza del acero.
Estos subsistemas internacionales aparecen como mediadores entre el Estado-nación y el
sistema internacional mundial. Tienen sus propias reglas operativas y su propia finalidad como
sistema. Por lo general tienen un poder central a cargo de una superpotencia que trata de materializar
sus propios intereses nacionales como Estado-nación a través del subsistema. Para este
fin la potencia hegemónica hace asumir como propios de los otros Estados-naciones integrantes
del subsistema los objetivos nacionales que en verdad pertenecen a la nación dominante.
Le es muy posible a cualquier Estado-nación integrante de un subsistema mecerse desaprensivamente
dentro del subsistema. Para ello no necesita más que abstenerse de tener política exterior
y no proveer a ninguna autónoma Defensa Nacional, ya que el subsistema se encargará de
ambas casas.
Para que esa sumisa actitud sea factible tiene que ceder el pulso nacionalista del Estadonación.
Es decir, dejar de ser nacionalista. Esto es improbable que ocurra fácilmente, porque, si
bien las naciones no son tan sólo una población sobre un ámbito geográfico, es en esa población
en la que anida un sentimiento nacional. En consecuencia, si el gobierno que conduce a esa nación
pretende instalarse muellemente en un determinado subsistema es probable que en el pueblo
de ese Estado-nación surjan con creciente virulencia los sentimientos nacionales, que cada
vez más se propondrán un claro y preciso objetivo: la liberación nacional.
Es decir que para que un Estado-nación se acomode y someta a un subsistema no hace falta
que decaiga la moral nacionalista de todo un pueblo; basta con que el Estado-poder, el poder
dominante en la sociedad, crea que esa decisión es adecuada y correcta. Líbreme Dios de pensar
en actos de mala fe. Los hombres a cargo del Estado pueden pensar que eso es conveniente, que es
lo único que se puede hacer, y que actuar de manera contraria sería tan imposible como errado.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
No puede ponerse en duda que esa cosmovisión, que yo llamaría antinacional, puede hacer
presa en la inteligencia de la gente común tanto como de la que está a cargo del poder. La capacidad
tecnológica, propagandística y económica de las superpotencias es tan colosal que hoy se
habla corrientemente en las universidades de los Estados Unidos de América de la existencia de
“sistemas nacionales penetrados”. Esta penetración no tiene por qué ser sólo económica, como
generalmente se cree entre nosotros y como de hecho lo hemos reconocido muchas veces en esta
Honorable Cámara. La penetración puede ocurrir en todos y cada uno de los órdenes de la vida
social y, de hecho, así acontece para el que quiere ver.
Cuando se da el caso de un sistema nacional penetrado, las ideas, creencias, ideologías y mitos
surtidos por la potencia dominante son elevados a la categoría de ideas, creencias e ideologías
nacionales. En esta forma se cree servir un objetivo nacional cuando en verdad, por esta vía indirecta,
se están sirviendo los objetivos nacionales de una nación extranjera.
Las consecuencias de este fenómeno son, obviamente, gravísimas. En primer lugar, es muy
probable que el Estado-poder a cargo de la conducción interna de la nación vaya cada vez más
adoptando las características de lo que los técnicos militares llaman “Estado-guarnición”, incrementando
constantemente su autoritarismo, actuando como protector de los intereses nacionales
de la superpotencia hegemónica, y aun atentando contra los intereses nacionales de la propia
sociedad nacional.
En segundo lugar, comienza a empalidecer la política exterior de la Nación en esas condiciones,
pues pierde cada vez más su autonomía. Ella deja de reflejar la materialización de los vitales
intereses nacionales, para aparecer, como un segmento articulado dentro de lo que podría llamarse
política exterior del subsistema. En sus trazos más gruesos esta política exterior coincidirá
con los intereses nacionales de la superpotencia hegemónica aunque, desde luego, ello no impide
la existencia de una maraña de cuestiones menores que pueden hacer creer en la ilusión de una
política exterior autónoma e independiente.
La política exterior nacional, cuando es, según vamos viendo, mero segmento de la política
exterior del subsistema al que pertenece el Estado-nación, aparece como una intensa actividad
dentro del subsistema que incluye, por cierto, cuestiones domésticas que se plantean
entre todos los países integrantes del subsistema. A la vez y paralelamente, ningún Estadonación
del subsistema va más allá, en su política exterior, de meras relaciones de cortesía con
los Estados-naciones integrantes de otro subsistema. Las potencias hegemónicas de cada subsistema
marean, por decirlo así, el nivel de las relaciones exteriores entre los sendos Estadosnaciones
de cada subsistema, aunque, por supuesto, ellas se atreven a hacer lo que de hecho o
de derecho tienen vedado a los Estados-naciones menores de su propio subsistema. Por eso la
consigna de una política exterior de la Nación en esas condiciones de relaciones con todos los
países del mundo, es en verdad la pretensión de establecerlas con países de otros subsistemas,
o no es nada.
Y la declaración de pertenecer, acatar y desear mantenerse dentro del subsistema es la renuncia
confesa a tener política exterior, o sea, a ser una Nación libre, independiente y soberana.
En cuanto a la Defensa Nacional en sí misma, bajo la coraza protectora pero asfixiante del
subsistema, cambia radicalmente el sentido, si es que la Defensa Nacional, en ese caso, puede
tener aún algún sentido.
Yo voy a dar dos ejemplos, nada más, señor presidente, para mostrar la influencia que tienen
estos hechos en la propia organización de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro Ejército, que debe
ser considerado base fundamental de la Defensa Nacional en materia militar, cuenta con los tanques
AMX, de procedencia francesa. Cualquiera sabe que estos tanques han sido diseñados para
operar en zonas de geografía reducida. En nuestro caso, si tuvieran que llegar a la frontera, no les
alcanzaría el combustible para hacerlo desde el lugar de su asiento habitual.
En el año 1950, cuando yo era oficial de aeronáutica, se fabricaban en el LAME el Pulqui I,
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el Pulqui II y el Calqui, diseñados en función de la Defensa Nacional. Ahora se fabrica el Pucará,
cuya finalidad es la guerra interna antisubversiva.
He citado dos ejemplos. Podría dar un tercero. En los Estados Unidos, la última guerra les
ha demostrado que la Defensa Nacional exige la incorporación masiva de todos los sectores al
esfuerzo bélico, pero de ellos, fundamentalmente, el sector científico y universitario. La desgraciada
bomba atómica y los medios de combate que exhiben hoy los Estados Unidos tienen su
origen principal en la investigación científica norteamericana.
Ello no les ha resultado difícil conseguirlo, pues acertada o equivocadamente, el aporte a la
Defensa Nacional era gestionado desde el punto de vista del orden mundial. En sus exámenes,
ciertos o falsos, surgía que la nación-Estado norteamericana estaba comprometida en una guerra
—caliente o fría— exterior.
Pero cuando lo que está en juego no es la nación sino el Estado-poder, y para su defensa se
incrementa el autoritarismo y se explica todo por una supuesta imprecisa guerra interna, lo que
ocurre no es la conscripción de la inteligencia para la Defensa Nacional sino la destrucción de
la universidad y la constante fuga de cerebros. ¿Qué Defensa Nacional puede —seriamente—
intentarse sin la inteligencia que masivamente piense y quiera la victoria en favor de la nación?
Ninguna. Sin embargo, esto es lo que se ha hecho y se sigue haciendo en nuestro país. Pero las
cosas son de este modo porque dada la condición de Estado-nación inserto en un subsistema
la Defensa Nacional no es posible o carece de sentido, salvo que se asuma la única deseable: la
liberación nacional.
Estos son los hechos que de ninguna manera alcanza a corregir la llamada ley de Defensa,
pero que además ni siquiera se los plantea como problema. Es que la defensa, dentro del análisis
que estamos haciendo, como país —la Argentina— confesadamente perteneciente al subsistema
internacional hegemonizado por los Estados Unidos, carece de sentido, salvo el liberador
indicado.
Por eso nos permitimos señalar que el proyecto en cuestión no sólo trata materias tan diversas,
como lo son la seguridad externa y la seguridad interna, sino que, aunque se llame de Defensa
Nacional, no la atiende sino de manera ritualista y abstracta, sin ninguna conexión con la realidad.
No constituye la positiva respuesta de una Nación portadora de objetivos fundamentales,
que debe realizarlos en un sistema mundial interconectado e interdependiente. Campea abstractamente
sobre las necesidades de un mundo que no existe y pone el acento sobre la seguridad
interna de la Nación en defensa del orden establecido.
Esto es tan visible que en tanto la posibilidad de un conflicto externo del país sólo subyace en
el plano de la esquemática especulación teórica, la llamada “guerra interna” es el hecho concretamente
preocupante y que demanda confesadamente la aprobación de esta ley.
No sé cuánto tiempo me resta, señor presidente…
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Le restan trece minutos, señor diputado.
Sr. Sandler.—Un aspecto de mi exposición, que en parte está escrita, se relaciona con la evolución
de la doctrina militar norteamericana. Desarrollar esta parte demandaría algunos minutos
más del tiempo que me resta, de modo que consulto a la Presidencia acerca de si sería posible
una extensión del término. De lo contrario, solicitaría la inserción en el Diario de Sesiones de esa
parte de mi exposición.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Si hay asentimiento, el señor diputado podrá exceder
durante algunos minutos el término que le ha sido asignado.
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—Asentimiento.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado
Sandler.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Sr. Sandler.—Los latinoamericanos tenemos buenas razones para afirmar que desde un comienzo
muy temprano la joven nación norteamericana dio muestras de un nacionalismo agresivo
y expansionista, testimonio de una prematura vocación imperialista encubierta bajo distintos
credos que en el fondo se cimentaban en el famoso destino manifiesto. Pero si bien esta
afirmación no es falsa en su formulación genérica, en el sentido de que siempre ha sido así, de
que hay una línea sin solución de continuidad desde aquellas primeras ocupaciones de tierras
americanas hasta el Vietnam, a mi juicio existe en esa afirmación el serio riesgo de encubrir o
poner en la penumbra el radical salto cualitativo operado en la política exterior norteamericana
a partir de la Segunda Guerra Mundial, a punto tal que entiendo que solamente a partir de fines
del año 1945 se puede hablar de la aparición de un imperio norteamericano.
Luego de dos mil años de desarrollo de la humanidad, a ningún europeo le causaría fastidio
ni ningún italiano se sentiría agredido por el hecho de que en las escuelas primarias de todo el
mundo se hiciese el examen del Imperio Romano. Pero reconozco que no es tan fácil hacer el
examen de un imperio contemporáneo, sobre todo cuando en función de la corriente permanente
de democratización mundial, de la cual Norteamérica ha sido principal protagonista con
motivo de su independencia, decir que una nación es imperialista puede tener un sentido, si no
peyorativo, casi de un insulto.
Sin embargo, con el mayor grado de desapasionamiento es obligación nuestra, sobre todo en
esta Cámara, tratar de descubrir la realidad objetiva de esta superpotencia. La afirmación de que
hoy por hoy puede hablarse de la existencia de un imperio norteamericano pretende ser —por eso
he hecho la aclaración— cualquier cosa menos una afirmación peyorativa o gratuita. Los propios
norteamericanos han colaborado para poner de manifiesto esta realidad luego del desastre de
Vietnam. Los más diversos sectores de la sociedad norteamericana, desde los estudiantes hasta los
empresarios, a fines de la década del sesenta, cuando ya estaban embarcados hasta el tuétano en
la guerra de Vietnam, de pronto tomaron conciencia, comenzando a formularse interrogantes y a
plantear serias dudas sobre si efectivamente los intereses nacionales postulados por los administradores
del gobierno norteamericano eran, efectivamente, intereses nacionales de esa nación o
simplemente intereses particulares de algún sector de su sociedad a cargo del gobierno.
Richard J, Barnet, en un excelente libro titulado La guerra perpetua, publicado en 1972 en los
Estados Unidos, describe detalladamente cómo por varias razones, pero particularmente a raíz
de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se gestó en la década del
‘40 lo que él llama la “revolución burocrática” en el gobierno norteamericano.
Barnet recuerda que, simbolizando ese aparente interés nacional elaborado por los administradores
de ese Estado nación de esa década, el presidente Lyndon B. Johnson, en el año 1969,
dijo en una conferencia sobre política exterior: “Somos la nación número uno, y vamos a continuar
siendo la nación número uno”. Y acota el autor: “Esta voluntad declarada supone no sólo la decisión
de afrontar la guerra, sino de mantener una lucha por la victoria permanente, con independencia de
los medios empleados”. El interés nacional así sintetizado, ser la nación número uno, era el resultado
de ciertas estructuras económicas, políticas y sociales de los Estados Unidos.
Esto es, en realidad, un examen que no nos compete en esta ocasión, pero lo importante es
que de esa estructura interna sale una política exterior norteamericana que Barnet califica como
respuesta programada para los actos de otras naciones.
“La meta de la política exterior norteamericana —agrega el mismo autor— es hacer que el
mundo esté cada vez más sujeto a la ley. Pero son los Estados Unidos los encargados de dictarla.
Así, los Estados Unidos fijan reglas del comportamiento soviético en Cuba, el comportamiento
brasileño en Brasil, el comportamiento vietnamita en Vietnam. La política de la Guerra Fría se expresa
por una serie de directivas sobre ciertas cuestiones extraterritoriales, tales como si Inglaterra
puede tener comercio con Cuba, o si el gobierno de la Guayana inglesa puede ser dirigido por un
dentista marxista.”
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Agrega luego Barnet: “Sólo que el despertar del Tercer Mundo, con sus dos mil millones de
almas, ha alterado fundamentalmente el escenario en el cual se desenvolvía ordinariamente esta
política imperial”.
El feroz nacionalismo de las jóvenes naciones nacidas sobre los escombros del antiguo sistema
colonial, poco se compadecía con las pretensiones imperiales de una plena estabilidad del
sistema mundial de relaciones internacionales. Cada nación que aparecía constituía una transformación
del sistema y una ruptura de su equilibrio.
La constante reacción del Estado-nación norteamericano contra el cambio lo fue convirtiendo
rápidamente —expresa Barnet en su libro— en “un poder contrarrevolucionario en un
mundo revolucionario, comprometiéndose a sí mismo a un constante y creciente uso de la violencia”.
Al fin de la Segunda Guerra Mundial el monopolio por parte de los Estados Unidos de
América del poder nuclear le permitió implementar esta política exterior bajo la amenaza del
terror atómico, estrategia denominada en el seno del propio gobierno como la posibilidad de la
“represalia masiva”.
Pero la pérdida de este monopolio, la aparición de otras superpotencias competitivas y el surgimiento
del convulsionado Tercer Mundo, determinaron que aquella estrategia debiera cambial
en su contenido y aplicación.
Michael Klare, en otro profundo trabajo en el que se analizan las causas de esa War without
end (La guerra sin fin) en que están empeñados los Estados Unidos de América, explica en su
libro —del año 1972— el proceso de evolución de su estrategia militar. En el primer capítulo,
sugestivamente denominado De la amenaza de terror a la contrainsurgencia, Klare transcribe las
reflexiones del antiguo jefe de Estado Mayor de Eisenhower, general Maxwel D. Taylor, autor
de la doctrina llamada “respuesta flexible” que habría de reemplazar la denominada “represalia
masiva” vigente al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
El general Taylor reflexiona de la siguiente manera: “Muchos eventos mundiales que han ocurrido
arrojan dudas sobre su validez y exponen su carácter falaz de la doctrina de la represalia masiva”.
Corea, continúa, en una guerra convencional limitada luchó junto a los Estados Unidos de
América, que en ese entonces tenía el monopolio atómico sobre cuya eficacia no quedan dudas.
Pero muchas otras guerras limitadas que han ocurrido desde 1945 —la guerra civil china, las
operaciones con guerrillas en Grecia y Malaya, Vietnam, Hungría, Medio Oriente, Laos, para
indicar sólo unas pocas— son evidentemente claras para evidenciar que nuestra estrategia de la
represalia masiva, si servía para prevenir la Tercera Guerra Mundial, no fue capaz de mantener
la pequeña paz; esto es, una paz sin disturbios los cuales, por supuesto, son pequeños en relación
a la guerra general.
Partiendo de estos análisis, el general Taylor propone el reemplazo de la represalia masiva por
la estrategia de la respuesta flexible que, según él mismo lo explica, “sugiere la necesidad de tener
aptitud para reaccionar a través de todo el espectro de los posibles desafíos, desde la guerra atómica
general a la infiltración y agresiones como la de los nuevos teatros de Laos o Berlín. La nueva estrategia
—finaliza Taylor— necesita reconocer que es tan necesario para los Estados Unidos de América
detener como ganar rápidamente una guerra limitada como una guerra general”.
Es claro que la respuesta flexible exigía una noción de frontera militar también flexible. Nadie
tiene dudas dónde está la frontera de la República Argentina. Basta para determinarla con recorrer
el mapa. Las fronteras de las naciones tienen una coincidencia perfecta con su estado geográfico
o el territorio nacional. Sin embargo esta idea no es la que campa en la doctrina militar
norteamericana.
En el año 1948, un especialista en temas de la defensa norteamericana, el señor Louis Smith,
autor de la obra American Democracy and Military Power, que ha sido traducido al castellano bajo
el título de Democracia y poder militar por Omeba, en 1957, alude expresamente a esta cuestión,
que yo estimo resultará interesante a los señores diputados.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Decía el señor Smith: “Los más importantes como evidentes cambios en la seguridad de este país
(los Estados Unidos) son su actual status de gran potencia mundial y las nuevas responsabilidades
que emanan de tal posición. Hoy (1948) Estados Unidos es una de las superpotencias con interés
directo e indirecto en todos los rincones de ambos hemisferios. Ahora recae sobre nosotros la responsabilidad
de una dirección democrática y protección en un mundo en que cada lugar se halla al
alcance de cualquier otro lugar”. Esto es lo que acabo de decir: el globalismo de la política exterior
norteamericana en términos militares.
Y ahora viene la especial reflexión sobre las fronteras. Dice: “Las fronteras militares de los
Estados Unidos limitadas antiguamente a las líneas divisorias entre los campos de granos de los granjeros
y las verdes florestas de los pieles rojas resultan ahora verdaderamente globales por su alcance.
Estas fronteras están en Europa, en el Cercano Oriente, en el Mediterráneo, en el Pacífico Sur (y
aclara en forma específica), están doquiera se registren agresiones o exista la posibilidad de acciones
hostiles contra los Estados Unidos”. Quiere decir esto que si mi discurso se entendiera como una
acción hostil, en este momento por mi banca estaría pasando la frontera militar de los Estados
Unidos, según el señor Louis Smith.
La respuesta flexible tenía que ser el correlato necesario de esta frontera flexible. Barnet, al
que antes apeláramos, años después pone de manifiesto esta singularidad de la concepción sobre
la frontera norteamericana. “A diferencia con los antiguos imperios, dice Barnet, los Estados Unidos
se preocupan menos por el control territorial que por el control constante sobre otra gente”. “No es
necesario —agrega— que el control político se vea acompañado por la ocupación física o la anexión
del territorio. En los recientes decenios se han multiplicado las técnicas de control y dominación que
las grandes potencias pueden disponer y los Estados Unidos las han utilizado con más imaginación
que sus rivales.”
Dentro de esas técnicas de control y en el plano militar hay que insertar la nueva concepción
del general Taylor llamada “respuesta flexible”.
A partir del año 1961 el general Taylor es designado jefe de la junta de los jefes del Estado
Mayor Conjunto y la doctrina de la respuesta flexible es adoptada como doctrina militar por el
Pentágono y configurará el basamento de la política exterior de seguridad norteamericana hasta
la actualidad. Es la filosofía de su Defensa Nacional. Aun en 1969 —época en que se invocaba la
necesidad de luchar para seguir siendo la nación número uno— se sostenía a consecuencia de tal
doctrina: “La seguridad americana y la restauración del prestigio americano hacen necesario, entre
otras medidas, elevar la capacidad de lucha de los Estados Unidos en la guerra limitada sin recurrir
a las armas nucleares. Si los comunistas pueden ser contenidos en el plano de la guerra estratégica y
el Tercer Mundo puede ser la arena más activa de la Guerra Fría, la guerra de guerrillas puede ser la
más grande amenaza militar”.
Consecuencia de aquella frontera flexible y producto de la “respuesta flexible”, a la más
grande amenaza militar se le opondría el principal instrumento militar de seguridad para los
Estados Unidos: la contrainsurgencia.
A fines de los años cincuenta un libro conformista circulaba profusamente en los Estados
Unidos bajo el título America as a civilization (Norteamérica como una civilización). Allí podían
leerse párrafos como éste: “No hay duda que los Estados Unidos han construido uno de los grandes
imperios de la historia. Pero decir esto no es conllevar con ello todas las connotaciones que “el
imperialismo” transmite como un conjunto de impulsos hacia el engrandecimiento, que colorea la
naturaleza del imperialismo. Los Estados Unidos no emprendieron la dominación del mundo como
lo hicieron los nazis bajo Hitler, con la idea de que su pueblo estaba destinado a ser “herrén volk”,
mientras que el resto eran subhumanos. No había un fanatismo ideológico detrás del expansionismo
norteamericano, como en el caso de los comunistas. El caso norteamericano ni siquiera es semejante
al Imperio Romano, el cual era producto de un sistema semejante de energía, pero racionalizaba su
expansión como la función civilizadora de Roma en un mundo de reinos agotados y hordas bárbaras.”
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Veinte años después parece ser lícito hablar del imperio norteamericano, como ya entonces,
con gozo lo hacían ellos mismos. Pero también hay que hacerlo porque las movedizas arenas
del Tercer Mundo los impulsan a apelar a la “contrainsurgencia” y seguramente —como los
romanos— buscan racionalizar sus necesidades para que cada uno de nosotros la adopte como
un objetivo nacional.
Un autor ha dicho que el viejo principio positivista de orden y progreso es el que mejor se
puede acomodar a la idea de la política exterior norteamericana. El orden debe ser entendido
en substancia como el sistema mundial establecido que no debe alterarse; el progreso, como la
ayuda que los Estados Unidos pueda ofrecer a los países en desarrollo, incluyendo la necesaria
para mantener el orden establecido.
Esta concepción está plenamente vigente desde la Segunda Guerra Mundial. Para confirmarlo
basta con revisar los tratados que los distintos países del área han celebrado con Norteamérica o
entre sí bajo su inspiración.
El sentido profundo de este proceso es el deseo de mantener a toda costa la estabilidad del
sistema político mundial. En el año 1961 bajo el título de International Stability: Problems and
Prospects, o sea, Estabilidad internacional: problemas y prospectivas, fue preparado bajo el auspicio
de la General Electric Company por el equipo de científicos Tempo, un informe sobre los criterios
con que deberá entenderse la estabilidad internacional desde el punto de vista de los Estados
Unidos.
Con el permiso de los señores diputados voy a leer algunos de los párrafos más significativos
porque me parecen muy ilustrativos. Dicen así: “El sistema clásico (del siglo pasado o sea
hasta 1945) de naciones-Estado, según se fue formando en el complejo europeo, desarrolló algunos
mecanismos para preservar su estabilidad. En efecto, el sistema de naciones-Estado procuró lograr
que todos los no Estados (las colonias) y todas las sociedades que no podían satisfacer los requisitos
de la soberanía (también colonias) fuesen controlados y regulados de manera que no trastornasen la
actividad efectiva de las naciones-Estados. Desde la perspectiva del sistema en su conjunto —dicen
los científicos del equipo Tempo— es posible señalar al colonialismo como el mecanismo principal
en virtud del cual el sistema de naciones-Estados se protegió de la penetración de influencias que para
la preservación del sistema tenían y que consideraban como perturbadoras, aleatorias e irresponsables”.
Según estos personajes del equipo Tempo —me permito decir— la revolución argentina de
1810 hubiera sido perturbadora, aleatoria e irresponsable, y la propia revolución norteamericana
también por supuesto hubiese sido —a juicio de estos analistas— perturbadora, aleatoria e irresponsable
del sistema entonces imperante.
Sr. Lazzarini.—La noción del Estado es muy anterior a esa época.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—¿El señor Sandler permite la interrupción?
Sr. Sandler.—Preferiría continuar con la exposición, y recordando lo que ya dijera al señor
diputado Lazzarini, al final podríamos mantener una conversación.
“Una segunda función del colonialismo —sigue el informe— consistió en proporcionar un mecanismo
para facilitar la difusión de la cultura y la tecnología de dos países entonces desarrollados,
e impedir que las consecuencias más explosivas del cambio social transformaran el sistema. Bajo el
auspicio de las autoridades coloniales, los pueblos primitivos podían experimentar el proceso invariablemente
doloroso de modernizarse, sin dislocar el orden mundial.” Es decir, no hay una vocación
anticambio; hay una elección entre el cambio y la estabilidad del sistema mundial. Y dicen —con
esto termino el informe Tempo— que “la fuente principal de tensión del sistema internacional
durante la década que se aproxima, o sea la del ‘70, es el conflicto entre las necesidades que tienen los
países subdesarrollados de modernizar sus sociedades, y por consiguiente sufrir un cambio social dislocador
y aun explosivo, y la necesidad del sistema internacional de elevar al máximo la estabilidad,
y por consiguiente controlar todas las influencias perturbadoras”.
Por supuesto que este informe, escrito en 1961, tuvo una inmediata aplicación en 1962,

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cuando esta doctrina militar consideró que la elección del presidente Juan Bosch era una circunstancia
perturbadora del orden internacional; pero el mecanismo regulador que tenían en ese
momento era muy burdo, y se mandaron los marines. En 1973 también se consideró perturbador
para el sistema internacional la elección del doctor Salvador Allende; el mecanismo fue entonces
menos burdo, si se quiere, porque no estuvieron presentes los marines, sino que estuvo presente
el general Pinochet. Había transcurrido una década, cuyas consecuencias es necesario investigar.
¿Por qué antes hubo que mandar marines y ahora bastaba con la presencia de un general del ejército
chileno? Esto marca la influencia de la penetración en la década de la “respuesta flexible”. Si la
amenaza termonuclear sirvió para paralizar la gran guerra, pero no para preservar la pequeña paz,
de ahí la necesidad de una respuesta flexible, afloran diez años después los resultados de los nuevos
mecanismos de regulación de la estabilidad del orden mundial. Empiezan a instrumentarse en las
universidades, en los centros de estudio, en los cuarteles americanos y en las casas de gobierno.
El principal instrumento para asegurar la estabilidad del sistema mundial, tal como reconocidamente
se aprecia, es por un lado la amenaza de la guerra termonuclear, cada vez más remota,
que no se efectiviza; en el otro extremo, como un instrumento real, efectivo y eficaz para impedir
la pequeña guerra, la subversión o el cambio social que rompen la estabilidad mundial: la contrainsurgencia.
Entonces aparece así, como un objetivo preciso de la doctrina militar norteamericana,
el empleo ideológico, cultural, logístico y técnico de la contrainsurgencia, como un medio
de frenar cualquier tipo de reacción o de cambio que, conforme al prisma de la visión que tengan
los defensores de los intereses norteamericanos, se considere como perturbador de las relaciones
internacionales.
Señor presidente: tengo en mi poder algunos manuales editados por las universidades norteamericanas
—que por cierto estudian en clase— en los que se explica en qué consiste la insurgencia
y la contrainsurgencia. Más adelante, al referirme en mi exposición a la insurgencia en mi
país, a la llamada subversión, voy a mencionar algunos párrafos de estos manuales.
Pero por ahora quiero señalar que, en función de la lectura de esos textos a que he hecho referencia,
que exponen y contienen pronunciamientos de líderes norteamericanos, resulta claramente
una conclusión: a partir de la doctrina de la respuesta flexible, creada por el general Taylor
y adoptada por el Pentágono, la contrainsurgencia —principalmente a cargo de los Estados y
poderes de las naciones pertenecientes al subsistema que hegemonizan los Estados Unidos— se
ha convertido en el principal instrumento de la Defensa Nacional de ese país.
Esa es la comprobación que he hecho, señor presidente, y en mérito de ella me formulo serias
preguntas. Frente a estos antecedentes, ¿la lucha contra la insurgencia en sus más diversas
manifestaciones —que no pocas veces se traduce en una represión ante cualquier pretensión
de cambio social— puede ser considerada, así nomás, como un propio y auténtico objetivo nacional?
¿En qué medida nuestro país —como sistema nacional perteneciente a ese subsistema
internacional hegemonizado por esa potencia que sostiene y actúa conforme a las tesis que
acabo de exponer— no está construyendo, un régimen de Defensa Nacional que, poniendo el
acento en la insurgencia, la subversión y la conmoción interior, en realidad apoya los intereses
de una potencia extranjera? ¿En qué medida —lo pregunto con toda honestidad a mis compañeros
de banca— esa decisión política puede considerarse popular, nacionalista y liberadora de la
República Argentina?
Personalmente, me niego a creer que lo sea. En esta ocasión y sobre este punto sólo quiero
dejar abierta la discusión. El dilema —desde el punto de vista de la concepción norteamericana—
se plantea así entre su voluntad de mantener la estabilidad del sistema mundial de relaciones
internacionales y el cambio, no sólo del sistema, sino el cambio social en los países que lo
componen y que puede traducirse en la alteración del equilibrio mundial. Equilibrio en el que
—sin duda— tienen las potencias hegemónicas, y sobre todo los Estados Unidos, un buen lugar
asegurado bajo el sol.
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De allí la ideología que sostiene la necesidad del “cambio en paz”. Cambio, sí, pero sin alteraciones
de la estabilidad mundial. Cambio, sí —como diría Brucan—, pero con permiso de la policía.
Todos estos son hechos contra los cuales es difícil alzarse. Pero es inadmisible que una nación
que es sanamente nacionalista, que quiere ser libre y soberana, los admita sin chistar y —lo que
es más grave— los nacionalice a través de su ley de Defensa Nacional. No es ése el camino de la
liberación.
Pero además de estas consideraciones, que me llevan a una profunda reflexión y angustia
como argentino, no ignoro que, después de varios años, la insurgencia y la subversión son realidades
en la República Argentina, y algo habrá que hacer para acabar con ellas. En Tucumán se
está combatiendo; en las fábricas se dice que se está combatiendo. Y entonces a esta realidad no
la podemos escabullir limitándonos a explicar su origen. Menos aún dando respuestas de origen
extranjero al servicio de sus intereses. Es mejor enfrentarla y tomar el toro por las astas con un
criterio argentino y nacional.
La caracterización de la situación internacional que hemos hecho y la denuncia de las tesis
de defensa de los Estados Unidos de América —elaboradas desde hace tres décadas—; de la
contrainsurgencia como instrumento principal de la respuesta flexible; de la propagación de ese
método por los Estados Unidos de América en otros países, poniéndonos al servicio de sus intereses;
de la coincidencia de lo que ocurre temporalmente en el nuestro, con lo que se sostienen
estos proyectos norteamericanos, no son sino la más aguda preocupación que tengo cuando veo
que nuestro proyecto de ley de Defensa no crea absolutamente nada sino que racionaliza toda
una serie de organismos ya existentes, creados no precisamente durante la vigencia del gobierno
popular sino en la de la dictadura militar.
Señor presidente: yo creo que, contra lo que se piensa, esta ley no asegura la organización
de la Defensa Nacional sino que es probable y casi seguro que la debilite, porque con la espuria
confusión de la defensa de la Nación con la defensa del orden establecido no haremos más que
abrir aún más las brechas existentes en el seno de la sociedad argentina, agrediendo la columna
vertebral de una nación: su unidad nacional.
Pero esta visión crítica que yo acabo de formular sin ambages, no debe confundir a nadie
sobre nuestra posición política con respecto a la insurgencia y lo que ella implica como método
político, como pretensión de cambiar, a través de la violencia, el orden establecido.
Nosotros creemos que el objetivo fundamental de la Nación —en este momento, objetivo
número uno— es terminar con la subversión. Porque su existencia y permanencia, como hemos
dicho, no son sino el testimonio y aun el riesgo de la quiebra de la unidad nacional, sin cuyo requisito
la Defensa Nacional será una utopía o un conjunto de declaraciones vacías.
La Argentina no podría defenderse hoy de ningún ataque exterior, pues tiene todos sus poderes
bélicos comprometidos en la lucha contra la insurgencia.
Por otra parte, y siempre aclarando nuestra posición —que reiteradamente hemos sostenido—,
juzgamos que el recto camino para la solución de todos los problemas sociales intestinos
es y será la democracia. No sólo la democratización en algunos extremos y segmentos de la
organización política —llámese elecciones—, sino la democratización de toda la organización
política de la Nación, adecuada suficientemente para los impostergables cambios sociales que el
país necesita, a fin de tener una sociedad más justa y libre.
Creemos también que no es posible una plena democratización del orden político si correlativamente
no se avanza en una creciente democratización de todo el orden social y económico.
Es decir que no creemos que haya una democratización integral con el solo derecho a elegir
representantes políticos para actuar en cargos electivos. Ella exige algo más que eso. Demanda la
erradicación del autoritarismo en el orden político, en el económico y en el social. Autoritarismo
político son las oligarquías; autoritarismo social son los privilegios, y autoritarismo económico
es el poder de unos para aprovecharse del trabajo de los otros.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Esta posición nos lleva a separarnos claramente de la insurgencia como método de cambio
social en nuestro país, y a sostener que es indispensable su terminación, como acabo de puntualizar.
Pero quien quiera acabar con la subversión debe tener presente no sólo todo lo dicho
sino que también debe estar dispuesto a terminar con la contrainsurgencia, en cuanto es su par
correlativo.
Yo creo, en principio, que no es a través de la profundización de la guerra frontal, que desde
hace tiempo está hiriendo a nuestro país y que en estos últimos días se está intensificando, según
podemos ver en todos los periódicos, como se termina con la subversión. Y mucho habremos de
lograr pregonando la necesidad de matar a cuantos argentinos sea necesario. ¡Maldigo esas palabras
en boca de un argentino! Es posible que con esa toma de decisiones se consiga una guerra
prolongada y cruel que dejará postrado al país por muchas décadas; o que se consiga la paz de los
cementerios, que para los fines de la Nación es exactamente lo mismo.
El camino debe ser otro. Hay que repensar todo lo que atañe a la Defensa Nacional partiendo
de las cosas que aquí me he permitido exponer; y así recomponer la Defensa Nacional, con arreglo
a lo que son los reales intereses vitales de la Nación.
Esto supondrá, entre otras cosas, un profundo replanteo político que no sólo dejará de lado
a la contrainsurgencia como instrumento de nuestra defensa, sino que postulará valores que,
seguramente, serán compartidos por los actuales y potenciales insurgentes en el país.
En segundo lugar hay que tomar las medidas que lleven a la disolución de la insurgencia
como método de lucha política.
Yo, señor presidente, no quisiera agotar mi exposición en una propuesta tan válida como
genérica. No creo que baste —aunque sea innecesario— decir que necesitamos una nación más
justa y que cuando la justicia impere acabará la insurgencia.
Creo que debemos decir qué hacer aquí y ahora para llegar a ese objetivo.
En lugar de extenderme sobre este asunto, prefiero tomar un punto de partida que estimo
será incuestionable por los propios amigos de la contrainsurgencia.
Me valdré de alguna de tantas investigaciones científicas hechas en las universidades norteamericanas
sobre el tema. A ellos les han servido para profundizar en el camino de la guerra, de
mantener su hegemonía. A nosotros pueden servirnos para entrar en el camino de la paz y lograr
por la unidad nacional la liberación argentina.
En uno de estos trabajos que obra en mi poder, titulado precisamente Insurgency escrito por
Andrew Scott, con la colaboración de profesores civiles y oficiales del Ejército de los Estados
Unidos y editado en la Universidad de North California en 1970, se analiza cuidadosamente a la
subversión en su nacimiento, desarrollo, evolución y tipología, y en lo que es más importante: los
factores que permiten su aparición y subsistencia.
La subversión, o la insurgencia, como ellos la llaman, comienza por ser reconocida como un
fenómeno político. No hay delincuentes comunes en los manuales norteamericanos. Saben trabajar
y conocen lo que hacen. Algunas cosas las harán mal, pero las que hacen las hacen en serio.
Ellos distinguen cuidadosamente la subversión de las meras operaciones militares irregulares,
pues no hay insurgencia, dice Scott, si no existe el plus del objetivo político que la caracteriza.
Definida la insurgencia en términos generales como “el esfuerzo realizado para alcanzar fines
políticos por parte de una organización nativa del país mediante operaciones de guerra con auxilio
de técnicas políticas”, ella es distinguida por estos autores de los simples brotes de violencia, de los
reclamos sociales y de las acciones guerrilleras no nacionales.
Scott y sus colaboradores han trazado una tipología de la insurgencia, negándose a hacer
la clasificación por el análisis de sus integrantes, de sus ideologías, de sus objetivos y del nivel
de la violencia empleada entendiendo que todos estos elementos son confusos. El único punto
de referencia cierto que encuentran es partir desde el ángulo del agente represor; es decir, la
contrainsurgencia.
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Desde ese punto de vista, encuentran tres tipos de insurgencia: primero, la que actúa contra
un ejército de ocupación extranjero; segundo, la que actúa contra un poder colonial, y tercero
la que actúa contra un gobierno nativo o una élite nativa dominante. En este caso, dicen: “si los
contrainsurgentes son autónomos, naturales del lugar, la insurgencia es clasificada como insurgencia
civil desde que ambos, insurgentes y contrainsurgentes, son naturales del lugar”. Esto es lo que entre
nosotros se llama subversión.
Los autores a que hacemos referencia encuentran señaladas diferencias entre los tres tipos de
insurgencia, y ellas se hacen más patentes en cuanto a la génesis y subsistencia de cada una.
De los tres tipos de insurgencia a que hacen referencia los autores citados me voy a referir
concretamente a la insurgencia civil que es la nuestra. Los señores diputados convendrán que
no es nuestro caso el de la ocupación por un ejército extranjero o la actuación contra un poder
colonial.
En lo que hace a la insurgencia civil, o sea nuestra subversión, estiman estos autores que para
que exista es indispensable antes de su aparición la presencia de dos requisitos: un escenario y
ciertas precondiciones.
Antes de analizar los factores constitutivos del escenario y de las precondiciones, conviene
señalar que a juicio de esos autores en la insurgencia civil “los factores externos —situación externa—
podrían tener alguna influencia, pero en este tipo de insurgencia son las condiciones internas
—la situación interna— las idóneas para jugar un rol dominante. Mientras el nacionalismo suministra
la fuerza para la insurgencia anticolonial y antiocupacional, las claves sociales, económicas e
ideológicas proveen el impulso para el conflicto civil denominado insurgencia civil”.
Hecha esta aclaración, al describir el escenario donde florece la insurgencia, estos autores
norteamericanos, oficiales del ejército de los Estados Unidos, dicen lo siguiente: “Cuatro condiciones
deben ser satisfechas en algún grado antes de que la insurgencia pueda ser iniciada: primero,
hostilidad a los controles políticos o al poder militar; segundo, existencia de una élite descontenta,
dispuesta a suministrar organización y conducción; tercero, un relativo reconocimiento general de la
necesidad de usar recursos violentos o ilegítimos para llevar a cabo fines políticos u obtener reivindicaciones
sociales; y cuarto, capacidad para conducir el conflicto insurgente”.
Este sería el escenario indispensable sin el cual la insurgencia no puede surgir. Pero el escenario
necesita de la existencia de precondiciones, que según Scott y sus colaboradores son las
siguientes, todas dadas en algún grado: “Primero, bajo nivel de participación política; segundo, bajo
nivel de apoyo al régimen en el poder; tercero, descontento con la condición de vida bajo el régimen;
cuarto, descontento con la política general del régimen; quinto, existencia de élites aisladas que tienen
denegado el acceso a los instrumentos de legitimación política del poder; sexto, proscripción de
una normal oposición política; séptimo, inadecuados canales de comunicación entre el régimen y las
masas; octavo, gran disparidad en la distribución de valores de recompensa en la sociedad; noveno,
carencia de una tradición que desapruebe el uso de la violencia o de medios ilegítimos para llevar a
cabo fines políticos; décimo, existencia de razas, grupos étnicos, lingüísticos o de clases de población
que son excluidos del proceso político de la sociedad; undécimo, existencia de grupos listos para capitalizar
los sentimientos contrarios al régimen o canalizar los descontentos; duodécimo, emergencia de
una ideología atractiva incompatible con el sistema social y político”.
Es obvio que este largo inventario de doce precondiciones proporciona las bases de un plan
completo para acabar con la insurgencia. Se trata de eliminar, si no a todas, a algunas de las precondiciones
para su aparición y subsistencia.
Es bien claro que ante este inventario se pueden seleccionar los factores precondicionantes a
eliminar con distintos criterios y diferentes resultados para la suerte de la Nación. El método de
la contrainsurgencia propone substancialmente la eliminación de las precondiciones undécima
y duodécima, o sea la destrucción de los grupos listos para capitalizar el descontento mediante la
represión que todos conocemos, y el tratar de impedir de un modo obscurantista la emergencia

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de ideologías atractivas e incompatibles con el sistema social y político como es, por ejemplo,
la persecución del marxismo en la universidad, la prohibición de importar libros o la decisión
de clausurar diarios y medios de información. Esto es lo que siempre destruye y persigue la
contrainsurgencia. Yo propongo exactamente lo contrario. Propongo que borremos las otras
diez precondiciones, lo que se traduce en un programa positivo consistente en lo siguiente: primero,
elevar el nivel de participación política; segundo, aumentar el apoyo popular al régimen,
que tratándose del gobierno debe lograrse a través de la obra de gobierno; tercero, mejorar las
condiciones de vida de la población, lo que requiere ciertamente la transformación de la estructura
económica del país; cuarto, mejorar la política general del gobierno: quinto, dar paso a las
llamadas élites aisladas substanciadamente significada en nuestro caso por la juventud: sexto,
aumentar los canales orgánicos de comunicación, que importa transformar las estructuras sociales
burocratizadas; séptimo, transformar el orden social para un trato más igualitario en lo
económico y social, que signifique acabar con privilegios y situaciones monopólicas; octavo,
levantar toda amenaza de proscripción política, sea cual fuere la fuente que la hubiese impuesto;
noveno, reconocer los derechos oportunamente, sin esperar a que la violencia se ejerza para
lograr reivindicaciones, y reiterar constantemente que siempre el golpe de Estado fue un error
y que jamás se repetirá; décimo, establecer un nuevo trato distensionando la represión, permitiendo
la existencia de grupos activistas y que emerjan todas las ideologías que se quiera, para que
democráticamente el pueblo las juzgue.
Con estas diez medidas, que son la contrapartida de las condiciones de la insurgencia, a nadie
debe preocupar que haya grupos activistas, que se estudie marxismo en las universidades ni que
haya periódicos marxistas o de cualquier otra ideología que se estime atractiva.
Lo que proponemos se podrá hacer o dejar de hacer. Si se hiciera, la subversión desaparecería
como fenómeno que pone en riesgo la unidad nacional; si no se hace es porque todos aquellos
que por una u otra vía tienen poder para hacerlo han decidido no hacerlo; porque estiman que
ese aumento general de participación, justicia y libertad puede poner en peligro sus particulares
intereses individuales o de sector. Pero en este caso sépase bien que no se ha querido eliminar la
subversión, que se ha optado por mantener sus posiciones, y que esto no se compatibiliza con la
necesaria seguridad interna, ni mucho menos aún con la indispensable Defensa Nacional.
El pueblo argentino es nacionalista; felizmente gozamos de un nacionalismo que yo he llamado
defensivo, en el sentido de que sentimos muy hondamente las grandes y pequeñas cosas
que nos hacen sentir como una comunidad diferenciada en el conjunto de las naciones de la tierra.
Por lo mismo somos muy proclives a respetar a todos los pueblos, pero exigimos que se nos
respete. Sin embargo, en este difícil mundo contemporáneo hay algo más que hacer que declarar
este legítimo sentimiento para que nuestra autodeterminación sea una realidad: hay que eliminar
las telarañas puestas ante nuestros ojos por otros nacionalismos —no defensivos, sino expansivos—,
para descubrir la constelación de nuestros intereses vitales, abandonar los métodos que
nos han impuesto y transformar nuestra sociedad para que la seguridad y la defensa tengan el
sentido de mantenernos unidos, libres y soberanos. Nada más.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Tiene la palabra el señor diputado Moyano.
Sr. Moyano.—Señor presidente: en nombre del bloque de la Fuerza Federalista Popular voy a
referirme, breve y sintéticamente, a este proyecto de ley de Defensa Nacional. Digo que habré de
ser breve y sintético porque después de la medulosa exposición del señor miembro informante y
las exposiciones de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, ricas en
aportes de antecedentes y citas bibliográficas, creo que es poco lo que se puede agregar al debate
en esta materia Pero queremos señalar nuestro punto de vista acerca de esta legislación tan trascendente
que vamos a sancionar.
Apoyaremos en general con nuestro voto la sanción del proyecto del Poder Ejecutivo, y tenemos
muy pocas discrepancias, a las que me referiré en el transcurso de esta breve exposición.
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Advertimos que este es un proyecto de ley bien estructurado —tal es nuestro punto de vista—
con disposiciones claras y concisas. Por una parte se define conceptualmente la Defensa Nacional
y los alcances de los objetivos nacionales, y por la otra se estructuran los organismos que tendrán
a su cargo la orientación, la programación y la ejecución de la Defensa Nacional. También se
contempla el caso de la guerra total y, por último, se incluye, en breves disposiciones, el supuesto
de conmoción interior, con lo que se denomina el caso agudo y gravé de la subversión.
Creo que al votar este proyecto suministramos los elementos normativos que necesita el
Poder Ejecutivo para poner en práctica todas las medidas relacionadas con la Defensa Nacional,
y en particular legitimamos la acción que se está desarrollando y que se deberá seguir desarrollando
en otros campos contra la guerrilla urbana y rural que azota a los argentinos.
En tiempos de paz es cuando debemos prepararnos para la guerra. Así fue como han ido
surgiendo en nuestro país las distintas legislaciones que organizaron a la Nación para los tiempos
de guerra. Pero el concepto de guerra ha cambiado con la gran revolución tecnológica que ha
experimentado el mundo. Hoy en día la guerra bipolar ha desaparecido y el enfrentamiento de
las grandes potencias en el campo de batalla, de acuerdo con lo que era la guerra convencional,
ya tiene sabor a historia.
Ahora pareciera imposible concebir que las grandes potencias mundiales pudieran enfrentarse
en una tercera guerra mundial, tal vez porque el inmenso poderío de que dispone cada una
de ellas les coloca el freno suficiente para no desaparecer ambas, cuando no la humanidad toda.
Aparecen entonces otros tipos de guerra, que no se llaman técnicamente “guerras”, pero que
yo las llamo así porque se va tomando conciencia de que estamos frente a un enemigo nuevo y
distinto, que debemos enfrentar en todos los terrenos que comprende el concepto de Defensa
Nacional.
Después de la segunda conflagración mundial hemos conocido la Guerra Fría y hemos visto
utilizar los métodos de la acción psicológica como medios singulares de la guerra moderna. Hoy
en día nos vemos enfrentados con esta nueva modalidad de guerra, que ha sido analizada ya por
otros oradores y a la que yo me quiero referir específicamente, que es la guerrilla subversiva,
que no la llamamos guerra para no darle condición de beligerantes —desde el punto de vista
del derecho internacional— a quienes la provocan; pero sí debemos sentirnos íntimamente en
guerra frente a un enemigo que está adentro —a lo mejor inspirado desde afuera— para destruir
la entidad argentina que es nuestra sociedad, que es la Nación Argentina, constituida por una
tradición, una cultura, un estilo de vida.
Quieren aniquilar nuestras costumbres para imponernos un sistema reñido con nuestra manera
de ser como el del partido único como sistema de gobierno, que conculca todas las libertades
que los argentinos amamos y que queremos respetar y hacer respetar. Sabemos que ese sistema
existe en otros países, a los que respetamos pero no queremos que se instaure en nuestra Nación.
No queremos que se sirvan de las libertades que otorga nuestro sistema democrático para
que, cuando se entronicen en el poder, nos avasallen con sistemas autoritarios y totalitarios que
están reñidos con nuestra tradición y con nuestra cultura.
Como el pueblo argentino —en todas sus clases sociales— siempre ha dado muestras acabadas
de estar en contra de todos esos sistemas y no los quiere para nuestra Nación, estamos seguros
de que el único modo en que podrían actuar esas ideologías es mediante la acción solapada
de la guerrilla, de la subversión artera que pelea desde las sombras.
Y es por eso, señor presidente, que nosotros, que sabemos que el concepto de la Defensa
Nacional no es meramente ni de represión ni de prevención, creemos que lo primero que hay
que nacer es aniquilar a esta acción subversiva, reprimiéndola con toda la fuerza que tienen el
Estado y la Nación, hasta terminar con ella. Si el único idioma que habrán de entender será el
de la represión contra los cabecillas de esa acción subversiva, recién entonces comenzaremos a
tener paz los argentinos. Sería como si estuviésemos en el caso de la guerra tradicional que, a lo

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mejor, pudo haber sido provocada por múltiples factores, y pensáramos en atender primero a la
solución de otros problemas socioeconómicos, en lugar del otro prioritario que es terminar con
el enemigo en el campo de batalla.
Así concebimos, señor presidente, el apremio con que los argentinos debemos enfrentar a la
acción subversiva de la guerrilla. Y es por eso que creemos que quienes inspiran la acción guerrillera
lo que pretenden es apoderarse por la fuerza del poder para conculcar todas estas garantías
expresadas en nuestra Constitución, que nosotros queremos defender, y expresamos nuestra solidaridad
con las Fuerzas Armadas como instrumentos de lucha en esta acción contra la guerrilla,
y con el Poder Ejecutivo de la Nación en la medida en que implementa el accionar de las Fuerzas
Armadas sin connotaciones de persecución política, para mantener en nuestro país el pluralismo
ideológico que es base de la democracia que nosotros queremos sustentar.
Estamos de acuerdo, señor presidente, con el concepto de Defensa Nacional dado por el
artículo 3 o de la ley que está en consideración en cuanto expresa que la Defensa Nacional comprende
el conjunto de medidas que el Estado adopta en todos los sectores para lograr la seguridad
nacional. Y estamos de acuerdo también con el concepto complementario del artículo 2 o
en cuanto expresa que la seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la
Nación y el logro de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la
Honorable Cámara, don Antonio Pereira.
Sr. Moyano.—En el seno de la comisión nuestro sector propició una referencia a la
Constitución Nacional, en esta parte de la ley, dado su carácter de ley fundamental que expresa
las garantías individuales, para que no pudiera nunca confundirse la expresión genérica de objetivos
nacionales y políticos con otros que no fueran los fijados por la Carta Fundamental, que es
la que rige todas nuestras aspiraciones en cuanto a la democracia representativa que queremos
vivir. Creo que con este aporte se enriquecía el proyecto.
Del mismo modo, creemos que con una incorporación similar se ha enriquecido el proyecto
del artículo 7 o en cuanto refiriéndose a los gobernadores de provincia dice que tienen la directa
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas
por el presidente de la Nación en materia de Defensa Nacional. Se agregó, también a instancias
nuestras en el seno de la comisión, la frase: “conforme lo prescripto por la Constitución Nacional”.
El sentido de este agregado es el de encuadrar estrictamente el artículo en el sistema federal
de la Constitución Nacional. Los gobernadores tendrán que cumplir estas disposiciones en razón
de que en materia de Defensa Nacional son agentes naturales del gobierno central, tal como lo
expresa el artículo 110 de la Constitución. Pero no se debe confundir de ninguna manera este
concepto con una presunta subordinación en otros terrenos de los gobernadores de provincia a
los dictados del poder central.
Queremos señalar también que hay una disposición en este proyecto, que es la del artículo 43,
referida a las requisiciones sobre la cual tenemos nuestras reservas para votarla, aunque lo haremos,
por cuanto la Constitución Nacional prohíbe este tipo de medidas. Nosotros encontramos
el fundamento para este tipo de medidas en el estado de necesidad que ellas suponen; estado de
necesidad que si hubiese sido tenido en cuenta por la mayoría de la comisión, tal vez se habrían
admitido las reformas substanciales que varios sectores de la oposición propusimos y que, desgraciadamente,
no han sido recogidas. Me estoy refiriendo concretamente a las disposiciones de
los artículos 30 y 35 del proyecto de ley. Aún cuando hayamos debatido suficientemente el tema,
deseo dejar claramente expuesto en este recinto que nuestra disidencia parcial se refiere precisamente
a aquellos dos artículos.
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En el seno de la comisión dijimos que para enfrentar a la guerrilla urbana, que es una emergencia
nacional, debimos dictar una ley también de emergencia, como existen regulaciones de
emergencia en otros aspectos. A nuestro modo de ver, no debimos incorporar a la legislación
permanente que supone la ley de Defensa Nacional, normas relativas a este tipo de actividad
subversiva, que consideramos un accidente nodal en la vida de la Nación, accidente que algún
día se superará y quedará terminado. Por este motivo hubiésemos preferido la sanción de una
legislación de emergencia. Pero reconocemos que, siendo una realidad argentina, tiene cabida,
mientras exista, dentro de la ley de Defensa Nacional.
Nuestra discrepancia con los dos artículos mencionados radica fundamentalmente en la
delegación de atribuciones que este Congreso Nacional ejecuta con relación al poder administrador.
Comprendemos, desde luego, la urgencia de la adopción de medidas para conjurar la
acción subversiva, así como también comprendemos todas las concomitancias del caso; pero no
podemos sacar del marco de nuestras atribuciones como Parlamento ésta de ser recipiendarios
originarios de la facultad constitucional de decretar este tipo de medidas que suponen una base
conceptual semejante a la del estado de sitio; incluso el artículo 30 del proyecto y el artículo 23
de la Constitución Nacional comienzan de modo semejante, refiriéndose ambos al supuesto de
conmoción interior. No comprendemos entonces por qué razones en relación al estado de sitio
el Congreso reunido en sesiones ordinarias debe participar directa e inmediatamente, y en
cambio no puede hacerlo en este caso de conmoción interior caracterizado por el artículo 30 del
proyecto. Si se tratase de una urgencia tan urgente —valga la redundancia— habría correspondido
la aplicación del estado de necesidad, que se halla ínsito en el espíritu de la Constitución
Nacional. Frente a ese caso urgentísimo, el Poder Ejecutivo podría adoptar las disposiciones
correspondientes, dando cuenta al Congreso, y recibiría con seguridad el respaldo del Congreso,
o el rechazo de éste si se hubiese excedido en sus atribuciones.
Pero me temo que con la redacción del artículo y con las aclaraciones no muy precisas dadas
en el transcurso del debate por el señor miembro informante, nosotros no le estamos asignando
la participación que legítimamente le corresponde al Congreso Nacional en este tipo de medidas.
Y esto nos preocupa, no por una mera especulación formal de que sea un poder y no otro que
adopte una determinada medida, sino por el sistema republicano de gobierno, que nos asigna
una representación singular a las distintas Cámaras del Parlamento, que conjugan como bien
sabemos, por un lado la representación popular de la Cámara de Diputados y por el otro la representación
federal que en sí misma implica el Senado de la Nación.
Las mismas observaciones caben respecto del artículo 35 cuando dice: “Asimismo, podrá subordinarle
total o parcialmente las autoridades con jurisdicción dentro de la zona”, ya que de esta
manera estamos creando una suerte de híbrido, semejante a la intervención federal sin la participación
del Congreso de la Nación.
Decía, señor presidente, que el concepto de Defensa Nacional no se agota en el concepto de
la lucha armada. El concepto de Defensa Nacional, en todo caso, es aquél que conduce a crear las
condiciones de todo tipo válidas y favorables para que en la lucha armada las Fuerzas Armadas
logren el éxito apetecido por la Nación. Y esas condiciones básicas son de todo tipo, que exceden
la órbita propia de la lucha armada y transitan por el camino de la política, de la economía y de
los problemas sociales.
Encontramos saludable que este proyecto de ley contenga disposiciones claras y precisas en
esa materia que nosotros puntualizamos. En el artículo 10, por ejemplo, en su inciso d), cuando
habla de la competencia del Consejo de Seguridad Nacional, y dice “los requerimientos de la
Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral del país y su inclusión en los planes nacionales”.
Aquí quiero formular una observación que a nosotros nos parece trascendente respecto
de este proyecto. La observación, que no la hacemos desde un punto de vista crítico sino todo
lo contrario, es la participación que en el plano del consejo ministerial del gabinete nacional

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pasarán a tener los comandantes generales de las Fuerzas Armadas a través de este consejo, que
también deberá conocer en temas políticos, económicos y sociales, cumpliendo los programas
de gobierno y, al mismo tiempo, seguramente, también prohijando soluciones de infraestructura
que hacen a lo político, a lo económico ya lo social, indispensables para el éxito del programa de
Defensa Nacional que estén ejecutando las Fuerzas Armadas.
Referencias de este tipo que complementen el concepto de Defensa Nacional también las
tenemos en el inciso c) del artículo 16, cuando, refiriéndose a la competencia del Ministerio
de Defensa, habla de “promover el desarrollo de los recursos e infraestructura del país relativos a
la Defensa Nacional”. Y aclarando más aún el concepto se incorpora en el inciso k) del mismo
artículo: “realizar los estudios y planes relativos a la promoción y régimen de la producción industrial,
minera, energética y tecnológica de carácter estratégico para la Defensa Nacional”. Desde el
Ministerio de Defensa se debe promocionar esta actividad económica esencial que radica en las
industrias de base, extractivas, de la química pesada, en la siderurgia, y precisamente estas tareas
se están desarrollando mediante el Ministerio de Defensa por medio de Fabricaciones Militares,
de Astilleros Navales y de otras entidades estatales o con participación del Estado, orientando los
lineamientos de la política económica en estos rubros tan importantes de la actividad industrial.
Lo mismo sucede con el inciso g) del artículo 18 cuando señala, al hacer referencia a las
atribuciones del Consejo de Defensa, lo siguiente: “Determinar las exigencias de investigación y
desarrollo y las prioridades de obtención, emergentes del planeamiento militar conjunto, y supervisar
los correspondientes planes y programas”.
Por las razones dadas apoyamos en general el proyecto de ley en consideración. Reiteramos
la reserva en cuanto a la disidencia parcial respecto de los artículos 30 y 35, por un imperativo de
conciencia y porque entendemos que es un deber político decir al país desde esta tribuna cuáles
son las vallas insalvables que encontramos al despacho que consideramos, que es de indispensable
sanción por las circunstancias por que está atravesando nuestro país. Los argentinos tenemos
la obligación de dialogar siempre y no sólo en estos momentos. Desde el primer día hemos
venido a este recinto para efectuar nuestro aporte tendiente a lograr el progreso de la Nación.
Al votar afirmativamente en general este proyecto estamos convencidos de realizar un aporte
positivo para que con esta moderna legislación la República comience a sentir que hay Seguridad
Nacional y que estamos tomando conciencia de los verdaderos problemas de hoy en materia de
Defensa Nacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Colello.
Sr. Colello.—Señor presidente: es innegable que desde hace años organizaciones ajenas al
sentir del pueblo y de la República vienen bregando por crear el caos y la destrucción de nuestro
sistema republicano.
Ayer pretendieron abrir heridas asesinando cobardemente al teniente general Pedro Eugenio
Aramburu, e inmediatamente renovaron el procedimiento dando muerte a dirigentes gremiales,
obreros, políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad; también
cayeron en esta lucha los empresarios. Pese a todo tampoco consiguieron destruir lo que los
argentinos habíamos aprendido: que sólo con unidad y claros objetivos sacaríamos a la Nación
del estancamiento en que fue sumergida, especialmente por obra de los desencuentros a los que
todos, en alguna medida, habíamos contribuido.
El pueblo cree y confía en sus instituciones, en sus leyes y en la democracia, Con estas premisas
concurrimos al acto electoral y aceptamos el veredicto popular del 11 de marzo, con lealtad
y deseos de contribuir a la necesaria pacificación interna. Pero ella sólo podrá lograrse cuando
realicemos la síntesis de dos grandes vocaciones argentinas que estuvieron en aparente pugna
durante muchos años: el ansia de justicia social que animó al peronismo, y la vocación por la
libertad que le siguió como reacción. Estos polos —aparentemente opuestos— son patrimonio
de las inmensas mayorías. Estamos seguros de que dirigentes lúcidos sabrán realizar la síntesis
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que necesitamos para lograr la estabilidad política indispensable ante los enemigos que intentan
destruir nuestra Nación.
Desde el comienzo de este gobierno recrudecieron los actos de violencia que se sucedieron, y
siguen sucediendo, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Hoy este Congreso Nacional
se encuentra abocado, con convicción absoluta y cumpliendo con el sagrado deber de velar por
la seguridad de sus habitantes, por la tan mentada paz interna, por la libertad de expresión y trabajo,
a dar sanción a este proyecto de ley de Defensa Nacional. No tengo duda señor presidente,
de que esta ley no bastará para erradicar los actos de violencia; para ello es necesario evitar los
continuos desaciertos del gobierno, la acción de la justicia que a diario reclama detenciones de ex
ministros y funcionarios por incumplimiento de sus funciones. Las desinteligencias permanentes
políticas entre quienes tienen el deber de demostrar unidad, si realmente quieren la unidad nacional,
hacen difícil entender cómo se puede pedir o reclamar unidad entre los argentinos si no
se es capaz de obtener primero la unidad dentro de su propia casa.
El desabastecimiento, la desigualdad entre precios y salarios, la desocupación, el incontrolable
costo injustificado de los medicamentos —que en estos últimos días ha llegado a un porcentaje
entre el 400 y el 800 por ciento de aumento—, los continuos conflictos gremiales —muchos
de ellos muy justos y otros con connotaciones políticas—, el ausentismo, las desinteligencias y
planes incoherentes entre los poderes federales y el propio poder nacional, la desidia en recurrir
ante los problemas profundos que presenta la salud y la educación, la continua desvalorización
de nuestra moneda —que da vida a la mejor aliada de la subversión, que es la inflación—, la falta
de reorganización de nuestras facultades conforme a leyes en vigencia dictadas por este mismo
Parlamento, en fin, todo esto, señor presidente, también es subversión, y el pueblo está reclamando
que en conjunto le encontremos urgente solución.
Nuestras Fuerzas Armadas a diario dan claras pruebas de sacrificio y lealtad a su Constitución;
pero tampoco es posible que mientras nuestros soldados ofrendan sus vidas, específicamente en
Tucumán, y en todo el país, en verdadera guerra armada, los más altos niveles del poder político
se encuentren en lucha constante por el predominio o el manejo de ese poder.
Es hora, señor presidente, de que reaccionemos, de que no sigamos especulando y de que
asumamos en plenitud el importante rol que nos corresponde. Nuestro futuro sólo será posible
si juntos, Fuerzas Armadas de la Nación y civiles, exterminamos la guerrilla en todas sus manifestaciones,
y también suprimimos las causas, que son su caldo de cultivo y que permiten hacer
de ellas su bandera.
Ya nadie duda, señor presidente, de que este sistema republicano federal jamás será nuevamente
avasallado.
Nos agrada advertir nuevamente un pronunciamiento institucionalista claro en las últimas
declaraciones públicas de importantes agrupaciones cívicas como la Unión Cívica Radical y de
altos jefes militares, entre ellos el general Lanusse. Con la esperanza de que las viejas experiencias
de golpe de Estado no se repitan, manifiesto mi agrado de que todos se enrolen y se sometan al
veredicto popular.
Señor presidente: nosotros dejamos el ayer para que las nuevas generaciones nos juzguen y
venimos a reclamar nuestra participación en este presente para transformarlo, entre todos en el
trampolín del futuro. Que nuestros hijos no tengan que hacer esto mañana en peores condiciones.
Con tranquilidad de conciencia, con la absoluta seguridad de estar cumpliendo con nuestro
deber, este bloque del partido Orientación Legalista de Santa Fe adelanta su voto afirmativo a la
ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.
Sr. Ferreira.—Señor presidente: la Cámara ha escuchado los apoyos y disidencias que suscita
el dictamen sobre el régimen legal para la Defensa Nacional.
Como no podía ser de otro modo, el debate ha alcanzado un punto en que la fijación de

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posiciones aparece inexcusable. A esta altura de la discusión creo oportuno —y más que ello,
indispensable— formular algunas precisiones sobre puntos en los que no se ha puesto el acento
suficiente o bien se ha dado una interpretación unilateral y torcida, no obstante el carácter fundamental
que revisten.
Es indudable que la materia que nos preocupa comprende los problemas esenciales de la
política nacional. Y esto es así porque la Defensa Nacional abarca el conjunto de las medidas
que adopta el Estado en todos los sectores para lograr la Seguridad Nacional que, en indisoluble
interdependencia con el desarrollo de la Nación, constituyen los factores dinámicos de la política
cuyos objetivos son los consagrados en la Constitución: consolidar la unión nacional, proveer a
la defensa común y promover la prosperidad y el bienestar general.
Es una verdad indiscutible que para alcanzar la prosperidad y el bienestar general es necesario
crear las condiciones de seguridad nacional. La interdependencia de esos dos factores la he calificado
de indisoluble porque debe entenderse que no hay seguridad sin desarrollo nacional, como
que no hay desarrollo sin seguridad nacional.
Afirmo que el artículo que vertebra el proyecto del Poder Ejecutivo es el segundo, sobre el
que no se ha extremado el análisis de su significado trascendente. En él se define la seguridad
nacional, que es el punto focal del tema que hoy nos preocupa, y se lo caracteriza como “la situación
en la cual los intereses vitales de la Nación y el logro de los objetivos nacionales y políticos
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales”. En este recinto se han formulado
durante la sesión numerosos interrogantes, contestados algunos y otros no contestados
satisfactoriamente.
Sin embargo, estimo que existen interrogantes referidos a la sustancia de la materia de la
seguridad nacional, que no sólo no deben omitirse sino que no deben quedar sin una respuesta
precisa porque de ella surge el espíritu cardinal que informa al proyecto y, sobre todo, la inteligencia
con que esta Cámara le dará aprobación.
¿Qué entendemos por intereses vitales de la Nación cuando definimos la seguridad para cuyo
logro se legalizan las medidas que resumen la Defensa Nacional? Respondo: el interés nacional
es la expresión abreviada de la síntesis de los valores políticos, sociales, económicos, culturales,
jurídicos, militares, espirituales y morales que la comunidad persigue realizar y que hacen fundamentalmente
a la vida del ser nacional. Es sobre todo un concepto político, pero no un concepto
declamatorio vacío de contenido y de sentido. No es la suma de los intereses particulares
de sectores casi siempre en pugna, sino la síntesis integral de los superiores intereses recíprocos
de la comunidad que posibilitan un equilibrio dinámico para alcanzar el desarrollo hacia formas
sociales, económicas, científicas y técnicas más avanzadas.
Diré más: la política interior y exterior del país debe reconocer como premisas fundamentales
los intereses nacionales que tiende a proteger la seguridad nacional. Más aún, el interés
nacional es el fundamento básico del proyecto nacional, en el que el país debe ser definido en su
significación histórica, en su personalidad política y cultural, en su perfil moral, dimensionado
en su potencial material y determinado en su proyección protagónica dentro del ámbito americano
y del concierto de las naciones del mundo.
El proyecto nacional sustenta fundamentalmente la afirmación del concepto de Nación. No
tener proyecto nacional significa virtualmente negar la nación misma, en cuyo caso carecería
de interés ocuparnos de la seguridad nacional. Esta es la gran falencia del actual gobierno, que
no ha concretado el propósito del presidente Perón de dar un proyecto para el país. Pero esta
falencia no puede hacer detener a los sectores lúcidos y pensantes de la Argentina en su porfía
por estructurar urgentemente ese modelo, y para ello necesitamos imperiosamente controlar los
factores de disolución y conquistar un nivel aceptable de seguridad sin el cual aquella meta será
inalcanzable.
Por estas razones, la doctrina sobre la Seguridad Nacional que se define en el proyecto es la
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que nos debe guiar para su examen. Teniendo conciencia de su auténtica significación aventaremos
toda sospecha y daremos respuesta adecuada a las prevenciones que se han manifestado
en este recinto. Con esta inteligencia el bloque del Movimiento Línea Popular, que apoyará el
proyecto en tratamiento, lo hará no sólo con tranquilidad de espíritu sino con la conciencia de
cumplir con un deber inomisible en esta hora de graves tribulaciones para la República. Todo lo
que pudiera hacerse contrariando estos principios será violar la ley que votemos.
¿Qué queremos significar cuando sostenemos que el objetivo de la defensa es preservar los intereses
vitales de la Nación de interferencias y perturbaciones sustanciales? Queremos decir que
nuestro propósito es cubrir esos intereses vitales de las interferencias y perturbaciones creadas o
explotadas por intereses no nacionales, sean vernáculos o foráneos, para restar, paralizar, enervar
o modificar en su provecho la concreción de los objetivos nacionales. Y en ellas involucramos la
subversión de cualquier signo, de izquierda y de derecha, los imperialismos y los monopolios.
Pero el concepto de la seguridad no se agota para su logro en las definiciones que hemos dejado
precisadas, sino que todavía es necesario que se den ciertos requisitos del marco ambiental
o, como dicen los doctrinarios en la materia, se produzca la “situación ambiental conformada”,
a cuyo fin deben superarse el subdesarrollo económico y social, las tensiones sociales, las improvisaciones
y los errores; deben evitarse y corregirse la corrupción y la venalidad, el desorden y la
indisciplina colectiva, para en definitiva facilitar el desenvolvimiento de la comunidad salvaguardándola
de perturbaciones e incertidumbres. Recién entonces se alcanzará la meta de la Defensa
Nacional, que es la Seguridad Nacional.
Como se advertirá, señor presidente, si se profundiza sobre la real relevancia que tiene la
concepción de la Seguridad Nacional definida en el proyecto, se llegará a la conclusión de que en
ella está englobada toda la problemática de la política nacional y no sólo aspectos de la guerra o
de la subversión interna, como algunos parecen interpretar.
Sentadas estas definiciones, en nombre de mi bloque —y sin perjuicio de consignar al final
de mi exposición las situaciones de inseguridad que conspiran contra los objetivos de esta ley—
pasaré a realizar un breve análisis del texto en examen, para formular algunas observaciones y
proponer correcciones que deben conceptuarse como un aporte para el mejoramiento de la ley
orientado a dotarla de mayor eficacia.
El proyecto originario del Poder Ejecutivo establece la creación de cinco organismos, a saber:
el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Interna, el Comité Militar, la Central
Nacional de Inteligencia y el Consejo de Defensa. De estos organismos dos ya están creados por
los decretos 2.770 y 2.771 de este año. El Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Seguridad
Interna han sido unificados en el dictamen de la comisión con la denominación del primero.
La definición de seguridad nacional que se inserta en el artículo 2º del proyecto es, a nuestro
juicio, una definición doctrinaria y no jurídica. De ahí que auspiciaremos la consagración del
texto originario y no del aconsejado por la comisión, ya que se ha intercalado la cláusula “fijados
dentro del marco constitucional”, lo que no es necesario decir porque está ínsito en la definición
de la seguridad nacional, ya que ella tiene el objetivo, precisamente, de proteger los principios
consagrados en la ley Fundamental de la República.
Aparte de lo expuesto, sostengo que el nuevo esquema legal propuesto en la materia de seguridad
no difiere mayormente del establecido en el decreto ley 16.970, aprobado en el año 1966.
La característica fundamental de ese decreto ley era que en lo concerniente a la seguridad todo
recaía sobre el CONASE dependiente directamente de la Presidencia de la Nación y a cuyo frente
se encontraba una persona que, con carácter de secretario de Estado y rango ministerial, tenía
amplias atribuciones. Esta es la principal diferencia entre el proyecto de ley que estamos considerando
y la legislación vigente.
No estoy de acuerdo con la modificación propiciada por el dictamen de la Comisión en
cuanto a unificar en un solo organismo el Consejo de Seguridad Nacional y el de Seguridad

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Interna. En este aspecto adhiero a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Estimo que el solo hecho
de estar constituidos ambos organismos por los mismos funcionarios, no es razón suficiente
para unificarlos. Esto responde a una doble circunstancia que detallo a continuación: primero,
las distintas materias de competencia de uno y otro organismo y, segundo, la experiencia en el
orden nacional que ha permitido verificar, según se señala en el mensaje del Poder Ejecutivo, la
eficiencia de la estructura y correcto funcionamiento de ciertos órganos e institutos básicas para
la Defensa Nacional.
Sr. Hueyo.—¿Me permite una interrupción, señor diputado Ferreira?
Sr. Ferreira.—¡Cómo no, señor diputado!
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Hueyo.
Sr. Hueyo.—Deseo aclarar que el señor subsecretario de Defensa, en nombre del Poder
Ejecutivo, aceptó la unificación propiciada. Estimo que el señor subsecretario y el Poder Ejecutivo
se han convencido de la validez de nuestro punto de vista de acuerdo con los argumentos manifestados
en la comisión.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Ferreira.
Sr. Ferreira.—Señor presidente: desconozco las razones que se habrán expuesto al señor subsecretario
de Defensa para propiciar esa modificación, y que determinó a éste a aceptarla, pero
sí sé las razones que me asisten para propiciar la redacción del proyecto originario del Poder
Ejecutivo y más aún porque voy a proponer una modificación a su texto de tal modo que el
Consejo de Seguridad Interna tenga una composición que permita agilitar al máximo su funcionamiento
y operatividad.
En el caso del Consejo de Seguridad Nacional es indispensable que lo integren todos los ministros
del Poder Ejecutivo por la materia de su competencia y, especialmente, por la hipótesis
de guerra que comprende.
En cambio, el Consejo de Seguridad Interior, si bien lo pueden integrar también todos los
ministros, en el artículo que propicio se limita la necesidad de la presencia a los ministros de
Defensa, Interior, Justicia y Economía, por cuanto la materia de su competencia se circunscribe a
todo lo concerniente a la seguridad interna y a la lucha contra la subversión. Con esta modificación
se trata de asegurar la unidad de criterio y rapidez de operatividad del organismo.
En suma, auspicio legislar separadamente lo concerniente al Consejo de Seguridad Nacional
y al de Seguridad Interna, con el matiz que he señalado anteriormente.
Corresponde señalar que la gran estrategia nacional en materia de seguridad está a cargo (artículo
9 o del dictamen) del presidente de la Nación y, a su vez, ese Consejo de Seguridad Nacional
está integrado por todos los ministros del Poder Ejecutivo y por los comandantes generales de
las Fuerzas Armadas, lo que hace suponer que toda esa gran estrategia nacional en materia de
seguridad estará revestida de la máxima autoridad y responsabilidad. No obstante, temo que la
falta expresa de un órgano de trabajo de ese Consejo de Seguridad Nacional le transmita a éste en
la práctica las características de un ente de carácter estático. Le hará falta al respecto un órgano de
trabajo que debe ser, a juicio del legislador que habla, el Estado Mayor Conjunto, que al mismo
tiempo que tenga actualizadas las políticas realice una tarea centralizadora informativa de los variados
aspectos de los conflictos a nivel mundial y regional y, en consecuencia, de las cambiantes
hipótesis de conflictos o de guerra.
En el artículo 11 del dictamen, que era el inciso j) del artículo 10 del proyecto, se establece
que “el Consejo de Seguridad Nacional tendrá como asesor permanente en inteligencia al titular de
la Central Nacional de Inteligencia”. Esto me parece insuficiente, pues esa asistencia no puede ser
sólo el resultado de la actualización de informaciones, sino que sobre la base de esa actualización
debe hacerse un verdadero trabajo de Estado Mayor que posibilite que el Consejo de Seguridad
Nacional pueda tomar decisiones con el máximo asesoramiento posible.
En concreto, auspicio que se incluya como artículo 12 el siguiente: “El Estado Mayor Conjunto
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asistirá a los Consejos de Seguridad Nacional e Interna en todo lo concerniente al ejercicio de las atribuciones
que por esta ley se le asignan. El titular de la Central Nacional de Inteligencia asesorará en
forma permanente en materia de inteligencia a ambos consejos”.
Reitero que los Consejos de Seguridad Nacional e Interna deben tener como asesor permanente
al Estado Mayor Conjunto, organismo donde se vuelcan y deben volcarse todos los estudios
de los Estados Mayores de las tres fuerzas. La apreciación de la situación merced a una buena
labor de inteligencia debe ser hecha por el Estado Mayor Interfuerzas, es decir, el conjunto, y no
la Central de Inteligencia. Nótese, a mayor abundamiento, que el otro organismo que crea esta
ley. El Comité Militar, que también preside el presidente de la República, tiene como órgano de
trabajo al Estado Mayor Conjunto, el que aportará a dicho Comité Militar todos los elementos
que de otra manera y en el caso anterior estarían dispersos, siendo así más difícil hacer una apreciación
de la situación y, como consecuencia de esa apreciación, tomar una decisión.
En el artículo 10 se le daba al Consejo de Seguridad Nacional una plena autonomía en el proyecto
del Poder Ejecutivo ya que en él se preceptuaba: “Compete al Consejo de Seguridad Nacional el
tratamiento de los siguientes asuntos:”, y se los enumeraba. En cambio, la modificación que le introduce
la Comisión de Defensa desdibuja, a mi juicio, esa autonomía, pues dice: “Compete al Consejo
de Seguridad Nacional tratar, proponer y asesorar, según los casos, en los siguientes asuntos:…” El
Consejo de Seguridad Nacional está integrado por el presidente de la Nación, todos los ministros
del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿A quién puede este organismo
proponer o asesorar, según los casos? Evidentemente, no existe otro poder que el nuestro,
el Congreso Nacional. Como organismo, no puede proponer ni asesorar al Congreso. Esto
es indudable. Si hay algo que proponer al Congreso o asesorarlo, para ello están los mecanismos
previstos por la Constitución Nacional: proyectos de ley, informes, asistencia de los ministros,
etcétera. En consecuencia, estimo que esta nueva forma de redacción desmejora las facultades
propias del organismo, que por su índole deben ser eminentemente ejecutivas y operativas.
Entiendo que lo mejor que tiene el proyecto de ley es el conjunto de atribuciones que se dan
al Consejo de Defensa, preferentemente en el artículo 19, en cuanto al accionar antisubversivo se
refiere, pues de esa manera se centraliza en múltiples aspectos la lucha contra la subversión, con
lo cual se logrará mayor efectividad, evitando la dispersión de esfuerzos.
Lo demás del proyecto es solamente una reiteración de normas ya conocidas en leyes anteriores.
Si hubiera algo en que insistir en cuanto a las observaciones es en el aspecto de la Central
de Inteligencia. Tal como está creado por el artículo 14, este organismo no funcionará adecuadamente.
Repárese que el artículo 14 dice: “Estará dirigida por una junta integrada por los jefes de los
elementos de inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones de Estado”.
Yo pregunto; ¿quiénes son “los jefes de los elementos de inteligencia”? Es obvio que los elementos
son los que logran y proporcionan información. Y los jefes, ¿qué nivel deben tener? Nótese
que al fin y a la postre esa Central de Inteligencia debe nada más ni nada menos que: “proveer
la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo.” De allí la insistencia, por mi parte, de que
haya un órgano de trabajo de gran nivel, que pueda analizar esa provisión de inteligencia estratégica
nacional, y ese órgano de trabajo, que debe serlo del Consejo de Defensa Nacional (artículo
17), a mi juicio no puede ser sino el Estado Mayor Conjunto.
En el título III, que se ocupa de la jurisdicción (artículos 25 y siguientes), se distingue el caso
de guerra (artículo 25) del de conmoción interior (artículo 30). No hay duda de que para que el
país esté en guerra hace falta la aprobación por el Congreso de la declaración pertinente. Dice
el artículo 25 que el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones a los espacios
necesarios para las operaciones militares, y el artículo 26 expresa que el teatro de operaciones
tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada en vigencia, a propuesta del
Comité Militar. Parece lógico que ese teatro de operaciones deba ser puesto en conocimiento del
Congreso, atentos no sólo al hecho de que la autoridad política natural quedará subordinada a la

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autoridad militar, sino también a la circunstancia de que el artículo 30 prevé esta comunicación
al Congreso en el caso de declaración de zonas de emergencia por conmoción interior. Quiero
dejar constancia de que si admitimos, en este caso de excepción, la delegación de facultades que
supone la consagración de este texto, lo hacemos porque juzgamos que la actual es una situación
típica de grave emergencia nacional.
La redacción del artículo 28 del proyecto del Poder Ejecutivo es más adecuada que la que ha
dado la comisión. No hay duda de que si se está en un caso de guerra habrá de comprenderse
que la situación de excepción que se vivirá admite, por razones de necesidad, la designación de
delegados civiles para cada provincia, Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur o parte de ellas o zonas puestas bajo su jurisdicción. Es evidente que la forma
inconcreta de la redacción de este artículo en el dictamen de la comisión puede originar una
serie de dudas relacionadas con la actuación de esos delegados civiles, lo que puede conspirar
contra el ejercicio de las facultades del comandante en el teatro de operaciones. Sostengo que la
ley debe ser clara y precisa en sus preceptos para que luego no se generen conflictos con motivo
de su aplicación, conflictos que podrían enervar en los hechos la real vigencia de las normas.
Adviértase que la declaración del teatro de operaciones se da sólo en caso de guerra, razón por la
cual cuando hay guerra todo queda supeditado a las necesidades militares. Por estas consideraciones
auspicio mantener la redacción originaria contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo en
substitución de la que propone el dictamen de la comisión.
En el artículo 29, el agregado propuesto por la Comisión de Defensa es, a mi juicio, sobreabundante.
Al decir “sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares que se establezcan”,
no hace otra cosa que expresar algo que es obvio, toda vez que en un caso de guerra —pues
de ello se está hablando (ver el artículo 25)— existen tribunales militares, incluso con facultad
de instruir procesos sumarísimos para juzgar a los imputados. Pienso que no es necesario este
agregado, ya que la verdadera intención del artículo del proyecto del Poder Ejecutivo es el de
que, para un caso de guerra, todos los asuntos civiles, comerciales, de trabajo y criminales sigan
dentro de la competencia de los jueces naturales.
En el artículo 35 la comisión hace dos agregados. En la primera parte se incluye un párrafo
final que dice: “Estas decisiones deberán ser comunicadas al Congreso de la Nación”. Entiendo que
es correcto este agregado, con la salvedad que formulé hace un momento respecto a la delegación
de facultades de este Congreso. También agrega un segundo párrafo a la parte final de este
artículo, referido a la jurisdicción y competencia de los tribunales militares, agregado al que se le
puede formular la misma objeción que acabo de puntualizar hace un momento.
En el artículo 38, la comisión suprimió la frase “elementos subversivos”, que estaba incluida
en el texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. No se entiende cuál puede ser el propósito
de la comisión, a no ser que se pretenda ignorar la existencia de la subversión misma, pues
a este artículo 38 debe ubicárselo dentro del capítulo de la declaración de zona de emergencia y
no de la de declaración de guerra. En consecuencia, si es zona de emergencia, ¿quiénes pueden
atacar las zonas militares si no son los elementos subversivos? Creo que es mejor la redacción del
Poder Ejecutivo, pues si no se podría caer en la necesidad de establecer si la zona militar es atacada
por fuerzas regulares o irregulares, es decir, entrar en el aspecto de definir como beligerantes
a los elementos subversivos. En consecuencia, lo mejor es que la redacción quede como estaba
en el proyecto originario.
He dicho al comienzo de mi exposición que el bloque que represento apoya y votará afirmativamente
el proyecto del Poder Ejecutivo con las modificaciones que acabo de puntualizar, y
que no sólo lo hará con tranquilidad de espíritu sino con la conciencia de cumplir con un deber
inomisible.
Se trata de un instrumento legal que reclaman imperiosamente las necesidades de la seguridad
y defensa nacionales. Claro está que somos conscientes de que esta ley no logrará sus fines si
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no se asume urgentemente la concreción efectiva de los intereses vitales de la Nación, que tutela
la seguridad, si no se cubren los espacios vacíos de nuestro territorio, si no se corrige la irregular
distribución de la población y de la riqueza, la centralización metropolitana, la deformación
geográfica que padece el país.
No se lograrán los fines perseguidos por esta legislación si no damos soluciones a la escasa
explotación de los recursos naturales básicos de nuestro país, al envilecimiento de nuestra moneda,
a la carencia de una infraestructura adecuada, al bajo nivel de vida, a la injusticia social; si
no logramos conformar una cultura y una educación que dé respuesta a los objetivos nacionales,
si no corregimos la insatisfacción de la juventud con el sistema, si no evitamos la corrupción, el
peculado y la venalidad en todos los niveles.
En definitiva, si no se concreta una política nacional con su proyección internacional americana
y mundial sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de las naciones.
Si no se da solución a todos esos problemas que acabo de reseñar seguirá imperando la inseguridad
por más que armemos los brazos de nuestros soldados. Si no se gobierna y no se ejerce la
autoridad que otorga el poder, tampoco habrá seguridad y sí, en cambio, reinará la inseguridad
que habrá llegado al punto máximo de su expresión.
No podemos demorar más en la espera de que el gobierno asuma su responsabilidad de cumplir
con esas exigencias del país porque las circunstancias amenazan con desintegrarnos.
Frente a hechos concretos y a peligros ciertos y a sucesos y acciones que jamás imaginamos
pudieran suceder en nuestro solar nativo, como el ataque frontal a regimientos y la muerte alevosa
de estudiantes, de miembros de las Fuerzas Armadas, de sindicalistas, de políticos, legisladores,
empresarios, sacerdotes, docentes y, en definitiva, frente a la muerte de cientos y cientos
de ciudadanos pacíficos que han sido sacrificados, no podemos dejar inerme a la sociedad. Ya
no se trata de una previsión, de una hipótesis de conflicto, sino que nos enfrentamos con una
dramática realidad.
Hay un real estado de necesidad que es impostergable atender, y en este sentido apoyamos al
Poder Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas de la Nación.
La República contesta concretamente al crimen, a la destrucción y a la depredación, que no
tiene ley, que no da cuartel, con normas jurídicas que, aunque severas y casi extremas, instituyen
procedimientos, órganos y tribunales reglados para garantizar la vida y los bienes de la población
en forma eficaz, en tiempo oportuno y no nominalmente, porque la ineficacia, la inoperancia y la
falta de realismo agreden a la moral de la República frente a una emergencia como la que vivimos
en los tiempos actuales.
Esforcémonos, señores diputados, en crear las condiciones de seguridad a que es acreedora
con justicia una sociedad civilizada como es la Argentina para que pueda conquistar los módulos
más avanzados de vida en paz, libertad e independencia y no desespere con la impunidad de los
criminales ni se ahogue en la sangre de sus hijos inocentes. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Hueyo.
Sr. Hueyo.—Señor presidente: el proyecto de ley de Defensa que se encuentra a consideración
de la Honorable Cámara es en general un instrumento idóneo a los fines perseguidos, es
decir, prepara al país ante la posibilidad de una guerra exterior, pero en especial para enfrentar
las agudas exigencias actuales en materia de seguridad interior.
Sin dejar de reconocer que la necesaria compatibilización de diferentes puntos de vista puede
restar nitidez al contenido filosófico del proyecto, la estructura y régimen funcional concebidos
garantizan un accionar armónico del Estado ante situaciones conflictuales, toda vez que se apoyan
en organismos preexistentes o en prácticas consuetudinarias.
En efecto, con algunas variantes, tanto en el plano nacional, como el conjunto y operacional,
los órganos creados por el proyecto reconocen antecedentes de larga data que han permitido
acumular experiencias que aseguran su buen funcionamiento (ley 13.234, de organización de la

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Nación para la guerra; ley 16.970, de defensa; ley 17.192, del servicio civil de defensa; ley 20.318,
modificatoria de las leyes de defensa y del servicio civil de defensa; ley 18.575, de zonas y áreas de
frontera; ley 17.649, de movilización, y decreto 15.385/44, de creación de zonas de seguridad).
Las funciones de planeamiento, dirección y ejecución de la defensa en cada uno de los planos
orgánicos de dirección (nacional, conjunto y operacional) se hallan a cargo de organismos con
aceptable delimitación de responsabilidad. Sin embargo, resulta conveniente formular algunas
observaciones en cuanto a la política y la seguridad.
Ante todo, es menester expresar que el proyecto apunta a enfrentar los efectos del fenómeno
conflictual de la violencia antes que sus causas, que deben ser previstas en otros dispositivos legales
y en medidas de gobierno. En efecto, las situaciones de conflicto se originan y evolucionan al
amparo de factores ajenos a la seguridad hasta que, por su magnitud, exigen la adopción de medidas
de defensa, es decir, cuando el problema ha sido creado, con el agravante de que mientras
la acción de gobierno es diaria e integral, la defensa es esporádica y parcial. De aquí se concluye
que un desenvolvimiento honesto e idóneo de las estructuras políticas del Estado, con vistas al
bienestar general, antes que a mezquinos intereses partidistas creará las mejores condiciones
ambientales que alejarán las circunstancias de aplicación de los preceptos de seguridad. Esto se
observa con claridad en los actuales tiempos que vive la República.
Respecto de las relaciones entre el hombre y la seguridad, nuestra época está signada por el
fenómeno del extremismo ideológico. Sería un error calificarlo simplemente como delincuencia,
ya que es algo mucho más importante: es el enemigo de nuestro sistema de vida y de las concepciones
filosóficas en que ese sistema se apoya.
Una rápida observación de nuestra vida diaria permite afirmar que la violencia anida en el
corazón del hombre actual, alienado por factores que deben corregirse. Es urgente desalentar
su nihilismo y su creencia de que sólo con la destrucción del orden imperante podrá construir
el mundo utópico que han forjado, poseídos, además, por la obsesión de la toma del poder. Así
planteado, surge con claridad que uno de los elementos más importantes, aunque no exclusivo,
para la corrección definitiva de esta situación, consiste en una sabia y justa acción de gobierno,
antes que en la represión, a la que se debe recurrir ahora apremiados por la situación existente.
Puede comprenderse que este aspecto no es más que poner énfasis en lo relativo a política y seguridad,
donde se puso de manifiesto la necesidad de una acertada función de gobierno.
La seguridad y el progreso están estrechamente vinculados. En efecto, como consecuencia de
lo expuesto, los canales principales de la seguridad discurren, más bien, por las vías del progreso
que por las de la defensa. Una nación que desarrolla intensamente su potencial va creando una
excelente situación de seguridad, aunque carezca de una estructura militar importante. Una nación
que no desarrolla su potencial en plenitud despierta apetitos en lo externo y frustraciones
en lo interno, causas importantes pero no únicas, según se ha dicho, del extremismo ideológico,
que por serlo no se funda sólo en causas materiales.
Pese a lo que podría suponerse, la seguridad tiene esencialmente un carácter defensivo. Es el
desarrollo el portador de la faz ofensiva, pues la nación chocará con mayor violencia a medida
que crece; son desarrollos opuestos con los cuales debe dirimir superioridades. No en vano decía
Clausewitz “que la guerra se parece al comercio, que es una lucha de grandes proporciones”.
La falta de desarrollo encierra igualmente el germen de la lucha. En el submundo de la necesidad
se generan sentimientos que suelen utilizar la violencia como válvula de escape, creando
caminos por donde avanzan ideologías que justamente se apoyan en la frustración imperante.
Esto se vincula estrechamente con lo expresado en cuanto al hombre y la seguridad.
Valgan estas reflexiones, señor presidente, como síntesis de los estudios que ha provocado
el proyecto de ley de defensa que hoy se somete a la alta consideración de esta Cámara. Por ello,
apoyamos en general el proyecto, con las disidencias parciales que señalarán otros compañeros
de bancada durante la discusión en particular de los artículos pertinentes.
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Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Monsalve.
Sr. Monsalve.—Señor presidente: solamente a los fines de fijar la posición de mi partido, el
Demócrata Progresista, voy a hacer uso de la palabra, pues ya se han hecho consideraciones sumamente
explicativas de la necesidad, que nosotros compartimos, de que el país cuente con esta
ley que es indispensable para su seguridad y para la vida normal que debe emprender.
Entramos al debate, por supuesto, en condiciones de inferioridad. Somos un bloque poco
numeroso y no tenemos representantes en ninguna de las comisiones que han tratado el tema.
De manera que nos hemos visto precisados a estudiar el contenido de la ley prácticamente
sobre la hora de su tratamiento. Las observaciones que voy a hacer tienen por objeto salvar
algunos escrúpulos de orden institucional que no podemos dejar pasar sin señalarlos en este
Congreso.
Entendemos que es necesario legislar con criterio libre de temores y de presiones, sobre todo
cuando se legisla con carácter permanente y cuando se pretende que la ley que surge de un debate
tenga una vida no efímera ni circunstancial sino decisiva, incorporándose a las instituciones del
país. Así se debe proceder cuando se legisla con vistas al futuro. Es peligroso legislar pensando en
situaciones coyunturales, en las circunstancias del presente de hoy —que pueden ser sumamente
graves y afligir al país—, pero que no deben cerrar, sin embargo, la visión genérica y de futuro,
que es deber de los legisladores tener presente.
Este proyecto de ley no sólo instrumenta los organismos necesarios para salvaguardar la seguridad
nacional o para enfrentar las posibilidades de una guerra externa o de una conmoción
interna que ponga en peligro la estabilidad de las autoridades y de las instituciones que el país se
dio, sino que va mucho más lejos. En algunos casos llega a desconocer prácticamente derechos
que están consagrados en la Constitución Nacional, lo cual sólo puede admitirse con el argumento
que hizo uno de los oradores que me precedieron, cuando habló, precisamente, del estado
de necesidad. Ese estado de necesidad es lo que nos permite soslayar escrúpulos principistas
relativos a las instituciones, porque por encima de ellos está la vida misma de la Nación y de las
instituciones que pretendemos preservar.
Ayer decía el señor miembro informante que este proyecto es similar en sus alcances y en sus
implicancias a las disposiciones que permiten el establecimiento del estado de sitio. No comparto
ese punto de vista. Creo que las consecuencias del establecimiento del estado de sitio son mucho
menos latas, mucho menos agresivas, mucho menos importantes que las que se estatuyen en el
proyecto que estamos tratando.
Tampoco creo que esté en lo cierto el señor miembro informante cuando sostiene —como
lo hizo ayer— que el estado de sitio significa la suspensión de los derechos consagrados por la
Constitución. Yo he vuelto a releer las páginas que recordaba, pero que no tenía totalmente frescas
de maestros como González Calderón y Montes de Oca, que fueron citados expresamente por
el orador, y me reafirmé en el concepto que siempre tuve, porque se me grabaron a fuego, cuando
estudiaba derecho en los años de mi juventud.
Los derechos consagrados por la Constitución no ceden absolutamente en ningún caso. Las
que ceden son las garantías para su ejercicio, que se ven sometidas a un control especial, cuando
las circunstancias excepcionales que atraviese el país así lo exijan.
Pero, aun en esos casos, mediante la relevante intervención del Congreso se ha pretendido
preservar la posibilidad de caer en algo que es tanto o más peligroso que cualquier conmoción
que pueda presentarse; esto es el otorgamiento de la suma del poder público a persona o personas
determinadas, lo cual, justamente, es la negación de todos los derechos constitucionales que nos
permiten vivir en este régimen que hemos elegido como sistema de vida en el país.
Me permito decir que este proyecto resume todas las posibilidades de restricción a los derechos
reconocidos por la Constitución a los habitantes. En el proyecto que consideramos están
contenidas todas las restricciones relativas al estado de sitio, a la implantación de la ley marcial,

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
a la movilización o estado de asamblea; en una palabra, todas las restricciones que pueden sufrir
los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos están contenidas en el contexto de este dictamen.
Si examinamos el título IV del texto del proyecto, que comprende los artículos 39 a 48, nos
encontramos con que no solamente están limitados algunos derechos, sino que se reimplantan
algunas restricciones rechazadas por la Constitución Nacional, como es el caso de la confiscación.
Si bien no es exactamente una confiscación lo que se establece en alguno de los artículos (43
y 44) aquí contenidos, la situación tiene mucho parentesco con aquélla.
Además, hay algunas disposiciones que solamente se pueden justificar —repito— por el estado
de necesidad y que, sin embargo, deben estar controladas de tal manera que no faciliten un
abuso que signifique la quiebra de las instituciones que defendemos.
Se habla, por ejemplo, de la movilización, en el artículo 41; de los servicios personales, en el
artículo 39; de la obligación de proporcionar informes y datos destinados a servir a la movilización,
en el artículo 42. En el artículo 43 se establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer las
requisiciones de servicios y bienes que sean necesarios para satisfacer las exigencias de la hora.
Dice que en circunstancias de extrema gravedad las autoridades jurisdiccionales podrán adoptar
por sí medidas tendientes a la requisición de bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho
que deberán comunicar inmediatamente a la superioridad, pero pueden tomar esas medidas de
una manera terminante y sin ninguna clase de consulta previa.
Según lo establece el artículo 47, la requisición de bienes puede hacerse a título de uso, de consumo
y de dominio, vale decir, las tres maneras en que pueden desconocerse derechos consagrados
por la Constitución. En ese caso se establece el derecho a una indemnización, que en cierto modo
es retaceada, pero cuyo retaceo bien puede estar justificado por el llamado “estado de necesidad”.
El artículo 46 establece una norma que es sumamente delicada y sobre la cual llamo la atención.
Dice este artículo que esas requisiciones cesarán cuando así lo resuelva la autoridad que las
dispuso. No se establece que esas requisiciones cesarán cuando dejen de ser necesarias o cuando
deje de ser sumamente grave la situación, sino que pueden mantenerse mientras no las deje sin
efecto la autoridad que las dispuso. Estimo equivocado y riesgoso el texto de este artículo, que
propongo modificar en el sentido expuesto.
Todo esto es lo que me hace señalar que la ley que estamos tratando es de una importancia
extrema y puede resultar un arma muy difícil de contrarrestar. Yo no creo que las leyes se hagan
a medida de los gobiernos. Las leyes se hacen para ordenar el mecanismo mediante el cual funciona
el Estado y dentro del cual deben convivir los derechos y los intereses de todos los habitantes
y ciudadanos. Pensar en una legislación para un gobierno respetuoso de los derechos que
está en su mano administrar y discernir; pensar que en ningún momento se está legislando para
un gobierno que carezca de esa sensibilidad y que tenga otros propósitos, otros móviles u otros
puntos de vista que no sean los coincidentes con los intereses del país, sería una verdadera utopía.
Ya Moreno, cuando hablaba de las leyes que deben dictarse, decía que éstas deben ser establecidas
de tal manera que no solamente determinen lo mejor para el país sino que impidan que
quienes las aplican puedan desviarse de su cometido y puedan transformar esas leyes que se han
sancionado en instrumentos de opresión o de desconocimiento de los derechos del hombre.
Sr. De Luca.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Monsalve.—Sí, señor diputado.
Sr. De Luca.—Como integrante de la Comisión de Defensa, y habiendo participado asiduamente
en las reuniones de las comisiones que intervinieron, debo manifestar la impresión que
me causa la manifestación del señor diputado Monsalve de que se está legislando para un gobierno,
y daría la impresión…
Sr. Monsalve.—¿Me permite, señor diputado?
Sr. De Luca.—…de que no vive en la República Argentina o que no interpreta la coyuntura
actual del país.
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El señor diputado objeta una serie de artículos, desde el 39 al 46, en los que se trata desde la
movilización hasta la requisición, y frente a eso nosotros nos preguntamos si el extremismo armado
no produce acaso requisiciones, en el lenguaje de ellos, que por supuesto no compartimos.
¿No produce acaso expropiaciones, como dicen ellos, que en definitiva no son más que robos?
Si al Estado —no al gobierno actual— no le damos los instrumentos legales necesarios para
superar la coyuntura actual, tenga el señor diputado la plena seguridad de que todos sus bienes
serán requisados, sin preguntarle cómo se llama.
Como dirigente sindical debo manifestar que en el país pareciera desconocerse —incluso
a nivel de los dirigentes sindicales— lo profundo que el aparato productivo de la Nación está
penetrado por el extremismo. Como dije en alguna oportunidad en mi visita a Tucumán, no
me preocupa tanto el extremismo armado y el foco de esa provincia, sino que mucho más me
preocupa la penetración que ha llevado a cabo el extremismo en el aparato productivo nacional,
situación que no se puede visualizar o palpar todos los días. Repito que, como dirigente sindical,
tanto en mi sector de actividades como en otros, en las grandes industrias, se advierte ese grado
de penetración.
El artículo 48 del proyecto prevé la forma de contrarrestar ese accionar, que hasta el día de
hoy no ha podido neutralizarse, y considero con respecto a ese problema, que me preocupa muchísimo,
que aquella disposición contempla el aspecto perfectamente bien, dándose al Estado
facultades para requisar industrias. Con conocimiento de causa, como lo he denunciado públicamente,
debo afirmar que hay empresarios que, por suerte en casos aislados, contribuyen al
desarrollo del extremismo en el aspecto productivo del país. Con esta ley el Estado comienza a
disponer de los elementos necesarios para contrarrestar esta circunstancia.
El factor que debemos tener principalmente en cuenta es que el país está en guerra.
Conscientemente todos debemos reconocer que el país está en guerra, contra enemigos visibles y
contra enemigos invisibles. Ante esa situación, señor diputado Monsalve, considero que los artículos
que ha señalado están perfectamente encuadrados en la Constitución Nacional, y ello es así
porque todo el proceso que desarrolla el extremismo en sus variadas formas tiene como objetivo
fundamental destruir nuestro sistema de vida institucional y constitucional.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Monsalve.
Sr. Monsalve.—Agradezco la intervención del señor diputado, pero quiero significarle que
no me ha interpretado, quizá porque cuando comencé a hablar no me escuchó, porque en ese
momento no estaba tal vez en el recinto, o quizás porque tampoco escuchó las expresiones del
señor diputado Moyano, a cuyas manifestaciones precisamente iba a referirme. Estoy absolutamente
de acuerdo en que cuando se presenta una necesidad se debe apelar a todos los recursos
necesarios concurrentes para salvar la necesidad de que se trata. Está equivocado el señor diputado
si interpreta que yo he pensado o tenido en mente que esta ley se está discutiendo para
sancionarla y para otorgarla a un gobierno determinado. Esa es simplemente una apreciación
que hice. Y pensaba agregar que tal vez hubiera sido buena solución dictar una ley de emergencia.
Entiendo que las leyes con carácter de permanentes no pueden hacerse a medida. Eso fue lo
que expresé, de manera tal que cualquier gobierno —y no sólo el que desempeña hoy el poder—
se encuentre frente a instrumentos que le impidan salirse de las funciones que debe cumplir y
que, por lo tanto, tampoco le permitan abusar de su poder y transformarse en una especie de
carcelero del pueblo al que tiene que dirigir. Dije que las leyes deben elaborarse sin apremios o
tensiones que hagan de los elementos coyunturales el motivo de las disposiciones que se sancionan.
Ese es, sencillamente, el panorama que yo planteé al comienzo. No sé si lo hice bien, pero
de entrada, cuando comencé fijando la posición de mi partido, anticipé que daríamos nuestro
voto favorable al proyecto de ley en consideración. Con ello quiero hacer notar que no estoy
fundando una oposición a este proyecto, sino señalando la gravedad de algunas disposiciones de
este despacho, que si es manejado para salvar las necesidades para las que está destinado, hará un

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
bien a la República, pero si alguna vez alguien lo puede utilizar con otros fines, puede significar,
de sancionarse, que nosotros, hombres del pueblo, de todas las extracciones populares, estemos
dando el instrumento que sirva para que se nos desconozcan los derechos que la Constitución
consagra. Eso es lo que he querido decir. Ojalá nunca se dé ese caso, pero nosotros tenemos la
necesidad de prever por si se presenta.
Después de referirme a esa serie de disposiciones que determinan la gravedad de la ley, quiero
significar también que la ley en estudio no está sólo pensada para los casos de guerra, sea ésta
externa o interna. Ha sido proyectada para situaciones de desastre, como ser de gran sequía, de
inundación, vale decir, aquellos casos en los que un factor no humano puede crear situaciones
difíciles, que incluso hemos podido apreciar no hace mucho tiempo, cuando se produjeron una
serie de eventos que atrajeron la atención del Parlamento y que originaron la sanción de resoluciones
específicamente destinadas a superar esos infortunios.
Esta ley no está sólo dirigida a la represión de la guerra interna, y aclaro que no deseo calificarla
de tal para no hacerle el juego a los subversivos que la llevan a cabo, que pretenden que lo
hagamos —es decir, que la califiquemos de esa manera— para ampararse entonces en supuestos
derechos internacionales que tendrían. Afirmo que esta ley no se hace exclusivamente para aquel
fin y que es una ley permanente. Que terminado este problema que vivimos en el país y una vez
que sea pacificado, la norma va a seguir en vigencia y entonces, sí, podremos lamentarnos de
haber sido nosotros quienes habremos dado este instrumento legal.
Pienso que no puede evitarse la sanción de esta ley porque es necesaria en estos momentos
para poder salir del estado de postración que vive el país. Tal como he dicho hace pocos instantes,
no solamente se tiene que reprimir al hombre que está luchando con las armas en la mano
sino también a los infiltrados que están saboteando la producción del país, a los que provocan el
desabastecimiento que trae otras consecuencias sociales y que está haciendo que la imagen de la
República sea deformada y desfigurada ante los ojos del mundo, perjudicándonos de una manera
absolutamente irreversible.
Para que esos elementos sean eliminados y para que podamos volver a la pacificación del país,
es necesaria esta ley y la vamos a votar sin ninguna clase de prevenciones. Entendemos, sí, por el
carácter permanente de la misma, que sería de desear que se mantuviera, sin alterar en nada su
estructura, la posibilidad de contralor por el Parlamento, que es, a mi juicio, el poder del Estado
que tiene mayor representatividad popular. Es decir, que se dé al Parlamento una intervención
más activa en la aplicación de las disposiciones que establece esta ley.
En esa forma tendremos la garantía de que los representantes del pueblo podrán concretar
una injerencia directa en la aplicación de las disposiciones de esta ley, difícilmente conciliables
con los derechos que se deben ejercitar en tiempos normales.
Considero, por ejemplo, que las normas contenidas en los artículos 30 y 35 del dictamen son
susceptibles de ser mejoradas sin desnaturalizarlas. El artículo 30 dice que “en caso de conmoción
interior, sea ésta originada por personas o agentes de la naturaleza” —aquí ya se sale del marco de la
guerra y de la guerrilla—, se adopten las disposiciones que allí se establecen. Y en el párrafo final se
determina que “la declaración de zona de emergencia deberá ser comunicada al Congreso Nacional”.
La expresión “deberá ser comunicada” me recuerda algo que nos ocurre a los abogados en el
ejercicio de nuestra profesión. Muchas veces los jueces tienen que dar intervención a los ministerios
públicos, y esta participación se concreta de dos maneras. Por una de ellas con la expresión
“con noticia del agente fiscal” y, por la otra, con la locución “con vista al agente fiscal”. La primera
significa, simplemente, que se notifica al agente fiscal que se ha resuelto tal o cual cosa, pero
cuando se corre una vista se pide una opinión para que el agente fiscal diga si le parece bien o mal
lo que se propone en el expediente. Luego de contestada la vista fiscal, el juez resuelve.
Por lo dicho parecería que la expresión “deberá ser comunicada al Congreso Nacional” significa
simplemente notificar al Congreso y no darle la oportunidad de opinar sobre el tema. Por
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ello considero que tendría que decirse: “la declaración de zona de emergencia deberá ser sometida
a consideración del Congreso Nacional”. Esto no significa que se trate de fijar un recaudo previo.
Puede ser posterior; se puede tomar una medida, pero luego no limitarse a notificar al Congreso
sino someter el acto producido a su consideración.
Con la misma significación entiendo que debería precederse a modificar el texto del artículo
30, cuya redacción he de proponer en esta forma: “En caso de conmoción interior que no haya
podido ser prevista, sea ésta originada por personas o agentes de la naturaleza, y cuya gravedad
implique o pueda implicar la alteración de orden público y de las actividades y servicios públicos
esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia a parte o partes del territorio
nacional para preservar, mantener o restablecer el orden, asegurar las actividades y servicios públicos
esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas”.
Y propongo que se agrege: “Si el hecho se produjere en ocasión de estar funcionando el Congreso
Nacional, el Poder Ejecutivo comunicará inmediatamente al mismo las medidas adoptadas, que quedarán
firmes o se dejarán sin efecto según sea la decisión del Congreso. Si por el contrario los hechos
se produjeren durante el receso legislativo, el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias
en el término de cuarenta y ocho horas al Parlamento a los mismos fines consignados en el párrafo
anterior. La falta de consulta al Congreso o de convocatoria en la forma y plazos establecidos hará
cesar automáticamente las medidas dispuestas.”
Con la redacción propuesta hacemos posible que el Poder Ejecutivo obre de inmediato, pero
al mismo tiempo damos lugar a que sea el Congreso quien se pronuncie sobre si las medidas
adoptadas deben o no mantener su vigencia. En cuanto al último apartado propuesto, es evidente
que si el Poder Ejecutivo no cumpliera con una obligación impuesta por la ley, los efectos de ese
incumplimiento deben ser de entidad, como es en el caso en que automáticamente dejen de regir
las medidas dispuestas.
Esas son las dos únicas modificaciones que en nombre de mi bloque voy a proponer durante
la consideración en particular del proyecto, y ambas responden a la misma filosofía. Estamos
lejos de pretender coartar las posibilidades del gobierno nacional de realizar todo lo necesario y
de contar con los medios precisos para normalizar la vida del país. Incluso llegamos a admitir que
en razón del estado de necesidad se llegue a la requisición, que está proscripta por la Constitución
Nacional. Pero, en tanto y en cuanto sea posible, quienes deben avalar o rechazar las medidas
dispuestas son los representantes del pueblo.
No pretendemos con esto que el Parlamento esté por encima de los otros poderes del Estado,
pero sí le asignamos el carácter —que nadie puede discutir— de ser la caja de resonancia y el ámbito
de representatividad más auténtico del pueblo de la Nación. De allí que deba tener palabra
decisoria en todo lo que sea fundamental; y esto es fundamental.
Con estas palabras, señor presidente, dejo fundada la posición que va a sustentar mi bloque
en esta emergencia; anuncio que votaremos por la aprobación del proyecto en general y luego,
en la discusión en particular, adheriremos según los casos al dictamen de la mayoría o al de la
minoría y, además, propondremos las modificaciones que he enunciado.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Rafael.
Sr. Rafael.—Señor presidente: el tema que nos ocupa esta tarde puede ser analizado desde
tres puntos de vista: en primer lugar, desde el punto de vista jurídico constitucional; en segundo
término, desde el punto de vista filosófico y, por último, desde el punto de vista del orden
económico-social.
En lo que se refiere a lo jurídico constitucional, me voy a detener en el concepto de Defensa
Nacional y de Seguridad Nacional. Cuando el proyecto, en su artículo 1º, habla de los objetivos
de la ley, da como uno de ellos “establecer las bases orgánicas y funcionales fundamentales para
la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional”, e innova ya respecto del antecedente
inmediato de este proyecto, que es el decreto ley 16.970/66.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Pareciera que el propósito, al elaborar este proyecto de ley, fuera estructurar un instrumento
específicamente referido a la actividad de las Fuerzas Armadas, ya que se suprime, en la parte
que se refiere a los principios fundamentales, toda referencia al desarrollo económico del país.
Cuando el artículo 1º dice “establecer las bases fundamentales para la preparación, ejecución y
control de la Defensa Nacional…”, está modificando el artículo 1º del decreto ley 16.970, que
agregaba: “y mantener la seguridad nacional necesaria para el desarrollo de las actividades del país,
en procura de sus objetivos nacionales”.
Lo mismo ocurre con el artículo 4º del proyecto, cuando expresa que “las bases fundamentales
para la política de defensa estarán dadas por las políticas y estrategias nacionales”. El artículo 4º del
decreto ley 16.970 decía, en cambio: “Las políticas y estrategias nacionales darán las bases necesarias
para establecer el grado de Seguridad Nacional concordante con las exigencias del desarrollo”. El
artículo 5º del decreto ley 16.970, que ha sido suprimido, dice en forma expresa: “las previsiones
y medidas ejecutivas inherentes a la Defensa Nacional serán coordinadas armónicamente con lo que
se refiere al desarrollo integral del país”. Y esto mismo lo encontramos también en el inciso b) del
artículo 5º del proyecto, que dice simplemente: “La formulación de la doctrina, el planeamiento y
la programación de las medidas de defensa, de acuerdo con el potencial de la Nación”. En cambio, el
otro texto agregaba: “Las medidas de defensa relacionadas con el desarrollo nacional”.
Pareciera que existe el propósito expreso de limitar el concepto de seguridad nacional exclusivamente
a la intervención de las Fuerzas Armadas sin referencia alguna a la actividad de los
sectores vinculados al desarrollo económico, salvo aquella que se hace en el inciso k) del artículo
16, donde se determina que el Ministerio de Defensa tendrá las atribuciones para realizar los
estudios y planes relativos a la promoción y régimen de la producción industrial minera de carácter
estratégico para la Defensa Nacional. Aun en ese supuesto se está limitando todo el régimen
de promoción con referencia exclusiva a la tecnología de carácter estratégico para la Defensa
Nacional.
Sabemos que el concepto substancial es el de la seguridad nacional, por cuanto el concepto
de defensa es simplemente de carácter instrumental. Es por eso que el proyecto, al definir el concepto
de seguridad nacional en el artículo 2º, dice que es la situación en la cual los intereses vitales
de la Nación y el logro de los objetivos nacionales y políticos se hallan a cubierto de interferencias
y perturbaciones substanciales.
En cambio, cuando se refiere a Defensa Nacional dice que comprende el conjunto de medidas
para lograr la seguridad nacional. Es decir que el objetivo fundamental es la seguridad
nacional. La Defensa Nacional se limita a las medidas de tipo instrumental necesarias para lograr
aquel objetivo. Por ello es que insisto en que para lograr la seguridad nacional no basta adoptar
medidas limitadas a la intervención militar, sino que es necesario dictar todas aquellas otras necesarias
para asegurar la soberanía del país mediante el desarrollo económico.
¿Cuáles son los aspectos básicos a que se refiere nuestra Constitución en lo relativo a la
Defensa Nacional? Se hallan contemplados en numerosos artículos, pero substancialmente en los
incisos 2º, 15, 19, 21, 22, 23, 25 y 27 del artículo 67, que se refiere a las atribuciones del Congreso
Nacional.
Entrando en materia referida a la filosofía política, podemos señalar que el mundo político
contemporáneo se caracteriza por el estado de ansiedad que trasciende al existente político; ese
estado se configura ante la quiebra de la estructura estimativa mundanal a través del desorden, la
inseguridad y la impotencia. La urgente necesidad de superar la situación ha llevado a cambios
institucionales que mueven los cimientos mismos de una organización característica del constitucionalismo.
Por ello, desde el punto de vista de la axiología, que es una parte importante de la
filosofía, sólo la revisión de la dimensión valorativa puede salvar la crisis por la que atraviesa el
hombre de nuestro siglo, en la perspectiva política social.
Todo tipo de intentos se han ensayado en la praxis política en lo que va de cien años a esta
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parte, pero dichos intentos, especialmente los de las posiciones totalitarias, han sido ciegos a la
captación de esos valores. Sólo el criterio que se asienta sobre la base espiritual fundada en valores
como la libertad, hace que al comportamiento humano se lo provea de certeza, armonía y
afirmación. Por ello, cuando el ciudadano, el político, el dirigente sindical, el caudillo de comité y
otros modos de conducta política hayan perdido la noción fundamental de coordinación integral
del mundo político, el contexto se sumergirá en algo inexplicable carente de significación. Cada
uno de los valores del comportamiento aparecerá disociado, lo que exige para evitar llegar a ese
estado hacer prevalecer el sentido estructural de la sociedad en que vivimos, fundado en el valor
supremo de la justicia que hará posible el orden y la seguridad.
A esta altura cabe —es una reflexión— preguntar: ¿qué Nación queremos construir? ¿Estamos
conformes o no con la organización constitucional actual del Estado? Las respuestas a estos interrogantes
serán dispares. De ahí el origen de nuestras disidencias internas desde el punto de vista
doctrinario. Todo ello es posible en el marco constitucional actual; el pluralismo ideológico lo
facilita. ¿Cuáles son las vías para resolver esas discrepancias y a partir de ellas comenzar a superar
las diferencias? Aquí cabe dejar otro interrogante: ¿son únicamente las vías constitucionales o
existen otras? Dejo planteados estos interrogantes de filosofía política, para que cada uno le dé
respuesta conforme a su posición ideológica.
Prescindiendo del aspecto externo, en el que todos estamos unidos en la defensa de nuestra
soberanía, y centrando nuestra opinión en el problema interno argentino, podemos afirmar, sin
ninguna clase de hesitación, que se trata de un problema de tipo estructural. Y en este campo
podemos decir que no habrá transformación pacífica de las estructuras económicas, políticas y
sociales en la Argentina, y por consiguiente, desarrollo económico y justicia social, si las Fuerzas
Armadas no participan activamente y con cabal comprensión del proceso y del papel que a ellas
les incumbe. Las Fuerzas Armadas de nuestro país, como las de cualquier otro, integran la comunidad,
viven sus problemas y sus angustias. Nuestra comunidad, como cualquier otra, no
tiene compartimientos estancos; existe una interacción que vincula a todos los sectores sociales
entre sí y a cada uno de ellos con la comunidad. Únicamente comprendiendo esta circunstancia
podremos tener un concepto cabal y global de lo que es la Nación.
Desde las guerras de la independencia, donde el pueblo improvisó ejércitos y escuadras, las
guerras civiles, la Campaña al Desierto, la institucionalización de las fuerzas como brazo armado
de la Nación mediante la implantación del ejército profesional y el servicio militar obligatorio,
para llegar más tarde a la promoción industrial, con el general Mosconi en materia de petróleo,
el general Savio en la siderurgia, y la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea en la formación de una
conciencia naviera y aeronáutica, sin duda alguna las Fuerzas Armadas están insertas en la problemática
del desarrollo económico nacional y de la integración del país desde el punto de vista
geoeconómico como fundamento de su soberanía.
En los diarios se viene insistiendo desde hace rato en la lenta penetración brasileña en el país,
que afecta a las provincias de Misiones y Corrientes. Sabemos que existe una ley que prohíbe la
venta de tierras en las zonas fronterizas a personas individuales o colectivas extranjeras. ¿Pero acaso
ello es suficiente para impedir esta penetración que se ha denunciado reiteradamente? ¿No será
necesario para impedirla la presencia efectiva de la Nación en las zonas de frontera, ya sea con una
escuela, con una radio, y mejor todavía, mediante la promoción industrial de esa zona, radicando
industrias que impliquen la ocupación efectiva de nuestro país? Creo que de esa manera, desarrollando
esas zonas, se va a hacer efectiva la soberanía política, impidiendo la penetración extranjera.
Sin entrar al examen detallado del proyecto de ley en consideración, señalo mi preocupación por
la modificación del decreto ley al que hice referencia precedentemente por la omisión de toda relación
al desarrollo económico para la seguridad y defensa nacionales, como fundamento de nuestra soberanía.
Por ello no he subscrito el despacho de la mayoría, dejando constancia de mi disidencia parcial.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Arigós.

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Sr. Arigós.—Señor presidente: haré muy breves consideraciones, pues ya varios diputados
de mi bancada se han referido —y otros lo van a hacer— a los aspectos generales de la ley y al
examen en particular, donde mantenemos disidencias con respecto al despacho de la mayoría.
No obstante, deseo reiterar que nuestra posición frente a este proyecto de ley de Defensa es
votarlo afirmativamente en general, porque creemos que el país debió y debe contar con una
legislación integral tendiente a su defensa y a su seguridad.
Nadie puede ignorar que los organismos nacen, crecen, viven, se enferman, se desgastan
y, finalmente, mueren. El Estado se ha comparado numerosas veces con los organismos vivos,
porque ambos tienen órganos para expresarse y sufren también el desgaste y las enfermedades,
pero en lo único que admitimos una diferencia es en que la Nación no debe estar expuesta a
enfermedades que la puedan conducir a su desaparición. Todo aquello que amenace la salud de
la República en sus aspectos físicos, culturales, económicos y morales, debe ser atacado de raíz.
Pero no debemos caer en la ingenuidad de creer que únicamente la represión armada puede ser
el remedio suficiente para lograr la recuperación de un país enfermo.
En el artículo 2 o del proyecto, cuando se habla de la seguridad nacional, se hace alusión a los
intereses vitales de la Nación, y todos estamos de acuerdo que, cuando estos intereses están amenazados
por cualquier clase de peligro, todo el país debe ponerse de pie para resistir la agresión.
Y esto porque estamos hablando de intereses vitales, es decir, de la supervivencia como país.
Pero cuando se habla de objetivos nacionales y políticos en el mismo artículo 2 o , entramos en
un tema que no está tan claramente definido y que tampoco tiene una límpida expresión, porque
los intereses y los objetivos nacionales y políticos no tienen en nuestro país una unidad conceptual
que nos agrupe a todos los argentinos.
Recién hemos escuchado al señor diputado Ferreira cuando al final de su exposición hacía
una minuciosa síntesis de las amenazas que producen la desintegración política del país. La inflación
y las enfermedades proliferan en diversas regiones del país y cuando son señaladas por la
prensa, como recientemente ha ocurrido, producen la clausura de un diario, porque denunció
un aumento en los casos de poliomielitis. Ahora se han registrado 17 casos mortales de sarampión,
y yo me pregunto: ¿qué lograremos con clausurar los diarios que dan la noticia aunque
traer alarma al país, cuando lo que corresponde es atender debidamente los problemas planteados
por la salud pública?
Tenemos numerosos casos de denuncias por la actitud de funcionarios que presuntivamente
han cometido peculado en perjuicio del patrimonio nacional. En lugar de abrir las puertas de
par en par a una investigación que debió haber sido cristalina y urgente para que no quedara la
menor duda sobre los inocentes y los culpables, estamos tratando de hacer un dribling a los investigadores
para que no puedan llegar al fondo de la verdad.
Todo esto crea escepticismo, desazón, desesperanza, amargura y pesimismo en el país, y no
podemos entonces encargar a nuestros soldados, suboficiales, oficiales y jefes de nuestro Ejército
la tarea de reprimir los focos de la subversión, cuando estamos anidando o haciendo el caldo
necesario para que la subversión sobreviva y se fortalezca.
Nosotros también hemos tenido algunas discrepancias en torno a los artículos 30 y 35 del
despacho. En ambos casos creemos que innecesariamente se dejó de lado al Congreso Nacional
como expresión de la soberanía política del país. Y digo innecesariamente porque conceptúo,
tal como se ha dicho, que frente a un estado de necesidad nacional todo debe ceder para que
la urgencia y la gravedad del caso sean atendidas con los remedios que se tengan a mano, sin
cortapisas legales de ninguna especie. Y reitero lo de innecesariamente porque la declaración de
zonas de emergencia, en el caso de conmoción interior a que alude el artículo 30, se hace con
la comunicación al Congreso. El señor diputado Monsalve, con un ejemplo extraído de la vida
tribunalicia, ha señalado bien que esta declaración de zona de emergencia debe producirse con
autorización del Congreso.
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Se podrá preguntar: si el Congreso no puede reunirse y hay una emergencia que no admite
dilación, ¿cómo solucionaremos el problema? Se podrá decir que con una traba legal no se puede
impedir que en caso necesario se atienda a una emergencia que pone en peligro la seguridad, la
defensa y la paz de la Nación.
Pero eso ya está previsto en el despacho, cuyo artículo 36 dice: “Cuando la naturaleza y proyección
del hecho subversivo o insurreccional lo haga necesario, el presidente de la Nación podrá
disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones militares sin el requisito previo de decretar
zonas de emergencia”. Quiere decir entonces que la misma ley prevé el caso en que no sea posible
declarar una parte del territorio nacional como zona de emergencia.
De modo tal que no se advertía ni se advierte —en mi modesto criterio— cuál es la razón
por la cual no se consulta al Congreso para decidir la declaración de las zonas de emergencia,
que tiene una gravedad inusitada en este proyecto, como la que señala el artículo 35, es decir, la
posibilidad de que el comandante de la zona tenga la facultad de dictar bandos y crear tribunales
militares.
En la sesión de anoche el señor miembro informante fue preguntado por el legislador que
habla sobre si estos tribunales militares iban a limitarse a juzgar exclusivamente a los militares, es
decir, a los individuos que tienen estado militar, o si iban a juzgar también a los civiles, porque
si era para juzgar a los primeros había una duplicación de organismos de juzgamiento, desde el
momento que existen los tribunales militares y el Código de Justicia Militar. De modo tal que
todo hace pensar —y esa fue la respuesta del miembro informante— que los futuros tribunales a
crearse en las zonas de emergencia serán para juzgar a los civiles.
En consecuencia, señalo la gravedad y la importancia que tiene la determinación de un lugar
como zona de emergencia, porque allí puede entrar a regir un bando militar, pueden ser creados
tribunales militares y pueden aplicarse las normas del Código Penal Militar, es decir, llegar hasta
el fusilamiento de civiles que están alcanzados por las disposiciones del bando.
282
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Comisión de Legislación Penal, doctor Jesús E. Porto.
Sr. Arigós.—El señor miembro informante, de quien quiero destacar que, aparte de su valiosa
exposición dio la tónica de una nueva forma de debatir los temas en esta Cámara, porque
admitió todas las interrupciones y aclaraciones que se le solicitaron —lo que me parece muy
auspicioso—, admitió también que las sospechas o las dudas de que estos tribunales militares
alcanzaban a los civiles eran valederas. Se advierte entonces la inusitada gravedad que tiene la
declaración de zona de emergencia. No es, como había sostenido al principio de su exposición el
señor miembro informante, que sea más grave la declaración del estado de sitio que ésta a que se
refiere el artículo 30 del proyecto, ya que la declaración del estado de sitio jamás puede conducir
a las consecuencias que prevé el artículo 35.
Afirmamos la necesidad de que la declaración de zona de emergencia sea hecha con el consentimiento
del Congreso, cualquiera sea la clase de sesiones que lo mantenga convocado, es decir,
sean ellas ordinarias, de prórroga, extraordinarias o aun preparatorias. Bastaría que el Congreso
estuviera reunido para que tuviera la posibilidad de ser consultado como requisito previo a la
declaración; y, si estuviera en receso, entraría a jugar la previsión que contiene el dictamen de la
minoría en el sentido de que sea convocado dentro de las cuarenta y ocho horas para considerar
la procedencia de la declaración de zona de emergencia.
Estos recaudos tienden a que la ley no vaya más allá de sus propios propósitos porque, como
ya se ha dicho, no es una ley de tipo coyuntural que vaya a aplicarse solamente en la actualidad
que vive la República, sino que es de carácter permanente, y no sea que nos ocurra como a monsieur
Guillotin, que después de proponer la máquina infernal que lleva su nombre terminó siendo

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víctima de ella. Es decir, no debemos crear instrumentos de opresión, porque si en un momento
dado puede haber un gobierno popular con control parlamentario, la historia política de nuestro
país nos enseña que debemos tener cuidado de acordar la suma del poder público porque ella,
además de colocar a quienes la consientan bajo la calificación del artículo 29 de la Constitución
Nacional, que los señala como traidores a la Patria, implica la posibilidad de que sean víctimas
los mismos que prestaron el acuerdo necesario para que estos organismos existan en el marco de
la legalidad.
Haciendo honor a la promesa de brevedad que he formulado, termino destacando que todo
lo que hagamos aquí no tendrá valor mientras no realicemos el esfuerzo civil necesario para
ponernos a la altura del que están haciendo las Fuerzas Armadas. Será en vano que tengamos
mejores armas, mejores vehículos, mejores comunicaciones, mayor movilidad y más efectivos si
el país no toma conciencia de la necesidad de aventar las causas profundas que se traducen en el
desencuentro argentino, en la desesperanza, en la pérdida de fe de los jóvenes y en la amargura
de los hombres de edad.
Con este voto dejamos señalados nuestro acuerdo en general y nuestras discrepancias en
particular.
Sr. Presidente (Porto).—Tiene la palabra el señor diputado Sueldo.
Sr. Sueldo.—Señor presidente: el proyecto en examen tiene en vista problemas de Defensa
Nacional, como que ése es su nombre, pero no los aspectos substanciales de seguridad nacional.
Esta es la primera falla que anotamos: no haber partido de una concepción global y de un ordenamiento
completo de seguridad. De haberse hecho esto, se habría tenido una visión integral del
asunto de fondo subyacente en el tema que hoy nos ocupa, a saber: el grado de adecuación del
país a las exigencias internas y externas del período histórico que estamos viviendo.
Si un pueblo padece estructuras económicas y sociales desactualizadas, instituciones políticas
de insuficiente representatividad, estancamiento en su desarrollo, situaciones prolongadas
de escasez (con zonas de miseria endémica), relajación crónica de la vida familiar y de la moral
pública, desorden y retraso educacional y cultural, carencia de una política internacional previsora
y, como suele darse en tales situaciones, un decaimiento general del ánimo de la población,
entonces, evidentemente, la seguridad de ese pueblo está amenazada.
Desde luego, esto supone un concepto de Seguridad Nacional más amplio que el enunciado
en el artículo 2 o de la iniciativa bajo debate. Allí se visualizan como factores contrarios a la seguridad
únicamente las llamadas “interferencias y perturbaciones substanciales”. ¿Cómo explicar
estas palabras? Ellas no parecen referirse a otra cosa que a la acción directa de agentes naturales
o personales. O sea, que la hipótesis consiste en esperar —y nada más que esperar, como se espera
una fatalidad— los casos extremos en que, fuera de un grave siniestro natural, enemigos
externos o elementos subversivos internos consuman ataques contra la integridad territorial o
el orden institucional de la Nación. En consecuencia, mientras no se planteara materialmente la
emergencia, la comunidad estaría indefensa y quizá, por derivación lógica de esta filosofía legal,
inconsciente de los peligros que la acechan.
Así queda demostrada mi afirmación inicial, pues claramente la noción de Seguridad Nacional
se ve limitada al identificársela con la de defensa. Este es el quid de la cuestión. Siempre, pero
sobre todo en estos tiempos de convulsión mundial, en que está finalizando toda una edad de la
historia y nace otra, una nación debe estar continuamente preparada para afrontar y satisfacer
la obvia necesidad de cambios profundos, acelerados y enérgicos. Se trata de una preparación
total: el ordenamiento del desarrollo económico, la vida familiar y social, el proceso político e
institucional, el clima moral, el esclarecimiento ideológico, todo debe estar espiritual y materialmente
disponible para el constante esfuerzo de renovación y de integración requerido por el bien
común de la sociedad.
Precisamente esta previsión, esta disponibilidad efectiva, este alistamiento general está
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faltando en la Argentina desde antes del actual gobierno, si bien este déficit se viene agravando
sensiblemente en los últimos años por acción y por omisión. Mientras este gravísimo estado de
cosas no sea solucionado, la Nación tendrá expuestos sus flancos y hasta su retaguardia. ¿Con qué
tranquilidad y con qué perspectivas podrá, entonces, combatir al solo enemigo frontal?
El proyecto en discusión no define la subversión. Vale decir, se propone extirpar un delito
impreciso. Intentemos por nuestra cuenta una caracterización acumulativa, a saber: 1) todo
aquello que derriba, desnaturaliza o violenta la escala de valores o el orden jurídico en que se
funda una sociedad, constituye subversión moral e institucional; 2) el desquicio económico, la
injusticia social, la alienación cultural, el manejo arbitrario de los medios de difusión, la dependencia
nacional, son también factores subversivos. Cuando ellos se dan como ambiente y como
situación general de la sociedad, encontramos el primero de los planos y de las formas subversivas,
el que hace de raíz de las otras manifestaciones.
Con el solo fin de evitar suspicacias apelaré, en este punto, a ideas vertidas por personas y
órganos periodísticos insospechados de izquierdismo o demagogia. El diario La Nación, en su
edición del 7 de octubre próximo pasado, bajo el título Cada uno firme en su puesto, dice: “La
subversión que afronta la República no es sólo la llamada guerrilla. Es ésta apenas la metralleta de
un fenómeno que ha calado hondo en la vida política, económica y social de la República. Cuando
se reduce el concepto de subversión al de la acción armada, se está cometiendo un error tan pronunciado
como cuando se ignora que esa subversión también se manifiesta en la fractura de ciertos
valores mínimos de jerarquía y disciplina y en el enseñoramiento de una ineptitud deformante de las
instituciones del Estado, o bien en la transgresión de ciertos principios de moralidad administrativa”.
Hace pocas semanas también, un jefe militar en actividad pronunció públicamente, junto
a varias expresiones exageradas e inaceptables, otras dignas de ser acogidas. Me refiero a las siguientes
palabras del general José Antonio Buasso: “No somos los custodios del orden de una sociedad
masificada, donde el esfuerzo de los muchos de abajo hace el privilegio de los pocos de arriba.
No somos los custodios del orden de una sociedad que corrompe sus jerarquías, subsumiendo moral y
decencia, honestidad y esfuerzo, capacidad y conocimiento”.
En fin, si falta alguna otra cita imposible de tachar de simpatía a la guerrilla, me remito a los
diversos pronunciamientos eclesiásticos de los meses recientes, entre los que destaco por su ponderación
los documentos y homilías de los monseñores Tórtolo, Primatesta, Pironio, Aramburu
y Zaspe, coincidentes en señalar la profunda crisis que abruma al país, de la cual —insisto— la
guerrilla es una grave manifestación epidérmica.
No puedo resistir al impulso de leer —pidiendo la condigna reflexión de la Honorable
Cámara— algunos párrafos agudos y conmovedores vertidos por el arzobispo de Santa Fe: “La
Argentina ha aceptado vivir en pecado, disimular el pecado, cambiarle el nombre y disfrazarlo; verlo
en unos e ignorarlo en otros; a veces en los gobernantes y no en los gobernados; otras veces disimularlo
en la autoridad y denunciarlo en la ciudadanía; estigmatizarlo en las personas y no detectarlo en las
instituciones; verlo en la izquierda y no verlo en la derecha; denunciarlo en la derecha y callarlo en
la izquierda. El país no cambiará tampoco con el terrorismo salvaje que nos carcome, con ideologías
importadas, con declaraciones que nos hartan, con huelgas que nos paralizan o con adhesiones y
repudios que, en el mejor de los casos, sólo manifiestan la sinceridad a medias o la verdad parcial.
Un país donde se mata a cualquiera, donde los muertos aparecen torturados, castrados, vaciados de
ojos y reventados, no puede esperar la paz, porque la paz proviene de la justicia y ésta de la verdad.
La Argentina se reconstruirá cuando supere la crisis de sinceridad; cuando cada uno diga lo que
haya que decir y pueda decirlo; cuando cada ciudadano y cada institución haga lo que debe hacer;
cuando la Iglesia evangelice, el gobierno gobierne, las Cámaras legislen, la universidad enseñe, los
colegios eduquen, los estudiantes estudien y los trabajadores trabajen; cuando la Capital sea sólo
Capital y las provincias algo más que administraciones; cuando la Patria valga más que un partido
y el partido actúe en clave de Patria; cuando la denuncia sea investigada y el sinvergüenza sea

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castigado; cuando la realidad desplace al ensueño y la creación al slogan; cuando las instituciones
sirvan al país, las leyes se apliquen a todos, y la justicia sea pareja para todos. La Argentina puede
salvarse y debe salvarse, pero desde la sinceridad de la verdad, la efectividad de la justicia y la energía
del amor”. Hasta aquí monseñor Zaspe.
Ahora bien, la repulsa que fermenta en el seno de situaciones como la descrita, engendra
a menudo críticas irracionales, corrosivas, nihilistas, que prenden especialmente en la juventud.
De ahí nace la adhesión a doctrinas extraviadas, cuya difusión pacífica, aunque de hecho
atenta contra el supuesto orden establecido (que en verdad es un profundo desorden) y desde
ese restringido punto de vista, puede ser considerada como prédica subversiva —segundo plano
de la subversión, el de la llamada ideológica—, no debe ser susceptible de represión, pues ello
equivaldría a configurar el delito de opinión, que desgraciadamente en la práctica está vigente en
nuestro país.
Frente a la desviación ideológica, jamás la violación; siempre la inteligencia, compitiendo
con desarrollos doctrinarios superiores; siempre el amor, buscando la comprensión y dando el
testimonio del servicio abnegado al prójimo y a la Patria. Cuando frente a la prédica subversiva
se recurre a la represión en vez de la competencia superadora, se está renunciando de antemano
a tener ideas y conductas capaces de enderezar los rumbos torcidos.
El actual infortunio nacional tiene mucho que ver con esa incapacidad. La juventud argentina
vive en gran medida huérfana de una sabia y oportuna docencia por parte de la mayoría de
los dirigentes adultos y, para colmo, carente también de buenos ejemplos por parte de ellos. La
ciega opción por la violencia represiva, bastante antigua en este país, ha operado como estímulo
atroz del paso al tercer plano de la subversión: el estrictamente bélico, el de la guerrilla.
Evidentemente, cuando se declara y ejecuta el alzamiento armado contra el sistema institucional
sin el consejo ni el acompañamiento de la mayoría popular y, peor aún, sin respeto a límite
alguno en el ejercicio de la violencia insurreccional, cuando esas circunstancias se dan, por lógicas
que parezcan las motivaciones psíquicas y morales de los insurgentes, no hay más remedio que
enfrentarlos también con las armas. Si de un parque zoológico se escaparan las fieras debido a la
desidia, al latrocinio y a la crueldad de sus administradores, sería forzoso tratar de encerrar y, en
cuanto ello no fuere posible, matar a las fieras, pues éstas no atenderían razones sobre reformas
futuras en el jardín de donde huyeron. Pero aun así, ello debería hacerse con plena conciencia de
que no se estaría combatiendo las causas sino sólo las consecuencias de esa fuga; por tanto, no
habría derecho a abandonar, subestimar ni postergar los cambios necesarios para evitar nuevas
injusticias y nuevas sublevaciones. En otras palabras, no sería correcto proclamar como prioridad
absoluta el problema representado por esas consecuencias, sino el constituido por aquellas
causas, y obrar en consecuencia. Esa es la verdadera prioridad y hay que actuar en función de ella.
Hay todavía un cuarto plano subversivo: el del terrorismo de derecha, suerte de “mafia”
organizada para el exterminio físico, más que de los guerrilleros enfrentados por las fuerzas regulares
del Estado, de sus presuntos auxiliares logísticos, o simplemente intelectuales; de paso,
esta violencia tiende también a eliminar físicamente a los meros competidores de la derecha en
los ambientes gremiales, estudiantiles, etcétera.
No acaba en eso la perversión de este terrorismo salvaje, como lo denominó monseñor Zaspe.
El otro aspecto inadmisible es que tal actividad ilegal aparenta cooperar con la represión legal;
hasta invoca reiteradamente, a través de pasquines cloacales y homicidas, su fanática adhesión
al gobierno y a las Fuerzas Armadas, y su obediencia a supuestas consignas oficiales de matar
despiadadamente a dichos enemigos. Cabe presumir que esa cooperación es la garantía de su
absoluta impunidad, evidenciada en el hecho de que a lo largo de dos años los órganos estatales
no han esclarecido nada —ni siquiera detenido a un sospechoso— en relación a los cientos, quizá
ya miles, de monstruosos crímenes cometidos por la ultraderecha.
Entonces uno se pregunta, con entera sinceridad y con total objetividad: ¿qué esperanzas
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hay de que la legislación en cierne, proyectada sin acertar a los factores básicos y originarios de
la subversión, se dirija también contra esta clase de terrorismo? ¿No seguiremos asistiendo al
espectáculo de los secuestros por encapuchados, cuyas víctimas más afortunadas aparecen días
después cerca de algún regimiento o de alguna comisaría? ¿No continuaremos sufriendo la espantosa
injusticia de silenciar, tolerar y tal vez proteger acciones que, en la mayoría de los casos,
acaban en la desolación de mujeres torturadas y violadas ciento veinte veces en un mes de prisión,
o asesinadas después de cortarles los pechos con hojas de afeitar, o de hombres acribillados,
dinamitados, mutilados, y en todos los casos en nombre de una supuesta “guerra santa” contra
el extremismo de izquierda y sus afines o próximos? ¿Quién califica a unos y a otros? ¿Con qué
autoridad, con qué sabiduría, con qué honradez, con qué fines? ¿Cuáles pueden ser los resultados
de tanta aberración? No pueden ser otros que el seguir incrementando las filas de los desesperados,
de los que ya no creen en las vías institucionales sino solamente en el recurso de las armas.
¡Parece mentira que pueda haber tanta ceguera! Pero, ¿por qué hemos de extrañarnos? La
falta de luz empieza cuando no se sabe reconocer la entraña materialista del capitalismo, abono
insuperable para la siembra materialista del marxismo. Sólo una tremenda ignorancia culpable
de ciertos niveles de dirigentes —para no hablar de la defensa interesada de estructuras y privilegios—
puede contraponer a los errores marxistas un presunto “estilo de vida occidental y cristiano”,
que estaría encarnado en las ideas, instituciones y modalidades del capitalismo vigente en
esa área occidental.
Cierto es que muchos de sus personeros nombran a Dios; pero esto no va más allá de una
rutina miserable, cuando no es una consciente e infame hipocresía. A la manera del noctámbulo
que silba en un callejón obscuro para ahuyentar el miedo, el capitalismo apela en sus palabras a
Dios, por si acaso existiera, pero a un Dios vaciado de todo contenido trascendente y redentor:
es una simple deidad supuestamente protectora de los intereses. Por lo demás, ha sido típico del
liberalismo —inspirador del sistema capitalista— el negarse a toda definición explícita sobre la
existencia de Dios y del más allá. Ha sido tercamente neutro en esta materia, so pretexto de que
ella pertenece a la vida privada y a la conciencia individual.
No cabe, pues, sorprenderse de la ventaja competitiva del marxismo, que aun incluyendo
bases, metas y métodos equivocados, no rehuye ninguno de los grandes interrogantes del hombre
ante el mundo. En el fragor de las crisis, en el pantano de barro y sangre de las trincheras,
cuando el ser humano se plantea el origen y el sentido de su existencia, el porqué de tanto sufrimiento,
el marxista a su lado contesta todas sus preguntas: “No hay Dios; no hay espíritu; no hay
trascendencia sobrenatural; sólo hay materia eterna que evoluciona o se revoluciona conforme a leyes
físicas infalibles”. Así le dice, con franqueza brutal y extraviada. Y así también le va explicando el
principio del mundo, su destino, las reglas inexorables de la historia, la causa de las guerras y de
todas las injusticias, las únicas soluciones definitivas.
¿Qué hace, entre tanto, el capitalismo? Sigue invocando a Dios en sus discursos y negándolo
en sus obras. Sigue olvidando que bebió en las mismas fuentes filosóficas en que abrevó
el marxismo: las del naturalismo pagano, las del economicismo aberrante, las del racionalismo
cientificista Resulta así coherente que el núcleo espiritual —si así se lo puede calificar— del
capitalismo es su fe prioritaria en la fecundidad del dinero, la adoración del becerro de oro.
Consiguientemente, la suprema ley del lucro como regulación primera y última de la economía.
No menos coherente viene a ser la tendencia concentracionaria del poder económico, fatal en
el proceso capitalista. Y otro corolario inevitable es la división horizontal de la sociedad: arriba,
sólo los que deciden; abajo, los que sólo reciben.
Esta estructura implica una abierta convocatoria a la lucha de clases, que desde el capitalismo
se imputa exclusivamente al marxismo.
Señor presidente: esta digresión en que he analizado la realidad social y algunos de los enfoques
doctrinarios surgidos de ella, ha procurado poner en claro la verdadera amplitud y profundidad

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de los frentes de lucha. En vano se pretenderá erradicar la guerrilla y las desviaciones ideológicas
de la extrema izquierda, matando gente y encarcelando ideas. En vano se pretenderá reducir el
prestigio de la violencia, si el propio “orden establecido” empieza por prestigiarla al erigirla en su
respuesta preferida y al mostrarse incapaz de deslindar responsabilidades, de modo convincente,
con la orgía de sangre ejecutada por la extrema derecha.
Sólo una profunda reforma de nuestra vida política, instituyendo la participación efectiva
de cada hombre y de cada grupo social en las diversas escalas de decisiones; sólo un desarrollo
económico audaz y armonioso, que integre al país hacia adentro y hacia afuera; sólo la socialización
comunitaria —no totalitaria— de los actuales centros de dominación económica y cultural;
sólo una política internacional realmente soberana y visionaria, que realice el destino nacional
en función del destino latinoamericano; sólo el saneamiento moral del país; sólo la capacidad y
la abnegación requeridas para ensamblar estos objetivos nacionales en la mística de una nueva y
grande empresa argentina, convocadora —con la palabra y el ejemplo— de todos los hijos de esta
tierra y particularmente de sus jóvenes; sólo todo esto, señor presidente, puede ser eficaz para
aislar primero a la guerrilla, quitarle después toda substentación y emplazarla finalmente con el
apoyo activo de la población entera a afrontar este dilema: paz total o guerra total.
Este es el criterio con que quien habla ha encarado la presente iniciativa y los problemas en
ella involucrados. Dejemos de encerrarnos en círculos concéntricos —jurídicos y bélicos— de
defensa, con lo cual nos condicionamos a vivir psicológicamente a la defensiva, y, por ende,
derrotados de antemano. Pasemos resueltamente a la ofensiva, despertados y acicateados por la
subversión, enfrentados al gran desafío de superar pasado y presente con la construcción de una
nueva sociedad.
No he querido detenerme en el análisis jurídico del asunto, porque me basta con adherir a la
exposición del señor diputado Musacchio. Tampoco me he orientado al estudio geopolítico de la
cuestión, porque me remito a las tesis sustentadas por el señor diputado Sandler. He deseado, en
cambio, poner el énfasis en las características principales de las ideas, estructuras e instituciones
vigentes en la República, y de los procesos consiguientes, para destacar sus puntos neurálgicos,
clamar desde esta banca —una vez más— por los urgentes y fundamentales cambios necesarios
y señalar, de tal manera, el único camino adecuado para la superación de este trance sangriento
que aflige a la Nación.
Podemos sí sancionar un proyecto con graves errores parciales y con una equivocada filosofía
general, solamente porque se trata de mejorar la instrumentación legal preexistente en cuanto a
Defensa Nacional, ya que no se mejora nada con respecto a seguridad nacional.
Pero no tenemos derecho a eludir estas reflexiones de fondo, precisamente porque formamos
parte del Congreso Nacional. Si bien todos los funcionarios públicos tienen el deber de
razonar, es notorio que el Poder Ejecutivo es el órgano de ejecución de las normas que elabora
el Congreso, en tanto que el Poder Judicial se ve constreñido a interpretar y aplicar esas normas
sin poder tampoco modificarlas.
Por lo tanto, el Poder Legislativo, fragua de las leyes, es el que está más convocado a pensar
cada uno de sus pasos. Si nosotros no pensamos suficientemente, nadie habrá de cubrir nuestro
déficit. Y no tendremos tampoco autoridad para quejarnos de eventuales abusos o de que las propias
Fuerzas Armadas no han aportado mejores ideas. No son ellas las encargadas de proyectar
las leyes ni de tramitarlas hasta su sanción.
Si nosotros no somos capaces de ver los problemas en su dimensión total, estaremos engañándonos
y engañando a las Fuerzas Armadas, a las cuales les exigiremos eficiencia en su lucha,
puramente bélica, con el duro costo de sus vidas, mientras en la retaguardia los dirigentes políticos
no habrían tenido la lucidez, el coraje y la honestidad necesarios para erradicar la subversión
de verdad; o sea, como la palabra lo dice, para eliminarla desde sus raíces.
Sr. Presidente (Porto).—Tiene la palabra el señor diputado Horacio Fidel López.
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Sr. López (H. F.).—Me alegra que presida la Honorable Cámara en este preciso momento el
doctor Jesús Porto, porque en el tema que hoy nos toca tratar, que es el de la violencia, desde su
banca ha dado un alto ejemplo de valentía. No exagero en nada si digo que para defender principios,
para defender ideas, el señor diputado Porto ha puesto en serio riesgo su propia vida.
Luego de esta casual introducción, he de referirme a este proyecto de ley de Defensa, pero
para utilizar la terminología castrense, ya que esta iniciativa ha sido gestada desde las Fuerzas
Armadas, la denominaré simplemente ley de seguridad interna. No existe cabalmente una ley de
Defensa.
Los señores diputados han escuchado extensas exposiciones sobre lo que debe constituir una
ley de Defensa. Nosotros tenemos que decir por qué estamos tratando esta iniciativa, cuáles son
los problemas que afligen al país, y qué es lo que debemos modificar del actual ordenamiento jurídico
a fin de adecuarlo a las circunstancias que vivimos. En definitiva, tenemos que determinar
cuáles son las normas que deben regir para solucionar estos problemas.
Si hablamos de una ley de Defensa debemos preguntarnos qué es lo que estamos defendiendo
aquí. ¿Se trata de defender simplemente el territorio nacional, el patrimonio de la Nación, o estamos
defendiendo realmente lo que corresponde, que es el pueblo de la Nación Argentina y esa
Constitución que todos, por otro lado, hemos jurado defender?
El concepto básico de defensa, en la paz y en la guerra es la conjunción de las fuerzas, la suma
total del potencial nacional para el logro de objetivos comunes, de bien común, civiles y militares
integrados en una sociedad y no en grupos casi antagónicos, que se alternan en el poder por la
ley, por la razón o por la fuerza; o, como se dice popularmente, por el voto o por las botas.
El ministro del Interior ha anunciado hoy, poniendo una nota de optimismo, que el 25 de
mayo de 1977 se hará cargo el nuevo gobierno elegido por el pueblo. Ojalá que el señor ministro
del Interior no se equivoque, y que desde su ministerio posibilite y se concrete esa aspiración para
no incurrir en error. No es una cuestión de voluntad; hay que producir los actos que posibiliten
que la ciudadanía vuelva a ser el único árbitro para renovar este gobierno.
He dicho que si se cumple lo que anunció el ministro se va a romper un maleficio que arranca
en 1922, porque desde ese año —y esto aunque sea conocido sorprenderá a quienes lo escuchan,
pues me sorprende cada vez que lo repito— en la República Argentina el pueblo no ha vuelto a
elegir a un presidente civil que haya terminado su mandato. Desde el año 1928 ningún presidente
civil argentino pudo llegar a cumplir cuatro años de su mandato; ningún presidente civil elegido
por el pueblo pudo entregar el mando a otro presidente civil elegido por el pueblo.
¿Quién nos gobernó, cómo nos gobernaron desde el año 28 hasta la fecha? Acá no es cuestión
de que un grupo político quiera cargar los grandes males que soporta el país a las Fuerzas
Armadas, ni que éstas desconozcan la historia reciente. En una rápida enumeración puedo decir
que en los 45 años transcurridos desde 1930 hasta la fecha, durante 30 años la presidencia de la
República ha sido ejercida por un general de la Nación y durante 15 años ejercida por civiles. Once
generales en catorce turnos ejercieron la presidencia de la República: Uriburu, Justo, Ramírez,
Rawson, Farrel, Perón, Lonardi, Aramburu, Onganía, Levingston y Lanusse. Los presidentes civiles
en ese lapso de 45 años, vida útil de una generación, fueron: Ortíz, Castillo, Frondizi, Guido,
Illia, Cámpora y Martínez.
¿Cuáles son las consecuencias de este sucederse de civiles y militares en el gobierno? ¿Por falta
de una continuidad política, como aquí se enunció, no hay un plan nacional ni una política internacional
a la que todos los gobiernos deban servir? De paso haré alusión —porque aquí se trató
y se mencionó— al problema de las fronteras vivas. Me aflige poco el problema de las fronteras
vivas porque es una situación física que podemos remediar. Se pueden tomar medidas físicas
para contrarrestar esa ofensiva diplomática, pero lo que no podrá recuperar jamás la Argentina
por ese desacierto en su política internacional es ese avance en la diplomacia, que nos perjudica.
Me duele más el problema de Itaipú, me duele muchísimo más que no podamos aprovechar

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Corpus o que esa singularidad geográfica del Paraná no pueda estar al servicio de todos los países
americanos a los que riega y que la gran perjudicada sea la República Argentina. Me duele más
que, por los años perdidos, nuestra diplomacia no haya estado preparada para decir no desde el
principio a la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE), y que durante este período
de gobierno la torpeza de nuestros representantes casi nos lleve a admitir respecto del problema
del Paraná una tesis que nos perjudicaría.
El 11 de marzo de 1973 se abre una gran expectativa nacional: el pueblo de la República recupera
su soberanía, concurre a las urnas y elige a sus mandatarios. La gran particularidad que
tuvo la elección fue que los grandes partidos mayoritarios hablaron antes de ese acto y se comprometieron
a lo que iban a hacer. Hubo compromisos programáticos y compromisos políticos
para que el partido gobernante no fuera jaqueado ni fuera el adversario al que había que despojar
del poder por cualquier medio. Esos compromisos políticos se empezaron a cumplir el mismo
día en que escuchamos aquí el mensaje presidencial. En un palco de este recinto estaban los representantes
de todos los partidos políticos, rivales entre sí; pero ellos coincidían y —diría más—
deseaban que este gobierno respondiera a todas las expectativas y despejara todas las incógnitas.
Uno de los primeros actos de este gobierno, medida que ahora es muy criticada por los ciegos,
por los que no ven el porvenir, por los que me atrevería a decir que no piensan en el futuro
de sus hijos, por los que creen que la Argentina termina al terminar sus propias vidas, fue la
sanción de una ley de amnistía. Aplaudo esa medida a la distancia, cosa que pocos hacen porque
dicen que los delincuentes liberados de las cárceles siguieron matando. En ese momento la sociedad
argentina, por medio de su Parlamento, dio una tregua, dio un ejemplo y una posibilidad de
paz. Muchos de nosotros sabíamos que los que se beneficiaban con esa tregua no la iban a acatar.
Sabíamos que debió ser bilateral. Sabíamos que los que están embarcados en esa guerra ideológica
no son delincuentes comunes, sino que están comprometidos. Pero el gran sentido de la ley
de amnistía fue otro: se quería que los que ya estaban en favor de los métodos violentos eligieran
nuevos cauces políticos, que canalizaran sus inquietudes en la democracia, a favor o en contra del
gobierno de turno, pero que democráticamente pudieran expresar sus ideas. No nos interesa que
hayan continuado en la guerrilla ni que a los parlamentarios se nos señale con el dedo diciendo
que liberamos a los hombres que continuaron matando; también hubo parlamentarios muertos,
y habrá más parlamentarios, civiles y militares muertos por obra de la incomprensión. Y ése fue
un acto de comprensión nacional; se quería evitar —repito— que se siguiera reclutando gente
para la guerrilla. Sin duda se logró el objetivo, aunque no se pueda dimensionar su resultado.
Hoy, después de esa tremenda inestabilidad y falta de continuidad constitucional, está nuevamente
en peligro lo que creíamos iba a ser una nueva etapa democrática del país. Me he referido
ya a lo dicho por el ministro del Interior en el sentido de que habrá elecciones en 1977, de que
llegaremos a ese día cada vez más lejano de 1977. El radicalismo siempre lo quiso así y hará todo
lo posible para que el pueblo pueda votar y decidir, comprometiéndose a acatar el resultado del
acto soberano del pueblo.
Pero hoy, cuando tratamos el tremendo problema de la violencia que implica este proyecto
sobre seguridad interna, porque ése ha sido el leit motiv para que este proyecto llegara aquí, vemos
el panorama ensombrecido por aquellos que siguieron matando y que quisieron imponer
su método de lucha. No lo digo para aprovechar la dramática coyuntura actual y poder criticar
desaciertos del gobierno, pero podría transcribir palabras de gente que pertenece o perteneció al
gobierno, que señala errores, lo que es aprovechado por la prédica guerrillera para que nuestros
jóvenes universitarios y militantes gremiales puedan ser seducidos diciéndoles que aquí no hay
otra solución que luchar arriesgando la vida, utilizando para ello el crimen político, crimen que
ha tenido gravísimas consecuencias para la República.
Por suerte, por la comprensión de dos grandes dirigentes de los partidos mayoritarios, ese
crimen político tiene hasta ahora efectos localizados. Pero hubo un momento en que llegué a
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temblar, como todos los que comprendieron la situación, por las consecuencias que podría tener
un crimen de gran resonancia política. Fue el día que nos comunicaron el secuestro y posterior
asesinato del general Aramburu.
El general Aramburu era el símbolo del antiperonismo, era el hombre de la revolución
libertadora. Si la guerrilla, de derecha o de izquierda, hubiera estado armada y preparada con
los métodos que tiene en la actualidad, y los mismos autores, después de matar a Aramburu
hubieran matado a un dirigente peronista, dejando de leyenda de “uno por uno” o de “ojo por
ojo”, y a la semana siguiente se hubiera seguido con la misma “travesura”, llegando al 2 por
1, al 2 por 2, al 3 por 2 y al 3 por 3, ya la “travesura” hubiera logrado su objetivo: el caos hubiese
estado instalado en la República y la guerra civil —que está para siempre desterrada de la
Nación— hubiera estallado. Los que hoy nos estrechamos la mano hubiéramos sido enemigos
en diferentes trincheras.
Dos hombres, Perón y Balbín, comprendieron el problema. Fueron adversarios y se dieron
por primera vez la mano casi en el ocaso de sus vidas políticas. Ellos despejaron para siempre el
fantasma de la guerra civil en la República Argentina.
La guerrilla comprende el problema; la guerrilla no puede desarrollarse donde hay democracia.
Se desarrolla en los lugares y en las condiciones que expuso con lujo de detalles el señor
diputado Sandler. Pero aquí, nos guste o no nos guste, y éste es un hecho que con objetividad
lo presentamos, ha proliferado y sigue proliferando: Azul, Tucumán, Formosa, Catamarca, son
realidades nacionales. No me consta, pero debo creer lo que ha dicho el señor diputado, de que
la guerrilla está en las fábricas.
Lo que más repudiamos de la guerrilla es su método: el crimen político para lograr sus objetivos,
para tratar de adueñarse del poder.
La guerrilla no se engendró durante el gobierno radical. El tiempo se encarga de sellar los
labios de los que se equivocan políticamente. Fue la pluma paga de un periodista la que inventó
la frase “vacío de poder”. Fue un gobierno honesto, respetuoso de la Constitución y de todos los
derechos, y le dijeron que no tenía autoridad. Y hoy vemos que era el gobierno más fuerte porque
su autoridad emanaba de su honradez y del cumplimiento estricto de la Constitución Nacional.
Esa guerrilla —que nos dio el tema para la sesión de hoy— ha sido, desde luego, combatida
por la sociedad argentina. Y, ahora viene lo que es más duro de decir, aunque ya lo hayamos
empezado a oír en parte.
Hemos de vencer al miedo para salvarnos, y no pregonar que no tenemos miedo, porque el
terror pasó ya de la venganza directa al protagonista, para extender también su mano homicida
a los familiares de esos protagonistas. Si hay muchos capaces de sacrificar la propia vida, sé también
que son capaces de dar un paso atrás cuando saben que su esposa, sus hijos, sus familiares,
están en peligro. Esa parte es mucho más sensible, y ellos, saben que los militantes políticos son
sensibles. ¡Hasta eso se ha llegado! Ya no está segura la familia de los hombres comprometidos
ideológicamente en la República.
Dije que hubo una respuesta casi inmediata a la guerrilla. ¿Y cuál fue la respuesta de la sociedad
argentina? ¿Cuál será nuestra respuesta cuando nos pregunten en el exterior? Allí no nos
dirán quién es peronista, quién es radical o quién pertenece a otro partido político. ¿Cuál fue
nuestra respuesta? ¿Qué ley cumplimos?
Nosotros, como dijo Sueldo, nos decimos cristianos. ¿Cumplimos la ley de Dios? ¿Cumplimos
el quinto mandamiento que ordena no matar? ¿Cumplimos la Constitución Nacional que proscribe
para siempre la pena de muerte por causas políticas? ¿Se respeta el Código Penal que, desde
luego, prohíbe la pena de muerte? No. La sociedad argentina utilizó los mismos métodos de
lucha; y aquí, en esta Cámara, se denunció la existencia de una organización homicida. Se dio el
nombre del supuesto jefe que tenía actuación pública publicitada, contando con periódicos que
apoyaban su acción. Las “Tres A” eran una realidad; amenazaban a civiles, militares, dirigentes

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políticos, etcétera, y eran las que imponían el terror y un miedo tal que nadie se animaba a contradecirlas.
Eran también un poderoso instrumento de dominación.
Por eso nosotros, que siempre estuvimos contra la violencia, que no engendramos y que queremos
combatirla, no nos conformamos, como bien se dijo, con la acción directa. No queremos
apagar el incendio y dejar que se siga quemando la manzana de al lado e ir detrás del fuego que
se propaga. Queremos evitar el incendio total de la Nación. Estamos contra la violencia y contra
sus causas. Por eso, para solucionar el problema de la violencia debemos plantearlo —y aquí ya
se ha hecho— in extenso y en sus justos términos.
Primero y principal: tenemos que dejar de decir que esos jóvenes son delincuentes comunes.
Esos jóvenes son delincuentes porque violan el Código Penal pero cometiendo delitos políticos.
Si nosotros ubicamos bien el problema recién empezaremos a tener posibilidad de encontrarle
alguna solución. No aceptamos, por eso, que en esta ley de seguridad interna se nos hable de
“conmoción interior”, concepto que tiene contenido jurídico permanente. La ley utiliza la palabra
“subversión” en otro de sus artículos y debe utilizarla en substitución de los términos conmoción
interior. No podemos dar a las cosas otro nombre. Las cosas son lo que son y no lo que
se dice que son.
Se argumenta aquí —lo dijo el diputado Moyano repitiendo palabras de asesores militares—
que no se puede hablar de guerra porque sería jerarquizar al enemigo y darle algunos derechos
—yo no lo creo— de la Convención de Ginebra. Pero como las cosas son lo que son, hay alguien
con autoridad que se encarga de decirlo. Lo dijo hace un momento un diputado; lo dijo el señor
Rébora cuando se hizo cargo de la Secretaría de Prensa y Difusión. Su primer párrafo fue bien
clarito: “Llego a este cargo consciente de que estamos en guerra”. Repito, cambiando cargo por
función: “Llego a estas funciones consciente de que estamos en guerra”, y termina: “vengo, pues,
consciente de que estamos en guerra”.
Vale decir que nosotros tenemos que legislar conforme a los hechos reales, y los hechos reales
podrán justificar alguna medida que se quiere tomar, pero siempre respetando la Constitución
Nacional. Nosotros, señores diputados, queremos respetar totalmente la Constitución Nacional.
En el propio mensaje del Poder Ejecutivo —no quería llegar ya a la ley, para hacer antes otras
consideraciones— se dice con toda claridad: “…el instrumento legal que vinculará tan trascendente
función del Estado debe asegurar, respetando la esencia de los principios constitucionales…”,
etcétera. Si yo soy respetuoso de los principios constitucionales lo digo lisa y llanamente; respeto
los principios, pero sin introducir una distinción: este principio tiene una esencia y tiene otra
cosa que no es esencia. Toda esa cosa, cuya dimensión y proporción no sé cuál es, aquí se está
diciendo que no me la van a respetar, y yo no sé si la esencia, que debiera ser lo más importante,
serán las garantías que como ciudadano quiero que tenga vigencia. Y es más; si estamos legislando,
se parte del principio de que lo hacemos de acuerdo a la Constitución. Esto tendría que ser
obligación mencionarlo en todas las leyes; pero como no tiene sentido hacerlo, cuando se quiere
legislar de acuerdo a la Constitución, ni siquiera se la nombra, porque es algo sobreentendido.
En los fundamentos del proyecto se nombra varias veces a la Constitución Nacional, y yo creo
honradamente que se la está vulnerando peligrosamente, y acoto “peligrosamente” porque la
ley no va a cumplir sus objetivos y porque después, como dijo el señor diputado Arigós, tirios y
troyanos podemos ser víctimas, como el señor Guillotin, de la ley que nosotros damos hoy —y
solamente hoy— cuando somos poder legisferante.
Dijimos que queríamos llamar las cosas por su nombre. Como ha habido varios oradores,
algunos de ellos han coincidido en hacer citas que tienen la característica de ser esclarecedoras y
de fuentes insospechadas. Yo traía una cita —que el señor diputado Sueldo ya leyó de un artículo
periodístico que lleva el título de La voz de la Iglesia— de monseñor Zaspe, a quien con toda seguridad
no se lo puede enrolar en la guerrilla de izquierda ni la represión de la derecha, ni acusársele
de ser auxiliar o apoyo logístico de alguna de esas macabras organizaciones. Dijo monseñor
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Zaspe: “La Argentina se reconstruirá cuando se recupere de su crisis de sinceridad; cuando cada uno
diga lo que tenga que decir, y pueda decirlo; cuando cada ciudadano y cada institución haga lo que
deba hacer; cuando la Patria valga más que un partido y el partido que actúe lo haga en clave de
Patria; cuando la denuncia sea investigada y el sinvergüenza castigado; cuando la realidad desplace
el ensueño, las leyes se apliquen a todos y la justicia sea pareja para todos. La Argentina puede salvarse
y debe salvarse, pero desde la sinceridad y la verdad, la objetividad de la justicia y la energía del
amor. Padecemos una tremenda crisis de sinceridad. La Argentina ha aceptado vivir en el pecado”.
No deseo abundar en otros conceptos de esta homilía, pero solicito que se inserte en el Diario
de Sesiones la parte que figura en la publicación que acabo de leer.
Dijimos que la sociedad argentina había dado una mala respuesta a la acción directa de la
guerrilla. Eso no solamente es anticristiano, inmoral, inconstitucional e ilegal sino que es inefectivo
y constituye un tremendo peligro para la democracia. Aquí se sigue la lucha de lo que se ha
denominado extrema izquierda combatiéndola con los mismos métodos de la extrema derecha,
y la República entera va a ser espectadora de esa lucha. Pero como las dos fracciones aspiran a
tomar el poder por la fuerza, tarde o temprano una de las dos logrará su objetivo, y la democracia,
representada por los partidos políticos, será el convidado de piedra. Gane la izquierda o la
derecha, siempre perderá la democracia argentina.
Con esta introducción llegamos al articulado de este proyecto de ley llamado de defensa, pero
que califico, reitero, como ley de seguridad interna. Debemos decir que no se aplicó desde 1948
y que la parte realmente importante, la que tiene trascendencia política, la que puede vulnerar
seriamente la Constitución, es nueva, y se encuentra del artículo 30 en adelante, sin perjuicio,
luego, de hacer reparos constitucionales a otros articulados.
En la primera parte encontramos algunos artículos que son simples definiciones, pues no
agregan ni quitan nada. Otros, en cambio, ratifican claras atribuciones, constitucionales, como
el artículo 6 o , que establece que “al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la
Nación, compete la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional; y como
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas”. Desde luego, lo que
está señalado en la Constitución no tiene por qué expresarlo una ley.
Solicité al señor miembro informante que aclarara —y así lo hizo— la situación jurídica de
los gobernadores y de las Legislaturas provinciales cuando se declara el teatro de operaciones,
declaración que efectúa el presidente de la República a propuesta del Comité Militar.
Observamos también —y cuando se trate en particular abundaremos en mayores fundamentos—
que este proyecto fue tomado de la ley que firmó el general Onganía en la época en que las
Fuerzas Armadas tenían o creían tener poder legisferante, que emitían decretos leyes, que nosotros
denominamos “mal llamadas leyes”.
En esa época, el Comité Militar cogobernaba y el presidente de la República era elegido por la
Junta de Comandantes. Entonces, era lógico que en esas circunstancias ese Comité Militar —que
debía ser el único comité abierto en el país— propusiera al presidente de la República el nombre
del comandante del teatro de operaciones; pero ahora, que hay un presidente elegido por el pueblo,
los comandantes no tienen por qué proponer al presidente quién ha de ser el jefe del teatro
de operaciones.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia informa al señor diputado López que ha vencido el
tiempo reglamentario de que disponía para su exposición.
Sr. López (H. F.).—Le agradezco la información, señor presidente, pero igualmente le concedo
la interrupción al señor diputado Lazzarini.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Deseo aclarar al señor diputado que los comandantes solamente proponen.
La designación la realiza el presidente de la República que entre nosotros generalmente es un

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civil. Por lo tanto, es natural que cuente con el asesoramiento del ministro de Defensa, que preside
el Consejo de Defensa, y de los tres comandantes.
El Comité Militar está compuesto por el señor ministro de Defensa, que lo preside, y los tres
comandantes generales de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, es lo más natural que el presidente
de la República que, repito, normalmente es un civil, y que incluso puede estar alejado de
las posibilidades de mando, cuente con el asesoramiento correspondiente. Este es el espíritu y la
letra de la ley.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Horacio Fidel
López.
Sr. López (H. F.).—Agradezco la gentileza del señor diputado Lazzarini, pero no comparto
ese criterio.
Si la ley no dijera nada, seguramente que seguirán siendo asesores en su materia los comandantes
generales de las Fuerzas Armadas y todos los subordinados del Poder Ejecutivo. Sin
embargo, en el despacho se habla de proponer, y yo pregunto: ¿qué conflicto se crearía en el supuesto
—y esto parece algo formal— de que el primer propuesto sea rechazado, y que ocurra lo
mismo con el segundo, el tercero y el cuarto?
Aquí se crearía un problema innecesario, porque el presidente de la República tiene suficiente
autoridad constitucional para recabar los informes indispensables y auscultar el criterio de las
Fuerzas Armadas, cosa que desde luego debe hacerse, pero sin que se exprese concretamente en
la ley, porque esto, sin ninguna duda, es una disminución de las atribuciones del Poder Ejecutivo
inserta en una ley llamada de Defensa Nacional.
En el artículo 28, cuando se hace referencia a la totalidad del gobierno civil, la interpretación
del señor diputado Lazzarini, que siempre es constitucionalista, no se desprende del texto de la
ley, no se desprende de la interpretación literal.
Por otro lado, el señor diputado Massolo señaló que la determinación de la zona de emergencia
no puede ser declarada por el Poder Ejecutivo y simplemente comunicada al Congreso sin dar
plazo para esa comunicación y sin considerar si está sesionando o no el Parlamento argentino.
Si es atributo constitucional en el estado de sitio —y acá no entraremos a ahondar el debate, por
falta de tiempo— tanto más lo será en una zona de emergencia. Porque aquí se pueden dictar
bandos y aplicarse la pena de muerte con juicio sumarísimo; y —tenemos que decirlo, aunque ya
sea al final de mi exposición— todo ello puede ocurrir y sin la menor garantía —hasta quizá por
una simple venganza personal—, por medio de organismos de seguridad que no están preparados
ni capacitados para resistir hasta tal vez simples tentaciones. Y en más de un caso, cuando
este personal va a proceder a efectuar allanamientos, ratea al pueblo, tal como ha sucedido en
infinidad de casos que han sido denunciados. Pero éste es un atributo también de la otra organización
derechista. En el caso del homicidio —como es de público conocimiento— de Felipe
Rodríguez Araya, no le respetaron la vida ni tampoco, en ese mismo momento, su patrimonio,
pues se alzaron con cuanta cosa de valor había en su casa.
Si esa gente es la que va a dar el informe; si esa gente es la que va a indicar quién y cuándo está
trasgrediendo un bando, y se substancian juicios sumarísimos, yo no creo que vaya a haber un
solo habitante del país que pueda estar seguro. Por eso aquí se deben tomar los mayores recaudos,
a fin de que esta ley —que debe ser dictada conforme a lo que prescribe la Constitución— sea
realmente efectiva. Que esta ley no sólo tenga el apoyo del Parlamento, con las modificaciones
que nosotros habremos de proponer, sino que también tenga el respeto y el respaldo del pueblo
al que le va a ser aplicada. No se puede combatir a la guerrilla ni con las Fuerzas Armadas ni con
todos los organismos de seguridad, ni con una ley de defensa si no se cuenta con el apoyo y la
comprensión de todo el pueblo argentino. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Portero.
Sr. Portero.—Los diputados intransigentes afrontamos este debate entendiendo que ofrece
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una excelente oportunidad para definir los alcances y la connotación que damos al término “nacionalista”.
Nosotros nos sentimos con vocación y conducta nacionalista. Pero aspiramos a que
cuando se plantean discusiones y trabajos en el Parlamento sobre leyes que contienen el término
“nacional” como nota distintiva, adicionado al contenido específico de la norma proyectada,
estemos de acuerdo en cuál es su concepto y su alcance. Porque para nosotros la tabla de valores
adoptada por la República, mejor dicho por la Nación Argentina, reconoce prioridad absoluta al
concepto del hombre en el marco de la libertad que le permita alcanzar dignidad y recibir seguridad
de la sociedad en que vive.
La Nación que está conformada jurídicamente no obtiene las notas distintivas —en el caso
de la Argentina— solamente del texto constitucional e inclusive de su Preámbulo. Nuestra
Constitución formal es la de 1853 y las variantes que hubieron desde entonces hasta aquí. Nuestra
Constitución substancial, que es la más importante, se integra con los conceptos de régimen republicano
representativo federal, vigencia de la democracia, afirmación de la soberanía nacional,
implantación de la justicia social y existencia de un pluralismo político; insisto, teniendo
como destinatario único al hombre y como condición fundamental la libertad. De tal manera, la
Defensa Nacional ha de servir no solamente para defender objetivos y políticas de turno o afrontar
amenazas y perturbaciones de coyuntura, sino para afirmar ese modelo de vida y de nación
que desde hace mucho tiempo hemos adoptado los argentinos y nos da personalidad singular en
el mundo. Somos un país solidario con los otros pueblos pero, además, somos un país único, un
país con destino peraltado, como decía Ortega y Gasset.
Esto de la Defensa Nacional exige ponernos de acuerdo en la importancia que tienen las palabras,
por la fidelidad que debemos guardar a los conceptos. Es indispensable que de la norma, del
contexto y de su elaboración en particular, resulte perfectamente obtenida la finalidad contenida
en aquella denominación.
Nosotros aceptamos que la doctrina nacional y la específica de aquellos organismos que han
estudiado todo lo concerniente a la Defensa Nacional le den un sentido único, unívoco, al término
“objetivos nacionales”. Y nos remitimos así a las notas configurativas del modelo nacional.
Llamamos también objetivos políticos a las metas posibles, orientadas por aquellos objetivos nacionales;
políticas nacionales a los cursos de acción y estrategias al análisis de los medios y cauces
disponibles para implementar esas políticas.
Pero todo este campo de la estrategia y la defensa está integrado por varios sectores o subsectores
que atañen al campo o poder político, al campo o poder económico, al campo o poder social
y al campo o poder militar, tendientes todos a procurar a la Nación la seguridad, aquella que
esta ley y las anteriores definen como la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y el
logro de los objetivos y políticas nacionales se hallan a cubierto de perturbaciones substanciales.
Y aquí aparece la primera observación que sometemos a la consideración de la Cámara. La
concepción de la seguridad se ajusta, simplemente, a los requerimientos específicos de una época
histórica y a los objetivos que la comunidad se fija. Por ende, la seguridad está involucrada en
todas las actividades de la Nación. No existe un campo restringido, confiado exclusivamente a
una de las partes del poder nacional. Por ello, no aceptamos que se enfoque el tema exclusivamente
desde el punto de vista de una doctrina, como puede ser la del poder militar, ni tampoco
que la discusión sea perturbada o alterada por circunstancias, como la conmoción interior o el
conflicto interno.
Nosotros creemos que la Defensa Nacional, que abarca todos los campos, debe ser tratada
con perspectiva de proceso y no con perturbación de coyuntura, porque si bien somos políticos
y vivimos en esta Argentina 1975, debemos estar resguardados de tal perturbación. De lo contrario
—como ocurre en varios artículos de este proyecto— la coyuntura entrará pisando tan fuerte
en la sanción de la Cámara que en definitiva, en vez de apuntar a la defensa las normas a dictar,
posteriormente aparecerán disociadas de la realidad, porque estarán dirigidas a la mira exclusiva

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de uno de los aspectos parciales, perturbándonos en el rumbo y haciéndonos olvidar que la concepción
de la defensa es integral.
Los intereses vitales de la Nación exigen, evidentemente, que se observen los principios esenciales
para poder continuar siendo Nación en el futuro, no con un simple concepto existencial
de que la Nación sobreviva como Estado soberano, sino que la Nación sobreviva conforme al
modelo argentino, con las notas distintivas que he señalado precedentemente. De otro modo, si
defender los intereses vitales de la Nación consistiera solamente en apuntalar las decisiones de
sus poderes de jure o de facto, aun cuando contrariaran el estilo de vida argentino, estaríamos
prestando un mal servicio a la Nación y aceptando que bajo el ropaje de decisiones de los poderes
se estuviera traicionando el verdadero designio de los intereses de la nacionalidad.
Por eso —lo digo tangencialmente— es muy importante que el país tenga un modelo nacional.
Este fin, que proclaman muchos sectores, que anunció el general Perón en su último mensaje,
que propicia la convención nacional de mi partido y al que acaban de referirse las autoridades
del gobierno y del partido oficialista, resulta indispensable para que al hablar de la Defensa
Nacional sepamos qué proyecto concreto estamos defendiendo y no simplemente la temática o
la problemática del equipo de turno llegado al gobierno, o que los grupos de poder muestren al
resto de la comunidad organizada, cambiándole a su antojo, según la alineación ideológica, el
enemigo a combatir o los objetivos a sostener.
Del proyecto nacional surgirán el estilo de vida común, el gesto característico de nuestro
pueblo, las expresiones soberanas de nuestros intereses y la afirmación de una cultura propia. El
proyecto que consideramos contiene implícitamente estas cosas pero no las destaca lo suficiente,
y nos parece fundamental que fuera más claro y más explícito. En la Argentina hace falta mostrar
al pueblo, en su totalidad, cuál es la concepción de país en la que debemos estar unidos, para
que el pueblo y las Fuerzas Armadas entiendan que no solamente es cuestión de coordinar las
respectivas acciones sino de constituir una integridad indisociable dentro de un plexo de valores
aceptados como fundamentales.
Clásicamente se advertía que las perturbaciones capaces de afectar los intereses vitales de la
Nación eran externas. En este aspecto, el de la preservación de la Nación como Estado soberano
y de los conflictos suscitados a través de las fronteras no existen dudas, y todos los sectores de
la Cámara coincidimos firmemente en favor de la ley de Defensa. Pero hay que computar algo
más. En el proyecto nacional, en los objetivos y en las políticas a fijar es necesario tener en cuenta
que la agresión puede provenir no sólo de otros Estados sino también de grupos de intereses que
persiguen una política imperialista, política utilizada por los de afuera para tratar de alterar el
statu quo y constituir un imperio mundial, una hegemonía continental o una preponderancia
estrictamente localizada.
En consecuencia, no hay que descartar ni en el modelo, ni en la doctrina ni en la estrategia
nacional las hipótesis de conflicto y de guerra con cualquier país o grupo del mundo. Por eso nos
preocupa —no por lo que se ha dicho en la Cámara, sino por lo que se dice y publica fuera de
ella— que el debate se haga únicamente en función de un hecho coyuntural en lugar de significar
una toma de posición en el mundo real en que vivimos. Pareciera, según los voceros de una
tesis reaccionaria y cavernícola, que el conflicto solamente puede provenir de la penetración de
ideologías socialistas o marxistas. Sin advertir que también puede venir de cualquier otro país,
aún de nuestro propio continente y de nuestra América latina. Razones de prudencia y de patriotismo
me impiden nombrar un Estado respecto del cual, como saben los señores diputados,
puede configurarse en cualquier momento no sólo una hipótesis de conflicto sino también una
hipótesis de guerra.
De modo tal que hay que abrir el campo de observación cuando hablamos de la Defensa
Nacional. También la guerra revolucionaria, su concepción y doctrina, sobre las que tanto se ha
escrito, así como las experiencias ocurridas en el mundo, obligan a interpretar y afrontar estos
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fenómenos en el campo interno. Pero con una diferencia: en tanto la guerra de país a país solamente
se regula por las normas del Derecho de Gentes, previsto en nuestra Constitución como
elemento condicionante, la defensa de la Nación dentro de nuestras fronteras no puede ser hecha
en cualquier forma, sino conforme con nuestro derecho. De lo contrario, dejaríamos que por la
simple defensa formal del Estado —que es la organización jurídica de la Nación— se desvirtuaran
las bases institucionales fundamentales.
Vale decir que no es lícito en la Argentina, conforme con nuestra definición republicana,
representativa y federal, desvirtuar las bases fundamentales de la Constitución Nacional, en sentido
substancial, aun para afrontar exitosamente una lucha en el orden interno que preserve u
obtenga una situación de seguridad.
Tampoco puede ignorarse que la perturbación mayor viene de la situación de dependencia.
Al respecto afirmamos que en una relación de dependencia no hay posibilidad de desarrollo, y la
seguridad que se invoque en la ley es una simple declamación, es la comprobación de la indefensión
total del país y de los intereses vitales de la Nación.
Los párrafos que voy a leer —el nombre de su autor lo reservo para el final— me permiten
omitir más explicaciones sobre este punto. “En una sociedad que se está modernizando, seguridad
significa desarrollo. Seguridad no son armamentos, a pesar de que pueda incluirlos. Seguridad
no es fuerza militar, a pesar de que pueda involucrarla. Seguridad es desarrollo, y sin desarrollo
no puede haber seguridad… Sin un desarrollo interno de al menos un grado mínimo, el orden y
la estabilidad simplemente no son posibles… La fuerza militar puede ayudar a proporcionar ley
y orden, pero sólo hasta el grado en que existe ya una base para la ley y el orden en la sociedad en
desarrollo; es decir, un básico deseo por parte del pueblo de cooperar”. Esto no viene de la doctrina
social de la iglesia ni de ninguna ideología socialista ni menos marxista; esto lo dijo Robert
McNamara, entonces secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos, en Montreal, el
18 de mayo de 1966.
Terminemos los argentinos de mirar las cosas con etiquetas; terminemos con las acusaciones
de tipo ideológico y aprendamos que todos los países en el mundo, menos nosotros, tienen esta
noción clara de cuál es la defensa de los intereses nacionales.
Se requiere avanzar aún más en el análisis de este aspecto, sin creer que los países actualmente
en desarrollo van a recorrer necesaria e históricamente la trayectoria que ya recorrieron los países
desarrollados, porque la brecha abierta entre unos y otros cada día se acrecienta y porque no es
verdad que los países postergados puedan imitar a los otros siguiendo su mismo ritmo y alcanzando
su misma dimensión. Por el contrario, en la desigualdad en el arranque entre un país de
desarrollo acelerado y un país en desarrollo o subdesarrollado —como se lo quiera llamar— la
relación posterior no es de imitación ni de caminos paralelos sino que es de consecuencia, es
decir, de causa a efecto.
Somos subdesarrollados o estamos en desarrollo porque la relación con los países avanzados
es de dependencia. Hablar de Defensa Nacional, de seguridad, de estrategia y no tener en cuenta
que en todos los campos de la actividad nacional se requiere un esfuerzo extraordinario para ubicar
al enemigo que nos impide, en cada caso, achicar aquella brecha y avanzar en la explotación
de los recursos naturales, en la adquisición de tecnología y en la formación de una conciencia
colectiva madura, es decir, en la adopción de un proyecto nacional, significa sólo repetir frases,
más o menos felizmente redactadas en los anteriores textos de las leyes de defensa, pero de
ninguna manera cambiar la suerte que llevamos en el mundo, sobre todo a partir del año 1930,
punto desde el que hemos ido descendiendo en el ranking de los países, siendo superados, prácticamente,
en todos los órdenes de actividades. Las estadísticas están a la vista.
Creemos que Defensa Nacional, seguridad y desarrollo forman una trilogía que, en definitiva,
configura una unidad conceptual y da una ecuación básica cuyo resultado se altera si falta uno de
los componentes, al extremo de que su ausencia neutraliza a los otros. De allí nuestro propósito

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de definir en la ley no solamente el hecho subversivo, sino de ser más explícitos en cuanto a la
definición de las agresiones a las que tenemos que hacer frente.
Nos preocupa todo lo que se agita en estos días. No escuchamos, junto a la invocación real y
cierta de la coyuntura conflictiva bélica que atraviesa el país, que se hable de la Defensa Nacional
contra las agresiones que vienen desde los campos de la inmoralidad, de las tablas de valores de
la sociedad de consumo, o a través del desprestigio institucional, la exhibición de la procacidad
confundida con manifestaciones de cultura, o el desorden por el desorden mismo en episodios
que no tienen absolutamente nada que ver con reivindicaciones laborales, gremiales o planteos
políticos.
No se advierte énfasis en denunciar que las agresiones se dan también en el campo económico,
a través de una deficiente estructura interna, en la inaprovechada explotación de los recursos naturales,
en nuestro relegamiento en materia energética, en el estrangulamiento del sector externo,
provocado por un mecanismo caduco, hecho para la dependencia, que regula nuestro comercio
exterior; en la inacción contra las multinacionales; en el campo técnico-científico, a través de la
supuesta incorporación de tecnología, mediante ventas afortunadas sólo para quien las realiza,
muy pocas veces proveedoras reales de formas de hacer, de cómo hacer y de sistemas técnicos que
permitan acompañar exitosamente el avance tecnológico del último cuarto del siglo XX.
Estas consideraciones nos llevan a observar que, contrario sensu, en vez de ser explícita en el
ataque a todas estas agresiones, la ley es muy explícita solamente en el ataque a la subversión,
además de no definir qué es la subversión.
Ante esas omisiones, hemos propuesto, en el despacho de minoría, definir a la subversión
con el siguiente texto: “A los efectos de esta ley se entiende por subversión toda acción que, no importando
el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, tienda a alterar o impedir el poder
nacional de decisión, expresado a través de los órganos creados por la Constitución Nacional”.
En cuanto a la metodología, la ley nos muestra también una deformación. Hemos dicho
que la estrategia nacional es total. Por ende, no puede confundirse la estrategia nacional en su
totalidad con el concepto parcial de la estrategia militar; si bien es lógico transferir la metodología
de ésta a situaciones de excepción en que por la importancia y singularidad de la agresión la
respuesta fundamentalmente debe darla el poder militar y los otros poderes complementarla con
apoyo suficiente.
Pero la ley es para un proceso, no para esta coyuntura. ¿No significa, entonces, un gran peligro
que la ley, por dar al poder militar cobertura legal para desarrollar cierta acción, termine
asignándole a este grupo importante de la sociedad argentina, sin el cual no se puede hacer una
revolución nacional en Latinoamérica, una situación de excepción que rompa precisamente el
concepto integral de la Defensa Nacional y de la unidad nacional?
Hay una interpretación sociopolítica sobre este problema de la necesidad que los países tienen,
en determinados momentos, de unificar sus esfuerzos y someterse, bajo el rigor de la disciplina
castrense, a la conducción de los sectores militares. Esto vale para la guerra. Pero hay que
tener en cuenta varios aspectos. Ningún grupo de la sociedad admite estar por vida subordinado
a otro. Ningún grupo de la sociedad admite que aunque sea por un tiempo todas sus actividades
estén subordinadas a otro grupo. Y algo todavía más importante: ningún hombre de la sociedad
admite que no se le permita cambiar de grupo. Y por último, no es posible confundir lo temporal
con lo permanente. En la concepción organizativa romana ya se distinguía perfectamente qué era
la militiae y qué era el domi.
La militiae correspondía al tiempo de guerra. Los ciudadanos salían de la ciudad, detrás del
cónsul. Este se revestía con la vestidura escarlata y desde ese mismo momento los ciudadanos
admitían que ya no eran tan ciudadanos sino simples elementos que defendían la unidad y el
interés de la ciudad. Pero cuando terminaba el hecho bélico y, de regreso, volvían a trasponer
la puerta de la ciudad, el cónsul se sacaba aquella vestimenta escarlata y entonces se pasaba a las
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relaciones del domi, de la paz. Desde ese momento era deshonroso y atentatorio contra el orden
interno y el interés de la comunidad querer mantener durante la paz, de las puertas de la ciudad
para adentro, el orden de la guerra, la disciplina y, lo que es más grave, la preeminencia de un
grupo de acción, porque ese grupo estaba capacitado para la guerra y no para el ejercicio del
gobierno en la paz.
Nosotros no queremos, como lo expresa Bertrand de Jouvenel en su obra sobre La soberanía,
llegar a ninguno de los límites absurdos resultantes de contraponer el concepto de Fuerzas
Armadas con el de pueblo, porque —lo he dicho— deben estar unidos en una concepción integral
de la Nación.
Dice Bertrand de Jouvenel: “Permitid a los hombres conducirse en el ejército o en el taller como
en sus casas, domi, y vuestro ejército será derrotado y se arruinará vuestra empresa. Pero, al contrario,
extended a toda su vida y a todo momento la disciplina de la acción y habréis creado entonces el
totalitarismo. La disciplina de la acción es ruda. No es contrario a la libertad prestarse a ello; es muy
conforme a la dignidad del hombre aceptarla para el fin que persigue; el hombre permanece en cierta
manera superior a esta disciplina cuando escoge un grupo de acción a cuyas reglas pliega parte de su
personalidad. Por el contrario, el hombre se ahoga cuando a la pluralidad de grupos de acción en la
sociedad sucede el grupo de acción único que engloba la existencia social toda entera, y hace reinar
sobre la vida toda una disciplina que no se puede aceptar sino circunscrita a unos límites”.
Estamos de acuerdo en que, para ciertos aspectos de la lucha, la Defensa Nacional imponga
la disciplina necesaria para triunfar. Pero hay límites, y esos límites no los vamos a inventar
nosotros; esos límites están dados por la Constitución. Por otra parte, las Fuerzas Armadas, por
boca de sus hombres responsables y sus conductores, afortunadamente vienen repitiendo hace
tiempo que, para ellas, las fidelidades son a la Nación, la Constitución y las leyes. De tal manera
que cuando hablo de los límites constitucionales me estoy refiriendo a lo que la Constitución
prohíbe, a lo que está más allá de lo establecido en la misma.
Aprovechando la liberalidad con que el señor diputado Lazzarini concedió interrupciones,
hablamos ayer de esos límites al dialogar sobre la interpretación de la Constitución y las doctrinas
que las sucesivas Cortes actuantes a partir del año 1958 vinieron elaborando.
Para nosotros, en el análisis constitucional del proyecto y en las objeciones fundamentales
que hacemos a los artículos 2 o , 7 o , 20, 21, 30 y 35, del despacho de la mayoría —y en relación a los
cuales nosotros hemos propuesto nuestro propio texto—, debe tenerse un concepto claro sobre
el método interpretativo de la Constitución. A nosotros ni siquiera nos preocupa si se deben o
no dar los poderes proyectados; lo que sabemos es que no se pueden dar, porque la Constitución
lo prohíbe, y si las reglas del juego no se acatan no habrá manera de entendernos los argentinos
acerca de la forma de contribuir a la defensa de la sociedad.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Portero.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado
Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Efectivamente, hice referencia ayer a la interpretación constitucional, porque
todos sabemos que estamos amparados por una Constitución hecha hace más de cien años y que
en el país hay dos tipos de Constitución: la Constitución literal, de la vieja época liberal, o inclusive
de la vieja Corte liberal, y la Constitución Nacional, interpretada por el organismo a quien
la misma Constitución ha otorgado el honor de ser el último intérprete constitucional, que es la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso es que, a través de la interpretación de la Corte,
esa vieja y elástica Constitución nos ha dado algunas nuevas instituciones y ha dejado el paso a
los nuevos factores sociales que han acaecido desde entonces hasta ahora.
Lo más natural es que cuando hablamos de la Constitución no lo hacemos refiriéndonos a
ella en su estricta literalidad, porque de hacerlo estaríamos hablando de una Constitución que

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no es la que rige entre nosotros. La Constitución Argentina viva es la Constitución interpretada
por la Corte, que, en todas sus interpretaciones —por lo menos no conozco una opinión en contrario,
y si el señor diputado Portero conociese alguna le agradecería que me la transmitiese—,
con respecto al estado de sitio y estos aspectos, es la doctrina que he expuesto, aun cuando pueda
haber habido alguna disidencia que no varió la doctrina de la Corte.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado
Portero.
Sr. Falabella.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Portero.—Sí, señor diputado.
Sr. Falabella.—Ante la sorprendente manifestación del señor miembro informante, quisiera
preguntarle concretamente qué Constitución ha jurado sacramentalmente obedecer y respetar.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Es evidente que la Constitución Argentina es una sola; pero también es evidente
que la Constitución se integra con la interpretación de la Corte.
No vamos a ir más allá, ateniéndonos a las palabras del juez Hughes, de la Corte Suprema
de los Estados Unidos, cuando decía que la Constitución es lo que los jueces dicen que es; pero
si la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución, a quien se llama “el guardián de
la Constitución”, la interpretación que de ella haga la Corte Suprema hace a la real vigencia de la
misma. No me hagan decir los señores diputados una cosa que no he dicho. La interpretación
que de la Constitución hace la Corte, al igual que la interpretación que de las leyes hacen los
jueces, es la que se aplica y la que en la realidad jurídica vale. Por lo menos, así lo entendemos
los abogados. Cuando debo encarar un pleito como abogado, como lo harán seguramente los
señores diputados Falabella y Portero, vamos a ver qué dijeron los tribunales sobre la ley, y no
me quedo con la interpretación literal, sino con la interpretación de la Corte Suprema, que es la
que tiene validez en última instancia.
Ese es el sentido de mis palabras.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—La Presidencia informa muy amablemente al señor diputado
que ha vencido con exceso el término de que disponía para su exposición, por lo que le
ruega que no permita nuevas interrupciones, sin perjuicio de que pueda continuar haciendo uso
de la palabra para terminar su pensamiento.
Sr. Portero.—Agradezco el aviso del señor presidente, pero pienso sinceramente que no ha
vencido mi tiempo reglamentario, dado que por mi bloque soy el único que ha hablado.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—El señor diputado Musacchio habló durante cincuenta
y siete minutos.
Sr. Portero.—Como miembro informante del despacho en minoría.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado
Portero.
Sr. Portero.—Formulaba esas expresiones, señor presidente, porque en el caso contrario me
significaría no poder responder al señor diputado Lazzarini.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—De ninguna manera, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Portero.
Sr. Portero.—Existe consenso en la adopción de ciertas reglas para la interpretación
constitucional.
En un trabajo de Linares Quintana que resume los leading-case de la Corte en esta materia,
denominado La Constitución interpretada, se demuestra a lo largo de numerosos fallos recopilados,
correspondientes a distintas épocas y Cortes, que existe consenso en esta materia. Citaré
seguidamente las principales normas de interpretación, pues existen otras de menor jerarquía
que no voy a enunciar.
En primer término, siempre debe prevalecer el contenido teleológico de la Constitución que,
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si bien es instrumento de gobierno, también es restricción de poderes en amparo de la libertad
individual, porque la finalidad suprema y última de la norma constitucional es la protección y
la garantía de la libertad y de la dignidad del hombre. Nunca la acción del Estado, manifestada
a través de los cauces institucionales, puede resultar incompatible con la libertad. Esto se halla
expresado en el caso “Eduardo Sojo” (1887), contenido en el tomo 32, páginas 125 a 141 de la
colección Fallos.
En segundo lugar, las palabras que emplea la Constitución deben entenderse en su sentido
literal y común y en ningún caso ha de suponerse que un término constitucional es superfluo
o está de más. Esta doctrina se encuentra sustentada en el caso “Enrique Picarolo e/Caja de
Jubilaciones de la Marina Mercante” (1944), que se encuentra en la página 176 del tomo 200 de
la colección Fallos.
Sr. Lazzarini.—Esa es la interpretación…
Sr. Portero.—No se trata de una interpretación pues estoy leyendo la parte pertinente de los
fallos.
En tercer lugar, las cláusulas constitucionales deben interpretarse como integrantes de un todo
armónico, sin poner en conflicto unas con otras. Esta norma se enuncia en los fallos “Benjamín
Calvete” (1864) y “Vicente Solivellas” (1949), contenidos, respectivamente, en la página 300 del
tomo 1 y en la página 100 del tomo 236 de la colección Fallos.
Sr. Lazzarini.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—El señor diputado Portero no desea aceptar
interrupciones.
Sr. Portero.—No, señor presidente, no puedo cometer ese agravio con el señor diputado
Lazzarini. Le concedo la interrupción.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado
Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Creo interesante que se realicen interrupciones —yo ayer admití todas las
que me solicitaron— porque entiendo que es la mejor forma de aclarar los conceptos y porque,
además, si se aguarda un discurso final para rebatir todas las disquisiciones, el debate se limita a
una oratoria sin calor.
Lo que dice el señor diputado Portero es cierto: la Corte ha establecido muchas reglas de
interpretaciones constitucionales. Pero también habría que analizar las interpretaciones dadas
por la Corte frente al estado de sitio y otras cuestiones similares. No se puede analizar sólo un
aspecto de la cuestión.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado
Portero.
Sr. Portero.—También tenemos que diferenciar la interpretación de la Constitución de la
interpretación del derecho constitucional, porque éste abarca no sólo el texto de la Constitución
en el sentido literal y en lo substancial, como recién acotaba el señor diputado Lazzarini, sino
también nuestra historia constitucional, su significado vital, determinado teniendo en cuenta el
origen y desenvolvimiento del sistema constitucional y no simplemente según las palabras Para
ello es indispensable considerar, entonces, todo el derecho constitucional: la norma, los procesos
históricos formativos de ese derecho en su plenitud, la costumbre, la autoridad de los fallos
judiciales, etcétera.
Por último, las excepciones y privilegios deben interpretarse con criterio restrictivo.
Veamos ahora el proyecto en lo relacionado con las garantías constitucionales, tema que
ayer suscitó un cambio de opiniones. Esas garantías son los medios jurídicos encaminados a la
protección y al amparo de la libertad constitucional. Aparecen, en algunos supuestos, expresamente
enunciadas en el texto de la Carta Magna, y otras veces adquieren vida por aplicación de
los conceptos fundamentales del sistema republicano, según el artículo 1º y por el principio de la

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soberanía popular, según el artículo 33. Implican un modo concreto de apuntar al fin supremo
de nuestra organización política, que es la libertad, y de ninguna manera a consolidar la fuerza
del Estado.
En consecuencia, mal puede sostenerse que en el supuesto excepcional en que nuestra
Constitución ha considerado necesario suspender las garantías constitucionales, se ha autorizado
la destrucción del sistema fundamental organizativo. Por el contrario el estado de sitio, lejos de
suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla y asegurar su ejercicio. Así
se lee en su artículo 23 y es lo que dice la Corte Suprema en uno de los considerandos del caso
“Leandro N. Alem” del año 1893, Fallos, tomo 54, páginas 432 a 466, que el señor miembro informante
mencionó en la sesión de ayer pero sólo en cuanto a su alcance final, en el sentido de
no reconocer restricciones a la vigencia de las instituciones y no desconocer a Leandro N. Alem
su condición de parlamentario.
Sin embargo, no citó el señor diputado ese considerando que establece un criterio interpretativo
de la Constitución corroborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
de Marcelo T. de Alvear del año 1933: “El estado de sitio es un arma de defensa extraordinaria que
la Constitución ha puesto en manos de los poderes políticos de la Nación para que en épocas también
extraordinarias puedan defenderse de los peligros que amenazan tanto a ella como a los poderes que
crea. Consiste en una legislación especial establecida en tiempos de paz para ser aplicada en los momentos
de conmociones políticas y sociales, o de ataque exterior, como medio de asegurar el orden y
la disciplina colectiva en resguardo del imperio de la Constitución y con ella el de la libertad y el de
las garantías individuales.
Constituye, pues, el estado de sitio un régimen de excepción y, por consiguiente, la interpretación
de los poderes que por él se acuerdan debe hacerse restrictivamente y en sentido favorable a la seguridad
personal”. Esto está registrado en Fallos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
tomo 167, páginas 314 a 326.
Estuve releyendo los votos en el caso “Sofía”, donde efectivamente la mayoría de la Corte,
tal como lo reconocí ayer, aplicó la tesis del señor diputado Lazzarini respecto del derecho de
reunión. Pero señalé también que además del voto del doctor Boffi Boggero estaba el voto del
doctor Francisco Laplaza, maestro de derecho penal y hombre que no tenía ninguna afinidad
política con el partido que llevó en ese tiempo al doctor Frondizi a la presidencia de la República.
Voy a leer el voto del doctor Laplaza, abusando de la atención de la Honorable Cámara, porque
considero que este tema es muy importante. Decía el doctor Laplaza: “Fuera de los supuestos
de quebrantamiento del orden jurídico, las situaciones de emergencia, la conmoción interior, la guerra
civil, el ataque exterior, la guerra internacional, están sometidas por igual al derecho, en el sentido
de que no son simples actos de fuerza, de violencia o de arbitrariedad, sino actos que deben ejercerse
dentro del marco de la juridicidad que emana de la Constitución y de las leyes.
Por eso es incongruente que un régimen de libertades y de garantías admita la existencia de momentos
tales que obliguen a suspender la vigencia misma de la Constitución. Ello equivaldría a negar
lógicamente los presupuestos fundamentales y la estructura del estado de derecho, para reemplazarlo
por una situación de hecho. No se trataría ya de un orden jurídico dado, aplicable por igual a gobernantes
y gobernados, sino de un orden de fuerza, de un poder de mando o arbitrario. Por eso, en fin,
las instituciones de emergencia que responden a la denominación de “suspensión de garantías constitucionales”
deben considerarse, en sentido propio, como instituciones de defensa de la Constitución”.
Acotamos nosotros que nunca la defensa de la Constitución y de las autoridades creadas por
ella puede intentarse mediante la instauración del despotismo y la supresión de las libertades, o la
creación de cauces por los cuales la confusión y la inseguridad puedan campear en la República.
Interpretando el dictamen que consideramos conformes con esa doctrina, entendemos que
viola los artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional, cuya lectura omito porque son
de conocimiento de los señores diputados. ¿En qué sentido, entonces, estos episodios subversivos
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han sido previstos en la legislación? Porque también es cierto que el Estado y la sociedad no pueden
quedar inermes frente a lo que perturba los intereses vitales de la Nación, para que ocurra en
el orden interno. La Constitución tiene previsto un sistema muy claro.
Para lo externo, nuestra Carta Fundamental prevé la declaración de guerra cuando ésta es
ofensiva. Según el inciso 21 del artículo 67 de la Constitución Nacional corresponde su autorización
por el Poder Legislativo, acto en base al cual el Poder Ejecutivo puede formular tal declaración,
de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 18 del artículo 86 de la Carta Fundamental.
Este sistema, por ejemplo, es el que se ejercitó al declarar la guerra contra el Paraguay, Mitre lo
hizo así. No obstante ello, en el aspecto defensivo ya el Ejército Nacional había tomado medidas,
porque, por supuesto, cuando la guerra es defensiva no se puede estar a la espera de que se reúna
el Congreso para declararla.
Veamos la hipótesis, ya no de guerra sino de conmoción interior. Está prevista en las figuras
que define la Constitución. En el estado de sitio distingue entre conmoción interior y ataque exterior,
pero la medida siempre está dada para resguardar la Constitución y a las autoridades surgidas
del orden constitucional. Pero, ¿cómo se decreta el estado de sitio? En el primer supuesto,
lo hace el Congreso; así lo dispone el inciso 26 del artículo 67 de la Constitución Nacional. En el
caso de ataque exterior, durante el período de sesiones ordinarias, se requiere el previo acuerdo
del Senado, conforme con el artículo 53 de la Constitución, y el decreto del Poder Ejecutivo, en
función de lo dispuesto por el inciso 19 del artículo 86 de nuestra Carta Magna, pudiéndolo hacer
por sí el propio Poder Ejecutivo en caso de receso parlamentario.
En cuanto a los alcances de la medida, sostenemos que las limitaciones deben ser las menores
posibles y presididas por el signo de la razonabilidad, en cuanto esas mismas limitaciones sean necesarias
para mantener la vigencia de las instituciones y de la Constitución, y la integridad de la Nación.
Pero aún hay, además, otro remedio previsto en la Constitución para los casos de conmoción
interior cuyas características se asemejan a la hipótesis analizada por el señor diputado Lazzarini:
un terremoto que exige una intervención inmediata de las fuerzas para poner orden. Esto puede
superarse con la intervención federal. ¿Acaso no permite el artículo 6 o de la Constitución Nacional
que se intervenga una provincia cuando existe una alteración grave del orden que ponga en peligro
el ejercicio de sus autoridades?
Frente a las nuevas figuras de conmoción interior, quiero aclarar que esto ya fue previsto
en la Constitución de 1949. En la parte final de su artículo 34 se implantó la novedad del estado
de prevención y alarma en caso de alteración del orden público que amenazara perturbar
el normal desenvolvimiento de la vida o actividades primordiales de la población. Y según esa
Constitución, una ley determinaría los efectos jurídicos de tal medida; pero ésta no suspendería
sino que, transitoriamente, limitaría las garantías constitucionales en la medida que fuera indispensable.
Era una buena fórmula para regular la situación.
Sin embargo, en 1951, frente a un episodio de insurrección o rebelión militar, el gobierno
del general Perón decretó el estado de guerra interno. Lo hizo por decreto 19.376, del 28 de septiembre
de 1951; y esa misma tarde se reunió el Congreso, que ratificó la medida por ley 14.062.
La coyuntura mostraba como absurdo el oponerse a la sanción de la medida, dado que había
existido un movimiento sedicioso para deponer a las autoridades constitucionales.
Y al fin —¡lo que son las cosas!— siempre la coyuntura que toca nuestra fibra más íntima
en lo nacional termina siendo lo permanente. Esa ley no se derogó desde su sanción hasta 1955,
habiéndose aplicado el estado de guerra interno a toda una serie de situaciones que nada tenían
que ver ni con asonadas militares ni con movimientos subversivos, sino, por el contrario, a las
discrepancias o enfrentamientos políticos con sectores opositores. Por extraña paradoja, esta ley
no permitió defender al gobierno, que cayó frente a un episodio de armas. Y como contrasentido
último, el gobierno que llegó a derogar por decreto la Constitución de 1949, el de la llamada
Revolución Libertadora, por decreto 140, de 1955, dejó sin efecto el estado de guerra interno.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
No traigo este ejemplo por agitar cosas del pasado. Ayer fui el primero en señalar que cuando
una medida no ha servido o la experiencia política del país la ha rechazado, resulta necio insistir
en ella. Y por el contrario, lo inteligente es explicar por qué se hizo, para no confundirse ahora.
Se hizo para defender al Estado, pero luego vino la tentación de desviarla hacia otros fines.
El concepto de guerra interna no es apropiado. Fue objeto de severo enjuiciamiento mediante
proyectos que firmaron los diputados Alende, Perette, Nudelman y otros, en esta Cámara,
desde el tiempo de ser implantada la medida.
Nuestro bloque tampoco lo acepta. No solamente porque no conviene, desde el punto de vista
táctico, hablar de guerra interna frente a la Convención de Ginebra, sino porque no es legítimo
atribuir o reconocer únicamente condición beligerante a quienes dentro del país empuñan las
armas, las bélicas, mientras se disfrazan las de la especulación y la inmoralidad o cualquier otra
que atenta contra los intereses de la Nación. Más bien habría que hablar de traición a la Patria.
Toda la gama de situaciones está prevista en el estado de sitio y la intervención federal. Pero
en la hipótesis de que ocurrieran acontecimientos de tal gravedad que estas medidas no fueran
suficientes, ante el pesado mecanismo de reunir al Congreso, nosotros estamos de acuerdo
—y hemos firmado así el despacho— con que los artículos 36, 37 y 38 autoricen a las Fuerzas
Armadas, cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo e insurreccional lo hagan necesario,
a que intervengan, porque no somos teóricos o idealistas que viven en las nubes, sino
que somos argentinos que sufrimos dramáticamente esta coyuntura, como todos los demás.
Entonces, si por los artículos 36, 37 y 38 del proyecto le asignamos a las Fuerzas Armadas no sólo
la posibilidad sino el deber de actuar, ¿qué necesidad hay de la creación de la figura de la “zona de
emergencia” para el caso de conmoción interior, y en forma tan diferente de la clásica transferir
el poder del Congreso al presidente de la República?
En este punto del proyecto nosotros encontramos una de las graves fallas de interpretación
constitucional. Esto lo debe resolver únicamente el Congreso. ¿Por qué? Porque la Constitución,
analógicamente, así lo prescribe para el estado de sitio y sólo le da al presidente facultades para
arrestar a las personas y detenerlas, con prohibición de imponerles penas. Por el contrario, en la
zona de emergencia el proyecto da al presidente facultad de nombrar al comandante de la zona
de emergencia, que podrá dictar bandos, crear tribunales militares y, por lo tanto, establecer la
pena de muerte.
Para este bloque esto es, lisa y llanamente, transgredir la prohibición del artículo 29 de la
Constitución Nacional que dice que: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni
las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias ni la suma
del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas
de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y, además, la frase que nunca
hubiéramos querido repetir en este recinto: “Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad
insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los
infames traidores a la Patria”.
Digo esto, que nunca lo hubiéramos querido repetir, porque esto fue usado: lo sabe el peronismo
y lo sabemos quienes en ese entonces protestamos por esa arma innoble que usó el
gobierno de la llamada Revolución Libertadora, al procesarlos por el delito de traición a la Patria
por haber sancionado ciertas leyes, aun cuando quienes las votaron tuvieran como norte e inspiración
la actitud militante en defensa de su gobierno y de las políticas en favor de las cuales el
pueblo se había pronunciado. No queremos quedar expuestos a este tipo de riesgos en el futuro
político argentino.
Se vulnera además la garantía del artículo 5 o de la Constitución, porque no se exige el previo
acuerdo de los gobiernos provinciales para poner el funcionamiento de sus instituciones, sus
comunas y su policía en armonía con las disposiciones de esta ley. Si las provincias han votado
tantas leyes convenio sobre impuestos y otras materias, ¿cómo no lo harán respecto de esta ley
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que tiende a preservar lo fundamental, que es la Nación, después de la cual vienen las provincias
en una escala axiológica? Este es el camino que la Constitución señala y el que debemos seguir en
lugar de otro que nos parezca más práctico y corto, pero que en definitiva puede ser el camino de
los grandes desencuentros.
Quiero referir la última parte de mis argumentos al alcance del poder militar y fundamentalmente
a la creación de tribunales militares. Tratemos primero de ubicarnos conceptualmente. La
Defensa Nacional, juntamente con el poder político, económico y social, integra el poder nacional,
es decir, la suma de medios con que se cuenta para alcanzar los objetivos políticos. Además,
debemos tener presente que el empleo de los medios del poder nacional constituye la estrategia
nacional, misión fundamental para determinar las líneas de movimiento de ese poder y sus respuestas
a las agresiones. Está claro entonces que el poder militar se inserta en un grado menor
respecto de la estrategia total y, por supuesto, la estrategia o poder militar y la estrategia o poder
nacional de decisión se colocan a su vez debajo de las políticas y de los objetivos nacionales, de
manera que entre los términos de la decisión política a través del mecanismo representativo y el
objetivo que puede guiar en algunos de esos campos —inclusive el militar— ha de discurrir el
proceso dialéctico de la estrategia, todo ello condicionado, orientado y referido al plexo de valores
permanentes que constituyen los objetivos nacionales.
El poder militar es el que, según una noción primaria, dispone del medio “armas”, entendidas
éstas en el concepto totalizador del mundo y de la guerra moderna, es decir, la clásica y la
revolucionaria. Su fuerza orgánica es decisiva y sin duda depende —en esto estamos de acuerdo
con el proyecto— de una buena ley de Defensa Nacional; pero hay que darle las mejores condiciones
operativas de apoyo y de organización de todos los sectores de la comunidad hacia las
Fuerzas Armadas, siempre dentro del ordenamiento constitucional.
Digo esto porque la Constitución ha previsto dos hipótesis: la de paz, que es el ejercicio ordinario
de los poderes creados y de los derechos individuales, y la de guerra; y en ambos supuestos
ha delimitado prolijamente las funciones legislativas y las que corresponden al Poder Ejecutivo.
Como dijimos hoy, es el Congreso el que autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la guerra o a
hacer la paz y es el Poder Ejecutivo el que tiene la atribución de disponer de las fuerzas militares
y correr con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. Es también el
presidente el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Pero —y aquí está la dificultad
que ofrece el proyecto de ley— es en cambio facultad privativa del Congreso fijar las fuerzas de
línea en tiempos de paz y de guerra y formar reglamentos y ordenanzas para el manejo de dichos
ejércitos, según el inciso 23 del artículo 67 de la Constitución. Sabemos que la expresión “ordenanzas”
equivale a leyes, porque ordenanzas llamaba Carlos III a las que eran sus leyes.
De la interpretación armónica de las facultades precedentes surge una doctrina sobre el poder
militar a la que debe atenerse estrictamente el texto de la ley. Se trata nada menos que de los
alcances de la llamada jurisdicción militar, como fuero real, de la vigencia de la ley marcial, de
la posibilidad de dictar bandos y someter a civiles a juicio sumario, y de llegar a aplicar hasta la
pena de muerte con fusilamiento.
Nosotros distinguimos en este tema de la jurisdicción militar lo que es jurisdicción militar
disciplinaria de lo que es jurisdicción militar penal. La primera, sin duda, es propia y privativa
del Poder Ejecutivo, porque el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas. La segunda no,
y no se puede delegar, porque la Constitución lo dice. La segunda es propia del Congreso y debe
ser creada en cada caso por ley. De manera que establecer un tribunal militar es realmente crear
una jurisdicción específica que no depende del Poder Judicial ni tampoco del presidente de la
República. Solamente se puede crear por ley, en cumplimiento de la distribución de competencias
constitucionales. Establecer cuándo se constituyen los tribunales militares, cuál es su competencia,
su procedimiento y todo el contexto del Código de Justicia Militar, corresponde a una
jurisdicción específica, cuya procedencia entiendo que no es del caso señalar ahora, aunque sí

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corresponde tipificar que no integra el Poder Judicial ni depende del presidente de la República.
Tanto es así que los consejos de guerra y el consejo supremo de las Fuerzas Armadas de ninguna
manera están sujetos a la revisión de sus sentencias, ni siquiera por parte del propio presidente
de la República, que sólo las recibe para homologarlas, salvo que se adviertan defectos formales
en su substanciación.
Si los hechos que caen dentro de la jurisdicción de los tribunales militares son los cometidos
por militares o empleados militares en actos de servicio, si son los hechos que se cometen en
lugares sujetos exclusivamente a la autoridad militar; y si, además, es el Congreso el que puede
crear por ley los tribunales militares, pregunto si es posible delegar en el Poder Ejecutivo la facultad
de someter civiles a esos tribunales y a su ordenamiento específico.
Entiendo que no hay respuesta afirmativa posible dentro del sistema de nuestra Constitución,
para ello cito, y voy a pedir la transcripción respectiva en el Diario de Sesiones, las opiniones de
Bidart Campos en Derecho Constitucional del Poder, tomo II, página 285, sobre este tema, y las
que figuran sobre la ley marcial en el mismo tomo, páginas 134 a 136; de González Calderón, en
su Manual de Derecho Constitucional —tan afecto al cual se mostró ayer el diputado Lazzarini—,
página 304; y del doctor Tomás Casares en el voto en el caso “Merck Química Argentina contra
el Gobierno de la Nación” (Fallos, tomo 211, páginas 193 a 227). En este voto, en tanto la Corte
establecía la doctrina de que los poderes de guerra son inseparables y anteriores a la Constitución
misma, el doctor Casares señaló que no hay nada en una nación superior al estilo de vida interno
que la nación ha adoptado para sí misma.
Señor presidente: estamos de acuerdo con una ley de Defensa Nacional. Acompañamos al
país todo, a la sociedad, al gobierno y a las Fuerzas Armadas en todo lo que signifique consolidar
y ensanchar el poder nacional de decisión. Estamos alertas y presurosos a acudir en defensa de
este concepto en cualquiera de las batallas que se den fuera y dentro del territorio, pero queremos
hacerlo con una condición: conforme a la Constitución, no sólo a la formal, sino a la substancial,
que es la que da el estilo de vida que los argentinos tenemos, que es el reiteradamente votado a
través de cada comicio y a través de nuestra identificación con los postulados de la Nación, con
la conducta de San Martín y con la definición de los voceros legítimos de las Fuerzas Armadas.
Estamos dispuestos a mantener permanentemente la Nación, la Constitución y la ley.
Sr. De Luca.—¿Me permite una aclaración, señor presidente?
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado
De Luca.
Sr. De Luca.—Voy a formularle al señor diputado Portero una amable aclaración, ya que no
quise interrumpirlo durante su exposición.
En el transcurso de su disertación el señor diputado Portero recordó que luego de 1955 se
aplicó la ley por la cual se declaraba el estado de guerra interno en base a lo prescrito por la
Constitución de 1949. Lo que también debió recordar —y creo no estar errado en lo que voy a
expresar— es que cuando el gobierno del doctor Frondizi instauró el plan Conintes lo hizo sobre
la base de la ley 13.234, dictada —también— en el primer Parlamento del gobierno del general
Perón.
A su vez, se da la coincidencia de que el señor diputado Musacchio también era diputado en
aquella oportunidad. Esto lo traigo a colación, señalando que todos los gobiernos han aprovechado
distintas leyes para atentar contra determinados partidos políticos. En este caso, dos leyes
dictadas por gobiernos peronistas fueron aplicadas despiadadamente a los mismos peronistas,
pero por gobiernos que no lo eran. Esto debe quedar perfectamente aclarado.
Sr. Portero.—Pido la palabra para una breve aclaración.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado
Portero.
Sr. Portero.—Efectivamente, señor diputado De Luca, en el día de hoy expresé que durante
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los años posteriores a 1951 —y más precisamente después del 28 de septiembre de ese año—
hasta 1955 se aplicó la ley por la que se declaraba el estado de guerra interno, no el estado de prevención
y alarma, previsto en la Constitución de 1949, que pudo ser una medida más acertada,
quizás estructurada con vistas al futuro que se preveía. También es cierto que señalé que se usó
como arma de discriminación política.
En el día de ayer, a su vez, afirmé —en otra circunstancia que se presentó a lo largo del debate—
que el gobierno del doctor Frondizi —a cuyo partido los diputados intransigentes pertenecíamos
en ese momento— sancionó y aplicó normas represivas e instauró el plan Conintes,
que inclusive fue aplicado a los propios gobiernos provinciales por entonces pertenecientes al
movimiento oficialista.
Insisto, señor presidente, con lo señalado en el día de ayer. Me parece muy positivo que los argentinos
modifiquemos nuestros anteriores esquemas cuando advertimos que algo no ha servido
para unir al país y, muy por el contrario, aumentó los factores de desencuentro. Sobre todo si la
medida en particular llevó a mantener proscritos, perseguidos o retaceados a movimientos políticos
que a su turno han sido gobierno, estuvieron por serlo o fueron oposición. Me parece que esta
posición, por el momento que vive el país y por la política de unidad nacional que venimos proclamando,
coincide con lo expresado en las urnas el 11 de marzo y el 23 de septiembre de 1973.
Ello nos obliga a corregir lo que está mal, lo que no sirve, para no reincidir en los mismos males.
Y me apresuro a decir que de ninguna manera tenía el propósito de hacer imputaciones a un
solo sector porque todos, alternativamente, hemos sido perseguidores o perseguidos, o partícipes
en los gobiernos responsables de los errores. En definitiva, no pongo en duda la intención de
quienes, en ejercicio de las mayorías que tenían en ese momento a través del sistema representativo,
sancionaron normas que hoy impugnamos. Pero tampoco dudo que hoy los hombres de la
Argentina podemos ponernos de acuerdo para instrumentar en su reemplazo otras medidas que
sean realmente eficientes para combatir la destrucción de la Nación.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Tiene la palabra el señor diputado Falabella.
Sr. Falabella.—¡Es tan extenso ya este debate! Se ha abundado tanto que hasta algunos legisladores
se han referido a la ley que tenemos en tratamiento.
Nosotros vamos a hacer un esquema con base de ciencia política para analizar el proyecto de
ley, de lo que me hago cargo en tanto el señor diputado Acevedo va a analizar el aspecto técnico.
Consideramos que esta ley es sumamente importante porque le asignamos al orden el carácter
de un valor prioritario; no decimos fundamental porque no es finalista, pero es medial
y decisivo. Decimos prioritario porque sin el orden no se obtiene la seguridad ni se efectiviza
ningún derecho. Puede existir el orden sin la libertad, pero no existe la libertad sin el orden. El
orden generalmente deviene como un proceso de la cultura y se equipara a un estado de subordinación
espiritual de todo un pueblo a una ordenación instituida convencionalmente. El orden
puede excepcionalmente ser forzado; pero no es el orden que se desea; el que se desea es el orden
pacífico como expresión más alta del espíritu y de la voluntad humana.
No obstante que le damos este carácter de prioritario, sostenemos la necesidad de que los
valores se balanceen y cada vez que sea necesario defender el orden, protegerlo o restablecerlo,
debe tomarse fundamentalmente en cuenta la necesidad de que en las medidas conducentes a su
imposición pervivan todas aquellas que están determinadas a mantener la vigencia de los derechos
declarados, reconocidos, asignados y garantizados por la Constitución Nacional, es decir,
por el orden jurídico establecido.
Debe entonces lograrse el equilibrio necesario de manera tal que la imposición del uno no
signifique la supresión del otro. Lo deseable e ideal, lo óptimo, es que se logre el orden sin perturbar
el ordenamiento jurídico o, por lo menos, con el mínimo de perturbaciones.
Es claro que frente al derecho de defensa, por ejemplo, donde se trata de la vida del ser nacional,
como una especie de instinto del grupo, no se podría ser tan cauteloso; pero cuando se

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trata de restablecer el orden interno es preciso que en una nación como la nuestra no se afecte a
25 millones de personas para dar una supuesta seguridad a un número menor, o concretamente
que sea privilegiado el status de 25 millones. Quiero significar que una ley de esta naturaleza será
válida y eficaz en la medida en que dé más bien que perturbación.
No nos preocupa esta ley en cuanto atiende a la estructura de la defensa y al funcionamiento
de esa estructura; no nos preocupa en cuanto atiende a una especie de competencia acordada
para los actos preparatorios, como nos preocupa la asignación de facultades. En el primero y segundo
títulos suponemos que ha mediado el previo asesoramiento de nuestras Fuerzas Armadas,
y toda vez que se trata, en este aspecto de la legislación, de una cuestión de orden técnico, nosotros
creemos que podemos integrarnos al pensamiento de las Fuerzas Armadas en cuanto a la
redacción del texto legal. Pero lo más decisivo y que constituiría un verdadero compromiso es
la sanción del título III, en el que se incluyen los artículos 28, 30, 35 y 36, que regulan el teatro
de operaciones, la declaración del estado y zona de emergencia, la situación de agravamiento
del estado de emergencia y la autorización para disponer operaciones militares sin la previa declaración
de zona de emergencia. Nos preocupa porque no vemos muy claro, no obstante el esfuerzo
del señor miembro informante, que la voluntad de poder permanezca en el Congreso de
la Nación. No nos conforma que solamente se exprese en el texto de la ley y frente a cada una de
esas autorizaciones, que el Congreso debe estar informado. Nosotros creemos que el Congreso es
quien debe resolver en todos los casos.
Indica la ciencia política, y es de la esencia de nuestro régimen representativo y republicano
que solamente es el pueblo el que se autolimita, el que se impone cargas, el que se sujeta a jurisdicciones
judiciales, el que se grava con esfuerzos o prestaciones físicas, el que puede imponerse
a sí mismo el riesgo y eventual sacrificio en una acción bélica y el que consiente un determinado
tipo de subordinación en los operativos de esta naturaleza. Solamente el pueblo, a través de sus
representantes en el Congreso de la Nación —sistema republicano—, es el que puede tomar decisiones
tan graves como las que aquí se prevén.
Yo no puedo entender la razón por la cual el señor miembro informante ha dicho que es de
menor proyección, de menor entidad o de menor relevancia la declaración del estado de emergencia,
la declaración de zona de emergencia, que el estado de sitio ¿Cómo ha podido decir el
señor miembro informante que el estado de sitio es de mayor trascendencia jurídica y de mayor
gravedad? ¿Acaso no está claro, en virtud del artículo 23 de la Constitución Nacional, que el presidente
de la República —luego de cubrir la fórmula que establece la Constitución, de ser decidida
por el Senado o por el Congreso, según el fenómeno que amenace a la seguridad—, durante
esta suspensión no podrá condenar por sí ni aplicar penas? La parte final de ese artículo es clara
cuando dice que su poder se limitará, en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas
de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
¿No está claramente limitado el poder del agente de la representación popular, es decir, del
Poder Ejecutivo, que no sólo depende en cada una de sus resoluciones —con excepción de los
casos de urgencia— de la voluntad del Congreso Nacional, sino que la Constitución le hace
saber claramente hasta dónde pueden llegar sus facultades? Podría significar, por efecto de su
aplicación, una subversión más grande y más grave que el problema que va dirigido a conjurar.
¡Que no se le ocurra a un titular del poder —como a Rosas— ejercerlo con el sentido de dueño
de vidas y de haciendas; que no se le ocurra a este poder ejercer las persecuciones en el ámbito de
la República; que no pretenda discriminar intencionalmente para aplicar a un sector la fuerza y
la autoridad que le daría esta ley!
Nosotros nos hemos preguntado en el bloque: ¿no son éstas claramente las facultades extraordinarias
que la Constitución Nacional prohíbe y fulmina? ¿No estamos concibiendo un
régimen —no voy a leer los artículos que ya se conocen sobre creación de los tribunales militares
correspondientes, dictado de bandos, subordinación total o parcial a las autoridades con
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jurisdicción dentro de la zona—, que expone a todo el pueblo de la Nación a una inclemencia, a
la más grave: la arbitrariedad y el desafuero del Poder Ejecutivo Nacional?
Y si se me dijera que esta ley se pronuncia sobre una determinada facultad y que debe suponerse
la prudencia de quien la ejecute o la efectivice, yo diría: grave error. Porque el legislador no
sólo debe prever los alcances de la ley, sino que también debe limitar claramente el poder de sus
ejecutores, porque si da tal margen de acción por la órbita de libertad para aplicarla, el legislador
se somete a la condición de partícipe y directamente responsable de cualquiera de los excesos
derivados.
Para asegurar la tranquilidad de 5.000 familias, que es un valor importante y caro a la sensibilidad
de todos los argentinos, ¿vamos a someternos a la eventualidad de la zozobra de toda la
población del país?
¿Es que acaso esta sabia Constitución que nos rige y que el señor miembro informante ha
querido descalificar; esta Constitución generosa que facilitó la creación y la organización del
país, que sigue vital y sabia aún en sus principios generales, que todavía puede ordenar la vida
por decenas de años de todo el pueblo argentino, no tuvo la extrema prudencia de asegurarse que
utilizándola en su letra y en su espíritu no viniera nadie a imponer voluntades excesivas, que pueden
ser tremendas, que pueden ser una verdadera persecución para la ciudadanía y un verdadero
agravio para nuestro sistema de vida y nuestros ideales?
Nosotros creemos en la sabiduría que campea en todo el régimen de nuestra Constitución.
El inciso 21 del artículo 67 de la Constitución, referido a las atribuciones del Poder Legislativo,
determina que corresponde al Congreso “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o
hacer la paz”. Esta norma es muy clara. A la guerra no la puede disponer el Poder Ejecutivo. La
Constitución no lo permite. Y la guerra no se caracteriza por magnitudes o proporciones; puede
ser localizada o generalizada, y es tanto más dolorosa cuando es interna que cuando se trata de
un conflicto internacional.
El inciso 23 del mismo artículo dice que corresponde al Congreso “fijar la fuerza de línea de
tierra y de mar en tiempo de paz y guerra, y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de
dichos ejércitos”. ¿Cómo se podría substituir esta disposición? ¿Esto puede ser delegado?
Nosotros decimos que una facultad expresa concedida por la Constitución Nacional no admite
delegación alguna. El Congreso la tiene que retener, porque no sabemos el tiempo de vigencia
de la ley y el tiempo en el que podrán desarrollarse operativos de tal naturaleza con una
centralización de poder exclusivamente en el Ejecutivo Nacional y frente al cual no hay ningún
otro tipo de autoridad, no hay justicia natural para ningún ciudadano y no hay seguro respeto
por ninguno de los derechos que están reconocidos y garantizados.
¿No significa esto contravenir claramente la fórmula constitucional? Lo mismo ocurre con el
inciso 24 del artículo 67 de la Constitución Nacional, cuando da al Congreso la exclusiva facultad
para la organización de las milicias en todas las provincias o parte de ellas, y para disponer la organización,
armamento y disciplina de tales milicias y la administración y el gobierno de la parte
de ellas que estuviese empleada en servicio de la Nación.
Podría decirse que el Congreso autorizaría la mecánica de estos procedimientos y que dejaría
librado a otros agentes el cumplimiento de esta disposición. No es así. Si el Congreso tiene permanentemente
la facultad y la posibilidad de poder revisar incluso su propia medida, cuánto más
la de revisar la medida de los delegados, es decir, del Poder Ejecutivo Nacional, como agente, o de
cualquiera de los cuerpos que hacen a la estructura de la Defensa Nacional.
Y por el inciso 26 del artículo 67 de la Carta Fundamental —que ya he citado y que es concordante
con el artículo 23 de tal ordenamiento— se autoriza al Congreso de la Nación a declarar el
estado de sitio en uno o varios puntos de la República en caso de conmoción interior y a aprobar
o suspender el estado de sitio declarado por el Poder Ejecutivo durante el receso parlamentario.
¿No le ha dado, además, la Constitución al Congreso Nacional una facultad inexcusable

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e indelegable, de permanente vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones legales? ¿No
es acaso el Congreso de la Nación el que tiene que ponderar la actuación del Poder Ejecutivo
Nacional y de las fuerzas militares en operaciones?
¡Cómo se viene a transformar y a desnaturalizar la base constitucional por medio de este proyecto
de ley de Defensa Nacional que daría libertad e independencia de juicio y de acción tanto
al presidente de la República como a los cuerpos que se constituyen el Consejo de Seguridad
Nacional, el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia, además del mismo Ministerio
de Defensa Nacional!
Examinado esto en el aspecto jurídico-político, digo entonces: esta ley está justificada por la
necesidad; pero contiene el serio error de hacer que el Congreso transfiera una autoridad que es
indelegable.
Yo no iba a intervenir en este debate, pero decidí hacerlo para evitar que el día de mañana se
me juzgue por haber entregado mi cuota de poder delegado en mí por el pueblo, para dar atribuciones
o facultades que contravienen los claros principios constitucionales y que pueden traer
jornadas muy azarosas para la vida de la República.
Hay una sola manera de corregir este gravísimo error: considerar esta norma equiparable
al estado de sitio, aunque fuera de menor entidad, si bien creo que todos los oradores han demostrado
que es mucho más grave en sus alcances y proyección. Por lo menos, equipararla a la
situación que la Constitución fija para el estado de sitio: que sea el Congreso quien la autorice
en todos los casos; y que si por una situación de urgencia el Poder Ejecutivo Nacional tiene que
adoptar una medida de esta naturaleza, se fije el plazo perentorio de cuarenta y ocho horas para
su tratamiento por el Congreso, si éste estuviere en funcionamiento, y el mismo plazo para proceder
a su convocatoria, en caso de que el Parlamento se encontrara en receso. De este modo se
podrá así recabar y recibir la autorización expresa del Congreso para después poder obrar en
consecuencia.
No nos movemos de esta posición, señor presidente, no porque tengamos miedo a la advertencia
y al anatema del artículo 29 de la Constitución Nacional, sino porque queremos tener la
responsabilidad a nivel de los varones ilustres que acuñaron nuestra Constitución: nuestra permanente,
nuestra sabia, nuestra luminosa Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Tiene la palabra el señor diputado Lucena.
Sr. Lucena.—Señor presidente: en el comienzo de mi exposición voy a dejar expresados los
puntos fundamentales por los cuales, de una manera global y substancial, había tenido mis serias
preocupaciones, mis hondas dudas y mis interrogantes, cuando se consideró en comisión este
proyecto, en lo que atañe a su estructura económica y eficacia como medio idóneo para el cumplimiento
de los fines y objetivos propuestos. De ahí en más trataré solamente algunos aspectos
relevantes o algunos parciales, dada la estrechez del tiempo que, evidentemente, no se compatibiliza
con la complejidad del tema a tratar
Ceñidos a ello, señor presidente, sostenemos, en nombre del Partido Revolucionario
Cristiano, que lamentamos que lo coyuntural nos haga perder de vista en la emergencia la proyección
al futuro de nuestro país. Lamentamos que con la aprobación de este proyecto pensemos
que ha quedado agotada nuestra responsabilidad en torno de la Defensa Nacional.
Hablar de Defensa Nacional sin haber reformulado concreta y explícitamente las aspiraciones
de la sociedad global mediante la estructuración de un programa de desarrollo integral y
sostenido, con clara definición de sus políticas nacionales es, ni más ni menos, que pretender
colocar el carro delante de los caballos; es comenzar a pensar en el modelo de techo que ha de
tener nuestra casa sin reflexionar previamente con profundidad sobre qué base pretendemos
construirla y en los elementos constitutivos vitales, actuales y futuros, cuya cobertura intentamos
asegurar.
No brindar una cuidadosa clarificación conceptual, metodológica y operativa entre Seguridad
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Nacional y Defensa Nacional, es no contribuir con eficacia el logro de los objetivos que una ley
de esta naturaleza tiene.
Pero mucho más grave, señor presidente, es divorciar el esquema de análisis de un planeamiento
para la “seguridad”, de una programación para el “desarrollo” porque ello importa parcializar
peligrosamente la realidad social. Sin caer en una abstracción caprichosa y políticamente
inválida, no puede hacerse una doctrina de la seguridad, ni mucho menos de la Defensa Nacional,
sin asumir la problemática del desarrollo integral o, dicho en otras palabras, sin elaborar como
prerrequisito la constitución de los elementos básicos del proyecto de nación deseada.
Creemos pues que este proyecto escogido por el Poder Ejecutivo no es un instrumento idóneo
para la Defensa Nacional y que carece de coherencia desde el punto de vista de la seguridad
nacional. Aborda la cuestión desde un punto de vista parcial, incompleto y lamentablemente
obsoleto en cuanto al modelo que ha tenido en cuenta para su redacción (ley 16.970). Es decir
que, en vez de haber avanzado perfeccionando el tratamiento legislativo de la Defensa Nacional,
hoy nos encontramos no sólo ante un retroceso de esa capacidad legislativa sino en incoherencia
con las propuestas que el gobierno formuló al iniciar su gestión, plasmadas en los lineamientos
generales de su Plan Trienal 1974/77. El Poder Ejecutivo tenía por lo menos la exigencia de perfeccionar
el planeamiento para la Defensa Nacional, habida cuenta de la celeridad vertiginosa de
los cambios sociales operados durante la última década.
Todo tratamiento sobre la seguridad y el desarrollo debe partir del análisis y del diagnóstico
de la realidad nacional y de los contextos regionales e internacionales a fin de extraer las conclusiones
ciertas y precisas sobre la determinación de los intereses vitales de la Nación, y sobre la
visualización de las vulnerabilidades y los previsibles conflictos que una propuesta de desarrollo
integral necesariamente debe desencadenar en la malla de los intereses y obstáculos tanto de orden
interno como externo.
No estamos persuadidos de que un instrumento legal como el que se trata, sin estar inserto
en una cosmovisión unitaria y solidaria de lo que queremos ser, de hacia dónde queremos ir y
de cuál es el sentido de nuestro destino propuesto, se torne en agente eficaz para la realización
de nuestras legítimas aspiraciones de grandeza y liderazgo continental fundadas en el servicio de
la fraternidad y en la integración sin cálculos ni mezquindades. Tampoco estamos persuadidos
de que por sí solo este proyecto arme espiritualmente a la Nación toda en favor de la Defensa
Nacional ni que abra las trincheras en todos los ámbitos de nuestra Patria para la defensa de
nuestra soberanía, para la preservación de nuestra escala de valores y para hacernos invulnerables
frente a la penetración ideológica, de costumbres y de apetencias que persiga el vaciamiento
doctrinal, espiritual, e histórico de nuestro pueblo. En esto está centrado el cuestionamiento a
esta estructura normativa que propone el Poder Ejecutivo y que ha sido objeto de algunas modificaciones
insubstanciales y de otras no, ya que inteligentemente y con gran receptividad han
sido aceptadas en el curso de las deliberaciones realizadas en las comisiones de Defensa y Asuntos
Constitucionales.
Permítaseme que nuevamente haga aparecer en escena a ese legendario personaje de Guillotin,
no para atribuirle funciones que ya se han mencionado…
Sr. Porto.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lucena.—Con mucho gusto.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado
Porto.
Sr. Porto.—Quiero desvirtuar un equívoco que es tradicional y corriente en los expositores y
escritores que se ocupan del señor Guillotin. Se suele decir que este señor inventó la guillotina y
luego murió víctima del aparato que había inventado. Quiero señalar a la Honorable Cámara que
los dos conceptos son erróneos. El doctor José Ignacio Guillotin no es quien inventó la guillotina
sino quien propuso al órgano de que formaba parte, los Estados Generales, la adopción de un

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aparato que construyeron el médico legista Louis, el fabricante de pianos Schmidt y el carpintero
Clairin; un aparato que tendría la virtud de quitar la vida en forma sencilla y sin dolor y en un pie
de igualdad para todos los ciudadanos franceses.
Además de esto quiero destacar que quien hace esta moción, que finalmente fue aprobada, en
el sentido de adoptar tal instrumento para suprimir la vida de los condenados al último suplicio,
muere de muerte natural, en 1814, en París, a los setenta y seis años de edad, si bien es cierto
que el equívoco sobre su guillotinamiento parte de que durante el terror estuvo detenido por un
hecho que pudo llevarlo a la guillotina, cuando ésta funcionaba.
Sr. Presidente (Sánchez Toranzo).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado
Lucena.
Sr. Lucena.—Esto me permitirá guillotinar un tramo de mi exposición y pasar a otro capítulo
concreto de mis opiniones.
Señor presidente: el diputado Portero, en el transcurso de su brillante alocución, dejó sentado
un concepto que deseo recoger porque es de vital importancia. El profesor García Venturini, en
algunas notas de fondo difundidas en los diarios del país, hace también alusión a esa temática que
ha sido puesta de relieve por el diputado Portero. Me refiero a que debe devolverse el contenido
real a las palabras, a que debe dársele a los términos el peso substantivo que han tenido para que
los hombres puedan ser inteligibles en sus comunicaciones. A fuer de ir descastando y viciando
indebidamente el recto contenido de las palabras y de los conceptos, muchas veces hemos llegado
a hablar en un lenguaje de sordos y a decir cosas muy distintas con palabras idénticas. Me
remito al respecto a las razones del diputado Portero y a ese precioso trabajo del profesor García
Venturini, para no ser redundante.
Lo dicho es valioso en estas circunstancias porque la conceptualización de un legislador tiene
connotaciones mentales, responde a una formación filosófica y política que lo diferencia del
profesor universitario, del científico de gabinete en áreas donde cada vez más se requiere la determinación
de la palabra precisa y quizás —en lenguaje sociológico— llegar a la matematización
de los términos.
Aquí se habla de la defensa de la Nación. Y para un político, para una Cámara política, para
quien tiene la sensibilidad nacida de una vocación política, lo que entiende por Defensa Nacional
evidentemente nada tiene que ver con lo que está estructurado dentro de la economía del proyecto
del Poder Ejecutivo.
No me atrevería, señor presidente, a hacer esta afirmación si solamente me apoyara en las
experiencias de mi formación personal. He tenido la suerte de asistir, junto con otros colegas
parlamentarios a un curso acelerado acerca de la temática de la Defensa Nacional y el planteo
clave que nos ha dejado esclarecido, como una coordenada permanente en todos los expositores,
es que la Defensa Nacional no es la Seguridad Nacional.
Asignar las responsabilidades de la defensa y la seguridad nacionales solamente a un organismo,
o a un funcionario, y lo que es mucho más grave —tal como se propone en este proyecto
de ley— adjudicarlo al ministro de Defensa, es un despropósito y crearía una situación distorsionante
del verdadero contenido de la Defensa Nacional, no solamente de su concepto primigenio
sino también de la concepción político-militar.
De allí que esté realmente apenado de que se haya traído al recinto de esta Honorable
Cámara este proyecto de Defensa Nacional, al que le encontramos falencias, limitaciones, imperfecciones
e incoherencias mucho mayores y más graves que las disposiciones legales vigentes
en la ley 16.970 que creara el organismo para la Seguridad Nacional que fue dado llamar el
CONASE.
En el régimen militar los autores de la ley por la cual se creó el CONASE concibieron al lado
de éste al CONADE. En el régimen militar los redactores de la ley de creación del CONADE
—como en el caso de la creación del CONASE— en ningún momento confundieron lo que era
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la conducción y la dirección suprema de la Defensa Nacional, con lo que era la organización y
el régimen funcional de la “Seguridad Nacional”.
Lamentablemente, en este proyecto de ley que estamos considerando, desde los primeros
pasos en donde se están dando las notas conceptuales, para de allí seguir con toda la explicitación
del proyecto, a cada centímetro, señor presidente, estamos tropezando con esta ambivalencia,
con esta obscuridad, con este entrechocar de términos, que lo son también de conceptos.
El proyecto de ley en consideración, lejos de clarificar, de ser un instrumento para poder armar
al país con un sentido de nacionalidad va a llevar al equívoco a todos los argentinos.
La ley de Defensa Nacional no es ésta, señor presidente; por lo menos, así como está redactada.
El Poder Ejecutivo tenía que haber expresado que para proyectar una ley de Defensa
Nacional era imprescindible revalidar —como tantas veces lo han dejado escrito en documentos
públicos y partidarios y expresado en el seno de esta Honorable Cámara— la existencia del Plan
Trienal 1974/1977, la actualización de sus políticas nacionales, sus estrategias, para darle sentido
y funcionalidad a la seguridad nacional.
No se puede pensar en una ley de Defensa Nacional, si no está totalmente imbricada e insertada
con las definiciones de las políticas nacionales, que, en definitiva, son la concreción de las
aspiraciones de la mayoría popular que le dio el poder para que tome las decisiones en virtud
de las propuestas que lanzaron al país en las jornadas electorales de 1973 y que se tradujeron no
solamente en su plataforma programático-política sino en las concepciones de convocatoria y
concertación nacional con las otras fuerzas políticas. No estaba delineado con precisión, pero en
la intimidad de su corazón, cada argentino sabía qué proyecto nacional quería a partir de 1973.
No es el caso de ponernos a juzgar sobre las imperfecciones o de ponernos a analizar las
falencias metodológicas, pero con humildad científica, con alto sentido político y con conocimiento
de la materia, los autores del Plan Trienal 74-75 han recurrido al principio sabio que
ningún plan o programa es rígido ni cristalizado, menos cuando se refiere al problema de dar
las estrategias, o sea las medidas concretas para implementar las políticas nacionales trazadas
en función de la imagen de un proyecto nacional o de una Nación que se desea. El sentido del
rigorismo funcional de un programa está en su revisión permanente partiendo del criterio de
dinamizar la sociedad, y que tal plan tiene que ser en sí mismo dinámico. No hay programa
inteligente, válido ni que se adecue sabiamente a la realidad si no se somete a ese requisito
fundamental que es la revisión constante, la adecuación valiente a la coyuntura, pero que de
ningún modo la coyuntura pueda hacer variar los objetivos fundamentales que provocaron
la redacción del proyecto de labor trienal y que nos ha unido aquí a todos los parlamentarios
durante esta etapa institucional.
Modificar adecuándonos a la coyuntura no significa hacer inválidos los propósitos ni los
objetivos fundamentales. Nosotros, porque nos encontramos asediados y nos sentimos de alguna
manera acuciados por ciertas emergencias, no podemos perder de vista el final del camino,
ni perder de vista cuáles son las cosas esenciales que tienen unido al país, ni los lineamientos
fundamentales por los que los argentinos evidentemente quieren estar solidarios. No en balde
—aunque parezca ocioso, reiterativo y cansador— el propio ex presidente Perón lo quiso advertir
desde esa alta tribuna: es tiempo de que nos pongamos a elaborar el proyecto nacional. Para ello
debe comenzarse, decía —no sé si textualmente pero creo que respeto fielmente la inteligencia y el
espíritu— por poner claridad al pensamiento íntimo de cada uno, y por el esclarecimiento interno
de nosotros mismos; lograrlo en nuestros propios movimientos y en nuestras propias formulaciones
ideológicas políticas, porque en la medida en que ganemos ese esclarecimiento podremos ganar
en acelerar el punto de convergencia de objetivos para dar las soluciones programáticas concretas
que nos permitan hacer válidos ese slogan, que ya no es patrimonio de la mayoría, sino del país,
o sea, la reconstrucción y la liberación nacional.
Estoy persuadido que aun manteniendo cada uno su fuente doctrinaria, su concepción

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política vamos a llegar a ese punto convergente y sentir que unidos nos reconstruimos y, sobre
todo, coincidimos en que la meta final significa liberarnos en paz y justicia.
Señor presidente: yo lamento, porque esta ley de Defensa Nacional no tendría que estar signada
por ese obscuro nubarrón de la subversión y de la guerrilla, sino por la cosa alegre, desafiante
y fecundante del desarrollo nacional que movilice todos los ámbitos y todas las potencias
del país; cuyo empeño consiste en la liberación del hombre y de todos los hombres; en la
propuesta de no tener más, sino de ser más. Ese debiera ser el telón de fondo, en el cual debió
insertarse la temática de la “seguridad social”. Por eso define bien el proyecto en su artículo 2 o el
contenido conceptual de la misma —y a su respecto hay consenso, casi unanimidad— cuando
dice que “la seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y el logro
de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional se hallan a cubierto de
interferencias y perturbaciones substanciales”.
Yo quisiera hacer una pequeña aportación a una cita del señor diputado Portero. Cuando
habló de la interrelación de la seguridad con el desarrollo citó a McNamara, y dijo que no nos escandalizásemos
por quien pudo haber sido el autor. Yo voy a hacer un aporte de antecedente legislativo
muy preciso sobre el artículo 2º. El plan del régimen militar Plan Nacional de Desarrollo
y Seguridad 1971-1975 (aprobado por decreto ley 19.039/71) no lo cita a McNamara, pero sí
aparece, por lo menos, como “padre” de esta redacción del artículo 2º. Es importante leerlo para
que tengamos la verdadera inteligencia del concepto, para que sepamos qué sentido tiene la seguridad
nacional al servicio de las políticas de la Defensa Nacional y para que veamos nosotros que
no es una concepción estática para defender un statu quo, sino para defender los intereses vitales
de la Nación —los de hoy que son muchos, e impostergables, y los permanentes y constantes—,
pero dentro de una concepción dinámica y prospectiva, ya que la seguridad nacional no defiende
una situación estática o anquilosada, sino que defiende continuamente un proceso cambiante,
como si fuera un permanente nubarrón que va cubriendo al sol para mitigar el cruce fatigoso del
hombre en el desierto. La seguridad nacional tiene una concepción prospectiva y dinámica. Por
eso me voy a permitir leer la parte pertinente inserta en el plan, a fojas 4/5.
“La seguridad en el contexto del plan contiene en sus previsiones y medidas las específicas de la
Seguridad Nacional (escúchese bien, porque aquí están las palabras textuales que recoge el texto de la
ley 16.970 y el proyecto en su artículo 2º), entendiéndose como tal a una situación en la cual los intereses
vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales”. He
escuchado en este recinto una serie de interrogantes preguntando qué ha querido decir el autor
—o el día de mañana, el legislador— con esto de “interferencias y perturbaciones substanciales”.
Veamos lo que aquí se dice —que ha sido su fuente directa—: “Para determinar los intereses vitales
se hizo necesario definir los objetivos concretos que deben ser preservados, o sea defendidos de
daños, peligros o riesgos. Es claro que dichos objetivos están contenidos en los elementos constitutivos
de la Nación en el presente y en todos aquellos factores que posibilitan su proyección hacia el futuro,
de acuerdo a las aspiraciones manifestadas por la sociedad”.
“Ello obligó a que la seguridad y el desarrollo, en forma conjunta, efectuaran los análisis y el diagnóstico
de la realidad nacional y de los contextos regional e internacional, a fin de extraer conclusiones
ciertas y precisas sobre la determinación de los intereses vitales de la Nación y la visualización, por
parte de la seguridad, de sus vulnerabilidades y los conflictos previsibles y, por parte del desarrollo, en
cuanto a la posibilidad de su consecución y manera de alcanzarlo”.
Del fruto y del esfuerzo de estas dos actitudes es que tiene que nacer el planeamiento para el
desarrollo integral. De manera que lo prioritario es observar la realidad del país; lo prioritario
es saber qué quiere ese país, cuáles son sus intereses vitales, permanentes o circunstanciales y
también aquellos en prospectiva que nosotros deseamos. No es un país pensado solamente para
ayer o para hoy; es para un país vivo y permanente, y por lo tanto también tiene que ser un país
pensado para mañana. Y todo eso tiene que ser fruto de un análisis científico de esa realidad,
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entendiendo que los esquemas científicos de análisis de la realidad no son patrimonio de ideologías.
Las concreciones ideológicas fruto del análisis de la realidad están reservadas sí a las filosofías
y a las doctrinas, pero el análisis de la realidad en cuanto a la veracidad de lo que significa
no es patrimonio de ningún ideólogo, de ninguna doctrina ni de ninguna filosofía. De ahí que
no voy a detenerme en el análisis metodológico del plan preparado para el período 1971/75 (decreto
ley 16.970), o en el realizado por el actual gobierno para el período 1974/77 (decreto 185,
6/11/73). Pero sí voy a referirme a algunas opiniones que constituyen la expresión del partido
gobernante y que avalan lo que acabo de decir, insertas en el capítulo Prólogo y antecedentes, páginas
9-10, del segundo plan.
Refiriéndose al Plan Trienal de gobierno, el documento sintetiza los objetivos y metas que
será posible alcanzar sobre la base de la concertación que —dice— ya ha logrado materializar el
gobierno. Se sostiene que “la planificación es un proceso continuo que, entre otras formas, se objetiva
periódicamente en documentos como el presente, donde se miden y compatibilizan los esfuerzos
que se proponen cumplir los sectores de la vida nacional para alcanzar las metas que le son comunes
y exponer, de modo integrado, el conjunto de las políticas y medidas con las que el Estado contribuye
a su logro”. “Exponer de modo integrado no es atender solamente la expresión de una parcialidad;
no se trata de evaluar las proposiciones de un sector, por más especializado, conspicuo y preparado
que éste sea. Es la integralidad del país la que tiene que proponer las políticas, en base a ese análisis
patriótico y científico de la realidad. Es en esa oportunidad donde el estado contribuye como elemento
de gestor del bien común. Pero las políticas deben ser consideradas y establecidas por distintos sectores
con representatividad en la vida del país y con las características que resulten de esa consideración el
plan será guía de la acción cotidiana”. “El plan así da al gobierno, a los grupos económicos y a los trabajadores
una visión global del país, la que seguramente tendremos si cada uno cumple con la misión
que le corresponde y tiende a facilitar, mediante una misión integradora, la ejecución de las acciones
que permiten el cumplimiento de esos objetivos” (párrafo 3 o del Prólogo del Plan Trienal, página 9).
Desde que me he instalado en esta banca, ha tenido un leit motiv con respecto al presupuesto.
Permanentemente he exigido al ministro de Economía de turno y a la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de esta Cámara respecto al cumplimiento del presupuesto y a la guía orientadora que
significaba a cada uno saber en qué lugar está instalado, hacia dónde quiere ir y qué debe hacer.
Hasta hoy no lo hemos conseguido, señor presidente.
El ejemplo que acabo de dar viene al caso porque ahora estamos tratando un proyecto de ley
de Defensa Nacional. Queremos demostrar el despropósito de referirnos a la Defensa Nacional
como un concepto abstracto si antes no tenemos reactualizada una visión única, o por lo menos
concertada o integrada, de lo que debe ser el proyecto de nuestro país, la Nación a que aspiramos.
Tenemos que entender cuáles son las futuras políticas, no las que han fracasado, no las referidas
a lo que no se concibió como deseado. Debemos considerar previamente las políticas que vamos
a instrumentar de hoy en más, haciendo borrón y cuenta nueva de lo anterior. Entonces sí, señor
presidente, encontraría coherencia al hecho de presentar este proyecto de ley a la consideración
de la Honorable Cámara.
Quizás la urgencia por querer superar la coyuntura nos ahogue en un vaso de agua y haga
naufragar nuestras mejores aspiraciones para llegar a ese anhelo de todos los corazones humildes,
de convertir a nuestro país en la Argentina Potencia.
No contamos con el proyecto de presupuesto para el año 1976 y no conocemos cuál es la
filosofía económica para poder hacer las rectificaciones en orden al proceso de esta liberación
nacional, que es el frontispicio que identifica a este Parlamento.
No conocemos cuáles han de ser las orientaciones programáticas de las restantes áreas ministeriales.
No conocemos las propuestas políticas para el futuro ejercicio. No sabemos si el presupuesto
se compadece con este Plan Trienal proyectado para 1974-1977 o si ha quedado de nuevo atrás,
relegado, olvidado, en alguno de los tantos anaqueles de la biblioteca de la Casa de Gobierno.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
¿Es que el proyecto de liberación y recuperación nacional se compatibiliza con esto?
La ley 16.970, que vamos a derogar, es mucho más funcional, más precisa, con mayor exactitud
técnica, con mayor precisión legislativa. Tiene, es cierto, una serie de vicios que rozan lo
inconstitucional, tal como lo han expuesto algunos señores diputados, pero desde el punto de
vista conceptual, del esclarecimiento de lo que debe asumirse como defensa de la Nación, resulta
evidente que tiene una claridad elaborativa superior.
Lamento que se haya tomado ese modelo —que crea el CONASE— no para perfeccionarlo
sino para mutilarlo, para hacerlo ininteligible, para crear confusión y para consagrar semejante
anacronismo desde el punto de vista institucional y legislativo como cuando al tratar sobre la
formulación de la doctrina, políticas y estrategias de la Defensa Nacional establece que el ministro
de Defensa es el único depositario de todas las responsabilidades de implementación concernientes
a toda la Defensa Nacional. Me remito a lo establecido en los incisos a), b), c), g) y k) del
artículo 16 del dictamen de comisión.
No puedo silenciar la inclusión de semejantes cláusulas en el proyecto de ley. No tiene ningún
antecedente. Amablemente le solicité al señor diputado Lazzarini que tomara en cuenta este
cuestionamiento frontal al proyecto. Sin embargo en el curso de su exposición no escuché una
respuesta. Gentilmente le pedí que anotara mis observaciones porque eran preocupaciones que
realmente me angustiaban.
No deseo detenerme en la lectura y análisis del artículo 16 del proyecto, que es conocido por
todos los señores diputados. Deseo señalar, sí, que a ese ministro de Defensa se le dan una serie de
atribuciones, una serie de áreas que están mucho más allá de lo que constitucionalmente significa
un ministerio. (Artículo 87 de la Constitución Nacional.)
Es más, el artículo 88 de la Constitución determina que “cada ministro es responsable de los
actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas”. Y el artículo 89 determina
que “los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente
al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos”.
El Poder Ejecutivo en nuestro país es unipersonal, y la Constitución determina —lo hemos
leído— claramente cuáles son las funciones, las calidades, las aptitudes y las capacidades de los
señores ministros. Nos hemos acostumbrado a que la expectativa creada por la designación de
un nuevo ministro de Economía (por ejemplo) supere a las creadas por las posibles decisiones
políticas del mismo presidente de la República. Es una desvirtuación de conceptos que estamos
tratando de rescatar.
El Poder Ejecutivo de la Nación es ejercido por una sola persona; es unipersonal. Y si alguna
vez se ha atacado a nuestro régimen ha sido precisamente por eso, por ser un régimen personalista,
y es así porque responde a las raíces históricas de nuestro pueblo.
En buena hora los hombres del ‘53, que por su formación no tenían un gran sentido de lo
telúrico y que racionalmente estaban educados en la recepción de las novedades doctrinarias de
fuera de nuestro país, tuvieron el sentido patriótico, la agudeza y la sabiduría de adecuarse a las
exigencias culturales predominantes en nuestra tierra.
El presidente manda, el presidente es una persona de carne y hueso que conduce y guía.
Y en este proyecto de ley se otorgan atribuciones a un ministro que son extremadamente amplias,
cuando la experiencia del país, y no la referida solamente a este período parlamentario, nos
indica que muchas veces estos funcionarios no han llegado a durar veinticuatro horas en sus cargos.
Algunos señores diputados han expresado la preeminencia que desde hace treinta años
—esto referido a la conclusión de los mandatos por los presidentes civiles— han tenido las
Fuerzas Armadas en el escenario político de nuestro país.
Y si esto es válido en lo que hace a nuestro régimen institucional presidencial, cuánto más lo
es —en el plano de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo de turno— con respecto
a los ministros.
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¿Qué confiabilidad, qué validez de permanencia, de revisión constante vamos a tener en un
ministro si no sabemos si al día siguiente de su designación va a desempeñar sus funciones?
¿Cómo sabemos nosotros quién puede constituirse en el constante centinela de las políticas implementadas
para la Defensa Nacional? No hemos sabido superar las deficiencias de la actual ley
16.970, por la que se daban funciones muy complejas a un solo organismo: la llamada Secretaría
del CONASE; ni las virtudes de ser pensada en función del desarrollo.
Todos los países modernos han elaborado la solución desde un punto de vista global. No
quiero caer aquí en el prurito de versación libresca o en la exquisitez de citar experiencias de planeamiento
y de organización no sólo para el desarrollo, sino también para la Defensa Nacional.
No deseo hacerlo aquí, pero sepamos que hay bibliotecas íntegras, en las cuales podemos encontrar
las respuestas aptas para llenar las exigencias actuales conforme a una visión realista y
totalizante de nuestro país, para así poderlo organizar para el desarrollo integral. Y dentro de
este último contexto es evidente queda comprendida la Defensa Nacional; y ésta —a su vez— se
afirma en la defensa del hombre y su desarrollo integral para propender desde una cosmovisión
cristiana a que defienda a aquél en la dignidad de su condición de persona humana. Un planeamiento
del desarrollo que esté en definitiva al servicio del hombre, quien está inserto no individualmente,
como por una racionalidad, como pretendía el liberalismo: es una criatura de carne
y hueso, que tiene necesidades concretas, que vive y come, y aspira y desea todos los días y cada
jornada que inicia; y porque tiene ese destinatario final y porque se ejecuta a través de toda la sociedad,
nucleada por sus familias, hace que la Defensa Nacional esté dependiendo del desarrollo.
Debemos leer con atención —y pido a mis colegas y al señor miembro informante que lo hagan—,
por ejemplo, el artículo 9º del proyecto actual, que dice casi lo mismo que decía el artículo
9º de la ley 16.970: la “dirección superior” de la Defensa Nacional y la “conducción superior”
de ésta, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le corresponde al presidente de la
Nación, va de suyo que todos los aspectos involucrados en ella competen al país todo.
Por lo demás esta ley en todo su contexto, leída con detención, no va a dejar lugar a dudas
de que todas las políticas que se puedan implementar tienen relación con la seguridad, cuya definición
rectora todos estamos contestes en que está inserta en el artículo 2 o , pero sin confundir
los planos en ningún momento. En momento alguno se le atribuye, de una manera conjunta a
un ministro la formulación de la doctrina de la seguridad y de la Defensa Nacional, como lo hace
ahora el proyecto. Es un desborde que realmente asombra, que quede ahora en manos del señor
ministro de Defensa la formulación de la doctrina de la Defensa Nacional. Esto va mucho más
allá de las atribuciones que le hemos dado por la ley orgánica de ministerios. Asombra, además,
que el Poder Ejecutivo en el articulado sobre el Consejo de Seguridad identifique a cada instante
la seguridad con la Defensa Nacional.
Me pregunto entonces, señor presidente, hasta qué punto con la sanción de esta ley nosotros
podemos contribuir al logro de los objetivos fundamentales de la Nación, de las políticas nacionales
trazadas, y a determinar con precisión legislativa los roles que corresponden a cada uno
de los sectores y, fundamentalmente, el rol que les corresponde, dentro de este contexto social,
económico y político, a las Fuerzas Armadas…
De ahí en más, señor presidente, es que nosotros tengamos nuestras serias dudas de que el
instrumento por el que ha optado el Poder Ejecutivo para poner en ejecución todo lo que significa
la movilización de este país para la Defensa Nacional vaya realmente a conseguir su objetivo.
La sensación de esto surge del proyecto mismo que no está registrando nada más que lo que
dice con toda razonabilidad la ley vigente: “estructura y régimen de la Defensa Nacional” sino
que va mucho más lejos. Pues por el prurito de querer aparecer original, el Poder Ejecutivo le
cambia el título, y al cambiarle el título le cambia todo el significado, provoca esta confusión de
conceptos, este choque de planos que nos lleva al desconcierto.
El proyecto dice: “Estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional”. Parecería ser

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lo mismo que lo expresado en el título correspondiente de la ley 16.970, pero no lo es, señor
presidente. Esto significa que —por su contenido— toda esta estructura legal a sancionarse en
el proyecto, a diferencia del régimen vigente es la creación de los organismos competentes para
cumplir exclusivamente con la finalidad de la “seguridad nacional”, que como dice ese artículo
segundo, que tantas veces he repetido, está destinada a que “los intereses vitales de la Nación y el
logro de los objetivos nacionales y jurídicos se hallen a cubierto de interferencias y perturbaciones
substanciales”. Esto tiene relación con la seguridad nacional, que es una temática específica, y el
problema de la Defensa Nacional atañe al país todo.
Esta es una doctrina en la que estoy seguro me han de acompañar todos mis pares en esta
oportunidad. Y es una doctrina pacífica. La Defensa Nacional le compete al país todo. El país
tiene que ponerse de pie para la defensa de sus intereses vitales.
Pero yo quisiera saber a qué distancias estamos todavía del logro de esa Defensa Nacional,
cuando aún en esta Argentina nuestra que tanto amamos, de cada tres niños hay dos que sufren
de hambre fisiológica; de cada cinco familias una carece de techo y otra tiene una vivienda indigna;
de cada veinte niños que nacen en este país bendito uno no alcanza a vivir un año; cuando
en esta tierra se condena a la familia numerosa y se alienta a la familia tipo; cuando el país está
desprovisto de comunicaciones y de infraestructura de servicios esenciales.
Ya ha dicho mi distinguido comprovinciano, el señor diputado Rafael, cuál es el grado alarmante
de la penetración brasileña. Hay zonas inmensas de nuestro país donde se aprende a hablar
primero el guaraní o el portugués antes que el castellano; hay empresas comerciales que
para mejor difundir sus productos en nuestro país pagan espacios publicitarios en emisoras del
extranjero desde las que se hace la penetración para el consumo, con todas sus secuelas negativas.
Frente a los kilómetros de frontera que nos separan de Chile pensemos qué infraestructura
de servicios proveemos a sus pobladores. ¿Es acaso un misterio que el día de la independencia de
Chile en la Patagonia se paraliza toda actividad? ¿Es acaso un misterio que para un chileno el mejor
servicio de ahorro, de registro civil o de cualquier línea de crédito para la construcción de una
vivienda se encuentra allende nuestras fronteras, y que no tiene aquí elementos de captación que
le permitan echar raíces en nuestro territorio? ¿Es acaso un secreto la penetración de paraguayos
y bolivianos sin que contemos con instituciones que nos permitan ponerle coto a una inmigración
incontrolada e irracional? ¿Se ignora acaso la aberración de nuestra distribución poblacional
y la inmensidad de zonas despobladas?
¿Puede decirse, señor presidente, que este país esté en condiciones de ponerse de pie en defensa
de la Nación? ¿Está armado psíquica, espiritual y estructuralmente como para que podamos
decir que somos un país dispuesto a la Defensa Nacional, o es que acaso no tenemos vacíos
estructurales enormes y vulnerabilidades visibles y hasta grotescas? Recordemos que en ciertos
lugares de la Capital Federal la moneda corriente no es la de nuestro país, sino la de países vecinos,
y tengamos en cuenta la fagocitación de kilómetros de tierra y el aprovechamiento clandestino
de recursos naturales, que es cada vez más asombroso, por parte de poblaciones extranjeras.
Todo esto se relaciona con la Defensa Nacional y con la formulación concertada e integradora
de todos los sectores de propuestas alternativas para que podamos poner coto a esa situación.
Esta ley no es una ley de Defensa Nacional, sino que simplemente atiende a una parcialidad:
“la seguridad nacional”. Surge así el otro problema: ¿seguridad para qué intereses vitales?
¿Seguridad para qué situación del país? ¿Para un statu quo que no todos deseamos o para un país
que queremos que avance?
Establezcamos los lineamientos para poner al país en marcha en una actitud transformadora;
pongamos al pueblo en función protagónica para hacer la revolución del sistema y entonces la
seguridad nacional será el reaseguro para que los vitales intereses del país en juego queden resguardados
y para que esa revolución en paz sea una realidad entre gente que vive en solidaridad
fraterna y armoniosa. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
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Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Acevedo.
Sr. Acevedo.—Señor presidente: me toca intervenir casi al filo de la conclusión de este debate.
Comprendo perfectamente que debo afrontar en este instante una natural fatiga de la Cámara,
pero en tan trascendente tema nuestro bloque no puede omitir una serie de referencias concretas.
Ya ha sido dicho por el presidente de nuestra bancada que votaremos afirmativamente el
proyecto en general, sin perjuicio de señalar algunas deficiencias que es menester corregir y a las
cuales también se refirió el señor diputado Falabella.
Esta ley es necesaria, señor presidente, y en tal sentido nuestro voto aparece comprometido
por la circunstancia de haber señalado sólo disidencias parciales. Contrariando un tanto manifestaciones
que se han vertido en el recinto, entendemos que este proyecto procura el mantenimiento
y la preservación de nuestras instituciones fundamentales. Tal es lo que surge de sus
prescripciones. Véase, si no. En su artículo 3º nos dice que la Defensa Nacional “comprende el
conjunto de medidas que el Estado adopta, en todos los sectores, para lograr la seguridad nacional”. Y
al definir en qué consiste la seguridad nacional, expresa que “es la situación en la cual los intereses
vitales de la Nación y el logro de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales”. Precisamente cuando se
hace referencia a los intereses vitales de la Nación se está hablando de un aspecto sumamente importante
que creo no ha sido advertido por todos los oradores que han participado en el debate.
Me parece, en tal sentido, que se ha incurrido en un vicio frecuente y en una confusión reiterada
al no percibirse que lo que este proyecto de ley quiere lograr es la afirmación de las instituciones,
es decir, de aquellas que componen nuestro ordenamiento jurídico. Digo esto porque en
el debate se ha incursionado reiteradamente en la insuficiencia de las soluciones políticas en los
más diversos sectores para el mejor logro de una eficaz Defensa Nacional global. Una cosa es la
ley y otra la política. Esta es la pretensión de llevar al marco normativo apetencias, anhelos y preferencias
de los distintos aspectos de la vida del país. Y lo señalo para poner de relieve —aunque
hemos anticipado algunas deficiencias— que la ley no es tan mala, ni presenta vicios tan profundos
como los que se le quieren imputar. Porque, si, como ya lo adelanté, su objetivo fundamental
es el mantenimiento y preservación de nuestras instituciones, bien está que exista una ley que se
encargue de ese resguardo. De las leyes existentes y de las que sancione en adelante el Honorable
Congreso de la Nación.
Está muy claro que es así, porque si analizamos algunos de los artículos que componen el
proyecto en examen, vemos muy claramente que en rigor se pretende la defensa de nuestras
instituciones substanciales. Si en el artículo 25 del proyecto se habla de la guerra clásica o internacional,
es obvio que aquí lo que está en cuestión es la preservación de la Nación como tal. Si
en el artículo 30 se hace referencia a la alteración del orden público, está muy claro que también
apunta a la preservación de nuestras instituciones fundamentales.
Yo sé que existen dificultades muy marcadas para precisar en qué consiste el orden público.
No obstante, hay coincidencias bastantes importantes como para anotar que, en rigor, el orden
público no es otra cosa que el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas
en una comunidad jurídica. Es decir, pues, de esas instituciones que han sido vertidas al ordenamiento
jurídico, para distinguir otra vez entre lo que es una mera apetencia, arte de la política, y
lo que es la ley, la cual consagra una norma que debe ser obligatoria y respetada por los integrantes
de una comunidad. El orden público es una forma de vida, un status establecido y condicionado
por la voluntad formal de una comunidad jurídica, tratándose de instituciones —recalco
siempre este aspecto— que han sido plasmadas y articuladas en un ordenamiento jurídico.
Se trata, pues, de la defensa de esas instituciones que ya tenemos instituidas como normas
positivas que integran el ordenamiento. Problema aparte es si satisfacen en este instante todas las
exigencias de la comunidad o si, por el contrario, muchas de sus apetencias y de sus anhelos no
han sido debidamente logrados. Nuestra participación en esta Cámara, el quehacer del Congreso

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Nacional, es precisamente convertir esas apetencias políticas en normas jurídicas. Cada grupo
tiene su propia concepción de cuáles son los medios necesarios para articular la felicidad del
país. En eso radican nuestras diferencias. Muchas veces, por supuesto, nos equivocamos en la
articulación de esos medios y esto afecta por cierto el espíritu de la comunidad, que se desalienta
y se decepciona. Dentro de nuestro quehacer, en el quehacer del político que mira en prospectiva,
siempre debemos estar dispuestos a modificar las estructuras jurídicas de la República para
crear nuevas instituciones que hagan posible esa felicidad que todos los integrantes de la comunidad
anhelan: el bienestar de que habla el Preámbulo de la Constitución. No dudo de que esa
felicidad y ese bienestar no han sido alcanzados. Allí está nuestra tarea y la de los demás poderes
del Estado. Digo esto, señor presidente, para poner de relieve y recalcar que se trata de defender
nuestras instituciones tal cual ellas están plasmadas en nuestro ordenamiento, lo que no obsta al
propósito de mejorarlas y substituirlas para lograr una mayor eficiencia en el arte de dar felicidad
al pueblo.
Es cierto que cuando se trata un proyecto de esta naturaleza asoman en seguida dificultades
muy marcadas para poderlas llevar a una normatividad en que deben compatibilizarse dos
exigencias acaso contradictorias: por un lado, las exigencias de la Defensa Nacional, que suelen
comportar a menudo restricciones a las libertades individuales; y, por otro lado, las exigencias
que se derivan del mantenimiento y la preservación de las garantías individuales tan caras a nuestro
pueblo, porque en él se han hecho carne los preceptos que integran el capítulo de derechos y
garantías de la propia Constitución. La cuestión viene desde las raíces de nuestra historia.
Esa difícil compatibilización es la que suele crear dificultades, pero está en nuestro quehacer
lograr la armonía necesaria como para que queden a buen resguardo esas garantías individuales,
sin perjuicio de darle al país las posibilidades de que sus instituciones substanciales puedan ser
debidamente defendidas, preservadas y resguardadas de aquellos que atentan contra esas mismas
instituciones. Sobre este tema voy a volver, porque creo que aquí se han dicho cosas no del todo
suficientemente claras y nuestro bloque no puede dejarlas pasar por alto.
Pero, añado, siguiendo con el curso inicial de mi exposición, que es patente que en el proyecto
de ley ha existido una preocupación, no debidamente lograda quizá, de que todas las exigencias
de la normatividad que se propone operen dentro del marco constitucional. Lo dice específicamente
una de las normas proyectadas, el artículo 2 o , toda vez que alude al logro de los objetivos
nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional; pero no menos que ello, en el
mensaje de elevación de este proyecto se dice ni más ni menos que el instrumento legal que vinculará
tan trascendente función del Estado debe asegurar, respetando la esencia de los principios
constitucionales, la participación coordinada y eficaz de todos los factores del potencial nacional.
Está claro, pues, que ha existido esa preocupación. Empero, como se ha puesto de relieve a
lo largo del debate, esa preocupación no ha sido debidamente trasladada al texto del proyecto.
Aparece, por ejemplo, el tema de la conmoción interior que ha dado lugar a no pocas cuestiones
en su examen. Se sostuvo, así, por parte del señor miembro informante que la conmoción
interior de que habla el artículo 30 del proyecto difiere de la conmoción interior a que alude el
artículo 23 de la Constitución Nacional. Yo me adelanté a sostener en oportunidad de un diálogo
con el señor miembro informante que difería con esa apreciación. Ahora tengo motivo para insistir
en que la conmoción interior de que habla el artículo 30 del proyecto de ley es equivalente,
similar o análoga a la del artículo 23 de la Constitución Nacional. Ambos suponen una situación
de gravedad cierta y el mejor fundamento para decir que se trata de una misma hipótesis es la
circunstancia de aludirse, en ambos casos, a la conmoción interior cuyo concepto ha sido elaborado
a través de la doctrina constitucional y que no puede haber sido pasada por alto por los
redactores del proyecto.
Pero si vamos más lejos, señor presidente —para que este cotejo no resulte del solo hecho de
emplearse los mismos vocablos en la definición—, el artículo 30 nos dice que es la situación que
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implica o puede implicar la alteración del orden público y de las actividades y servicios esenciales.
Yo me pregunto, señor presidente —empleando un método retórico en mi exposición—, si eso
difiere, desde el punto de vista de la analogía o de la similitud, con lo expresado por el artículo
23 de la Constitución Nacional cuando habla de la perturbación del orden que pone en peligro
el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella.
Como ya me he referido al concepto de orden público, me parece obvio que estamos ante
una situación equivalente. Y si ello es así, parecería que las consecuencias debieran ser análogas
en todo el tratamiento de la cuestión, de donde resulta insuficiente, a nuestro modo de ver, que
la declaración de zona de emergencia, prevista en el artículo 30 del proyecto, deba ser comunicada
al Congreso Nacional. Desde nuestro punto de vista, y por tratarse de situaciones análogas
o similares, debe jugar el recaudo constitucional establecido en el artículo 67, inciso 26, dándose
la ineludible participación al Congreso de la Nación y, en caso de receso de éste, el previsto en el
artículo 86, inciso 19, de la Carta Magna.
El señor miembro informante le dio tal latitud a la expresión “deberá ser comunicada al
Congreso Nacional” que parece ocioso remarcar esta insistencia de nuestro bloque, de la que
participan también, por supuesto, otras bancadas por observaciones similares realizadas.
A propósito de esto y para que no se insista en un vicio frecuente, quiero decir que la exposición
de un miembro informante en lo que atañe a la interpretación de la ley tiene un valor mucho
más relativo que el que se le suele acordar. Es una opinión que aparece fundada y razonada, y en
tal sentido sirve al intérprete en la medida en que éste coincida con la apreciación del miembro
informante, satisfaciendo una exigencia de convicción para la interpretación de la norma, pero
mal se puede sostener que la opinión del miembro informante constituya un factor relevante
dentro de las posibilidades interpretativas de la ley.
Es por eso que no nos basta lo manifestado por el señor miembro informante, y por eso es
que nosotros proponemos, desde ya, la modificación de la última parte del artículo 30, en el sentido
que hemos expuesto.
La otra dificultad aparece señalada con relación al artículo 36, que prevé una situación que,
en mi modesto juicio, no está bien identificada. Dice el citado artículo: “Cuando la naturaleza y
proyección del hecho subversivo e insurreccional lo haga necesario, el presidente de la Nación podrá
disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones militares, sin el requisito previo de decretar
zonas de emergencia”. Digo que no está bien precisada la circunstancia, porque falta una nota
que es de extrema importancia incluir. Es cierto que el supuesto es de necesidad; pero además es
de urgencia y está determinado por la actualidad del hecho subversivo o insurreccional. Es indispensable
remarcar este aspecto, porque es esa circunstancia del hecho actual lo que puede justificar
la decisión del Poder Ejecutivo, tal cual está proyectado en el artículo en examen. Pero, a
nuestro modo de ver, esto no excluye que, después de adoptadas estas medidas determinadas por
el supuesto de necesidad y actualidad, es decir urgencia, se dé cuenta al Congreso de la Nación,
para su aprobación, modificación o anulación.
Aquí residen nuestras dos observaciones substanciales. Y toda vez que precisamente en el
artículo que acabo de leer se hace referencia al “hecho subversivo o insurreccional”, me veo
obligado a formular algunas puntualizaciones en orden a este aspecto. En el transcurso de las
reuniones que realizaron los integrantes de las distintas comisiones para el análisis de este proyecto
hubo una marcada preocupación por definir la subversión, entendiendo que puede ser
muy riesgoso conceder facultades como la que acuerda el texto del que me vengo ocupando sin
estar precisamente delimitado, en qué consiste la subversión. Yo no la voy a definir como lo ha
hecho la difidencia anotada al proyecto en examen que destaco, por otra parte, como poco feliz.
Pero si la voy a caracterizar, sobre todo para distinguirla de lo que dice el texto de esa disidencia.
Yo recojo una afirmación generalizada: cuando se habla de la subversión se entiende de hechos
que tienden a destruir el orden público, aspecto este último, al cual ya me he referido muy

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
específicamente. Y anoto, en tren de caracterización, que la subversión persigue una finalidad
política; diría, en tal sentido, que es una especie de los delitos políticos. Pero en lo que concierne
a la ley debo anotar lo siguiente: se trata de la acción violenta, es decir, la acción caracterizada por
el empleo de la fuerza que se ejerce sobre las cosas o que constriñe a las personas a infringir los
deberes preceptuados por la ley.
Me coloco siempre dentro del marco jurídico. ¿Y por qué? Porque la ley es la expresión
de las voluntades vertidas en el Congreso de la Nación, en síntesis, la voluntad de un pueblo.
Consiguientemente, como tal, debe ser cabalmente respetada. Esta es la regla a la que nosotros
nos debemos sujetar: el orden dentro de la ley, y a ningún otro acatamiento que no sea el de la
ley. Sólo hay un supuesto que escapa a las normas positivas consagradas desde que el hombre es
tal: el derecho a rebelarse contra la opresión, porque es un derecho natural, porque es inmanente
a la esencia del hombre, como que el hombre es expresión misma de la libertad.
Por consiguiente, lo que caracteriza la subversión, además de la finalidad política, del ejercicio
de la acción violenta y el empleo de la fuerza, es también ese deliberado afán de infringir
lo que establecen las normas de derecho para crear la normatividad que resulta de los hechos a
los que nosotros de ninguna manera nos queremos sojuzgar. Para nosotros no hay ningún otro
deber que no sea el del cumplimiento de la ley.
Formulo estas expresiones porque si la preocupación por caracterizar el hecho subversivo o
la subversión, al que se hizo insistente referencia en el seno de las comisiones, consistía en una
de las maneras de resguardar el ámbito de los derechos individuales, que era motivo de tan profunda
preocupación, es poco feliz que se diga que subversión es toda acción que, no importando
el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, tiende a alterar e impedir el poder nacional
de decisión expresado a través de los órganos creados por la Constitución Nacional, es decir
referido pura y exclusivamente al objetivo de resguardar el poder nacional de decisión. De esta
manera se van a escapar muchísimos actos que sí constituyen subversión y, lo que es peor, se van
a poder incorporar muchísimos otros que no constituyen subversión.
No hay que confundir el incumplimiento de la ley, el desdén deliberado por normas jurídicas
relativas a aspectos vitales de la Nación, pero que no están caracterizadas por ese empleo de la
violencia al que me refiero.
Hay otros modos de sanción que acaso deban contener penalidades muy severas, según el
grado de infracción, pero de ninguna manera se puede confundir el incumplimiento de deberes,
que pueden estar vinculados con esta cuestión del mantenimiento del poder nacional de decisión,
con lo que en esencia constituye ese menosprecio por la ley que mueve a utilizar la violencia
para desplazarla en perjuicio del debido respeto y acatamiento que toda una comunidad debe
tener a la ley misma.
Luego, señor presidente, y en síntesis, la ley no es tan mala. Ha habido preocupación por
mantenerla dentro del marco adecuado de las disposiciones constitucionales, más allá de que no
contempla otros aspectos que los tratados, muy importantes también a la Defensa Nacional. Aún
conscientes de esa parcialidad le proporcionamos nuestro voto. La ley es necesaria. Por ello, y con
las reservas que acabamos de señalar, nosotros votaremos afirmativamente este proyecto de ley,
en el convencimiento de que tiende a la preservación de nuestras instituciones fundamentales.
Y digo, para las muchas referencias que aquí se han hecho, que si el proyecto no satisface en el
instante actual los anhelos, las preferencias y los deseos de esta comunidad, está en nuestras manos
instrumentar los medios necesarios para hacer la felicidad común y el bienestar general, propósitos
a los que nos rendiremos permanentemente mientras ocupemos estas bancas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra la señora diputada Urdínez.
Sra. Urdínez.—Señor presidente; el proyecto de ley sobre régimen para la Defensa Nacional
remitido por el Poder Ejecutivo a esta Honorable Cámara resultará indudablemente un cuerpo
normativo que posibilitará al Estado enfrentar con idoneidad los problemas de nuestra Defensa
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Nacional conforme al objeto perseguido por aquélla al establecer las bases orgánicas y funcionales
para la preparación, ejecución y control de la defensa de la Nación.
La seguridad nacional necesariamente requiere de todas las fuerzas materiales y morales de
la Nación, cuando las necesidades de la guerra o de conmociones así lo imponen. Ningún ciudadano
puede mantenerse marginado de procesos extraordinarios cuando se encuentran comprometidos
los intereses superiores de la Nación, ya sea en caso de guerra o frente a otras situaciones
de extrema gravedad.
En cuanto a los organismos proyectados, ellos servirán de sólida base para consolidar el poder
defensivo de la Nación mediante una coordinación de los mismos, lo que permitirá una
utilización armónica del potencial bélico de la República.
La presidente de la Nación, como tal y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
cumple con sus responsabilidades, remitiéndonos el presente proyecto con el fin de asegurar la
soberanía de la Nación.
Respecto de las facultades que se acuerdan al Poder Ejecutivo en el título III del proyecto,
ellas resultan compatibles con el fin perseguido, cual es el de la Defensa Nacional.
Para concluir estas breves palabras, que importan una total adhesión al proyecto en consideración
por ante esta Honorable Cámara, habré de citar palabras de Hamilton, ya expresadas
en este mismo recinto en oportunidad de tratarse un tema análogo. Dijo este autor: “Las facultades
esenciales para el cuidado de la defensa común son éstas: crear ejércitos, construir y equipar
escuadras, dar reglas para el gobierno de ambas, dirigir sus operaciones, proveer a su sostenimiento.
Estos poderes debieran existir sin limitación alguna, porque es imposible prever o definir la extensión
y variedad de las exigencias nacionales y la correspondiente extensión y variedad de los medios necesarios
para satisfacerlas. Las circunstancias que ponen en peligro la seguridad de las naciones son
infinitas. Por esta razón no es prudente imponer ninguna traba constitucional al poder a quien se
le somete su cuidado. Este poder debiera estar bajo la dirección de los mismos consejos nombrados
para dirigir la defensa común. Debe admitirse como una consecuencia necesaria que no puede haber
limitación alguna a la autoridad que provee a la defensa y protección de la comunidad en cualquier
asunto esencial a la formación o sostenimiento de las fuerzas nacionales. Esta exposición reposa sobre
dos axiomas tan simples como universales: los medios deben ser proporcionados al fin, las personas
de cuya diligencia se espera la obtención del fin, deben poseer los medios suficientes para alcanzarlo.”
(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Leopoldo M. Suárez.
Sr. Suárez (L. M.).—Señor presidente: no voy a ser muy extenso en mi exposición. Mi participación
en este debate tiende solamente a fijar algunos conceptos desde que, a través de toda la
larga serie de oradores que me han precedido en el uso de la palabra, creo que involuntariamente
hemos ido incurriendo en algunas confusiones y en algunas imprecisiones que pueden hacer
ininteligible y desnaturalizar el sentido y el propósito de esta ley, que nuestro bloque ha anunciado
habrá de votar favorablemente en general, si bien en la discusión en particular señalaremos
algunas observaciones en resguardo de lo que nosotros consideramos preservar preceptos constitucionales
que, de otro modo, serían vulnerados.
He escuchado con atención una preocupación que con brillantez señalaran distintos oradores.
Yo comparto la preocupación por que se formulen programaciones y se realicen actos de
gobierno, por que se elabore una planificación adecuada para el desarrollo nacional, a efectos de
que de esta manera se concrete el presupuesto fundamental de la Defensa Nacional.
Comparto el criterio. Es más: creo que es fundamental el planteo que se formula. Pero no
tanto como para invalidar la sanción de una ley de Defensa Nacional.
Es evidente que todo esto tiene que realizarlo el Estado; que debe ejecutarlo el gobierno del que
formamos parte y que integramos los señores legisladores que ocupamos estas bancas. Estamos
en mora con la Defensa Nacional cuando no proveemos las leyes necesarias para asegurar el

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
desarrollo sostenido y armónico del potencial nacional; cuando nos paramos a declamar una
Argentina potencia, que después aparece disminuida en la realidad vigente, tal vez porque no le
hemos dado los medios necesarios o no hemos acertado con la política adecuada y conveniente
para alcanzar esa potencialidad a que todos aspiramos y compartimos.
Pero advierto que esta confusión nos lleva a una conclusión: que en estos momentos no hay
un plan de desarrollo que se cumpla; que tenemos todas estas falencias y que parecería que resolverlas
tiene que ser previo a la sanción de la ley de Defensa Nacional.
Pienso que estas falencias, de las que nosotros también tenemos alguna responsabilidad
como Poder Legislativo, no pueden obstruir la decisión del gobierno y del Congreso de dictar la
ley de Defensa Nacional. Porque, por alguna de las exposiciones que se han hecho aquí, parecería
ser que éste es un país sin principios, sin objetivos, un país como esos nuevos Estados que han
nacido en el África y que todavía no alcanzan a delinear su destino nacional. Yo creo que esto es
agraviante para la Argentina como nación, para sus gobiernos y para el prestigio que ha logrado
en el concierto internacional.
Bastaría el Preámbulo de nuestra Constitución para señalarnos los verdaderos objetivos nacionales
que todavía tenemos que alcanzar y cumplir. Nuestra vocación de Patria nos llevó a la
emancipación y a defender nuestras fronteras en circunstancias en que, desde luego, el índice de
analfabetismo era mucho mayor, en que los niños que morían eran muchos más, en que nuestro
potencial logístico era escaso, tan escaso que San Martín —al que se evocó aquí como genio militar
y como santo de la espada— tuvo que recurrir al esfuerzo de un fraile que, con recursos mínimos,
forjó los cañones y las armas que dieron libertad a varios países americanos. San Martín no
preguntó, ni lo hizo el fraile, ni lo hicieron los mendocinos, los sanjuaninos y los puntanos que
estaban forjando sus cañones, ni los blancos ni los hombres de color que engrosaron las filas de
sus ejércitos para libertar a América, si antes de eso había un objetivo nacional concreto establecido
en una ley o en una resolución del Directorio. Estaban defendiendo a su Patria y a su país.
Ahora, en 1975, tenemos los objetivos que señala la Constitución Nacional, tenemos los proyectos,
todavía sin sanción, que están en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados
en procura de lograr el desarrollo argentino; existen, bien o mal, las distintas preocupaciones de
políticos, de civiles, de militares, de empresarios y de obreros que hicieron realidad la posibilidad
de SOMISA, que hicieron realidad la posibilidad de tener Fabricaciones Militares y de contar
con astilleros navales, con fábricas de aviones; de poder tener en nuestro potencial industrial,
minero, agrícolo-ganadero, un mínimo necesario para estos presupuestos de Defensa Nacional.
Ello significa que los gobiernos, a través de nuestra historia, se han preocupado de este futuro y
de estos objetivos.
En el anterior gobierno de Perón se sancionó un plan quinquenal que mereció observaciones
de nuestra parte, pero que, evidentemente, reflejaba el pensamiento de un gobierno en función
de los grandes objetivos nacionales. Posteriormente, durante el gobierno radical del doctor Illia,
se formuló un plan de desarrollo —tal vez uno de los más completos con que contó el país— en
el que se fijó el pensamiento de un gobierno y de un sector que revelaba cómo quería y soñaba
su país.
El actual gobierno elaboró un plan que, aprobado por el Poder Ejecutivo, se ha aplicado
hasta donde se pudo; pero está allí, como expresión de un pensamiento no concretado. Estoy de
acuerdo en que es poco e insuficiente y que queda mucho por hacer, pero se advierte una distancia
sideral de allí a la conclusión de que ello enerve la posibilidad de que nuestro país cuente con
una ley de defensa.
Yo comprendo y aplaudo el examen de la política internacional que ha hecho el diputado
Sandler. Muchas de sus ideas son importantes; también lo es buena parte de la bibliografía por
él citada, que he procurado recoger. Además, es cierto lo que ha dicho en cuanto a que, después
de la Segunda Guerra Mundial, se ha transformado la concepción de la guerra y también la de la
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política exterior. En Yalta el mundo fue dividido; con maestría, entre las grandes potencias vencedoras,
el diputado Sandler ha señalado uno de los extremos, ha caracterizado la política de uno
de los grandes colosos entre los que se dividieron el mundo, y anotado los errores que resultaban,
que en su crítica compartimos, en punto a la penetración imperialista y a la forma de cómo el
nacionalismo de cada uno de estos grandes estados fue incidiendo en las naciones más pequeñas,
que aparecieron como sus satélites.
Pero advierto una falla en la exposición del señor diputado Sandler y tal vez ella se deba sólo
a una cuestión de tiempo. Él analizó el punto de vista y la acción de uno de los grandes colosos
entre los que está dividido y manejado el mundo, pero se olvidó de los otros. Acaso se debe a eso
el que no sea del todo exacta la conclusión a que arriba. Se olvidó que así como hay un imperialismo
norteamericano, hay uno soviético y otro chino, que también se traduce en actos tan deplorables
como el de que los marines ocupen un pueblo americano, ya que también es deplorable
que los tanques rusos entren y ocupen Polonia, Hungría o Checoslovaquia.
Debemos señalar esto para que nuestra posición sea absolutamente equilibrada, a la vez que
clara nuestra concepción frente al peligro. Como bien lo señaló el diputado Musacchio, yo también
creo en la tremenda importancia que tiene para la autodeterminación de los pueblos la
gravitación de los capitales, cómo manejan nuestro comercio, cómo intrigan, cómo procuran la
caída de los gobiernos, sobre todo cuando éstos son populares.
Esto es cierto, pero también es cierto que la otra potencia quiere agrandar su círculo. El señor
diputado recordó cómo a uno de estos países chicos, a Cuba, lo sacaron de una órbita, lo pusieron
en la otra y casi se origina la guerra. Este propósito ha transformado la política internacional
y el problema de la seguridad, porque también es imperialismo querer imponer por la fuerza, y
en este caso por la de las armas, un régimen o un sistema distinto al que nosotros hemos prometido
defender cuando juramos como diputados, que es el régimen en que nos hemos formado,
en el que hemos vivido, en el que viven nuestros hijos y en el que queremos que vivan nuestros
nietos.
Desde luego —y salgo con esto al cruce del argumento— que no quiero un mundo estático;
está totalmente fuera de lugar un planteo semejante. Quiero un mundo en evolución y en
transformación revolucionaria, pero dentro de una democracia social, preservando la libertad y
conservando la dignidad del hombre.
Desgraciadamente esta mañana un grupo de chicos y de muchachos que concurrieron a esta
Cámara vio un mal espectáculo, no por la calidad de los discursos, que fueron magníficos, sino
porque en ese momento no cumplíamos con nuestra responsabilidad como diputados, ya que
no había en las bancas un solo legislador de la mayoría y únicamente un puñado de diputados de
las minorías. Esta juventud que vino aquí, que fue reconfortada por los discursos que escuchó,
pienso que a su vez se ha ido amargada al ver este Parlamento, pues se estaba tratando nada menos
que la ley de defensa con muy pocos diputados, que demostraban su preocupación por tan
importante asunto.
Comparto el criterio de que esta ley podría ser mejor y que, como lo señalaba el señor diputado
Lucena, debería comprender más cosas. Yo he tenido la responsabilidad de subscribir con el
doctor Illia un proyecto de ley de defensa, que fue enviado a la Cámara, en el cual se contemplaba
integralmente el tema de la defensa, que no es algo exclusivo de las Fuerzas Armadas. El concepto
limitado ha quedado ya superado y hoy tiene que haber un país en armas en caso de conflicto
bélico. Ya que tan importante como el número de las tropas y su adiestramiento, es la posibilidad
de mantener el frente interno y la conciencia nacional, de contar con el apoyo logístico necesario.
Todos los ejércitos, por importantes que sean, si no tienen el apoyo fundamental de su pueblo, de
su esfuerzo y de su industria están prácticamente destinados al fracaso, por grandes almirantes,
generales y brigadieres que tengan.
Por todo esto, en nuestro proyecto nos ocupábamos de reflejar cuál era la participación de

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
todos en la Defensa Nacional, es decir, la del ciudadano común, la del intendente municipal, la
del pueblo, la del militar, etcétera. También establecíamos algunos de los preceptos que se propugnan
en este proyecto de ley. Tal vez, nosotros tomamos una previsión que no ha sido establecida
en este proyecto de ley, y que era aquella que comenzaba por definir los conceptos para que
no hubiera posibilidad de discusión —como ahora— en que nos detenemos para meditar qué es
lo que se quiere decir cuando se utiliza cada uno de los conceptos que se emplean.
Como estas definiciones son muy breves voy a pasar a señalarlas de inmediato. En un título
especial de “glosario de términos” —repito—, para evitar esto que está sucediendo aquí de que
con las mismas palabras expresemos distintos conceptos, definíamos cada uno de ellos.
A los efectos de la interpretación de aquella ley se entendía por Seguridad Nacional la situación
en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de cualquier tipo de
ataque o agresión externa, conmoción interior, causas de emergencia grave o catástrofe.
Definíamos como objetivos e intereses nacionales, los fines básicos y permanentes contenidos
en la Constitución Nacional en virtud de los cuales el Estado actúa con miras a la consecución
del bienestar y seguridad nacionales.
Hablábamos de los objetivos políticos diciendo que eran el conjunto de metas que se propone
el gobierno nacional —que pueden ser iguales a las de este gobierno y distintas a las del que
venga mañana, pero siempre son objetivos nacionales en una época o situación determinada—
tendientes a alcanzar los objetivos e intereses nacionales.
Definíamos a la política nacional como el conjunto de modos de acción que fija el gobierno
nacional tendiente a lograr en la oportunidad los objetivos políticos.
Decíamos que política de defensa es la parte de la política nacional tendiente a lograr y a
mantener en la Nación un índice adecuado de seguridad.
A la estrategia nacional la definíamos como la ciencia y el arte de emplear, por parte del gobierno
nacional, los medios disponibles del potencial nacional para materializar los modos de
acción filados por la política nacional.
Calificábamos a la estrategia y defensa como la parte de la estrategia nacional tendiente a
materializar los modos de acción fijados por la política de defensa.
Definíamos a la estrategia militar —y aquí entran a jugar las Fuerzas Armadas— como la
ciencia y el arte de emplear el potencial militar nacional para materializar los modos de acción de
la política de defensa, mediante la aplicación de la fuerza y la amenaza de su empleo.
En consecuencia, para interpretar los alcances de aquella ley nos manejábamos con el glosario
de términos que acabo de mencionar. Entonces uno advierte que en esta oportunidad se formulan
al proyecto de ley en consideración observaciones que confunden conceptos. Por ejemplo, es
cierto que hay que programar todo lo que aquí se ha dicho. Ya he expresado que la redacción de
este proyecto de ley tiene un sinnúmero de falencias, así como también que en nuestro país hay
un sinnúmero de cosas por hacer. Pero lo importante es que esta ley da los medios para implementar
la tan discutida ley de Defensa Nacional. En los artículos 13 y 14 se arbitran los medios
para poder llevarla a cabo.
Ahora bien, si los hombres no realizan la labor y el trabajo que el proyecto de ley exige, evidentemente
las finalidades perseguidas por la ley no se logran.
Yo no comparto el criterio de que aquí, en el nuevo proyecto, se da una especie de dictadura
del ministro de Defensa. Por el contrario, yo creo que hace bien la ley porque concentra en un
lugar la responsabilidad de preocuparse por la defensa, pero no se la deja a él solamente ya que la
política tiene que proponerla al consejo que está integrado por el presidente de la República y la
totalidad de los ministros. De manera entonces, que es la totalidad del Poder Ejecutivo la que en
definitiva resuelve en cada una de las propuestas que eleva el ministro de Defensa. Vale decir, no
se establece la dictadura del ministro de Defensa.
Lo que sí creo importante que haya conservado la ley y mantenido sus preceptos es dar
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importancia al ministro de Defensa; y esto ahora lo puedo decir con comodidad porque he vivido
la experiencia.
El Ministerio de Defensa se creó durante la época de Perón y también se extendió la creación
en todos los países del mundo como una consecuencia de los resultados de la segunda guerra
mundial. Se comprendió, con una nueva concepción de la guerra, que ésta no es una tarea específica
de los militares y sí un problema de tipo político, de coordinación de las fuerzas y de todos
los esfuerzos nacionales, a través de los distintos ministerios, para poder realizar la planificación
de los objetivos nacionales. Por eso es que me parece bien que se creen los instrumentos legales
y se adjudiquen responsabilidades para cumplimentar los presupuestos de la Defensa Nacional.
Comprendo que si tuviéramos que señalar observaciones y omisiones tendríamos muchas
para realizar. Yo comparto, por ejemplo, una que hizo el diputado Ferreira en su medulosa exposición.
El cuerpo asesor de todos estos consejos necesariamente tiene que ser el Estado Mayor
Conjunto porque es precisamente el órgano de trabajo que reúne a las tres Fuerzas para asesorar
en su conjunto a cada uno de estos organismos de decisión del Poder Ejecutivo.
Yo he querido hacer estas observaciones; mis compañeros de sector señalarán algunas otras.
Esto es fundamental con respecto a la guerra general, a la guerra convencional. Pero no nos podemos
engañar sobre lo otro. Aquí y ahora el problema de la guerrilla se ha hecho más patente
que antes y que en otros lugares; pero éste es un problema que existe —y le faltó decirlo al diputado
Sandler— por ser un poco la consecuencia de este nuevo tipo de política internacional y de
manera de actuar de las grandes potencias a fin de tratar de imponer a los países que pretenden
sean sus satélites, su gravitación y su nacionalismo.
Señalo que este problema, con la gravedad con que lo tenemos ahora, no lo teníamos en
1964; pero ya se vislumbraba en el mundo y por eso en el mensaje que acompañó al proyecto de
ley, en el que no se especificaban capítulos sobre zonas de subversión y todo esto que trae el proyecto
que consideramos, ya expresábamos el temor sobre el problema. Por eso, decíamos que “el
bienestar y la seguridad son los dos objetivos psrmanentes del Estado. Para llevar a feliz término
toda política de desarrollo tendiente a incrementar el bienestar nacional se deben crear las condiciones
de seguridad adecuadas y es responsabilidad del Estado el proporcionar esa seguridad a
la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional:
“Que el mundo vive un estado de profunda transformación y de conflicto permanente, en el
cual no se advierte una clara línea divisoria entre la paz y la guerra, sino sólo etapas de una lucha
por sobrevivir o imponerse, librada entre bloques de naciones movidas por ideologías, intereses
y sistemas políticos antagónicos. Esta lucha se lleva a cabo con todos los instrumentos del poder,
sean militares, políticos, económicos o psicosociales.
“Que la República Argentina aspira a desarrollar en paz y armonía con todos los Estados
del mundo. No obstante ello la ambigua e inestable situación internacional, la relativa eficacia
de los organismos internacionales para crear condiciones satisfactorias de seguridad colectiva,
los efectos devastadores de las armas modernas y la crisis ideológica que afecta a la humanidad
así como las efectivas y peligrosas técnicas de infiltración consecuentes, imponen a la Nación
la adopción de un instrumento legal que permita la elaboración de un programa defensivo y de
seguridad acorde con las exigencias de la hora presente sin el cual aquella aspiración pacífica
sería ilusoria”.
Nuestro partido, en el año 1964, previó todo esto y también hablamos de la conmoción interna,
porque suponíamos que podía existir esta posibilidad cierta.
Yo me pregunto, ¿la guerrilla es o no un hecho cierto en la República? ¿Tiene o no connotaciones
con naciones extranjeras? ¿Procura o no la transformación del tipo de sociedad que nosotros
tenemos? Si contestamos afirmativamente estas preguntas creo que no hay otra posibilidad
que la de dar al Poder Ejecutivo los instrumentos necesarios para que pueda respaldar la acción
de las Fuerzas Armadas y la del propio gobierno para poder salvaguardar los intereses superiores

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
de la Patria. Si no lo hace el Congreso, allí estará su responsabilidad. Es por eso que somos celosos
de que se le dé participación al Parlamento, para que éste pueda controlar la ejecución de todo
este tipo de acción, defensiva u ofensiva, que tenga que realizar el Poder Ejecutivo.
Señor presidente: con estas palabras he querido simplemente tratar de clarificar cuál es la
posición de nuestro bloque frente a algunas observaciones que se han recogido con posterioridad
a la intervención de los otros integrantes de mi bancada. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: como miembro informante, y en nombre de las comisiones
que han estudiado el proyecto de ley en tratamiento, debo decir que me siento altamente reconfortado
por el interés y jerarquía con que se ha desarrollado el debate en esta larga y fatigante
sesión.
Estimo que las observaciones del señor diputado Leopoldo Suárez están motivadas únicamente
por la circunstancia de una sesión tan prolongada. Pero, de cualquier manera, quiero pensar
que también alienta la idea que expusimos primeramente acerca de lo que debe ser la Defensa
Nacional y de que ella lleva implícita una cuestión que está en la raíz misma del concepto y es la
necesidad de la unión nacional.
Sostengo que no habrá defensa auténticamente nacional si no hay una íntima unión de los
argentinos en pos de sus objetivos permanentes.
Es por eso que quiero decir solamente, que esta Cámara, que va a votar con responsabilidad el
proyecto de ley que estamos tratando, lo hará convencida de que entrega al país un instrumento
legal para que sobre todos los argentinos —civiles, militares, políticos— pese la idea de que en
forma mancomunada haremos, a través de la unión, la seguridad y la defensa que el país requiere
para continuar trabajando en pos de sus ideales y su destino.
Estimo que en oportunidad del tratamiento en general del proyecto hemos debatido casi
todas las cuestiones que dieran lugar a objeciones fundamentales. Tengo anotadas una media
docena de objeciones, que podría entrar a rebatir o comentar nuevamente para explicarlas; pero
advierto que se trata de las mismas cuestiones que fueran motivo de interrupciones en oportunidad
de producir el informe en nombre de las comisiones. Por esa razón propongo que en la
discusión en particular consideremos las objeciones que los señores diputados deseen formular,
o bien suministremos las aclaraciones que correspondan a las dudas y preocupaciones que se
susciten con respecto al proyecto de ley que consideramos.
Sr. Presidente (Pereira).—Ha quedado agotada la lista de oradores y, consecuentemente,
concluido el debate en general.
Sr. Portero.—Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Portero.
Sr. Portero.—Como lo expusiéramos en nuestras intervenciones el señor diputado Musacchio
y quien habla, dado que nuestro despacho es en minoría, nos encontramos frente a la alternativa
de votar en contra de una ley de defensa, en procura de un texto que no nos ha sido aceptado, o
bien lo hacemos afirmativamente, que es la posición que estamos enunciando en este momento;
vamos a votar en general por la afirmativa, pero con la reserva de que nuestro voto tiene el sentido
que surge de las observaciones hechas con respecto a distintos artículos.
Sr. Lazzarini.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—La votación en general es una cuestión que no interfiere en las objeciones que
los señores diputados puedan oponer a distintos artículos del proyecto. También en oportunidad
de considerarse el tema en las comisiones, sin perjuicio de que todos estuviésemos de acuerdo
acerca de los lineamientos generales de la ley, surgían discrepancias en los aspectos particulares,
sobre todo con relación a un par de artículos.
Todos estamos de acuerdo con el criterio del señor diputado Portero y así lo manifestamos.
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Licencia
Sr. Presidente (Pereira).—Si hay asentimiento, la Presidencia someterá a consideración de la
Honorable Cámara un pedido de licencia solicitado por el señor diputado Pedrini para cumplir
con una comisión asignada por el Poder Ejecutivo.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—Corresponde que la Cámara decida si se aparta del reglamento
para considerar el pedido de licencia formulado por el señor diputado Pedrini.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Por Secretaría se dará lectura del pedido de licencia formulado por
el señor diputado Pedrini.
Sr. Secretario (Rocamora).—Dice así:
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1975.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Nicasio Sánchez Toranzo.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, y por su digno intermedio a la Honorable
Cámara, a fin de solicitar licencia y autorización del cuerpo para desempeñar el cargo de interventor
federal de la provincia de Salta, para el que he sido designado por el Poder Ejecutivo
Nacional.
La licencia la solicito durante el tiempo de duración de las funciones para las que he sido
designado y, desde luego, sin goce de dieta.
Sin otro motivo, hago propicia la oportunidad para reiterar al señor presidente mis
consideraciones.
Ferdinando Pedrini.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el pedido de licencia de acuerdo con lo prescrito por
el artículo 20 del reglamento.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Queda concedida la licencia en los términos del artículo 20 del
reglamento y sin goce de dieta.
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49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
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Régimen para la Defensa Nacional
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa la consideración del proyecto de ley sobre régimen para
la Defensa Nacional (orden del día 1.912).
Sr. Fonte.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Fonte.
Sr. Fonte.—Antes de pasar a la votación de este asunto, solicito que se pase a un breve cuarto
intermedio con permanencia de los señores diputados en las bancas.
Sr. Presidente (Pereira).—Si hay asentimiento, así se hará.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.
—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 40.
—A la hora 21 y 35:
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa la sesión.
Corresponde votar en general el despacho de las comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos
Constitucionales y de Legislación Penal en el proyecto de ley sobre régimen para la Defensa
Nacional.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Tróccoli.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Tróccoli.
Sr. Tróccoli.—Señor presidente: hemos conversado con la Presidencia y con el señor presidente
del bloque mayoritario haciendo notar la necesidad de este bloque de terminar de redactar
algunas disidencias particulares con respecto a este proyecto que considera la Honorable
Cámara.
Por esa circunstancia acordamos realizar un cuarto intermedio antes de iniciar el tratamiento
en particular del proyecto. El cuarto intermedio podría ser de una hora, lapso durante el cual este
bloque redactaría sus disidencias para luego entregarlas en la mesa de la Presidencia.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Amerise.
Sr. Amerise.—Señor presidente: el bloque de la mayoría acepta el cuarto intermedio de una
hora, pero con el compromiso de pasar lista al término de ese lapso.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio
por el término de una hora.
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—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 40.
—A la hora 23 y 25:
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración en particular el artículo 1º.
Por Secretaría se va a dar lectura de una modificación propuesta al artículo 1º.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Mira propone la siguiente redacción para
el artículo 1º: “Artículo 1º.—La presente ley establece las bases conceptuales, organizativas y
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funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional. Ella es sancionada
en cumplimiento del propósito de proveer a la defensa común, enunciado en el Preámbulo de
la Constitución Nacional. Ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en detrimento
de los demás fines declarados en dicho Preámbulo, o del sistema republicano, representativo y
federal de gobierno adoptado por la Nación Argentina”.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión la modificación propuesta?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 1 o del dictamen de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 2º. Hay observaciones que van a ser
leídas por Secretaría.
Tiene la palabra el señor diputado De Luca.
Sr. De Luca.—Dado que el señor diputado Lazzarini está recapitulando las distintas sugerencias,
solicito que esperemos breves instantes a efectos de poder determinar si la comisión las
acepta o no.
Sr. Presidente (Pereira).—Si hay asentimiento, así se hará.
—Asentimiento.
—Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Pereira).—Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas
respecto del artículo 2º.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de la minoría propone la siguiente redacción para
el artículo 2º.—“La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y el
logro de los objetivos nacionales y políticos, fijados dentro del marco y competencias constitucionales,
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales”.
El señor diputado Mira propone la siguiente redacción: “La Defensa Nacional comprende el
conjunto de medidas que el Estado adopta, en todos los sectores involucrados por ella, para lograr la
seguridad nacional”.
El señor diputado Ferreira propone la siguiente redacción para el artículo 2º: “La seguridad
nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y el logro de los objetivos nacionales
y políticos se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales”.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 2º tal como figura en el dictamen de las
comisiones.
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—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 3º.
Por Secretaría se dará lectura de una modificación propuesta.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Mira propone el siguiente texto: “Artículo
3º.—La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales del Estado democrático y del
pueblo que los sustenta se encuentran a cubierto de agresiones armadas, políticas o económicas, sean
ellas externas o internas”.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 3º con la redacción que obra en el dictamen
de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 4º.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Mira propone la siguiente redacción para el
artículo 4º: “Decláranse exigencias básicas de la seguridad nacional:
“a) La formulación de la doctrina, el planeamiento y la programación de las medidas de defensa,
de acuerdo con el potencial de la Nación;
“b) La conservación y acrecentamiento de dicho potencial mediante la acción coordinada de
todos los órganos del Estado en función de la independencia nacional y la autodeterminación del
pueblo argentino;
“c) El fortalecimiento de la conciencia colectiva en materia de Defensa Nacional”.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 4º del dictamen de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 5º.
Por Secretaría se va a dar lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Mira propone la siguiente redacción para el
artículo 5º: “Para afrontar tales exigencias esta ley establece:
“a) La estructura y régimen funcional de la Defensa Nacional, con las atribuciones inherentes
a los respectivos órganos y autoridades nacionales, y su coordinación con las provinciales y municipales,
para la realización de las actividades, servicios y tareas conducentes al logro de los objetivos
propuestos;
“b) El establecimiento de jurisdicciones territoriales específicas para la Defensa Nacional;
“c) La fijación de obligaciones a las personas físicas y jurídicas con domicilio en el territorio nacional,
y a los argentinos residentes en el extranjero;
“d) La creación de un centro nacional de estudios cívico-militar para la enseñanza, investigación
y divulgación de problemas inherentes a la Defensa Nacional”.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta la modificación propuesta?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira). Se va a votar el artículo 5º del despacho de las comisiones.
1975
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 6º.
Se dará lectura por Secretaría de una modificación propuesta por el señor diputado Mira.
Sr. Secretario (Rocamora).—Dice así: “Al presidente de la Nación corresponde, en la órbita
de su competencia constitucional, la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa
Nacional; y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas”.
Sr. Blanco.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Blanco.
Sr. Blanco.—Señor presidente: solicito a la Honorable Cámara que en el artículo 6º, después
de la expresión “presidente” se incorpore el término “constitucional”, de manera que el comienzo
331

20 y 21 de noviembre de 1975
quede así: “Al presidente constitucional de la Nación…”. Pido que este mismo procedimiento se
adopte en todos los casos en que se hace referencia al presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Corresponde que la comisión decida, en primer lugar, si acepta la
modificación propuesta por el señor diputado Mira.
Sr. Lazzarini.—La comisión no la acepta.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado
Blanco?
Sr. Lazzarini.—En todo este articulado, como en las leyes votadas precedentemente por la
Honorable Cámara, cuando hacemos referencia a las autoridades entendemos mencionar a las
únicas que este Parlamento puede reconocer, o sea las autoridades legítimamente establecidas
por la Constitución. De ninguna manera podemos suponer que se haga referencia a presidente,
ministros o alguna otra autoridad que no sean las establecidas en la Constitución Nacional que
hemos jurado respetar y mantener.
Sr. Blanco.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Blanco.
Sr. Blanco.—Señor presidente: si bien es cierto que cuando sancionamos una ley entendemos
que debe ser aplicada por el poder constitucional —de lo contrario, no estaríamos sentados en
estas bancas—, no es menos cierto que desafortunadamente hemos tenido que ver que la legislación
a veces no es aplicada por los gobiernos constitucionales. Como la Suprema Corte tiene jurisprudencia
en el sentido de que un gobierno de facto puede aplicar la legislación con todos los
poderes constitucionales, quiero dejar expresamente establecido que el presidente de la Nación
debe aplicar la ley y ser el rector de todos los organismos que por ella se crean, dado que se trata
de una ley que va a reprimir a la ciudadanía argentina, ha de ser el presidente constitucional. De
este modo, la responsable de que esta ley sea aplicada por un presidente de facto será la justicia,
si da un dictamen en este sentido.
Nuestro objetivo fundamental es que la responsabilidad de este Congreso Nacional consista
en que esta ley sea aplicada por un gobierno constitucional y, por ende, por el presidente constitucional
de la Nación Argentina. Esto es lo que, por medio de esta sanción, nosotros le vamos a
dejar a la ciudadanía argentina.
Por estas razones, señor presidente, insisto en que la comisión acepte la inclusión que solicito,
porque entiendo que de esa manera liberamos nuestras conciencias.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado De Luca.
Sr. De Luca.—Deseo aclararle al compañero Blanco que el proyecto que estamos considerando
y que vamos a convertir en ley no se dicta para reprimir a la ciudadanía argentina. Quiero
creer que el señor diputado Blanco ha confundido los términos. Entonces, que quede claro que
con este proyecto de ley no se va a reprimir a la ciudadanía argentina.
Con respecto al otro problema, personalmente opino que, jurídica y constitucionalmente,
no podemos prejuzgar con respecto a quién va a aplicar la ley, porque entiendo que solamente
puede hacerlo el presidente de la República que surja del comicio popular.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Fuentes.
Sr. Fuentes.—Solicito que se rechace la moción del señor diputado Blanco por sus propios
fundamentos.
Sr. Presidente (Pereira).—Como la comisión no ha aceptado la modificación propuesta por
el señor diputado Blanco, se va a votar el artículo 6º tal cual como figura en el despacho de las
comisiones.
—Resulta afirmativa.
332
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 7º.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Por Secretaría se van a leer las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El artículo 7 o propuesto por la minoría de la comisión expresa:
“Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, el gobernador del Territorio nacional de la Tierra del
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y el intendente de la ciudad de Buenos Aires, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias tienen la directa responsabilidad de cumplir y hacer cumplir
las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente de la Nación en materia de Defensa
Nacional. Asimismo, tendrán igual responsabilidad los gobernadores de las provincias que adhieran
a esta ley y los intendentes pertenecientes a las mismas.”
El señor diputado Mira propone el mismo texto.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta, señor presidente, porque el artículo tal cual ha sido
redactado en el dictamen de la mayoría no afecta ni a las autonomías provinciales ni a las autonomías
municipales. Naturalmente, las autoridades locales estarán sujetas a sus respectivas
jurisdicciones.
Sr. Presidente (Pereira).—En razón de que la comisión no acepta las modificaciones propuestas,
se va a votar el artículo 7º conforme con el texto redactado por la mayoría de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 8º.
Por Secretaría se van a leer las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El artículo 8º redactado por la minoría de la comisión es el
siguiente:
“Dependerán del presidente de la Nación:
“a) El Consejo de Seguridad Nacional;
“b) El Comité Militar;
“c) La Central Nacional de Inteligencia.”
El señor diputado Ferreira propone la siguiente redacción para el artículo 8º:
“Dependerán del presidente de la Nación:
“a) El Consejo de Seguridad Nacional;
“b) El Consejo de Seguridad Interna;
“c) El Comité Militar;
“d) La Central Nacional de Inteligencia.”
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?
Sr. Lazzarini.—Deseo aclarar que en el dictamen de la minoría, firmado por el señor diputado
Musacchio y otros, coincide con el despacho de la mayoría, la comisión no acepta la modificación
propuesta por el señor diputado Ferreira, pero sí mantiene la redacción del dictamen
mayoritario que coincide con el de la minoría,
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 8º tal cual figura en el dictamen de la
mayoría.
1975
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 9º.
Por Secretaría se va a leer el texto propuesto por el dictamen de la minoría.
Sr. Secretario (Rocamora).—El artículo 9º dice:
“El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como titular al presidente de la Nación, quien adoptará,
en todos los casos, las decisiones sobre los asuntos que sean tratados; estará integrado por todos
los ministros del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.”
333

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 9º tal como figura en el despacho de
mayoría.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 10.
Por Secretaría se va a leer el texto propuesto por el dictamen de minoría.
Sr. Secretario (Rocamora).—Dice así:
“Compete al Consejo de Seguridad Nacional tratar, proponer o asesorar, según los casos, en los
siguientes asuntos:
“a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y defensa nacionales;
“b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
“c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
“d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral del país y
su inclusión en los planes nacionales;
“e) Las situaciones de emergencia que pueden afectar la seguridad nacional;
“f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zonas de seguridad;
“g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución y las correcciones necesarias
en lo atinente a la seguridad nacional;
“h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
“i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación, relativo a la
seguridad y defensa nacionales;
“j) La dirección de las fuerzas nacionales para la lucha contra la subversión;
“k) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
“l) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad interna. El
consejo tendrá como asesor en inteligencia al titular de la Central Nacional de Inteligencia. El presidente
de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que dé motivo al funcionamiento de
dicho consejo.”
El señor diputado Ferreira propone cambiar el encabezamiento del artículo por el siguiente:
“Artículo 10.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional el tratamiento de los siguientes asuntos:”
El señor diputado Mira propone el siguiente:
“Artículo 10.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional el tratamiento de los siguientes asuntos,
sin perjuicio del poder de decisión establecido según el caso por la Constitución Nacional:”
También propone la modificación del inciso j) de la siguiente manera: “La dirección de la
acción del Estado contra las formas de agresión interior mencionada en el título I”.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 10 del dictamen de las comisiones.
334
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 11.
Por Secretaría se va a dar lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de minoría propone el siguiente texto:
“Artículo 11.—A los efectos de esta ley se entiende por subversión toda acción que, no importando
el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, tienda a alterar o impedir el poder nacional de
decisión expresado a través de los órganos creados por la Constitución Nacional.”

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Por su parte, el señor diputado Ferreira propone el siguiente texto:
“Artículo 11.—El Consejo de Seguridad Interna, presidido por el presidente de la Nación e integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo, necesariamente por los de Defensa, Interior, Justicia y
Economía con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, tendrá como competencia;
“a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;
“b) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
“c) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad interna.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al funcionamiento
del Consejo de Seguridad Interna.”
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 11 del dictamen de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 12.
Por Secretaría se va a dar lectura de una modificación propuesta.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Ferreira propone el siguiente texto para el
artículo 12:
“El Estado Mayor Conjunto asistirá a los consejos de Seguridad Nacional e Interna en todo lo concerniente
al ejercicio de las atribuciones que por esta ley se le asignan. El titular de la Central Nacional
de Inteligencia asesorará en forma permanente en materia de inteligencia a ambos consejos.”
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 12 del dictamen de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 13.
Por Secretaría se va a dar lectura de una modificación propuesta.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Álvarez Guerrero propone en el artículo 13,
inciso a), substituir el término “aprobación” por “propuesta”.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Álvarez Guerrero.
Sr. Álvarez Guerrero.—Voy a fundamentar el sentido de la propuesta que he formulado.
Según el artículo 13 del proyecto que tiene despacho de la mayoría de la comisión es el Comité
Militar quien aprueba la doctrina militar; ahora bien, cabe preguntarse qué es la doctrina militar.
Según la mayor parte de las teorías al respecto, la doctrina militar expresaría los puntos de vista
aceptados por el Estado en cuanto a la apreciación política de la futura guerra y su actitud para
con ella. Es decir, que la doctrina militar estaría en un escalón superior a la estrategia, definida
como el arte del empleo más eficaz de todo el poderío del Estado.
En la doctrina militar se determinan las tesis generales de principios, mientras que en la
estrategia —partiendo de esas tesis generales— se elaboran y analizan problemas concretos relacionados
con el carácter de la futura contienda, con la preparación del país para ella, con la
organización de las Fuerzas Armadas y con los métodos de hacer la guerra.
Es decir, que aprobar la doctrina militar puede interpretarse como fijar la política militar de
la Nación. Y es sabido que quien determina o fija la política de la Nación es, en definitiva, el que
tiene los resortes del poder. Por nuestra Constitución Nacional, es el Congreso quien debe determinar
la política militar. Si el Parlamento fija el número de las plazas de las Fuerzas Armadas, es
inadmisible que no fije la política militar.
335
1975

20 y 21 de noviembre de 1975
Hace más de cien años el presidente Lincoln escribió: “La cláusula constitucional que da al
Congreso el poder para declarar la guerra fue dictada, según entiendo, por las siguientes razones: los
reyes siempre habían comprometido y empobrecido a sus pueblos en las guerras, pretendiendo generalmente,
si no siempre, que el bien del pueblo era su objeto. Nuestros constituyentes entendieron que
ésta era la forma más opresiva de todas las opresiones reales, y resolvieron diseñar la constitución de
modo que ningún hombre pudiera tener el poder de imponer esa opresión sobre los otros”.
Es por esta razón, señor presidente, que propongo que en el inciso a) del artículo 13 se substituya
el término “aprobación”, que puede interpretarse como fijación o determinación de la
política militar, por la palabra “propuesta”.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta, señor presidente.
Pero quiero dejar aclarado que el concepto de doctrina en la ley, a los efectos de su interpretación,
es el siguiente: es el conjunto de principios, normas o preceptos de aplicación en la
concepción, preparación y ejecución de una política. Evidentemente, si éste es el sentido de interpretación
del término en la ley, no caben las que acaba de formular el señor diputado Álvarez
Guerrero.
Por los fundamentos que he expuesto, la comisión reitera que no acepta la propuesta de modificación
formulada.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 13 del dictamen de mayoría.
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
14 y 15.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 16.
Por Secretaría se informará acerca de una propuesta de modificación.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Álvarez Guerrero propone que en el inciso
a) del artículo 16 se substituya la palabra “formular”, por la expresión “formular propuestas”.
Sr. Álvarez Guerrero.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Álvarez Guerrero.
Sr. Álvarez Guerrero.—Fundamento esta propuesta de modificación en los mismos términos
que he dado con la solicitud de modificación del artículo 13.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—Por los mismos fundamentos dados recientemente, la comisión no acepta,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 16.
336
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
17 y 18.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 19.
Por Secretaría se informará acerca de una propuesta de modificación.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Mira propone la siguiente redacción para el
artículo 19:
“En materia de acción contra las formas de agresión interior corresponde al Consejo de Defensa:
“a) Asesorar y proponer al presidente de la Nación, en lo concerniente a la lucha contra la agresión
interior, en todos los ámbitos del quehacer nacional;
“b) Conducir la lucha contra la agresión interior, coordinando con las autoridades nacionales,

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
provinciales y municipales la ejecución de medidas que, para el interés de dicha lucha, pueden ellas
aportar;
“c) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales
en la lucha contra la agresión interior.”
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 19.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 20.
Por Secretaría se informará acerca de varias propuestas de modificación.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de la minoría de la comisión propone la siguiente
redacción para el artículo 20:
“A los fines de la lucha contra la subversión el Consejo de Defensa podrá requerir la colaboración
de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y de la Secretaría de
Informaciones de Estado.”
El señor diputado Mira propone que el artículo 20 quede redactado de la siguiente forma:
“A los fines de la lucha contra todas las formas de agresión, el Consejo de Defensa podrá requerir
la colaboración de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación y de la Secretaría
de Informaciones de Estado.”
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Mauhum.
Sr. Mauhum.—Sr. Presidente: adelanto el voto favorable del bloque de la Unión Cívica
Radical para la redacción propuesta para este artículo y para la del artículo 30 del dictamen de la
minoría, por los fundamentos que figuran en el informe que acompaña a ese despacho.
Adelantamos, además, que nuestro bloque ha efectuado propuestas de modificación para
los artículos 29, 35, 43 y 44, las que fundaré brevemente en ocasión de considerarse cada uno de
ellos.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 20 del dictamen de la mayoría.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 21.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de la minoría propone la siguiente redacción:
“A los mismos fines la Policía Federal quedará subordinada al Consejo de Defensa que podrá
requerir la colaboración del Servicio Penitenciario Nacional.”
El señor diputado Mira propicia que el artículo quede redactado así:
“A los mismos fines la Policía Federal quedará subordinada al Consejo de Defensa y podrá requerir
la colaboración del Servicio Penitenciario Nacional.”
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 21 del dictamen de la mayoría.
1975
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
22 al 27.
337

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 28.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de la minoría de la comisión dice así:
“Durante la vigencia del teatro de operaciones, la autoridad del comandante del mismo será
ejercida por delegación del presidente de la Nación y podrá comprender la totalidad del gobierno civil
y militar en el área puesta bajo su mando. Para los asuntos relacionados con la administración civil,
la autoridad del teatro de operaciones podrá designar delegados civiles.”
El señor diputado Ferreira propone la siguiente redacción:
“La autoridad del comandante del teatro de operaciones será ejercida por delegación del presidente
de la Nación y comprende la totalidad del gobierno civil y militar en el área puesta bajo su
mando.
Para los asuntos relacionados con la administración civil, la autoridad del teatro de operaciones
podrá designar un delegado civil para cada provincia, Territorio nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur, o parte de ellas o zonas puestas bajo su jurisdicción.”
El señor diputado Mira propone la misma redacción que el dictamen de la minoría.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 28 del dictamen de la mayoría.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 29.
Por Secretaría se va a dar lectura a una modificación propuesta por el bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Secretario (Rocamora).—La propuesta de la Unión Cívica Radical consisten en suprimir
la última parte del artículo 29, donde dice: “sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares
que se establezcan”.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Mauhum.
Sr. Mauhum.—Propiciamos la supresión de la última parte del artículo 29; a nuestro juicio,
resulta innecesaria y superflua.
Votaremos favorablemente ese artículo, tal como vino redactado originariamente en el proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 29 del dictamen de la mayoría.
338
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 30.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas a este artículo.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de minoría propone la redacción siguiente:
“En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la naturaleza cuya
gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades y servicios
públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá, con previa autorización del Congreso de la
Nación en el período ordinario de sesiones, declarar zona de emergencia a parte o partes del territorio
nacional para preservar, mantener o restablecer el orden, asegurar las actividades y servicios públicos
esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas.
Durante el receso del Congreso el Poder Ejecutivo Nacional podrá proceder a dicha declaración
por sí solo, debiendo someterla y convocar simultáneamente a sesiones extraordinarias al Congreso

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Nacional para que se reúna en el término de cuarenta y ocho horas. La falta de convocatoria en la
forma y plazos establecidos hará cesar automáticamente la medida dispuesta.”
El señor diputado Mira propone para el artículo 30 la redacción siguiente:
“En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la naturaleza, cuya
gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades y servicios
públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá, con previa autorización del Congreso de la
Nación, declarar zona de emergencia a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener
o restablecer el orden, asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios
necesarios mediante el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas.”
El señor diputado Monsalve propone para este artículo 30 la siguiente redacción:
“En caso de conmoción interior que no haya podido ser prevista, sea ésta originada por personas
o agentes de la naturaleza y cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público
y de las actividades y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de
emergencia a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el
empleo inclusive de las Fuerzas Armadas.
“Si el hecho se produjere en ocasión de estar funcionando el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo
comunicará inmediatamente al mismo las medidas adoptadas, que quedarán firmes o se dejarán sin
efecto según sea la decisión del Congreso. Si, por el contrario, los hechos se produjeren durante el receso
legislativo, el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias en el término de cuarenta y
ocho horas al Parlamento, a los mismos fines consignados en el párrafo anterior. La falta de consulta
al Congreso o de convocatoria en la forma y plazos establecidos hará cesar automáticamente las medidas
dispuestas.”
Sr. Presidente (Pereira).—Para referirse a la modificación al artículo 30, tiene la palabra el
señor diputado Monsalve.
Sr. Monsalve.—Simplemente quiero destacar, en forma muy breve, que en la redacción del
artículo 30 que propongo se conciban, a mi entender, las distintas posiciones advertidas a lo
largo del debate; vale decir, que se contempla la posibilidad de obrar urgentemente por el Poder
Ejecutivo, puesto que no se da el carácter de acto previo al aviso al Congreso Nacional, y se da
también la posibilidad de que el Congreso intervenga de manera activa en la adopción de las
medidas que corresponda tomar según la emergencia lo requiera.
Quiero destacar en este momento, porque no hay otra oportunidad para hacerlo, que se
trata siempre del caso de conmoción interior que no haya podido ser previsto; si ha podido ser
previsto, el Poder Ejecutivo ha tenido tiempo para planear las cosas y solicitar al Congreso la
intervención que corresponda. Cuando el caso se dé en ocasión de que no pudo ser previsto, el
Poder Ejecutivo obrará y después comunicará el hecho al Congreso.
De este modo entiendo que quedan zanjadas las dificultades que he advertido en el debate,
como una forma de conciliar los intereses en disputa.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Moyano.
Sr. Moyano.—Es para aclarar que las razones de nuestro voto en contra del artículo en consideración
fueron dadas en el informe que presenté a esta Honorable Cámara en ocasión de
tratarse en general el dictamen.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Humberto Suárez.
Sr. Suárez (H. F.).—Señor presidente: es para dejar constancia de que apoyo la modificación
presentada por el señor diputado Monsalve porque estoy convencido de que soluciona,
en gran medida, el problema y el debate que significó la redacción de este artículo.
Tal como ha sido señalado por muchos expositores durante el debate en general, creo que tal
como está redactado el artículo probablemente traerá aparejada la colisión con alguna norma
constitucional.
339
1975

20 y 21 de noviembre de 1975
La propuesta formulada por el señor diputado Monsalve concilia en forma muy clara esa
situación y deja sólo en manos del Poder Ejecutivo la declaración de zona de emergencia para casos
que realmente no se han podido prever y que hacen imposible la convocatoria del Congreso
Nacional para requerir la autorización correspondiente.
Por las razones dadas, ratifico nuestro apoyo a la modificación propuesta por el señor diputado
Monsalve.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Mauhum.
Sr. Mauhum.—Señor presidente: reitero la adhesión de la Unión Cívica Radical, con relación
al artículo en consideración, a la propuesta del dictamen que subscriben los señores diputados
Portero y Musacchio.
Sr. Arigós.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Arigós.
Sr. Arigós.—Solicito que se pase a un breve cuarto intermedio de cinco minutos con permanencia
de los señores diputados en las bancas.
Sr. Presidente (Pereira).—Si hay asentimiento, así se hará.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio
con permanencia de los señores diputados en las bancas.
—Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor diputado Portero.
Sr. Portero.—Señor presidente: el artículo 30, tal como está redactado en el dictamen de las
comisiones, consideramos que cambia fundamentalmente la filosofía del proyecto y de lo que
debe ser una ley de Defensa.
Por tales razones, y para no repetir los argumentos expuestos precedentemente, reiterando
solamente que de ninguna manera el Congreso puede delegar facultades con consecuencias como
las previstas en el texto de este artículo, solicitamos que se vote nominalmente.
Sr. Presidente (Pereira).—En primer término, señor diputado, corresponde que la comisión
se expida sobre las modificaciones propuestas.
¿La comisión las acepta?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta, señor presidente, y oportunamente dimos los fundamentos
por los cuales no consideramos conveniente modificar el texto del artículo.
Por otra parte, la última parte del artículo 30, según nuestro criterio, salvaguarda todas las
facultades constitucionales de control que tiene el Congreso. De ninguna manera el Congreso
delega facultades en el Poder Ejecutivo, y menos con el alcance previsto en el artículo 29 de la
Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar la moción del señor diputado Portero en el sentido
de votar nominalmente el artículo 30 del despacho.
340
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Arana.
Sr. Arana.—Se tendría que aclarar el sentido de la votación, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 30, del despacho de la comisión en forma
nominal, dado que no se han aceptado las modificaciones propuestas. El voto afirmativo implica

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
aprobar el despacho de la mayoría de las comisiones, en tanto que el voto por la negativa significa
rechazar ese dictamen.
Como hay muchos señores diputados que no tienen en su poder la llave para votar con el
sistema electrónico, corresponde que ellos voten en primer término.
Sr. Fuentes.—En realidad, señor presidente, no es que se carezca o no de la llave. Aquí lo que
ocurre es que hay una pequeña falla que impide que la llave entre en la ranura.
Sr. Presidente (Pereira).—Sin embargo, la Presidencia entiende que hay señores diputados
que no tienen la llave en su poder.
Sr. Fuentes.—Ese es otro problema, señor presidente. La mayoría tiene la llave, pero no
puede votar por el inconveniente mencionado.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia va a tomar votación mecánica, y los señores diputados
que no aparezcan nominados en el tablero se servirán expresar su voto de viva voz.
Se va a votar nominalmente el artículo 30.
—Practicada la votación nominal:
Sr. Prosecretario (Rodríguez González).—Han votado 135 señores diputados, habiéndolo
hecho 84 por la afirmativa y 50 por la negativa.
—Votaron por la afirmativa los señores diputados:
Aguirre, Aguirre de Saíbene, Amado Saleme, Amerise,
Ariani, Asmar, Auyero, Avila, Bajczman Bárbaro, Barreta,
Barrionuevo, Bartomioli, Blanco, Bonifatti, Brito Lima,
Cabana, Campbell, Campos, Camus, Carral Tolosa, Casazza,
Catalano, Cateula, Colello, Contesti, Crocco, Chaquírez de
Palacios, De Luca, Desperbasques, Díaz, Eguíreun, Esquivel,
Fadul de Sobrino, Ferreyra, Flores, Fuentes, Gallo, Garre, Gil,
Guaico, Guerrero, Hughes, Imbaud, Insúa, Kelly, Labake,
Lazzarini, Lima, Literas, López (D.), Márquez, Martijena,
Merchensky, Migliozzi, Molina (M. I.), Montenegro, Musso,
Odena, Oviedo, Paz, Porto, Puente de Bonetto, Ritvo, Rizo,
Rolando, Román, Rota, Saavedra, Salomón, Salvatierra,
Sangiácomo, Sanguineti, Sarboli, Servini García, Solana,
Silleta de Arraya, Tagliaferro, Toller, Urdinez, Villalba,
Vinardell Molinero, Vinti y Zapata (M. E.).
—Votaron por la negativa los señores diputados:
Acevedo, Álvarez Guerrero, Amaya, Arana, Arata, Arigós,
Arraya, Balbastro, Balestra, Borrás, Capillo, Comínguez,
Espeche, Espondaburu, Falabella, Fonte, Freschi, Galván,
Garona, Gran, Haiek, Hueyo, Latrubesse, Lavalle, Loncharich
Franich, López (H. F.), Lorences, Llorens, Macris, Marino,
Mauhum, Mira, Molinari Romero, Mombelli, Monsalve,
Montero Tello, Morini, Moyano, Musacchio, Párente,
Petrucelli, Portero, Rosas, Sánchez Ahumada, Sarli, Sileoni,
Suárez (H. E.), Suárez (L. M.) Sueldo y Tróccoli.
1975
Sr. Presidente (Pereira).—En consecuencia, ha sido afirmativo el resultado de la votación
recaída sobre el artículo 30.
Tiene la palabra el señor diputado Fuentes.
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20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Fuentes.—Señor presidente: llevamos casi tres años de debates y contamos con un costoso
sistema electrónico que debería asistirnos en nuestra tarea. Dejando a salvo la capacidad
técnica y buena voluntad que demuestran incluso hasta el sacrificio los técnicos que atienden este
equipo deseo solicitar a la Presidencia que contemple la posibilidad de que de una vez por todas
funcione este equipo o que se distribuya un folleto entre los señores diputados —y me incluyo
en ellos— explicando la forma de utilizar el sistema electrónico. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia toma debida nota de la preocupación del señor
diputado y tratará de realizar el milagro. (Risas.)
En consideración el artículo 31, respecto del cual no se han formulado observaciones, correspondiendo
en consecuencia su votación.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 32.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de la minoría propone la siguiente redacción del
artículo 32:
“El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en actividad de las
Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación.”
El señor diputado Mira propone la misma redacción que el dictamen de la minoría.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 32 con la redacción consignada en el dictamen
de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 33.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 34.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de la minoría propone la siguiente redacción:
“Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de las Fuerzas
Armadas, de seguridad y policiales que requiera para el cumplimiento de su misión.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales con asiento en la zona de emergencia continuarán
en el ejercicio de sus funciones, prestando al comandante de la misma toda la colaboración
que les requiriese.”
El señor diputado Mira propone la misma redacción que el dictamen de la minoría.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 34 con la redacción que resulta del dictamen
de las comisiones.
342
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 35.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—La minoría de la comisión, en su dictamen, propone la siguiente
redacción:

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
“Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo Nacional podrá subordinarle al
comandante de la zona de emergencia, total o parcialmente, las autoridades con jurisdicción y competencia
dentro de la zona.
“Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones, sin perjuicio de la jurisdicción y competencia
de los tribunales militares que correspondieren, de acuerdo con la legislación vigente.”
El señor diputado Mira propone la misma redacción que el dictamen de la minoría.
El señor diputado Monsalve propone cambiar los términos “comunicadas al” por “sometidas
a consideración del”.
El bloque de la Unión Cívica Radical propone la siguiente modificación:
“Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo Nacional podrá subordinarle al
comandante de la zona de emergencia, total o parcialmente, las autoridades dentro de la zona.
“Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones.”
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Portero.
Sr. Portero.—Señor presidente: no me voy a referir a las razones de la disidencia porque han
sido largamente expuestas.
Para evitar a la Honorable Cámara lo engorroso y prolongado que resulta una votación por el
sistema que acaba de emplearse y habida cuenta de las deficiencias del sistema electrónico, pienso
que una forma práctica es dejar constancia de que vamos a votar por la negativa los señores diputados
Arana, Marino, Musacchio, Sueldo, Lorences, Mira, Comínguez y el que habla.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Mauhum.
Sr. Mauhum.—A los mismos fines que el señor diputado Portero, quiero que quede constancia
de que votan en contra del despacho de la mayoría todos los componentes del bloque de
la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Molinari Romero.
Sr. Molinari Romero.—Deseo dejar constancia, además, de una razón fundamental de mi
voto por la negativa fuera de que considero que no puede someterse a civiles a tribunales militares,
por muchos argumentos que sería largo enumerar, advierto que se da al comandante de zona
atribuciones para dictar bandos, lo que supone también la facultad de aplicar la pena de muerte.
Por razones religiosas, doctrinarias y filosóficas estoy absoluta, total y categóricamente en contra
de la pena de muerte, aplicada por quien sea, donde sea, contra quien sea y por el motivo que sea.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Falabella.
Sr. Falabella.—Por los fundamentos que hemos dado hacemos constar nuestro voto por la
negativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Moyano.
Sr. Moyano.—Es para que quede constancia de que los diputados que integramos el bloque
de la Fuerza Federalista Popular votaremos por la negativa, en razón de los fundamentos expuestos
en nuestro informe en general.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Monsalve.
Sr. Monsalve.—He solicitado la palabra para destacar que mi voto será por la negativa, ya
que entiendo que haciéndolo afirmativamente menoscabaría las atribuciones que son propias
del Congreso de la Nación.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Humberto Suárez.
Sr. Suárez (H. F.).—Es para dejar constancia de que mi voto será por la negativa, con respecto
a la redacción del artículo de acuerdo con el dictamen de la mayoría.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Porto.
Sr. Porto.—Señor presidente: quiero significar que la circunstancia de que el dictamen de la
mayoría de la comisión faculte al comandante de la zona de emergencia para dictar bandos, no
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1975

20 y 21 de noviembre de 1975
344
importa, por derivación, que pueda aplicar el suplicio capital. Lamento que el señor diputado
Falabella me corrija, porque en todos los tratados del mundo las expresiones pena de muerte y
suplicio capital son sinónimos.
Continuando con mi exposición, señor presidente, debo decir —y repetir— que el dictar
bandos no importa de ninguna manera que se le concedan al comandante de la zona de emergencia
la facultad para que aplique la última pena. Por otra parte, en el supuesto caso de que el bando
la formulara, la misma sería inconstitucional, ya que por causas políticas —según lo establece categóricamente
el artículo 18 de la Constitución de 1853— no puede aplicarse la pena de muerte.
En este sentido, en el año 1955, ante el entonces señor comandante en jefe del Ejército, general
don José Domingo Molina, del jefe del Estado Mayor y de otros diez o doce generales entre los
que recuerdo a Fatigatti, poco después del bombardeo efectuado en la Plaza de Mayo en el mes
de junio de ese año, y en circunstancias en que estaba reunido el Consejo Supremo de Guerra
y Marina para juzgar a los que estaban detenidos por esos sucesos, tuve ocasión de exponer, ya
entonces, ante tan elevado nivel militar, la doctrina de que la aplicación del Código de Justicia
Militar, que entonces autorizaba para el caso de rebelión la pena de muerte, era inconstitucional
en lo que a ella respecta, y que dicha sanción no podía ser aplicada, precisamente porque se oponía
lo preceptuado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que tenía prioridad según el
artículo 31 de la misma.
Pocos días después tuve la satisfacción de que el defensor de los imputados por tales sucesos,
siguiendo el consejo de un insigne penalista, expusiera el mismo criterio, y el Consejo
Supremo de ese entonces determinó que tal artículo del Código de Justicia Militar se oponía a la
Constitución, y que la pena capital no podía ser aplicada.
Esta sanción no fue entonces aplicada por el segundo gobierno peronista del general Perón,
que gobernaba entonces.
Ratificando lo que dije al principio y lo que ya dije hace veinte años ante un conjunto importante
de militares, vuelvo a señalar, para concluir con esta digresión, que el hecho de que se
faculte a alguien para dictar bandos no significa que pueda disponer la pena de muerte y, en el
supuesto caso de que ello ocurriera, tal bando sería inconstitucional por virtud del artículo 18
indicado.
Sr. Comínguez.—Los fusilados podrían apelar por inconstitucionalidad…
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Fuentes.
Sr. Fuentes.—Si se trata de establecer posiciones personales, señalo que comparto los conceptos
de mis antecesores en el uso de la palabra. Acompaño al distinguido coprofesor, colegislador
y amigo, el doctor Porto, quien también ha hecho la salvedad.
Desde la cátedra, la magistratura y la conferencia también me he opuesto permanentemente
a la pena de muerte, con la sola distinción para el caso de guerra exterior, o sea, de guerra
convencional.
En consecuencia, dejo salvada mi posición con respecto a la aplicación de la pena de muerte.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.
Sr. Musacchio.—Como creo que es sumamente importante la interpretación que ha dado el
señor diputado Porto, sería también muy importante que el miembro informante de la comisión
aclare a la Cámara si comparte el pensamiento del señor diputado Porto, porque de ser así naturalmente
cambia el sentido de la ley o, por lo menos, los riesgos que estamos previendo en ella.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Al respecto quiero recordar un fallo de 1962, dictado por una Corte que yo
presumo está avalada por un respaldo científico indudable: Benjamín Villegas Basavilbaso, Pedro
Aberastury, Ricardo Colombres, Esteban Imaz y José F. Bidau. Esta Corte no tenía color político
o, por lo menos, no advierto que fuera del partido o de los partidos gobernantes.
En esa oportunidad, después de una larga argumentación referida a un caso semejante por

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
cuanto se refería a la aplicación de los tribunales militares en el orden civil, afirmó —después
de dar muchos fundamentos que no voy a leer para no cansar a la Cámara— que, en definitiva,
una correcta interpretación de la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia de países en los
cuales se hallan tan celosamente defendidas las libertades ciudadanas demuestra la oportunidad
de esas medidas ante situaciones de emergencia, como lo fue sin duda la que dio lugar al decreto
2.369/60. Estamos hablando de unos años atrás, por supuesto. Este decreto, del 15 de marzo de
1960, establecía la jurisdicción de los tribunales militares en una serie de supuestos que eran
mucho más graves porque se establecía toda una gama de delitos civiles que eran sometidos a
la jurisdicción de los tribunales militares. Entonces, la Corte sostuvo que no se consideraban
ilegítimas medidas similares a las arbitradas por este artículo. Se hizo una larga argumentación
al respecto.
Para no entrar a discutir en doctrina y siendo un poco práctico en esto, señalo que consideramos
que estos argumentos y este artículo están avalados por la doctrina de la Corte, y yo no
conozco ningún otro en contrario.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Marino.
Sr. Marino.—Señor presidente: estamos jugando a la engañifa: no queremos ser auténticos,
especialmente el señor miembro informante.
El asunto tiene una única y sola definición. El bando produce efectos inmediatos. El señor
miembro informante lo sabe. Y yo reclamo ante la responsabilidad de la Cámara, para que se
adviertan los efectos que esto tendrá para con todos los hombres que militen en los movimientos
nacionales populares antiimperialistas, en una lucha que posiblemente deba desarrollarse en la
Argentina.
Entonces, digamos con verdad, con entereza: estamos aprobando una ley que contiene bandos,
y el bando implica la decisión concreta y determinada de imponer la pena de muerte.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Acevedo.
Sr. Acevedo.—Yo creo, señor presidente, que no se ha advertido que en la exposición del
señor diputado Porto va implícita una discriminación. Si el hecho tiene el carácter de un delito
político, la pena de muerte no puede ser constitucionalmente aplicada, porque a ese respecto hay
una prohibición expresa de la Constitución Nacional. Pero si el hecho no es un delito político,
toda vez que la prescripción constitucional se refiere exclusivamente a los hechos por “causas políticas”,
sí se puede aplicar la pena de muerte, mirado el asunto desde una óptica exclusivamente
constitucional.
Y yo digo, señor presidente: el bando autoriza la creación de figuras delictivas y también, por
consiguiente, la imposición de penas. Puede darse el caso, y pongo un ejemplo para ser gráfico,
de que se trate de delitos tales como el saqueo en ocasión de un terremoto, en cuyo caso sí es
posible —desde el punto de vista constitucional— aplicar la pena de muerte; no lo será en tanto
y en cuanto se trate de un hecho por causas políticas.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Monsalve.
Sr. Monsalve.—Me voy a permitir insistir en el pedido que formuló el señor diputado
Musacchio, que no ha sido realmente contestado.
Sabemos perfectamente bien que la palabra del miembro informante, cuando efectúa las
aclaraciones que se le solicitan en el curso del debate, es decisiva para la interpretación de la ley.
Lo que aquí se quiere saber es si, con la sanción del artículo que estamos discutiendo tal cual
está redactado, en el pensamiento de la comisión se da como posible o no la aplicación de la pena
de muerte. Al señor miembro informante no se le ha solicitado que dé argumentaciones ni que
cite fallos de la Corte, sino que concretamente diga si en su sentir se admite o no la posibilidad de
la pena de muerte, según la redacción del artículo tal como figura en el despacho.
Creo que la Cámara tiene derecho a conocer el pensamiento de la comisión. Recuerdo que
uno de los señores diputados que va a acompañar con su voto al despacho de la mayoría, acaba
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1975

20 y 21 de noviembre de 1975
de manifestar su posición espiritual terminantemente opuesta a la sanción de cualquier disposición
que permita la aplicación de la pena de muerte. Además, todos tenemos el derecho, y así lo
exigimos, a que la comisión nos diga cuál es su punto de vista.
Sr. Amerise.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Amerise.
Sr. Amerise.—Señor presidente: solicito un breve cuarto intermedio de cinco minutos con
permanencia de los señores diputados en las bancas.
Sr. Presidente (Pereira).—Si hubiere asentimiento, se procederá en la forma indicada por el
señor diputado Amerise.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar un breve
cuarto intermedio de cinco minutos con permanencia de los señores diputados en las bancas.
346
—Se pasa a cuarto intermedio a los 50 minutos del día
viernes 21 de noviembre de 1975.
—A la hora 1 y 5:
Sr. Presidente (Pereira).—: Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: quiero referirme, en primer lugar, a los términos del señor
diputado Marino.
No ha habido por parte de la comisión, ni del miembro informante, ni de ninguno de los
señores diputados que han usado de la palabra, engañifas ni cosas ocultas. Nunca hemos tratado
de imponer nuestras cuestiones por la retaguardia. Lo hemos hecho siempre de frente, pero si de
engañifas y de sinceridad vamos a hablar, debo decir que toda esta legislación tuvo vigencia desde
el año 1958 hasta 1966, cuando el diputado Marino y muchos de los que lo acompañan en su partido
formaban parte de este Congreso y nunca se acordaron de la posibilidad de que se pudiera
llegar a imponer la justicia militar, y que cuando hubo necesidad de hacerlo —y todos los fallos a
los que me he referido son de esa época y con relación a las normas dictadas de 1958 a 1960— se
usó de esas armas para imponer la justicia militar a los civiles, porque ésa era la imposición que
establecían esos decretos.
Sr. Amaya.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Lazzarini.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Amaya.
Sr. Amaya.—El señor diputado expresó que la legislación de esta naturaleza estuvo vigente hasta
el año 1966. Me permito recordarle que en los años 1964, 1965 y los comienzos de 1966, es decir
durante nuestro gobierno, el gobierno constitucional, no tuvo vigencia legislación de esta naturaleza.
Sr. Lazzarini.—No hicieron uso de ella, lo que es distinto.
Sr. Marino.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Está en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini. El señor
diputado Marino se encuentra anotado para hacer uso de la palabra con posterioridad.
Sr. Lazzarini.—En materia de leyes de defensa, después de la dictada en 1958 que tuvo vigencia
hasta que el gobierno de facto de Onganía dictó el decreto ley 16.970, siempre se ha establecido
la jurisdicción militar sobre los civiles y, sin embargo, nunca nos hemos rasgado las
vestiduras ante la posibilidad de que algún civil pudiera caer bajo la jurisdicción de la justicia
militar. Y las cortes, de entonces hasta ahora, han admitido en sus fallos estas posibilidades en los
casos de emergencia con argumentos como los que acabo de señalar.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Por supuesto, todos somos celosos defensores de las libertades civiles, pero también debemos
serlo de nuestra seguridad, porque de lo contrario las libertades no nos servirán para nada.
Lo que quiero aclarar también, en cuanto a este problema se refiere, es que el Código de
Justicia Militar emplea el término “bandos” en un capítulo que legisla sobre los mismos; código
y capítulo que pudieron aplicarse, y que se aplicaron, en todas las circunstancias a las que me
estoy refiriendo, en las que los gobiernos —y aquí va la contestación al señor diputado Amaya—
utilizaron la competencia que la ley les daba para aplicar estos tribunales militares.
Sr. Portero.—¿Qué instrumento les daba esa competencia para aplicar los tribunales militares?
Sr. Presidente (Pereira).—Sírvanse no dialogar los señores diputados.
Está en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Le concedo la interrupción al señor diputado Portero.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Portero.
Sr. Portero.—Yo pido que el señor diputado Lazzarini diga en forma específica el número
concreto de la ley y del artículo en cuya virtud correspondió aplicar a civiles el Código de Justicia
Militar; no en concepto ni en doctrina, sino específicamente en materia de la legislación positiva.
Sr. Lazzarini.—El decreto 2.639, del 15 de marzo de 1960, publicado en Jurisprudencia Argentina,
número 459, del 3 de abril de 1960, y en Anales de Legislación Argentina, año 1960, página 289.
Sr. Portero.—Lea el artículo, señor diputado.
Sr. Presidente (Pereira).—Sírvanse no dialogar los señores diputados.
Sr. Arana.—Que mencione el artículo.
Sr. Presidente (Pereira).—El señor diputado Lazzarini está en el uso de la palabra.
Sr. Portero.—Circunstancias como ésas no deben repetirse nunca más. Como ya lo dije ayer,
no vengamos con el pasado si no sirve; digamos cómo ha sido para no volver a repetirlo.
—Varios señores diputados hablan simultáneamente.
Sr. Presidente (Pereira).—Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—El Código de Justicia Militar, que es, efectivamente, de aplicación en todos
estos casos, establece la facultad de dictar bandos, que en principio están destinados a mantener
la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Así lo establece el artículo 131 de ese código, que
dice: “Durante el estado de guerra, en la zona de operaciones y zonas de guerra, podrán dictarse bandos
destinados a proveer a la seguridad de las tropas y materiales, al mejor éxito de las operaciones y
establecer la policía en dichas zonas…”, etcétera.
Como pudiera existir el asomo o la sombra de una duda sobre si pueden o no aplicarse las
penas del Código de Justicia Militar, el bloque de la mayoría va a hacer una proposición para
despejar esas dudas.
Sr. Portero.—Lamento interrumpir, pero el señor diputado no me contesta.
Sr. Presidente (Pereira).—El señor diputado no debe interrumpir al señor miembro informante,
que está haciendo uso de la palabra.
1975
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pereira).—Sírvanse no interrumpir al orador. El señor diputado Lazzarini
está contestando una pregunta formulada por el bloque del Partido Intransigente. Está anotado
para hacer uso de la palabra el señor diputado Marino.
Sr. Solana.—Pero el miembro informante no contesta nada.
Sr. Presidente (Pereira).—Ruego a los señores diputados que aguarden la contestación del
señor miembro informante.
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20 y 21 de noviembre de 1975
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—En nombre de la comisión propongo un agregado al artículo 35. Luego de la
palabra “bandos” sugiero que se agregue la expresión “con la salvedad que ellos no podrán establecer
la pena de muerte, también podrá…” y luego continuaría el artículo tal como está redactado.
Esta es la modificación que propone la comisión a la Honorable Cámara, con lo cual quedarían
despejadas todas las dudas sobre si se puede aplicar o no la pena de muerte en estas circunstancias.
Por otra parte, deseo aclarar que esta duda se ha planteado por primera vez y nosotros la
solucionamos en la forma expresada precedentemente.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Marino.
Sr. Marino.—Señor presidente: en mi ya casi larga vida he podido entender por primera vez
lo que es la escindibilidad de la personalidad. Hoy se ha mostrado patente en esta Cámara: se ha
escindido la personalidad de un hombre, se ha dividido por la mitad y ha dicho: ésta es la mitad
de mi pasado…
—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la
campana.
Sr. Presidente (Pereira).—Señor diputado Marino: la Presidencia le ha otorgado el uso de la
palabra para referirse al artículo en discusión y no para exponer sobre la personalidad o la persona
de ningún señor diputado.
La Presidencia le ruega circunscribirse al artículo en tratamiento, pues, de lo contrario, se
verá obligada a retirarle el uso de la palabra.
Sr. Marino.—Señor presidente: estoy haciendo un homenaje a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pereira).—Señor diputado Marino: no está en discusión la persona del señor
miembro informante. Además, le advierto que van a ser testadas de la versión taquigráfica sus
expresiones anteriores. Le invito a referirse concretamente al artículo 35, que es el asunto que
está en debate.
Sr. Marino.—Señor presidente: insisto en que mi deseo no es vulnerar la personalidad de
ningún miembro de esta Honorable Cámara. Vuelvo a repetir que en algún momento, en cualquier
instante de la historia es importante volver a la fuente de la autenticidad, como lo hizo el
diputado Lazzarini, que nos imputó a los miembros de esta bancada…
Sr. Lazzarini.—Yo no he formulado imputaciones.
Sr. Marino.—…que hemos cometido errores, que hemos dictado leyes, que hemos participado
de este Parlamento. Yo acepto mi pasado sin beneficio de inventario y estoy dispuesto a
rendir cuentas aquí, en esta Cámara, de toda mi conducta.
Sra. Bonifatti.—Seguimos en cuestiones personales, señor presidente.
348
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pereira).—Sírvanse no dialogar los señores diputados.
La Presidencia invita al señor diputado Marino, por segunda vez, a ceñirse al tema en debate.
No está en discusión ningún aspecto personal.
Sr. Marino.—Le ruego, señor presidente, que no me invite a algo que para mí es imposible,
porque antes se hizo referencia a los hombres de mi bancada. De manera tal que estoy ejercitando
un legítimo derecho de defensa que nadie nos puede negar.
Vuelvo a insistir en que no estoy haciendo una imputación a ningún integrante de la
Honorable Cámara. Estoy rindiendo cuentas de la conducta de cinco hombres que fueron imputados,
de cinco hombres que podemos ser examinados desde el nacimiento hasta la muerte. Nos
hemos equivocado mil veces…

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pereira).—Señor diputado Marino: varios señores diputados plantean que
está fuera de la cuestión.
Sr. Marino.—La imputación, señor presidente, ha sido dura, y la respuesta debe tener el
mismo calibre.
He de terminar mi exposición, porque no está en mi ánimo introducir enfrentamientos en
este debate. Quiero decir, sí, que con honradez, con responsabilidad y con autenticidad votemos
todos sabiendo lo que votamos y la intención con que lo votamos, y con las implicancias que
ello tiene. No vaya a ser que mañana lloremos como mujeres lo que no sabemos defender como
hombres.
—Varios señores diputados hablar a la vez.
Sr. Marino.—No estoy haciendo imputaciones a ningún miembro de la Cámara.
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pereira).—Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.
Sr. Marino.—Estoy hablando por los cinco hombres solitarios de esta Cámara.
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Marino.—Termino, señor presidente, señalando que mi ánimo no es perturbar este debate,
sino que en todo instante he deseado colaborar; a punto tal que mi intervención motivó
la aclaración importantísima que la mayoría, con decoro, con altivez y con sensibilidad política,
acaba de admitir por intermedio del señor miembro informante de la comisión. En esta forma la
modificación que se introduce en el texto del artículo da cierta seguridad.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Señor presidente: voy a hablar con serenidad, porque creo que es el tono que
debemos emplear para poder traducir las verdades en forma cristalina.
Quiero advertir que hubo en mí una reacción con motivo del término “engañifa” con que
nos hirió a todos los que habíamos intervenido en el debate el señor diputado Marino. También
deseo advertir que no he hecho ninguna imputación a los colegas que integran la bancada del
señor diputado Marino. Simplemente he puesto de relieve una cuestión objetiva, indudable e innegable:
la aplicación de la justicia militar a civiles desde el año 1948 hasta la fecha, sin que hasta
el presente haya escuchado en los distintos gobiernos una voz que se alzara en este recinto para
derogar las leyes pertinentes.
Esa es una cuestión objetiva. No hago una imputación al señor diputado Marino ni a los
otros señores diputados que lo acompañan. Advierto, sí, que una reacción desmedida en este
momento puede estar en discordancia con aquella circunstancia.
Mi aseveración es una cuestión objetiva que está respaldada por la verdad de los hechos.
Sr. Presidente (Pereira).—Para una breve aclaración, tiene la palabra el señor diputado
Portero.
Sr. Portero.—Simplemente dejo constancia de que he preguntado, sin el permiso de la
Presidencia y de la Cámara, qué artículo del decreto que mencionó el diputado Lazzarini permitió,
concretamente, el juzgamiento de civiles por tribunales militares. Más que importarme quién
es el responsable, si existió —y afirmo que no existió—, hay que decirlo de una vez por todas.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
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1975

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Lazzarini.—Se trata del decreto 2.639, del 15 de marzo de 1960, que dio lugar al fallo
Rodríguez, Juan Carlos (tomo 254 de la Corte). Este civil, Juan Carlos Rodríguez, fue juzgado
por la justicia militar.
El decreto 2.639, del 15 de marzo de 1960, firmado por Frondizi, Villar, Vitolo, Taboada,
Alsogaray, Mac Kay, Noblía, Costantini, Lareher, Clement, Abrahím, Malaccorto, Juni, Klein,
Mugica, Palazzo y Castello, decía, en su parte dispositiva:
“Artículo 1 o .—Declárase producida la situación de emergencia grave prevista en los artículos 27,
28, 36 y 37 de la ley 13.234. En consecuencia, en todo el territorio de la República, a partir de la cero
hora del día 16 de marzo de 1960, quedan sometidos a la jurisdicción militar y sujetos a las sanciones
de los artículos 669, 671, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 859 y 870 del Código de Justicia Militar (4)
y de los artículos 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 200, 226, 229, 230, 233, 234, 235
y 236 del Código Penal de la Nación (5); de la ley 15.276 (6), y de los artículos 4 o , 7 o , 9 o y 12 de la
ley 13.985 (7), las personas que incurrieren en los hechos o situaciones previstos en tales disposiciones
legales, así como también quienes se encontraren en las situaciones previstas en los artículos del
Código Penal de la Nación que se refieren a tentativa (artículos 42, 43 y 44), participación criminal
(artículos 45, 46, 47, 48 y 49), instigación (artículo 209), asociación ilícita (artículo 210), apología
del crimen (artículo 213) y encubrimiento (artículos 277, 278 y 279) relacionadas con la comisión de
los delitos indicados anteriormente.
“Artículo 2 o .—Los comandantes de zonas de defensa en jurisdicción del Ejército y los comandantes
de áreas en jurisdicción de Marina y Aeronáutica ordenarán en cada caso la constitución de los
Consejos de Guerra establecidos en el artículo 483 del Código de Justicia Militar, que aplicarán el
procedimiento sumario del artículo 503 del mismo código.”
O sea que esto es mucho más grave, porque se toman artículos del Código Penal y se los somete
a la jurisdicción militar. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 35 del dictamen de la mayoría de la
comisión.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 36.
Por Secretaría se va a dar lectura de una modificación propuesta por el señor diputado Mira.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Mira propone la siguiente redacción para
este artículo:
“Artículo 36.—Cuando la naturaleza y proyección del hecho de agresión interior lo hagan necesario,
el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares, sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia.
“En tales casos, la autoridad militar que designe el presidente de la Nación ejercerá el comando
de todas las fuerzas intervinientes (militares, de seguridad y policiales nacionales y provinciales).”
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.
Sr. Portero.—Propongo la adopción del texto leído para no repetir los errores de la ley sancionada
en la época del gobierno peronista y no en la época que mencionó el señor diputado
Lazzarini.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 36 del dictamen de la mayoría de las
comisiones.
350
—Resulta afirmativa.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
Sr. Presidente (Pereira).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Monsalve.
Sr. Monsalve.—Quisiera saber si en la votación efectuada hace un instante se incluyó la modificación
propuesta por el señor diputado Mira.
Sr. Presidente (Pereira).—La comisión no la había aceptado, señor diputado. En consideración
el artículo 37. Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
38 al 42.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 43.
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).—El bloque de la Unión Cívica Radical ha propuesto la siguiente
redacción: “Cuando las necesidades de la Defensa Nacional así lo impongan para los casos de guerra
o de peligro inminente, de catástrofes o emergencias graves que afecten alguna zona del país, el Poder
Ejecutivo Nacional podrá disponer las requisiciones de servicios y bienes para satisfacerlas, las que
serán ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales facultadas”.
Sr. Presidente (Pereira).—Para referirse al artículo 43 tiene la palabra el señor diputado
Mauhum.
Sr. Mauhum.—Señor presidente: tal como está redactado este artículo, acordando al Poder
Ejecutivo la facultad de ordenar requisiciones de servicios y de bienes, no es a nuestro juicio suficientemente
claro, ya que se contradice con las disposiciones contenidas en la última parte del
artículo 17 de la Constitución Nacional que prohíbe las requisiciones de todo tipo por cuerpos
armados. Así, la doctrina y la jurisprudencia han entendido unánimemente que este tipo de requisiciones
está absolutamente prohibido en tiempos de paz. Con la actual redacción del artículo 43
no sabemos si estas requisiciones que autoriza pueden también ser realizadas en tiempos de paz.
El artículo 30 de la ley 13.234 era mucho más previsor en este sentido, porque contenía precisamente
el párrafo que nosotros pretendemos ahora agregar al artículo 43 a fin de dejarlo perfectamente
aclarado, disponiendo que este tipo de requisiciones sólo es posible en caso de guerra,
de peligro inminente, de catástrofes o de emergencias graves. Ese es el sentido de la reforma que
proponemos.
Sr. Presidente (Pereira).—¿La comisión acepta?
Sr. Lazzarini.—No, señor presidente.
Sr. Sangiácomo.—Pido la palabra para una breve aclaración.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Sangiácomo.
Sr. Sangiácomo.—Quiero formular una brevísima aclaración que no hemos podido hacer
antes…
Sr. Presidente (Pereira).—¿Es con relación al artículo 43, señor diputado?
Sr. Sangiácomo.—No, señor presidente, pero me siento en la necesidad de hacer esta aclaración
porque se trata de un tema que se ha traído muchas veces a este recinto y respecto del cual
quiero decir breves palabras para ponerle un punto final.
Me refiero al decreto que se ha mencionado hace unos instantes…
Sr. Presidente (Pereira).—Señor diputado: ese tema está fuera del debate, por lo que lo invito
a desistir de su actitud.
Sr. Sangiácomo.—Es una aclaración que necesito formular porque…
Sra. Bonifatti.—Con ese criterio, las mujeres tendríamos que hablar de las lágrimas que no
solemos derramar.
Sr. Presidente (Pereira).—Le reitero al señor diputado la petición de que desista de continuar
con la aclaración.
351
1975

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Sangiácomo.—De acuerdo, señor presidente, pero deseo manifestar que oportunamente
me he de referir al sentido de este decreto y, desde ya, dejo dicho que durante el gobierno del
doctor Frondizi no hubo ninguna muerte originada en el accionar de las fuerzas de seguridad
regulares ni tampoco existieron entonces fuerzas parapoliciales. Reitero, una vez más, que en su
oportunidad he de explicar el origen de ese decreto.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 43 conforme resulta del dictamen de la
mayoría de las comisiones.
352
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 44.
Por Secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
Sr. Secretario (Rocamora).— El señor diputado Mira ha propuesto la siguiente modificación
para el artículo 44:
“Toda requisición da derecho a retribución o indemnización, conforme con el procedimiento que
se establezca por vía reglamentaria. La indemnización no incluirá el lucro cesante.
“En caso de conmoción interior proveniente, acompañada o seguida de formas graves e injustificadas
de falta de producción o de encarecimiento, escasez, acaparamiento o desabastecimiento
de bienes esenciales para el funcionamiento del Estado o las necesidades del pueblo, por orden del
Poder Ejecutivo se podrán requisar, por el término máximo de ciento ochenta días, los medios de
producción, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y los bienes de consumo
utilizados para provocar, mantener o agravar las perturbaciones económicas precitadas, con el fin de
someterlos a la administración del Estado. El decreto que disponga tal medida importará propuestas
de ley al Congreso Nacional para que sancione la expropiación de los bienes requisados.”
El bloque de la Unión Cívica Radical propone el siguiente texto: “Toda requisición da derecho
a retribución o indemnización equivalente al justo valor, conforme con el procedimiento que se establezca
por vía reglamentaria”.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Mauhum.
Sr. Mauhum.—Señor presidente: al suprimir la última parte del artículo 44 hemos querido
respetar el principio del justo valor que debe presidir todo tipo de indemnización cuando se trata
de la incautación o expropiación de bienes.
Es cierto que la ley de expropiación, como este artículo, descarta expresamente la indemnización
por el lucro cesante. Pero estimamos que el caso de requisición es distinto al de expropiación.
En el caso de requisición, contrariamente al de la expropiación, no existe el pago previo.
Consideramos que un criterio justo obliga a suprimir la última parte del artículo para posibilitar
el justo precio en materia de indemnización en estos casos.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado García.
Sr. García.—Efectivamente, como lo manifiesta el señor diputado Mauhum, la ley 13.624,
que es la ley de expropiación, no incluye dentro de los rubros a tener en cuenta el lucro cesante.
Nosotros creemos que el instituto de la expropiación es perfectamente aplicable a las requisiciones.
Es cierto que en el caso de la expropiación hay un depósito establecido por la ley, no
así en el caso de las requisiciones. De todas maneras hay que tener presente que el instituto de la
requisición se ha establecido para casos de emergencia o de gravedad, en los cuales son necesarios
algunos sacrificios de los particulares. Vale decir que la expropiación y la requisición son situaciones
distintas, por lo que consideramos justo y razonable que así se establezca.
De todas maneras entendemos con el entonces diputado Benítez en oportunidad de la sanción
de la ley de expropiaciones, en el año 1948, que lo importante a tener en cuenta, para que la
indemnización cubra todos los perjuicios, es que éstos sean los derivados inmediatamente del hecho
de la desposesión. Es decir que, más que el lucro cesante y el daño emergente, lo fundamental

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
a tener en cuenta son, precisamente, las consecuencias inmediatas del uso, del consumo o de la
transmisión de dominio a que se refiere la ley en los tres casos.
Por estas breves consideraciones entiendo que debe mantenerse el texto establecido en el
despacho de la mayoría de las comisiones.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Horacio Fidel López.
Sr. López (H. F.).—Propondría que el artículo 44 quedara redactado como el antiguo artículo
37. En el texto de la comisión se ha suprimido la obligación de otorgar recibos, aduciendo que la
reglamentación se encargará de hacerlo.
El artículo quedaría redactado en esta forma:
“Toda requisición da derecho a indemnización. Las autoridades competentes deberán, en todos
los casos, extender los recibos o comprobantes correspondientes.”
Quiero fundamentar brevemente este agregado. Hoy, en la exposición en general, dije que
desgraciadamente se están produciendo casos de verdadero saqueo. Esto debe ser impedido.
Como a través del articulado del proyecto de ley se llega a la requisición, debe facilitarse a la persona
que se la despoja de un bien del comprobante correspondiente. Esto da garantía y seriedad
al procedimiento.
A su vez, como todo esto no es suficiente, propongo también el siguiente agregado, tipificando
un nuevo delito: “Los integrantes de las fuerzas de seguridad que, en cumplimiento de sus
funciones, hurten o roben tendrán la pena correspondiente al hurto o robo calamitoso.”
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—Le solicito al señor diputado que exprese en qué parte del articulado propone
sea agregada la proposición formulada.
Sr. López (H. F.).—El artículo ha sido tomado del decreto ley al que hemos estado haciendo
referencia; por lo tanto, se podría volver a la primitiva redacción. No sé si el señor diputado tiene
el texto comparado del artículo 37. El texto sería el siguiente:
“Toda requisición da derecho a indemnización. Las autoridades competentes deberán, en todos
los casos, extender los recibos o comprobantes correspondientes.”
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado García.
Sr. García.—Con respecto al primer agregado que propone el señor diputado López creo que
no va a haber ningún inconveniente, aunque no sé lo que en definitiva resolverá la comisión, a
través de su miembro informante. En lo que se refiere al otorgamiento de los recibos ello está
establecido en la doctrina en forma pacífica y, por lo tanto, no trae aparejado ningún problema.
En lo que respecta al segundo agregado propuesto por el señor diputado López entiendo que
la oportunidad de su inclusión va a estar dada cuando se trate el artículo 49, en el que se hace
referencia a los casos en que se producen hechos delictuales.
Sr. Presidente (Pereira).—Le solicito al señor diputado López que, para información de esta
Honorable Cámara, tenga a bien leer el artículo 44 que propone.
Sr. López (H. F.).—El artículo 44 quedaría redactado de la siguiente manera:
“Toda requisición da derecho a indemnización. Las autoridades competentes deberán, en todos
los casos, extender los recibos o comprobantes correspondientes. La indemnización no incluirá el lucro
cesante.”
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado
López?
Sr. Lazzarini.—Entiendo que la redacción del artículo podría quedar de la siguiente manera:
“Toda requisición da derecho a retribución o indemnización conforme con el recibo que se otorgará
y de acuerdo con lo que se establezca por vía reglamentaria”.
Sr. López (H. F.).—Creo que la redacción que he propuesto es clara y no impide de ninguna
manera que el Poder Ejecutivo luego la reglamente, como lo hace con todas las leyes.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Mauhum.
353
1975

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Mauhum.—Le sugiero al señor diputado López la siguiente redacción para el artículo 44:
“Toda requisición da derecho a retribución o indemnización y a exigir el pertinente recibo, conforme
con el procedimiento que se establezca.”
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado López.
Sr. López (H. F.).—Le quiero expresar al señor diputado Mauhum, con respecto a la extensión
de los recibos, que hay que ubicarse en la zona y/o en el lugar de los acontecimientos. No
creo que nadie le pueda exigir a un grupo armado un recibo. Yo creo que hay que obligar a la
autoridad y crear el deber de dar el recibo.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—En principio aceptaríamos la siguiente redacción: “Toda requisición da derecho
a retribución o indemnización y a exigir el correspondiente recibo conforme con el procedimiento
que se establezca por la vía reglamentaria.”
De tal manera que aquí los principios están salvados: se da el derecho a exigir el recibo y para
atender a las dificultades a que hace referencia el diputado López, la reglamentación establecerá
el procedimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Horacio Fidel López.
Sr. López (H. F.).—Yo me permito insistir y me dirijo casi en particular al miembro informante.
He dicho con toda claridad que más que una exigencia, que siempre la puede pretender el
damnificado, en este caso hay que crear la obligación, el deber, de la autoridad de otorgarlo, y
la omisión debe caer bajo la sanción establecida en el artículo 43 —en función de que debe comunicarlo
inmediatamente a la superioridad—, de cuya correcta aplicación será la responsable.
Por eso insisto en que debe ser un deber.
Sr. Lazzarini.—Podría quedar así: “Toda requisición da derecho a retribución o indemnización
y obliga a extender el correspondiente recibo, conforme con el procedimiento…”, y continúa el artículo
tal como está.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 44 con la modificación aceptada por la
comisión.
354
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
45 a 49.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 50.
Tiene la palabra el señor diputado Porto.
Sr. Porto.—El artículo 50, de la misma manera que el artículo 35 y algún otro, determina cuál
es el tribunal que tiene jurisdicción y competencia para el juzgamiento de determinados hechos.
Quiero aclarar mi concepto de que la circunstancia de que la ley establezca que un tribunal
tiene jurisdicción y competencia para el juzgamiento de un hecho no significa que esté fijando
cuál es la ley de fondo que este tribunal tendrá que aplicar. Así, por ejemplo, he sostenido en un
libro mío que la circunstancia de que el artículo 23 del Código Procesal Penal del fuero federal
—Capital Federal, etcétera— determine que los piratas serán juzgados por la justicia federal, no
significa que se le esté fijando a ese juez la ley de fondo que deberá aplicar.
He sostenido también a este respecto, precisamente, que el Código Penal argentino tiene para la
piratería una tipificación desgraciada; en cuanto habla, en su artículo 198, de los actos de piratería
ocurridos en los mares y ríos de la República, por lo que el delito de piratería internacional no está previsto,
y la circunstancia de que en los artículos 23 y 25 del citado código procesal se le dé jurisdicción
y competencia al juez federal no significa que se le esté indicando la ley de fondo que deberá aplicar.
Por eso quiero también aquí dejar establecido que en los artículos 50 y anteriores, que determinan
jurisdicción y competencia para ciertos tribunales federales y militares, el hecho de

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
que se le dé a un tribunal militar jurisdicción y competencia para el juzgamiento de un ilícito no
significa que necesariamente ese magistrado deba aplicar el Código Militar. Bien puede ser que le
corresponda aplicar la ley común, es decir, el Código Penal.
Sr. López (H. F.).—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado López.
Sr. López (H. F.).—Quisiera que la Presidencia me aclarara si es ésta la oportunidad en que
corresponde proceder a la consideración de la inserción de nuevos delitos en la ley que estamos
tratando. Me refiero a la nueva figura que recién propuse.
Sr. Presidente (Pereira).—Corresponde, en ese caso, que la Cámara postergue el tratamiento
del artículo 50 y pase a considerar la incorporación de un nuevo artículo, a continuación del 49
—ya aprobado—, que así pasaría a ser el nuevo artículo 50 del despacho, en caso de ser aprobado
por el cuerpo.
La Presidencia ruega al señor diputado López se sirva informar a la Honorable Cámara acerca
del texto de su propuesta.
Sr. López (H. F.).—El artículo que propongo se agregue al despacho en consideración dice
así: “Los integrantes de las fuerzas de seguridad que en el cumplimiento de sus funciones hurten o
roben, tendrán la pena correspondiente al hurto o robo calamitoso.”
Sr. Fuentes.—¿Y por qué solamente incluye esas dos figuras, señor diputado?
Sr. López (H. F.).—Porque según denuncias que obran en mi conocimiento —que en muchos
casos las considero ciertas— justamente se están dando estos dos tipos de delitos.
Sr. Fuentes.—¿Nada más?
Sr. López (H. F.).—Son los que se dan en forma reiterada. Si el señor diputado considera que
hay que tipificar otros delitos que se pueden cometer por parte de las fuerzas de seguridad en el
ejercicio o cumplimiento de sus funciones y obligaciones, desde luego que habrá de contar con
mi total aprobación.
Sr. Fonte.—Para una aclaración, pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Fonte.
Sr. Fonte.—El sentido de la propuesta del señor diputado López —de referir únicamente las
conductas que señalan al hurto y al robo— está relacionado íntimamente con lo que se consideró
en los artículos 43 y 44, acerca del procedimiento que realiza la autoridad militar en oportunidad
de las requisiciones. Entonces, es ahí donde verdaderamente se pueden cometer estos ilícitos que
ahora procuramos sean sancionados.
Sr. Presidente (Pereira).—Corresponde someter a votación la propuesta del señor diputado
López, que iría como artículo 50 del despacho.
Sr. Lazzarini.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Quiero decir que he consultado a algunos miembros de la comisión, incluso
al señor presidente de la Comisión de Legislación Penal, y hemos arribado a la conclusión de que
no podemos aceptar la inclusión de un artículo nuevo, en virtud de que ello alteraría el sistema
de la ley. Además, consideramos que delitos de este tipo deberían ser incluidos en el Código
Penal, y ello implicaría la necesidad de proceder a un estudio más completo del asunto, por
tratarse de la reforma de un código de fondo. Consideramos que proceder de otra manera sería
injertar en esta ley un delito que debería estar incorporado al propio Código Penal, con lo que
estaríamos afectando la buena técnica legislativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Es decir que la comisión no acepta.
En consecuencia, corresponde votar el artículo 50 del despacho de la comisión, que ya había
sido debatido en particular.
Sr. Tróccoli.—No, señor presidente, la propuesta del señor diputado López hay que votarla
igualmente.
355
1975

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el señor diputado
López.
—Resulta negativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Fuentes para una aclaración.
Sr. Fuentes.—Señor presidente: pedí la palabra antes de la votación.
Sr. Presidente (Pereira).—La Presidencia lamenta no haber advertido el pedido de palabra
del señor diputado.
Sr. Fuentes.—Yo lo lamento también, señor presidente, pero voy a decir lo que tenía pensado.
Pregunto si esta figura que quiere insertar el señor diputado López no está prevista ya por la
reglamentación del Código de Justicia Militar. Se trataría de la consumación de un delito, o de su
tentativa, por parte de los militares en actitud.
Sr. López (H. F.).—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
No he hablado de fuerzas militares sino de fuerzas de seguridad porque, desgraciadamente, los
problemas se están dando, sobre todo, en las policías provinciales y recibimos quejas diariamente.
Sr. Presidente (Pereira).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Fuentes.
Sr. Fuentes.—Yo le preguntaba al señor diputado si solamente se trata de esas dos figuras
porque también se dan concomitantemente…
Sr. Presidente (Pereira).—La discusión es ociosa, señor diputado, porque el artículo propuesto
ya ha sido votado.
Sr. Fuentes.—No importa, señor presidente, porque puede servir de antecedente.
Muchas veces se dan las figuras de violación de domicilio y de violación. Todas estas situaciones
están previstas por las leyes que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 50 del despacho de la mayoría de las
comisiones.
356
—Resulta afirmativa
Sr. Presidente (Pereira).—Por Secretaría se va a dar lectura a cinco artículos nuevos propuestos
por el señor diputado Mira que irían a continuación del artículo 50.
Sr. Secretario (Rocamora).—El señor diputado Mira propone agregar al título V los siguientes
artículos: “Artículo…—Sin perjuicio de la plena subsistencia de los institutos, academias y escuelas
militares o de otros que se crearan en el futuro en el ámbito militar específico, créase en jurisdicción
del Ministerio de Defensa un Centro de Estudios e Investigación de Problemas de la Defensa
Nacional.
“Artículo…—El Centro de Estudios e Investigación de Problemas de la Defensa Nacional será
dirigido por un consejo compuesto por doce miembros de las Fuerzas Armadas y doce miembros del
Poder Legislativo, el que será presidido por un rector designado por el Poder Ejecutivo.
“Artículo…—El Centro de Estudios e Investigación tendrá por objeto contribuir a la formación
de la conciencia colectiva en materia de Defensa Nacional, para lo cual: a) realizará cursos de enseñanza
y organizará seminarios de investigación sobre temas vinculados, directa, indirecta o complementariamente,
con los problemas de la Defensa Nacional; b) efectuará las publicaciones periódicas
que permitan difundir la obra que en materia de seguridad nacional realicen las organizaciones civiles
y militares del país y el propio centro de estudios; c) organizará debates públicos sobre temas de su
competencia. No podrán tratarse en los centros de estudio problemas que afecten secretos de Estado,
el orden interno de las Fuerzas Armadas o las funciones de los organismos estatales de inteligencia.
“Artículo…—El contenido de la enseñanza y la orientación de las investigaciones se ajustarán a
los principios fundamentales enunciados en el título I.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
“Artículo…—Los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, los legisladores nacionales y provinciales
y los representantes de agrupaciones políticas, gremiales, empresarias y culturales con personería
reconocida, podrán asistir libremente a los cursos y seminarios.”
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado López para proponer, de viva
voz, un nuevo artículo.
Sr. López (H. F.).—El nuevo artículo estaría redactado en los siguientes términos: “El comandante
de zona de emergencia dispondrá de un comité de información, donde figurará la nómina completa
de los detenidos por cualquiera de las fuerzas de seguridad a su mando, a fin de suministrarla a
la autoridad judicial que la requiera”.
Quiero fundamentar muy brevemente el porqué de la inclusión de este artículo. En
las grandes ciudades actúan simultáneamente varias fuerzas de seguridad, con comandos
independientes.
En la ciudad de Rosario, por ejemplo, ante una detención debemos recurrir primero a la
Policía Federal, luego a la provincial, después a Gendarmería, al comando y a la Subprefectura,
con lo que la rueda es muy difícil de terminar. Para evitar esto y dar seguridad a los familiares
de las personas que puedan estar detenidas, como una garantía de la libertad personal, solicito al
señor miembro informante que contemple la posibilidad de esta proposición, que no quita ninguna
de las atribuciones de las fuerzas y da garantías a los detenidos y seguridades a los familiares
que requieren su ubicación.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?
Sr. Lazzarini.—En primer término, con referencia a las proposiciones del señor diputado
Mira, la comisión no las acepta. Quiero aclarar asimismo que la Escuela de Defensa Nacional
cumple las funciones a que se refiere el señor diputado Mira. Integrada por militares y por civiles,
ofrece cursos permanentes, un curso anual y un curso acelerado: incluso hemos asistido a jornadas
para legisladores, celebradas el año pasado: periódicamente, en forma mensual, se dirige
al interior de la República, reproduciendo los cursos de formación acelerada y, por otra parte,
hace publicaciones especializadas y tiene una revista. Por esas razones, como están cumplidos los
objetivos previstos en la modificación, la comisión no la acepta.
En cuanto a la proposición del señor diputado López pienso que, habida cuenta de que los
tribunales judiciales funcionan sin ningún retaceo a su competencia y jurisdicción, nada impide
a los jueces recabar en su momento las informaciones correspondientes, en los casos de hábeas
corpus o cuando se trate de personas sometidas a su jurisdicción. De modo que, en alguna medida,
esto ya está en vigencia.
En cuanto a las dificultades de que habla el señor diputado López, presumo que son las mismas
que pueden existir en otros lugares, como por ejemplo cuando no sabemos quién ha detenido
a alguna persona, por circunstancias que también desconocemos, con lo que debemos establecer
si fue la Policía Federal, la policía provincial o la delegación de la Policía Federal, cuando
actúan distintas fuerzas de seguridad. La circunstancia se repite entonces en cualquier parte de la
República, en virtud de las jurisdicciones federal y provincial en materia penal.
Por los motivos indicados, la comisión no acepta las propuestas formuladas.
Sr. Presidente (Pereira).—Se van a votar, en primer término, las proposiciones del señor
diputado Mira.
1975
—Resulta negativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar la inclusión de un artículo nuevo, solicitada por el
señor diputado Horacio Fidel López.
—Resulta negativa.
357

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 51 del despacho de las comisiones.
Tiene la palabra el señor diputado Álvarez Guerrero.
Sr. Álvarez Guerrero.—Es a los efectos interpretativos, señor presidente.
Por el artículo 51 se derogan los decretos 2.770/75, 2.771/75 y 2.772/75, que fueron tres decretos
aprobados por el gobierno interino que presidió el doctor Luder.
Como esos decretos de alguna manera han sido insertados en el contexto general del proyecto
que estamos votando, me parece útil que el señor miembro informante de la comisión
informe a la Honorable Cámara si en virtud de tales decretos se han adoptado las movilizaciones
de Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de la policía provincial en los operativos realizados
en los últimos días. Me refiero específicamente a lo ocurrido en Sierra Grande, provincia de Río
Negro.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lucena.
Sr. Lucena.—Es para que se explique la inteligencia del artículo en discusión en un aspecto
que ya planteé en oportunidad del tratamiento en comisión.
El artículo 51 establece que se deroga el decreto ley 16.970/66, así como los artículos 13 y 14
de la ley 20.524 de ministerios. El decreto ley 16.970/66 contiene un dispositivo normativo por
el cual se crea específicamente el Estado Mayor Conjunto, disposición que se mantiene vigente
cuando se sanciona la ley de ministerios en el área de competencia del Ministerio de Defensa.
Como estas disposiciones se derogan según el artículo 51 en consideración, solicito que el señor
miembro informante aclare si hay otra disposición legal expresa que se refiera a la creación del
Estado Mayor Conjunto pues a este organismo se hace referencia en el artículo 22 del proyecto
de ley en consideración que ya fue aprobado. En el citado artículo 22 se hace también referencia
al Consejo de Defensa y al Comité Militar, pero éstos se encuentran creados por el texto legal que
vamos a sancionar. Pero en ningún momento se recrea el Estado Mayor Conjunto. Por eso pregunto
al señor miembro informante si existe otra disposición legal por la que se cree y organice
el Estado Mayor Conjunto, pues de lo contrario nos hallaríamos ante una seria deficiencia desde
el punto de vista de redacción legislativa.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—Con referencia a la información que me solicita el señor diputado Álvarez
Guerrero confieso que es totalmente ajena a mi conocimiento. Por lo tanto, ello podrá ser motivo
de un pedido de informes, pero de ninguna manera conozco las causas de los movimientos de
tropas.
En cuanto a la inquietud del señor diputado Lucena, eso ya fue tratado en comisión y efectivamente,
en virtud de esta ley, queda constituido el Estado Mayor Conjunto. A los efectos de no
entrar a mover artículos que, por otra parte, ya han sido sancionados, la comisión propone dejar
el texto del artículo tal como está.
Sr. Presidente (Pereira)—Se va a votar el artículo 51 del despacho de la mayoría de las
comisiones.
358
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 52.
Por Secretaría se va a dar lectura de una modificación propuesta.
Sr. Secretario (Rocamora).—El dictamen de la minoría y el señor diputado Mira proponen
suprimir el artículo 52.
Sr. Presidente (Pereira).—¿Acepta la comisión?
Sr. Lazzarini.—La comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 52 del despacho de la mayoría de las
comisiones.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
—Resulta afirmativa.
—El artículo 53 es de forma.
Sr. Presidente (Pereira).—Queda sancionado el proyecto de ley 1 . Se comunicará al Honorable
Senado.
Si hay asentimiento, se harán las inserciones solicitadas por el señor diputado Portero.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—En consecuencia, se harán las inserciones solicitadas en el Diario
de Sesiones 2 .
No habiendo otros asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
—Es la hora 2 y 10 del 21 de noviembre de 1975.
4
Apéndice
Sanción de la Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
título I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional
Art. 2º.—La Seguridad Nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y
el logro de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional se hallan a
cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales.
Art. 3°.—La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta, en
todos los sectores, para lograr la seguridad nacional.
Art. 4º.—Las bases fundamentales para la política de Defensa Nacional estarán dadas por las
políticas y estrategias nacionales.
Art. 5º.—La Seguridad Nacional requiere en lo substancial:
1975
a) Las medidas necesarias para el fortalecimiento de la conciencia nacional en materia
de Defensa Nacional;
b) La formulación de la doctrina, el planeamiento y la programación de las medidas
de defensa, de acuerdo con el potencial de la Nación;
1 Véase el texto de la sanción en el Apéndice
2 Véase el texto de las inserciones en el Apéndice.
359

20 y 21 de noviembre de 1975
c) Determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflictos y de guerra, así como
la estrategia para superarlos;
d) La determinación de la estructura y el régimen funcional de la Defensa Nacional,
con las atribuciones inherentes a los órganos y autoridades nacionales y la coordinación
con las provinciales y municipales para la realización de las actividades,
servicios y tareas conducentes al logro de los objetivos propuestos;
e) El establecimiento de jurisdicciones territoriales específicas para la Defensa
Nacional;
f) La fijación de obligaciones a las personas físicas que habiten el territorio nacional,
a los argentinos residentes en el extranjero y a las personas jurídicas, públicas y
privadas, domiciliadas en el país;
g) El relevamiento y el registro de los recursos humanos, científico-técnicos y materiales
de potencial de la Nación, susceptibles de movilización, convocatoria, requisición
o empleo, al servicio de las necesidades de la Defensa Nacional.
título II
Estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional
Art. 6°.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, compete la
máxima responsabilidad de la dirección superior de la Defensa Nacional; y como comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.
Art. 7°.—Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores de provincia y del
Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, e intendentes municipales,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad
de cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente
de la Nación en materia de Defensa Nacional, conforme con lo prescripto por la Constitución
Nacional.
Art. 8°.—Dependerán del presidente de la Nación:
a) El Consejo de Seguridad Nacional;
b) El Comité Militar;
c) La Central Nacional de Inteligencia.
Art. 9°.—El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como titular al presidente de la Nación,
quien adoptará, en todos los casos, las decisiones sobre los asuntos que sean tratados; estará integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los comandantes generales de las Fuerzas
Armadas.
Art. 10.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional tratar, proponer o asesorar, según los
casos, en los siguientes asuntos:
360
a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa
Nacionales;
b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral
del país y su inclusión en los panes nacionales;
e) Las situaciones de emergencia que pueden afectar la seguridad nacional;

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zona de seguridad;
g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución; y las correcciones
necesarias en lo atinente a la seguridad nacional;
h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación,
relativo a la seguridad y defensa nacionales;
j) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;
k) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
l) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad
interna.
El presidente de la Nación adoptará resoluciones en todos los casos que dé motivo al funcionamiento
de dicho consejo.
Art. 11.—El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como asesor permanente en inteligencia
al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 12.—El Comité Militar será presidido por el presidente de la Nación y estará integrado
por el ministro de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.
Dispondrán como organismo de trabajo al Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones del Comité Militar.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho comité.
Art. 13.—Compete al Comité Militar entender en:
a) La aprobación de la doctrina militar conjunta;
b) El planeamiento y la conducción de la estrategia militar;
c) Las directivas para el planeamiento de la estrategia militar;
d) La asignación de las responsabilidades operativas y logísticas de cada Fuerza
Armada;
e) La creación de los comandos conjuntos y específicos;
f) Las propuestas para el establecimiento de los teatros de operaciones y la designación
de sus comandantes; igualmente propondrá al comandante de las zonas de
emergencia;
g) El tratamiento de todos los aspectos inherentes a la estrategia militar, que sometan
a consideración del organismo;
h) Propiciar la celebración de tratados militares con Estados extranjeros, para fortalecer
o consolidar la seguridad de la Nación.
1975
Art. 14.—La Central Nacional de Inteligencia estará integrada por la Secretaría de
Informaciones de Estado, los elementos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina. Eventualmente podrán participar representantes
de otros ministerios, secretarías, las policías provinciales y sectores, cuando se traten asuntos
específicos de su área de responsabilidad. Estará dirigida por una junta integrada por los jefes
de los elementos de inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones
de Estado, con el carácter de jefe de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 15.—Compete a la Central Nacional de Inteligencia realizar las actividades de inteligencia
necesarias, particularmente para:
a) Formular y mantener actualizada la doctrina de inteligencia estratégica nacional;
b) Requerir, orientar, coordinar y centralizar la inteligencia específica de los elementos
361

20 y 21 de noviembre de 1975
constitutivos de la Central Nacional de Inteligencia, para producir inteligencia estratégica
nacional;
c) Confeccionar y mantener actualizada la apreciación de situaciones de inteligencia
estratégica nacional;
d) Proveer la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos
que participen del planeamiento y de la Defensa Nacional.
Art. 16.—El Ministerio de Defensa tendrá competencia en la preparación de los proyectos de
objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y defensa nacionales, los que serán
tratados por el Consejo de Seguridad Nacional, sin perjuicio de lo prescrito en la ley de ministerios.
En particular tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular la doctrina de Defensa Nacional;
b) Participar y asesorar en la preparación de los planes, programas y proyectos vinculados
con la seguridad y defensa nacionales;
c) Promover el desarrollo de los recursos e infraestructura del país, relativos a la
Defensa Nacional;
d) Formular los requerimientos relativos a la inteligencia para el planeamiento
nacional;
e) Realizar y mantener actualizados los estudios necesarios para el asesoramiento al
Consejo de Seguridad Nacional;
f) Elaborar y proponer los componentes relativos a la defensa, que integran los documentos
principales del planeamiento nacional;
g) Preparar las normas y directivas sobre Defensa Nacional, coordinando y supervisando
su cumplimiento una vez aprobadas;
h) Realizar los estudios necesarios para determinar y evaluar el potencial nacional a
los fines de la seguridad nacional;
i) Proponer las medidas correctivas que surjan del análisis del cumplimiento de los
planes o de situaciones coyunturales que afecten a la seguridad nacional;
j) Elaborar los proyector de normas y directivas atinentes a la movilización del potencial
humano y de los recursos de la Nación;
k) Realizar los estudios y planes relativos a la promoción y régimen de la producción
industrial, minera, energética y tecnológica de carácter estratégico para la Defensa
Nacional.
Art. 17.—El Consejo de Defensa será presidido por el ministro de Defensa y estará integrado
por el comandante general del Ejército, el comandante general de la Armada y el comandante
general de la Fuerza Aérea.
Art. 18.—Compete al Consejo de Defensa el tratamiento previo de los aspectos de estrategia
militar, que serán sometidos a resolución del presidente de la Nación, en el seno del Comité
Militar. En este sentido sus competencias son:
362
a) Proponer la doctrina militar conjunta;
b) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
c) Proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos;
d) Formular las proposiciones relativas a los asuntos de estrategia militar que son
competencia del Comité Militar;
e) Impartir directivas para el adiestramiento conjunto y combinado;
f) Supervisar los planes de los comandos conjuntos y combinados;

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
g) Determinar las exigencias de investigación y desarrollo y las prioridades de obtención
emergentes del planeamiento militar conjunto, y supervisar los correspondientes
planes y programas;
h) Proponer la designación de los comandantes de zonas de emergencia;
i) Dirigir el planeamiento conjunto para la movilización militar;
j) Asesorar al Consejo de Seguridad Nacional en asuntos relativos a la estrategia militar;
k) Estudiar y proponer todos aquellos aspectos inherentes a la estrategia militar que
sean ordenados por el presidente de la Nación.
Art. 19.—Al Consejo de Defensa, en lo que al accionar antisubversivo se refiere, le compete:
a) Asesorar y proponer al presidente de la Nación, en lo concerniente a la lucha contra
la subversión, en todos los ámbitos del quehacer nacional;
b) Conducir la lucha antisubversiva coordinando con las autoridades nacionales,
provinciales y municipales la ejecución de medidas que para el interés de dicha
lucha, pueden ellas aportar;
c) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas
policiales en la lucha contra la subversión.
Art. 20.—La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, la Secretaría
de Informaciones de Estado y la Dirección Nacional de Migraciones quedarán funcionalmente
afectadas al Consejo de Defensa a los fines de la lucha contra la subversión, debiendo cumplir las
directivas y requerimientos que en tal sentido les imparta el referido consejo.
Art. 21.—La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los
mismos fines, al Consejo de Defensa.
Art. 22.—El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones que en esta ley se le asignan. Su jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones.
Art. 23.—El Estado Mayor Conjunto dependerá del Consejo de Defensa y estará integrado
por personal de las tres Fuerzas Armadas. Su jefe será un oficial superior en actividad —con la
jerarquía de general o equivalente— del cuerpo de comando y designado en forma rotativa entre
las tres Fuerzas Armadas por el presidente de la Nación a propuesta del ministro de Defensa.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto será asistido por los elementos de inteligencia de las
tres Fuerzas Armadas con relación a la inteligencia necesaria para el planeamiento de la estrategia
militar y de la conducción estratégica de las operaciones militares. Asimismo, podrá requerir
inteligencia a la Central Nacional de Inteligencia.
1975
TÍTULO III
Jurisdicción
Art. 25.—En caso de guerra, el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones
a los espacios necesarios para las operaciones militares.
Art. 26.—El teatro de operaciones tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de
entrada en vigencia establecidas por el Poder Ejecutivo a propuesta del Comité Militar.
Art. 27.—El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior en
actividad de las Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación a propuesta del Comité
Militar. El comandante del teatro de operaciones dependerá del presidente de la Nación.
363

20 y 21 de noviembre de 1975
364
Art. 28.—Durante la vigencia del teatro de operaciones la autoridad del comandante del
mismo será ejercida por delegación del presidente de la Nación y comprenderá la totalidad del
gobierno civil y militar en el área puesta bajo su mando. Para los asuntos relacionados con la
administración civil, la autoridad del teatro de operaciones podrá designar delegados civiles.
Art. 29.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de operaciones
mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la
legislación vigente, sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares que se establezcan.
Art. 30.—En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la
naturaleza, cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia
a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante
el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas. La declaración de zona de emergencia deberá ser
comunicada al Congreso Nacional.
Art. 31.—La zona de emergencia tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada
en vigencia.
Art. 32.—El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en actividad
de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación a propuesta del Comité
Militar.
Art. 33.—El comandante de la zona de emergencia dependerá del presidente de la Nación.
Art. 34.—Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de las
Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias que requiera para el cumplimiento de
su misión.
Las autoridades nacionales provinciales y municipales con asiento en la zona de emergencia
continuarán en el ejercicio de sus funciones, prestando al comandante de la misma toda la colaboración
que les requiriese.
Art. 35.—Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo podrá asignarle al
comandante de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos, con la salvedad que ellos
no podrán establecer la pena de muerte: también podrá crear los tribunales militares correspondientes.
Asimismo, podrá subordinarle total o parcialmente las autoridades con jurisdicción
dentro de la zona. Estas decisiones deberán ser comunicadas al Congreso.
Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación
vigente, sin perjuicio de la jurisdicción y competencia de las atribuciones de los tribunales militares
que se establecieren.
Art. 36.—Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional lo haga
necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia.
En tales casos, la autoridad militar que designe el presidente de la Nación ejercerá el comando
de todas las fuerzas intervinientes (militares, de seguridad, policiales y penitenciarias nacionales
y provinciales).
Art. 37.—Se denomina zonas militares a los espacios necesarios, en forma permanente o
transitoria, programada o accidental, para dar protección a los cuarteles, instalaciones o actividades
militares o de interés para la Defensa Nacional. Los límites de las zonas militares y las circunstancias
que las impongan como tales serán reglamentados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 38.—Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas militares
atacadas o exista la amenaza de ataque, los respectivos comandantes o jefes podrán disponer el
empleo de las fuerzas que comandan para reprimir, perseguir o detener a los atacantes, aun fuera
de los límites de la zona militar.

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
TÍTULO IV
Empleo de personas y recursos
Art. 39.—El servicio de Defensa Nacional, que comprende el servicio militar y el servicio civil
de defensa, es el conjunto de obligaciones que impone la Nación a las personas de acuerdo con la legislación
y disposiciones respectivas sobre servicio militar, servicio civil de defensa y movilización.
Art. 40.—La defensa civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto de
medidas y actividades, no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan provocar sobre
la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada,
conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 41.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecúa
el potencial de la Nación, con el objeto de satisfacer las exigencias de la Defensa Nacional
para caso de guerra.
Art. 42.—Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización, conforme
con los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación
de servicios será retribuida según lo establezca la ley respectiva.
Art. 43.—Cuando las necesidades de la Defensa Nacional así lo impongan, el Poder Ejecutivo
Nacional podrá disponer las requisiciones de servicios y bienes para satisfacerlas, las que serán
ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales facultadas. En circunstancia de extrema gravedad
y urgencia dichas autoridades jurisdiccionales podrán adoptar por sí las medidas tendientes a la
requisición de los bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho que deberán comunicar
inmediatamente a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán los responsables.
Art. 44.—Toda requisición da derecho a retribución e indemnización y obliga a extender el
correspondiente recibo, conforme con el procedimiento que se establezca por vía reglamentaria.
La indemnización no incluirá el lucro cesante.
Art. 45.—En caso de disconformidad con la retribución o la indemnización fijada, la parte interesada
podrá recurrir a la justicia federal, sin perjuicio de que la requisición continúe en todo su vigor.
Art. 46.—Las requisiciones cesarán cuando así lo establezca la autoridad que las dispuso.
Art. 47.—La requisición de bienes podrá hacerse con todos o parte de ellos y ejecutarse a
título de uso, de consumo o de dominio.
Art. 48.—La requisición podrá hacerse efectiva, asimismo sobre la capacidad productiva de
industrias o establecimientos de servicios de cualquier índole que interesen a la Defensa Nacional,
aun cuando el Estado no haya tomado posesión de ellos.
Art 49.—El que dificultare, se negare a se substrajera a la requisición, u ocultare o destruyere
voluntariamente bienes sujetos a requisición será reprimido con prisión de dos meses a dos años
o multa de mil a cincuenta mil pesos.
Art. 50.—Para entender las infracciones contempladas en el artículo anterior será competente
la justicia federal, salvo que los imputados estuvieren sometidos a jurisdicción militar.
1975
TÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 51.—Deróganse el decreto ley 16.970/66, los artículos 13 y 14 de la ley 20.524, los decretos
2.770/75, 2.771/75, 2.772/75 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
365

20 y 21 de noviembre de 1975
Art. 52.—Mantiénese la vigencia de los regímenes establecidos por los decretos leyes 15.385/44
(zonas de seguridad) ratificado por la ley 12.913; 17.531/67 (servicio militar); 17.649/68 movilización);
18.575/70 (política de frontera), y 20.318/73 (servicio civil de defensa).
Art. 53.—Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
II
Inserciones solicitadas por el señor diputado Portero
1
La necesidad del imperio de la ley marcial durante el estado de guerra no puede negarse, siendo
éste el instrumento de que ha de echarse mano inexcusablemente para asegurar la obtención de los
fines a que la guerra responde. Pero lo que ha sido discutido por los autores es si en toda especie
de guerra internacional o civil, puede aplicarse la ley o regla marcial y si ello ha de tener lugar sólo
en el teatro de las operaciones militares o, en mayor extensión, donde la autoridad nacional estime
oportuno aplicarla. Se ha hecho, pues, una acertada distinción para las especies de guerra que puede
haber: guerra internacional, guerra civil y guerra civil internacional. Cuando se trata de la primera,
nadie ha discutido que procede y se justifica el imperio de la ley marcial; cuando se trata de una
simple guerra civil, de una rebelión o sedición, no parece dudoso que dicha ley no puede proclamarse
para los civiles ni aplicárseles, según nuestra Constitución, porque ésta ha previsto el caso y
ha revestido al gobierno federal de los poderes excepcionales que el estado de sitio faculta a ejercer,
a fin de conseguir el restablecimiento del orden público perturbado por la conmoción interior que
aquellos hechos ocasionan (artículo 23). Si es el caso de una guerra civil internacional —esto es,
si ambos bandos contendientes en la guerra civil son suficientemente poderosos para establecer
y mantener gobierno propio y han sido reconocidos como beligerantes por la potencia o Estados
extranjeros—, entonces la lucha toma el aspecto y tiene las condiciones de la guerra internacional,
y la ley marcial procede conforme a los usos y principios conocidos en el derecho de gentes.
La Constitución argentina ha sido establecida para regir la vida política e institucional de la
Nación, tanto durante la paz como en los agitados tiempos de las conmociones interiores y luchas
intestinas. El gobierno que ella crea ha recibido de la Constitución todos los medios e instrumentos
adecuados para “consolidar la paz interior”, al decir del Preámbulo, y no puede valerse
de los que no autoriza dentro del orden o régimen interno. Lo que procede en caso de conmoción
interior, cualquiera sea, es la declaración del estado de sitio y no el imperio de la ley marcial.
(J. A. González Calderón, Derecho constitucional.)
366
2
Nuestra Constitución no menciona la ley marcial, ni para tiempo de paz ni para tiempo
de guerra. Hemos discrepado con quienes le descubren asidero constitucional implícito en los
poderes militares y de guerra del Poder Ejecutivo. Pero con nuestra negativa sólo queremos significar
que la jurisdicción militar recae únicamente en personas que, de modo permanente o
transitorio, tienen estado militar o están asimiladas a él, o en lugares sujetos a jurisdicción militar
por razón del servicio o de actividades bélicas realmente tales. En tiempo de emergencias internas
de carácter grave, o de guerra (civil, civil internacional e internacional) la ley marcial no puede

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
significar, en nuestro régimen constitucional, la substitución plena de la autoridad civil y de la
jurisdicción común por la autoridad y la jurisdicción militares. Tan sólo podrá ampliarse personal
y territorialmente el ámbito de aplicación de la jurisdicción militar, por la movilización de
civiles —que implica asimilarlos a personal castrense— y por el teatro geográfico de las operaciones
—que equivale a considerar el lugar respectivo como lugar de servicio militar—. Por ello no
es posible transferir al juzgamiento de tribunales militares, los hechos cometidos por civiles que,
cualquiera sea su gravedad, implican delitos comunes regidos por el Código Penal.
Tampoco es válido, ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra, aplicar la pena de muerte
por delitos políticos —artículo 18 constitucional— aunque tales delitos estén incriminados en el
Código de Justicia Militar y sean juzgados por tribunales militares.
(Bidart Campos, Derecho constitucional del poder.)
3
“…ninguna especie de relación entre los hombres corresponde a la dignidad humana si no reconoce
la eminencia de una ley que, objetivamente y por sobre el mero arbitrio de nada una de las
personas —jurídicas o naturales— que entran en relación, determine conforme al bien común, lo
que es de cada uno. Si no hubiera derecho donde no hay ley positiva sería inútil disertar sobre las facultades
de los Estados en el proceso de la guerra; la cuestión se resolvería en los hechos, puesto que
la medida de la facultad se confundiría en cada caso con la medida de la fuerza de quien la invoca y
ejerce. No es otro el asiento del informulado derecho de gentes a que se alude en los arts. 102 de la
Constitución Nacional, 1 y 21 de la ley 48, derecho éste de mayor latitud y comprensión que cuanto
sea materia positiva de los tratados. Y es la luz de la ley natural que se hace patente el sentido de la
fórmula con la cual la Nación expresó alguna vez, por boca de sus autoridades, su subordinación a
la justicia a raíz de una guerra victoriosa: “la victoria no da derechos”. Lo que con ella se obtiene es
la efectiva posibilidad de su ejercicio mediante la reparación del agravio que lo obstaba (Vitoria, de
los indios, Relec. 2da. 13; Grocio, Del derecho de la guerra y de la paz, lib. II, cáp. 1°, párr. I). Sólo es
de veras victoria la que comporta la victoria de un derecho; pero los derechos para cuya defensa se
va a la guerra no constan sino muy rara vez en normas positivas.
Que de esta sujeción de la guerra, —acto de enjuiciamiento— , a la ley natural, síguese la
obligación de subordinar al orden jurídico positivo interno la ejecución de lo que el Estado en
guerra haya de hacer con las personas y los bienes que se encuentren bajo la fe de su derecho
nacional. Porque la guerra no está sobre toda ley, el Estado que la hace no puede considerarse
con motivo y en ocasión de ella, relevado de las subordinaciones que su propio orden jurídico,
instaurado para regir en toda circunstancia, impone a sus facultades respecto a las personas y los
bienes que antes de iniciarse el estado bélico habían sido acogidas por el imperio de su jurisdicción.
Al hacer la guerra el Estado asume posición y responsabilidad de juez, y lo que pueda hacer,
—sin comprometer la suerte de la guerra— , mediante sus propias y ordinarias instituciones,
debe hacerlo para el afianzamiento de la justicia que con ella se procura.”
1975
(Voto del doctor Tomás Casares, en el caso “Merck Química
Argentina contra Gobierno de la Nación”).
Fuente: Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones del 20 y 21 de noviembre de 1975, páginas
5231-5334. Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria.
Referencia Legislativa y Parlamentaria. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información
Argentina y Atención al usuario.
367

43a. reunión. 5a. sesión extraordinaria
Presidencia del doctor Ítalo A. Luder, presidente provisional.
Secretarios: señor Aldo Hermes Cantoni y escribana pública Irma Sosa
de Cesaretti
Prosecretarios: señores Rafael Arancibia Laborda y Delfor W. Caressi
Senadores presentes
ANGELOZ, Eduardo César
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BRAVO, Leopoldo
BRIZUELA, Guillermo
Ramón
CÁMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CULASSO MATTEL, Luis
DE LA RÚA Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
EVANS, Carlos H.
FRANCO, Carlos A.
FROIS REGÍS, Domingo
Andrés
FRUGLOLI, Amadeo Ricardo
GARCÍA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, Dermidio
Fernando L.
JAUREGUI, Rafael Zenón
LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis
LOSADA, Mario
LUDER, Ítalo A.
LUNA, Pedro Antonio
MARTIARENA, José H.
MARTÍNEZ, Julio César
MINICHELLI de
COSTANZO, Martha S.
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio Oscar
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
ROMERO, Humberto
Antonio
SAADI, Vicente Leónides
SOLARI YRIGOYEN,
Hipólito
VALLE de GONZÁLEZ, Leni
Rosa
ZARRIELLO, Raúl Jorge
Ausentes, con licencia
CARO, J. Armando
CORNEJO LINARES, Juan
Carlos
D’AGOSTINO, Lucio Roque
LORENZO, Ramón
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán
Ausentes, con aviso:
ALLENDE, José Antonio
ÁVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BENI, Juan Carlos E.
BLANCO, Rodolfo E.
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Hugo Genaro
CÁCERES, Rubén Osvaldo
CARNEVALE, Luis
CERRO, Francisco Eduardo
CHAILE, Juan Carlos
ELÍAS, Florencio
ESPERANZA, Joaquín
Horacio
FONROUGE, Alberto M.
GARCÍA, Américo Alberto
HERRERA José Jorge
MANCINI, Ornar A.
MAYA, Héctor Domingo
SALAS CORREA, Luis I.
SALMOIRAGHI, José César
SAPAG, Elías
VAI, Buenaventura Justo
VIVAS, Ángel Juan Gregorio
1975
369

4 de diciembre de 1975
Sumario
370
1. —Homenaje a la memoria del general de división (R E.) Jorge Esteban Cáceres Monié y su
señora esposa. (Pág. 3418.)
2. —Homenaje a la memoria de ex diputado nacional Oscar Arturo Herrera. (Pág. 3422.)
3. —Asuntos entrados:
I. —Decretos de la Presidencia. (Pág. 3422.)
II. —Mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo:
1. —Expropiación de terrenos en Rosario, Santa Fe, para la instalación de equipos
telefónicos, (Pág. 3423.)
2. —En respuesta al pedido de informes acerca de operaciones de cabotaje de LADE
en Gobernador Gregores, Santa Cruz. (Pág. 3425.)
3. —En respuesta al pedido de informes acerca de los accidentes de explosión en las
minas del yacimiento carbonífero Río Turbio, de Santa Cruz. (Pág. 3425.)
4. —En respuesta al pedido de informes acerca de la declaración de estado de
emergencia agropecuaria de las zonas afectadas por las heladas en las provincias
de Jujuy, Tucumán, Salta y Catamarca. (Pág. 3428.)
5. — En respuesta al pedido de informes acerca del monto mensual, que perciben los
descendientes de los guerreros de la Independencia. (Pág. 3429.)
6. —Inclusión del personal del Ministerio de Defensa —jurisdicción presupuestaria
45— en los beneficios de] régimen provisional instituido por los decretos leyes
15.943/46 y 333/58. (Pág. 3429.)
7. —Autorización para aceptar condecoraciones. (Pág. 3431.)
8. —Derogación de parte de la ley 20.522 (expropiación, de bancos). (Pág. 3431.)
9. —Aprobación del Tratado de Amistad y Cooperación entre la República
Argentina y la República Socialista de Rumania. (Pág. 3433.)
10. —Aprobación del Convenio sobre Transporte Marítimo entre la República
Argentina y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. (Pág. 3436.)
11. —Aprobación del convenio comercial entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno de la República Democrática Alemana. (Pág. 3439.)
12. —Solicitud de acuerdos. (Pág. 3441.)
13. —Donación a la Unión ferroviaria de un inmueble situado en Rosario, Santa Fe.
(Pág. 3441.)
14. —Declaración de utilidad pública de la ejecución de los proyectos de planta
requeridos por Industrias Mecánicas del Estado. (Pág. 3442.)
15. —Aprobación del Acuerdo de Sede entre el gobierno de la República Argentina y
el Comité internacional de la Cruz Roja. (Pág. 3442.)
16. —En respuesta al pedido de informes acerca de la concertación de convenios para
la pavimentación de la ruta entre Zarate y Solís, provincia de Buenos Aires (Pág.
3444.)
17. — En respuesta al pedido de informes acerca de la celebración de un convenio con
la provincia de Santa Cruz para la reactivación de pozos petrolíferos. (Pág. 3444.)
18. —En respuesta al pedido de informes acerca de un incremento en las disponibilidades
crediticias del Banco de la Nación para productores algodoneros (Pág. 3445.)
19. —En respuesta al pedido de informes acerca de la dependencia del Instituto
Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca. (Pág. 3445.)
20. —En respuesta al pedido de informes acerca de la ampliación de las instalaciones
de la central telefónica de Río Gallegos, Santa Cruz. (Página 3449.)

43a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
21. —En respuesta al pedido de informes acerca del estado financiero de las cajas
nacionales de previsión. (Página 3449.)
22. —En respuesta al pedido de informes acerca de la construcción de redes de gas
propano indiluido en Santa Cruz. (Pág. 3452.)
23. —En respuesta al pedido de informes acerca de la ejecución del trazado de la ruta
38 que une San Fernando del Valle de Catamarca con San Miguel de Tucumán
(Pág. 3452.)
24. —En respuesta al pedido de informes acerca de la construcción de edificio para
dos escuelas en la provincia de Mendoza. (Pág. 3453.)
25. —En respuesta al pedido de informes acerca de la declaración de zona de
emergencia de departamentos de la provincia de Formosa. (Pág. 3453.)
26. —Autorización a la presidente de la Nación para trasladarse a la República
Oriental del Uruguay. (Página 3454.)
III. —Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 3454.)
IV. —Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 3458.)
V. —Comunicaciones oficiales. (Pág. 3459.)
VI. —Dictámenes de comisiones. (Pág. 3459.)
VII. —Peticiones particulares. (Pág. 3460.)
VIII. —Proyectos de ley:
1. —Del señor senador Lorenzo (J. L.): pensión a David María Acuña. (Página 3460)
2. —Del señor senador Lorenzo (J. L.): subsidio a la Biblioteca Popular Austral, de
Santa Cruz. (Pág. 3460.)
3. —Del señor senador Britos: subsidio al Colegio Madre Cabrini de Villa Mercedes,
San Luis. (Pág. 3461.)
4. —Del señor senador Britos: subsidio a la Comisión pro Edificio Escuela Nacional
Nº 147, de Pozo Nuevo, Córdoba. (Pág. 3461.)
5. —Del señor senador Angeloz: subsidio a la Escuela Nacional de Educación
Técnica 1 Doctor Amadeo Sabattini, de la provincia de Córdoba. (Pág. 3462.)
6. —De los señores senadores de la Rúa y Perette: subsidio a la Escuela Municipal
de Arte Cerámico, de Colón, Entre Ríos. (Pág. 3462.)
7. —Del señor senador Lorenzo (J. L.): subsidio a la Asociación Argentina de
Cirugía, de la Capital Federal. (Pág. 3462.)
8. —De los señores senadores Murguía y Caro: construcción de un complejo
deportivo en Tartagal Salta (Pág.3463.)
9. —Del señor senador Saadi: subsidio al Club de Planeadores Catamarca, de la
provincia de Catamarca. (Página 3463.)
10. —Del señor senador Baroni: modificación de la ley 20.938 (transferencia de
terreno a la Municipalidad de Resistencia, Chaco). (Pág. 3464.)
11. —Del señor senador Saadi: subsidio al obispado de Catamarca. (Pág. 3464.)
12. —Del señor senador Saadi: subsidio al Centro Vecinal pro Camino Villa de
Ancasti - Potrero Los Córdoba, de la provincia de Catamarca. (Pág. 3464.)
13. —Del señor senador Saadi: subsidio al Centro Vecinal pro Camino Villa de
Ancasti - El Taco - El Huayco, de la provincia de Catamarca. (Pág. 3465.)
14. —Del señor senador Saadi: subsidio al Centro Vecinal pro Camino Villa de
Ancasti Los Quebrachos, de la provincia de Catamarca. (Pág. 3466.)
15. —Del señor senador Saadi: subsidio al Centro Vecinal pro Camino Tacana -
Casa Armada de la provincia de Catamarca. (Pág. 3466.)
16. —Del señor senador Saadi: subsidio a la Sociedad de Fomento Barrio San
Cristóbal, de Temperley Buenos Aires. (Pág. 3467.)
371
1975

4 de diciembre de 1975
372
17. —Del señor senador Saadi: pensión a Corina Ramona Rivero de Rivero. (Pág.
3468.)
18. —Del señor senador Saadi: subsidio al Centro Vecinal pro Camino Villa de
Ancasti El Sauce, de la provincia de Catamarca. (Pág. 3468.)
19. —Del señor senador Perette y otros señores senadores: reimpresión de obras del
general Enrique Mosconi. (Pág. 3469.)
IX. —Proyectos de resolución:
1. —Del señor senador Grubisich: creación de una comisión especial bicameral
para estudiar la necesidad de reformar la Constitución Nacional. (Pág. 3469.)
2. —Del señor senador Díaz Bialet: creación de una comisión investigadora de las
actividades de Harrod’s, Gath y Chaves y Almacenes Argentinos. (Pág. 3470.)
3. —Del señor senador Bravo: pedido de informes acerca del viaje de la presidente
de la Nación a la República Oriental del Uruguay. (Pág. 3473.)
4. —Del señor senador Perette y otros señores senadores: condena del asesinato del
general Cáceres Monié y de su señora esposa y homenaje a todas las víctimas de
la violencia. (Pág. 3473.)
X. —Proyectos de comunicación:
1. —Del señor senador Lorenzo (J. L.): pedido de informes sobre los despidos de
dirigentes del Sindicato Único de Carboneros del Estado (SUCE) del yacimiento
Río Turbio, Santa Cruz, (Pág. 3473.)
2. —Del señor senador Jauregui: modificación de la reglamentación del Estatuto del
Docente. (Pág. 3474.)
3. —Del señor senador Saadi: creación de una oficina de Correos y Telégrafos en
Colpes, departamento Pomán Catamarca. (Pág. 3474.)
4. —Del señor senador Saadi: agilización del cumplimiento de la ley 20.993
(transferencia a Obras Sanitarias de la Nación de servicios de aguas corrientes en
Catamarca). (Pág. 3474.)
5. —Del señor senador Saadi: revestimiento impermeable y adecuada conservación
de canales de riego y reconstrucción de obras de defensa en Catamarca. (Pág.
3475.)
XI. —Proyecto de declaración del señor senador Jáuregui: plebiscito de docentes para
determinar cuál es la asociación profesional más representativa de esa actividad.
(Pág. 3475.)
4. —Licencia solicitada por e] señor senador Lorenzo (R.). Se concede con goce de dieta. (Pág.
3476.)
5. —Plan de labor. Se aprueba. (Pág. 3476.)
6. —A moción del señor senador Saadi se considera sobre tablas el dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales sobre autorización a la presidente
de la Nación para que se traslade a la República Oriental del Uruguay. Se aprueba por
unanimidad. (Pág. 3476.)
7. —A moción del señor senador Perette se considera sobre tablas el proyecto de resolución que
condena el bárbaro atentado del que fueron objeto el general de división Cáceres Monié y su
señora esposa. Se aprueba por unanimidad. (Pág. 3477.)
8. —Dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y
Culto: aprobación del aumento de la subscripción de la República Argentina a la Asociación
Interamericana de Fomento. Se aprueba. (Pág. 3478.)
9. —Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social: substitución del artículo 3º de la ley
12.981 (empleados de casas de renta). Se aprueba. (Pág. 3480.)
10. —Iniciación de la consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión

43a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
Social: creación del Instituto Nacional de las Remuneraciones, de la Productividad y de la
Participación. (Pág. 3481.)
11. — A moción del señor senador Pennisi se resuelve pasar a cuarto intermedio. (Pág. 3490.)
12. —Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 3490.)
—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre
de 1975, a la hora 21 y 58, dice el
Sr. Presidente (Luder).—Conla asistencia de treinta y siete señores senadores, que constituyen
quórum reglamentario, queda abierta la quinta sesión del presente período extraordinario.
III
Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados
Ley de Defensa Nacional
Al señor presidente provisional del Honorable Senado.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1975.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara
ha sancionado en sesión de la fecha el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Título I
Principios fundamentales
1975
Artículo 1º—La presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional.
Art 2º.—La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y el
logro de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional se hallan a
cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales.
Art. 3º.—La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta en
todos los sectores para lograr la seguridad nacional.
Art. 4º.—Las bases fundamentales para la política de Defensa Nacional estarán dadas por las
políticas y estrategias nacionales.
Art. 5º.—La seguridad nacional requiere en lo substancial:
a) Las medidas necesarias para el fortalecimiento de la conciencia nacional en materia
de Defensa Nacional;
373

4 de diciembre de 1975
b) La formulación de la doctrina, el planeamiento y la programación de las medidas
de defensa, de acuerdo con el potencial de la Nación;
c) Determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflictos y de guerra, así como
la estrategia para superarlos;
d) La determinación de la estructura y el régimen funcional de la Defensa Nacional,
con las atribuciones inherentes a los órganos y autoridades nacionales y la coordinación
con las provinciales y municipales para la realización de las actividades,
servicios y tareas conducentes al logro de los objetivos propuestos;
e) El establecimiento de jurisdicciones territoriales específicas para la Defensa
Nacional;
f) La fijación de obligaciones a las personas físicas que habiten el territorio nacional,
a los argentinos residentes en el extranjero y a las personas jurídicas, públicas y
privadas domiciliadas en el país;
g) El relevamiento y el registro de los recursos humanos, científico-técnicos y materiales
de potencial de la Nación, susceptibles de movilización, convocatoria, requisición
o empleo, al servicio de las necesidades de la Defensa Nacional.
Título II
Estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional
Art. 6°.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, compete la
máxima responsabilidad de la dirección superior de la Defensa Nacional; y como comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.
Art. 7º.—Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores de provincia y del
Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, e intendentes municipales,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad de
cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente de la
Nación en materia de Defensa Nacional conforme con lo prescrito por la Constitución Nacional.
Art. 8º.—Dependerán del presidente de la Nación:
a) El Consejo de Seguridad Nacional;
b) El Comité Militar;
c) La Central Nacional de Inteligencia.
Art. 9º.—El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como titular al presidente de la Nación,
quien adoptará, en todos los casos, las decisiones sobre los asuntos que sean tratados; estará integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los comandantes generales de las Fuerzas
Armadas.
Art. 10.—Compete al Consejo de Seguridad Nacional tratar, proponer o asesorar, según los
casos, en los siguientes asuntos:
374
a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y defensa
nacionales;
b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral
del país y su inclusión en los planes nacionales;

43a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
e) Las situaciones de emergencia que puedan afectar la seguridad nacional;
f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zonas de seguridad;
g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución, y las correcciones
necesarias en lo atinente a la seguridad nacional;
h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación,
relativo a la seguridad y defensa nacionales;
j) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión;
k) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
l) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad
interna.
El presidente de la Nación adoptará resoluciones en todos los casos que den motivo al funcionamiento
de dicho consejo.
Art. 11.— El Consejo de Seguridad Nacional tendrá como asesor permanente en inteligencia
al titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 12.— El Comité Militar será presidido por el presidente de la Nación y estará integrado
por el ministro de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.
Dispondrán, como organismo de trabajo, al Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones del Comité Militar.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho comité.
Art. 13.—Compete al Comité Militar entender en:
a) La aprobación de la doctrina militar conjunta;
b) El planeamiento y la conducción de la estrategia militar;
c) Las directivas para el planeamiento de la estrategia militar;
d) La asignación de las responsabilidades operativas y logísticas de cada Fuerza Armada;
e) La creación de los comandos conjuntos y específicos;
f) Las propuestas para el establecimiento de los teatros de operaciones y la designación
de sus comandantes; igualmente propondrá el comandante de las zonas de
emergencia;
g) El tratamiento de todos los aspectos inherentes a la estrategia militar que sometan
a consideración del organismo;
h) Propiciar la celebración de tratados militares con Estados extranjeros, para fortalecer
o consolidar la seguridad de la Nación.
1975
Art. 14.—La Central Nacional de Inteligencia estará integrada por la Secretaría de
Informaciones de Estado, los elementos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina. Eventualmente podrán participar representantes
de otros ministerios, secretarías, las policías provinciales y sectores, cuando se traten asuntos
específicos, de su área de responsabilidad. Estará dirigida por una junta integrada por los jefes
de los elementos de inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones
de Estado, con el carácter de jefe de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 15.— Compete a la Central Nacional de Inteligencia realizar las actividades de inteligencia
necesarias, particularmente para:
a) Formular y mantener actualizada la doctrina de inteligencia estratégica nacional;
b) Requerir, orientar, coordinar y centralizar la inteligencia específica de los elementos
375

4 de diciembre de 1975
constitutivos de la Central Nacional de Inteligencia, para producir inteligencia estratégica
nacional;
c) Confeccionar y mantener actualizada la apreciación de situaciones de inteligencia
estratégica nacional;
d) Proveer la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos
que participen del planeamiento y de la Defensa Nacional.
Art. 16.—El Ministerio de Defensa tendrá competencia en la preparación de los proyectos de
objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y defensa nacionales, los que serán
tratados por el Consejo de Seguridad Nacional, sin perjuicio de lo prescripto en la ley de ministerios.
En particular tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular la doctrina de Defensa Nacional;
b) Participar y asesorar en la preparación de los planes, programas y proyectos vinculados
con la seguridad y defensa nacionales;
c) Promover el desarrollo de los recursos e infraestructura del país, relativos a la
Defensa Nacional;
d) Formular los requerimientos relativos a la inteligencia para el planeamiento nacional;
e) Realizar y mantener actualizados los estudios necesarios para el asesoramiento al
Consejo de Seguridad Nacional;
f) Elaborar y proponer los componentes relativos a la defensa, que integran los documentos
principales del planeamiento nacional;
g) Preparar las normas y directivas sobre Defensa Nacional coordinando y supervisando
su cumplimiento una vez aprobadas;
h) Realizar los estudios necesarios para determinar y evaluar el potencial nacional a
los fines de la seguridad nacional;
i) Proponer las medidas correctivas que surjan del análisis del cumplimiento de los
planes o de situaciones coyunturales que afecten a la seguridad nacional;
j) Elaborar los proyectos de normas y directivas atinentes a la movilización del potencial
humano y de los recursos de la Nación;
k) Realizar los estudios y planes relativos a la promoción y régimen de la producción
industrial, minera, energética y tecnológica de carácter estratégico para la Defensa
Nacional.
Art. 17.—El Consejo de Defensa será presidido por el ministro de Defensa y estará integrado
por el comandante general del Ejército, el comandante general de la Armada y el comandante
general de la Fuerza Aérea
Art. 18.—Compete al Consejo de Defensa el tratamiento previo de los aspectos de estrategia
militar, que serán sometidos a resolución del presidente de la Nación, en el seno del Comité
Militar En este sentido sus competencias son:
376
a) Proponer la doctrina militar conjunta
b) Elaborar el planeamiento militar conjunto:
c) Proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos;
d) Formular las proposiciones relativas a los asuntos de estrategia militar que son
competencia del Comité Militar;
e) Impartir directivas para el adiestramiento conjunto y combinado;
f) Supervisar los planes de los comandos conjuntos y combinados;
g) Determinar las exigencias de investigación y desarrollo y las prioridades de

43a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
obtención, emergentes del planeamiento militar conjunto, y supervisar los correspondientes
planes y programas;
h) Proponer la designación de los comandantes de zonas de emergencia;
i) Dirigir el planeamiento conjunto para la movilización militar;
j) Asesorar al Consejo de Seguridad Nacional en asuntos relativos a la estrategia militar;
k) Estudiar y proponer todos aquellos aspectos inherentes a la estrategia militar que
sean ordenados por el presidente de la Nación.
Art. 19.—Al Consejo de Defensa, en lo que al accionar antisubversivo se refiere, le compete:
a) Asesorar y proponer al presidente de la Nación en lo concerniente a la lucha contra
la subversión, en todos los ámbitos del quehacer nacional;
b) Conducir la lucha antisubversiva coordinando con las autoridades nacionales,
provinciales y municipales la ejecución de medidas que, para el interés de dicha
lucha puedan ellas aportar;
c) Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas
policiales en la lucha contra la subversión.
Art. 20.—La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, la Secretaría
de Informaciones de Estado y la Dirección Nacional de Migraciones quedarán funcionalmente
afectadas al Consejo de Defensa a los fines de la lucha contra la subversión, debiendo cumplir las
directivas y requerimientos que en tal sentido les imparta el referido consejo.
Art. 21.—La Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados, a los
mismos fines, al Consejo de Defensa.
Art. 22.—El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones que en esta ley se le asignan. Su jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones.
Art. 23.—El Estado Mayor Conjunto dependerá del Consejo de Defensa y estará integrado
por personal de las tres Fuerzas Armadas. Su jefe será un oficial superior en actividad —con la
jerarquía de general o equivalente— del cuerpo de comando y designado en forma rotativa entre
las tres Fuerzas Armadas por el presidente de la Nación a propuesta del ministro de Defensa.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto será asistido por los elementos de inteligencia de las
tres Fuerzas Armadas con relación a la inteligencia necesaria para el planeamiento de la estrategia
militar y de la conducción estratégica de las operaciones militares. Asimismo, podrá requerir
inteligencia a la Central Nacional de Inteligencia,
1975
Título III
Jurisdicción
Art. 25.—En caso de guerra el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones
a los espacios necesarios para las operaciones militares.
Art. 26.—El teatro de operaciones tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de
entrada en vigencia establecidas por el Poder Ejecutivo a propuesta del comité militar.
Art. 27.—El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior en
actividad de las Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación a propuesta del Comité
Militar. El comandante del teatro de operaciones dependerá del presidente de la Nación.
377

4 de diciembre de 1975
378
Art. 28.—Durante la vigencia del teatro de operaciones la autoridad del comandante del
mismo será ejercida por delegación del presidente de la Nación y comprenderá la totalidad del
gobierno civil y militar en el área puesta bajo su bando. Para los asuntos relacionados con la administración
civil la autoridad del teatro de operaciones podrá designar delegados civiles.
Art. 29.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de operaciones
mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la
legislación vigente, sin perjuicio de la competencia de los tribunales militares que se establezcan.
Art. 30.—En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la
naturaleza, cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia
a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden,
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante
el empleo, inclusive, de las Fuerzas Armadas. La declaración de zona de emergencia deberá ser
comunicada al Congreso Nacional.
Art. 31.—La zona de emergencia tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de entrada
en vigencia.
Art. 32.—El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en actividad
de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación a propuesta del comité
militar.
Art. 33.—El comandante de la zona de emergencia dependerá del presidente de la Nación.
Art. 34.—Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de las
Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias que requiera para el cumplimiento de
su misión.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales con asiento en la zona de emergencia
continuarán en el ejercicio de sus funciones, prestando al comandante de la misma toda la colaboración
que les requiriese.
Art. 35.—Si la gravedad de la situación lo aconseja el Poder Ejecutivo podrá asignarle al
comandante de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos, con la salvedad que ellos
no podrán establecer la pena de muerte; también podrá crear los tribunales militares correspondientes.
Asimismo, podrá subordinarle total o parcialmente las autoridades con jurisdicción
dentro de la zona. Estas decisiones deberán ser comunicadas al Congreso.
Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación
vigente, sin perjuicio de la jurisdicción y competencia de las atribuciones de los tribunales militares
que se establecieren.
Art. 36.—Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional lo haga
necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones
militares sin el requisito previo de decretar zonas de emergencia.
En tales casos, la autoridad militar que designe el presidente de la Nación ejercerá el comando
de todas las fuerzas intervinientes (militares, de seguridad, policiales y penitenciarias nacionales
y provinciales).
Art. 37.—Se denominan zonas militares a los espacios necesarios, en forma permanente o
transitoria, programada o accidental, para dar protección a los cuarteles, instalaciones o actividades
militares o de interés para la Defensa Nacional. Los límites de las zonas militares y las circunstancias
que las impongan como tales serán reglamentados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 38.—Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas militares
atacadas o exista la amenaza de ataque, los respectivos comandantes o jefes podrán disponer el
empleo de las fuerzas que comandan para reprimir, perseguir o detener a los atacantes, aun fuera
de los límites de la zona militar.

43a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
Título IV
Empleo de personas y recursos
Art. 39.—El servicio de Defensa Nacional, que comprende el servicio militar y el servicio
civil de defensa, es el conjunto de obligaciones que impone la Nación a las personas de acuerdo
con la legislación y disposiciones respectivas sobre servicio militar, servicio civil de defensa y
movilización.
Art. 40.—La defensa civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto de
medidas y actividades, no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan provocar sobre
la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada,
conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 41.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecúa
el potencial de la Nación, con el objeto de satisfacer las exigencias de la Defensa Nacional
para caso de guerra.
Art. 42.—Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización conforme
con los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación
de servicios será retribuida según lo establezca la ley respectiva.
Art. 43.—Cuando las necesidades de la Defensa Nacional así lo impongan, el Poder
Ejecutivo Nacional podrá disponer las requisiciones de servicios y bienes para satisfacerlas,
las que serán ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales facultadas. En circunstancia de
extrema gravedad y urgencia dichas autoridades jurisdiccionales podrán adoptar por si las
medidas tendientes a la requisición de los bienes necesarias para satisfacer la situación, hecho
que deberán comunicar inmediatamente a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán
los responsables.
Art. 44.—Toda requisición da derecho a retribución o indemnización y obliga a extender el
correspondiente recibo, conforme con el procedimiento que se establezca por vía reglamentaria.
La indemnización no incluirá el lucro cesante.
Art. 45.—En caso de disconformidad con la retribución o la indemnización fijada, la parte
interesada podrá recurrir a la Justicia Federal, sin perjuicio de que la requisición continúe en
todo su vigor.
Art. 46.—Las requisiciones cesarán cuando así lo establezca la autoridad que las dispuso.
Art. 47.—La requisición de bienes podrá hacerse con todos o parte de ellos y ejecutarse a
título de uso, de consumo, o de dominio.
Art. 48.—La requisición podrá hacerse efectiva asimismo sobre la capacidad productiva de
industrias o establecimientos de servicios de cualquier índole que interesen a la Defensa Nacional,
aun cuando el Estado no haya tomado posesión de ellas.
Art. 49.—El que dificultare, se negare o se substrajera a la requisición, u ocultare o destruyera
voluntariamente bienes sujetos a requisición será reprimido con prisión de dos meses a dos años
o multa de mil a cincuenta mil pesos.
Art. 50.—Para entender las infracciones contempladas en el artículo anterior será competente
la Justicia Federal, salvo que los imputados estuvieren sometidos a jurisdicción militar.
1975
379

4 de diciembre de 1975
Título V
Disposiciones complementarias
Art. 51.—Deróganse el decreto ley 16.970/66, los artículos 13 y 14 de la ley 20.524, los decretos
2.770/75, 2.771/75, 2.772/75 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 52.—Mantiénese la vigencia de los regímenes establecidos por los decretos leyes 15.385/44
(zonas de seguridad) ratificado por la ley 12.913; 17.531/67 (servicio militar); 17.649/68 (movilización);
18.575/70 (política de frontera) y 20.318/73 (servicio civil de defensa).
Art. 53.—Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dios guarde al señor presidente.
NICASIO SÁNCHEZ TORANZO.
Alberto Luis Rocamora.
—A las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos
Constitucionales, Administrativos y Municipales.
Fuente: Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones del 4 de diciembre de 1975, páginas 3415-3458.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia
Legislativa y Parlamentaria. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información Argentina y Atención
al usuario.
380

43a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
1975
381

La Defensa Nacional
en el contexto democrático
1984-1986

Cámara de Diputados de la Nación
Secretaría
Dirección de Secretaría
Mesa de Entradas
Sumario
I
Poder Ejecutivo
1. Mensaje 652, mediante el cual se amplía el temario de los asuntos para ser tratados en el actual
período de sesiones extraordinarias (92-P.E.-84) (Al archivo) (Pág. 4183).
2. Mensaje 653 y proyecto de ley, mediante el cual se propicia reestructurar el impuesto al valor
agregado (93-P.E.-84) (Presupuesto y Hacienda) (Pág. 4184).
3. Mensaje 654 y proyecto de ley, mediante el cual se propicia la modificación a la actual legislación
sobre el impuesto de sellos (94-P.E.-84).
4. Mensaje 655 y proyecto de ley, mediante el cual se propicia la modificación de la ley de impuestos
sobre la transferencia de títulos y valores (95-P.E.-84) (Presupuesto y Hacienda) (Pág. 4212).
5. Mensaje 656 y proyecto de ley, mediante el cual se propicia la modificación de la ley 22.916 y
modificatorias, incorporando a la misma la exención que beneficia a los depósitos a plazo fijo o
que superen los 120 días de plazo (96-P.E.-84) (Presupuestos y Hacienda) (Pág. 4213).
6. Mensaje 657 y proyecto de ley, mediante el cual se propician modificaciones a la legislación
sobre impuestos a los capitales (97-P.E.-84) (Presupuesto, Hacienda y Finanzas) (97-P.E.-84).
7. Mensaje 658 y proyecto de ley, mediante el cual se propician modificaciones al impuesto sobre
los beneficios eventuales (98-P.E.-84) (Presupuesto y Hacienda) (Pág. 4217).
8. Mensaje 659 y proyecto de ley, mediante el cual se establece expresamente que el secreto que
ampara las informaciones financieras y bursátiles regirá respecto de los requerimientos que
formule la Dirección General Impositiva (99-P.E.84) (Finanzas) (Pág. 4221).
9. Mensaje 660 y proyecto de ley, mediante el cual se propician modificaciones a la ley de impuestos
internos (100-P.E.-84) (Presupuesto y Hacienda) (Pág. 4222).
10. Mensaje 661 y proyecto de ley, mediante el cual se propician modificaciones a la ley de impuesto
sobre el patrimonio neto (101-P.E.-84) (Presupuesto y Hacienda) (Pág. 4227).
11. Mensaje 662 y proyecto de ley, mediante el cual se introducen modificaciones a la ley de
impuesto a las ganancias (102-P.E.-84) (Presupuesto y Hacienda) (Pág. 4231).
12. Mensaje 686 y proyecto de ley, mediante el cual se propicia establecer las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional
(103-P.E.-84) (Defensa Nacional y Asuntos Constitucionales) (Pág. 4253).
13. Mensaje 693 y proyecto de ley, mediante el cual se faculta al Poder Ejecutivo a aplicar al
personal de jefes y oficiales del Ejército que fueron pasados a retiro obligatorio en el año de
1980, las normas sobre restitución de derechos previstos en el decreto 1.332/73 (104-P.E.-84)
(Defensa Nacional) (Pág. 4257).
1984
385

17 y 18 de abril de 1984
I
Poder Ejecutivo
12
Buenos Aires, 17 de abril de 1984.
Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo se honra en presentar al Honorable Congreso de la Nación, el proyecto
de ley de Defensa Nacional, elaborado en cumplimiento de sus específicas atribuciones, con el
presente mensaje, donde constan los fundamentos y criterios generales sobre cuya base se la
propone.
El adjunto proyecto se realiza teniendo en cuenta que el redimensionamiento de la defensa
implica revisar las ideas que bajo los conceptos de soberanía nacional y fronteras ideológicas
llevaron a confundir al gobierno de la Nación con la Defensa Nacional.
Dejar de lado ideas relativas a la seguridad nacional, implica otorgar a las Fuerzas Armadas
el rol específico de constituir una capacidad disuasiva con un margen de seguridad adecuado,
fundada en el entendimiento de los cuadros y en un programa de asimilación tecnológica en
función de los requerimientos de operación, pues se parte de la premisa que la defensa es un
componente más de la política nacional y se ve influida por el funcionamiento de todas las áreas
gubernamentales. Ante la posibilidad de agresión todo el país debe responder en conjunto, pues
no se pueden delegar responsabilidades en momentos de grave emergencia.
Corresponderá entonces al gobierno, prevenir o anticipar los conflictos elaborando los planes
pertinentes, sugerir las estrategias y soluciones posibles y determinar las acciones conducentes
para la adecuada superación de los mismos.
En este esquema, las Fuerzas Armadas, tienen un rol importante que cumplir, pero no son el
pivote a través del cual gira la Defensa Nacional.
He aquí la primera diferencia con el régimen de la ley 16.970, que se pretende derogar formalmente,
ya que en la práctica su vigencia se ha visto cercenada por un virtual desuso.
El sistema establecido por esa ley, elaborada y sancionada por un gobierno de facto, se ha
prestado para que los mandos de las Fuerzas Armadas ejerzan un control sobre las decisiones
del presidente de la Nación, impidiendo que este los conduzca con plena autoridad, sumado
a la creación de organismos ad hoc, que sólo contribuyeron a la extrema burocratización del
mismo.
Pero tal vez el aporte más nefasto que realizó la ley 16.970, fue la institucionalización de la denominada
“Doctrina de la Seguridad Nacional”, a través del “Sistema Nacional de Planeamiento
y Acción para la Seguridad”, sistema concebido y elaborado para apoyar un régimen autoritario
que definía per se los “intereses vitales” de la Nación, dada la escasa o nula participación de la
sociedad, y que al confundir la seguridad del Estado con la del gobierno, terminó consagrando la
Defensa Nacional a la seguridad del régimen político de turno.
Es así que en el proyecto que sometemos a consideración del Honorable Congreso, se distinguen
claramente los objetivos de la Defensa Nacional, con el mismo lenguaje y los mismos
principios enunciados en nuestra Carta Fundamental, desprendiéndose como conditio sine qua
non de la Defensa Nacional, la vigencia del orden constitucional.
386

Mensaje del PEN Nº 686
I.—Órganos y misiones
En el proyecto se respeta en esencia el principio de separación de poderes, dando participación
al Congreso Nacional en el tratamiento de las decisiones que son propias de su naturaleza,
reservando al Poder Ejecutivo Nacional la conducción de las instituciones u órganos que componen
el sistema.
Así se establecen como órganos naturales que contribuirán a la Defensa Nacional, el Gabinete
de Defensa Nacional y el Comité Militar.
EI Gabinete de Defensa Nacional tendrá por misión asistir y asesorar al presidente de la
Nación en la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra, así como
también en la adopción de la estrategia y coordinación de los planes y acciones necesarios para
su superación.
Asistirá en aquellas circunstancias en que sea imprescindible el control y seguimiento de una
crisis y asesorará toda vez que el Poder Ejecutivo así lo requiera.
Dicho gabinete estará integrado por el vicepresidente de la Nación, los ministros de Defensa,
del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía, carteras estas que por su natural
competencia entienden y participan con mayor asiduidad en los conflictos inherentes a la
Defensa Nacional.
Cabe destacar, que se ha considerado conveniente tales participaciones, además, por la naturaleza
de la actividad que debe desarrollar e1 gabinete, donde una mayor cantidad de miembros
restaría eficacia a los organismos especializados. No obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional
queda facultado para determinar la participación de otras autoridades, invitar a miembros de
otros poderes o personalidades relevantes, cuando los considerara de utilidad para los asuntos
específicos que hubieran de tratarse.
El Ministerio de Defensa, a través del funcionario que se designe, ejercerá la secretaría del
gabinete, actuando por su natural competencia, como órgano de trabajo permanente del mismo,
dando así continuidad y coherencia a la misión que se le asigna, ya que será el vínculo indispensable
entre la labor de los distintos participantes y los requerimientos del Poder Ejecutivo Nacional.
En otro orden se determina la participación que le cabe a la Central Nacional de Inteligencia
en la mecánica de trabajo del gabinete, reconociendo la importancia que la tarea de inteligencia
tiene para la Defensa Nacional.
Por último, cabe acotar que la labor del Gabinete de Defensa Nacional se llevará a cabo tanto
en tiempo de paz como de guerra.
En cuanto al Comité Militar sólo le corresponderá asistir y asesorar al presidente de la Nación
en la conducción militar de la guerra. Con ello se advierte claramente el cambio y limitación del
rol que compete a las Fuerzas Armadas dentro del presente proyecto en comparación con los
regímenes anteriores.
El Comité Militar estará integrado, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo
Nacional de invitar a otros miembros, según lo expresado supra al referirnos al Gabinete de
Defensa Nacional, por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
Como eje de la reforma a la estructura de las Fuerzas Armadas se fijan los criterios de coordinación
y eficiencia conjunta, con mandato expreso de unificar las funciones, actividades y
servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.
Asimismo, se privilegia y jerarquiza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, asignándole
la función de órgano de trabajo del Comité Militar y su Secretaría, pero fundamentalmente,
se pone bajo su responsabilidad, la realización del planeamiento estratégico militar.
La experiencia del conflicto armado del Atlántico Sur hace necesario organizar a las Fuerzas
Armadas para que cumplan con el objetivo constitucional de defender a la Nación frente a las
387
1984

17 y 18 de abril de 1984
agresiones armadas externas, y para ello se las ubica con una clara subordinación al gobierno
civil y se concede al accionar conjunto una importancia trascendental tanto en las cuestiones de
planeamiento como para la eventual conducción estratégica militar.
II.—Organización territorial y movilización
Siguiendo el criterio rector de apartar del articulado del presente proyecto todas aquellas
cuestiones que no sean competencia del poder legislador sino materia propia del Poder
Ejecutivo Nacional y su facultad reglamentaria, se ha privilegiado en este título la correlación
con el Congreso Nacional para instrumentar determinadas medidas, necesarias para enfrentar
una situación bélica, que impliquen limitaciones a los derechos consagrados por la Constitución
Nacional, manteniéndose como en el caso del establecimiento de teatros de operaciones militares,
la plena vigencia de las atribuciones de las autoridades constitucionales.
Así el Poder Ejecutivo Nacional con aprobación previa del Congreso podrá declarar zona
militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional, deban ser sometidos
a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o ante su inminencia, dicho control legislativo, se ejercerá a posteriori.
El presente proyecto también establece que en tiempo de guerra y según se derive del planeamiento
estratégico militar, podrán ser asignadas a los comandos estratégicos operacionales
y comandos territoriales tanto la Gendarmería Nacional como la Prefectura Naval Argentina,
determinándose claramente entonces los límites para la afectación de dichas fuerzas de seguridad
en acciones inherentes a la Defensa Nacional.
También se regulan con precisión los alcances de la facultad del Poder Ejecutivo Nacional en
materia de movilización, defensa civil, requisiciones de servicios y de bienes, convocatorias y sus
excepciones, señalando la necesidad de intervención previa o a posteriori del Congreso, según
cada caso.
En lo que hace a la movilización de los recursos de la Nación, como primera medida se deroga
la ley 17.649, estrechamente vinculada a la 16.970, tanto en su organización funcional cuanto a
los principios autoritarios que sustentaban y se legisla únicamente para señalar que el presidente
de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios, en tanto que las acciones que deriven
de la ejecución de dichos planes serán sometidas a la aprobación del Congreso cuando
excedan el marco de la mera administración y afecten derechos amparados por la Constitución
Nacional.
Para el caso de las requisiciones y convocatorias se limitan tales acciones a las situaciones
bélicas o prebélicas y siempre que lo exijan necesidades inherentes a la Defensa Nacional.
Asimismo, se determina que las mismas constituyen carga pública y se prevé el procedimiento
para indemnizar a los afectados.
Por otra parte, y a fin de hacer efectiva la obligación impuesta por el presente proyecto, se
describen los tipos penales para sancionar las conductas reprochables, tanto de los habitantes
como de las personas de existencia ideal con asiento en el país.
388
III.—Disposiciones generales
Como consecuencia de la nueva norma resulta necesario ajustar la legislación vigente en
materia de Defensa Nacional.
Así se derogan la actual ley de defensa 16.970, la de movilización 17.649 y las leyes 19.276 y
20.194 que modificaban parcialmente a la primera de las leyes nombradas.

Mensaje del PEN Nº 686
También resulta necesario adecuar la vigencia de la ley del Servicio Civil de Defensa 20.318,
para hacerla compatible con la normativa que se propone. Para ello se derogan varios de sus artículos,
los que modificaban o estaban estrechamente vinculados con la ley 16.970, y se ajusta el
artículo 16 a la nueva estructura organizativa de las Fuerzas Armadas.
Es imperioso además modificar tres artículos del decreto ley 15.385/44, que regula la competencia
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, a efectos de no limitar, con los consiguientes
perjuicios, el poder de policía de radicación que en dichas zonas ejerce la citada comisión.
Por las consideraciones que anteceden, y en la convicción de que el presente proyecto constituirá
el instrumento adecuado para satisfacer el mandato constitucional de proveer a la defensa
común, es que damos su aprobación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 686
Raúl R. Alfonsín
Raúl A. Borrás
1984
389

17 y 18 de abril de 1984
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
390
TÍTULO I
Órganos y misiones
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases orgánicas y funcionales para la preparación,
ejecución y control de la Defensa Nacional. La misma es sancionada en cumplimiento del propósito
de proveer a la defensa común, enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional,
y ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en detrimento de los restantes enunciados,
contenidos en dicho Preámbulo, del texto constitucional o de su espíritu y fines, ni del sistema de
gobierno representativo, republicano y federal adoptado por la Nación Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es el conjunto de planes y acciones necesarios para prevenir o
superar los conflictos de toda índole provocados por las agresiones de origen externo, tanto en
tiempo de paz como de guerra, a fin de garantizar de modo permanente la soberanía e independencia
de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger
la vida y la libertad de su población, los intereses nacionales y la plena vigencia del sistema
democrático y constitucional.
Art. 3º.—Sin perjuicio de las competencias asignadas en la ley de Ministerios, contribuirán a
la Defensa Nacional dependiendo del Presidente de la Nación.
a) El Gabinete de Defensa Nacional, y
b) El Comité Militar
Art. 4º.—El Gabinete de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación
en la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra, así como también
en la adopción de la estrategia y coordinación de los planes y acciones necesarios para su
superación.
Art. 5º.—El Gabinete de Defensa Nacional estará integrado por el vicepresidente de la
Nación, los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades o invitar a
miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos se consideren de utilidad para los
asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 6º.—EI Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del Gabinete de Defensa
Nacional, ejerciendo la secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.
Art. 7º.—La información e inteligencia necesarias para la Defensa Nacional, serán proporcionadas
por la Central Nacional de Inteligencia, que dependerá del presidente de la Nación y
operará según la misión, funciones y estructuras que éste le establezca.
Art. 8º.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la conducción militar de la guerra.
Art. 9º.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación, según sea necesaria, de otras

Mensaje del PEN
autoridades, e invitar a miembros de otros poderes cuyo conocimiento se considere de utilidad
para los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 10º.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar, cuya secretaría ejercerá el jefe de dicho estado mayor.
Art. 11.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá del ministro de
Defensa, estará integrado por personal de las tres Fuerzas Armadas y su jefe será designado por
el Poder Ejecutivo Nacional, quien, además, determinará la misión, funciones y estructura de
dicho estado mayor.
Art. 12.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas realizará el planeamiento estratégico
militar, en el que se podrá prever la creación de comandos estratégicos operacionales
conjuntos, específicos o combinados y comandos territoriales.
Sus comandantes serán designadas por el presidente de la Nación y dependerán, a efectos
del planeamiento y adiestramiento, del ministro de Defensa, a través del Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas y del presidente de la Nación en caso de conflicto armado.
TÍTULO II
Organización de las Fuerzas Armadas
Art. 13.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados, para posibilitar su empleo
en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán bajo un mando responsable de la
conducta de sus subordinados.
Estarán sometidos a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.
Art. 14.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición y dimensión derivarán básicamente del
planeamiento militar conjunto. Su organización y funcionamiento se inspirarán en criterios de
coordinación y eficiencia conjunta, unificando las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza
no sea específica de una sola fuerza.
Art. 15.—Los componentes terrestres, navales y aéreos, se mantendrán integrando los respectivos
agrupamientos administrativos, dependiendo de los jefes los Estados Mayores Generales
de cada fuerza. Conforme resulte del planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de
estos componentes o parte de ellos, bajo la dependencia de comandos estratégicos operacionales
conjuntos, específicos o combinados y de comandos territoriales.
Art. 16.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas dependerán del ministro
de Defensa por delegación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y mantendrán relación
funcional con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a los fines de la acción
militar conjunta.
Art. 17.—Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas serán designados
por el presidente de la Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo de comando
en actividad. El Poder Ejecutivo Nacional determinará la misión, funciones y estructuras
de dichos estados mayores generales.
1984
391

17 y 18 de abril de 1984
392
TÍTULO III
Organización territorial y movilización
Art. 18.—Para el caso de guerra o conflicto armado internacional el presidente de la Nación
podrá establecer teatros de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.
Se entenderán por tales los territorios necesarios para el desarrollo de operaciones militares
en el nivel estratégico militar.
El comando militar de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de la
Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación.
Art. 19.—En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán
la plena vigencia de sus atribuciones.
Art. 20.—El Poder Ejecutivo Nacional con aprobación previa del Congreso podrá declarar
zona militar a los ámbitos que por resultar de interés para la Defensa Nacional deban ser sometidos
a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o ante su inminencia, tal declaración estará sujeta a la posterior ratificación
del Congreso.
Art. 21.—La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánicamente
del Ministerio de Defensa.
En tiempo de guerra y según se derive del planeamiento estratégico militar, podrán ser asignadas
a los comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales.
Art. 22.—El presidente de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios para
adecuar los recursos de la Defensa Nacional. Las acciones que deriven de la ejecución de dichos
planes, requerirán la aprobación del Congreso cuando impliquen la afectación de derechos amparados
por la Constitución Nacional.
Art. 23.—El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la defensa
civil, entendiéndose por tales las medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular
o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro
origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo
normal de vida en las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 24.—En caso de guerra o ante su inminencia el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer
requisiciones de servicios y de bienes, convocatorias y sus excepciones, para satisfacer necesidades
de la Defensa Nacional. En la reglamentación de la presente ley, se determinará el procedimiento
y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.
Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la
obligación, limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que le sean requeridos por autoridad competente. La
información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que
el de satisfacer esas necesidades.
Art. 25.—La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable. Si
ese aporte implicara gastos o prestación de servicios, se determinará administrativamente la
indemnización o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el
lucro cesante. En caso de desacuerdo, el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte
interesada.
Art. 26.—El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora los informes requeridos
por la autoridad competente o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición
será reprimido con prisión de dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de
un delito más grave.
Las entidades o asociaciones que incurrieren en los mismos hechos o impidieren o dificultaren

Mensaje del PEN
las funciones de las autoridades competentes, podrán ser intervenidas por Poder Ejecutivo
Nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.
Art. 27.—Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que
entorpecieran el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades
encargadas de ejecutarla, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que el hecho importare
la comisión de un delito más grave.
TÍTULO IV
Disposiciones generales
Art. 28.—Deróganse las leyes 16.970; 17.649; 19.276; 20.194 y toda otra disposición, que se
oponga a la presente ley.
Art. 29.—Deróganse los artículos 2º, 3º, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.
Art. 30.—Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318, por el siguiente:
Artículo 16.—El presidente la Nación designará como autoridad de convocatoria a un
oficial superior de las Fuerzas Armadas, quien dependerá del ministro de Defensa.
Art. 31.—Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
Artículo 4º.—Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas
de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad ejercerá en dichas zonas la policía de radicación, con relación a las
transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos,
reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles,
a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.
Art. 32.—Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º, del decreto ley 15.385/44, por el
siguiente:
Artículo 7º inciso d). Actuar a título de organismo coordinador, asesorando y orientando
la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que por razones
de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad para lograr
la necesaria armonía y eficiencia de la estructuración y aplicación de las disposiciones que,
directa o indirectamente se refieran a la Defensa Nacional.
Art. 33.—Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
1984
Artículo 9º.—La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, considerará y resolverá
dentro de su jurisdicción, los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos
que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar
la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y de orientación
de la opinión pública, transportes, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de
energía e industrias de cualquier índole que interesen a los fines de la Defensa Nacional,
e intervenir, asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen
como personas de derecho privado.
393

17 y 18 de abril de 1984
Art. 34.—La presente ley se reglamentará dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
—A las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos
Constitucionales.
Raúl R. Alfonsín
Raúl A. Borrás
Fuente: Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones del 18 de abril de 1984, pp. 4183-4257. Biblioteca
del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia Legislativa y
Parlamentaria. Departamento de Información Argentina y Atención al usuario.
394

Trámite Parlamentario Nº 196
Trámite parlamentario Nº 196
Exp. Dip. 0103-PE-84
INICIADO: DIPUTADOS
EXPEDIENTE DIPUTADOS: 0103-PE-84
PER-ING: 102
SES-ING: EXTRAORDINARIAS
PUBLIC: TRÁMITE PARLAMENTARIO 196
TIPO-DOC: MENSAJE 0686 Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO
FIRMANTE: ALFONSÍN, Raúl Ricardo
COFIRMA: BORRAS, Raúl Antonio
PODER EJECUTIVO
Título: Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación ejecución y
control de la Defensa Nacional
Sumario: Gabinete de Defensa, Comité Militar, organización de las Fuerzas Armadas,
movilización, derogación de las leyes 16.970, 17.649, 19.276, 20.194 y de los artículos 2, 3, 30,
31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.138. Sustituye los artículos 16 de la ley 20.138 y 4, 7 inciso d).
Y 9 del decreto ley 15.385/44.
COM-DIP: ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DEFENSA NACIONAL
TRÁMITE:
Est. Parl. 25, 26/04/85
Pág.: 8271
1984
395

17 de abril de 1984
Dic. Dip ORDEN DEL DÍA 1064/85 (CON MODIFICACIONES, 1 CON DISIDENCIA
TOTAL, OBSERVACIONES: 14 SUPLEMENTOS)
Movimientos Diario de Sesiones Página
Consideración 15/08/85 3428
Continúa consideración 15/08/85 3450
Continúa consideración y aprobación con
modificaciones
Pasa a Senado-Comisiones de Defensa
Nacional. Orden del Día 358/86 (Mayoría) (con
modificaciones) (2 Anexos con 2 dictámenes en
minoría) (el 2do Anexo importa el retiro de los
anteriores) (consideración junto con expediente
0560-S-85, 0657-S-86 y 0686-S-86)
21/08/85 3490
04, 05/09/85 1409
Moción de postergación preferencia (Afirmativa) 01/10/86 3300
Consideración 22, 23/10/86 3484
Solicitud de inserción (afirmativa) 22, 23/10/86 3555
Moción cuarto intermedio (Negativa) 22, 23/10/86 3563
Moción votación general (Retiro) 22, 23/10/86 3563
Moción cuarto intermedio (Afirmativa) 22, 23/10/86 3570
Continúa consideración y aprobación con
modificaciones
23/10/86 3574
Reconsideración aprobación artículo 20 (Negativa) 23/10/86 3608
Vuelve a Diputados- (3) Comisiones de Defensa
Nacional, Asuntos Constitucionales
17/12/86 7431
Fuente: Trámite parlamentario. Expediente 0101-PE-84. Mensaje 0686 y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información argentina
y atención al usuario.
396

Discurso pronunciado por el señor Presidente de la Nación,
Dr. Raúl R. Alfonsín, en la cena anual de camaradería
de las Fuerzas Armadas. 5 de julio de 1985.
Tengo nuevamente el honor de presidir esta mesa de hombres de armas para evocar un
nuevo aniversario del nacimiento de la Patria. Por haber vestido durante cinco años el uniforme
del Ejército Argentino a una edad en que los principios e ideales calan hondo en el alma, no me
siento en absoluto ajeno a las inquietudes, tristezas y esperanzas de ustedes, y por ser hoy comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas las asumo con absoluta responsabilidad.
Como en los días de la guerra de la Independencia, como en los días de nuestros gloriosos
padres fundadores, civiles y militares estamos afrontando juntos un desafío histórico del cual
depende en gran parte nuestra vida como Nación. Atacados sin piedad por la crisis más importante
de nuestro tiempo, no sólo optamos por defendernos sino también por pasar a la ofensiva.
El objetivo no es simplemente sobrevivir. Si hemos tocado fondo, desde allí debemos tomar
fuerzas para emerger como país plenamente soberano.
Sabemos que no podemos ser jamás un país plenamente soberano sin irrumpir en el indispensable
proceso de modernización de todas nuestras estructuras y sin integrarnos al mundo
civilizado que hoy nos mira asentados en los valores que ese mundo reconoce: la legitimidad y
el orden.
En la República Argentina comienza a cerrarse una etapa. La etapa de ese pasado que nos
aplastaba y se inicia una nueva, donde todos miraremos hacia adelante, cada uno en el cumplimiento
de nuestro deber.
Las Fuerzas Armadas Argentinas no han podido sustraerse a la situación generalizada de estancamiento,
aun de retroceso que desde hace cincuenta años afecta a las instituciones nacionales.
Además, la situación militar que hoy vivimos es la resultante de una suma de circunstancias
cuyos aspectos negativos vale la pena señalar.
El largo período de paz y tranquilidad que el país disfrutó desde comienzos del siglo hasta la
década del setenta generó desajustes importantes que a su tiempo no fueron corregidos y gravitan
pesadamente todavía hoy.
El progresivo desinterés de los gobiernos por los temas de la Defensa Nacional y de la política
militar pese a que éstas fueran asumidas como propias por las Fuerzas Armadas, dejó a la
República sin esas políticas durante más de sesenta años.
Cuando ese largo período terminó abruptamente, el país se enfrentó a una situación de convulsión
interna límite, a un grave conflicto con Chile y a una guerra sin que paradójicamente el
gobierno de facto que protagonizó esos hechos tuviera definida una política de defensa ni una
clara política militar.
La instrucción, el reequipamiento, el perfeccionamiento jurídico, el mejoramiento de los planes
de carrera y, en suma, todo cuanto hace a la necesaria revitalización y modernización, quedó
postergado cediendo paso a otros atractivos, que dieron pábulo a la progresiva burocratización y
al acrecentamiento del macrocefalismo en detrimento de la capacidad operacional.
El entusiasmo profesional se resintió sobre todo en el estrato de las jerarquías superiores, que
inevitablemente fueron concentrando su interés en las cuestiones de política interna y alimentando
el proceso de las deplorables intervenciones militares en el gobierno.
Una deformada concepción de la seguridad nacional —a su turno— fue el factor generador
de pesadas deformaciones orgánicas, funcionales y aun conceptuales, que desde el punto de vista
del estado de derecho resultaron las más graves.
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De este modo se introdujeron nuevas deformaciones entre las que debe señalarse una verdadera
hipertrofia de organismos y personal de inteligencia reñida con la verdadera función técnica
específica.
Lo más grave es que todas estas deformaciones se concretaron con el olvido del principio de
la unidad de comando, en el contexto de tres fuerzas no integradas, independientes, con atribuciones
a veces superiores a las del Estado mismo, y en ocasiones con marcadas rivalidades entre sí.
El conflicto con Chile en 1978 obligó a un cambio de rumbo brusco y sorpresivo, que en
definitiva, tampoco logró afirmar el escalón superior de comando y el control interfuerzas y casi
sin solución de continuidad, sin previsión alguna, sin instrucción conjunta, sin equipamiento
adecuado, sin preparación de ninguna especie, protagonizamos la guerra de las islas Malvinas.
Ustedes, señores, mejor que nadie conocen y son absolutamente conscientes del profundo
caudal de enseñanza de todo orden que emana de la dolorosa herida abierta en el sentimiento de
todos los argentinos.
Actualmente, debemos admitir que la magnitud de la tarea por realizar es de tal envergadura,
que no resolveremos nuestros problemas militares con los estrechos márgenes conceptuales de
una reestructuración ni de una reorganización y menos aún de un redimensionamiento de las
fuerzas.
La tarea implica e involucra a cada uno de esos pasos pero reclama más aún. Por ello los
invito a que, de aquí en adelante, definamos nuestro reto como una real y verdadera reforma
militar, que ni más ni menos de eso se trata, si verdaderamente queremos dotar a la Nación de
las Fuerzas Armadas que su situación requiere.
Fuerzas que reclaman una dimensión y disposición acorde con nuestras reales posibilidades,
necesariamente integradas en un sólido equipo de empleo conjunto, modernizadas sobre la base
de nuevos planes de carrera que otorguen mejores integrantes de nuestros cuadros y reequipadas
con los medios técnicos más eficaces y modernos.
Nuevas fuerzas que en definitiva garanticen acabadamente la integridad territorial de nuestro
vasto país en el marco de la estrategia que claramente surge de nuestra actual situación.
La reforma militar con el objetivo superior que acabamos de definir, deberá procurar un
nuevo tono moral en el marco del absoluto respeto al orden institucional, alimentado por el entusiasmo
profesional que proporciona la convicción de sumarse cada uno individualmente y en
conjunto, al gran proyecto de la reconstrucción nacional.
La reforma militar así concebida es la política militar que este gobierno se considera obligado
a aplicar y es la mejor respuesta a la situación crítica que en muchos sentidos sufren las Fuerzas
Armadas y sus integrantes.
Como comandante en jefe no ignoro la cantidad y la magnitud de los escollos de toda la
naturaleza que este programa de reforma implica, pero también sé de la vitalidad, el entusiasmo
profesional y la imaginación de ustedes, a las que reconozco como las mejores garantías del éxito.
Soy consciente —y es mi deseo de que lo sea la ciudadanía toda— de la magnitud del esfuerzo
desarrollado por los cuadros de las Fuerzas Armadas y en especial por el señor Jefe del Estado
Mayor Conjunto y los señores jefes de Estado Mayor específicos para superar con voluntad y
verdadera vocación militar las limitaciones y obstáculos que la penuria económica nos impone.
Un comportamiento ejemplar en el marco de una obligada austeridad no hace sino confirmar
las expectativas que nos alentaron cuando, desde el comienzo de nuestra gestión, expresamos
nuestra convicción de que la relación entre el comandante y sus hombres partía del concepto de
obediencia, entendida como un adecuado balance entre la libertad libremente cedida y la autoridad
decididamente ejercida. Relación que se nutre también en la idea de lealtad concebida como
camino de ida y vuelta que vincula espiritualmente a superiores y subordinados en la misión de
defender la soberanía y las instituciones de la Nación.
Este comportamiento era absolutamente necesario en la hora actual, porque creo que no

Discurso del Dr. Raúl R. Alfonsín (cena anual de camaradería de las FF.AA.)
exagero si digo que la Argentina afronta hoy el mayor desafío de su historia: el de su propia reconstrucción
a partir de un estado de postración y decadencia que la ha corroído en todos los
órdenes.
Aunque el aspecto económico de la reconstrucción aparece hoy en primer plano por la dramaticidad
de sus apremios, ésto es sólo parte de una tarea global que nos obliga a realizar, replantear
y reformular hábitos estructurales, formas de convivencia y modos de articulación entre los
distintos sectores de la sociedad.
Todos los componentes de nuestra vida comunitaria fueron cayendo a lo largo de las últimas
décadas en un proceso de decadencia y desintegración tal que nos obliga ahora, que nos impone
hoy, la ineludible obligación de encarar la reconstrucción en términos necesariamente globales.
Cualquier intento de reconstruir un sector estará condenado al fracaso si lo encaramos aisladamente
y no se inserta en un esfuerzo por reconstruir el todo.
Tenemos en realidad que reformular el país, ponernos en claro con nosotros mismos sobre el
modelo de Nación que deseamos.
Si se me pidiera que definiera en pocas palabras el componente clave del proceso histórico
que nos llevó a nuestro actual estado de postración, yo lo caracterizaría como una progresiva
pérdida de nuestro sentido de la juridicidad.
Durante los últimos cincuenta años y en todos sus sectores, el país ha vivido cultivando crecientes
proclividades a la acción directa, al atajo antijurídico, a la violencia explícita o implícita.
Lo que define a una sociedad como una totalidad integrada es la presencia de un tablero de
juego común a todos, reconocido por todos y respetado por todos, es decir, la conciencia generalizada
de que nuestras acciones e interacciones deben sujetarse a normas válidas para todo el
cuerpo social.
El todo social se desintegra de hecho cuando aquel tablero se desdibuja y pierde presencia;
cuando los grupos internos del conjunto tratan de alcanzar sus propios fines al margen del orden
jurídico o cuando se proponen fines que sólo son alcanzables mediante una violación de la juridicidad
reguladora de la sociedad global.
En esta pérdida del sentido jurídico y del sentimiento de integración social que sólo en la
juridicidad puede fundarse, han desempeñado un papel de relieve los golpes de Estado.
Tales apelaciones a la acción directa han plagado a la historia del país en el último medio
siglo. Un exceso de simplismo ha llevado a definirlos como golpes militares, expresión en la que
aquella propensión a ignorar la juridicidad y subvertir las normas integradoras de la sociedad
aparece imputada a un solo sector del país, librando de responsabilidades a los demás.
Esta visión del golpe de Estado carece de asidero en la realidad. Si nos atenemos a ella en la
interpretación de nuestra historia reciente nos condenaremos a no entender la trama íntima de
nuestra decadencia y por lo tanto a no saber qué hacer para superarla.
Los golpes de Estado han sido siempre cívico-militares. La responsabilidad indudablemente
militar de su aspecto operativo no debe hacernos olvidar la pesada responsabilidad civil de su
programación y alimentación ideológica.
El golpe ha reflejado siempre una pérdida del sentido jurídico de la sociedad y no sólo una
pérdida del sentido jurídico de los militares.
Sería absurdo en consecuencia esperar que la superación del golpismo provenga de una autocrítica
militar o de una acción de la civilidad sobre los militares.
La superación del golpismo sólo puede provenir de una reflexión global de la sociedad argentina
sobre la misma. Este es el único criterio realista e históricamente objetivo que puede servirnos
de punto de partida para el esfuerzo por reconstruir reflexivamente la unidad de la Nación.
Incurriríamos también en una injusticia y en un error interpretativo de nuestra historia reciente,
si consideráramos que sólo en los golpes de Estado se ha reflejado la pérdida del sentido
jurídico.
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Esta decadencia de nuestra conciencia legal ha encontrado también graves vías de expresión
en regímenes formalmente constitucionales.
Las prácticas fraudulentas, los abusos de poder, la idea de que el carácter mayoritario de la
fuerza podría autorizar a ignorar los derechos de las minorías fueron también en nuestro pasado
componentes de la propensión a la violencia y a la acción directa. También esto forma parte de
los escombros a partir de los cuales debemos encarar ahora la reconstrucción del país.
En este contexto histórico, caracterizado por lo que podríamos denominar una cultura de la
ajuridicidad, surge durante las últimas décadas el terrorismo.
Es cierto que este fenómeno respondió en no escasa medida a modelos extranjeros y a consignas
ideológicas de otras latitudes, pero sería un craso error limitar a estos modelos y a estas
consignas la explicación de la presencia y la extensión que cobró en la Argentina.
El terrorismo, una de las formas más crueles y sanguinarias de la acción directa, se nutrió
también entre nosotros de aquel vasto contorno estructural volcado a la ajuridicidad.
La arbitrariedad del fraude, el abuso del poder, el autoritarismo, el sojuzgamiento de las minorías,
la acción directa golpista, componentes todos de un cuadro general de violencia implícita
o explícita, configuraron el disolvente cuadro cultural que, prácticamente con toda la sociedad
argentina involucrada en él, sirvió de aliciente interno al crecimiento del terrorismo.
Combatir al terrorismo sin atacar ese cuadro cultural, o peor aún, combatirlo a partir de ese
cuadro resulta estéril. Puede acabar con él momentáneamente, pero dejará en pie las condiciones
para su reaparición.
La lucha contra el terrorismo, pues, sólo puede rendir frutos si se la encara con una lucha
interior a nosotros mismos, a todos nosotros, una lucha de toda la sociedad argentina contra las
raíces de su propia degradación cultural.
No se puede superar al terrorismo dejando en pie las demás expresiones de la ajuridicidad: o
caen todas ella, en bloque o el terrorismo seguirá latente entre nosotros.
Nada más erróneo que reclamar la supervivencia de estructuras, conductas o prácticas autoritarias,
como forma de prevención contra el terrorismo. Hacerlo significaría regalarle al terrorismo
las condiciones de su propia reproducción.
El camino por seguir es precisamente el inverso. Emprender una gigantesca reforma cultural
que instaure entre nosotros un respeto general por normas de convivencia que garanticen los
derechos civiles, que generalicen la tolerancia, resguarden las libertades públicas, destierren de
la sociedad argentina el miedo. Todo eso se llama democracia. La única alternativa a una cultura
de ajuridicidad es una cultura democrática. Si se lucha contra el terrorismo a partir de la
democracia y en defensa de ella, la victoria estará asegurada sin necesidad de llegar a extremos
dramáticos, porque tendrá delante de sí un terrorismo débil, aislado y desnutrido, desprovisto
de un contorno cultural ajurídico que lo provea de justificativos y fortalezca su capacidad de
reclutamiento.
Vastos sectores de la sociedad argentina cayeron durante los últimos años en el trágico error
de creer que sacrificando la democracia se creaban mejores condiciones para combatir la plaga
terrorista, lo que se logró por esa vía fue cambiar al terrorismo el signo, incluir en otras áreas la
crueldad, la violencia y el desprecio por la vida que se pretendía combatir en él.
Erigir la acción directa del Estado como alternativa de la acción directa del terrorismo implica
inevitablemente copiar, asimilar, absorber, internalizar el propio Estado y en quienes lo
controlan las metodologías y la cultura de la violencia, que teóricamente se aspira a suprimir.
Librar la lucha en esos términos es librarla al precio de dejarla sin sentido.
La consolidación de la seguridad interna, pues, en la medida en que se entienda por ella seguridad
contra la violencia, seguridad contra el miedo, seguridad contra el abuso del poder, la
arbitrariedad y la prepotencia sólo puede garantizarse mediante la instauración plena de la juridicidad
democrática, no sólo en el ordenamiento institucional interno del Estado sino también

Discurso del Dr. Raúl R. Alfonsín (cena anual de camaradería de las FF.AA.)
en la conciencia de los argentinos. La juridicidad así instaurada no podrá echar raíces ni alcanzar
su necesaria plenitud si empieza a ignorarse a sí misma, en el enjuiciamiento del pasado.
Conocemos perfectamente que hay quienes confunden justicia con venganza y que se mueven
en la aún desarticulada sociedad argentina, fuerzas disgregadoras que pretenden hacer creer
que no son hombres los que están sentados en el banquillo de los acusados sino las propias
Fuerzas Armadas de la Nación. Quiero dejar perfectamente sentado que quienes así actúan agravian
a las instituciones de la Nación y a la propia investidura presidencial ya que por disposición
constitucional el presidente ejerce el comando supremo de las fuerzas.
Hablamos de nuestras Fuerzas Armadas. Aquellas que aun antes de nacer demostraron en
agosto de 1806 la actitud para defender a la América del Sur de la invasión británica. Aquellas
que cuando retornaron los últimos granaderos de las campañas en Chile y en Perú tenían de la
América toda el reconocimiento de haber trascendido las fronteras del naciente Estado independiente
sin más propósito que el de asegurar la libertad de los pueblos hermanos.
Pero si grave resulta que en el seno de la sociedad civil aparezcan aquellas tendencias que
nunca cobrarán vigor, gravísimo resulta que vaya a saber en el curso de qué desvaríos o prisioneros
de qué fanatismos surjan en el seno mismo de nuestras fuerzas, hombres que promuevan
idéntica confusión. Decididamente, no pueden permanecer entre nosotros. Debemos evitar
su presencia deletérea y corruptora. Porque todos sabemos que los casi 170 años transcurridos
desde el 9 de julio de 1816 están llenos de encuentros y desencuentros, de luces y sombras, de alegrías
y llantos, pero el objetivo deseado y los modos de acción para su consecución, siguen siendo
para las Fuerzas Armadas los mismos que están ínsitos en el Acta de la Independencia: “Volcar la
profundidad de nuestros talentos y la rectitud de nuestras intenciones, para alcanzar la libertad
llenos del santo orden de la justicia”.
Es necesario impedir nuevas deformaciones.
Hace muchos años que nuestra sociedad ha entrado en crisis. Fueron sus diversos componentes
políticos, económicos y organizativos los que engendraron conductas de enfrentamiento
al margen de las normas constitucionales y de las instituciones.
Este proceso se fue agravando con el correr del tiempo y es natural que ello ocurriera en un
país donde el crecimiento fue reemplazado paulatinamente por el achicamiento.
Las Fuerzas Armadas no pudieron naturalmente permanecer incólumes. De brazo armado
al servicio del Estado legítimo en la defensa exterior, se pretendió convertirlas en brazo armado
de poderes ilegítimos para ser utilizadas con fines que poco o nada tenían que ver con la defensa
de la Patria.
Se había desquiciado la economía, pero también el Estado y mucho más todavía el tejido
social del país. Las Fuerzas Armadas no pueden ser parte normal de las instituciones cuando esas
instituciones pierden vigor y no cumplen su cometido. No es cuestión ahora de repartir culpas
y responsabilidades. No es nuestra tarea. Tampoco será —pienso— la de los historiadores que
deben reconstruir objetivamente la ilación y el sentido tiene los hechos ocurridos.
Sabemos todos que en esos períodos turbulentos y decadentes de la historia, las incitaciones
a la quiebra institucional y el autoritarismo partieron desde diversos ámbitos de la sociedad
argentina.
En un país que en lugar de avanzar retrocedía se retrogradaron todas las instituciones.
Los hombres de armas en lugar de defensores de la comunidad nacional llegaron a convertirse
en sus dirigentes y sus administradores, lo cual constituye la negación de la esencia misma
del papel de las Fuerzas Armadas en una nación civilizada, moderna y compleja. Incluso cuando
un militar tiene éxito en su gestión de gobierno, se ha transformado en un político y ha dejado
de ser un militar.
Esta no podía ser una propuesta válida para toda la institución.
Podemos y llegaremos a ser un país moderno y en marcha. Con ese marco las Fuerzas Armadas
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tendrán también un papel moderno y creativo. Nunca más serán instrumentos de poder utilizados
ilegítimamente, sino instituciones cabales del Estado, integradas por ciudadanos que, entre
todas las vocaciones y funciones posibles, han elegido la de poner su vida al servicio de la defensa
de la vida de todos. Y esa ofrenda de la vida debe encontrar una contrapartida digna en el resto
de la sociedad, una sociedad libre, democrática y en crecimiento. Es lo que todo militar dispuesto
a defenderla se merece. ¿Cómo pedirle a un hombre que juegue su vida por la injusticia, por el
autoritarismo o por el empobrecimiento?
Una vida humana vale más que eso. Es el supremo valor de nuestra civilización y sólo debe
ser sacrificada por valores e intereses sociales que se correspondan con esa dignidad. Así ocurre
en los grandes y viejos países de Europa occidental, de los que proviene nuestra herencia cultural
y el origen de buena parte de nuestros habitantes.
Constitución, Patria, progreso, hogar, desarrollo y solidaridad social. Valores básicos para
los militares que orgullosamente han asumido la misión de defender esas nobles comunidades
nacionales. Nosotros debemos brindar a nuestros militares la misma posibilidad de orgullo y
dejar sepultadas para siempre en la historia, otras épocas en que la decadencia y la tiranía no
deparaban la posibilidad de papeles dignos a ninguno de los argentinos, incluso a los militares.
La endeblez de la sociedad argentina, la decadencia de sus instituciones, el achicamiento
de su aparato productivo y el debilitamiento de los mecanismos naturales de la cohesión social
arrastraron a todos sus integrantes a una lucha confusa por la supervivencia. Esa situación fue
también caldo de cultivo para el sufrimiento y la promoción de grupos que bajo el signo de la
protesta contra la injusticia y el desorden pretendieron instaurar un nuevo orden autoritario.
Muchos jóvenes argentinos cayeron en la trampa mortal del terrorismo y nuestra atribulada
sociedad sólo pudo responder con una represión que no estaba respaldada por ideales enraizados
en una realidad consistente y veraz. Eran hijos de la mentira y por eso fueron víctimas fáciles de
nuevas mentiras.
Asumamos todos la responsabilidad de esa tragedia, como también asumimos la tragedia de
los militares que tuvieron que defender principios dejados de lado en la práctica efectiva por esa
misma sociedad. En muchos países europeos asolados en años recientes por el terrorismo, vimos
cómo la respuesta de las instituciones fue firme, segura, eficaz, sin que se alterase en lo más mínimo
la vigencia de la legalidad. Ello fue así, porque eran sociedades sólidas donde los valores de
la democracia y una convivencia civilizada eran sentidos por la mayoría abrumadora de los ciudadanos,
como realidades palpables y vivientes. Hombres de las fuerzas del orden, de la justicia,
de las instituciones, que eran fuertes, porque la sociedad era fuerte. Porque la democracia no era
una propuesta, sino el marco cotidiano en el que todos estaban acostumbrados a vivir y al que
querían defender a toda costa, con la cara convicción de que la democracia sólo se defiende con
métodos democráticos y que lo contrario sólo sería ceder al enemigo.
Esta clara voluntad determinó el fracaso y la derrota de los enemigos de la democracia. Estos
sucumbieron políticamente por la firmeza con que fueron enfrentados dentro de los estrictos
marcos legales. Pero también por el aislamiento y por la indignación que habían suscitado en
todo el cuerpo social.
Los embates del terrorismo sorprendieron a nuestro país en una situación muy diversa. En
una situación donde no reinaba la confianza en las instituciones. Donde predominaba la regla
bárbara del “sálvese quien pueda” y donde todos los grupos estaban empeñados en la defensa de
sus intereses sectoriales. Doctrinas disolventes y autoritarias de las más opuestas orientaciones,
pretendieron durante décadas confinar a los militares entre los límites absurdos de una dicotomía
todavía más absurda: ser los salvadores o los enemigos de la Patria, cuando los militares en
una sociedad moderna y democrática son nada más y, nada menos que ciudadanos armados en
la defensa de sus valores, y de su ordenamiento legal y político frente a las amenazas externas.
Debemos recuperar sin vacilaciones ese alto sentido de la función militar, como parte de la

Discurso del Dr. Raúl R. Alfonsín (cena anual de camaradería de las FF.AA.)
vida cívica. Los militares son ciudadanos en plenitud, que por noble vocación y noble decisión
adoptan la misión de preparar y organizar la defensa común de la patria y del Estado republicano.
Su función se desvirtúa cuando falla el sistema, cuando entra en crisis y se desquicia. La acción
de las Fuerzas Armadas pierde entonces su sentido. Vacilan sus cimientos éticos. La más alta
lección de moral militar frente a ese tipo de situaciones, nos la ha legado el más grande soldado
de nuestra historia. José de San Martín fue grande por su talento estratégico y por su patriotismo,
por su espíritu de entrega a la causa nacional, pero lo fue también por su insobornable adhesión
a las bases fundamentales de la ética castrense. No pudo concebir jamás la función militar sino
como un servicio integral en defensa de la Patria. Cuando se alejó de nuestro país lo hizo precisamente
para no desvirtuar su misión como hombre de armas al servicio de las instituciones
republicanas. Se iniciaba en aquel momento un período doloroso de nuestra historia, en la que
las Fuerzas Armadas se transformaron en los cuerpos armados de las distintas facciones sociales
y políticas en pugna y eso repugnaba profundamente a la conciencia ética militar y republicana
del Libertador.
Una vez superada esa etapa de confusiones y de desgarramientos, la reorganización nacional
devolvió a las Fuerzas Armadas su función institucional.
Nuestras Fuerzas Armadas modernas estaban destinadas a ser como en todo país civilizado,
una parte fundamental del aparato del Estado. Nuestras Fuerzas Armadas modernas fueron hijas
de la Constitución y de las leyes.
La Constitución y las leyes de la República determinaron su existencia, sus funciones y su
sentido. Cuando no rige la Constitución y se relativizan las leyes, cuando se altera el principio de
la división de poderes y de la representatividad popular de los mandatarios, las Fuerzas Armadas
dejan de ser el brazo armado de la Nación. Podrán obrar mejor o peor, fomentar el desquiciamiento
o contribuir a su superación, pero en la práctica operan como grupos autónomos de
ciudadanos armados.
La Constitución fija muy sabiamente que el presidente de la Nación es el Comandante supremo
de las Fuerzas Armadas, determinando así la plena inserción de ellas como parte del
Estado.
Cuando no hay presidente de la Nación elegido tal como lo determina la Constitución, las
Fuerzas Armadas quedan acéfalas y pierden automáticamente su carácter de institución estatal.
Por ello la defensa a ultranza de la Constitución debe ser para el militar la defensa de su propia
dignidad, del carácter ético y social de su función, de su papel como integrante legítimo de la
comunidad en el ejercicio de una misión específica.
Los argentinos no podemos seguir remendando estructuras perimidas, retocando comportamientos
antiguos, repitiendo las mismas acciones ante los viejos problemas. Hemos puesto una
bisagra a cincuenta años de decadencia, estamos decididos a construir el país que nos merecemos
y para ello es necesario que tengamos siempre presente que vamos a transitar un largo camino de
transición, en el que se entremezclan la Argentina que muere y la Argentina que nace.
Permanentemente vamos a encontrarnos ante encrucijadas en las que tenemos que elegir
entre un camino que nos conduce al pasado, al retroceso histórico, a la cristalización de nuestro
movimiento y otro que marcha hacia el futuro y que permite vislumbrar un horizonte de concordia
y progreso.
En esta marcha nueva de los argentinos es preciso también que tengamos presente la necesidad
de marchar juntos a un mismo paso, ciudadanos armados y ciudadanos desarmados. Civiles
y militares insertados como lo están en un mismo camino, en una misma esperanza, con un
mismo destino.
Ha sido muy larga y muy trágica la historia de desencuentros que hemos padecido. Divisiones
en el campo civil, ineptitud y falta de coraje en las dirigencias, irresponsabilidad a veces en quienes
alcanzaron el honor de conducir una institución fundamental de la República, y la condujeron
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hacia caminos que jamás debimos haber aceptado los argentinos. Hubo falta de apego a la ley y a
las instituciones y hubo subversión en la escala de valores de nuestra nacionalidad. Y esa honda
crisis moral, cada uno con su grado de responsabilidad, debemos asumir que nos alcanzó a todos.
A quienes refugiados en intereses mezquinos fueron a buscar el apoyo de las armas para imponer
su voluntad y quebrar la voluntad del pueblo y sus instituciones. Y a quienes aceptaron silenciosamente
la imposición de la fuerza y la violencia.
A quienes apelaron al odio y al terror como arma de lucha política ensuciando valores anhelados
y derramando la sangre de nuestra juventud y también a quienes utilizaron los mismos
métodos para combatirla.
Los argentinos dijimos basta a aquella pesadilla. Y cerramos un capítulo nefasto de nuestra
historia, sobre la base de la justicia, el esclarecimiento y la verdad.
También aquí cabe ahora la apelación a la conciencia de cada argentino, cualquiera haya sido
su ubicación frente a la triste experiencia que vivimos, en el sentido de realizar un agudo ejercicio
de autocrítica y saneamiento moral.
Estamos construyendo desde los escombros los cimientos de una Argentina moderna. Y construir
un país moderno es también reconstruir nuestras Fuerzas Armadas en su papel específico
y en su inserción definitiva en el seno de la sociedad. De otra forma no podemos pensar en un
futuro mejor, en un nuevo proyecto de Nación en camino de crecimiento y libertad. Sólo lo alcanzaremos
a través de una efectiva y definitiva acción común, en la que todos vamos a ser parte.
Nos toca como dirigentes y como hombres de una generación que ha sufrido los embates de
la violencia y de la destrucción, asumir la responsabilidad de construir una nueva Nación reencontrada
con los valores que le dieron origen.
Nos toca responder satisfactoriamente a las demandas de las generaciones jóvenes que se niegan
a aceptar las respuestas ambiguas y las postergaciones en sus anhelos de justicia. Los vemos
avanzar decididos hacia un futuro mejor. Decididos a borrar definitivamente de nuestra historia
los enfrentamientos estériles y los comportamientos autoritarios, las razones de la fuerza por
sobre las ideas, la obediencia ciega o la manipulación de sus conciencias y de sus actos.
Han visto pelear a sus padres, han recibido una larga secuencia de desaciertos, proyectos
truncos y esperanzas rotas, como conflictiva herencia de un país maltratado. No les supimos dar
respuestas y fueron embarcados en experiencias de odio y terror que llevaron la agresión y la
violencia hasta el paroxismo. Jamás la Argentina sufrió tanto como en el último decenio. Jamás
como en últimos años, se abandonó a su suerte tantas voluntades dejando caer o aplastando los
brazos de una Argentina que luchaba por renacer. Jamás, entonces, fue tan necesario como hoy
el reconocimiento de la verdad, la admisión de los errores, el rechazo de formas y procedimientos
que ahora y siempre debemos evitar.
Ya no hay más espacio para aquel pasado. Hemos terminado para siempre con el autoritarismo
y las decisiones unilaterales que subvirtieron nuestro orden institucional, y restablecimos
el orden constitucional republicano y democrático, como único marco en el que personas e instituciones
pueden desenvolverse y desarrollar a pleno sus capacidades.
Es mucho, mucho más de lo que a veces percibimos lo que hemos avanzado en este segundo
año de vida en libertad. Pero debemos tener viva conciencia también de cuán profundas han sido
las heridas infligidas al cuerpo social de la Nación. No alcanzan las normas jurídicas, no alcanzan
los actos de gobierno, no bastan las voluntades de los dirigentes para reparar las heridas del
pasado que dejamos atrás.
Hemos producido hechos inéditos y auspiciosos que sirvieron para mostrar que esta vez la
verdad, la justicia y la defensa de la dignidad humana no son esperanzas abstractas.
Ahora es necesario que marchemos juntos desde el corazón mismo de la sociedad hacia la
reconciliación definitiva de los argentinos, con un sentido enaltecedor de justicia basado en la
ética social.

Discurso del Dr. Raúl R. Alfonsín (cena anual de camaradería de las FF.AA.)
Yo no creo en los puntos finales establecidos por decreto. No se cierran capítulos de la historia
por la sola voluntad de un dirigente, cualquiera sea la razón que lo anime.
Pero sí es fundamental que exista conciencia y consenso en torno a esto: es la sociedad misma
la que en un acto de severa contrición y reconocimiento de su identidad está recogiendo la experiencia
del pasado y comienza a decidirse a encarar el futuro con la mirada hacia adelante, con el
paso decidido, con humildad y con osadía.
Mirar hacia adelante significa responder con un noble acto de concepción ética a las esperanzas
de aquella juventud que no quiere volver a ser nunca más carne de cañón. Es no permitir
que se pretenda aborregar nuestra savia joven o encarrilarla hacia el escepticismo y la frustración.
Es colocar, por encima de todo, el valor de la vida y de la convivencia en un pueblo reconciliado.
Es establecer responsabilidades jurídicas y morales en la memoria colectiva de nuestra
sociedad. Es la cuota de arrepentimiento asumida por cada uno, por cada sector.
Y bien, podemos ponernos a trabajar para adelante. No más violencia. No más justicia por
propia mano y alejada de la ley. No más prepotencia e intolerancia en la Argentina de hoy. No
cerramos la puerta de nuestra historia. No tratamos con superficialidad o condescendencia a
quienes tengan que asumir responsabilidades ante la historia y ante la sociedad.
No hacemos política en beneficio de uno u otro sector.
Estamos nada más ni nada menos que intentando consolidar este tránsito de un pueblo unido
hacia su dignidad. Y para ello es fundamental que haya reconciliación.
Fuente: Discurso pronunciado por el señor presidente de la Nación, Dr. Raúl R. Alfonsín, en la cena anual de camaradería
de las Fuerzas Armadas. 5 de julio de 1985, en La reforma militar. Moneta, Carlos J.; López, Ernesto y Romero,
Aníbal. Editorial Legasa. Nueva Información. Argentina, 1985; pp. 217-234.
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22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,
Roberto Pascual Silva y Oscar Luján Fappiano
Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar
Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naviero
Diputados presentes:
ABDALA, Luis Oscar
ACEVEDO de BIANCHI,
Carmen Beatriz
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALBARRACÍN, Ignacio Arturo
ALIAS, Manuel
ALLEGRONE de FONTE,
Norma
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ALTAMIRANO, Armando
Héctor Heriberto
ÁLVAREZ, Adrián Carlos
ÁLVAREZ, Roberto Pedro
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARRECHEA, Ramón Rosauro
ARSON, Héctor Roberto
ASENSIO, Luis Asterio
AUSTERLITZ, Federico
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio
BARBEITO, Juan Carlos
BECERRA, Carlos Armando
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BODO, Rodolfo Luis
BONINO, Alberto Cecilio
BONOMI, Nora
BORDÓN GONZÁLEZ, José
Octavio
BOTTA, Felipe Esteban
BRITO LIMA, Alberto
BRITOS, Oscar Felipe
BRIZ DE SÁNCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Juan Arnaldo
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CÁCERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMISAR, Osvaldo
CAMPS, Alberto Germán
CANICOBA, Ramón Héctor Pedro
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARMONA, Jorge
CARRANZA, Florencio
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASALE, Luis Santos
CASSIA, Antonio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Ángel
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
COLOMBO, Ricardo Miguel
CONNOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
CURATOLO, Atilio Arnold
CHAZARRETA, Pastor
CHEHIN, Jorge Víctor
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DEBALLI, Héctor Gino
DE NICHILO, Cayetano
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DÍAZ LECAM, Juan Antonio
DI CÍO, Héctor
DIMASI, Julio Leonardo
DOMÍNGUEZ FERREYRA,
Dardo N.
DONAIRES, Fernando
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
DUSSOL, Ramón Adolfo
FALCIONI de BRAVO, Ivelise Ilda
FAPPIANO, Oscar Luján
FEDERIK, Carlos Alberto
FINO, Torcuato Enrique
FLORES, Aníbal Eulogio
FURQUE, José Alberto
GARCÍA, Antonio Matías
GARCÍA, Carlos Euclides
GARCÍA, Roberto Juan
GHIANO, Jorge Osvaldo
GIMÉNEZ, Jacinto
GINZO, Julio José Oscar
GÓMEZ MIRANDA, María
Florentina
GONZÁLEZ, Amaldo
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Jesús Gerónimo
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás
Walther
1985
407

15 de agosto de 1985
408
GONZÁLEZ PASTOR, Carlos
María
GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAUX, Arturo Aníbal
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GURIOLI, Mario Alberto
GUTIÉRREZ, Reinaldo Pastor
HERRERA, Bernardo Eligio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Rugo
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
IMBELLONI, Norberto
INGARAMO, Emilio Felipe
JALILE, José Félix
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ, Francisco Javier
KHOURY, Miguel Ángel
LANDÍN, José Miguel
LANGAN, Roberto José
LAZCOZ, Harnaldo Efraín
LEALE, Zelmar Rubén
LENCINA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTANI, Carlos
LIPTAK, Teodoro
LÓPEZ, Santiago Marcelino
LUGONES, Horacio Enerio
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANNY, José Juan
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARCHESINI, Víctor Carlos
MARTÍN, Belarmino Pedro
MARTÍNEZ, Valentín del Valle
MARTÍNEZ MÁRQUEZ, Miguel
José
MARTÍNEZ MARTINOLI,
Fausta G.
MASTOLORENZO, Vicente
MATUS, Salvador León
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MEDINA, Miguel Heraldo
MELÓN, Alberto Santos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MILANO, Raúl Mario
MIRANDA, Julio Antonio
MONSERRAT, Miguel Pedro
MONTERO, Carlos L.
MORAGUES, Miguel José
MOREAU, Leopoldo Raúl
MOSSO, Alfredo Miguel
MOTHE, Félix Justiniano
NEGRI, Arturo Jesús
NIEVA, Próspero
ORGAMBIDE, Luis Oscar
PALEARI, Antonio
PAPAGNO, Rogelio
PATIÑO, Artemio Agustín
PELÁEZ, Anselino Agustín
PEPE, Lorenzo
PEREYRA, Pedro Armando
PÉREZ, René
PERI, Néstor
PINTOS, Carlos María Jesús
PIUCILL, Hugo Diógenes
PLANELLS, Mariano Juan
PRONE, Alberto Josué
PUGLIESE, Juan Carlos
PUPILLO, Liborio
PURITA, Domingo
RABANAQUE, Raúl Octavio
RAMOS, Daniel Omar
RAPACINI, Rubén Abel
RATKOVIC, Milijov
RAUBER, Cleto
REALI, Raúl
RESTOVICH, Francisco
REYNOSO, Adolfo
RIGATUSO, Tránsito
RÍQUEZ, Félix
RUITORT de FLORES, Olga
Elena
ROBERTO, Mario
RODRÍGUEZ, Antonio Abel
RODRÍGUEZ, Jesús
RODRÍGUEZ, Manuel Alberto
RODRÍGUEZ, Pedro Salvador
RODRÍGUEZ ARTUSI, José Luis
ROMANO, Domingo Alberto
ROMERO, Antonio Elías
ROMERO, Francisco Telmo
RUBEO, Luis
RUIZ, Ángel Horacio
RUIZ, Osvaldo Cándido
SABADINI, José Luis
SANMARTINO, Roberto
Edmundo
SÁNCHEZ, Eduardo
SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio
SARQUIS, Guillermo Carlos
SARUBI, Pedro Alberto
SILVA, Roberto Pascual
SILVERO, Lisandro Antonio
SOBRINO ARANDA, Luis
Alberto
SOCCHI, Hugo Alberto
SOLARI BALLESTEROS,
Alejandro
SPINA, Carlos Guido
SRUR, Miguel Antonio
STAVALE, Juan Carlos
STOLKINER, Jorge
STORANI, Federico Teobaldo M.
STUBRIN, Adolfo Luis
STUBRIN, Marcelo
TELLO ROSAS, Guillermo
Enrique
TERRILE, Ricardo Alejandro
TORRESAGASTI, Adolfo
UNAMUNO, Miguel
URRIZA, Luis María
VIDAL, Carlos Alfredo
VISTALLI, Francisco José
VON NIEDERHAUSERN,
Norberto B.
YAMAGUCHI, Jorge Rokuro
ZAVALEY, Jorge Hernán
ZINGALE, Felipe
ZUBIRI, Balbino Pedro
Ausentes, con licencia:
ABDALA, Oscar Tupic (1)
ARÁOZ, Julio César (1)
BASUALDO, Héctor Alfredo (1)
BIANCHI, Carlos Humberto (1)
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén (1)
CORTINA, Julio (1)
DE LA VEGA de MALVASIO,
Lily M. D. (1)
ELIZALDE, Juan Francisco
Carmelo (1)

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
FERRÉ, Carlos Eduardo (1)
GONZÁLEZ, Raúl Héctor (1)
MASINI, César Francisco (1)
NADAL, Marx José (1)
PECHE, Abdel Carim Mahomed (1)
PEDRINI, Adam (1)
PÉREZ VIDAL, Alfredo (1)
PRADO, Leonardo Ramón (1)
REGGERA, Esperanza (1)
ROBSON, Anthony (1)
SELLA, Orlando Enrique (1)
SERRALTA, Miguel Jorge (1)
SUÁREZ, Lionel Armando (1)
TAIBO, Nicolás (1)
TOSI, Santiago (1)
VANOSSI, Jorge Reinaldo (1)
Ausentes, con aviso:
CORPACCI, Sebastián Alejandro
FIGUEROA de TOLOZA, Emma
GUZMÁN, María Cristina
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
MINICHILLO, Juan José
PONCE, Rodolfo Antonio
SALDUNA, Bernardo Ignacio
Ramón
SCELZI, Carlos María
TORRES, Carlos Martín
(1) Solicitud pendiente de aprobación
de la Honorable Cámara.
Sumario
1. Manifestaciones del señor diputado Bodo con motivo de expresiones vertidas por el señor
diputado Jaroslavsky durante la reunión anterior y respuesta del señor diputado Jaroslavsky.
(Pág. 3426)
2. Pedido del señor diputado Manny de que se le conceda la palabra para plantear una cuestión de
privilegio, y aceptación de una invitación de la Presidencia para que postergue el planteamiento
de la cuestión. (Pág. 3428.)
3. Consideración del dictamen de 1as comisiones de Defensa Nacional y de Asunto Constitucionales
en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establecen las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional (103-P.E.-84). (Pág.
3428.)
4. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Manny con motivo de informaciones
contenidas en una publicación periodística. Pasa a la comisión de Asuntos Constitucionales.
(Pág. 3450.)
5. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 3 de este sumario. (Pág. 3450.)
3
Bases jurídicas, orgánicas y funcionales de la Defensa Nacional
(Orden del Día Nº 1064)
Dictamen de las comisiones
Honorable Cámara
Las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales han considerado el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se propicia establecer las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional; y, por
las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante,
aconsejan la sanción del siguiente
1985
409

15 de agosto de 1985
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
TÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la
preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional. La misma es sancionada tendiendo al
cumplimiento del propósito de “proveer a la defensa común”, enunciado en el Preámbulo de la
Constitución Nacional, y, por lo tanto, ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en
detrimento del texto constitucional, de su espíritu y fines ni del sistema de gobierno representativo,
republicano y federal, adoptado por la Nación Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales
y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones de origen externo.
Se concretan en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los
conflictos generados por éstas, tanto en tiempo de paz como de guerra. Tiene por finalidad
garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina,
su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad
de sus habitantes, los intereses nacionales y la plena vigencia del sistema democrático y
constitucional.
410
TÍTULO II
Órganos y misiones
Art. 3º.—Competen al presidente de la Nación la dirección de la Defensa Nacional y la conducción
de las Fuerzas Armadas.
Consiguientemente dispondrá, con el asesoramiento del gabinete de Defensa Nacional, las
pautas para la realización del planeamiento para la Defensa Nacional, controlando su ejecución
y confección.
En caso de guerra, ejercerá:
a) Con el asesoramiento del gabinete de Defensa Nacional, la conducción integral de
la misma.
b) Asistido por el Comité Militar, la conducción militar de ésta.
Art. 4º.—Sin perjuicio de las competencias que le son asignadas en la ley de ministerios, el
Ministerio de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias
de la Defensa que no se reserve o ejercite directamente el presidente de la Nación o que no
sean atribuidos expresamente en la presente ley a otro funcionario, órgano u organismo.
El Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del gabinete de Defensa Nacional,
ejerciendo la secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.
Art. 5º.—Sin perjuicio de sus competencias asignadas en la ley de ministerios, contribuirán a
la Defensa Nacional dependiendo del presidente de la Nación:

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
a) El gabinete de Defensa Nacional.
b) El Comité Militar.
Art. 6º.—El gabinete de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación en
la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra, así como también
en la adopción de la estrategia y en la coordinación de los planes y acciones necesarios para su
superación.
Art. 7º.—El gabinete de Defensa Nacional será presidido por el presidente de la Nación,
quien adoptará las decisiones, en todos los casos, en los asuntos que originen su funcionamiento.
Estará integrado por el vicepresidente de la Nación, y los ministros de Defensa, del Interior, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Economía.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e invitar a
miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos considere de utilidad para los asuntos
específicos que hubieren de tratarse.
Art. 8º.—La información e inteligencia necesarias para la Defensa Nacional, en el nivel estratégico
nacional, serán proporcionadas por la Central Nacional de Inteligencia, órgano presidido
por el secretario de Informaciones del Estado, que habrá de ejercer la coordinación de las actividades
de todos los organismos de inteligencia existentes, con la finalidad de proveer inteligencia
estratégica e información al presidente de la Nación y a los órganos y organismos que determine
la reglamentación.
La producción de inteligencia en el nivel estratégico militar estará a cargo del organismo de
inteligencia conjunto que se estructurará sobre la base de los órganos de inteligencia que actualmente
integran las Fuerzas Armadas, y que dependerá en forma directa e inmediata del ministro
de Defensa.
Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso
hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.
Art. 9º.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la conducción militar de la guerra.
Art. 10º.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas. El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades
e invitar a miembros de otros poderes o personas cuyos conocimientos considere de
utilidad para los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 11.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar cuya secretaría ejercerá el jefe de dicho Estado Mayor Conjunto.
Art. 12.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá orgánicamente del
ministro de Defensa; estará integrado por personal de las tres Fuerzas Armadas, y su jefe será
designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 13.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tendrá a su cargo la asistencia
del ministro de Defensa en materia de estrategia militar.
Entenderá asimismo en:
a) La elaboración del planeamiento militar conjunto;
b) La formulación de la doctrina militar conjunta;
c) La dirección del adiestramiento militar conjunto;
d) El control del planeamiento estratégico operacional y de la eficacia del accionar
militar conjunto.
1985
El presidente de la Nación, por sí, o por intermedio del Ministerio de Defensa, dispondrá las
411

15 de agosto de 1985
pautas a que deberá ajustarse el ejercicio por parte del Estado Mayor Conjunto de las funciones
que le son conferidas en la presente ley y controlará el ejercicio de las mismas por parte de éste.
Art. 14.—En el planeamiento estratégico militar a ser realizado por el Estado Mayor
Conjunto, se podrá prever la creación de comandos estratégicos operacionales conjuntos, específicos
o combinados y comandos territoriales.
Sus comandantes serán designados por el presidente de la Nación, y dependerán, a efectos
del planeamiento y adiestramiento del ministro de Defensa, a través del jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas y del presidente de la Nación en caso de guerra o conflicto
armado.
TÍTULO III
Organización de las Fuerzas Armadas
Art. 15.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo
en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un
mando responsable de la conducta de sus subordinados.
Estarán sometidos a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.
Art. 16.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición, dimensión y despliegue derivarán básicamente
del planeamiento militar conjunto. Su organización y funcionamiento se inspirarán en
criterios de coordinación y eficiencia conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios
cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.
Art. 17.—Los componentes terrestres, navales y aéreos se mantendrán integrando los respectivos
agrupamientos administrativos, dependiendo de los jefes de los Estados Mayores Generales
de cada fuerza. Conforme resulte del planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de
estos componentes o parte de ellos, bajo la dependencia de comandos estratégicos operacionales
conjuntos, específicos o combinados o comandos territoriales.
Art. 18.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas dependerán del Ministerio
de Defensa, por delegación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Armadas, y mantendrán
relación funcional con el Estado Mayor Conjunto a los fines de la acción militar conjunta.
Los jefes de los referidos estados mayores generales serán designados por el Presidente de la
Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad.
Art. 19.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas ejercerán el gobierno y la
administración de sus respectivas fuerzas. Dirigirán la preparación para la guerra de los elementos
operacionales de las respectivas fuerzas y el apoyo logístico para los mismos. Propondrán al
Estado Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento militar
conjunto, la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los aspectos
del referido planeamiento que hagan a las mismas.
412

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
TÍTULO IV
Organización territorial y movilización
Art. 20.—Para el caso de guerra o conflicto armado internacional el Presidente de la Nación
podrá establecer teatro de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.
El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de las Fuerzas
Armadas que designe al efecto el presidente de la Nación, de quien dependerá en forma directa
e inmediata.
Art. 21.—En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán
la plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la aplicación
de la institución contemplada en el artículo 6º de la Constitución Nacional en aquellos
supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable.
En la hipótesis de adoptarse la medida referida, la misma no comprenderá al Poder Judicial,
que mantendrá la plenitud de sus atribuciones.
Art. 22.—El Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso de la Nación,
podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional,
deban ser sometidos a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional, o ante su inminencia, tal
declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación.
Art. 23.—La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánicamente
del Ministerio de Defensa.
En tiempo de guerra podrán ser asignados a los comandos estratégicos operacionales y comandos
territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente.
Art. 24.—El presidente de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios para
adecuar los recursos de la Nación a las necesidades de la Defensa Nacional.
Art. 25.—El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la defensa
civil, entendiéndose por tal las medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular
o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro
origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo
normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 26.—En caso de guerra, o ante su inminencia, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer
requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer necesidades
de la Defensa Nacional. En la reglamentación de la presente ley se determinará el procedimiento
y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.
Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la
obligación, limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que les sean requeridos por autoridad competente. La
información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que
el de satisfacer esas necesidades.
Art. 27.—La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable. Si ese
aporte implicara gastos o prestación de servicios, se determinará administrativamente la indemnización
o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el lucro cesante.
En caso de desacuerdo, el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte interesada.
Art. 28.—El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora los informes requeridos
por la autoridad competente, o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición,
será reprimido con prisión de dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de
un delito más grave.
Las entidades o asociaciones que incurrieren en los mismos hechos, o impidieren o dificultaren
413
1985

15 de agosto de 1985
las funciones de las autoridades competentes, podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo
Nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.
Art. 29.—Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que
entorpecieran el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades
encargadas de ejecutarlas, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que el hecho
importare la comisión de un hecho más grave.
TÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 30.—Deróganse las leyes 16.970, 17.649, 19.276, 20.194 y toda otra disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 31.—Deróganse los artículos 2º, 3º, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.
Art. 32.—Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318 por el siguiente:
Artículo 16.—El presidente de la Nación designará como autoridad de convocatoria a
un oficial superior de las Fuerzas Armadas, quien dependerá del Ministerio de Defensa.
Art. 33.—Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:
Artículo 4º.—Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de
seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zona
de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con relación a las transmisiones
de dominio, arrendamientos o locaciones, o cualquier forma de derechos, reales o
personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a
cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.
Art. 34.—Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º del decreto ley 15.385/44, por el
siguiente:
Artículo 7º, inciso d).—Actuar a título de organismo coordinador asesorando y orientando
la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que
por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad,
para lograr la necesaria armonía y eficiencia en la estructuración y aplicación de las
disposiciones que, directa o indirectamente, se refieran a la Defensa Nacional.
Art. 35.—Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
Artículo 9º.—La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad considerará y resolverá
dentro de su jurisdicción los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permiso
de las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar
la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y orientación de la
opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de energía
o industria de cualquier índole que interesen a los fines de la Defensa Nacional e intervenir,
asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen
como personas de derecho privado.
414
Art. 36.—La presente ley se reglamentará dentro de los 180 días de su promulgación.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Art. 37.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 25 de julio de 1985.
Balbino P. Zubiri.—Jorge R. Vanossi.- Ricardo J. Cornaglia.—Guillermo C. Sarquiso.- Luis
A. Asensio.—Carlos A. Becerra.- José Bielicki.—Victorio O. Bisciatti.—Rodolfo L. Boda.—
Héctor Di Cío.—José A. Furque.—Carlos M. González Pastor.—Jorge L. Horta.—Víctor C.
Marchesini—Leopoldo R. Moreau.- Alfredo M. Mosso.—Félix J. Mothe.—Próspero Nieva.—
René Pérez.- Domingo A. Romano.—Roberto E. Sammartino.—Carlos G. Spina.—Ricardo A.
Terrile.
Disidencia total:
José J. Manny.
Informe
Honorable Cámara:
Las Comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales han considerado y aconsejan
la sanción del proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Defensa Nacional, con modificaciones
tendientes a precisar determinados aspectos, a mejorar la sistematización del proyecto
original y a perfeccionar el necesario control de las instituciones constitucionales respecto del
poder militar. Ello, respetando e incluso remarcando los conceptos fundamentales del proyecto,
tendientes a la adecuada implementación del accionar conjunto entre las fuerzas, la unidad de
comando, la racional determinación de la composición, dimensión y despliegue de éstas sobre la
base de las auténticas necesidades que surjan de las hipótesis de guerra, privilegiándose la eficacia
y la economía de medios y esfuerzos, y orientando a las instituciones armadas hacia la preservación
de la integridad territorial del país ante agresiones externas, en desmedro de concepciones
cuyo resultado hubo de ser la asignación a las Fuerzas Armadas de la misión prioritaria de preservación
del orden interno.
En primer lugar, cabe referir que se ha procurado mejorar la sistematización del proyecto,
agrupando a los artículos 1º y 2º, que constituyen pautas interpretativas y definiciones en un
nuevo título denominado Principios fundamentales.
En otro orden de ideas, cabe destacar que se han incluido tres nuevos artículos (3º, 4º y 13)
en virtud de lo cual se ha alterado la numeración.
Por consiguiente, a continuación se tratará de las modificaciones implementadas y de los
nuevos artículos incorporados, detallándose, en el caso de las primeras, el artículo del proyecto
original a que corresponde cada artículo del dictamen de las comisiones que contiene cambios o
variaciones del texto original.
Artículo 2º del dictamen (corresponde al artículo 2º del proyecto original): el artículo mencionado,
que contiene el concepto de Defensa Nacional, ha sido modificado sobre la base de
entender que ésta no puede ser considerada meramente (como lo hacía el proyecto) como “un
conjunto de planes y acciones”; debiéndose, además, tener en cuenta a las fuerzas morales, que
constituyen sin género de dudas un elemento esencial de la misma. Existen en tal sentido múltiples
ejemplos en la historia universal, sin olvidar, en nuestra historia reciente, lo sucedido con
motivo del conflicto Malvinas.
En dicha oportunidad, pudo advertirse que simultáneamente con el heroico sacrificio de
415
1985

15 de agosto de 1985
416
nuestros soldados en el campo de batalla, con la generosa colaboración de sectores de la ciudadanía
(dirigida obviamente al esfuerzo bélico y no, ciertamente, al régimen “de facto” entonces
imperante), existían actitudes de absoluta indiferencia en muchos habitantes de nuestro país,
reflejados en el interés preferente por actividades triviales respecto de la grave situación que enfrentaba
la Nación. Por consiguiente, se propone la inclusión, dentro del concepto de Defensa
Nacional, de las fuerzas morales consistentes en la decisión colectiva de enfrentar la agresión,
canalizada mediante la participación popular en las decisiones trascendentes para la Nación a
través de sus representantes.
Por otra parte, la sustitución de la palabra “población”contenida en el proyecto original en
el referido artículo por “habitantes”, tiende a destacar a éstos como destinatarios y beneficiarios
de la Defensa Nacional, por encima del concepto más abstracto y generalizador de “población”
que pareciera aludir a un aspecto geográfico o estadístico y no a quienes son en el sistema democrático
sujetos de la acción de gobierno a través de sus representantes. Es, además, el término
utilizado en la Constitución Nacional.
Artículo 3º del dictamen (artículo nuevo): la incorporación de este nuevo artículo al proyecto
tiende a destacar las facultades del presidente de la Nación en materia de defensa y, especialmente,
la conducción de las Fuerzas Armadas, atribución que le corresponde en forma exclusiva
como consecuencia de su carácter de comandante en jefe de las mismas (artículo 86, inciso 15,
de la Constitución Nacional), y que en épocas anteriores era ejercida por los denominados comandantes
en jefe de cada una de las fuerzas (órgano suprimido por la ley 23.023). Queda así
enfatizado el principio de unidad de comando, uno de los aspectos fundamentales del proyecto.
Asimismo, se ha procurado establecer un firme control por parte de los poderes constitucionales
sobre los órganos a quienes se encomienda la realización del planeamiento de defensa
y especialmente del planeamiento militar, con miras a la satisfacción de la necesidad de que la
realización de los mismos y su ejecución responda a las pautas que al respecto debe establecer el
Poder Ejecutivo.
Artículo 4º del dictamen (artículo nuevo): mediante la inclusión de este nuevo artículo se ha
procurado la asignación al Ministerio de Defensa de facultades respecto de todas aquellas actividades
propias de la defensa que no se reserve o ejercite directamente el presidente de la Nación y
que no sean atribuidas expresamente en la presente ley a otro funcionario, órgano u organismo.
Se procura así fortalecer el rol de dicho ministerio, como órgano político a través del cual se
materializa el control de las autoridades constitucionales respecto del poder militar.
Artículo 7º (corresponde al artículo 5º del proyecto): se ha incluido una mención relativa
a la presencia del presidente de la Nación en el gabinete de Defensa Nacional, partiendo de la
base de que el órgano gabinete supone su integración por el presidente y los ministros. También
se ha entendido conveniente dejar constancia de la exclusividad en la adopción de las decisiones
que corresponde al presidente de la Nación en el gabinete de Defensa Nacional, como una
consecuencia del carácter de órgano de asesoramiento que reviste este último, como también de
las facultades constitucionales del presidente de la Nación (artículos 86, inciso 19, 87 y 89 de la
Constitución Nacional).
Artículo 8º del dictamen (corresponde al artículo 7º del proyecto): se ha tendido a precisar
en mayor grado las características y misión de la Central Nacional de Inteligencia, órgano de
coordinación de los organismos de inteligencia, que tiene la finalidad de producir inteligencia
estratégica e información al presidente de la Nación.
Por otra parte, se ha procedido, coincidiendo con el espíritu del proyecto, que tiende a la
unificación de “…las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una
sola fuerza…”, a centralizar la producción de inteligencia en el nivel estratégico militar mediante
la estructuración de un organismo de inteligencia conjunto, sobre la base de los órganos de inteligencia,
que actualmente integran las Fuerzas Armadas.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Se ha procurado implementar también el necesario control por parte de las autoridades constitucionales
sobre las actividades del organismo que se crea, estableciendo su dependencia directa
e inmediata del ministro de Defensa. Por otra parte, se han precisado los límites del accionar del
mismo, estableciendo la prohibición para todo organismo de inteligencia militar de incursionar
en cuestiones relativas a la política interna del país.
Artículo 10 del dictamen (corresponde al artículo 9º del proyecto): la sustitución de la expresión
“se consideren” por “considere” tiende a armonizar la redacción del artículo que nos
ocupa.
Artículo 12 del dictamen (corresponde al artículo 11 del proyecto): la supresión de la última
parte del artículo en cuestión obedece a que la misión del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas es explicitada en el artículo siguiente.
Artículo 13 del dictamen (artículo nuevo): se ha incluido un artículo tendiente a explicitar la
misión del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En tal sentido, le han sido asignadas la asistencia al ministro de Defensa en materia de estrategia
militar, como también la elaboración del planeamiento militar conjunto, la formulación
de la doctrina militar conjunta, la dirección del adiestramiento militar conjunto, y el control del
planeamiento estratégico operacional y la eficacia del accionar militar conjunto.
Por otra parte, se ha procurado, en forma concordante con lo establecido en el artículo 3º
del dictamen, destacar el control por parte del Poder Ejecutivo sobre las importantes funciones
que son asignadas al Estado Mayor Conjunto en diversos artículos del proyecto. Ello, teniendo
en cuenta el importante rol del planeamiento estratégico militar referido en el artículo siguiente,
como asignador de medios y determinante de dimensión y despliegue de las tres fuerzas, de
acuerdo a las necesidades que determinen las hipótesis de guerra; y como origen de los comandos
estratégicos operacionales.
Artículo 15 del dictamen (artículo 13 del proyecto): se ha creído conveniente aclarar que los
miembros de las tres Fuerzas Armadas se encuadrarán “en toda circunstancia” bajo un mando
responsable de la conducta de sus subordinados, destacándose que ello tendrá lugar en situación
de paz o de guerra y cualquiera sea la misión que a los mismos sea asignada.
Artículo 16 del dictamen (artículo 14 del proyecto): se ha tendido mediante la inclusión del
“despliegue”, entre los aspectos de las Fuerzas Armadas a ser determinados por el planeamiento
militar conjunto, a perfeccionar la implementación del accionar conjunto que constituye uno de
los principios esenciales del proyecto.
Artículo 19 del dictamen (artículo 17 del proyecto): se ha procurado asimismo explicitar la
misión de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
En tal sentido, se ha establecido que los mismos ejercerán el gobierno y la administración
de sus respectivas fuerzas, quedando la conducción de las mismas reservada al presidente de
la Nación (artículo 3º del dictamen), de acuerdo a lo previsto en el artículo 86, inciso 15 de la
Constitución Nacional.
También se ha fijado el rol que les cabe en lo relativo a la preparación para la guerra de los
elementos operacionales de las respectivas fuerzas (el adiestramiento conjunto constituye misión
del Estado Mayor Conjunto) y el apoyo logístico para los mismos.
Por otra parte, se destaca que propondrán al Estado Mayor Conjunto la composición, dimensión
y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los aspectos del planeamiento militar
conjunto que hagan a las mismas.
La misión de los Estados Mayores Generales de las fuerzas se limita en este punto al asesoramiento
sobre los aspectos indicados; siendo la elaboración del planeamiento militar conjunto
misión exclusiva del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Artículo 20 del dictamen (artículo 18 del proyecto): se ha suprimido por innecesaria la definición
de teatro de operaciones que contenía el proyecto.
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Se ha destacado asimismo el carácter directo e inmediato del mando que sobre el comandante
de teatro de operaciones ejerce el presidente de la Nación.
Artículo 21 del dictamen (artículo 19 del proyecto): partiendo de la base de que en caso de
guerra pueden plantearse situaciones en las cuales resulte de hecho imposible la plena vigencia de
las atribuciones de las autoridades constitucionales existentes dentro del territorio comprendido
en el teatro de operaciones, se ha procurado dejar a salvo la posibilidad de la intervención federal,
en aquellos casos en las que sea estrictamente imprescindible.
Artículo 24 del dictamen (artículo 22 del proyecto): se ha suprimido la última parte del artículo
en cuestión, que aparece como confusa y de dudosa constitucionalidad.
Por las razones precedentemente expuestas, y las que vertirá oportunamente el miembro informante,
se propicia la aprobación del proyecto con las modificaciones que surgen del dictamen
adjunto.
Balbino P. Zubiri.
418
Antecedente
Buenos Aires, 17 de abril de 1985.
Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo se honra en presentar al Honorable Congreso de la Nación el proyecto
de ley de Defensa Nacional, elaborada en cumplimiento de sus específicas atribuciones, con el
presente mensaje, donde constan los fundamentos y criterios generales sobre cuya base se la
propone.
El adjunto proyecto se realizó teniendo en cuenta que el redimensionamiento de la defensa
implica revisar las ideas que bajo los conceptos de Soberanía Nacional y fronteras ideológicas
llevaron a confundir al gobierno de la Nación con la Defensa Nacional.
Dejar de lado ideas relativas a la Seguridad Nacional implica otorgar a las Fuerzas Armadas
el rol específico de constituir una capacidad disuasiva con un margen de seguridad adecuada,
fundada en el entrenamiento de los cuadros y en un programa de asimilación tecnológica en
función de los requerimientos de operación, pues se parte de la premisa de que la defensa es un
componente más de la política nacional y se ve influida por el funcionamiento de todas las áreas
gubernamentales. Ante la posibilidad de agresión todo el país debe responder en conjunto, pues
no se pueden delegar responsabilidades en momentos de grave emergencia.
Corresponderá entonces al gobierno prevenir o anticipar los conflictos elaborando los planes
pertinentes, sugerir las estrategias y soluciones posibles, y determinar las acciones conducentes
para la adecuada superación de los mismos.
En este esquema, las Fuerzas Armadas tienen un rol importante que cumplir, pero no son el
pivote a través del cual gira la Defensa Nacional.
He aquí la primera diferencia con el régimen de la ley 16.970, que se pretende derogar formalmente,
ya que en la práctica su vigencia se ha visto cercenada por un virtual desuso.
El sistema establecido por esa ley, elaborada y sancionada por un gobierno de facto, se ha
prestado para que los mandos de las Fuerzas Armadas ejerzan un control sobre las decisiones
del presidente de la Nación, impidiendo que éste los conduzca con plena autoridad, sumado a la
creación de organismos ad hoc, que sólo contribuyeron a la extrema burocratización del mismo.
Pero tal vez el aporte más nefasto que realizó la ley 16.970 fue la institucionalización de la

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
denominada “doctrina de la Seguridad Nacional”, a través del “sistema nacional de planeamiento
y acción para la seguridad”, sistema concebido y elaborado para apoyar a un régimen autoritario
que definía per se los “intereses vitales” de la Nación, dada la escasa o nula participación de la
sociedad, y que al confundir la seguridad del Estado con la del gobierno terminó consagrando la
Defensa Nacional a la seguridad del régimen político de turno.
Es así que en el proyecto que sometemos a consideración del Honorable Congreso, se distinguen
claramente los objetivos de la Defensa Nacional, con el mismo lenguaje y los mismos
principios enunciados en nuestra Carta Fundamental, desprendiéndose como conditio sine qua
non de la Defensa Nacional, la vigencia del orden constitucional.
I. Órganos y misiones
En el proyecto se respeta en esencia el principio de separación de poderes, dando participación
al Congreso Nacional en el tratamiento de las decisiones que son propias de su naturaleza,
reservando al Poder Ejecutivo Nacional la conducción de las instituciones u órganos que componen
el sistema.
Así se establecen como órganos naturales que contribuirán a la Defensa Nacional, el gabinete
de Defensa Nacional y el Comité Militar.
El gabinete de Defensa Nacional tendrá por misión asistir y asesorar al presidente de la
Nación en la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra, así como
también en la adopción de la estrategia y coordinación de los planes y acciones necesarios para
su superación.
Asistirá en aquellas circunstancias en que sea imprescindible el control y seguimiento de una
crisis y asesorará toda vez que el Poder Ejecutivo así lo requiera.
Dicho gabinete estará integrado por el vicepresidente de la Nación, los ministros de Defensa,
del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía, carteras estas que por su natural
competencia entienden y participan con mayor asiduidad en los conflictos inherentes a la
Defensa Nacional.
Cabe destacar que se ha considerado conveniente tales participaciones, además, por la naturaleza
de la actividad que debe desarrollar el gabinete, donde una mayor cantidad de miembros
restaría eficacia a los organismos especializados. No obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional
queda facultado para determinar la participación de otras autoridades, invitar a miembros de
otros poderes o personalidades relevantes, cuando los considerara de utilidad para los asuntos
específicos que hubieran de tratarse.
El Ministerio de Defensa, a través del funcionario que se designe, ejercerá la secretaría del
gabinete, actuando por su natural competencia, como órgano de trabajo permanente del mismo,
dando así continuidad y coherencia a la misión que se le asigna, ya que será el vínculo indispensable
entre la labor de los distintos participantes y los requerimientos del Poder Ejecutivo Nacional.
En otro orden, se determina la participación que le cabe a la Central Nacional de Inteligencia
en la mecánica de trabajo del gabinete, reconociendo la importancia que la tarea de inteligencia
tiene para la Defensa Nacional.
Por último, cabe acotar que la labor del gabinete de Defensa Nacional se llevará a cabo tanto
en tiempo de paz como de guerra.
En cuanto al Comité Militar sólo le corresponderá asistir y asesorar al presidente de la Nación
en la conducción militar de la guerra. Con ello se advierte claramente el cambio y limitación del
rol que compete a las Fuerzas Armadas dentro del presente proyecto en comparación con los
regímenes anteriores.
El Comité Militar estará integrado, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo
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Nacional de invitar a otros miembros, según lo expresado supra al referirnos al gabinete de
Defensa Nacional, por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
Como eje de la reforma a la estructura de las Fuerzas Armadas se fijan los criterios de coordinación
y eficiencia conjunta, con mandato expreso de unificar las funciones, actividades y servicios
cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.
Asimismo, se privilegia y jerarquiza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, asignándole
la función de órgano de trabajo del Comité Militar y su Secretaría, pero fundamentalmente,
se pone bajo su responsabilidad, la realización del planeamiento estratégico militar.
La experiencia del conflicto armado del Atlántico Sur hace necesario organizar a las Fuerzas
Armadas para que cumplan con el objetivo constitucional de defender a la Nación frente a las
agresiones armadas externas, y para ello se las ubica con una clara subordinación al gobierno
civil y se concede al accionar conjunto una importancia trascendental tanto en las cuestiones de
planeamiento como para la eventual conducción estratégica militar.
420
II. Organización territorial y movilización
Siguiendo el criterio rector de apartar del articulado del presente proyecto todas aquellas
cuestiones que no sean competencia del poder legislador sino materia propia del Poder
Ejecutivo Nacional y su facultad reglamentaria, se ha privilegiado en este título la correlación
con el Congreso Nacional para instrumentar determinadas medidas, necesarias para enfrentar
una situación bélica, que impliquen limitaciones a los derechos consagrados por la Constitución
Nacional, manteniéndose como en el caso del establecimiento de teatros de operaciones militares,
la plena vigencia de las atribuciones de las autoridades constitucionales.
Así, el Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso, podrá declarar zona
militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional, deban ser sometidos
a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o ante su inminencia, dicho control legislativo, se ejercerá a posteriori.
El presente proyecto también establece que en tiempo de guerra y según se derive del planeamiento
estratégico militar, podrán ser asignadas a los comandos estratégicos operacionales
y comandos territoriales tanto la Gendarmería Nacional como la Prefectura Naval Argentina,
determinándose claramente entonces los límites para la afectación de dichas fuerzas de seguridad
en acciones inherentes a la Defensa Nacional.
También se regulan con precisión los alcances de la facultad del Poder Ejecutivo Nacional en
materia de movilización, defensa civil, requisiciones de servicios y de bienes, convocatorias y sus
excepciones, señalando la necesidad de intervención previa o a posteriori del Congreso, según
cada caso.
En lo que hace a la movilización de los recursos de la Nación, como primera medida se deroga
la ley 17.649, estrechamente vinculada a la 16.970, tanto en su organización funcional cuanto a
los principios autoritarios que sustentaban y se legisla únicamente para señalar que el presidente
de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios, en tanto que las acciones que deriven
de la ejecución de dichos planes serán sometidas a la aprobación del Congreso cuando
excedan el marco de la mera administración y afecten derechos amparados por la Constitución
Nacional.
Para el caso de las requisiciones y convocatorias se limitan tales acciones a las situaciones
bélicas o prebélicas y siempre que lo exijan necesidades inherentes a la Defensa Nacional.
Asimismo, se determina que las mismas constituyen carga pública y se prevé el procedimiento
para indemnizar a los afectados.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Por otra parte, y a fin de hacer efectiva la obligación impuesta por el presente proyecto, se
describen los tipos penales para sancionar las conductas reprochables, tanto de los habitantes
como de las personas de existencia ideal con asiento en el país.
III. Disposiciones generales
Como consecuencia de la nueva norma resulta necesario ajustar la legislación vigente en
materia de Defensa Nacional.
Así se derogan la actual ley de defensa 16.970, la de movilización 17.649 y las leyes 19.276 y
20.194 que modificaban parcialmente a la primera de las leyes nombradas.
También resulta necesario adecuar la vigencia de la ley del Servicio Civil de Defensa 20.318,
para hacerla compatible con la normativa que se propone. Para ello se derogan varios de sus artículos,
los que modificaban o estaban estrechamente vinculados con la ley 16.970, y se ajusta el
artículo 16 a la nueva estructura organizativa de las Fuerzas Armadas.
Es imperioso además modificar tres artículos del decreto ley . 15.385/44, que regula la competencia
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, a efectos de no limitar, con los consiguientes
perjuicios, el poder de policía de radicación que en dichas zonas ejerce la citada comisión.
Por las consideraciones que anteceden, y en la convicción de que el presente proyecto constituirá
el instrumento adecuado para satisfacer el mandato constitucional de proveer a la defensa
común, es que damos su aprobación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 686
Raúl R. Alfonsín
Raúl A. Borrás
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Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
422
TÍTULO I
Órganos y misiones
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases orgánicas y funcionales para la preparación,
ejecución y control de la Defensa Nacional. La misma es sancionada en cumplimiento del propósito
de proveer a la defensa común, enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional,
y ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en detrimento de los restantes enunciados,
contenidos en dicho Preámbulo, del texto constitucional o de su espíritu y fines, ni del sistema de
gobierno representativo, republicano y federal adoptado por la Nación Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es el conjunto de planes y acciones necesarios para prevenir o
superar los conflictos de toda índole provocados por las agresiones de origen externo, tanto en
tiempo de paz como de guerra, a fin de garantizar de modo permanente la soberanía e independencia
de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger
la vida y la libertad de su población, los intereses nacionales y la plena vigencia del sistema
democrático y constitucional.
Art. 3º.—Sin perjuicio de las competencias asignadas en la ley de Ministerios, contribuirán a
la Defensa Nacional dependiendo del presidente de la Nación:
a) El gabinete de Defensa Nacional, y
b) El Comité Militar.
Art. 4º.—El gabinete de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación en la
determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra, así como también en la
adopción de la estrategia y coordinación de los planes y acciones necesarios para su superación.
Art. 5º.—El gabinete de Defensa Nacional estará integrado por el vicepresidente de la
Nación, los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía.
El Presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades o invitar a
miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos se consideren de utilidad para los
asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 6º.—EI Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del Gabinete de Defensa
Nacional, ejerciendo la secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.
Art. 7º.—La información e inteligencia necesarias para la Defensa Nacional, serán proporcionadas
por la Central Nacional de Inteligencia, que dependerá del Presidente de la Nación y
operará según la misión, funciones y estructuras que éste le establezca.
Art. 8º.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Armadas, en la conducción militar de la guerra.
Art. 9º.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación, según sea necesaria, de otras
autoridades, e invitar a miembros de otros poderes cuyo conocimiento se considere de utilidad
para los asuntos específicos que hubieren de tratarse.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Art. 10º.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar, cuya secretaría ejercerá el jefe de dicho estado mayor.
Art. 11.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá del ministro de
Defensa, estará integrado por personal de las tres Fuerzas Armadas y su jefe será designado por
el Poder Ejecutivo Nacional, quien, además, determinará la misión, funciones y estructura de
dicho estado mayor.
Art. 12.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas realizará el planeamiento estratégico
militar, en el que se podrá prever la creación de comandos estratégicos operacionales
conjuntos, específicos o combinados y comandos territoriales.
Sus comandantes serán designadas por el presidente de la Nación y dependerán, a efectos
del planeamiento y adiestramiento, del ministro de Defensa, a través del jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas y del presidente de la Nación en caso de conflicto armado.
TÍTULO II
Organización de las Fuerzas Armadas
Art. 13.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados, para posibilitar su empleo
en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán bajo un mando responsable de la
conducta de sus subordinados.
Estarán sometidos a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.
Art. 14.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición y dimensión derivarán básicamente del
planeamiento militar conjunto. Su organización y funcionamiento se inspirarán en criterios de
coordinación y eficiencia conjunta, unificando las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza
no sea específica de una sola fuerza.
Art. 15.—Los componentes terrestres, navales y aéreos, se mantendrán integrando los respectivos
agrupamientos administrativos, dependiendo de los jefes de los Estados Mayores Generales
de cada fuerza. Conforme resulte del planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de
estos componentes o parte de ellos, bajo la dependencia de comandos estratégicos operacionales
conjuntos, específicos o combinados y de comandos territoriales.
Art. 16.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas dependerán del ministro
de Defensa por delegación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Armadas, y mantendrán
relación funcional con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a los fines de la
acción militar conjunta.
Art. 17.—Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas serán designados
por el presidente de la Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo de comando
en actividad. El Poder Ejecutivo Nacional determinará la misión, funciones y estructuras
de dichos estados mayores generales.
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TÍTULO III
Organización territorial y movilización
Art. 18.—Para el caso de guerra o conflicto armado internacional el presidente de la Nación
podrá establecer teatros de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.
Se entenderán por tales los territorios necesarios para el desarrollo de operaciones militares
nivel estratégico militar.
El comando militar de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de la
Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación.
Art. 19.—En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán
la plena vigencia de sus atribuciones.
Art. 20.—El Poder Ejecutivo Nacional con aprobación previa del Congreso podrá declarar
zona militar a los ámbitos que por resultar de interés para la Defensa Nacional deban ser sometidos
a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o ante su inminencia, tal declaración estará sujeta a la posterior ratificación
del Congreso.
Art. 21.—La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánicamente
del Ministerio de Defensa.
En tiempo de guerra y según se derive del planeamiento estratégico militar, podrán ser asignadas
a los comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales.
Art. 22.—El presidente de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios para
adecuar los recursos de la Defensa Nacional. Las acciones que deriven de la ejecución de dichos
planes, requerirán la aprobación del Congreso cuando impliquen la afectación de derechos amparados
por la Constitución Nacional.
Art. 23.—El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la defensa
civil, entendiéndose por tales las medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular
o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro
origen, puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo
normal de vida en las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 24.—En caso de guerra o ante su inminencia el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer
requisiciones de servicios y de bienes, convocatorias y sus excepciones, para satisfacer necesidades
de la Defensa Nacional. En la reglamentación de la presente ley, se determinará el procedimiento
y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.
Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la
obligación, limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que le sean requeridos por autoridad competente. La
información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que
el de satisfacer esas necesidades.
Art. 25.—La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable. Si
ese aporte implicara gastos o prestación de servicios, se determinará administrativamente la
indemnización o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el
lucro cesante. En caso de desacuerdo, el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte
interesada.
Art. 26.—El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora los informes requeridos
por la autoridad competente o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición
será reprimido con prisión de dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de
un delito más grave.
Las entidades o asociaciones que incurrieren en los mismos hechos o impidieren o dificultaren

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
las funciones de las autoridades competentes, podrán ser intervenidas por Poder Ejecutivo
Nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.
Art. 27.—Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que
entorpecieran el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades
encargadas de ejecutarla, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que el hecho importare
la comisión de un delito más grave.
TÍTULO IV
Disposiciones generales
Art. 28.—Deróganse las leyes 16.970; 17.649; 19.276; 20.194 y toda otra disposición, que se
oponga a la presente ley.
Art. 29.—Deróganse los artículos 2º, 3º, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.
Art. 30.—Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318, por el siguiente:
Artículo 16.—El presidente la Nación designará como autoridad de convocatoria a un
oficial superior de las Fuerzas Armadas, quien dependerá del ministro de Defensa.
Art. 31.—Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
Artículo 4º.—Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las
zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en dichas zonas la policía de radicación,
con relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier
forma de derechos, reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión
o tenencia de inmuebles, a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones
correspondientes.
Art. 32.—Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º, del decreto ley 15.385/44, por el
siguiente:
Artículo 7º inciso d).—Actuar a título de organismo coordinador, asesorando y orientando
la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que
por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad para
lograr la necesaria armonía y eficiencia de la estructuración y aplicación de las disposiciones
que, directa o indirectamente, se refieran a la Defensa Nacional.
Art. 33.—Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
Artículo 9º.—La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, considerará y resolverá
dentro de su jurisdicción, los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos
que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar
la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y de orientación
de la opinión pública, transportes, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de
energía e industrias de cualquier índole que interesen a los fines de la Defensa Nacional,
e intervenir, asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen
como personas de derecho privado.
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Art. 34.—La presente ley se reglamentará dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
—A las Comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos
Constitucionales.
Raul R. Alfonsín
Raúl A. Borrás
426
Buenos Aires, 2 de agosto de 1985.
Observaciones
1
Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de formular observaciones al dictamen
producido por las Comisiones de Defensa Nacional y Asuntos Constitucionales de la Honorable
Cámara con respecto al proyecto de ley de Defensa Nacional enviado por el Poder Ejecutivo de la
Nación y que entrara por expediente 103-P.E.-84 (mensaje 686), recepcionado por la Comisión
de Defensa Nacional en fecha 19 de abril de 1985, contenido en el Orden del Día Nº 1064.
Dichas observaciones son las que seguidamente paso a enumerar:
a) Profunda diferenciación en la definición de lo que el bloque justicialista sostiene como
Defensa Nacional, en un sentido global como político;
b) Falta una definición de lo que es la Seguridad Nacional, como continente del concepto de
Defensa Nacional, separándola perfectamente de la “doctrina” de la Seguridad Nacional;
c) No existe un concepto totalizador de lo que en realidad es y consiste la Defensa Nacional,
en donde todo el país debe estar preparado tanto en la paz como en la guerra, por ser el tema
eminentemente político y secundariamente militar;
d) Se considera a las Fuerzas Armadas como el todo de la Defensa Nacional, dejando de lado
el concepto universalmente aceptado y sostenido terminantemente por el justicialismo, de que
sólo son el instrumento de la misma;
e) Se integra el Gabinete de Defensa Nacional solamente con los Ministerios de Interior,
Defensa Nacional, Economía y Relaciones Exteriores, dejando librado a la voluntad del señor
Presidente de la Nación la incorporación de otros organismos y/o personas. El justicialismo,
por el contrario, sostiene que todos los integrantes del gabinete nacional deben formar parte del
Gabinete de Defensa Nacional, actuando el Ministerio de Defensa Nacional como secretario del
mismo, y el Estado Mayor Conjunto como órgano de asesoramiento, trabajo y asistencia;
f) El proyecto, cuyo dictamen observo, no contiene ninguna disposición sobre defensa civil,
movilización nacional, servicio militar, servicio civil de defensa, inteligencia del Estado, personal

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
militar, sistema de organización de la producción para la defensa, participación del potencial
nacional a través de la movilización industrial;
g) En reemplazo de GADENA, y tomando en consideración el concepto amplio vertido en el
punto e) de la presente, propongo la denominación de Consejo de Defensa Nacional (CODENA),
integrado como se dijera en dicho apartado;
h) Como consecuencia de lo expresado, faltaría puntualizar la finalidad del sistema de
Defensa Nacional, su estructura y el régimen funcional del CODENA, tanto en su aspecto general
como en particular, y asimismo determinar, aparte de las funciones que le corresponde en la
ley de Ministerios, las funciones específicas del Ministerio de Defensa en el sistema referenciado;
i) No concuerdo con la denominación que se les otorga a las máximas autoridades de cada
una de las Fuerzas Armadas, proponiendo en reemplazo de la denominación “Jefe del Estado
Mayor General”, el de “Comandante” a secas, y reservando por cierto la denominación constitucional
de “comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación”, al señor presidente
de la República;
j) El proyecto en cuestión no instituye un sistema de planeamiento para la defensa;
k) Deja también sin sustento jurídico al servicio militar obligatorio;
l) Constituye una involución institucional en la Defensa Nacional, por cuanto elimina todas
las figuras del servicio de defensa;
ll) Margina al Congreso de la Nación, imposibilitando que el mismo ejercite las facultades
constitucionales en el ámbito de la Defensa Nacional.
Amparado en el artículo 95 del reglamento de esta Honorable Cámara, fundamentaré, y en
caso de ser necesaria ampliaré, las observaciones premencionadas en la oportunidad de su tratamiento
del citado proyecto por la Honorable Cámara, reservándome el derecho en última instancia
de presentar un proyecto de alternativa.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar al señor presidente con mi más
alta estima.
Antonio G. Cavallaro.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1985.
2
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan C. Pugliese.
S/D
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de formular observación en general y en
particular al despacho de las Comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales
producido en consideración del proyecto de Defensa Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo
(expediente 103-P.E.-1984) y obrante en el Orden del Día Nº 1064.
Sus fundamentos los daré en la oportunidad de su tratamiento por la Honorable Cámara.
Saludo al señor presidente muy atentamente.
José O. Bordón González.
1985
427

15 de agosto de 1985
3
428
Buenos Aires, 7 de agosto de 1985.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación doctor don Juan Carlos
Pugliese.
S/D
De mi estima:
Me dirijo a usted con el objeto de acompañarle mi dictamen en disidencia sobre la ley de
Defensa, que, como consta en el mismo, fue presentado el 19-6-85 a las 11:35, no obstante lo cual
por error, según se me dijo, no se agregó como tal al dictamen de la mayoría, es por ello que en
tiempo y forma dentro de los días hábiles entrego la presente para su insertación y publicación
respectiva de acuerdo al reglamento (Orden del Día Nº 1064).
Salúdole atentamente.
Luis A. Sobrino Aranda.
Sin que la presente disidencia total a la aprobación del proyecto de ley de Defensa Nacional
efectuada por la respectiva comisión de la cual soy vicepresidente impida mi ampliación en el
recinto, en tiempo y forma produzco el rechazo liso y llano, a sana conciencia de que la misma
adolece de graves lagunas normativas y su filosofía contraría el concepto de lo que es para nosotros
la verdadera Defensa Nacional.
Desde este punto de vista, debemos expresar:
1. Se trata de un proyecto de ley autoritario y discrecional que no contempla la realidad ni
las condiciones que exige la misma para aplicarse una norma que garantice el ejercicio pleno de
la Defensa Nacional.
2. Existe un evidente partidismo civilista en este proyecto de ley que resulta sumamente perjudicial
cuando se trata de dictar una ley que debe servir al país en la eventualidad que más le
puede afectar: la guerra, sea ésta generada por una causa externa o interna.
Desde el ángulo jurídico formal el proyecto en sí no es innovador ni creativo como pretende
serlo, sino que aparece como un sustratum de una fuente metodológica extranjera.
3. Está impregnado de una indisimulada desconfianza hacia las instituciones armadas; en esta
materia no caben actitudes eclécticas, existen Fuerzas Armadas como brazo armado de la Nación
o no existen.
4. Es un proyecto de ley producto del temor o de la revancha y ninguna de estas dos puede
aconsejar la redacción de una norma de tanta importancia.
En síntesis: una ley de Defensa Nacional por las características conceptuales de su denominación
comprende un elevado número de acciones de orden civil y de orden militar, que requieren —a su
vez— leyes y/o decretos especiales para poder cumplimentarla dada su importancia y complejidad.
En consecuencia, una ley de Defensa Nacional resulta ser una “ley madre”, cuyas previsiones
resultan ser las bases para las leyes o decretos derivados a fin de su adecuada interrelación y
coordinación.
Los artículos 1º y 2º del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo son poco precisos en tal
sentido, cirunstancia que afecta esencial y sustancialmente las previsiones de su texto, privándolo
de la integralidad que tiene el importantísimo problema de la Defensa Nacional, que hace nada
más y nada menos que a la supervivencia nacional.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Lo expresado se fundamenta en que, si bien se establecen bases orgánicas, no se dan sólidas
bases jurídicas y funcionales para constituir un verdadero sistema jurídico para la preparación y
ejecución en la Defensa Nacional.
Asimismo debe señalarse que el proyecto de ley del Ejecutivo parcializa el concepto de Defensa
Nacional y cae en una grave equivocación al referirse a “prevenir o superar los conflictos de toda
índole, provocados por una amenaza o agresión externa…” cuando la realidad mundial muestra
en numerosos países democráticos (Perú, Colombia, El Salvador, etcétera) la acción interna de
fuerzas que quieren cambiar los regímenes constitucionales por medio de la violencia y para lo
cual debe organizarse la Defensa Nacional también.
Como consecuencia de ella el proyecto está afectado prioritariamente de previsiones militares
que vienen a construir sólo la “última ratio” de la Defensa Nacional.
La actuación en nuestro país de organizaciones subversivas armadas obligó a nuestro gobierno
constitucional a declarar el estado de sitio el 6 de noviembre de 1974; nacía, pues, una agresión
interna lo suficientemente grave como para tener que ser enfrentada a las Fuerzas Armadas toda
vez que las policiales habían sido totalmente sobrepasadas.
Por ello es peligroso, contradictorio, el reducir la Defensa Nacional a las amenazas o agresiones
externas y crea una injustificada limitación que puede constituirse en una suerte de “invitación
a la guerrilla terrorista para retomar las armas en el momento que estime estratégicamente
más oportuno”.
Es por ello que esta exclusión le da a la filosofía general del proyecto de ley un esquema que
debe rechazarse de plano; prever únicamente los conflictos provocados por agresión externa es
llevar a establecer que las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas para combatir las agresiones
internas del tipo de las que provocaron en su momento las organizaciones terroristas que actuaron
en la Argentina y es negar la cruda realidad planteada en estos días en la República del Perú
en la cual la subversión sobrepasó las fuerzas de seguridad policiales e hizo necesaria la intervención
de las Fuerzas Armadas.
No puede, en consecuencia, admitirse la exclusión de las Fuerzas Armadas en los conflictos
provocados por una amenaza o agresión interna.
En síntesis, debemos decir que el presente proyecto de ley no sólo resulta incompleto por las
razones expuestas anteriormente y que las omisiones que el mismo tiene afectan directamente
a la Defensa Nacional, sino que su filosofía o idea primaria sobre la cual se basa es deficiente y,
como se ha dicho, está cimentada, o bien, en la desconfianza hacia las instituciones armadas o
bien, en el temor, o bien, en la revancha.
Lo dicho da sobrados motivos para rechazar de plano y sentar esta disidencia total.
Luis A. Sobrino Aranda.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1985.
4
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D
De mi mayor consideración:
1985
Me dirijo a usted con el objeto de hacerle conocer mi disidencia con el dictamen de la mayoría,
429

15 de agosto de 1985
que aparece publicado en el Orden del Día Nº 1064, por razones que expondré en su oportunidad.
A los efectos que correspondan, según el reglamento de este honorable cuerpo, sirva la
presente de debida notificación.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Carlos E. Ferré.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1985.
5
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de hacerle conocer mi disidencia con el dictamen de la mayoría,
que aparece publicado en el Orden del Día Nº 1064, por razones que expondré en su oportunidad.
A los efectos que correspondan, según el reglamento de este honorable cuerpo, sirva la
presente de debida notificación.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Raúl A. Druetta.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1985.
6
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de hacerle conocer mi disidencia con el dictamen de la mayoría,
que aparece publicado en el Orden del Día Nº 1064, por razones que expondré en su oportunidad.
A los efectos que correspondan, según el reglamento de este honorable cuerpo, sirva la
presente de debida notificación.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Mario A. Gurioli.
430

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Buenos Aires, 6 de agosto de 1985.
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de hacerle conocer mi disidencia con el dictamen de la mayoría
que aparece publicado en el Orden del Día Nº 1064, por razones que expondré en su oportunidad.
A los efectos que correspondan, según el reglamento de este honorable cuerpo, sirva la
presente de debida notificación.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
7
Héctor A. Basualdo.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1985.
8
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de hacerle conocer mi disidencia con el dictamen de la mayoría
que aparece publicado en el Orden del Día Nº 1064, por razones que expondré en su oportunidad.
A los efectos que correspondan, según el reglamento de este honorable cuerpo, sirva la
presente de debida notificación.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Osvaldo C. Ruiz.
Buenos Aires, 8 de agosto de 1985.
9
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
1985
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de hacerle saber que formulo observación, en
431

15 de agosto de 1985
los términos del artículo 95 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, al dictamen
de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo sobre Defensa Nacional. Establecimiento de las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales para la preparación, ejecución y control, publicado en el Orden del Día Nº 1064, en
base a los fundamentos que expondré en el momento de su tratamiento.
Saludo al señor presidente muy atentamente.
Tomás V. González Cabañas.
432
10
Buenos Aires, 8 de agosto de 1985.
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento que vengo a
formular observaciones al despacho de la comisión de Defensa (expediente 103-P.E.-84) y de la
de Asuntos Constitucionales (Defensa Nacional. Establecimiento de las bases jurídicas, orgánicas
y funcionales para la preparación, ejecución y control), publicado en el Orden del Día Nº 1064 de
fecha 31 de julio de 1985.
Las observaciones que formulo al respecto son las siguientes:
1. Al artículo 2º, propongo la redacción en la siguiente forma: “La Defensa Nacional es la
integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, bajo la
dirección de sus autoridades constitucionales, para enfrentar las agresiones de origen externo.
“Requiere toda la energía y desarrollo del potencial material y cultural; el trazado de políticas
de integración interna y continental; la movilización de los recursos económicos y humanos; el
establecimiento de políticas financieras compatibles con la hipótesis bélica y la orientación profesional
de la juventud argentina.
“Se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos
generados por éstas, tanto en tiempo de paz como de guerra. Tiene por finalidad garantizar de
modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial
y capacidad de autodeterminación; proteger la vida, la libertad y demás derechos humanos de sus
habitantes, los intereses nacionales y la plena vigencia del sistema democrático y constitucional”.
(Lo subrayado es el agregado propuesto al texto original del despacho).
2. Al artículo 7º, propongo su redacción en la forma siguiente: “El gabinete de Defensa
Nacional será presidido por el presidente de la Nación, quien adoptará las decisiones en todos
los casos, en los asuntos que originen su funcionamiento. Estará integrado por el vicepresidente
de la Nación y todos los ministros del Poder Ejecutivo”.
(Lo subrayado es el agregado propuesto al texto original del despacho).
3. Al artículo 9º, propongo su redacción en la forma siguiente: “El Comité Militar asistirá y
asesorará al Presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
Armadas, en la conducción táctica de la guerra”.
(Lo subrayado es la modificación propuesta al texto original del despacho).
4. Al artículo 21, propongo su redacción en la forma siguiente: “En los casos previstos en
el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán la plena vigencia de sus

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
atribuciones; y en tanto se dieron los supuestos previstos por el artículo 6º de la Constitución
Nacional, la solución a aplicarse excluirá en forma expresa al Poder Judicial de la provincia de
que se trate”.
(Lo subrayado es la modificación propuesta al texto original del despacho).
Con tal motivo, saludo al señor presidente muy atentamente.
Miguel Unamuno.
11
Buenos Aires, 9 de agosto de 1985.
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
Con relación al despacho de mayoría sobre el proyecto de ley de defensa, que consta en el
Orden del Día Nº 1064, expediente 103-P.E.-84, a continuación formulo algunas observaciones
y propuestas que se fundamentan en las consideraciones y principios que siguen:
1. En la sociedad democrática, estructurada institucionalmente por las disposiciones de nuestra
Constitución Nacional, debe quedar absolutamente en claro que las Fuerzas Armadas no
deben intervenir en las cuestiones internas. Venimos de una dramática experiencia durante la
cual —avanzando aún más sobre negativas experiencias anteriores— el país fue gobernado y
sometido por el gobierno de las Fuerzas Armadas, las cuales implantaron la más cruel dictadura
militar que hayamos conocido, y cuyas responsabilidades criminales se están aún ventilando ante
el Poder Judicial, y cuya incapacidad de gobierno pesa duramente sobre el presente y el futuro
de la vida nacional.
Estos antecedentes lamentables nos obligan a ser absolutamente claros en las disposiciones
legales que definan la función de la institución armada; ella jamás debe volver a espiar, fichar,
perseguir o reprimir a la sociedad argentina como lo hizo, impulsada por la malhadada doctrina
de la Seguridad Nacional.
Su función es siempre y exclusivamente frente al “conflicto bélico externo”. La ley debe, pues,
excluir en forma terminante toda ambigüedad que pueda sugerir a alguna mente desorientada o
nostálgica de la dictadura la mera posibilidad de que ellas intervengan en la vigilancia o persecución
de los ciudadanos.
2. Las Fuerzas Armadas deben estar siempre absolutamente sometidas a la autoridad civil,
tanto sea en sus funciones normales como en las acciones que deba desarrollar en la hipótesis de
un conflicto. Su conducción debe ser siempre civil.
3. La formación de los hombres de armas no debe ser solamente “técnica” o “profesional”;
es preciso que adquieran también una formación social que los sensibilice frente a los grandes
problemas sociales y nacionales.
Para ello es imprescindible que se los saque del gueto que los aísla del pueblo. La vida militar
transcurre ahora en los colegios militares, en el cuartel, en los barrios de militares, con las
escuelas de jefes militares superiores y, en virtud de la creación del Vicariato Castrense, ellos son
asistidos por curas de los militares.
4. La vida interna de la institución armada debe ser democratizada. No hay general que no
433
1985

15 de agosto de 1985
se llene la boca hablando del ejemplo sanmartiniano y recordando su ejército. Pero no quieren
recordar que en nuestro ejército más glorioso —el ejército de San Martín— eran los soldados
quienes, después de la batalla, elegían a los que debían ser condecorados o ascendidos. Y que el
propio San Martín puso a consideración de sus oficiales —para que se manifestasen en elección
secreta— quién debería ser el general que los condujese en la campaña del Perú. Si realmente
queremos Fuerzas Armadas sanmartinianas debemos establecer mecanismos que hagan que sus
hombres no sean ciegos ejecutores de órdenes que —como nuestra experiencia lo ha demostrado—
pueden llegar a ser aberrantes y criminales.
5. Las Fuerzas Armadas no deben estar organizadas bajo principios o prácticas de elite que
separen a sus hombres en compartimientos estancos insalvables. Los ejércitos modernos de los
países democráticos prevén un paso flexible de la condición de suboficial a la de oficial mediante
cursos y entrenamientos que igualen los conocimientos de ambos. En nuestras Fuerzas Armadas
de hoy, los suboficiales parecen ser hombres de segunda clase que nunca pueden aspirar ni soñar
con alcanzar la categoría de oficial. Los ascensos de la carrera militar, como lo han demostrado
todos los ejércitos eficaces de la historia, debe asentarse en las cualidades personales de sus miembros
y no en el privilegio del grupo, clase u origen.
En razón de estas consideraciones, proponemos las siguientes modificaciones y agregados al
dictamen de mayoría:
Artículo 2º.—La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas
morales y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones bélicas de origen externo. Todo
lo demás igual.
Artículo 6º.—El gabinete de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación
en la determinación de los conflictos externos de las hipótesis de conflicto externo y de guerra,
así como también en la adopción de la estrategia y en la coordinación de los planes y acciones
necesarios para su superación.
Artículo 7º.—El gabinete de Defensa Nacional será presidido por el presidente de la Nación,
quien adoptará las decisiones en todos los casos, en los asuntos que originen su funcionamiento.
Estará integrado por el vicepresidente de la Nación y los ministros de Defensa, del Interior, de
Relaciones Exteriores y Culto, de Economía y de Trabajo. Lo demás igual.
Artículo 8º.—Al final del artículo, agregar: “Estas no podrán, en ningún caso, desarrollar actividades
de vigilancia, fichaje o reunión de antecedentes de habitantes por sus actividades políticas o sociales”.
Artículo 9º.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Armadas, en la conducción táctica militar de la guerra.
Artículo 15.—Al final del artículo, agregar: “Estarán sometidos a un régimen de disciplina
interna establecido por los reglamentos que dicte el Congreso de la Nación y se ajustarán en sus procederes
al derecho nacional e internacional aplicable a los conflictos armados”.
Artículo 16.—Agregar a lo último: “En la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas se
contemplará la afirmación de los principios democráticos y el régimen constitucional, el análisis de los
problemas nacionales atendiendo a las concepciones vigentes en la sociedad, se hará propendiéndose a
su integración social con la comunidad en la cual presten servicios, evitándose en todo lo posible que
su residencia de destino sea en lugares aislados del resto de la población o dedicados exclusivamente
a ellos.
“Los reglamentos militares establecerán los medios para el paso flexible de la categoría de suboficial
a la de oficial, con todas las facultades y prerrogativas que a éstos les corresponden. En las cuestiones
internas se propiciará el diálogo y la reflexión crítica de todos sus componentes.
“En oportunidad del juramento a la Bandera, todos los integrantes de las Fuerzas Armadas jurarán
defender la vigencia de la Constitución Nacional y sostener las autoridades electas por el pueblo.”
434
Augusto Conte.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Buenos Aires, 8 de agosto de 1985.
12
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de formular observación, en general y
en particular, al despacho de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales
producido en consideración del proyecto de Defensa Nacional (expediente 103-P.E.-1984), remitido
por el Poder Ejecutivo Nacional, contenido en el Orden del Día Nº1064.
Sus fundamentos los daremos en la oportunidad de su tratamiento por la Honorable Cámara.
Sin otro particular saludamos al señor presidente muy atentamente.
Ivelise I. Falcioni de Bravo.—Ricardo R. Balestra.—María C. Guzmán.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1985.
13
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de formular observación al dictamen de las
Comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales, contenido en el Orden del Día
Nº 1064.
En tal sentido, efectúo la correspondiente observación reglamentaria, la que fundaré en su
oportunidad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Álvaro C. Alsogaray.
1985
435

15 de agosto de 1985
14
Buenos Aires, 9 de agosto de 1985.
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de formular observación en general y en
particular al despacho de las Comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales producido
en consideración del proyecto de ley de Defensa Nacional enviado por el Poder Ejecutivo
y que entrara por expediente 103-P.E.-84 (mensaje 686), recepcionado por la Comisión de
Defensa Nacional en fecha 19 de abril de 1985, contenido en el Orden del Día Nº 1064.
La presente observación se formula en nombre del bloque de diputados nacionales electos
por el Partido Intransigente, y en orden al cumplimiento de la plataforma electoral 1983 y su
propuesta político-institucional sostenida por esa agrupación política.
Del proyecto de ley en cuestión, si bien se rescata —respecto de la ley vigente 16.970— la exclusión
del accionar de las Fuerzas Armadas de los aspectos referidos a la “seguridad interior” que
lo que descarta definitivamente la aplicación de la nefasta “doctrina de la Seguridad Nacional”,
merece se le formulen las siguientes observaciones, que serán ampliadas en oportunidad de su
tratamiento por la Honorable Cámara.
En primer lugar se advierte inequívocamente que el proyecto no ha podido sustraerse a la
hipertrofia del accionar militar desplegado sobre la vida institucional del país. De allí resulta
que toma a la Defensa Nacional fundamentalmente como si se tratara de un problema militar,
cuando es sabido que, sobre todo, a partir de la explosión atómica de Hiroshima, la estrategia ha
dejado de ser el arte del general para convertirse en el arte y el quehacer político in totum. No otra
reflexión merece la forma como por el artículo 7º se integra el gabinete de Defensa Nacional que
debería incluir a todas las áreas del quehacer nacional.
En igual sentido el contenido de los artículos 16 a 19 inclusive deberían ser materia de una ley
de organización para tiempo de guerra.
Sin perjuicio de la observación general antes formulada del articulado en particular se deben
expresar las siguientes:
En el artículo 1º del proyecto es inadmisible desde el punto de vista jurídico la expresión:
“ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en detrimento del texto constitucional, de su
espíritu y fines…”.
De mantenerse esta cláusula se estaría admitiendo que esta ley podría tener contenidos opuestos
al texto constitucional o, en el mejor de los casos, advertir al Poder Judicial a través de esta
ley, que al interpretarla se abstenga de interpretarla en detrimento de la Constitución Nacional.
Ambos propósitos son absolutamente improcedentes como contenidos de una ley de la Nación.
De igual forma es ajeno al contenido de una ley de Defensa Nacional la protección del “sistema
democrático y constitucional”, que se incluye en el artículo 2º in fine del proyecto.
También lo es el articulado que va desde el artículo 8º al 14 que correspondería asimismo a
la organización para tiempo de guerra.
El artículo 18 limita inexplicablemente la facultad constitucional del presidente de la Nación
en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Armadas, al fijar entre quienes debe
designar a los jefes de Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
Saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.
436
Marcelo M. Arabolaza.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración en general.
Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión de Defensa Nacional.
Sr. Zubiri.—Señor presidente: como argentino, diputado de la Nación y hombre de derecho,
tengo el privilegio y honor de informar ante este cuerpo el dictamen de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Defensa Nacional en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
régimen legal para la Defensa Nacional.
Dije que esto implica un privilegio y honor, pero también una responsabilidad, pues todos
sabemos cuán difícil ha sido el tratamiento de estos temas en los duros tiempos que en el pasado
reciente nos ha tocado vivir a los argentinos. A la vez estoy seguro de que todos mis colegas en
esta Cámara, por encima de cualquier diferencia o discrepancia, están contentos en cuanto a que
así estamos cumpliendo con el precepto del Preámbulo de la Constitución Argentina de proveer
a la defensa común.
Si coincidimos en este objetivo mayor y en ciertos principios básicos y fundamentales que
integran este proyecto de ley de Defensa Nacional como, por ejemplo, establecer el correcto accionar
conjunto de las Fuerzas Armadas y resguardar el rol institucional de ellas insertándolas en
el esquema jurídico de la República, afirmando el principio de subordinación del poder militar
al poder político; si coincidimos, en fin, en la necesidad de derogar la doctrina de la Seguridad
Nacional, creo que con esta ley o la que surja del debate como fruto de las observaciones de los
señores diputados, el final de la jornada nos permitirá reconocernos compatriotas sin necesidad
de que estemos de acuerdo en el mismo credo político y ni siquiera en el articulado del proyecto.
He dicho, señor presidente, que uno de los principios fundamentales que informan el proyecto
es establecer las bases legales que sustentan la subordinación del poder militar al poder
político. Y quiero en este punto, al iniciar esta exposición, traer al recinto el recuerdo de uno
de los firmantes de este mensaje, que fue mi amigo Raúl Borrás. (Aplausos). Cuando me tocó
rendirle homenaje en este recinto dije que ésta era la última obra de su talento; la última obra de
un político fino, de un político de raza, de un estratega de la política argentina. Pero como llevo
su recuerdo, llevo también su enseñanza y por eso no voy a caer en la tentación de entrar en la
división maniquea de la sociedad argentina entre buenos y malos, entre réprobos y elegidos, entre
civiles y militares. Como lo enseñaba Borrás hace muy poco tiempo en el Colegio Militar de
la Nación todos, con uniforme o sin él, tenemos una cuota de responsabilidad en estos años de
duros desencuentros argentinos que nos ha tocado transitar. Los males argentinos no son obra
exclusiva de los militares, como tampoco lo son de los civiles.
Decía que uno de los principios fundamentales del proyecto es establecer la subordinación
del poder militar al poder político, y si bien es cierto que esto está contemplado expresamente
en la Constitución Nacional, en el artículo 86 inciso 15, que dice que el presidente es el jefe de
las fuerzas de mar y de tierra, no lo es menos que también necesitaba plasmarse en esta ley de
Defensa Nacional. Por ese motivo, la Comisión de Defensa produjo en su artículo 3º nuevo, que
no estaba contemplado en el proyecto que enviara el Poder Ejecutivo, y que textualmente dice:
“Competen al presidente de la Nación la dirección de la Defensa Nacional y la conducción de las
Fuerzas Armadas”.
Uno de los tratadistas clásicos del tema —me refiero a Louis Smith—, en su obra La democracia
y el poder militar, dice que esta relación entre el poder militar y el poder civil es un problema
fundamental en el arte de gobernar y que de su solución afortunada dependerá el bienestar del
pueblo y la supervivencia del Estado.
Habría que agregar también que este artículo 3º no sirve sólo como reafirmación del precepto
constitucional sino además para establecer la indispensable unidad de mando de la que se carecía
en las leyes anteriores.
Por ello el citado autor Louis Smith dice al respecto, refiriéndose a las funciones del presidente
de la República, que al convertírselo en comandante en jefe no fue idea colocarlo sobre el
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lomo de un caballo, con una espada en la mano y galopando hacia la guerra mientras descuida
sus otros deberes. Más bien fue para lograr una unidad ejecutiva en la guerra y en la paz, desde
que nuestros antecesores tenían perfecto conocimiento de que otorgar la suprema magistratura
ejecutiva a una pluralidad de personas podría conducir a disensiones que impedirían o frustrarían
las más importantes medidas de gobierno en las más críticas emergencias del Estado.
Por su parte, quien fuera mi maestro en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, el profesor
César Enrique Romero, en su obra Poderes militares y la Constitución, considera que la misión de
las Fuerzas Armadas tiene objetivos dirigidos a la defensa de la soberanía del grupo ante la agresión
foránea y con ello el mantenimiento incólume de la personalidad del pueblo o de la Nación
cuya continuidad en la historia tienen el deber de resguardar. Afirmo también que la ajuricidad
elimina esta misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Nada mejor para fundar esto que las
palabras del propio presidente de los argentinos, del propio comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas Armadas, quien al hablar en la cena de camaradería de estas fuerzas decía: “Cuando no rige
la Constitución y se relativizan las leyes, cuando se quiebra el sistema de la división de poderes y de la
elección popular de los mandatarios las Fuerzas Armadas de la Nación dejan de ser el brazo armado de
la patria. Podrán obrar mejor o peor, podrán contribuir al desquiciamiento imperante o agravarlo, pero
en definitiva no serán el brazo armado de la Nación sino un grupo autónomo de ciudadanos armados”.
Y seguramente frente a este grupo autónomo de ciudadanos armados surgirá otro de ciudadanos
también armados, produciéndose así las grandes divisiones y las grandes tragedias en el seno de la
sociedad argentina, porque, como el propio presidente lo decía, cada uno se cree dueño de la moral
y del bienestar, cada uno se cree en definitiva dueño de la verdad. Y es sabia la Constitución, afirmaba
el doctor Alfonsín, cuando establece que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas Armadas, porque de esta forma se las inserta dentro del esquema del Estado.
Pero cuando el presidente no es elegido por el pueblo entonces estas Fuerzas Armadas quedan
acéfalas y pierden su carácter de institución del Estado. Es decir, vuelven a la ajuridicidad, y
esto torna pérfido todo el sistema.
De ahí la necesidad de incluir este artículo 3º, aunque parezca redundante, porque seguro estoy
de que con esta inclusión estamos dando un paso más para cerrar la bisagra de muchos años
de decadencia argentina y para terminar con esa Argentina que muere, que es la Angentina de la
antijuridicidad, y entrar en la Argentina que nace, que es la Argentina de la legalidad compartida.
Esto, en cuanto al primero de los objetivos básicos o principios fundamentales de este régimen
legal, que es la subordinación del poder militar al poder político y, en definitiva, a las normas de
la Constitución Nacional y a las leyes dictadas en su consecuencia. Se trata, entonces, de reinsertar
a las Fuerzas Armadas en el esquema jurídico institucional de la República.
Decía que el segundo principio fundamental es la derogación de la doctrina de la Seguridad
Nacional y, por ende, de su instrumento legal, que es la ley 16.970, derogación que hoy vamos a
disponer cumpliendo con un deber moral ineludible de un gobierno de la democracia, sea éste
o cualquier otro.
No voy a relatar las tragedias que trajo la doctrina de la Seguridad Nacional al seno de la sociedad
argentina. Ahí está el juicio del que dan cuenta las crónicas periodísticas de todos los días,
como una muestra real y palpable de hasta qué extremo pudo llevar esa doctrina. Pero sí cabe
preguntarse cuál es la naturaleza de la doctrina de la Seguridad Nacional, qué origen tuvo, cuál es
su contenido concreto y, por sobre todo, cuáles fueron sus efectos sobre la libertad, el estado de
derecho y el destino de la democracia de nuestro pueblo.
Con respecto al origen de esta doctrina de la seguridad nacional, podría decirse que nace con
las teorías de la geopolítica. En realidad, la geopolítica no es más que la relación entre los factores
geográficos y el poder militar o civil. Pero ocurrió que la teoría de la geopolítica se fue deformando
mediante su integración con el pensamiento de diversos autores. Los primeros de ellos
fueron Rudolf Kjellén y Friedrich Ratzel, que instrumentaron la teoría organicista del Estado.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Ellos creían que al igual que los seres vivos el Estado crece y se desarrolla, pero también se debilita
y muere; por eso se sostenía que los territorios nacionales deben tender a crecer y a desarrollarse
para evitar el debilitamiento y la muerte del Estado. Así surge la teoría de la lucha permanente
por la subsistencia de los Estados, lo que nos lleva de la mano a la teoría de Karl Haushofer, la
teoría que inspiró al Tercer Reich alemán, la Geopolitik, la teoría de la guerra permanente según
la cual, en realidad, Alemania no entró en guerra en 1939 sino que siempre estuvo en ella. Se defendía
la teoría del espacio vital, al sostenerse que Alemania precisaba expandir su territorio para
cubrir las necesidades de su crecimiento vegetativo y de su desarrollo industrial.
Todos sabemos cómo terminaron la aplicación práctica de la teoría de Haushofer y el Tercer
Reich alemán. ¡Pero, qué contrasentido: un país que perdió la tercera parte de su territorio, bajo
un gobierno democrático y constitucional se constituyó en una de las naciones más poderosas
de la Tierra! Quiere decir, entonces, que la teoría del espacio vital no era tan vital como decían
esos teóricos.
Estos fueron los orígenes remotos de la doctrina de la Seguridad Nacional. Pero producida
la derrota de Alemania y el triunfo de las potencias aliadas, tiene lugar también el debilitamiento
de algunos países de Europa —como Francia y Gran Bretaña— y se acaba como contrapartida el
relativo aislamiento de los Estados Unidos.
Ya no habrá acontecimiento en el mundo que le sea indiferente a la potencia del Norte;
ya no habrá acontecimiento económico que no los tenga como protagonistas y tampoco habrá
acontecimiento bélico donde no tengan participación directa o indirecta los Estados Unidos de
América.
Entonces nacen las teorías de la Guerra Fría y del realismo de que nos hablan muchos autores
de la escuela americana: lo que importa es la supervivencia del Estado, y la Guerra Fría es una
guerra como cualquier otra —dicen— y, por lo tanto, para la supervivencia del estado occidental
y cristiano, del mundo libre, había que combatir al comunismo allí donde fuere y allí donde
estuviere.
Nace así, el 12 de marzo de 1947, la doctrina Truman, quien afirmaba que la seguridad de los
Estados Unidos está en juego allí donde el comunismo amenace imponerse a los pueblos libres,
sea de manera indirecta, a través de presiones externas, sea de manera directa, apoyando a minorías
armadas.
Con idénticos principios, algunos países de Europa continental confundieron la defensa del
mundo libre, de este mundo occidental y cristiano, con la defensa de espurios y bastardos intereses
coloniales de los cuales somos víctimas incluso los argentinos.
Así surgió la teoría de la contrainsurgencia, porque se confundieron los deseos de liberación
de pueblos como Indochina y Argelia con la penetración del comunismo soviético.
Así nacen las teorías de los coroneles Roger Trinquier y Chateau-Jaubert. Es interesante leer
lo que dice el coronel Trinquier en su obra La guerra moderna, en la que afirma: “Nuestro defecto
consiste en que persistimos en estudiar un tipo de guerra que no existe ya, mientras ponemos muy
poca atención en las razones que motivaron nuestra derrota en Indochina y la que vamos a experimentar
en Argelia.
“Luchamos frente a una peligrosa y bien armada organización clandestina cuyo papel principal
es imponer su voluntad a una población. La victoria sólo podrá obtenerse cuando logremos destruir
esa organización.
“Es más bien una línea ideológica que tiene fácil de identificar. No hay fronteras físicas que separen
los dos campos. La línea que marca la diferencia entre el amigo y el enemigo puede encontrarse
varias veces en el corazón de la Nación, en la misma ciudad donde se reside, en el mismo círculo de
amigos donde uno se mueve.
“Es más bien una línea ideológica que tiene que ser perfectamente descubierta si queremos determinar
pronto quiénes son en realidad nuetros adversarios y a quiénes tenemos que derrotar”.
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Por su parte, Chateau-Jaubert, en su obra La confrontación revolución-contrarrevolución,
afirma: “Esta confrontación se traduce, en el plano personal, por la toma de conciencia de dos ideologías
fundamentalmente opuestas e irreconciliables entre las que uno se determina en favor de una
u otra… el que no se determina en pro de la contrarrevolución trabaja de hecho en pro de la revolución.
Cuando se sabe que ésta no retrocede ante ningún medio para triunfar, evidentemente ha de
esperarse que esta confrontación le abra al pueblo una era de terribles violencias revolucionarias”.
En este contexto, buceando en los orígenes de la doctrina de la Seguridad Nacional, sin lugar
a dudas el conflicto Este-Oeste no está ajeno, porque nada importaba el destino interno de los
propios pueblos. ¿Qué importaba si Franco o Batista sojuzgaban a sus pueblos? Lo único que
importaba era el hecho de que estaban aliados contra el comunismo, y lo mismo del lado del
bloque oriental. Si no, que lo diga Imre Nagy, suplantado por el gobierno de Kádár, que subsiste
hasta hoy; que lo diga Dubcek y, del otro lado, que lo diga Caamaño, en cuanto a si no se aplicó
en un caso la teoría de la soberanía limitada de Breznev, y en el otro la de la Seguridad Nacional.
Mucho me temo, señor presidente, que con estos mismos argumentos —que son los que
utiliza el presidente Reagan— se pretenda terminar hoy con la autodeterminación del pueblo
de Nicaragua. Es decir que el conflicto Este-Oeste no era en modo alguno ajeno a la doctrina
de la Seguridad Nacional. Esta doctrina, enseñada en el National War College y en el Industrial
College of the Armed Forces, de los Estados Unidos, se difundió en el continente americano y
se desarrolló fundamentalmente con los teóricos brasileños que constituyeron el primer estado
de la Seguridad Nacional en 1964, cuando el mariscal Castelo Branco derrocó al gobierno de
Joao Goulart. Y aquí comienza una triste historia con la irrupción de las Fuerzas Armadas en
los gobiernos de los distintos estados, no ya como producto o fruto de la aventura de un militar
afortunado sino como una verdadera irrupción institucional en todos los ámbitos de la vida de
la Nación.
Vale la pena recordar a estos teóricos brasileños, pero fundamentalmente a dos de ellos: el
general de Meira Mattos da que el estado de derecho no puede transformarse en la ruina de la
democracia y que en la actual coyuntura mundial no se trata de elegir entre el orden y la libertad
sino entre la libertad dentro del orden o la anarquía sin ninguno de los dos. Por su parte, Golbery
o Couto e Silva, el principal teórico de aquella revolución o de aquel golpe de estado de 1964 que
terminó con la democracia de los brasileños, decía que las fronteras en el marco del conflicto
Este-Oeste, además de ser interiores, desaparecerían y eran móviles, es decir, se ubicaban allí
donde el otrora adversario político y enemigo ahora, realizaba su actividad zapadora del orden
establecido. En esta doctrina de o Couto e Silva es donde aparece por primera vez el concepto de
las fronteras ideológicas unido al otro concepto de la Seguridad Nacional, de que lo primordial
y lo más importante era la lucha contra el comunismo, contra la subversión, a costa de lo que
fuere.
Para desgracia de los argentinos, estos conceptos se trasladan e instalan en nuestro país el 28
de junio de 1966, de la mano de Juan Carlos Onganía, cuando se derroca el gobierno de aquel
ilustre argentino que fuera el doctor Arturo Illia.
A partir de allí comienzan a instrumentarse las políticas concretas de la Seguridad Nacional.
Tal vez, como una síntesis perfecta de dicha doctrina, puedan citarse las palabras del general
Osiris Guillermo Villegas, alto funcionario de aquel régimen dictatorial del año ‘66, que en su libro
Guerra revolucionaria comunista afirmaba: “Cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones
deben incursionar en todos los estratos del Estado Nacional para alcanzar al adversario y herirlo
de muerte en todos los planos en que éste conduce la guerra”.
Esta frase, la de incursionar en todos los estratos del Estado Nacional, nos lleva de la mano
al contenido concreto de la doctrina de la Seguridad Nacional y es su más perfecta síntesis. Se
tratan de ubicar todos los aspectos de la vida nacional: economía, desarrollo, educación y relaciones
internacionales, como si fueran frentes parciales de una guerra total contra la subversión

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
y el comunismo, en donde todos esos aspectos de la vida nacional se ven subsumidos bajo esa
concepción.
Es la inversión perfecta de la clásica teoría de la guerra de Clausewitz, para quien la guerra
era un medio y no un fin; era la prosecución de la política por otros medios. Aquí es al revés: la
política es la prosecución de la guerra por otros medios. Así fue como, en virtud de esta doctrina,
se fue destruyendo la democracia de los argentinos y la democracia de otros pueblos en otras
latitudes del mundo, no precisamente ubicados en Occidente.
Creo que vale la pena rescatar algunos párrafos de la proclama revolucionaria de aquel nefasto
28 de junio de 1966. Allí se nos hablaba de la penetración marxista en todos los campos de
la vida nacional; de que era necesario encauzar al país hacia la obtención de los grandes objetivos
nacionales; de que nuestro país se había transformado en un escenario de anarquía y de que era
necesaria la defensa del mundo libre occidental y cristiano.
Pero lo notable, lo extraordinario, es que si cambiamos lo del “mundo occidental y cristiano”
por “mundo socialista”, esta proclama es casi igual a aquella otra pronunciada en Varsovia en
diciembre de 1981, donde se advertía: el país está al borde mismo del abismo, las estructuras del
Estado no funcionan, las huelgas y las protestas son moneda corriente, hay amenazas terroristas
y la anarquía es su enemigo.
Estas no eran las palabras del general Onganía, sino las de Jaruselsky cuando hablaba a los
polacos.
Es decir que tanto de un lado como del otro se ha seguido instrumentando esta doctrina
de la Seguridad Nacional. ¿Y cuáles fueron para nuestro pueblo los efectos de la aplicación de
esta doctrina? En primer lugar, debemos señalar que no sirvió a los intereses nacionales de los
pueblos, sino a los de Estados Unidos en unos casos —en el nuestro, por ejemplo—, y a los de la
Unión Soviética en otros.
Por otra parte se enajenaba el verdadero concepto de Defensa Nacional porque dicha defensa
era confiada a esa potencia extranjera que hacía las veces de tutora de los intereses nacionales.
A pesar de que el objetivo era combatir la subversión, en la práctica se lograba exactamente
lo contrario, es decir, fomentarla. Esto es algo que dicen hasta los teóricos de la guerra revolucionaria.
En efecto, veamos lo que dice Ernesto Guevara: “El foco guerrillero, por su naturaleza clandestina,
puede plantearse en cualquier situación institucional de una nación, pero las condiciones
para que los focos se desarrollen las brindan los regímenes carentes de legitimidad política. Mientras
existan canales de participación, por incipientes que sean, es imposible desvincular a la población
del poder legal”. Con la participación popular, aun en el concepto de la defensa, se asegura la
democracia.
Por ese motivo es que en el artículo 2º hemos hecho un agregado referido a las fuerzas morales
de la Nación dentro del concepto de la Defensa Nacional. De esta forma reivindicamos la
participación del pueblo, ya que ésta no debe ser una tarea exclusiva de las Fuerzas Armadas sino
del conjunto de la Nación.
Por todas estas consideraciones es que en el artículo 2º del proyecto que estamos tratando
nos referimos simplemente a las agresiones de origen externo, eliminando del contexto de la ley
lo vinculado con la seguridad interior.
Sé que durante los últimos tiempos esto ha sido objeto de críticas. Tengo que admitir que
esas críticas fueron fundadas y hechas con seriedad, de la misma manera que con lealtad también
debo admitir que quienes pretenden incorporar las hipótesis de conflicto interno a esta ley
no lo hacen —seguramente que no— con la intención de reinstalar la doctrina de la Seguridad
Nacional, sino porque creen que de esa forma la ley servirá mejor a los objetivos de la Defensa
Nacional.
Sin embargo, y éste es el quid de la cuestión, entendemos que no es conveniente ni necesario
que en la ley de Defensa Nacional se contemplen hipótesis de conflicto interno. Ello es así
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porque, en primer lugar, la composición, la dimensión, el despliegue y los medios con que deben
estar dotadas las Fuerzas Armadas no son los mismos para una situación de conflicto interno que
para otra de conflicto externo.
Además, no lo creemos necesario porque basta con lo que norma la Constitución Nacional
en el inciso 17) del artículo 86. Esa norma determina que el Presidente puede disponer de las
Fuerzas Armadas de la Nación, y así lo ha hecho a través de la historia, de manera que no es un
ejemplo académico. Incluso nos toca de cerca a los radicales, porque en el 90 no existían hipótesis
de conflicto interno, ni siquiera la ley de Defensa, y sobre la base de esa disposición se sofocó
aquella revolución, Sarmiento reprimió a López Jordán, Mitre a Peñaloza y Avellaneda a Tejedor.
Es decir, se trataba simplemente de que la máxima autoridad disponía de las Fuerzas Armadas
de la Nación.
Además, creemos que no es necesario porque cuantitativamente no se justifica, y tampoco
es un ejemplo académico. Si tenemos en cuenta que el artículo 3º de la ley que regula el funcionamiento
de la Gendarmería Nacional determina que una de sus funciones es combatir la
subversión o la guerrilla en el lugar del país donde se presente y si consideramos que la dotación
de Gendarmería es de 15 mil hombres altamente adiestrados y eficaces, que sumados a los 45 mil
de la Policía Federal integran una fuerza de seguridad interna que oscila en los 60 mil hombres;
y si advertimos que la subversión en su punto máximo no llegó nunca a más de 15 mil hombres,
según informes de las propias Fuerzas Armadas, entonces surge claramente que no sólo es inconveniente,
sino que resulta innecesario contemplar estas hipótesis de conflicto interno en la ley de
Defensa Nacional.
Con todo respeto quiero citar palabras del ex presidente Juan Domingo Perón, pronunciadas
el 2 de agosto de 1973. Dijo en esa oportunidad: “Somos un país politizado, pero sin cultura política.
El gobierno justicialista hablará con cualquier partido, se llame comunista o se llame Mongo
Aurelio, siempre que éstos funcionen dentro de la ley. No admitiremos la guerrilla; en todo lo que sea
fuera de la ley, será la justicia y la policía las que deberán actuar”. Y el 3 de septiembre de 1973 dijo:
“Yo sobre la guerrilla sé bastante. Como dijo el cura del crucifijo: lo conocí naranjo”. Y luego agregó:
“Los miembros de la guerrilla serán considerados delincuentes policiales y a la policía se le dará la
fuerza que deba tener para combatirla”.
Es por estos argumentos, y por muchos más que expondremos en su oportunidad, que creemos
que no es necesario contemplar las hipótesis de conflicto interno en el texto del proyecto,
porque lo que pretendemos, lo que honestamente queremos, de lo que en definitiva se trata,
señor presidente, no es de defender las inasibles, las imaginarias fronteras ideológicas de las que
nos hablaba Golbery o Couto e Silva; lo que queremos es que nuestras Fuerzas Armadas defiendan
las reales y concretas fronteras de la Nación Argentina. De ésto se trata y es por ese motivo
que en el artículo 2º hacemos referencia a las agresiones de origen externo.
Por último, el tercer pilar básico de esta ley se refiere a la implementación en forma correcta
del accionar conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Todos tenemos fresco el recuerdo del episodio
de Malvinas. Todos sabemos lo que allí ocurrió: falta de coordinación, acendrado individualismo,
rivalidades interfuerzas y superposición de intereses originada en la política interna
del gobierno —a la sazón ejercido por las Fuerzas Armadas—, que primaba sobre las necesidades
del conflicto.
Es decir que a la luz de la dolorosa experiencia vivida se tornaba necesario superar estos esquemas.
Considero que este proyecto lo logra holgadamente. Yo no soy un técnico en la materia
ni tampoco un estratega. Por eso, con respecto al episodio de Malvinas no habré de referirme
a palabras vertidas por un civil, que pueden estar teñidas de suspicacia, de antimilitarismo y de
subjetividad, sino que haré mención del informe Rattenbach.
Se trata del informe de la comisión que hizo el análisis y el estudio de esta guerra de las
Malvinas, desnudando las falencias de aquel episodio. Allí se decía: “Al no existir una verdadera

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
preparación para la acción conjunta, nuestras Fuerzas Armadas enfrentaron una guerra contra Gran
Bretaña con desconocimiento de la doctrina conjunta, acción que influyó negativamente en la conducción
de todos los niveles involucrados. Los comandos operacionales se asignaron más por razones
de políticas interfuerzas que por necesidades funcionales y se crearon comandos específicos y conjuntos
que no obedecían a reales necesidades operacionales del problema que se debía resolver”.
Asimismo, respecto de la lucha en el escenario de las islas, el informe expresaba: “…aun las
necesidades de la lucha fueron insuficientes para superar la totalidad de los obstáculos que debió eliminar
una adecuada acción conjunta, de haberlo sido realmente. La organización para el combate
de la Guarnición Militar Malvinas reveló dispersión de esfuerzos, asignación no proporcional de los
medios, desaprovechamiento del terreno, superposición del mando y desconocimiento de la acción
conjunta”.
Es cierto que la ley que hoy vamos a derogar establece algunos principios del accionar militar
conjunto, pero lo hace desde el punto de vista de una estructura funcional totalmente inadecuada,
porque las guerras modernas son ganadas o perdidas por las Fuerzas Armadas en su conjunto,
y no consideradas en forma aislada. Es seguro que una de las partes no podrá triunfar, pero
también es cierto que actuar de manera independiente del contexto conduce inevitablemente a la
derrota. Ésto último fue lo que desgraciadamente ocurrió.
Estas fueron las enseñanzas que admitieron hasta los propios militares —más allá de la amargura
de la derrota—, para promover una legislación que determinara para los tiempos que vienen
el accionar conjunto que hacía falta a las Fuerzas Armadas de la Nación.
La ley 16.970 instrumentó algunos medios para el accionar conjunto. En el artículo 20 de
esta norma, cuya derogación proponemos, se dice que el Comité Militar tendrá a su cargo el
planeamiento estratégico militar, la conducción estratégica de las operaciones militares, el establecimiento
de comandos conjuntos y específicos, la formulación de la doctrina conjunta de
las Fuerzas Armadas y las políticas para el adiestramiento conjunto. Asimismo, tal órgano tenía
a su cargo asignar responsabilidades operativas y logísticas a cada fuerza armada de acuerdo
con la planificación estratégica. Pero dije también que se trataba de un órgano manifiestamente
inadecuado para cumplir tales funciones, por cuanto la autoridad del comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas se superponía con la de los comandantes en jefe de cada una de las armas; y este
planeamiento —que debió haber sido el fruto del planeamiento conjunto— fue el resultado de
las mesas de negociación en que se convino el reparto de las cuotas de poder.
El artículo 21 de la citada ley dice que el Estado Mayor Conjunto es el organismo de trabajo
del Comité Militar y establece su dependencia de la Junta de Comandantes en Jefe, y que su titular
será designado por el presidente de la Nación, pero a propuesta de aquella.
Todo esto quedará superado con la sanción del proyecto que hoy consideramos. En nuestro
dictamen hemos jerarquizado al Estado Mayor Conjunto: ello puede observarse por la simple
lectura del artículo 13 del despacho.
También es cierto que en la experiencia de Malvinas se intentó la logística conjunta.
¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de la doctrina militar conjunta, a estar al informe
Rattenbach? Veamos lo que allí se dice en cuanto al adiestramiento: “La carencia de un adecuado
adiestramiento para la acción conjunta se tradujo en la falta de la necesaria unidad de comando y de
la imprescindible coherencia de las operaciones interfuerzas, actuándose prácticamente en compartimentos
estancos, sin la debida integración y convergencia de esfuerzos”.
Con respecto a logística, surge del informe lo siguiente: “En lo que hace a la aplicación de
la doctrina logística conjunta se evidenció falta de coordinación de los esfuerzos, en especial de las
funciones de abastecimiento y transporte, por lo que resulta conveniente su revisión para facilitar
la conducción logística conjunta”. Lo mismo puede decirse de las responsabilidades en el nivel
estratégico militar.
Para no incurrir en mayores abundamientos señalo que la deficiencia fundamental estribó en
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la carencia de la unidad de comando, deficiencia que se pudo observar en la cadena de mando
establecida, pues los comandantes en jefe actuaron como intermediarios entre las órdenes del
comandante en jefe y las de los jefes de los teatros de operaciones. Sobre el particular, el informe
Rattenbach señala: “No existió durante el desarrollo del conflicto una conducción que centralizara
en forma orgánica, continua y eficiente el ejercicio de un comando unificado con control de todos los
factores que conformaba las situaciones de crisis. El Comité Militar tampoco ejerció la autoridad de
la que estaba legalmente investido, debido a las interferencias que en mayor o menor grado produjeron
los comandantes en jefe según sus modalidades, personalidad o costumbre. De esta forma, fue
dable observar que, en pleno desarrollo del conflicto, los titulares de comando de nivel operacional, y
aun táctico superior, vulneraban frecuentemente la línea de comando, comunicándose directamente
con su comandante en jefe”.
Por eso no es casual, señor presidente, que este proyecto de ley suprima el cargo de comandante
en jefe, reemplazándolo por el de Jefe de Estado Mayor en cada área. Así no tendrán los
comandantes en jefe la conducción de la guerra en el teatro operacional; la única conducción de
la guerra será del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
Armadas. Así, en el artículo 19 se dice que los estados mayores de cada arma podrán ejercer el
gobierno y la administración de sus respectivas fuerzas, dirigir la preparación para la guerra de
los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y el apoyo logístico para los mismos; proponer
al Estado Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento
militar conjunto, la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los
aspectos del referido planeamiento que hagan a las mismas.
Hemos querido de esta manera —y convencidos estamos de haberlo logrado— establecer un
sistema racional y coherente de mando y de accionar militar conjunto.
La ley tiene otros aspectos igualmente importantes que se vinculan con la requisición, las movilizaciones,
etcétera. No voy a referirme a ellos porque seguramente lo ha de hacer con mayor
versación y autoridad el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sólo
añadiré que se ha deseado preservar algunas disposiciones contenidas en la ley 16.970 relativas a
políticas de frontera, por haber demostrado su utilidad. Por ello hemos procedido a incorporar
esas normas al texto del decreto 15.385 de 1984.
Decía al comienzo de esta exposición que si coincidíamos en la observancia del precepto
constitucional de proveer a la defensa común; si coincidíamos en la subordinación del poder
militar al poder político; si coincidíamos en la necesidad del accionar militar conjunto de las
Fuerzas Armadas de la Nación y si coincidíamos en la utilidad de la derogación de la doctrina de
la Seguridad Nacional, podríamos estar contentos al final de la jornada, ya que habríamos dado
un paso más hacia la reinserción de las Fuerzas Armadas en el esquema jurídico institucional de
la República.
Para terminar, creo que con esta ley materializaremos los principios de la ética sanmartiniana.
El Libertador le escribía a Estanislao López diciéndole: “Mi sable jamás saldrá de la vaina por
opiniones políticas”. A su vez, en una carta a Riva Argüello señalaba San Martín: “Es inconcebible
su osadía grosera al hacerme la propuesta de emplear mi sable en una guerra civil”.
El Libertador nos dejó su mensaje. Toca a nosotros, legisladores de la Nación Argentina,
instrumentar los medios jurídicos para recuperar definitivamente la República de los argentinos.
(Aplausos).
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Cuestión de privilegio
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado
por la Capital.
Sr. Manny.—Señor presidente: en un diario de la mañana se hace referencia a este bloque en
el sentido de que quien está hablando plantearía discrepancias con el método de conducción y de
labor parlamentaria impresos por el ingeniero Alsogaray.
Si bien las posiciones de fisuras en los bloques son comunes en muchos parlamentos del
mundo y a veces están muy de moda, creo que es tan clara y evidente la unidad del bloque de la
Unión del Centro Democrático que la información brindada por la prensa, horas antes de que
se reúna la convención partidaria, de alguna manera ataca o vulnera el prestigio que he querido
darle en todo mi accionar parlamentario al honor que me ha conferido el pueblo argentino al
hacerme su representante.
Por tal motivo dejo planteada la consiguiente cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar si la cuestión planteada por el señor diputado Manny
tiene carácter preferente, para lo cual se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
—Resulta negativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—La cuestión pasa a la comisión de Asuntos Constitucionales.
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Bases jurídicas, orgánicas y funcionales de la Defensa Nacional
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa la consideración en general del dictamen de las comisiones
de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación,
ejecución y control de la Defensa Nacional.
Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Mosso.—Señor presidente: voy a considerar el proyecto en análisis desde la óptica o desde
el punto de vista constitucional, para tratar de demostrar o de acreditar que el mismo se enmarca
y se encuadra perfectamente dentro de los lineamientos de nuestra Constitución.
Pero antes de entrar en los aspectos constitucionales creo que es conveniente efectuar algunas
muy breves referencias al proyecto en consideración con el objeto de ir acercándonos a la meta,
que es la de tratar de demostrar la constitucionalidad del proyecto de ley de Defensa Nacional.
En primer lugar quiero expresar que, según nuestro criterio, las Fuerzas Armadas argentinas
deben tener la concepción de que no pueden avanzar sobre territorios enemigos sino que su función
es la de preservar la soberanía y defender nuestras propias fronteras y territorios.
Otra consideración importante para poder concluir sobre cuál es la misión o la función de
nuestras propias Fuerzas Armadas, es decir que están circunscritas al exclusivo propósito de la
defensa frente a la agresión externa.
Esto nos va a diferenciar de la concepción que se tuvo de la Defensa Nacional en los dos
últimos gobiernos de facto que soportó el país y nos alejará definitivamente de la doctrina de la
Seguridad Nacional, que podemos conceptualizar a grandes rasgos como aquella que sostiene
la potestad de la política represiva para vulnerar todos los derechos y garantías individuales en
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aras de un pretendido interés nacional o de Estado y del resguardo frente a un supuesto enemigo
externo e interno.
Ya en 1979 los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla, México, precupados por el cariz
que había tomado la doctrina que la Seguridad Nacional, fundamentalmente en el Cono Sur de
América, expresaron: “En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada doctrina de
la Seguridad Nacional, que es de hecho, más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un
determinado modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas, que suprime la
participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países
de América latina como doctrina defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un
sistema represivo, en concordancia con su concepto de guerra permanente. En algunos casos expresa
una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico”.
Frente a este problema que nos ofrecieron las Fuerzas Armadas argentinas por intermedio de
la vigencia de la doctrina de la Seguridad Nacional —que, como aquí se ha expresado, empieza
a instrumentarse con el golpe de Estado del 28 de junio de 1966—, es criterio de este gobierno
democrático incorporar las Fuerzas Armadas a la organización institucional, adecuándolas al
principio de subordinación a la Constitución Nacional. Pero, para que ello ocurra, es menester
que se dé un prerrequisito fundamental y básico, cual es la existencia de la figura del presidente
de los argentinos elegido por la decisión soberana del pueblo. Así podrá darse, y justificarse, esta
subordinación de los poderes militares a los poderes civiles o constitucionales.
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—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Mosso.—Este proyecto que hoy consideramos tiene a su vez una aspiración democrática:
dotar a las Fuerzas Armadas de una clara doctrina de Defensa Nacional, abandonando la doctrina
de la Seguridad Nacional, que fijaba objetivos políticos e ideológicos ajenos a la democracia
del pueblo argentino, que es esencialmente democrático.
Somos conscientes de que la Defensa Nacional excede el marco de las Fuerzas Armadas, las
que sí constituyen el elemento militar de esa defensa. Así como sólo podrá haber un gobierno
democrático si está asentado en el consenso del pueblo, sólo podrá haber democracia verdadera
si hay Fuerzas Armadas subordinadas al poder constitucional dedicadas exclusivamente a sus
funciones específicas.
Desde diciembre de 1983 el gobierno democrático ha producido cambios fundamentales en
la organización, en la estructura y el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas. Esto se ha realizado,
en primer lugar, otorgándoles facultades administrativas, es decir, asignándoles los resortes
y potestades jurídicas tendientes a administrar esa gran empresa que es una fuerza armada y, en
segundo lugar, dotándolas del entrenamiento y de la planificación operativa necesarios para el
ejercicio de esas funciones específicas a que nos referíamos.
Buscamos por medio de este proyecto de ley la implementación de un adecuado sistema de
Defensa Nacional. Ese adecuado sistema de Defensa Nacional debe estar a su vez asentado sobre
sólidas bases económicas, pues sostenemos que sin desarrollo habrá dificultades innegables para
hacer frente a una posible agresión externa, por más Fuerzas Armadas poderosas que se tengan y
por más bien equipadas que estén.
Por otra parte, el sistema de defensa debe también estar sustentado en un sistema demográfico.
Es decir que no sólo debemos ubicar cuarteles en lugares desguarnecidos sino hombres y
mujeres en todo el territorio nacional. Son suficientes dos ejemplos para demostrar la necesidad
de que nuestro sistema defensivo debe estar basado en pautas demográficas. En el nordeste argentino,
en nuestra frontera con Brasil, no sólo carecemos de población sino de servicios y obras
indispensables, como comunicaciones y rutas; y basta irnos al otro extremo de nuestro país, al

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extremo sur, para acreditar que nuestras dos principales ciudades, Ushuaia y Río Grande, alcanzan
en conjunto a sólo cincuenta y cinco mil habitantes, frente a los ciento veinte mil que tiene
la fronteriza ciudad chilena de Punta Arenas.
Además de estas bases económicas y demográficas, la verdadera Defensa Nacional debe apoyarse
en bases socioculturales, es decir, sobre elementos de carácter social y cultural que coadyuven
a la protección de una sociedad bien articulada e integrada, puesto que grandes desequilibrios
sociales son deteriorantes del nivel de defensa.
Finalmente, son necesarias bases técnicas, porque a nadie escapa que las guerras de hoy son
cada vez más tecnificadas y sofisticadas y un adecuado nivel de defensa exige buenos niveles técnicos,
de información y de instrucción en la población de los países.
Como consecuencia de la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional nuestra patria
sufrió muchos años de militarización durante los que estuvimos en guerra contra nosotros mismos
y nuestro propio territorio estuvo ocupado por fuerzas militares ante cualquier atisbo de
discrepancia política.
Este proyecto da dos pasos fundamentales para superar esa deformación. En primer lugar,
como bien dijo el señor miembro informante de la Comisión de Defensa, establece el control del
Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas y, en segundo término, determina que la defensa es
responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y de la Nación en su conjunto.
Hechas estas consideraciones, que a mi criterio nos acercan al aspecto constitucional en análisis,
quiero entrar al fondo del concepto en discusión. Nos encontramos, sin duda, frente a un
proyecto de Defensa Nacional que atiende fundamentalmente a lo que reza nuestro Preámbulo
en uno de sus enunciados como aspiración fundamental, cual es la de proveer a la defensa común.
Este objetivo, que está en la portada de nuestra Carta Fundamental, es sin duda alguna el
marco constitucional dentro del cual se encuadra este proyecto, que por otra parte en ningún
momento —a lo largo de su articulado— tuerce el principio de la división de poderes que consagra
la propia Constitución. Lejos de ello, esa separación de poderes es respetada por este proyecto
de ley de Defensa Nacional dando amplia participación al Congreso de la Nación en las decisiones
y dejando al Poder Ejecutivo la estructura y organización de las propias Fuerzas Armadas.
En definitiva, en el orden constitucional, este proyecto hace de la Defensa Nacional una articulación
funcional estructurada en todo el sistema de nuestra Constitución. Interpretamos entonces
que de ningún modo puede suponer la suspensión o vulneración de derechos garantías
consagrados en la propia Carta Magna de la Nación Argentina.
El artículo 2º conceptualiza la Defensa Nacional como la integración y acción coordinada
de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación para enfrentar las agresiones de origen
externo, y concluye con la idea de que se tiende a proteger la soberanía y la independencia de
la Nación Argentina. Claramente el proyecto tiene como base fundamental la separación de la
Defensa Nacional de la seguridad interior, asignando a las Fuerzas Armadas la defensa de nuestro
territorio, de nuestra independencia y soberanía, y dejando la seguridad interna para el control
del poder de policía de cada una de las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional.
El proyecto menciona el gabinete de Defensa Nacional y el Comite Militar, dos organismos
asesores del presidente de la República que tienen su base constitucional en el artículo 86, inciso
5º, que habla de la jefatura de las Fuerzas Armadas por parte del presidente de los argentinos.
La dependencia directa de los comandantes de las tres fuerzas respecto del Presidente de la
República tiene su fundamento en el artículo 86, inciso 16, de nuestra Constitución Nacional. Y
en este orden de cosas, las atribuciones que la ley concede al Poder Ejecutivo Nacional para determinar
misiones, funciones y estructuras de los estados mayores generales encuentran su asidero
y fundamento en el artículo 86, inciso 17 de la Carta Magna.
Llegamos así al artículo 22 del proyecto en análisis, que establece: “El Poder Ejecutivo
Nacional, con aprobación previa del Congreso, podrá declarar zona militar a los ámbitos que,
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por resultar de interés para la Defensa Nacional, deban ser sometidos a la custodia y protección
militar. En caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional, o ante su inminencia,
tal declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación”.
Este artículo 22 del proyecto tiene un claro basamento en los incisos 15, 22, 23, 24 y 25 del
artículo 67 de la Constitución, toda vez que se trata de una facultad derivada del poder de policía
federal ejercido en el marco de las atribuciones que en relación a la defensa se desprenden de los
cinco incisos del artículo 67 de nuestra Carta Fundamental que acabo de citar.
Quiere decir que para que el Poder Ejecutivo pueda declarar ámbitos que resulten de interés
para la defensa a efectos de someterlos a su custodia, necesita la aprobación del Congreso de la
Nación. Para los casos de guerra o ante su inminencia, es decir, aquellos fundados en razones de
emergencia, urgencia o necesidad, la ley prevé que la ratificación del Congreso puede otorgarse
con posterioridad a esa declaración de guerra o de su inminencia.
Es preciso considerar que esta facultad o atribución que se le concede al Poder Ejecutivo no
se enmarca en los términos de una transferencia dominial, como podría suponerse si hacemos
jugar la norma del inciso 27 del artículo 67 de nuestra Constitución, sino que tan sólo se trata
del ejercicio de funciones de custodia para proteger los bienes situados en los territorios de las
provincias que se encuentran en conflicto. Esto significa que no hay una transferencia de dominio
de las provincias hacia la Nación de los bienes que se protejan, sino solamente una custodia
de esos bienes que según nuestra Constitución, ante una emergencia de guerra, está a cargo de la
autoridad militar.
Como sostuvimos al principio de esta exposición las atribuciones que el proyecto en análisis
otorga al Poder Ejecutivo y a los cuerpos militares no pueden, desde luego, implicar una
violación de derechos o garantías consagrados por la Constitución Nacional. Con ese espíritu
debe interpretarse el artículo 24 del proyecto, que dice que el presidente de la Nación aprobará
los planes de movilización necesarios para adecuar los recursos de la Nación a las necesidades
de la Defensa Nacional. Esta disposición se ajusta a lo establecido por el artículo 17 de nuestra
Carta Fundamental, que sostiene que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de
ley o de sentencia fundada en ley. También cumple con lo establecido por el artículo 21 de la
Constitución, que determina que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa
de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los
decretos del Ejecutivo Nacional.
Por lo tanto, las movilizaciones que pueda ordenar el Poder Ejecutivo y que están previstas
en el artículo 24 del proyecto de ley que consideramos están sustentadas en dos claras normas
constitucionales: las de sus artículos 17 y 21.
Finalmente analizaremos los dos últimos artículos del proyecto, sobre los que también son
necesarias algunas consideraciones de orden constitucional.
El artículo 26 dispone que en caso de guerra o ante su inmiencia, el Poder Ejecutivo podrá
disponer requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer
necesidades de la Defensa Nacional. Este artículo guarda absoluto correlato con lo que determina
el artículo 17 de la Constitución Nacional, que prohíbe las requisiciones dispuestas por los
cuerpos armados sin apoyo en la ley. Aquí estamos considerando posibilidades de requisiciones
de servicios o de bienes y de convocatorias fundadas, o apoyadas en este cuerpo legal al que dará
sanción la Honorable Cámara.
El artículo 27 del proyecto determina que la obligación prevista en el artículo anterior será
carga pública irrenunciable. Continúa diciendo que si ese aporte implicara gastos o prestación
de servicios se determinará administrativamente la indemnización o remuneración correspondiente.
Si en resguardo de esa disposición no fuera suficiente lo que determina el artículo 27
del proyecto, en la primera parte del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional se prohíben
requisiciones dispuestas sin el sustento o el apoyo legal correspondiente, y además esta misma

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
norma respalda la disposición del citado artículo 27 al establecer que hay que efectuar indemnizaciones
por los gastos incurridos. Es decir, que el artículo que comentamos se ampara y se
resguarda en el espíritu del texto de nuestra Constitución Nacional, que pretende mantener la
intangibilidad patrimonial al determinar la obligatoriedad —aspecto que recepta el proyecto en
estudio— de realizar indemnizaciones o pagar remuneraciones cuando ello corresponda.
Quiero finalizar trayendo a este recinto palabras que hace más de un siglo pronunciara José
María Moreno y que parecen haber adivinado los períodos de desencuentro, dolor, atraso y
muerte que vivimos los argentinos en los últimos 55 años de historia nacional. Sé que estas palabras
pronunciadas en 1883 —hace ya 102 años— sólo tuvieron vigencia hasta 1983, ya que a
partir de allí dejan de cobrar relevancia porque la Argentina encontró definitivamente el rumbo
de reencuentro democrático.
Decía José María Moreno: “El militar, entre nosotros, es el ciudadano a quien la Nación ha entregado
las armas para defender la integridad de su territorio contra los ataques del exterior y el imperio
de la Constitución y de las leyes en el interior. A él están confiados la guarda de la Constitución,
el respeto a la ley, la conservación de las libertades y garantías del pueblo de que forma parte. El
mayor crimen que pudiera cometer es la traición a la patria, es la violación de la Constitución, es el
desconocimiento de la soberanía del pueblo, es, en fin, la conculcación de las leyes, porque entonces
volvería sus armas contra la patria, habría violado la fe de su juramento y habría conspirado contra
la naturaleza y fines de la institución a que pertenece”.
Sé, señor presidente, que estas palabras tuvieron —como dije— tremenda vigencia y actualidad
en los últimos 50 años del desencuentro argentino, pero estoy convencido de que a partir del
reencuentro de la democracia en 1983, de la unión definitiva entre civiles y militares, del querer
rehacer esta patria entre unos y otros habremos superado esta contingencia para marchar hacia
los cien años de democracia que quiere el actual presidente de los argentinos y que a partir de hoy
consolidaremos por medio de este proyecto de ley que vamos a sancionar. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente, señoras y señores legisladores: nos toca hoy la alta responsabilidad
histórica de levantar la voz en este honorable recinto para traer los principios, las
ideas y las propuestas no de un bloque en minoría, ni siquiera de un partido político, sino la voz
autorizada y enjundiosa de una de las más significativas expresiones políticas de la historia de la
República.
No venimos a criticar ni a refutar; venimos a proponer, desde los contenidos comprobados
y añejados de la concepción de la alta política referida a la defensa, la filosofía ideológica, doctrinaria
y técnica de la vertiente del Movimiento Nacional Justicialista.
A los desmemoriados cabe recordarles que el justicialismo fue desde su inicio no solamente
un profundo reformador social y político, sino también un incuestionable transformador sustancial
en el campo de la defensa y de la política militar argentina.
Nadie debería olvidar que fue el justicialismo el que dictó la primera ley de Defensa Nacional,
la número 13.234, de organización de la Nación para tiempo de guerra o de medidas a adoptar
en tiempos de paz para la eventualidad de la guerra.
Tampoco se puede echar al olvido que el justicialismo introdujo en el ordenamiento institucional
el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de Coordinación —antecedente imnediato del
actual Estado Mayor Conjunto— y el Consejo de Defensa Nacional, para refirmar la autoridad y
la capacidad de conducción del presidente como Jefe Supremo de la Nación y como comandante
en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la República. Promovió también el desarrollo ordenado
del potencial nacional durante la paz y su planificada transformación en caso de conflicto bélico
para convertirlo en potencial de guerra mediante la movilización de todos los bienes de la
República, así como la adecuación de toda su capacidad productiva, especialmente en lo tecnológico
y lo industrial, y tantos otros logros de indudable trascendencia que sería largo enumerar.
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Es saludable recordar también, señor presidente, que al justicialismo se le debe la introducción
de los conceptos políticos de la Defensa Nacional, que aún siguen teniendo vigencia plena
en las democracias de avanzada del mundo moderno, especialmente en lo que se refiere a la
concepción social y al pensamiento popular que indefectiblemente necesita cualquier sistema
defensivo; porque para nosotros, los justicialistas, la Defensa Nacional debe ser popular, ya que
si no es popular no es nacional, y si no es nacional no es defensa.
Esto es lo que nos obliga y anima a hacer una efectiva contribución a este debate para superar
lúcidamente la grave confusión que doctrinas extrañas al sentimiento nacional, importadas de
los centros imperiales, han introducido en este área específica de la conducción del Estado, conducción
que no dudamos no podrá ser superada por improvisaciones vacías de conceptuaciones
doctrinarias y políticas que alimenten proyectos tibios e insuficientes que nada tienen que ver
con las reales exigencias de nuestro pueblo en su avance decisivo hacia el camino de la liberación
nacional en su forma más elevada de convivencia participativa.
Estamos persuadidos, señor presidente y señores legisladores, de que las Fuerzas Armadas
deben ser efectivamente conducidas por los poderes constitucionales, por lo que no creemos que
esa conducción se pueda limitar a medidas tibias y menos aún que se pueda reducir a relevar a un
general de vez en cuando, a disparar un cañonazo desde un tanque de guerra o a tomar una copa
en un campo de instrucción militar anticipadamente preparado al efecto, sino que debe definir
con perfiles nítidos objetivos y cursos de acción concretos para resolver los grandes problemas
por los que hoy atraviesan las Fuerzas Armadas.
Por eso es que los peronistas queremos resaltar en beneficio de esta democracia, válidamente
recuperada por el pueblo argentino, la antigua decisión que caracterizó a nuestros gobiernos mediante
la cual se establecía que era la Nación la que debía tener una clara política para sus Fuerzas
Armadas si se pretendía contar con militares que sirvieran efectiva y fielmente a la política de la
Nación.
La organización de la Defensa Nacional de un país es una vasta y compleja tarea de años y
años por medio de la cual se han de ejecutar una serie de medidas preparatorias durante la paz,
crear en sus Fuerzas Armadas las mejores condiciones con el objeto de conquistar el éxito que en
la una contienda que pueda presentarse.
Las palabras “Defensa Nacional” pueden hacer pensar que se trata de un problema cuyo
planteo y resolución incumbe únicamente a las Fuerzas Armadas de la Nación. La realidad es
bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes, todas sus energías, todas sus
riquezas —sean éstas materiales, espirituales o morales—, sus industrias y producciones más diversas
y todos sus medios de transporte y vías de comunicación; en una palabra, todos los recursos
de que dispone el país y la utilización de todos los esfuerzos de los que su población sea capaz
para la consecución de la victoria, siendo las Fuerzas Armadas exclusivamente el instrumento de
lucha de ese gran conjunto que constituye la nación en armas.
El concepto de nación en armas o de guerra total es en cierta medida la teoría más moderna
de la Defensa Nacional, por la cual las naciones buscan encauzar en la paz y utilizar en la guerra
hasta la última fuerza viva del Estado para conseguir su objetivo político. Lo que ocurre es que la
preparación de la Defensa Nacional es —como decíamos hoy— una obra de largo aliento, que
requiere un constante esfuerzo realizado durante mucho tiempo. La guerra es un problema tan
variado y complejo que dejar todo librado a la improvisación para el momento en que aquélla
se presente significaría seguir esa política suicida que tanto criticamos en ocasión del reciente
conflicto de las islas Malvinas y el Atlántico Sur.
El aforismo si vis pacem para bellum —si quieres la paz, prepárate para la guerra— se encuentra
suficientemente demostrado con multitud de ejemplos históricos que impiden siquiera que
se pretenda su discusión. Acá debemos recordar a von Clausewitz, quien manifestó que la guerra
es la continuación de la política, por otros medios. Un país en lucha puede representarse por

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
un arco tendido al límite máximo que permita la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su
madera con su correspondiente flecha apuntando hacia un objetivo: ganar la guerra. Sus Fuerzas
Armadas están representadas por el metal que constituye la punta de la flecha, pero el resto de
ésta, la cuerda y el arco son la nación toda, última expresión de su energía y poderío.
En consecuencia, no es suficiente que los integrantes de las Fuerzas Armadas se esfuercen
en preparar el instrumento de lucha y en estudiar y comprender la guerra, sino que también es
necesario que todos los sectores sociales de la Nación —cada uno en el aspecto que interesa a
sus actividades— se esfuercen también en conocerlas, estudiarlas, comprenderlas, como única
forma de llegar a esa solución integral del problema que puede presentársenos y que tendríamos
que afrontar si un día la guerra hace sonar sus clarines en las márgenes del Plata.
En una palabra, la Defensa Nacional debe concebirse como una actividad volitiva de la comunidad
organizada en su conjunto. La guerra no es siempre un hecho deseado, la consecuencia
de un acto de voluntad de parte del Estado, sino que por el contrario en muchos casos es un
hecho ineludible, impuesto por circunstancias ajenas o adversas a esa voluntad. Por ello, prevenirse
ante la posibilidad de un conflicto armado en manera alguna puede querer significar —en
el concepto argentino de lo que debe ser la Defensa Nacional— el apresto bélico para llevar por
propia iniciativa el horror de la guerra a otros países, sino —muy por el contrario— hacerla imposible
por el respeto que sepamos merecer y por la energía que podamos emplear para defender
el acervo y honor nacional comprometidos.
La Defensa Nacional, entonces, atiende a la eventualidad no querida ni deseada de una posible
guerra pero sin prescindir del resguardo y la consideración por la paz. Por eso, lo que los
justicialistas proponemos es: para la guerra, la nación en armas; y para la paz, la nación en trabajo
fecundo.
Toda la estrategia de la Defensa Nacional se ordena a la política en el mismo sentido en que
las operaciones militares lo hacen con respecto al bien común del Estado, en razón de que —
aunque el bien consistente en la seguridad militar de la República es un bien verdadero y apetecible—
no es el bien supremo del hombre; en cambio, sí lo es la paz, que es el fin de la guerra.
Dijimos que la Defensa Nacional es el empeño que ponen las naciones, hasta la última fuerza
viva del Estado, para conseguir un objetivo político. ¿Qué es el objetivo político de una nación
o un Estado? Es la necesidad o ambición por un bien que un Estado tiende a mantener o a conquistar
para su perfeccionamiento o engrandecimiento; puede ser de cualquier orden: de reivindicación
o de expansión territorial, o para lograr hegemonía política o económica, ya sea para
adquisición de mercados o para obtener imposiciones sociales o espirituales.
Esos objetivos pueden ser clasificados de diversas maneras; como negativos o positivos, según
se trate de mantener lo existente o de conquistar algo nuevo; como continentales, regionales o
mundiales según las proyecciones que esos objetivos políticos persiguen.
¿Cuál es el objetivo del pueblo argentino? Aquí cabe contestar que nuestro país, como pocos
otros del mundo, ostenta objetivos políticos confesables y dignos. Nunca sostuvimos principios
de conquista territoriales ni pretendimos ejercer hegemonía una política, económica, social o
espiritual en nuestro continente. Sólo aspiramos a nuestro natural engrandecimiento mediante
la explotación de nuestros recursos y la elevación cultural, ética y moral de nuestro pueblo, porque
deseamos vivir en paz con todas las naciones de buena voluntad del mundo y el progreso de
nuestras hermanas naciones latinoamericanas sólo nos produce satisfacción y orgullo.
Queremos plantearnos la necesidad de continuar la obra inconclusa de la liberación nacional
y latinoamericana de toda dependencia externa y de toda dominación interna. Queremos llevar
la revolución social de amor, solidaridad y justicia social que nos legaron Juan Domingo Perón
y Eva Perón a todos los pueblos hermanos de la Tierra. En fin, queremos ratificar la irrevocable
decisión de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana.
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Sr. Presidente (Silva).—Señor diputado: la Presidencia necesita conocer en qué calidad habla
usted a efectos de determinar el tiempo que corresponde asignarle para su exposición.
Sr. Cavallaro.—Estoy hablando, señor presidente, en representación del bloque justicialista.
Es aquí justamente donde reside todo el pensamiento filosófico, doctrinario, jurídico y político
del justicialismo, basado en la fundamentación de la doctrina nacional que condensa los
principios que durante cuarenta años sostuvo el general Perón sobre la defensa de la Nación, y
que fueron los cimientos de la ya citada ley 13.234, sancionada en 1948.
En el mensaje que acompañaba al proyecto luego convertido en ley por el Congreso de la
Nación, el general Perón señalaba: “El plan de Defensa Nacional excede en mucho las previsiones de
los planes militares propiamente dichos; involucrando una serie de planes contribuyentes, políticos,
económicos, industriales, comerciales, financieros y morales, que armónicamente coor-dinados entre
sí constituyen todo un, programa de gobierno tendiente a acrecentar el potencial de la Nación desde
tiempo de paz, impulsando todas sus fuentes vitales, para hacerla moral y materialmente más fuerte
para resistir y triunfar frente a las contingencias de una guerra”.
Y se agrega: “Tal complejo de tareas y responsabilidades no puede quedar librado a la improvisación,
o a ensayos a realizar en forma angustiosa frente a la inminencia de un conflicto, ni la inquietud
que reclama la adopción de prudentes y atinadas previsiones pueden ser aletargadas por la reiterada
consideración de que la política internacional de nuestro país, insistentemente proclamada, no sólo
no abriga propósitos de expansión o predominio, sino que condena tradicionalmente toda agresión,
conquista o lucha que conduzca a violar la soberanía de otros países”.
Sabias palabras que condensan la extraordinaria visión de este genio conductor y que adquieren
plena vigencia en los momentos actuales.
Esta ley rigió hasta 1966 en que el gobierno de facto de Onganía la derogó, implementando el
sistema basado en la doctrina de la Seguridad Nacional.
Mediante la ley 16.970, que hasta ahora se encuentra elaborado por las cumbres militares
celebradas en Panamá y San José de Costa Rica y está condensado en el famoso discurso
que pronunciara este señor en West Point, es la explicitación palpable de la política militar del
Pentágono, que éste se encargó exportar a todos los países latinoamericanos que componen su
trastienda con el objeto de alcanzar sus objetivos imperialistas.
Por supuesto que para lograr esos fines era necesario contar con regímenes autoritarios, elitistas
y que no tuvieran ninguna participación de los sectores populares. Es por eso que en las décadas
del 60 y del 70 se produjeron por rara —entre comillas— coincidencia una serie de golpes
militares que causaron el derrocamiento de gobiernos elegidos por la libre autodeterminación de
sus pueblos, enquistándose en sus lugares regímenes autocráticos y dictatoriales.
Es en este clima donde se dicta esa ley que ataca fundamentalmente el sistema constitucional
y las instituciones creadas para organizar el Estado; una ley que, por ejemplo, deja totalmente
de lado la figura del presidente de la Nación como Jefe Supremo de la República y comandante
de las fuerzas de aire, mar y tierra, para imponer un Comité Militar integrado básicamente por
lo que se dio en llamar la “junta de comandantes en jefe”, de triste recuerdo en nuestro reciente
pasado histórico, y que desapareció con la asunción del gobierno democrático elegido el 30 de
octubre de 1983.
En el tema de la Defensa Nacional se enfrentan dos grandes sistemas hasta hoy existentes.
Mientras en el justicialismo la Defensa Nacional es la doctrina de la Nación en armas, o de la
guerra total, en donde el Estado dicta los grandes objetivos políticos y nacionales por intermedio
de sus autoridades constitucionales —tal como lo impone el estado de derecho—, en el sistema
de la doctrina de la Seguridad Nacional todos esos objetivos quedan subordinados a la apetencia
de poder para instaurar un orden social sostenido por la acción represiva inmediata e indiscriminada.
Se concibe así al Estado como conductor y aplicador de medidas antipopulares, siguiendo
los dictados de una política antinacional.

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La doctrina de la Defensa Nacional debe surgir de objetivos políticos y éticos del Estado desarrollados
hacia el futuro, para lo cual es imprescindible que sean sentidos como propios por todo
el conjunto de la sociedad. En cambio, la doctrina de la Seguridad Nacional llevó a las cúpulas
militares que conducían las Fuerzas Armadas —influidas por minorías elitistas— a la imposición
de una política contraria a los intereses nacionales, a pesar del rechazo generalizado del pueblo
argentino.
De todo lo expuesto podemos extraer una primera y gran conclusión: en la concepción justicialista
la defensa de la Nación es una cuestión esencialmente política y secundariamente militar,
en tanto que en la concepción liberal importada de los Estados Unidos y aplicada uniformemente
por todos los gobiernos de facto se militariza la política, colocando a la Nación en una situación
de guerra integral y permanente, y organizando una sociedad rígida, con ordenamiento policíaco,
en un sistema de delación y sospecha al crear un estado de insatisfacción y de injusticia en
los hombres y en los grupos sociales que los constituye en presa fácil para cualquier ideología.
De todas estas consideraciones surge nítidamente qué se entiende por doctrina de la Seguridad
Nacional. Podemos decir que básicamente consiste en la aplicación de ideas surgidas del principio
que sostiene que la seguridad es el presupuesto primero, predominante e insoslayable para
conseguir un objetivo en cualquier grupo social organizado.
En el artículo 2º de la ley 16.970 se dice que la seguridad nacional es la situación en la cual los
intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencia y perturbaciones sustanciales,
y en el artículo 3º de la citada norma se expresa que la Defensa Nacional comprende el conjunto
de medidas que el Estado adopta para lograr la Seguridad Nacional.
Para nosotros, en cambio, la Defensa Nacional, en un sentido lato, abarca todas las actividades
que se ejecuten en la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo
de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva contra el enemigo externo potencial o real.
Con un concepto más estricto y político afirmamos que la Defensa Nacional comprende la
adecuación de todos los aspectos de la vida de la Nación destinados a atender las exigencias de
una eventual guerra, tanto sea en su preparación durante la paz como en su conducción total
durante el hecho bélico, así como la consolidación durante la posguerra de los objetivos logrados
en la contienda.
En consecuencia, podemos decir que nuestra concepción se funda en el principio de que a
la guerra total se opone la Defensa Nacional total, porque el hecho bélico moderno se caracteriza
por el empleo efectivo del poder militar en el choque armado, pero con la complementación
necesaria e ineludible de todos los integrantes de la Nación en sus distintas actividades y
capacidades.
Estos principios elementales pero fundamentales para la comprensión e interpretación de
la doctrina justicialista en la materia están encaminados a superar la confusión que se ha pretendido
introducir en los límites que separan la paz de la guerra, porque rechazan de plano los
planteos estratégicos, ideológicos y políticos que proponen la guerra integral y permanente, ya
que su aceptación equivaldría a la imposibilidad de una vida social, democrática y participativa
en paz.
De todo esto sacamos la segunda gran conclusión primordial que diferencia un sistema del
otro: mientras que en la concepción justicialista a la guerra total se le opone la Defensa Nacional
total, en el sistema de la doctrina de la Seguridad Nacional hay una confusión: no hay un límite
preciso entre la guerra y la paz debido a que se hace uso intensivo de las agresiones solapadas que
implementadas en un estado de aparente paz tienden a modificar los fundamentos éticos y espirituales
del hombre con la finalidad de alienarlo, condicionar su mente y desarmar su voluntad
de lucha, con una trascendencia tal que pueden transformar la paz en una guerra sin tregua y de
resultados imprevisibles.
En una palabra, y a manera de síntesis, el concepto empleado por el general Perón era el de
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la guerra total, pero nunca cayó en la tentación de la guerra permanente o en el espejismo de
que “todo es guerra”, que proponen los imperialismos a través de la doctrina de la Seguridad
Nacional, porque su espíritu democrático le daba el convencimiento de que a las ideologías se las
cambia con las buenas doctrinas, a las maniobras económicas con la independencia económica y
a las agresiones culturales y psicosociales con una sólida cultura nacional y popular, mientras que
a la agresión armada de otros países —la guerra— se oponen las acciones de la Defensa Nacional,
que comprenden a todas las fuerzas del país, con el empleo efectivo de las Fuerzas Armadas,
bajo la conducción del poder político emanado de la voluntad popular, que no es otro que el
presidente de la Nación en su doble calidad de jefe supremo y comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas Armadas.
De todo lo dicho hasta el momento podríamos extraer otras conclusiones o diferencias que
enfrentan a estos dos sistemas, que por otra parte son los únicos que se conocen en la Argentina
hasta el día de hoy, además del proyecto que se está considerando.
En la concepción justicialista la Defensa Nacional tiene con respecto a la Seguridad Nacional
una relación de contenido a continente, o sea que la defensa es parte de la seguridad total del país.
En cambio, en la concepción liberal de la ley 16.970 se efectúa una equiparación de los conceptos
de seguridad y defensa, en donde ambas comprenden todas las actividades del Estado que estén
dirigidas a resolver los problemas y necesidades de la Nación y lo que se refiere a la seguridad que
le compete.
Otra conclusión se vincula con el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas dentro de
cada uno de estos dos sistemas, ya que conforme a la filosofía justicialista cumplen verdaderamente
el rol constitucional de ser el brazo armado de la Nación en defensa de la soberanía
nacional, política y territorial y de la Constitución que nos rige. En cambio, en la doctrina
de la Seguridad Nacional cumplen el papel de un ejército de ocupación o de policía interna
para reprimir cualquier manifestación o ansia de reivindicación del pueblo, convirtiéndose en
gendarmes y puntas de lanza de la penetración de los intereses imperialistas que a través de
las multinacionales y de los inmensos recursos económicos que manejan pretenden acallar —
utilizando la fuerza— los sentimientos de liberación que animan al pueblo argentino y a sus
hermanos de Latinoamérica.
La doctrina de la Defensa Nacional tiene el pleno convencimiento de que la seguridad interna
se logra naturalmente con el funcionamiento armonioso y participativo de los integrantes
del conjunto social y con el libre juego de las instituciones que crean la Constitución y las leyes
para la garantía y defensa de los ciudadanos. Solamente en una democracia justa, participativa,
solidaria y social se logrará la unidad nacional, y de ella saldrá la ley de defensa que transforme a
los militares en ciudadanos que deben cumplir con su rol constitucional.
La concreción de nuestro destino histórico de país comprometido con la doctrina de la tercera
posición nos impone desarrollar un proyecto de liberación nacional y latinoamericana que
nos libre de la situación de opresión en que se encuentran nuestras naciones como fruto de la
dependencia externa y de la dominación interna, con su secuela de miseria y muerte para nuestros
pueblos.
Este proyecto debe superar el sistema actualmente vigente, implantando, de acuerdo con la
realidad de cada país y con plena autonomía frente a los centros del poder foráneo, uno nuevo
al servicio del hombre y de su plena realización dentro del más absoluto respeto a los valores de
libertad y justicia social.
Las Fuerzas Armadas argentinas no son de los militares sino que pertenecen a la Nación.
Teniendo en cuenta esta verdad irrefutable, proponemos ante el país que nuestras Fuerzas
Armadas recojan el legado histórico de nuestros liberadores y próceres y asuman un rol militante
unidas a nuestros pueblos en la lucha por la liberación de nuestros países; que identifiquen
a nuestros principales enemigos —el imperialismo, tanto yanqui como soviético, la Comisión

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Trilateral, sus satélites privilegiados y las oligarquías nativas—; que abandonen la doctrina de la
Seguridad Nacional, ajena a los intereses de nuestros países y de nuestros pueblos; que adopten
como garantía del proyecto de liberación nacional y latinoamericano una doctrina de Defensa
Nacional integral y global con una fundamental participación popular y que evolucionen en
doctrina y organización para poder enfrentar al enemigo agresor por medio de nuevas formas de
lucha que surjan de la unidad pueblo-Fuerzas Armadas.
Para finalizar, he de destacar que la ley de Defensa Nacional debe ensamblarse con otras leyes
que la complementen a fin de lograr un conjunto orgánico, eficiente, concatenado y global
de todos los aspectos que se vinculan a la defensa y la seguridad del país. A nadie escapará que
una ley de movilización general, u otras de instrucción militar, servicio civil, defensa, etcétera,
que establezcan el régimen necesario para profesionalizar a las Fuerzas Armadas, así como una
muy especial e importante que fije las áreas de actuación de ellas, constituyen una necesidad
insoslayable para proveer a la defensa común, para la preservación de la integridad territorial,
para la consolidación de la paz interior y para el delineamiento de la política internacional de
la República Argentina, a los fines de lograr un país armónicamente consustanciado con su
destino, con proyección en el ámbito mundial como una moderna nación capaz de cumplir
con los dos objetivos máximos anhelados por el pueblo: su felicidad y la grandeza nacional.
Por todos estos conceptos, el bloque justicialista va a rechazar en general y en particular el
proyecto contenido en el dictamen que estamos analizando, por lo que solicito al señor presidente
que por Secretaría se dé lectura al proyecto alternativo que hemos presentado sobre el
sistema de Defensa Nacional de acuerdo con las observaciones que formularon una serie de
diputados pertenecientes a los bloques peronistas. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—¿Usted solicita que el proyecto se lea ahora, señor diputado?
Sr. Cavallaro.—Sí, señor presidente.
Sr. Bisciotti.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Silva).—¿A qué efectos, señor diputado?
Sr. Bisciotti.—Para plantear una cuestión reglamentaria, señor presidente.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Bisciotti.—Nosotros entendemos que no corresponde que por Secretaría se dé lectura al
proyecto porque para ello tendría que haberse hecho un dictamen en minoría en su oportunidad.
Además, si se entregó el proyecto en la mesa de la Presidencia, ¿por qué no se hizo llegar copias a
las bancas de los señores diputados?
Sr. Presidente (Silva).—¿Tuvo entrada el proyecto?
Sr. Cavallaro.—Sí, señor presidente.
Cuando formulamos objeciones al dictamen contenido en el Orden del Día Nº 1064 amparados
en el artículo 95 del reglamento de la Honorable Cámara, nos reservamos el derecho de
fundamentarlas, ampliarlas y, en última instancia, presentar un proyecto alternativo, que es el
que tuvo ingreso en el día de ayer. Todo ello es perfectamente reglamentario.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. González Cabañas.—Yo había solicitado la palabra con anterioridad, señor presidente.
Sr. Presidente (Silva).—En este momento está en uso de la palabra el señor diputado Bisciotti.
Sr. Bisciotti.—Señor presidente: nuestra bancada entiende que reglamentariamente no corresponde
la lectura del proyecto alternativo presentado por el bloque de la oposición, pero no
obstante ello vamos a demostrar que queremos un debate intensivo sobre el proyecto de ley de
Defensa Nacional, accediendo a dicha lectura.
Sin embargo, hay que aclarar en este recinto que durante varios meses el proyecto en debate
fue objeto de análisis en el seno de la comisión de Defensa y que también hace mucho tiempo
que se habló de elevar a la consideración de esta Cámara un proyecto alternativo elaborado por
el bloque justicialista.
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A pesar de que no conocimos este proyecto alternativo hasta ayer, nos alegramos de que la
bancada justicialista se haya podido abocar por fin al trabajo, como hace mucho tiempo que no
lo hacía. En buena hora que lo haya presentado en el día de ayer.
Sr. González Cabañas.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Silva).—Habiendo asentimiento, por Secretaría se dará lectura del proyecto.
Sr. González Cabañas.—Señor presidente: he solicitado la palabra y la Presidencia no puede
seguir ignorándome.
Sr. Presidente (Silva).—No hay nada en discusión, señor diputado.
Sr. González Cabañas.—Insisto en que se me otorgue el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Silva)—La Presidencia no se la dará, señor diputado, porque entiende que el
debate en torno a este tema está cerrado.
Sr. González Cabañas.—Pido la palabra para una cuestión reglamentaria, con el mismo derecho
con que en su momento la solicitó el diputado Bisciotti.
Sr. Presidente (Silva).—Para plantear una nueva cuestión reglamentaria tiene la palabra el
señor diputado por Corrientes.
Sr. González Cabañas.—No es una nueva cuestión reglamentaria, sino la misma.
Sr. Presidente (Silva).—En ese caso, ya no hay nada en discusión, señor diputado.
La Presidencia le solicita al señor diputado que no se ponga nervioso y que tome nuevamente
asiento en su banca, ya que lo podemos ver aunque esté sentado.
Sr. Nieva.—Respete al Parlamento, señor González Cabañas, y no se asuste.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. González Cabañas.—Señor presidente: he solicitado la palabra para aclarar dos cosas.
En primer lugar, que no es por una concesión graciosa del oficialismo que se puede dar lectura
en este momento al proyecto presentado por nuestra bancada. Es indudable que los representantes
del partido oficialista desconocen totalmente el reglamento, cuyo artículo 135 dice que
durante la discusión en general de un proyecto pueden presentarse otros sobre la misma materia
en sustitución de aquél. Quiere decir que nos hemos ajustado estrictamente al reglamento y es en
virtud de él y no de una concesión graciosa del diputado preopinante que tenemos derecho a que
nuestro proyecto sea leído en este momento. (Aplausos).
En segundo lugar, deseo advertir que la Presidencia debe saber respetar a un diputado de la
Nación cuando pide la palabra. No corresponde que se la otorgue arbitrariamente a otro diputado
por dos veces y menos, que mediante chistes de mal gusto y desubicadamente, se la niegue
a ningún legislador nacional. (Aplausos).
Sr. Bordón González.—Solicito la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Silva).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Bordón González.—Deseo aclarar al diputado Bisciotti que en la nota que acompaña al
proyecto alternativo presentado por nuestra bancada, informamos que bajo el número 150-D.-
84 figura un proyecto de ley publicado en el Trámite Parlamentario Nº 8, de fecha 14 de mayo de
1984, proyecto que se refiere a la Defensa Nacional y que está firmado, entre otros, por el señor
diputado Cavallaro y quien habla.
También deseo recordarle al colega que, si no me equivoco, el mensaje del Poder Ejecutivo
que acompaña al proyecto en tratamiento tiene fecha de entrada del 17 de abril de 1985. En otras
palabras, la bancada justicialista sabía que en las actuales instancias del país era fundamental este
tema y por ello nos adelantamos en casi un año a la propuesta emanada del Poder Ejecutivo.
Obviamente, al no contar con la mayoría parlamentaria, no pudimos adelantar en el tiempo el
tratamiento de nuestro proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Quiero dejar definitivamente en claro las razones por las cuales nos vemos obligados
a presentar un proyecto de ley que fue elaborado —con algunas modificaciones— sobre la

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
base de una iniciativa que presentara hace más de un año el diputado Cavallaro junto con otros
legisladores integrantes del bloque justicialista.
Debemos agregar dos elementos que van a clarificar perfectamente el tema. En primer lugar,
esperamos hasta último momento en la comisión, en cuya gestión hemos colaborado permanentemente,
para introducir en el dictamen del oficialismo las modificaciones que creíamos pertinentes
por el hecho de no compartir la redacción de varios artículos en razón de una profunda
discrepancia doctrinaria.
En segundo lugar, deseo señalar un hecho que es una realidad en la mayoría de las comisiones
de esta Cámara y del que el bloque justicialista no es culpable. En este sentido cabe destacar que
en ninguna de las reuniones de la comisión en las que se trató este proyecto de ley de Defensa
Nacional hubo quórum. Repito que no es responsabilidad de los partidos de la oposición asegurar
el quórum en el recinto ni en las comisiones.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Bisciotti.—Señor presidente: vamos a aceptar la lectura solicitada, pero deseo dejar en
claro que nuestra posición no se funda en una cuestión capciosa o caprichosa. Seguramente lo
que ocurre es que el diputado González Cabañas ha leído el reglamento por la mitad. Veamos
el artículo 95 del reglamento. Dice así: “Producidos los dictámenes de las comisiones serán impresos…
Una vez impresos se los distribuirá en la forma prevista en el artículo 50, inciso 5º, se
pondrán a disposición de la prensa y quedarán en observación durante siete días hábiles.
“La Cámara no considerará ninguna propuesta de modificación que no haya sido depositada
en la Secretaría dentro de este término, salvo su aceptación por la comisión respectiva antes de la
consideración del despacho por la Cámara o pronunciamiento expreso de la misma por los dos
tercios de los votos emitidos, debiendo su autor, —en este caso, limitarse a— leerla, y procediéndose
sin debate, a determinar si ella se considera o no por la Cámara”.
Sr. Cavallaro.—Continúe leyendo por favor.
Sr. Bisciotti.—En su último párrafo, el artículo 95 establece: “Los dictámenes de comisión
en discrepancia con el que fuere aprobado en general y las disidencias parciales, tendrán, en el
debate en particular, el tratamiento de las observaciones formuladas en término; y los diputados
que los sostengan podrán, en el curso del mismo, hacer las propuestas pertinentes”.
En definitiva, señor presidente, vamos a aceptar que se lea este proyecto que ayer ha presentado
el justicialismo, pero dejando sentado que para ello hay que cumplir con el reglamento, que
establece que la comisión tiene que aceptarlo expresamente.
Sr. Zubiri.—Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Silva).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Zubiri.—Debo aceptar que en algunas reuniones de la comisión de Defensa Nacional efectivamente
no hubo quórum. Desgraciadamente esta es una circunstancia común a muchas otras
comisiones; tal vez se deba a la excesiva cantidad de miembros que las integran.
Sin perjuicio de aceptar ese hecho, debo señalar que cuando la comisión produjo dictamen
sobre este proyecto de ley de defensa remitido por el Poder Ejecutivo, lo hizo contando con un
holgado quórum, tal como figura en el acta respectiva y como les consta al diputado Cavallaro y
a los demás señores diputados que no pertenecen al bloque oficialista y que estuvieron presentes.
Por otra parte, la presidencia de la comisión ordenó citar a los señores diputados con la expresa
advertencia de que ese día se iba a producir dictamen sobre esta cuestión. Esto es simplemente
lo que quería aclarar.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.
1985
Sr. Presidente (Pugliese). — La presidencia procurará aclarar la cuestión.
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Sr. Gónzález Cabañas.—He sido aludido señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Le daré la palabra después, señor diputado. Simplemente quiero
señalar al señor diputado presidente de la comisión de Defensa cuál es la posición de la
Presidencia. Al respecto, tengo la impresión de que el señor diputado se ha referido a la posibilidad
de que se presente en este momento un despacho en minoría; pero de lo que se trata es de un
proyecto alternativo. De manera que lo que corresponde aplicar es el artículo 135 del reglamento
y no el 136. Por lo tanto, el proyecto puede ser presentado, pero no será considerado sino en el
caso de que sea rechazado el elaborado por la comisión.
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. González Cabañas.—Me alegro de que la Presidencia coincida con mi apreciación y no
con la precaria interpretación reglamentaria del señor diputado Bisciotti.
Sr. Presidente (Pugliese).—Son dos interpretaciones diferentes.
Sr. González Cabañas.-—El señor diputado Bisciotti sostuvo que no correspondía en este
caso mi interpretación reglamentaria, agregando que estaba equivocado y que no era aplicable el
artículo 135, mientras que yo he afirmado y ratificado esa posición.
De manera que me alegro de que la Presidencia haya resuelto que resulta aplicable el artículo
135. De paso, pediría al señor diputado Bisciotti que relea el reglamento de vez en cuando.
Sr. Melón.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿A qué efectos, señor diputado?
Sr. Melón.—Para una aclaración, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Melón.—Señor presidente: creo que es imporfante aclarar qué trámite tuvo este proyecto
dentro de la comisión. He dicho.
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia hace saber al señor diputado que no puede alterar
el orden de la sesión. La cuestión reglamentaria ya ha sido aclarada y el cuerpo es el único que le
puede indicar a la Presidencia cuál es el procedimiento correcto si entiende que el adoptado no
es el apropiado.
Sr. Melón.—Pero lo que ocurrió en la comisión es opinable.
Sr. Presidente (Pugliese).—No está en discusión lo que ocurrió en la comisión.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto alternativo que se ha presentado.
Sr. Secretario (Belnicoff).—Dice así:
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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TÍTULO I
Principios básicos
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases fundamentales jurídicas, orgánicas y funcionales,
para la implantación de un sistema de Defensa Nacional que sirva a las necesidades de la
Nación, basado en el régimen representativo, republicano, federal y social.
Art. 2º.—La Defensa Nacional abarca todas las actividades que se adopten en la Nación, bajo
la conducción de las autoridades constitucionales, para la solución de aquellos conflictos que
requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva, contra el enemigo
externo potencial o real.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Art. 3º.—El concepto político de la Defensa Nacional comprende la adecuación de todos los
aspectos de la vida de la Nación destinados a atender las exigencias de una eventual guerra, tanto
sea en su preparación durante la paz como a su conducción total durante el hecho bélico, así
como a la consolidación durante la posguerra de los objetivos logrados en la contienda.
Art. 4º.—Para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional se deberá tener permanentemente
en cuenta la diferencia fundamental que separa a ésta de la seguridad, y en particular
su incompatibilidad con los postulados de la llamada “doctrina de la Seguridad Nacional”.
Art. 5º.—La Defensa Nacional debe contemplar la eventualidad de la guerra que pueda afectar
al país, ya sea ésta encarada con medios convencionales o no convencionales por un enemigo
exterior agresor.
TÍTULO II
Finalidad del sistema
Art. 6º.—El funcionamiento ordenado del sistema de Defensa Nacional estará enderezado
a determinar la política de Defensa Nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país, así
como a su permanente actualización.
Art. 7º.—El sistema de Defensa Nacional tendrá por finalidad:
a) Determinar las hipótesis del conflicto, que deberán ser retenidas como hipótesis
de guerra;
b) Elaborar la hipótesis de guerra, estableciendo para cada una los correspondientes
objetivos políticos a lograr;
c) Formular los planes que posibiliten una adecuada preparación de toda la Nación
para el eventual conflicto bélico;
d) Elaborar los planes para la conducción de los niveles de la Defensa Nacional, correspondientes
a la estrategia militar y a la estrategia operacional;
e) Dirigir la guerra en todos sus aspectos desde el nivel de la estrategia nacional;
f) Conducir a las Fuerzas Armadas y los esfuerzos de los sectores del país afectados
por el conflicto bélico, en el nivel estratégico militar y en el estratégico operacional;
g) Preparar y ejecutar las medidas de movilización nacional;
h) Asegurar la ejecución de operaciones militares conjuntas con las tres Fuerzas
Armadas y, eventualmente, las operaciones combinadas que pudieran concretarse
con Fuerzas Armadas de países aliados;
i) Establecer las hipótesis de confluencia que permitan preparar las alianzas necesarias
y suficientes, para resolver convenientemente la posible concreción de las
hipótesis de guerra;
j) Controlar las acciones de posguerra y conducir la consolidación de los objetivos
políticos obtenidos en la contienda.
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460
TÍTULO III
Estructura del Sistema de Defensa
Art. 8º.—Los integrantes principales del sistema de Defensa Nacional deberán ser, necesariamente,
los siguientes:
1. El presidente de la Nación, en su carácter de jefe jupremo de la Nación, presidente
del Consejo de Defensa Nacional y comandante en jefe de todas las Fuerzas
Armadas de la República;
2. El gabinete nacional constituido en Consejo de Defensa Nacional, incluido el vicepresidente
de la Nación;
3. El Congreso de la Nación, en el tratamiento de asuntos de defensa y, permanentemente,
a través de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras;
4. El Poder Judicial, en la aplicación de leyes relacionadas directamente con el área
defensa, tanto en la paz como en la guerra y la posguerra;
5. El Ministerio de Defensa;
6. Las Fuerzas Armadas de la Nación; Ejército Argentino, Armada de la República
Argentina y Fuerza Aérea Argentina;
7. El pueblo de la Nación, a través de sus organizaciones intermedias, mediante su
participación activa y pasiva en las cuestiones esenciales de la defensa, tanto durante
la paz como en la guerra.
Art. 9º.—Compete al presidente la Nación en su carácter de jefe supremo de la Nación y comandante
en jefe de todas las Fuerzas Armadas, con los ministros y secretarios de Estado, todo
cuanto concierne a la preparación, organización y dirección de la Defensa Nacional, de acuerdo
con lo que determine el Honorable Congreso de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales,
específicamente aquellas conferidas por el artículo 67, incisos 21 y 23.
Art. 10.—Todos los problemas de la Defensa Nacional serán resueltos en el Poder Ejecutivo,
con la participación del vicepresidente de la Nación, un miembro designado por las respectivas
comisiones de Defensa de ambas Cámaras del Congreso, y el asesoramiento de los ministros
reunidos en acuerdo general de gabinete. Las reuniones de esta naturaleza tendrán el carácter de
Consejo de Defensa Nacional (CODENA).
El presidente de la Nación ejercerá la conducción político-militar en caso de guerra, con la
asistencia de los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y de Economía y también un miembro
designado por las respectivas comisiones de Defensa de ambas Cámaras, constituyendo el
gabinete de guerra, con el asesoramiento directo del jefe del Estado Mayor Conjunto.
Art. 11.—El Consejo de Defensa Nacional será presidido por el presidente de la Nación y
coordinado por el ministro de Defensa.
Art. 12.—El Consejo de Defensa Nacional se reunirá cuando lo estime necesario el Poder
Ejecutivo o lo solicite alguno de los miembros del consejo, y podrán ser llamados a participar en
sus deliberaciones con carácter de asesores técnicos, los altos funcionarios militares o civiles que
se considere conveniente en cada caso.
Art. 13.—El Ministerio de Defensa Nacional deberá constituirse en el organismo político que
otorgue unidad al gobiemo, administración y conducción de las Fuerzas Armadas, así como a la
conceptuación y aplicación de la política de Defensa Nacional.
Art. 14.—El Ministerio de Defensa Nacional tendrá capacidad de atribuir responsabilidad de
aplicación de políticas, estrategias y ejecución de planes y programas nacionales a la secretaría de
Estado que le dependan.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Además, estará en condiciones de brindar apoyo administrativo a las Fuerzas Armadas, a
través de las secretarías y subsecretarías correspondientes.
Los comandantes de cada una de las Fuerzas Armadas dependerán del Ministerio de Defensa
en lo que a administración y gobierno de las mismas se refiera.
Art. 15.—Las secretarías y subsecretarías, dependientes del Ministerio de Defensa, constituirán
los organismos necesarios para ejecutar en forma oportuna y coordinadamente la administración
y gobierno de las Fuerzas Armadas en el marco orgánico-específico. El apoyo administrativo
en lo referente a personal, finanzas, presupuesto, educación, movilización, producción,
ciencia y tecnología para la defensa; la planificación y la conducción conjunta a nivel estratégicomilitar
y estratégico operacional, y recepción y consideración de las propuestas que en este orden
formularen las distintas fuerzas a través del Estado Mayor Conjunto.
Art. 16.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que estará integrado por cada
uno de los comandante de las respectivas fuerzas y presidido por un jefe nombrado por el presidente
de la Nación con acuerdo del Honorable Senado, será el órgano militar de trabajo para la
planificación y la conducción del nivel correspondiente a la estrategia militar.
Art. 17.—El Estado Mayor Conjunto dependerá directamente del presidente de la
República durante la guerra, mientras que durante la paz dependerá a través del ministro de
Defensa.
Art. 18.—Se constituirán comandos de fuerzas conjuntas, de acuerdo con las exigencias surgidas
de las hipótesis de guerra seleccionadas y de la política de defensa elaborada, para constituir,
desde la paz, los elementos más apropiados para la constitución de los probables teatros de
operaciones previstos para tiempo de guerra.
Art. 19.—Deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Honorable Congreso
de la Nación los instrumentos esenciales que definan el sistema y los que determinen la política
de defensa por aplicar. Para ello será necesario establecer una relación institucional permanente
entre el Consejo Nacional de Defensa y las comisiones de Defensa de ambas Cámaras.
TÍTULO IV
Régimen funcional del Sistema de Defensa
Art. 20.—Al Consejo de Defensa Nacional le incumbe la responsabilidad de adoptar las medidas
necesarias a pasar de la organización del país en tiempo de paz a la organización en tiempo
de guerra.
Art. 21.—El Consejo de Defensa Nacional deberá cumplir con las siguientes funciones
generales:
a) Determinar las hipótesis de guerra, sobre la base de los análisis políticos y estratégicos
que se efectuaran en el nivel de la estrategia nacional;
b) Determinar los cursos de acción a aplicar en política internacional, consecuente
con las exigencias de la Defensa Nacional;
c) Impartir directivas generales a todas las áreas de gobierno, para la preparación y ejecución
de la Defensa Nacional, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra;
d) Elaborar los proyectos de leyes referidos a la organización defensiva del país, así
como las necesarias para la eventual guerra;
e) Elaborar las bases para hacer posible la dirección superior de la guerra y la resolución
de los problemas vinculados con la misma, por parte del presidente de la
Nación.
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Art. 22.—Corresponderá al Consejo de Defensa Nacional además, el cumplimiento de las
siguientes funciones particulares:
a) Mantener la potencialidad bélica del país en concordancia con los objetivos políticos
fijados, cuando estos objetivos estén estrechamente vinculados con el empleo
de la fuerza militar;
b) Dirigir la elaboración del plan de guerra de la Nación con la participación activa
de todos los ministerios, para compatibilizar adecuadamente el esfuerzo de toda la
Nación con los planes de las Fuerzas Armadas en todos los niveles;
c) Arbitrar los medios financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de
las previsiones aprobadas para los distintos ministerios en lo que se refiere al ordenamiento
del potencial nacional y a su transformación eventual en potencial de
guerra;
d) Promover el estudio de las leyes y decretos necesarios en tiempo de paz para la
preparación de la defensa en coordinación con el Congreso Nacional;
e) Disponer el estudio y preparación de proyectos de leyes y de los decretos que deben
ser puestos en vigor en vísperas de la guerra y durante ella, en coordinación con las
comisiones específicas del Honorable Congreso de la Nación;
f) Durante la tensión política y la movilización; dirigir la aplicación del plan de guerra;
g) Efectuar la conducción superior de la guerra durante las hostilidades;
h) Negociar la paz de acuerdo con los objetivos políticos de la Nación y con la aprobación
del Honorable Congreso de la Nación;
i) Durante y después de la guerra planear y ejecutar la desmovilización y el retorno
ordenado del país a sus actividades de paz;
j) Procesar la inteligencia estratégica nacional necesaria para la planificación y la conducción
de la defensa.
Art. 23.—Compete al Ministerio de Defensa Nacional dentro del sistema de defensa el cumplimiento
de las siguientes funciones generales:
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a) Coordinar el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional;
b) Participar activamente en la selección de las hipótesis de guerra, para la decisión
del presidente de la Nación;
c) Preparar y proponer al Poder Ejecutivo lo concerniente al plan general de defensa y los
planes militares del nivel estratégico militar, incluida la directiva estratégica militar;
d) Brindar apoyo administrativo a las Fuerzas Armadas de la Nación a través de las
secretarías de Estado correspondientes;
e) Cumplir y hacer cumplir las normas de administración presupuestaria y contable
y coordinar la elaboración del presupuesto anual de los organismos dependientes,
para su aprobación final;
f) Distribuir los créditos del presupuesto a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los
planes y programas surgidos del planeamiento militar conjunto;
g) Dirigir los organismos de producción y ciencia y tecnología para la Defensa
Nacional;
h) Preparar y ejecutar, oportunamente, los planes de movilización;
i) Promover, planear y dirigir el servicio de defensa en sus distintas formas (servicio
militar, servicio civil, otras formas);
j) Entender en la organización, preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, acorde
con el planeamiento militar conjunto;

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
k) Entender en la distribución territorial de las fuerzas sobre la base del planeamiento
militar conjunto;
l) La organización territorial para la defensa, tanto en tiempo de paz como en los de
guerra;
m) La coordinación de la inteligencia estratégica nacional en lo que a requerimientos
de Defensa Nacional se refiere. La adquisición de información y la producción de
la inteligencia necesaria para el planeamiento estratégico militar y la conducción
estratégica militar de las operaciones;
n) Entender en los requerimientos de personal y logística relacionados con el planeamiento
militar conjunto, en el nivel estratégico militar y el estratégico operacional;
o) Entender en todo lo concerniente a la enseñanza militar de las Fuerzas Armadas
salvo los programas de estudio de materias que no sean estrictamente castrenses las
que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Educación de la Nación;
p) Entender en la aplicación de recomendaciones de organismos internacionales, con
los cuales se pueda contraer compromisos de defensa mutua dentro de la región,
para lo cual se deberá contar, previamente, con la participación de la Cancillería,
la resolución del presidente de la Nación y la aprobación correspondiente del
Honorable Congreso de la Nación.
q) Entender en la preparación y conducción de operaciones combinadas, que se realicen
en cumplimiento de compromisos internacionales.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto entenderá lo concerniente a la elaboración del planeamiento
militar conjunto, la formulación de la doctrina militar conjunta y la elaboración del
planeamiento para la movilización militar.
La estructura orgánica, disposiciones sobre personal, medios, régimen presupuestario y régimen
funcional del Estado Mayor Conjunto, serán establecidas por la reglamentación de la
presente ley.
Art. 25.—La Secretaría de Informaciones del Estado proporcionará la información necesaria
a nivel de la estrategia nacional de la defensa a través del esfuerzo de búsqueda a encarar por su
departamento exterior. Esta información deberá responder a los requerimientos del Consejo de
Defensa Nacional y del Ministerio de Defensa en particular.
Art. 26.—EI Ministerio de Defensa centralizará la inteligencia de las tres Fuerzas Armadas en
un organismo de inteligencia conjunto, que servirá a las necesidades de la conducción estratégica
nacional y estratégica militar. Este organismo brindará, además, la información básica para la
conducción estratégica operacional.
TÍTULO V
Servicio de Defensa Nacional
Art. 27.—Todas las personas de existencia visible y/o jurídica sujetas a las leyes argentinas podrán
ser requeridas al cumplimiento de obligaciones destinadas a asegurar la Defensa Nacional.
Estas obligaciones deberán ser consideradas como carga pública y comprenderán entre otras
la instrucción militar en sustitución del actual servicio militar obligatorio y el servicio civil de
defensa activa y pasiva.
La sustitución del actual servicio militar obligatorio por la instrucción militar, será reglamentada
por una ley especial.
Art. 28.—La participación del pueblo en la Defensa Nacional es la obligación que cumplen los
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argentinos varones y mujeres, nativos, por opción o naturalizados durante la instrucción militar
en las Fuerzas Armadas o en la reserva, convocados por el Poder Ejecutivo Nacional conforme a lo
establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional o en el que lo sustituya, y los voluntariamente
incorporados a la conscripción, de acuerdo con el régimen que a su respecto se establezca
oportunamente, para contribuir a una mayor continuidad y profesionalidad del servicio.
Art. 29.—El servicio civil de defensa es la obligación de prestar servicios no militares que
deben cumplir los habitantes del país, a fin de satisfacer necesidades de preparación del potencial
nacional para la eventualidad de una guerra, o para sostener el esfuerzo bélico ante el conflicto
ya declarado.
Art. 30.—La legislación complementaria de la presente ley establecerá las normas pertinentes
en cuanto a las modalidades de prestación de los servicios mencionados de Defensa Nacional, así
como lo concerniente a compensaciones, remuneraciones y, penalidades.
TÍTULO VI
Organización territorial y requisiciones
Art. 31.—En caso de guerra el presidente de la Nación podrá establecer teatro de operaciones
en determinadas partes del territorio nacional, con la previa aprobación del Honorable Congreso
de la Nación.
Atr. 32.—El comando del teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior que designe
el presidente de la Nación con la aprobación del Honorable Senado de la Nación a propuesta
del ministro de Defensa y dependerá del presidente, a través del Ministerio de Defensa con
la secretaría encargada de la conducción a nivel estratégico militar.
Art. 33.—Cuando las necesidades de Defensa Nacional, ante peligro inminente de guerra
durante las operaciones así lo impongan, se podrá recurrir a la requisición de bienes. Tal medida
será dispuesta por el presidente de la Nación y aprobada por ley, la que determinará las autoridades
de ejecución y los alcances de las medidas por adoptar.
Art. 34.—El Poder Ejecutico podrá disponer en forma excepcional y por término perentorio,
el empleo de las Fuerzas Armadas en caso de conmoción interior causada por agentes de la naturaleza.
En estas situaciones las Fuerzas Armadas deberán coordinar las actividades planificadas por
el Ministerio de Defensa con las autoridades constitucionales actuantes en la jurisdicción afectada.
TÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 35.—Derógase la ley 1ey 16.970 (Defensa Nacional) con todas las modificaciones introducidas
por las leyes 17.649, 19.276, 20.194 y 20.318, así como toda otra disposición que se
oponga a la presente.
Art. 36.—El Poder Ejecutivo Nacional dictará, dentro de los noventa días de promulgada esta
ley, la reglamentación pertinente, la que se deberá ajustar a los enunciados de la misma.
Art. 37.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Miguel D. Dovena.—Alberto S. Melón.—José L.
Manzano.—Miguel Unamuno.—Antonio G. Cavallaro.—Julio
Barbaro.—Antonio Paleart.—José Bordón González.

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Sr. Cavallaro.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: se ha deslizado un error en la transcripción mecanográfica
del artículo 27 del proyecto: en lugar de “reglamentada por una ley especial”, debe decir “instrumentada
por una ley especial”.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se hará la correspondiente corrección, señor diputado.
Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos
Constitucionales.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: he finalizado con la consideración en general del tema y
voy a iniciar el análisis en particular para formular las observaciones…
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia advierte al señor diputado que estamos en la consideración
en general del dictamen y que restan cuatro minutos para finalizar el término de su
exposición.
Sr. Cavallaro.—Supongo que me habrán descontado el tiempo que insumió la lectura del
proyecto.
Sr. Presidente (Pugliese).—Por supuesto, le quedan cuatro minutos sin incluir el tiempo de
la lectura realizada. Esa es la información que tengo, dado que no ocupaba la Presidencia.
Sr. Cavallaro.—Según mi reloj, me quedan quince minutos, pero respeto lo expresado por
la Presidencia.
Dijimos que íbamos a rechazar el proyecto de ley de Defensa presentado por el Poder
Ejecutivo, así como el posterior dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos
Constitucionales, porque consideramos que esos instrumentos constituyen una base insuficiente
y quizá cargada de peligros conceptuales e instrumentales para la vida política e institucional de
la República.
En consecuencia, proponemos la consideración y posterior aprobación del proyecto que presentamos
como alternativa y que se acaba de leer.
Nosotros presentamos esa iniciativa el 14 de mayo del año pasado, y fue el único proyecto de
ley de Defensa Nacional que ingresó en ese período. Nos enorgullecemos de haberlo hecho, porque
con ello provocamos el gran debate nacional. Para su elaboración recogimos la experiencia y
las conclusiones de todas las instituciones y personas especializadas en el tema, que con generosidad
aportaron sus conocimientos.
Mientras tanto, el oficialismo se encontraba atrapado por los problemas coyunturales y no
atinaba a plantear y menos aún a resolver la grave situación que constituye mantener vigente una
ley que nos viene del gobierno de Onganía, en momentos en que los argentinos nos enorgullecemos
de la recuperación de la democracia.
La concepción radical ha logrado sacar un pie de la doctrina de la Seguridad Nacional, pero
lamentablemente todavía mantiene el otro pegado a esta nefasta ideología; pues mientras por un
lado en sus opiniones descarta la posibilidad de caracterizar algún enemigo interno —lo cual es
totalmente compartido por nuestra vocación democrática—, por el otro incurre en el grave error
de mantener la doctrina de la seguridad al equiparar e igualar la defensa con la seguridad, ya que
en el artículo 2º del proyecto extiende los alcances de la defensa al enfrentamiento de todas las
agresiones de origen externo sin distinguir su naturaleza.
El proyecto justicialista, en cambio, limita los alcances de la defensa a la atención de aquellos
conflictos o agresiones que requieran o puedan requerir el empleo efectivo o disuasivo de las
Fuerzas Armadas, evitando de esta manera la confusión entre Defensa Nacional y seguridad.
¿Será acaso que la conducción oficial no ha comprendido aún cabalmente los verdaderos
alcances de la ideología de la doctrina de la Seguridad Nacional?
También podríamos decir que el proyecto oficial tiene un carácter elitista, porque prescinde
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del pueblo al no incluirlo expresamente entre los actores principales del sistema de Defensa
Nacional a través de sus organizaciones intermedias.
Esta concepción radical reincide así en los viejos y conocidos errores de los gobiernos de facto
que, dejando de lado los contenidos expresos de nuestra Constitución, marginan y olvidan al
pueblo como origen, destinatario y mandante del poder político de la República.
El proyecto justicialista establece expresamente en el inciso g) del artículo 8º que el pueblo
de la Nación es integrante fundamental del sistema de Defensa Nacional. Nosotros no podemos
olvidar que el pueblo es la esencia de la Nación.
¿Se puede caer, entonces, en la tentación de los autoritarismos, que intentan silenciar al hombre
aislado y a las organizaciones intermedias para imponer, partiendo de un poder omnímodo,
lo que se considere más conveniente desde ese pedestal del poder? ¿El hombre argentino no tiene
nada que opinar acerca de las cuestiones de la defensa? ¿No tiene derecho la mujer argentina, que
está dispuesta a entregar a sus hijos para defender a la patria, a conocer el porqué de la guerra?
¿El artículo 21 de la Constitución sólo constituye una obligación o es además, como sostenemos
los justicialistas, un derecho del ciudadano argentino de armarse en defensa de la patria y de la
Constitución?
El proyecto oficialista margina notablemente al Congreso de la Nación de la participación que
le corresponde en la defensa, en ejercicio de las facultades que le otorga la propia Constitución
Nacional. El proyecto justicialista, por su parte, otorga al Congreso la posibilidad del ejercicio
pleno de sus atribuciones constitucionales amparadas por el artículo 67. Así, en el artículo 19
exige la participación del Congreso en la aprobación de los instrumentos esenciales que definen
el sistema y los que determinan las políticas de defensa por aplicar. En el Consejo de Defensa
Nacional que creamos, además del presidente y el vicepresidente de la Nación y de todos los
integrantes del gabinete nacional, participa un miembro de cada comisión de Defensa de ambas
cámaras del Congreso.
Por otra parte, en el proyecto justicialista también se establece una relación institucional permanente
entre el Poder Ejecutivo, las comisiones de Defensa Nacional del Congreso y el Consejo
de Defensa Nacional.
Señor presidente, señores legisladores: debo señalar que el proyecto radical es, entre comillas,
marcadamente militarista. Pero entiéndase bien, esto lo digo desde el punto de vista de que más
que una ley de Defensa Nacional me parece un código militar, ya que establece funciones que van
más allá de lo que podría determinar una ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas y de la
aplicación que corresponde a cada una de ellas, en vez de referirse en general a lo que constituye
la Defensa Nacional como parte integrante de la seguridad militar de una nación. (Aplausos).
En el inciso i) del artículo 7º, además de las hipótesis de conflicto y de guerra, introdujimos
la formulación de las hipótesis de confluencia, que constituyen una parte fundamental de la defensa
y seguridad del país: relacionar mediante alianzas a los países que componen Latinoamérica
o la región del Cono Sur en políticas que complementen sus Fuerzas Armadas y que integren
un sistema defensivo global e integral, porque cada país no está suficientemente preparado militarmente
como para responder a agresiones externas como la que sufrimos en el caso de las
Malvinas, donde nos atacaron Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN. Hacemos hincapié en
que una ley de Defensa Nacional debe contener una política de confluencia.
Para terminar —luego haré otras observaciones durante el tratamiento en particular—, voy
a decir fundamentalmente que hemos introducido una vieja aspiración del pueblo de la Nación
Argentina, bandera que fue levantada por el radicalismo en la campaña electoral de 1983: supresión
del servicio militar obligatorio. Nosotros proponemos suplantar el servicio militar obligatorio
por un servicio de instrucción militar, regido por una ley especial que condense ese gran
sentimiento que es el derecho de los ciudadanos argentinos a armarse en defensa de la Nación,
pero cumpliendo con un requisito que señalaremos en el tratamiento en particular. (Aplausos).

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Sabadini.—Señor presidente: vengo a fundamentar, en nombre y representación del bloque
17 de Octubre, nuestra oposición en general y en particular al proyecto de ley de defensa.
Por tratarse de un asunto vital para la Nación, en el que están en juego su identidad, supervivencia,
soberanía y el logro de sus aspiraciones históricas, encaro la tarea sin ánimo sectario, sin
partidismos estrechos y, fundamentalmente, sin los fantasmas creados por recientes y dolorosos
desencuentros.
En síntesis, los argumentos de mi oposición son los siguientes: esta ley no adecua a las Fuerzas
Armadas al rol que deben tener dentro de la comunidad o sociedad argentina. El proyecto, en sí
mismo, no aprovecha las ricas experiencias históricas y no surge de ellas mismas, fundamentalmente
de las más recientes y dolorosas, como serían la guerra de la subversión y de las Malvinas.
En lo que atañe al tema Malvinas, entendemos que el proyecto omite legislar sobre el planeamiento
militar conjunto, causa de no pocos errores estratégicos en el transcurso de la citada
guerra.
Debo reconocer que las modificaciones introducidas por el dictamen de la mayoría han beneficiado
el proyecto original, no obstante lo cual entendemos que estas mejoras no alcanzan a
cubrir nuestras aspiraciones de la integración de las Fuerzas Armadas y la civilidad, integración
por todos ansiada y predicada incluso por nuestro presidente.
Si tenemos que dar un marco ideológico a nuestra oposición diremos que este instrumento
legal que estamos por sancionar está pensado para una Nación internamente resuelta y no es el
caso de la República Argentina. Estamos viviendo en una Nación en crisis. ¿Por qué hago este
distingo? Porque el papel de las Fuerzas Armadas en el mundo, sin excepción y sin adentrarme
en alguna valoración ideológica, tiene que ver con su accionar.
En las naciones que son potencias, o en las naciones desarrolladas, el accionar de las Fuerzas
Armadas está vinculado a su relación exterior como sustituto o reemplazo de la diplomacia, o
como apoyo en materia de disuasión. De modo tal que en esas naciones las Fuerzas Armadas
cumplen fundamentalmente su misión de “fronteras para afuera”.
Este no es el caso de la República Argentina ni de los países periféricos. Podemos abundar
en detalles. Cuando dije que encaraba esta tarea sin ánimo sectario, me propuse prescindir a lo
largo de mi exposición de adjetivaciones y fundamentalmente de dogmatismos e ideologismos
que creemos que en este siglo XX han sido definitivamente superados.
Hay casos de terrorismo de distintos signos ideológicos en todo el mundo. Sería imposible explicar
a esas naciones periféricas cómo cumplir su misión de Defensa Nacional sin una hipótesis,
sin una posibilidad de actuar en casos de conmoción interna. Sería imposible que explicáramos a
Nicaragua o a El Salvador que sus Fuerzas Armadas no deben proceder internamente contra un
terrorismo de derecha. Hay otros ejemplos que podría citar, como los de Mozambique, Angola,
Perú y Colombia. Son casos de distinto signo, pero en ninguno de ellos se excluye la posibilidad
de la actuación de las Fuerzas Armadas en un conflicto interno.
Es digno de reconocer que el proyecto de ley que estamos considerando tampoco excluye esa
posibilidad, pero lo que no hace es legislar sobre el modo, la forma, el objeto y la misión de las
Fuerzas Armadas cuando esas hipótesis de conflicto o de guerra cobran vigencia. ¿Qué participación
y qué funciones tiene el Parlamento en esas instancias críticas?
Por otra parte, hay un caro sentimiento en el peronismo en cuanto a la vinculación entre las
Fuerzas Armadas y el desarrollo nacional considerado éste desde el punto de vista económico.
Creemos que en este aspecto el proyecto también presenta omisiones. No sería difícil fundamentar
desde el punto de vista histórico los beneficios que dicha vinculación ha otorgado al país: está
el caso de la siderurgia, que arranca no de ahora sino de los viejos yunques donde se forjaban las
armas que fabricaba fray Luis Beltrán. Están los ejemplos de Mosconi, Savio y Baldrich.
Quiere decir que nuestra propia historia nos confirma que siempre ha sido necesaria la
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participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico del país. Fundamentalmente,
en dos hipótesis: en áreas en donde la inversión privada no existe porque no es negocio, aunque
representen una posibilidad vital para la Nación, y en aquellos casos en que el objeto de investigación
o de desarrollo se refiere a una cuestión de seguridad estratégica nacional.
El proyecto de ley en análisis deja sin lugar al sistema de planeamiento en base a un argumento
incluido en el mensaje que lo acompaña, uno de cuyos párrafos dice que el sistema establecido
por la ley 16.970 —cuya derogación se pretende— “fue concebido y elaborado para apoyar
un régimen autoritario” y que se prestó “para que las Fuerzas Armadas ejercieran un control
sobre las decisiones del presidente de la Nación”.
Me pregunto y pregunto a los señores diputados, si no merece igual calificación la Secretaría
de Planeamiento, que fue creada en las mismas instancias y que actualmente se encuentra a cargo
del ex ministro de Economía, doctor Grispun. La única diferencia que tiene la Secretaría de
Planeamiento con este sistema de planeamiento —tan duramente vituperado— es que se ocupa
del desarrollo y de la economía, en vez de la Defensa Nacional.
La Secretaría no se destruyó, sino que pasó a ser una oscura dependencia del Ministerio de
Defensa. Esto no ocurrió en virtud de una ley surgida de este Parlamento, una ley de la democracia,
sino que se hizo en época de la dictadura militar. Con la supresión del sistema de planeamiento
y acción para la seguridad se trató de lograr que el presidente de la Nación tuviese una
doble fuente de asesoramiento; a partir de esta ley obtendrá asesoramiento de una sola fuente
oficial: el Ministerio de Defensa Nacional. De esta forma sus posibilidades de acierto disminuyen
sensiblemente.
Además, en el proyecto ni siquiera aparece claramente si corresponde al primer mandatario
la designación del secretario del gabinete de Defensa Nacional; no lo establece el artículo 4º del
proyecto del Poder Ejecutivo ni tampoco el 6º del dictamen, por lo cual se requiere su modificación
a los señores diputados de la bancada oficialista.
Por último, señor presidente, en relación con los argumentos específicos del tema, no entendemos
la excesiva delegación de facultades del presidente de la Nación y comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas de aire, mar y tierra, en el Ministerio de Defensa. Debo reiterar que esta
delegación ha sido corregida en el dictamen de la mayoría, pero entendemos que se trata de una
modificación inadecuada. En los casos críticos las facultades del Ejecutivo deben ser más amplias,
sin ningún tipo de vinculaciones y con posibilidad de doble asesoramiento.
Reservo algunas cuestiones para la discusión en particular, a efectos de proponer modificaciones
específicas que creo que son viables. No obstante, con la licencia de la Presidencia y de los
señores diputados, me apartaré un poco del tema y haré referencia a un supuesto espíritu belicista
o beligerante que se atribuye al peronismo en esta materia. De ninguna manera es así. Mis
palabras tampoco implican algún tipo de acusación, pero debo señalar que para nosotros la paz
es un objetivo que está compartido con otros valores, porque nunca puede ser un fin en sí misma.
En ese sentido coincidimos plenamente con los últimos documentos doctrinarios de la Iglesia
Católica que, al hablar de la paz, agrega los aditamentos de justicia y verdad. Esto nos hace suponer
con sensatez que la misma Iglesia Católica no concibe la paz sin justicia ni verdad.
Señor presidente: no somos belicistas; tampoco somos pacifistas. Los peronistas simplemente
somos pacíficos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Gurioli.—Señor presidente: consideramos que de las definiciones doctrinarias que ha
hecho el señor diputado Cavallaro se desprende un método para resolver el tema de la organización
nacional para tiempo de guerra o la cuestión de la Defensa Nacional, según el lenguaje que
se adopte.
Nosotros creemos que ese método consiste en la amplia participación del pueblo organizado,
porque la guerra es una cosa demasiado seria como para dejársela a los militares. Esa amplia

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
participación no puede reducirse simplemente a las discusiones que hemos mantenido en la
Comisión de Defensa y hoy en este recinto. Fue por eso que no habíamos presentado un proyecto
alternativo y sí íbamos a objetar varios artículos durante la discusión en particular.
Es nuestra ambición que queden de manifiesto —hasta el momento creo que lo estamos
cumpliendo— las grandes ideologías que se dan hoy en día para interpretar la realidad nacional,
algunas de las cuales han tenido vigencia también en el pasado.
Sobre el tema de la defensa existen indudablemente una visión liberal, una visión autoritaria
—en este caso es lo mismo que se utilice la cruz esvástica o la hoz y el martillo porque el resultado
para el pueblo trabajador es el mismo: la prisión— y una visión nacional, popular, revolucionaria,
cristiana y democrática del papel que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en una nación
dependiente —como bien lo ha señalado mi compañero Sabadini—, en una nación conflictuada,
que se encuentra en la difícil posición que tiene la Argentina en el concierto internacional.
Históricamente, cada vez que el país tuvo una auténtica conducción nacional, como ocurrió
con San Martín, con Rosas, con Yrigoyen y con Perón, las Fuerzas Armadas cumplieron un papel
liberador en la guerra o en la paz.
La independencia política de 1816 se logró fundamentalmente sobre la base de la acción de
un ejército extraído de la nada, y conducido por San Martín en sus inicios, tuvo que forjar sus
fusiles y sus cañones con la plenitud de la energía nacional, porque las damas mendocinas debieron
confeccionar uniformes y banderas. La independencia también se aseguró por el accionar
de aquellos gauchos irregulares que comandaba Güemes en el norte, los que impidieron solos y
durante años el paso de las fuerzas realistas.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la
Honorable Cámara, doctor Oscar Luján Fappiano.
Sr. Gurioli.—También contribuyó a asegurar la independencia una marina improvisada con
buques mercantes y dirigida por un comandante que no había nacido en el país, don Guillermo
Brown.
La independencia económica se ha basado en buena medida en la acción que desplegaron
algunos militares, tendientes a resolver las necesidades logísticas que imponía una fuerza armada
que tenía aquel objetivo.
La creación de YPF se debe en gran parte a la actuación del general Mosconi y al interés primordial
de las Fuerzas Armadas para asegurar la logística en materia de combustibles.
Si la Argentina cuenta con industria siderúrgica ello se debe a la acción y a la visión del general
Savio y a la actitud de las Fuerzas Armadas, dirigida a asegurar el acero para sus armas y a
romper una cadena de dependencia.
Si nuestro país tiene una industria aeroespacial de primera línea, ello es consecuencia del
comportamiento de las Fuerzas Armadas y en su momento del brigadier San Martín, quien desarrolló
en Córdoba una estructura de base capaz de construir el Pulqui 1 y el Pulqui 2, que fueron
un orgullo en aquella época y estuvieron en la primera línea en el orden mundial.
Por medio de su creador el justicialismo desarrolló, incluso antes de 1945, su doctrina nacional
—y militar— que como bien se ha dicho aquí se reflejaba en la idea de la nación en armas.
A pesar de no poder debatir el tema de la Defensa Nacional con las instituciones dedicadas a
la producción y al trabajo, con los propios especialistas de las Fuerzas Armadas y con todos los
estamentos que componen la comunidad organizada de la Nación, contamos en este momento
con algunas ventajas que no tuvieron otros Parlamentos.
Por ejemplo, es la primera vez que la Argentina contemporánea puede debatir estos temas
después de haber padecido en los últimos quince años enfrentamientos violentos, confrontándose
en el terreno de las armas con los dos grandes centros del imperio mundial.
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El imperio del Este, indudablemente, representó la conducción estratégica y la voluntad real
que expresaron los jefes locales de la subversión, que no se alzaron en armas contra un gobierno
dictatorial —como bien señaló el diputado Zubiri— sino contra un gobierno legítimo y constitucional
encabezado por la compañera Isabel Perón.
La conducción del Oeste, a su vez, constituyó una formidable alianza militar para enfrentar y
afrentar a la Nación Argentina, que el 2 de abril de 1982 ratificó su decisión irrenunciable de ser
protagonista de la historia del mundo, rechazando la idea de constituirse en un mero juguete sin
voluntad propia.
Respecto del anterior Parlamento, este Congreso tiene la ocasión de dar este debate incorporando
tales experiencias. No padece la enorme presión que significa analizar este tema en medio
del fragor de los disparos como sucedía en 1975. La lectura de las normas propuestas en aquel
momento y la discusión que se llevó a cabo revelan de qué modo se vio condicionado aquel
Parlamento por las urgencias y necesidades impostergables que planteaba el combate que estaba
desarrollándose. En aquella época se cometieron errores al no poder concretarse una legislación
de fondo en las condiciones necesarias para ordenar una materia tan delicada.
Esperábamos poder discutir esa normativa en estos momentos para hacer efectiva la participación
de todos los sectores de la comunidad nacional. De ese modo la tarea nos habría llevado
a actualizar la doctrina estratégica argentina de la Defensa Nacional, determinar los medios disponibles
para su más inmediata puesta en vigencia y dictar la compleja legislación que a nuestro
juicio corresponde. Por encima de las formas, esta última debería conformar todo un conjunto
de distintas disposiciones, un verdadero código de Defensa Nacional que incluyera las siguientes
materias.
En primer término, una doctrina estratégica argentina de la Defensa Nacional que estableciera
fehacientemente no sólo el papel que se asigna a las Fuerzas Armadas sino el que la Argentina
asume en el Cono Sur, por su situación con respecto a los dos océanos y a la vez porque si nos
coordináramos adecuadamente con nuestros hermanos vecinos se posibilitaría la defensa de las
riquezas naturales del territorio continental y del Mar Argentino.
En segundo lugar, un sistema de conducción de esa Defensa Nacional. Como correctamente
se ha dicho aquí la experiencia de Malvinas demostró que la falta de coordinación a través del
Estado Mayor Conjunto —inexistente o por lo menos irrelevante en ese momento— fue uno de
los factores fundamentales de la derrota.
Tercero, una ley de movilización nacional para la defensa, para incluir la participación de
toda la comunidad, con un servicio militar obligatorio y con un servicio civil.
En cuarto y quinto término, la reorganización de las tres Fuerzas Armadas así como también
la de las de seguridad.
En sexto lugar está el tema de los servicios de información e inteligencia, que en el mundo
entero ha merecido su tratamiento legislativo. De este modo los representantes del pueblo podríamos
establecer precisamente las atribuciones de este tipo de organismos que tan fácilmente
se pasan a un lado o a otro de la raya.
Séptimo, un régimen legal para la organización territorial de la Nación en tiempo de guerra.
Octavo, un sistema nacional de producción para la defensa, que necesariamente está relacionado
con el primer punto, pues no es lo mismo producir para Fuerzas Armadas al servicio
de la doctrina de la Seguridad Nacional —que requieren armas livianas para poder actuar en
función policíaca, que es el destino que se les había asignado— que para cuerpos militares de
la Nación cuya misión sea asegurar para los latinoamericanos el paso entre ambos océanos así
como nuestras riquezas territoriales, marítimas y atlánticas. Si esta es la misión a asignarles debemos
percibir que para ello es menester un sistema nacional de producción para la defensa capaz
de desarrollar elementos que actualmente tienen bajo ritmo de fabricación o cuya producción se
halla suspendida por razones de índole económica. La interrelación entre la doctrina estratégica

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
y el tipo de producción es lo que, a despecho de lo que pudo haberse sostenido por algún periodismo,
demuestra cuál es la posición del justicialismo.
Los contratos de producción del tanque argentino mediano y de los submarinos, así como
aquellos referidos a las corbetas, a los aviones Pucará y A-63, se firmaron en los años 1974 y 1975
porque el peronismo creía que la Argentina debía encabezar la defensa del continente para que
ninguna de las dos superpotencias pudiera meter mano en las riquezas de nuestro mar, de nuestro
territorio y de nuestra Antártida.
Indudablemente, el proyecto en consideración por esta Cámara es producto de la labor de
reducidos cenáculos conformados por algunos funcionarios del Ministerio de Defensa que han
discutido con algunos mandos y en ocasiones también con los diputados de la oposición.
De todas maneras, el resultado, como señaló mi compañero Cavallaro, es un proyecto que
limita a glosar normas anteriores con el agregado de algunos intereses partidarios respecto de la
utilización de la fuerza militar. Nosotros entendíamos, y seguimos entendiendo, que el tema de
la Defensa Nacional es un tema superior a la organización misma de cada una de las fuerzas combatientes.
No comprendemos la urgencia para sancionar esta norma por parte del oficialismo, a
menos que haya razones de tipo ideológico y político de orden subalterno.
Uno de los puntos que aparece con evidencia en el texto del proyecto de ley es el debilitamiento
de las Fuerzas Armadas, tal vez para intentar por esa vía asegurar su subordinación a unas
palabras que se repiten en el texto, que son “el gobierno civil”, y para aparecer como eliminando
la doctrina de la Seguridad Nacional en su totalidad, lo cual —tal como lo señaló mi compañero—
es cierto sólo en parte.
Quiero aclarar que tanto el Poder Ejecutivo, ejercido por el doctor Alfonsín, como el
Legislativo, que ejercemos nosotros, son poderes políticos y no civiles, poderes que hacen al
conjunto de la Nación. Por su parte, la contradicción entre civil y militar resulta un invento para
asegurar la dependencia, precisamente utilizando la doctrina de la Seguridad Nacional.
Si la posición del oficialismo pretende evitar que las Fuerzas Armadas se inclinen al golpismo
por medio de algunas expresiones contenidas en el proyecto en debate y por el debilitamiento
de las instituciones castrenses en sus estructuras burocráticas y administrativas, creemos que se
comete un grave error. Por ejemplo, cuando se explicita el carácter externo que deben tener las
agresiones que puede enfrentar la Nación, según lo establece el artículo 2º y buena parte de las
estructuras propuestas por los artículos correspondientes al título II, denominado “Órganos y
misiones”, se nota una excesiva reafirmación de las potestades presidenciales y del Ministerio de
Defensa por sobre el Parlamento.
El supuesto abandono de la llamada doctrina de la Seguridad Nacional se expresaría, en lo
que respecta a la normativa concreta, en el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, en ciertas
palabras y disposiciones —como la ya mencionada explicitación del carácter externo de las agresiones—
o en enunciados de tipo voluntarista, como el último párrafo del artículo 8º, que limita
la función de los servicios de inteligencia castrense exclusivamente a las cuestiones externas.
Aquí hay que definir el carácter de la guerra moderna en un mundo conflictuado, donde
el Estado-Nación permanece vigente pero tiende a agruparse continentalmente, estableciendo
alianzas. La guerra moderna ha cambiado de naturaleza juntamente con el desarrollo tecnológico
que se ha dado en los últimos cuarenta años.
Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial han desarrollado desde aquella bomba arrojada
sobre Hiroshima una técnica aplastante, y hoy están debatiendo si van a llevar o no la confrontación
al espacio sin consultar para nada la voluntad de los pueblos. Hoy se va a la guerra con
cohetes y satélites y se habla de la guerra espacial mediante la utilización de rayos láser. Todos
sabemos que esa estrategia de disuasión total está destinada a impedir una confrontación global
entre las dos superpotencias y a desarrollar los conflictos en las zonas marginales por medio de
las guerras locales o de los métodos aplicados en nuestro país.
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Es decir que las posibilidades de una contienda convencional como la que hemos mantenido
con el Reino Unido de Gran Bretaña son muy escasas. O bien se va a lo grande, y esto significa
la destrucción del mundo, o bien se continúa la guerra de zapa, como está ocurriendo en
Centroamérica o como se ha desarrollado más sutilmente en otros países mediante el asesinato
de los gobernantes y de las personas que tenían una posición a favor de los pueblos y de las naciones
y en contra de las asociaciones multinacionales. Hoy están en combate las fuerzas espaciales,
por un lado, y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y la KGB de la Unión Soviética
por el otro.
Creemos que esta situación debe ser considerada y que esto que he mencionado puede volver
a ocurrir en la Argentina con hombres nacidos en esos países o con hombres nacidos en este
mismo país. Y esto es lo que nos preocupa; no el conflicto interno que se mencionó aquí, no el
conflicto político o el conflicto social, que deben ser resueltos —y así ha sucedido siempre— entre
argentinos.
Sabemos que la Unión Cívica Radical fue víctima de la utilización de las Fuerzas Armadas
en su contra por un gobierno que le era hostil; pero no creemos que ese pecado original haya
quedado marcando a los actuales legisladores del radicalismo. Y no lo creemos porque esta visión
que hoy da el periodismo de un radicalismo antimilitarista y civilista es históricamente falsa. En
realidad, ese civilismo y ese antimilitarismo eran propios del Partido Socialista de Juan B. Justo,
pero no de la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen. Esa visión se ajusta mal a un partido
como la Unión Cívica Radical, que nació en aquel alzamiento cívico-militar del 26 de julio de
1890, y que entre ese año y 1916 protagonizó numerosas insurrecciones cívico-militares conducidas
o inspiradas por don Hipólito Yrigoyen y que contaron con la participación de militares
insurrectos como Pomar y Cattáneo, que actuaron correctamente. De haber vivido yo en esas
épocas es probable que hubiera deseado empuñar un arma junto a esos soldados.
Más recientemente han cambiado algunas cosas que ya no se refieren a la comprensión del
papel de la Unión Cívica Radical y del militarismo, porque una cosa eran aquellos golpes, aquellas
insurrecciones y levantamientos contra la oligarquía conservadora y otra fue la participación
en alguno de los golpes que desde 1950 a la fecha han asolado al país.
Entendemos muy correcta la crítica al general Osiris Villegas que ha hecho el señor diputado
Zubiri porque se trata de uno de los principales teóricos no de la ideología de la Seguridad
Nacional sino más bien de la ideología de la dependencia. Bien lo sabemos nosotros porque fue
ministro del Interior en 1963 cuando se proscribió al frente nacional que postulaba el justicialismo,
impidiendo que nos presentáramos en las elecciones que a posteriori ganó el doctor Illia.
No quisiera recordar los malos tiempos de la participación del hoy partido mayoritario en los
gobiernos militares. No lo voy a hacer para mantener la unidad de esta Cámara.
Sr. Sammartino.—¡Hágalo!
Sr. Gurioli.—A pedido del señor diputado Sammartino lo voy hacer. Preguntaría qué pasó
con la participación del doctor Mor Roig como ministro del Interior de Lanusse, qué pasó durante
los gobiernos de Viola y Bignone con los intendentes, asesores y embajadores afiliados a la
Unión Cívica Radical. ¿Me lo pueden contestar?
Sr. Maglietti.—¿Y los afiliados al peronismo? Hay una larga lista.
Sr. Gurioli.—¡Háganla! Durante el gobierno militar hubo treinta y cinco intendentes de la
provincia de Buenos Aires y cien de la provincia de Córdoba afiliados al radicalismo, funcionarios
de Videla que hoy asesoran a Alfonsín.
Pero no criticamos a la Unión Cívica Radical por participar o no en la interna militar sino por
el modo en que participa. No se trata de fomentar las ambiciones espurias de las cúpulas militares
sino de desarrollar un país auténticamente integrado con sus hermanos de América latina y
decidido a defender su soberanía y la de todo el Cono Sur.
Me preocupa que hoy la inquietud esencial del gobierno radical resida en la reflexión que

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en la conciencia castrense podría producirse en su relación con los sectores políticos populares
y nacionales respecto de las experiencias del pasado reciente en la guerra del Atlántico Sur y de
hechos del presente, tales como las soluciones referentes a las cuestiones del Beagle, las Malvinas
y la Antártida.
Entendemos que a veces se intenta crear una estructura en la que las Fuerzas Armadas, por
vía de su debilitamiento institucional y de su estructuración burocrática, pueden ser complicadas
en la política del gobierno sin tener una participación activa.
Creo asumir la responsabilidad del debate ideológico porque las revistas especializadas en
política —y no en defensa— desde una visión que yo llamaría neomarxista al uso porteño están
haciendo una construcción teórica que proporciona a las intenciones expuestas anteriormente
un andamiaje ideológico más potable para los sectores jóvenes, y que en esencia constituye una
adaptación de la tesis que publicó Carlos Marx en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte y en
la que se basaron ciertas corrientes de izquierda —particularmente el trotskismo—, para explicar
los movimientos populares que en Asia, África y especialmente en América latina expresaron una
política antiimperialista real y concreta y no declamatoria y abstracta.
Se trata, en síntesis, de poner un calificativo a algunos movimientos —como al Movimiento
Nacional Revolucionario de Bolivia, al Movimiento de Getúlio Vargas en Brasil y al justicialismo—
designándolos peyorativamente como bonapartistas y, a veces, como fascistas.
Según la hipótesis neomarxista, en ciertos momentos singulares de equilibrio entre las fuerzas
protagonistas de la lucha de clases, ninguna está en condiciones de imponerse, y entonces
aparecen las Fuerzas Armadas encarnadas en un caudillo que se apodera del aparato del Estado
para aplastar a su contrincante. Estos caudillos realizan desde el Estado algunas reivindicaciones,
pero lo hacen para erigirse en árbitros de la disputa de clases y para frenar y distorsionar el
ímpetu revolucionario de los oprimidos, obrando en consecuencia como válvula de escape que
preserva el sistema del que los opresores son beneficiarios.
Esta tesis fue expuesta en este recinto, señor presidente, cuando se discutió el proyecto de ley
de reordenamiento sindical, y la escuché muy preocupado porque se decía que la creación de sindicatos
en la Confederación General del Trabajo —que llegaba a 4 millones de afiliados— había
sido la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión, la obra de un coronel afortunado. Mientras
no comprendamos que no existe el coronel afortunado capaz de conseguir ese resultado organizativo,
entraremos siempre en contradicción al hablar del tema de Defensa Nacional, porque
siempre vamos a estar prevenidos ante la aparición de un coronel como el de aquella ocasión que
no era afortunado sino sabio y prudente.
Si las teorías del bonapartismo de las Fuerzas Armadas y del Estado fascista fueran verdaderas
servirían para explicar hechos que de no ser así resultarían incomprensibles para la conciencia
liberal y marxista. Podemos tomar como ejemplo el firme y heroico enfrentamiento con el imperio
anglosajón en la batalla de las Malvinas iniciada el 2 de abril de 1982, así como la lucha contra
los elementos orientados por el imperio soviético en la lucha antisubversiva en 1975, hechos que
permanecerían sin explicación.
En una operación que ya es habitual, se apela a las palabras para deformar y negar la realidad
y falsear los conceptos. Así se logra que la lucha antisubversiva y la gesta del Atlántico Sur
no se definan a partir de su carácter esencial, que es el enfrentamiento de la Nación contra los
imperialismos, sino por sus características superficiales que imponen profundas desviaciones
en ambos combates a partir de la conciencia distorsionante de quien ejerció la conducción de
las fuerzas nacionales en esos enfrentamientos. Dicho de otro modo, la lucha contra la subversión
deja de ser la justificada defensa de la Nación y del gobierno constitucional frente a la
agresión de quienes constituían fuerzas mercenarias al servicio de uno de los imperialismos
para convertirse en cualquier cosa, sobre todo cuando se hacen esfuerzos para demostrar que
el gobierno justicialista —Isabel Perón y el compañero Ítalo Luder— fue el que ordenó la
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represión a esa subversión por medio de aquellos decretos que dieron lugar a las posteriores
masacres del proceso.
Si nosotros aceptamos este escamoteo, ocultamos la verdad de los ocho años del proceso, lo
esencial de ese período representado por los intereses de los señores Martínez de Hoz y Klein, que
no están procesados, ni presos, ni son atacados por el conjunto de los medios de comunicación.
Lo esencial del proceso fue la destrucción de las bases materiales de la Nación, la destrucción
de su opción de desarrollo y de la posibilidad de un avance nacional integrado con nuestros
hermanos, debido a que se había perdido la potencia de asumir la responsabilidad de defender
la zona geográfica que nos corresponde, en especial el paso entre los dos océanos y las riquezas
territoriales y marítimas.
En ese orden de ideas, la gesta del Atlántico Sur se transforma en una insensata operación
entre criminal y suicida, como se ha escuchado decir a algún diputado, por la que ciertos sectores
castrenses procuraban continuar en el poder en su propio beneficio, lo cual podría ser cierto. Lo
que no es cierto es que deba concluirse en que la caída de Puerto Argentino en manos del ejército
británico deba regocijarnos porque significó la derrota de los delirios cesaristas y bonapartistas,
abriendo las compuertas para el sensato Bignone, su socio Bulgheroni y los contratos petroleros.
Los peronistas somos los más firmes impugnadores de la aplicación vernácula de la llamada
doctrina de la Seguridad Nacional, porque con esa seudodoctrina se concretó un intento de
respuesta a la doctrina de Defensa Nacional integral que el peronismo formuló y aplicó, desarrollada
en este recinto por el diputado Cavallaro.
¿Cómo se aplicó concretamente en la Argentina? Coincido con el miembro informante de
la mayoría en que unos de los primeros denunciantes de este fenómeno fueron los obispos de
América latina reunidos en Puebla, cuando señalaron que la doctrina de la Seguridad Nacional
es, de hecho, una ideología más que una doctrina. Es igualmente cierto que esa ideología, como
se afirmó, “está vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas
y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas”.
Esto es, esencialmente, lo que se propone la doctrina de la Seguridad Nacional, lo cual ya
había sido denunciado por el general Perón en su libro Los vendepatrias, cuando cuenta la
reunión de la Junta Interamericana de Defensa de 1957, en la que se aconseja que cada uno
de los ejércitos nacionales de América latina se ponga al servicio de policía de ese proyecto
de mundo que implicaba la explotación de todo un continente en beneficio de las grandes
multinacionales.
Ése fue el origen; ésa fue también la aplicación anticipada en el caso de la Argentina en septiembre
de 1955, cuando se instrumentaron los mecanismos coercitivos del Estado: las Fuerzas
Armadas y de seguridad, pero además, la justicia y la legislación, con el famoso Decreto 4.161,
que intentó vaciar al pueblo argentino de la conciencia que le había permitido alcanzar la dignidad,
así como debilitar y destruir las organizaciones que se dieron los diversos sectores populares,
para degradarlo de pueblo organizado a masa inorgánica.
No es cierto que ese conflicto entrara en una confrontación Este-Oeste. La limitación de las
libertades individuales a que hace referencia el documento de Puebla, la confusión de la voluntad
del Estado con la de la Nación, la superposición del desarrollo económico y del potencial
bélico a las necesidades de las masas abandonadas —todo ello en función de una supuesta guerra
total contra la amenaza comunista que concluye institucionalizando la inseguridad de los individuos—
no deben ser asimilados mecánicamente.
En aquella época los comunistas —que son innegable expresión política del polo oriental
de ese conflicto Este-Oeste—, lejos de ser los perseguidos participaron activamente en la persecución
al peronismo, en los asaltos a los sindicatos y a otras organizaciones populares y en la
fraudulenta Convención Constituyente de 1957 que derogó la Carta Magna del 49.
No era el comunismo el perseguido, sino el justicialismo, porque encarnaba la voluntad

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nacional de existir de la Argentina y del continente americano, la voluntad de justicia social de
todos sus habitantes.
Más recientemente, entre los años 1976 y 1983, la Unión Soviética y sus aliados fueron los
mejores defensores del gobierno militar en todos los foros internacionales donde se lo cuestionaba
por la violación a los derechos humanos. Ello se debió a que tenían un profundo interés
económico en comerciar con la Argentina. Durante esos años las relaciones comerciales y de
todo tipo entre aquel gobierno autoritario y oligárquico que imperó en el país y la otra parte del
mundo se vieron singularmente favorecidas e incrementadas.
Se llegó a condecorar a un general soviético aquí, en el edificio del Estado Mayor Conjunto,
en la calle Paseo Colón; y otro general argentino fue condecorado en no sé qué calle de Moscú.
Ese intercambio de condecoraciones no hacía más que reflejar que la doctrina de la Seguridad
Nacional fue aplicada aquí contra un pueblo y contra un movimiento y que nada tenía que ver
con el tema ideológico-doctrinario. Fue un ataque traducido en una abierta represión al justicialismo,
cuyo más alto testimonio fue el encarcelamiento de nuestra jefa, la compañera Isabel
Perón, y de algunos de los diputados de nuestra bancada presentes en este recinto, como el compañero
Papagno, el compañero Ratkovic o el propio compañero Ibáñez, que después de cinco
años de prisión fue acusado de haber celebrado un pacto.
Esos encarcelamientos, el incremento del comercio con la Unión Soviética, las condecoraciones
intercambiadas a generales, es lo que llevó a cabo el gobierno del proceso amparándose bajo
la doctrina de la Seguridad Nacional.
Es que la política de Martínez de Hoz fue exitosa. Nos dejó en una situación de indefensión
y tal vez sea cierto lo que afirma el señor Juan Alemann cuando dice que la bancada mayoritaria
debe agradecer a esa política que, al haber destruido la industria nacional, se llegara al momento
de las elecciones con menos trabajadores organizados.
La peculiaridad de la aplicación en nuestro país de la doctrina de la Seguridad Nacional se
explica solamente por la existencia de este movimiento peronista, que constituye una respuesta
original y superadora tanto del sistema liberal capitalista como del sistema marxista.
El documento de Puebla no se agota en las palabras citadas por el oficialismo. En él bien se
dice que ambos sistemas atentan contra la dignidad del hombre y que debemos denunciar que
Latinoamérica se ve encerrada entre esas dos opciones y permanece dependiente de uno u otro
de los centros de poder que canalizan su economía.
Ese encierro entre dos alternativas igualmente falsas e igualmente condenatorias a la dependencia
quedó quebrado en la Argentina; lo quebró en 1945 Perón con el movimiento peronista. Por
eso, en la Argentina la llamada doctrina de la Seguridad Nacional tuvo como víctimas a nuestro
movimiento, a sus mujeres y hombres y a las raíces espirituales y materiales de las que se alimentan.
Señor presidente: el efecto más grave que tiene esta doctrina sobre los países es la degradación
de la voluntad nacional, porque entendida la guerra como el enfrentamiento entre dos voluntades
antagónicas, esa permanente degradación representa en definitiva la victoria del enemigo.
De allí que podamos afirmar, sin temor a error, que la aplicación en concreto y en la Argentina
de la ideología de la Seguridad Nacional, para respetar las palabras de los obispos, atenta también
en forma esencial contra las Fuerzas Armadas en cuanto instituciones permanentes de la Nación,
más allá de los beneficios de las cúpulas que en uno o en otro momento imperan.
Creemos que es suicida desarrollar una política que debilite al movimiento obrero, a las
Fuerzas Armadas y a la Iglesia en tanto esa política ataca los valores tradicionales de la comunidad
nacional y tiende a socavar instituciones tan fundamentales como la familia; en tanto apunta
a debilitar las estructuras productivas de la Argentina; en tanto vulnera hasta la misma legalidad
liberal para limitar o soslayar la participación activa, organizada y protagónica del pueblo en la
adopción de las decisiones políticas, de lo que este Parlamento es cabal muestra al verse negadas
sus atribuciones en temas trascendentes.
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Los peronistas, en contraste, hemos actuado y actuaremos como celosos custodios que somos
de la soberanía nacional, persuadidos de que ella se preserva con una política exactamente antagónica
a la que lleva adelante el actual gobierno.
El otro aspecto de la política que expresa el proyecto en debate, y al que queremos responder,
es el camino para cerrar el ciclo del golpismo en la Argentina. Por cierto, ningún sector
político en nuestro país puede acreditar mejores pergaminos que el peronismo para oponerse al
golpismo. Sólo nuestro movimiento puede afirmar sin faltar a la verdad que accedió al gobierno
únicamente por la vía de las elecciones y que fue despojado del mismo por el golpe. Sólo nuestro
movimiento puede dar testimonio de no haber aportado sus hombres a gobiernos de facto
alguno entre 1955 y 1983.
Nuestra experiencia, entonces, por no hablar de nuestra doctrina, nos impone la obligación
de reflexionar acerca del mejor camino para terminar con el golpismo, aunque más no fuera por
un elemental instinto de conservación. En base a esa experiencia es lícito afirmar que en 1955,
1962, 1966 y 1976 —y también en los múltiples golpes palaciegos que se produjeron en el seno de
esos gobiernos— no fueron las Fuerzas Armadas, en tanto instituciones, las responsables de los
golpes de Estado. Sus cúpulas circunstanciales, en todo caso, actuaron como dóciles instrumentos
de intereses y de núcleos de poder cuyos objetivos —según lo probó la frustrante y reiterada
experiencia— perjudicaban también a las mismas instituciones castrenses.
Cabe concluir que si no son las Fuerzas Armadas como tales la causa eficiente del golpismo,
no será debilitando esas instituciones como se podrá cerrar el camino a la reiteración de esas
experiencias. Y menos aún se conseguirá ese objetivo con la sola y mera sanción de normas legislativas
que proscriban al golpismo.
Señor presidente: si es cierto lo que acabo de decir de los centros de poder, que también han
afectado en su momento a gobiernos de la Unión Cívica Radical, si queremos preservar al país
del golpismo, encaremos seriamente una organización que no permita que los intereses multinacionales
de la oligarquía y de las finanzas impongan en un futuro las condiciones para un golpe.
Destruyamos de una vez y para siempre la patria financiera, afirmemos la soberanía nacional en
las decisiones políticas y económicas y de ese modo nadie podrá recurrir a las Fuerzas Armadas,
porque el control de la situación lo tendrá el pueblo organizado y el gobierno que lo represente.
Si la palabra o la norma legal por ella expresada tuviera el efecto demiúrgico que algunos
parecen otorgarle, sería fácil tarea la resolución de todos los problemas no sólo nacionales sino
también universales. Bastaría dictar una ley que dispusiera la felicidad del pueblo y la grandeza
de la patria para que tales objetivos se hicieran realidad.
Todos sabemos que no es así. Sabemos de las dificultades propias de la tarea de reconstrucción
nacional después de la herencia que nos han dejado, pero a la que todos hemos contribuido.
Debemos encarar medidas de fondo en el orden ecorómico que posibiliten no sólo la justicia
social, sino y por sobre todas las cosas la dignidad nacional.
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—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Gurioli.—En uno de sus mensajes al Congreso el general Perón dijo en este recinto: “A
fin de enmarcar con precisión las misiones que cumplirán las instituciones armadas, deberá tenerse
particularmente en cuenta que no sólo se limitarán a prepararse para el desarrollo específicamente
militar, sino que participarán debidamente en el proceso de liberación nacional contra toda forma de
imperialismo interno o externo.
“Dicha intervención se concretará mediante actividades de apoyo a la comunidad y a través de
acciones de tipo educativo que se dirigirán, específicamente, sobre el personal de tropa que anualmente
pasa por sus filas, y se extenderá al personal de cuadros, quien tendrá a su cargo difundir y

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predicar la doctrina nacional. Doctrina que sintetizándola podríamos definir como las máximas
aspiraciones argentinas, vertidas en el proyecto nacional.
“Las Fuerzas Armadas son parte del pueblo y, como tal, están integradas con el mismo. La unión
y solidaridad del pueblo y las Fuerzas Armadas son una precondición para que fructifique la democracia
social de nuestro modelo argentino.
“En consecuencia, a las Fuerzas Armadas, como a cualquier otro sector de nuestra sociedad, les
compete desempeñar un rol preponderante en la doctrina nacional. Esto significa que si bien nuestras
instituciones armadas, ante la eventualidad de un conflicto militar, constituirán la columna vertebral
del sistema de defensa, su participación no se limitará a prepararse para esas posibilidades. También
colaborarán firmemente en los esfuerzos en que se empeña el Estado argentino y el resto de los sectores
nacionales, con la finalidad de alcanzar y consolidar el desarrollo armónico de la República”.
Sr. Presidente (Silva).—La Presidencia hace saber al señor diputado que sólo le restan cinco
minutos para finalizar su exposición.
Sr. Gurioli.—Muchas gracias, señor presidente.
Dijo también el general Perón: “Nuestras Fuerzas Armadas asumieron plenamente la tarea de
defensa contra el neocolonialismo y su compromiso consiste en la participación activa en la reconstrucción
del país realizada con sentido nacional, social y cristiano.
“Un nuevo aporte, en estas circunstancias, será el de contribuir a la formulación del proyecto
nacional como otro grupo efectivo de pensamiento de los que conforman la comunidad argentina,
señalando para cada uno de los grupos que responden al quehacer nacional, qué es lo que conciben
más apropiado para lograr la grandeza y la felicidad del pueblo argentino.
“A fin de cumplir con eficiencia las misiones generales señaladas, nuestras instituciones castrenses
deberán reunir ciertas características que enunciadas configuran el modelo de Fuerzas Armadas que
necesita el país para respaldar su futuro.
“Consecuentemente, las Fuerzas Armadas argentinas deben:
“Primero: tener un profundo conocimiento de los objetivos nacionales y consustanciarse con ellos.
“Segundo: integrarse estrecha y realmente con el pueblo del cual se nutren y a quien se deben.
“Tercero: establecer íntimo contacto con los diferentes sectores de la sociedad a fin de comprender
sus problemas y necesidades, única forma para materializar objetivos comunes.
“Cuarto: elaborar la estrategia militar basada en la que adopte el Estado. Consecuentemente,
elaborar la doctrina militar nacional y estructurar las organizaciones adecuadas para satisfacer sus
exigencias.
“Quinto: desarrollar una verdadera doctrina conjunta que facilite y haga más eficiente el accionar
militar.
“Sexto: coparticipar activamente en el desarrollo nacional fomentando áreas aún no abarcadas
por los sectores privados y vinculados con la Defensa Nacional.
“Séptimo: impulsar decididamente la actividad científico-técnica, con la finalidad de desarrollar
una industria bélica nacional que la autoabastezca, eliminando la dependencia del extranjero.
“Octavo: sumar su acción a los esfuerzos que los sectores nacionales realizan en las distintas áreas
de la comunidad, para romper con la sujeción material o espiritual ejercida por los grandes intereses
extranacionales.
“Noveno: participar activamente, con su tecnología, medios y personal, en la ejecución de los programas
industriales que se realicen en el ámbito civil, fundamentalmente en aquellos de importancia
estratégica, como el plan siderúrgico nacional, y en los que sean fuentes de producción de sus propias
necesidades.
“Décimo: cooperar con la comunidad en cuanta oportunidad pueda prestar su concurso en pro
del bienestar del pueblo.”
A continuación, Perón finalizaba de la siguiente manera: “Así concibo a nuestras Fuerzas
Armadas, consustanciadas con nuestro pueblo en una estrecha e indestructible unidad espiritual”.
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No puedo modificar una coma del pensamiento del jefe de mi movimiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Arabolaza.—Señor presidente: la recuperación de la vida democrática en nuestro país ha
generado un conjunto de desafíos para los hombres que tenemos la responsabilidad de evitar
nuevas frustraciones a las generaciones venideras.
Muchos y arduos son los problemas que estamos transitando los argentinos. Numerosas son
las dificultades que en los distintos planos de la vida nacional debemos sobrellevar. Largos años
de inestabilidad política, coyunturas internacionales poco propicias y, sobre todo, una profunda
desazón y un escepticismo que se cobijó en el espíritu de nuestra clase dirigente llegaron real y
efectivamente a agobiarnos.
Frente a ello hay un tema que durante décadas ha venido generando una situación de inseguridad
creciente y que ha dificultado la inserción de las Fuerzas Armadas en el plano jurídico-institucional
de la República. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se puede lograr que las Fuerzas
Armadas nacionales terminen con su obstinada tendencia a asumir roles no constitucionales?
Esto ha marcado durante años nuestra grave preocupación por la suerte de las instituciones de la
República y ha sido, quizá, el motor que impulsó durante muchos momentos nuestra lucha ciudadana.
Desde aquel nefasto 6 de septiembre de 1930, cuando las fuerzas militares desalojaron a un
auténtico líder nacional y popular, don Hipólito Yrigoyen, el ciclo remanido de golpes y gobiernos
de facto se ha repetido sin que se haya podido encontrar una solución a este grave problema.
No está en mi ánimo remontarme en el tiempo para hacer en esta oportunidad un análisis
histórico; pero sí queremos remarcar la tendencia del militarismo activo reinante en el país hasta
el último proceso militar, que tuvo en la doctrina de la Seguidad Nacional sustentada por la ley
16.970 el vértice legislativo más significativo de nuestros anales. Con apoyo en tal formulación las
Fuerzas Armadas de nuestro país se convirtieron en gendarmes de los propios ciudadanos y en
defensores activos de privilegios y sectores minoritarios. Con ese instrumento legal se pretendió
cambiar el objetivo sanmartiniano y liberador de los ejércitos nacionales para darles el rol de
casta dentro de la Nación. Su espíritu atendió a la defensa de doctrinas y conceptos originados
fuera de nuestras fronteras y su centro de gravitación se ubicó en oscuras academias en el hemisferio
norte de nuestro continente. En síntesis, esta mal llamada doctrina de la Seguridad Nacional
fue la que adocenó la mente de nuestros oficiales militares y convalidó todos los tristes hechos
que por su inmediatez aún duelen hondo, pues han calado profundamente en los sentimientos
de las grandes mayorías nacionales.
Es en este contexto en el que los intransigentes hemos encarado el desafío que involucra dictar
una ley de Defensa Nacional. Según nuestro criterio, es un hito importantísimo en esta etapa
de recuperación de las instituciones de la República y consolidación de la democracia. Diría que
de la certeza de nuestros juicios, de la agudeza de nuestras reflexiones y de la comprensión global
que podamos lograr acerca del fenómeno militar por medio de la sanción de una acertada ley de
Defensa Nacional depende que podamos ir apuntalando firmemente este sistema de libertades
por el que hemos optado y al que nos hemos comprometido a defender. De allí la importancia
trascendental que asignamos a actos legislativos como el que hoy nos ocupa, en aras de garantizar
a las generaciones venideras un futuro de paz y de bienestar.
Es con este espíritu constructivo que hemos concurrido a este recinto a expresar nuestra posición
con respecto al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo Nacional remitiera a esta Cámara.
Somos conscientes de que el presente proyecto, al excluir a las Fuerzas Armadas de los aspectos
referidos a la seguridad interior, quiebra la pesada carga del intervencionismo militar que en épocas
muy recientes ha enfrentado a argentinos contra argentinos, a hermanos contra hermanos.
Consideramos que aquella actitud merece apoyarse, y en tal sentido nuestro balance sobre
este punto de partida no puede ser sino positivo. Pensamos que, fieles al ideario sanmartiniano,
las Fuerzas Armadas deben ser el instrumento militar de la Nación que se levante como una

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muralla sólida, inexpugnable e imbatible contra la agresión externa. En este sentido enfocamos
el tema de la Defensa Nacional desde una concepción totalizadora que permita dar respuesta a
los difíciles problemas que se nos presentan a partir de Hiroshima.
Cabe recordar palabras que el por entonces comandante en jefe del Ejército, general Jorge
Rafael Carcagno, pronunciara en la X Conferencia de Ejércitos Americanos en Caracas el 5 de
septiembre de 1973. Decía en aquel entonces Carcagno: “Porque en un Estado moderno no puede
hablarse en términos de Defensa Nacional pensando solamente en su brazo armado. La defensa de
la soberanía y del territorio comprende una serie de previsiones muy complejas, en las que interviene
la totalidad del potencial de la Nación, debidamente integrado. Por esta causa, un mayor grado de
progreso tiene incidencia directa, positiva, en la Defensa Nacional. No me refiero a desarrollo en
términos exclusivamente materiales; lo entiendo como un equilibrio armónico entre aumento de
bienestar de nuestros ciudadanos y adecuación espiritual.
“Lo creo posible —continuaba diciendo Carcagno— cuando el país que es enteramente dueño
de su destino, está por consiguiente en capacidad de adoptar las decisiones que mejor convengan a sus
propios y exclusivos intereses, con abstracción de todo tipo de presiones o ideologías extranacionales”.
Es en este concepto moderno y global de la Defensa Nacional que los intransigentes hacemos
hincapié y hacia donde apuntamos nuestra propuesta al desafío que significan la normalización
e institucionalización del rol de las Fuerzas Armadas en el aparato estatal. Es fundamental que se
comprenda que la imagen de los ejércitos como guardia pretoriana de un orden político, económico,
y social injusto es perniciosa para la salud de nuestros pueblos, para la formación del ser
nacional y para su proyección continental.
Esta situación puede aparecer cuando los miembros de las Fuerzas Armadas no comprenden
bien dónde deben dirigir su mirada y cuál es su rol para superar situaciones conflictivas agobiantes.
Este marco que delimita las funciones específicas de las Fuerzas Armadas, que orienta y guía
su accionar en un estado moderno, que las incluye como parte de un todo y con una misión perfectamente
aclarada, es el que a nuestro criterio debe contener la ley de Defensa Nacional que el
Congreso de la Nación se propone sancionar.
Lamentablemente, rescatando lo positivo que tiene el excluir los temas de la seguridad interior
de esta ley, los intransigentes tenemos serias críticas y observaciones para formular a los
diferentes artículos que conforman el proyecto.
Vemos así que, a pesar del enunciado general, el proyecto no puede sustraerse de la hipertrofia
causada por el accionar militar en la vida institucional de la República, al tomar la Defensa
Nacional como un tema fundamentalmente militar, cuando es sabido que a partir de la explosión
atómica de Hiroshima la manera de analizar la problemática de la guerra ha sufrido una
profunda mutación.
Ya la estrategia ha dejado de ser el arte del general para convertirse en el quehacer político
total. Una prueba de este error conceptual la constituye el artículo 7º del dictamen de la mayoría
en lo referente a la integración del gabinete de Defensa Nacional, que a nuestro criterio debería
incluir todas las áreas del quehacer nacional. En igual sentido pensamos que los artículos 8º a 14
y 16 a 19 inclusive deberían ser materia de una ley de organización para tiempo de guerra.
Pasando al articulado en particular, entendemos inadmisible desde el punto de vista técnicojurídico
la expresión contenida en el artículo 1º del dictamen de la mayoría —que coincide con
la del artículo 1º del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo—, que dice: “Ninguna de sus disposiciones
podrá ser interpretada en detrimento del texto constitucional, de su espíritu y fines”. De
mantenerse esta cláusula se estaría admitiendo que la ley podría tener contenidos opuestos al
texto constitucional o en el mejor de los casos se estaría advirtiendo al Poder Judicial, por medio
de esta ley, que al interpretarla se abstenga de hacerlo en detrimento de la Constitución. Ambos
propósitos son improcedentes como contenidos de una ley de la Nación, pues va de suyo que
toda ley debe ajustarse y ceñirse estrictamente al marco de la norma fundamental.
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En el aspecto militar, el ámbito de la defensa debe ser solamente el conflicto resultante de la
agresión militar externa, dejando perfectamente delimitada la relación entre defensa y seguridad
y otorgándole a esta última, por vía legal, la reglamentación correspondiente.
También pensamos que el artículo 4º, tal como está redactado, exige una ampliación de la
competencia del Ministerio de Defensa por medio de la modificación de la ley de ministerios, que
permita dar cabida a la totalidad de tareas que la ley le asigna.
En el artículo 7º del dictamen los intransigentes vemos una importante falencia, ya que a
nuestro criterio el gabinete de Defensa Nacional no puede ser otro que el mismo gabinete nacional,
con la totalidad de sus miembros. La desnutrición infantil, el analfabetismo y la deserción
escolar son conforme a nuestra concepción problemas que atañen fundamentalmente a
la Defensa Nacional, dado que el mismo dictamen, en su artículo 2º, incluye estos aspectos al
definir la Defensa Nacional como la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales
y materiales de la Nación. Si éste es el concepto de defensa que se adopta, no entendemos por
qué se excluye del llamado gabinete de Defensa Nacional a áreas como Trabajo y Salud, que tan
importantes son en la estructura social de la Nación.
Reiteramos nuestro criterio de que las disposiciones comprendidas en los artículos 8º a 14 y
16 a 19 deberían ser más propiamente materia de una ley especial de organización del país para
época de guerra. Independientemente de esto, la formación de un Comité Militar para asesorar al
presidente de la Nación en la conducción de la guerra es innecesaria, ya que la integración de las
Fuerzas Armadas exige privilegiar el rol del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto
como órganos de asesoramiento. Al ser colocados los jefes de los Estados Mayores Generales de
cada una de las fuerzas en el mismo nivel que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, se rompe el
equilibrio y se perjudica la integración de la conducción.
Igualmente creemos que el último párrafo del artículo 8º es sobreabundante, ya que va de
suyo que según el espíritu y la letra del dictamen las cuestiones relativas a la política interna del
país no son materia de discusión de los organismos de inteligencia militar. Más aún, siendo coherentes
con esta línea de pensamiento y conforme a lo establecido por nuestra plataforma política
partidaria, postulamos la necesidad de centralizar en un único órgano civil todos los servicios
de inteligencia, información y seguridad existentes en el país, sometiéndolos además al debido
control parlamentario.
Con respecto al artículo 15 del dictamen, creemos que la utilización de la palabra “preventiva”
para referirse a la forma de empleo de las Fuerzas Armadas, aclara la idea que sustentamos
para nuestras Fuerzas Armadas: la de que sean un ejército de soldados para la paz. Por otra parte,
el último párrafo de dicho artículo es sobreabundante ya que todo miembro de una fuerza armada
está sometido a un régimen de disciplina interna, el que a su vez, para ser legítimo, debe
ajustarse a derecho. Sí estimamos importante señalar que la disciplina interna de los hombres
de armas debe reflejar los valores y las normas de la sociedad democrática y que sus conductas
deben ajustarse a dichos valores, teniendo en cuenta que son ciudadanos de la democracia.
Consideramos que antes que soldado se es ciudadano, y que en esta idea anida una salvaguardia
contra el abuso del poder militar.
Como ya dije, creemos que los artículos 16 a 19 regulan aspectos que deben ser objeto de una
ley de las Fuerzas Armadas que deje de lado los elementos y las concepciones militaristas de la
defensa, que son una manifestación del proceso de militarización que viene sufriendo nuestro
país desde hace más de cincuenta años.
No creemos tampoco justa la disposición del artículo 18 en cuanto condiciona el ejercicio
de la facultad constitucional del presidente de la República de designar a los jefes de los Estados
Mayores. Este condicionamiento consiste en limitar esa facultad mediante la imposición de que
la elección de oficiales para esos cargos podrá hacerse única y exclusivamente entre los generales,
almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad. Nos resulta peligroso y restrictivo

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limitar únicamente a este sector de oficiales el ejercicio de una facultad que la Constitución
otorga al presidente de la Nación.
Por último, consideramos que el artículo 25 del dictamen de comisión es tema para otra ley,
en la medida en que se trata de una atribución reconocida al titular del Poder Ejecutivo.
Concluyendo, las Fuerzas Armadas deben abandonar el rol que han jugado en estas últimas
décadas en la vida del país, retomando las banderas de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio.
Para ello es necesario replantear en forma integral las relaciones entre las instituciones, la civilidad
y las Fuerzas Armadas, modificando los signos de una microcultura que las aísla del país real
y de los intereses nacionales y populares.
Es necesario vigorizar, en la ley y en la práctica, las funciones del Ministerio de Defensa como
órgano ejecutor de las políticas aprobadas por el Parlamento y de las directivas presidenciales. Se
requiere estructurar la formación de los hombres de armas anteponiendo a su legítima vocación
de soldados su natural y más importante condición de ciudadanos. Hay que acabar con los cotos
cerrados dándole al Parlamento de la Nación el suficiente control y poder en las políticas concernientes
a la Defensa Nacional.
En suma, creemos que el proyecto que consideramos inicia un camino pero no alcanza a
concretarlo y profundizarlo, dejando inequívocas huellas de un militarismo decadente. Hoy, más
que nunca, al desafío que la coyuntura nos marca los representantes legislativos debemos contestarle
con firmeza y seguridad en nuestras convicciones.
Hacerlo así significará una contribución efectiva y decisiva para las generaciones venideras.
Quedarnos a mitad de camino sin concretar una reforma deseada y necesaria será seguir manteniendo
sobre nosotros y el país una espada de Damocles. Los intransigentes decididamente
estamos por la primera opción.
En la lucha permanente en favor de las instituciones de la República necesitamos que las
Fuerzas Armadas del país se encolumnen juntamente con las fuerzas de la democracia para consolidar
este sistema que asegura a los habitantes de la República un mayor bienestar.
En esa lucha estamos comprometidos y esperamos que la decisión del Parlamento contribuya
a que las Fuerzas Armadas ocupen definitivamente el rol que la Constitución y la ley les acuerda.
Nuestro bloque va a votar afirmativamente en general y en la discusión en particular va a
proponer las modificaciones que estimamos pertinentes. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. González Cabañas.—Señor presidente, señores diputados: en nombre del bloque de la
Unidad Justicialista adhiero plenamente a las expresiones formuladas por el señor diputado
Cavallaro y por los otros compañeros que en forma clara, concreta y definida desarrollaron la
teoría de la Defensa Nacional que promueve el justicialismo en su faz filosófica, ideológica y
doctrinaria.
Quédame entonces hacer algunas reflexiones acerca de este proyecto del Poder Ejecutivo que
trasunta una visión parcial de lo que es la Defensa Nacional, ya que podemos afirmar que la defensa
y la soberanía nacionales no pueden quedar reducidas a un proyecto de ley o a una relación
burocrática de las organizaciones institucionales del país.
Ese enfoque raquítico de la soberanía nacional, ese enfoque breve y parcializado de lo que
debe ser una verdadera política de Defensa Nacional, es reducido desde el punto de vista de la
propuesta y filosofía de la propia ley. Digo que es reducido desde el punto de vista de la propuesta
porque el gobierno nacional tiene la obligación de brindar a la sociedad argentina una política de
defensa global en la que no sólo haya una ley de Defensa Nacional sino también leyes orgánicas
de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia, de movilización social, de organización
de la Nación en tiempo de guerra, de creación del sistema nacional de producción para la
defensa y la ley nacional de fronteras, lo cual en una correcta política legislativa indudablemente
nos lleva a reclamar al Poder Ejecutivo una visión global sobre estos aspectos.
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Digo todo esto no porque a los justicialistas se nos hayan quemado los libretos, como ha
comentado por allí el doctor Pugliese a sus amigos, los adictos de la prensa oficial, sino porque
nosotros tenemos una visión clara desde el punto de vista ideológico, filosófico y doctrinario de
lo que significa un proyecto de país y un proyecto de Nación.
Por eso, desde ese punto de vista entendemos que este proyecto del Poder Ejecutivo es altamente
precario, porque el tema de la Defensa Nacional, en la que es fundamental el objetivo de
preservar el alma de una nación, se inicia y conceptualiza con la doctrina del general Perón, quien
a su vez ha tomado en cuenta la realidad argentina, nuestros enfrentamientos en las invasiones
inglesas y en la guerra por la Independencia y lo que dijeran algunos autores que se referían a
la nación en armas. Este concepto identifica la posición del general Perón acerca de lo que es la
Defensa Nacional. En ese sentido él decía —en esa gran metáfora— que la Defensa Nacional es
como el arco y la flecha, donde el arco debía estar tenso y la punta de la flecha eran precisamente
las Fuerzas Armadas. Pero ese concepto estaba relacionado íntimamente a su vez con una idea
de unidad nacional, donde toda la sociedad, en su potencia y en sus instituciones, debía estar
preparada para que la Nación se levantara en armas. Y lo que se critica a este proyecto del Poder
Ejecutivo es precisamente que no comprende globalmente ese concepto de Defensa Nacional.
Aquí se ha hablado de la doctrina de la Seguridad Nacional. Nadie mejor que los justicialistas
puede repudiar concreta y efectivamente esa teoría. Pero lo que no se ha dicho acá, a pesar de la
correcta exposición doctrinaria, es que la doctrina de la Seguridad Nacional ha tenido su inicio
en 1955, cuando se derrocó al gobierno popular, porque ella apunta fundamentalmente a vencer
la voluntad nacional y la legitimidad popular, a desnaturalizar las instituciones y a vaciar el país.
A partir de 1955 justamente esto es lo que se ha hecho; se ha perseguido y proscripto la voluntad
nacional; lo que trajo como consecuencia la legitimidad espuria de los supuestos representantes
del pueblo, porque había un partido y un pueblo proscripto. Es decir que los caracteres esenciales
de la doctrina de la Seguridad Nacional ya se habían aplicado aquí en 1955, primero a los peronistas
y después a todo el pueblo argentino. Por eso, nadie más que nosotros está alejado de esa
teoría.
Se han hecho exposiciones claras en este recinto acerca de la concepción global de la Defensa
Nacional, que apunta fundamentalmente al concepto de soberanía política, independencia económica
y justicia social.
Se ha hecho referencia a la opinión del general Perón en cuanto a las funciones de las Fuerzas
Armadas en un Estado democrático y se leyeron algunas frases importantes de nuestro líder. Pero
hay que resaltar otro aspecto, pues en el año 1973 ya existía una cosmovisión sobre la función
de las Fuerzas Armadas. Perón decía: “Creo que a las Fuerzas Armadas hay que dejarlas tranquilas
para que trabajen en su misión específica, que la tienen. Pero aun así, como se les reconoce una función
específica, también se tienen que conectar con todas las fuerzas políticas, porque hoy la guerra
es la Nación en armas; ya no es un ejército que sale a combatir contra otro ejército; hoy es un país
contra otro país, donde todos los que se pueden emplear se emplean en esa guerra, y los militares son
un sector de la Nación y de esa guerra”.
Este concepto de la Nación en armas nos lleva justamente a un hecho que todavía los argentinos
recordamos, ya que por falta de aplicación de esta doctrina en 1982, mientras muchos
de nuestros jóvenes morían en las Malvinas, otros se divertían en las boites, night-clubs y otros
lugares.
No venimos a criticar por la crítica misma. Queremos recordar al radicalismo que a los justicialistas
nos llevó veinticinco años que reconocieran las bondades de nuestros gobiernos. Por eso
no queremos ahora que pasen otros veinticinco años para que reconozcan la bondad de nuestra
oposición. En este sentido, venimos a aportar nuestros conceptos y nuestra riqueza filosófica y
doctrinaria para construir la sociedad que anhelamos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

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Sr. Manny.—Señor presidente: ya debe haber quedado claro que sobre este tema debería haber
unanimidad de criterios, pero no la hay. En realidad, no existe un mínimo consenso como el
que hubiésemos deseado respecto de un asunto de esta profundidad.
En la Comisión de Defensa hicimos algunas consideraciones previas sobre lo que estimábamos
debían ser los deberes de un sistema democrático para arribar a la modificación que hoy se
estudia.
Aquí se han señalado con profunda claridad las distintas características de la guerra moderna.
En este sentido, nosotros reclamábamos un replanteo de lo que son hipótesis de conflicto, sobre
todo en la situación en que llegó nuestro país al sistema democrático.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.
Sr. Manny.—No hay ninguna duda de que la Argentina llega a 1983 en una situación gravemente
debilitada. Tampoco hay ninguna duda de que como comunidad teníamos que encarar
una recuperación del país que debía alcanzar a todos sus parámetros vitales y fundamentalmente
al económico. Eso nos planteaba, entre otras cosas, la necesidad de imaginar cuáles serían las
formas de modernizar nuestras Fuerzas Armadas, adaptándolas a las actuales circunstancias
mundiales.
El esquema de posibilidades es, en realidad, bastante amplio. Abarca desde un país más o menos
pequeño, pero casi permanentemente movilizado, como Israel, hasta un país que es una gran
potencia industrial moderna, como Japón, que hace muchos años se amparó bajo el paraguas
nuclear norteamericano y que, virtualmente, no efectúa gastos de defensa.
En esas condiciones era importante que nuestra comisión de Defensa Nacional y la totalidad
de este Parlamento se abocaran a imaginar cómo tendrían que ser las futuras Fuerzas Armadas
de la democracia. Esto constituye en gran medida un problema técnico, aunque aquí le hemos
estado dando una gran importancia al aspecto ideológico.
No se nos escapa, como representantes que somos del liberalismo moderno, la importancia
que tiene esa inquietud ideológica en un país que ha sufrido años de interrupciones constitucionales,
interrupciones que están totalmente en contradicción con la doctrina liberal moderna que
no sólo defiende la libertad en todos los órdenes de la vida sino que se manifiesta siempre por
medio de sistemas democráticos. Precisamente la enfermedad de la sociedad argentina, expresada
a lo largo de años de ver interrumpido su sistema democrático de vida en forma sino sistemática,
por lo menos continua, demuestra indudablemente la importancia que asume aquella
inquietud ideológica.
Estas consideraciones apuntan a señalar nuestra coincidencia con las observaciones vertidas
en este recinto en el sentido de que esta iniciativa es tal vez apresurada e inoportuna. Pese al
argumento ideológico, que es uno de los que más fuerza tiene para que legislemos sobre el tema
en este momento, en realidad este cambio puede ser resuelto en una forma sumamente sencilla.
En definitiva, la ideología es un instrumento. Si el instrumento de la doctrina de la Seguridad
Nacional —que ha sido criticado por todos los bloques— no sólo es considerado imperfecto sino
incluso desechable, todo lo que tiene que hacer el país en este momento es no aplicarlo. De hecho,
nadie podría achacarle al gobierno del doctor Alfonsín que desde el 10 de diciembre de 1983
la Argentina se gobierne de acuerdo con lo que establece la doctrina de la Seguridad Nacional.
De manera que, en ese sentido, la importancia de tomar nuevas posiciones ideológicas en
realidad no avala la necesidad de apresurarnos en estos temas hasta que estemos razonablemente
de acuerdo sobre la forma en que vamos a implementar las Fuerzas Armadas argentinas del futuro
y a insertarlas en este mundo que a veces parece, francamente, enloquecido.
Como bien se ha señalado en este recinto, nuestro mundo se ha estado movilizando desde la
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bomba atómica de Hiroshima hasta una virtual guerra espacial. Esto significa una transformación
total del concepto de Defensa Nacional y del rol de las Fuerzas Armadas, que seguramente
implicará nuevos condicionamientos a tener en cuenta en una legislación lógica del encuadre
dentro del cual deberán efectuarse todos estos cambios.
Creo que no hay absolutamente ninguna discusión en el país, ni en sus sectores civiles ni en
los militares, acerca de que el accionar de las Fuerzas Armadas debe insertarse en el marco de lo
que establece la Constitución Nacional, es decir, en el ámbito del poder civil. Si alguna vez pudo
haberse discutido esto en la Argentina, nosotros, que tenemos ocasión de recorrerla en todas sus
latitudes, podemos considerar realmente que en este momento es absolutamente firme y rotunda
la convicción de que las Fuerzas Armadas deben estar insertadas en la Constitución y bajo el comando
de las autoridades civiles.
El tema de la Seguridad Nacional, por ser ideológico, empaña la decisión que en este momento
tendríamos que tomar. Si la democracia realmente corriese un riesgo externo o interno
—me refiero a la posibilidad de que cayera el sistema democrático—, tendríamos que recurrir
absolutamente a todos los mecanismos para defender su vigencia. En ese sentido no nos parece
inteligente que al amparo de esa concepción ideológica se procure hacer una división tajante
entre Seguridad Nacional y defensa externa.
Nosotros, que hemos analizado este tema fríamente, pensamos que el día en que las papas
quemen —perdóneseme la expresión vulgar— no sólo habrá que recurrir a todos los mecanismos
en defensa de la democracia, sino que seguramente —Dios no lo quiera— vamos a estar legislando
hasta cualquier hora para dar al país y a la democracia los instrumentos que les pudiesen
faltar para asegurar no sólo la vigencia de esta última sino también su supervivencia.
Se han hecho comentarios muy importantes acerca de la agresividad de los bloques en este
mundo moderno, desde el famoso Lebensraun hitleriano hasta la actual Guerra Fría. En este sentido
creo que todos estamos contestes en que se necesitan respuestas distintas.
Nosotros, como representantes de una corriente mundial que es el liberalismo moderno, que
no busca otra cosa más que la vigencia de la libertad en todos sus órdenes, estamos preocupados
por algunas de las generalizaciones que se han efectuado, según las cuales parecería que el liberalismo
es el culpable de todos los conflictos mundiales.
En realidad, cuando los representantes de la UCD hablamos y cuando pensamos en nuestro
futuro, no estamos proponiendo un país dominado por la patria financiera ni en manos de minorías
vernáculas o de imperialismos de uno u otro bloque. Tampoco imaginamos un país dominado
por ideologías golpistas o un neocolonialismo en uno u otro sentido. No proponemos un
sistema de piedra libre para asesinar, para vejar, para espiar o para cometer una serie de actos reñidos
con el estado de derecho y el sistema democrático. En definitiva, rechazamos la posibilidad
de que pensar en un país futuro desde una óptica liberal pueda significar alguno de esos desvíos.
En cuanto al aspecto económico-social, lo que en realidad se ha señalado en diversas exposiciones
son sencillos esquemas de privilegio. Dichos esquemas son tan criticados por el sistema
liberal moderno como por cualquiera de los expositores que me han antecedido en el uso de la
palabra.
Detrás de todo privilegio que pueda haber en el mundo, siempre se hallará alguna forma de
norma jurídica que sustenta su existencia. Es por ello que actualmente el liberalismo rechaza de
plano todos los privilegios, sean del color que fueren.
Como variante para un país moderno, libre y democrático, proponemos que se busque la solución
por el lado de un ordenamiento libre de la sociedad, que es la única respuesta práctica que
se está aplicando en muchas partes. Si bien ese camino aún no tiene consenso en el país, hemos
advertido que se está avanzando mucho en esa dirección.
El tema de la industria nacional se puede solucionar por medio de barreras aduaneras que
atiendan la situación de las que son incipientes. La idea de exportar para que haya realmente

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
fuentes de trabajo que den porvenir a los argentinos implica la obtención de un aparato productivo
que sea competitivo a nivel mundial. En ese principio tiene que ensamblarse todo lo que se
ha expresado acerca de las industrias bélicas y de las otras, que también son importantes.
Compartimos el criterio formulado en el sentido de que se debe fortalecer el poder del
Parlamento en todo lo atinente al control vinculado a la defensa, así como también aquella famosa
frase de Clemenceau, ya citada, respecto a que la guerra es un tema demasiado importante
para dejarlo en manos de los militares.
Sobre la base de los lineamientos que he expuesto, consideramos que el proyecto que se está
analizando no posee el consenso elemental que hubiésemos deseado que tuviera por parte de las
distintas bancadas. Aun desde ópticas diferentes ha quedado claro que sobre la base de lo escuchado
hasta ahora ese consenso no se advierte.
Sin embargo, en las últimas semanas el oficialismo está imponiendo en el país una serie de
cambios económico-sociales y ahora estamos tratando el aspecto de la defensa del país virtualmente
sobre el pivote de lo que es su mayoría parlamentaria, circunstancia que no la desconozco,
ya que tiene la debida representación del pueblo; pero desde el punto de vista de lo que nosotros
entendemos que debería ser esa grandeza patriótica que estoy seguro que todos compartimos, y
pensando en el futuro de la Argentina, esta iniciativa que hoy se propone no debe ser aprobada,
y ésa es la razón por la cual la hemos rechazado en forma total.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.
Sra. Falcioni de Bravo.—Señor presidente, señoras y señores diputados: hablo en nombre del
Partido Bloquista de San Juan y del Movimiento Popular Jujeño y me referiré a algunas modificaciones
que deseo se introduzcan en el proyecto de ley de defensa que estamos considerando.
Para los argentinos, la discusión de este tema excede el marco de una mera cuestión teórica.
Los acontecimientos vividos en el país en los últimos años indican que hemos atravesado realmente
la experiencia de la subversión, la agresión de fuerzas subversivas que pusieron en peligro
no sólo la seguridad de los habitantes sino también la integridad misma de la Nación.
Sabemos que las fuerzas policiales y de seguridad, la Gendarmería y la Prefectura, resultaron
insuficientes para enfrentar con eficacia la vasta acción de la guerrilla rural y urbana, por lo
que el anterior gobierno constitucional se vio obligado a ordenar la intervención de las Fuerzas
Armadas.
Todos sabemos y estamos persuadidos de que si no hubiese resultado exitosa esa acción, en
este momento no estaríamos ocupando una banca en el recinto. Por eso, señor presidente, tanto
el Partido Bloquista de San Juan como el Movimiento Popular Jujeño deseamos que las Fuerzas
Armadas actúen en los conflictos externos, tal como establece el proyecto oficial. Pero como legisladores
no podemos dejar de prever otras eventualidades.
En tal virtud, es preciso anticiparse a los hechos y dotar al gobierno de los instrumentos que
le permitan operar con eficacia contra cualquier otra forma de agresión. Conocemos la prudencia
de nuestros gobernantes. Sabemos, en consecuencia, que de producirse un conflicto interno
las autoridades dispondrán escalonadamente de las fuerzas policiales y, de ser necesario, de las
de seguridad. Pero si aún así esos efectivos resultaren insuficientes, entonces el gobierno debe
tener las manos libres para disponer la movilización de las Fuerzas Armadas. Este procedimiento
escalonado está dictado por el sentido común y por la responsabilidad con que deben actuar las
autoridades para preservar la integridad de la República.
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, el Partido Bloquista sostiene que la ley de
defensa debe ocuparse no sólo de la agresión externa sino también de cualquier otra forma de
agresión —y esto no lo dice el artículo 2º—, la que una vez producida —ésta es nuestra solución
al problema— será calificada como tal por el Poder Ejecutivo ad referéndum del Congreso. La
intervención del Parlamento tiene como objeto evitar cualquier exceso de poder. Este es el pensamiento
de los dos partidos provinciales.
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Sr. Bisciotti.—Señor presidente: pido la palabra para formular una moción de orden.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr. Bisciotti.—Tal como hemos convenido entre los distintos bloques, hago moción de pasar
a cuarto intermedio hasta la hora 10 y 30 del miércoles próximo una vez que hayan finalizado de
hacer uso de la palabra los dos últimos representantes de bloques anotados en la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado
por Buenos Aires.
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—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consecuencia, al término de las exposiciones de los señores
diputados Balestra y Conte se pasará a cuarto intermedio hasta el miércoles próximo a la hora
10 y 30.
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. Balestra.—Señor presidente: leyendo el artículo 2º de la ley 16.970 y el del proyecto en
consideración, advertimos que uno de los aspectos señalados por el miembro informante, señor
diputado Zubiri, indudablemente es incuestionable: la ley anterior cayó en desuetudo y no se
aplicó. Probablemente con este proyecto ocurra lo propio.
Mientras el artículo 2º de aquella ley define la Seguridad Nacional como la situación en la
cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones
sustanciales, el artículo 2º del actual proyecto dice que “la Defensa Nacional es la integración
y acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, para enfrentar las
agresiones de origen externo”. Sin duda, un conjunto de bonitas palabras, superfluas como definición
en toda buena técnica normativa, que no arrojan ninguna luz ni sobre el problema de la
seguridad ni acerca de la materia de la defensa.
Muchas veces se ha mencionado el tema de la doctrina de la Seguridad Nacional. Yo todavía
no sé dónde está compendiada tal doctrina, pero optaría por referirme a la definición que de
la Seguridad Nacional ha dado la ley 16.970 a efectos de deducir que no hay ninguna fórmula
precisa ni concreta —mucho menos correcta— como para ponerla en consideración a fin de ser
aplicada. Pareciera que con el solo imperio de las normas constitucionales que regulan las facultades
del presidente en tiempos de paz y guerra, y del Congreso para declarar la guerra o hacer
la paz, bastaría con una reglamentacióu —y no una ley— para establecer todo el conjunto de
normas que se disponen en este proyecto, al igual que las contenidas en la ley 16.970.
Nuestra discrepancia con el proyecto se vincula —aparte de su deficiencia normativa— con
dos aspectos de orden filosófico: uno es el criterio que se sigue con respecto a la agresión interna,
que se margina de la consideración directa en el ámbito de la iniciativa que hoy nos ocupa; el
otro se refiere al enfoque global de la política militar en razón de los fundamentos que se dan al
propio proyecto de ley.
Ha dicho bien el señor miembro informante que la doctrina de la Seguridad Nacional, según
él la entiende, puede haber tenido antecedentes —en el supuesto de que se la reconociera
como tal— en la Alemania nazi, en tiempos de gobiernos americanos de posguerra o durante
la Segunda Guerra Mundial; y aun la ha hecho extensiva a procesos de interrupción del orden
constitucional en la Argentina. Pero todos estos fenómenos son, sin duda, anteriores a lo que
ocurrió en nuestro país, como en otros países del mundo, en la década del ‘70, cuando se desata
la subversión y la agresión terrorista. En ese sentido me parece que no puede distinguirse entre
agresión externa o interna porque la naturaleza de la agresión internacional hace que sea un fenómeno
de todo el mundo, con caracteres vernáculos en los distintos países afectados, donde se
dan una serie de circunstancias y coincidencias que permiten que lo subversivo del orden interno

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
tenga profusas ramificaciones internacionales. Consecuentemente, excluir una de las dos hipótesis
parece negar la naturaleza esencialmente concurrente de ambas.
Luego de la creación del denominado paraguas nuclear, con motivo del avance y la sofisticación
de las armas modernas y del lanzamiento de la Guerra Fría y a partir de la doctrina de Mao
la hipótesis de guerra nuclear es de consecuencias tan dramáticas que la Guerra Fría y la agresión
internacional bajo sus veladas formas —una de las cuales es el terrorismo— determinan la existencia
de un grave peligro para la esencia de la nacionalidad.
En dicho sentido ha sido elocuente la diputada Falcioni de Bravo al explicar el fenómeno
argentino, y al respecto comparto sus expresiones.
De otro orden son los fundamentos brindados por el señor diputado Zubiri al referirse al
informe Rattenbach, de indudable actualidad, cuando hacía alusión al problema generado por
la guerra de las Malvinas. Ahí se cuestionaron las deficiencias en el planeamiento conjunto y se
aludió a las facultades que deben quedar reservadas al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en contra de la existencia de varios comandos en el
teatro de operaciones.
Para quienes no somos técnicos en materia militar, aprobar o cuestionar las conclusiones de
un informe pormenorizado y analítico como éste podría ser en cierto modo un acto de audacia;
pero en todo caso me permito señalar que si en el episodio de la guerra de las Malvinas hubo
deficiencias en la conducción táctica o estratégica, así como errores diplomáticos, políticos o
militares, todo esto fue una cuestión instrumental.
Lo que ocurrió no se debió a que la ley anterior no fuera buena, porque por otra parte no se
aplicaba, ni tampoco eso determina la necesidad de dictar ahora una ley de defensa que corrija a
la anterior.
Reitero que hubo errores en el planeamiento y también de índole técnica e ineptitud por
parte de quienes debieron llevar adelante la guerra. En todo caso hubo falta de coordinación o
compartimientos estancos en las Fuerzas Armadas, característica que por otra parte se da en procesos
donde las Fuerzas Armadas, además de su función específica, tienen a su cargo la decisión
política.
De lo que se trata, sin duda, es de que tengamos Fuerzas Armadas subordinadas al poder
constitucional y que no desplacen del escenario de la decisión política a los titulares de dicho
poder constitucional. Para ello, desde luego, se requiere de parte de las autoridades elegidas por
el pueblo una firme política militar y de defensa, pero al mismo tiempo respetuosa de las instituciones
militares.
Nosotros hemos sostenido ya antes de ahora la inconstitucionalidad de la reforma al Código
de Justicia Militar, lo que ha llevado a una serie de juzgamientos que actualmente se dan con
una profusa propaganda. Han sido tantos los testigos que han desfilado ante la Cámara Federal,
que ya aparecen denuncias, por parte de quienes han actuado como testigos, señalando que lo
han hecho presionados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas o a instancias del
fiscal acusador. Sin duda, esto no prestigia al marco institucional que debe regir reglamentos o
leyes como la de defensa.
En cuanto al informe de la comisión de Asuntos Constitucionales, no ha sido menos erudita
la alocución del señor diputado Mosso, que ha complementado con elocuencia a la del diputado
Zubiri. Es más, desde el punto de vista del análisis jurídico y de las citas de doctrinarios
argentinos y extranjeros, esas exposiciones son dignas de elogio, aunque no compartimos su
fundamentación. Y es cierta la afirmación formulada por el señor diputado Mosso en cuanto
al documento de los obispos de Puebla —que ha sido también motivo de recordación por uno
o más representantes de la bancada justicialista— como opuesto a la denominada doctrina de
la Seguridad Nacional y en favor de su sustitución por la doctrina de la Defensa Nacional. Pero
todo esto, así como las referencias a la época de la Alemania nazi o a la política norteamericana de
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posguerra, aludía a un tiempo histórico político-militar de naturaleza esencialmente diferente, al
que empezó a desarrollarse con posterioridad en las décadas del ‘50 y del ‘60 con la aparición de
la Guerra Fría y, fundamentalmente en la Argentina en la década del ‘70, con el surgimiento de
un fenómeno que reaparece ahora en Colombia o más cercanamente en Perú.
La necesidad del desarrollo económico es un imperativo indispensable para proveer a toda
buena política de defensa, y en esto concuerdo con lo manifestado por el señor diputado Mosso.
Es indudable que aquí chocamos con un orden de prioridades impuesto por la dura realidad. En
este sentido, creo que el gobierno de la Nación ha asumido con sensatez, después de más de un
año y medio de desencuentros y de errores, la necesidad impostergable de erradicar y combatir el
flagelo inflacionario y eliminar la emisión monetaria para enjugar los déficit de tesorería. Con la
misma decisión, firmeza y convicción el gobierno debería modificar su política militar teniendo
en cuenta dos aspectos que deben ser objeto de ponderación.
En primer término, el proyecto cita en su artículo 1º el propósito de proveer a la defensa
común, establecido en el Preámbulo de nuestra Carta Magna, del cual deriva necesariamente
la normatividad de este dictamen; pero debemos recordar que el Preámbulo de la Constitución
también señala la necesidad de constituir la unión nacional y afianzar la paz interior. Para tales
objetivos de unión nacional y de paz interior es preciso superar todo tipo de diferencias y antinomias
entre civiles y militares.
En segundo término, aunque tal vez se pueda decir que el juzgamiento de las cúpulas militares
está limitado a un número reducido de personas, existen y existirán una serie de juicios
pendientes en pueblos, ciudades y brigadas del interior contra otros presuntos responsables de
la lucha antisubversiva. En este punto nos podemos permitir señalar que, hasta que no haya
un acto de decisión política que concluya este capítulo oscuro de nuestra historia, vamos a tener
dificultades para afianzar la unión nacional y consolidar la paz interior. Estas dos metas se
transformarán en necesidades indudables cuando las autoridades de la Constitución, libremente
elegidas por el pueblo, tengan que tomar una decisión —Dios quiera no ocurra para restablecer
el orden—, amenaza ésta latente en todos los países del mundo y a la que no puede ser ajeno el
nuestro, que atravesó una experiencia dolorosa en materia de lucha contra la subversión.
Básicamente, estos son los fundamentos de nuestra discrepancia con el enfoque filosófico
del proyecto. No diríamos lo mismo con respecto a algunos aspectos de su redacción normativa,
porque por la vía del asesoramiento y del trabajo extenso y exhaustivo en las Comisiones
de Defensa y de Asuntos Constitucionales se ha procedido con dedicación al mejoramiento y
perfeccionamiento de la iniciativa. Pero insisto en que las bases fundamentales para el ejercicio
de facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo en lo genérico, como son las de disponer la necesidad
de la guerra o hacer la paz y establecer las milicias conducentes, son del Congreso y hacen
casi ociosa la sanción de una normativa de este tipo.
Destaco además que las definiciones contenidas son innecesarias y que las fórmulas logradas
no son eficientes ni en la ley que se deroga ni en el proyecto que se considera, porque en ambos
casos estamos en presencia de fórmulas genéricas que tienen un contenido específico pero que
no tendrán el rigor de la aplicación práctica necesaria.
Creo que debemos revisar todos juntos sin soberbia ni desconfianza el conjunto de la política
de defensa y la relación entre las autoridades constitucionales y sus dependientes que son
las Fuerzas Armadas. Una vez que se deje de ver en éstas las acechanzas de interrupciones de
procesos constitucionales y se las coloque en el papel genuino de servidoras del poder civil, no
habrá prerrogativas ni tampoco deberá haber más vejámenes que generen desconfianzas, recelos
y rencores en el cuerpo social argentino.
Con estas consideraciones dejo expresada nuestra posición respecto al proyecto de ley de
Defensa Nacional
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Conte.—Señor presidente: hubiera deseado encontrar en esta Cámara la voluntad de ir
desde este proyecto hacia adelante porque adhiero a todo lo que contiene, pero me deja profundamente
insatisfecho aquello que define ambiguamente o que no contiene.
Ciertamente, a esta voluntad política de mi bancada no la ayuda la circunstancia de una coincidencia
que por cierto no me sorprende entre algún sedicente liberal que en este recinto califica
de ideológico lo que es precisar la definición de la subordinación del poder militar al poder civil,
o alguna otra explicación felizmente inframinoritaria que he escuchado —y que no sé si llamarla
delirante o confusa— que considera a la violencia política que ha vivido el país desde hace diez o
quince años atrás como el producto de no sé qué soberbia o influencia de la KGB o alguna otra
estupidez por el estilo.
En definitiva, ambas expresiones superminoritarias coinciden en ubicar la definición de las
Fuerzas Armadas en el ámbito de lo que los mejores exponentes de la doctrina de la Seguridad
Nacional han llamado la tercera guerra internacional, que no es otra cosa que privilegiar el conflicto
Este-Oeste y subestimar el Norte-Sur.
Debo decir que cuando escuché estas voces no dejé de preocuparme, pero las veo tan inmensamente
confusas que empiezan a perder su sentido de peligrosidad.
A esta altura de las cosas, cuando yo creo que no queda nadie en el país, ni viejo ni menos aún
joven, que siga sosteniendo la peregrina teoría del coronel afortunado —pensando en el coronel
Perón—, es evidente que algunos políticos argentinos dan la sensación de que tienen el ensueño
de acercarse a algún coronel, no sé si afortunado o de fortuna, para ser beneficiarios de un apoyo
que quizá no consigan de otro modo que por la vía militar.
En definiva, yo creo que en el país hay dos posiciones. Una es la de aquellos que realmente
defendemos a las Fuerzas Armadas, que queremos unas Fuerzas Armadas al servicio del país y del
pueblo y que somos los que decimos “¡juicio de responsabilidad y autocrítica!”, y que a veces las
atacamos porque entendemos que en el país se comprometieron como institución.
También están los otros, los que niegan todo esto, los que decimos que atacan a las instituciones,
los que sostienen la necesidad de que las Fuerzas Armadas sigan interviniendo en los
conflictos internos, que son en realidad los que están en contra de ellas porque quieren utilizarlas
una vez más sin pensar un solo momento en esa institución quebrada.
Suelo decir —y por ello se me considera ingenuo— que esa institución está profundamente
quebrada, particularmente sus hombres jóvenes. No podemos creer que si en este momento se
nos cayera encima el cielo raso seríamos los mismos de antes, y eso le ocurrió a nuestra juventud
militar, que fue llevada al crimen, engañada canallescamente y traicionada una vez más en el
conflicto bélico del Sur. Esta es la realidad de nuestras Fuerzas Armadas, y los que las queremos,
los que no somos de ningún modo antimilitaristas, somos quienes pedimos una clara visión que
ayude a conformar las Fuerzas Armadas que el país necesita.
Este proyecto define con suficiente claridad la estructura de subordinación de las Fuerzas
Armadas al poder civil en orden a la Defensa Nacional. Preferiría sin embargo que cuando se
habla de conflicto externo se diga “conflicto bélico”, porque todos sabemos que la pretensión del
conflicto que viene del exterior es el pretexto para hacer que nuestras Fuerzas Armadas vuelvan
a constituirse en el instrumento de su autodestrucción.
No entiendo por qué razón vamos a sostener en el proyecto de ley esta fórmula más que confusa
de que las cuestiones relativas a la política interna del país no pueden constituir hipótesis de
trabajo de organismos de inteligencia militar. ¿Acaso no está en nuestros programas políticos la
voluntad de suprimir de una buena vez la actividad de inteligencia de las Fuerzas Armadas? Pero,
desgraciadamente, estamos viviendo en estos días en forma confusa el episodio protagonizado
por el señor Guiglielminetti. Y se vive en retroceso porque no se tiene la decisión de seguir esa
voz lúcida y corajuda del doctor Roberto Pena cuando habla de la experiencia que vivió como
hombre elegido para estar en el centro de la inteligencia del país. Él nos habló de sus aspiraciones
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desde la SIDE y del control de los aparatos de seguridad. Quiero recordar al diputado Zubiri que
el doctor Pena sacó a luz ese centro instalado en la jefatura del Estado Mayor del Ejército, donde
se celebraban contratos millonarios para asignar o desasignar servicios de seguridad y recolectar
fondos que se manejaban secretamente.
Lamento que el diputado Zubiri me llamara irresponsable en aquella oportunidad. Uno
de sus propios correligionarios me dio la razón. Cuando se produjo el robo de expedientes en
Rosario le escuché decir que eso, por supuesto, había sido obra del servicio de inteligencia del
Ejército y que no le sorprendería que esa operación hubiera sido realizada por un comando de
Tucumán. Estamos en presencia de quinientos casos de esta naturaleza. Se han colocado bombas
en Radio Belgrano y hubo secuestros llevados a cabo por servicios paralelos. No entiendo entonces
cómo podemos defender la estabilidad democrática sin establecer claramente que los servicios
de inteligencia de las Fuerzas Armadas no pueden intervenir más de ninguna manera. ¿Acaso
no les hacemos un favor a las Fuerzas Armadas diciendo eso? Entonces, ¿sobre qué vacilamos?
Por otra parte, también me preocupa por qué no se hace referencia a la formación de los
cuadros militares, que es otro nudo central, siendo que el proyecto define la organización de las
Fuerzas Armadas. Por eso es que no creo que con esta ley vayamos a detener, por la sola virtualidad
de que expresemos una determinada estructura, las ambiciones golpistas que suelen nacer
en el seno de las Fuerzas Armadas. Para ello tendremos que atacar la formación: pero acá no se
dice absolutamente nada al respecto, y eso que conocemos los inmensos defectos que presenta la
formación de nuestros hombres de las Fuerzas Armadas, que luego los lleva inexorablemente a
pretender ocupar en forma arbitraria el poder. Esto es claro, ya que los profesores de la Escuela
Militar o de las escuelas medias y superiores de oficiales están expresando el pensamiento minoritario
del país.
Entiéndanlo bien los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. ¿O acaso los
Costa Méndez, los Roca o quienes sean no están desempeñando cotidianamente ese papel en las
escuelas de formación media y superior? ¿Vamos a dejar que nuestros hombres de las Fuerzas
Armadas sigan siendo formados por los enemigos de la democracia, o nos vamos a decidir de
una vez por todas a atacar ese nudo central de la vida institucional argentina que es el de su formación?
En este sentido no tenemos más que recoger la experiencia de los pueblos europeos de
posguerra en cuanto a la teoría del civil uniformado, a la necesidad de que estos hombres vayan
a las universidades y no se encierren en guetos, se abran a la comunidad y entren no sólo en las
casas de los oligarcas sino también en las de los humildes. ¿Y de ésto no diremos nada en la ley?
Alguien me recordaba estos episodios y me decía que yo soy un mal conocedor de la historia,
porque San Martín hacía votar a sus soldados al pie de los Andes sobre quién debía ser
condecorado y quién no, y también antes de iniciar la campaña al Perú hizo votar a sus oficiales
quién sería el jefe de ese ejército. Y es claro que hubo un Mosconi y un Savio; por eso tenemos
que recurrir permanentemente a tales ideales para referirnos a nuestras Fuerzas Armadas, que
no tienen un San Martín u oficiales similares a aquéllos, pero que todos desean que los vuelvan
a tener. Entonces, democraticemos nuestras milicias. Hagamos lo que hacen todos los ejércitos
modernos, en que los suboficiales pueden acceder a la oficialidad por un sistema flexible.
En mi proyecto propongo un juramento. ¿Por qué se jura junto a la Bandera y no se procede
igual con la Constitución, comprometiéndose los hombres de armas a defender el sistema
democrático? ¿Por qué no ponemos esto en la ley para entendernos de hombre a hombre y de
argentino a argentino de una buena vez? Es la única forma en que los hombres de armas entiendan
nuestro lenguaje.
No quiero cerrar esta breve exposición sin aludir a un artículo que he leído hace veinticuatro
horas —desgraciadamente no siempre tengo medios para informarme de una manera más profunda—
en un diario que no asume una posición antimilitar, sino todo lo contrario; me refiero
al matutino La Nación. Este diario nos hablaba ayer de los 68 mil hombres de cuadros y de los

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46 mil civiles del aparato militar, diciéndonos que esta relación es absolutamente inusual en los
ejércitos modernos. Nos dice que nuestro presupuesto en la materia disminuyó considerablemente;
pero si tomamos en cuenta la previsión brasileña —parámetro común en los países de
América latina—, veremos que en ese Estado se está en el orden del uno por ciento con respecto
al PBI. Quiere decir, entonces, que alejados de los conflictos bélicos limítrofes que podrían poner
en peligro la Seguridad Nacional, estamos todavía con un presupuesto que duplica —y aún más
el de la gran mayoría de los países de América latina—, con la única excepción del desgraciado
caso de nuestro vecino Pinochet.
Por lo tanto, manejamos mal nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos mucha gente mal paga;
tenemos gente en los casinos tomando en demasía y hablando de política, por lo cual deberíamos
decidirnos a achicar la estructura de esas fuerzas. Cualquier hombre uniformado en retiro
que entiende las Fuerzas Armadas nos dice siempre que debemos suprimir brigadas. Con esta
inmensa estructura, y sin fondos, lo que hacemos es crear un ejército inútil y lleno de problemas
y conflictos internos.
Pienso que por allí pasan los desafíos que en esta materia debemos afrontar. Esta es la razón
por la que hubiera deseado que esta Cámara tirase hacia adelante, para evitar el riesgo de que los
grupos minoritarios terminen logrando que vayamos hacia atrás.
Sr. Presidente (Pugliese).—Conforme a lo resuelto, invito a la Honorable Cámara a pasar a
cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a la hora 10 y 30.
—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 30.
LORENZO D. CEDROLA.
Director del Cuerpo de Taquígrafos
Fuente: Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones del 15 de agosto de 1985, pp. 3428-3488.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia
Legislativa y Parlamentaria. Departamento de Información argentina y atención al usuario.
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23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,
Roberto Pascual Silva y Oscar Luján Fappiano
Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar
Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naviero
Diputados presentes:
ABDALA, Luis Omar
ABDALA, Omar Tupilo
ACEVEDO de BIANCHI,
Carmen Beatriz
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALBARRACÍN, Ignacio Arturo
ALIAS, Manuel
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ALTAMIRANO, Amado Héctor
Heriberto
ÁLVAREZ, Adrián Carlos
ÁLVAREZ, Roberto Pedro
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARRECHEA, Ramón Roberto
ARSON, Héctor Roberto
ASENSIO, Luis Asterio
AUSTERLITZ, Federico
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio
BARBEITO, Juan Carlos
BECERRA, Carlos Armando
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERNASCONI, Julio Mario
BERRI, Ricardo Alejandro
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BODO, Rodolfo Luis
BONINO, Alberto Cedillo
BONOMI, Nora Susana
BORDÓN GONZÁLEZ, José
Octavio
BOTTA, Felipe Esteban
BRITO LIMA, Alberto
BRITOS, Oscar Felipe
BRIZ DE SÁNCHEZ, Onofre
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CÁCERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMISAR, Osvaldo
CAMPS, Alberto Germán
CANICOBA, Ramón Héctor
Pedro
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARMONA, Jorge
CARRANZA, Florencio
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASALE, Luis Santos
CASSIA, Antonio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Ángel
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
COLOMBO, Ricardo Miguel
CONNOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Lula
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
CURATOLO, Atilio Arnold
CHAZARRETA, Pastor O. V.
CHEHIN, Jorge Víctor
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DEBALLI, Héctor Gino
DE NICHILO, Cayetano
DÍAZ de AGUERO, Dolores
DÍAZ LECAM, Juan Antonio
DI CIO, Héctor
DIMASI, Julio Leonardo
DOMÍNGUEZ FERREYRA,
Dardo N.
DONAIRES. Fernando
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DUSSOL, Ramón Adolfo
FALCIONI de BRAVO, Ivelise Ilda
FAPPIANO, Oscar Luján
FERRÉ, Carlos Eduardo
FIGUEROA de TOLOZA, Emma
FINO, Torcuato Enrique
FURQUE, José Alberto
GARCÍA, Antonio Matías
GARCÍA, Carlos Euclides
GARCÍA, Roberto Juan
GHIANO, Jorge Osvaldo
GIMÉNEZ, Jacinto
GINZO, Julio José Oscar
GÓMEZ MIRANDA, María
Florentina
GONZÁLEZ, Arnaldo
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Jesús Gerónimo
GONZÁLEZ, Raúl Héctor
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás
Walther
1985
493

21 de agosto de 1985
494
GONZÁLEZ PASTOR, Carlos
María
GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAUX, Arturo Aníbal
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GURIOLI, Mario Alberto
GUTIÉRREZ, Reinaldo Pastor
GUZMÁN, María Cristina
HERRERA, Bernardo Eligio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
IMBELLONI, Norberto
INGARAMO, Emilio Felipe
JALILE, José Félix
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ, Francisco Javier
KHOURY, Miguel Ángel
LANDIN, José Miguel
LANGAN, Roberto José
LAZCOZ, Bernaldo Efraín
LEALE, Zelmar Rubén
LENClNA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESTANI, Carlos
LIPTAK, Teodoro
LÓPEZ, Santiago Marcelino
LUGONES, Horacio Enerio
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANNY, José Juan
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARTÍN, Belarmino Pedro
MARTÍNEZ, Valentín del Valle
MARTÍNEZ MÁRQUEZ, Miguel
José
MARTÍNEZ MARTINOLI,
Fausta G.
MASINI, César Francisco
MASTOLORENZO, Vicente
MATUS, Salvador León
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MEDINA, Miguel Heraldo
MELÓN, Alberto Santo
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MILANO, Raúl Mario
MIRANDA, Julio Antonio
MONSERRAT, Miguel Pedro
MONTERO, Carlos L.
MORAGUES, Miguel José
MOREAU, Leopoldo Raúl
MOSSO, Alfredo Miguel
MOTHE, Félix Justiniano
NADAL, Marx José
NEGRI, Arturo Jesús
NIEVA, Próspero
ORGAMBIDE, Luis Oscar
PALEARI, Antonio
PAPAGNO, Rogelio
PATIÑO, Artemio Agustín
PECHE, Abdol Carim Mahomed
PELÁEZ, Anselmo Vicente
PEPE, Lorenzo
PEREYRA, Pedro Armando
PÉREZ, René
PÉREZ VIDAL, Alfredo
PERL, Néstor
PINTOS, Carlos María Jesús
PIUCILL, Hugo Diógenes
PRADO, Leonardo Ramón
PRONE, Alberto Josué
PUGLIESE, Juan Carlos
PUPILLO, Liborio
PURITA, Domingo
RABANAQUE, Raúl Octavio
RAMOS, Daniel Omar
RAPACINI, Rubén Abel
RATKOVIC, Milijov
RAUBER, Cleto
REALI, Raúl
RESTOVICH, Francisco
REYNOSO, Adolfo
RIGATUSO, Tránsito
RIQUÉZ, Félix
RIUTORT de FLORES, Olga
Elena
ROBERTO, Mario
ROBSON, Anthony
RODRÍGUEZ, Antonio Abel
RODRÍGUEZ, Jesús
RODRÍGUEZ, Manuel Alberto
RODRÍGUEZ, Pedro Salvador
RODRÍGUEZ ARTUSI, José Luis
ROMANO, Domingo Alberto
ROMERO, Antonio Elías
ROMERO, Francisco Telmo
RUBEO, Luis
RUIZ, Ángel Horacio
RUIZ, Osvaldo Cándido
SABADINI, José Luis
SALDUNA, Bernardo Ignacio
Ramón
SAMMARTINO, Roberto
Edmundo
SÁNCHEZ, Eduardo
SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio
SARQUIS, Guillermo Carlos
SARUBI, Pedro Alberto
SCELZI, Carlos María
SERRALTA, Miguel Jorge
SILVA, Roberto Pascual
SILVERO, Lisandro Antonio
SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
SOCCHI, Hugo Alberto
SOLARI BALLESTEROS,
Alejandro
SPINA, Carlos Guido
SRUR, Miguel Antonio
STAVALE, Juan Carlos
STOLKINER, Jorge
STORANI, Federico Teobaldo M.
STUBRIN, Adolfo Luis
STUBRIN, Marcelo
SUÁREZ, Lionel Armando
TELLO ROSAS, Guillermo
Enrique
TERRILE, Ricardo Alejandro
TORRES, Carlos Martín
TORRESAGASTI, Adolfo
UNAMUNO, Miguel
URRIZA, Luis María
VANOSSI, Jorge Reinaldo
VIDAL, Carlos Alfredo
VISTALLI, Federico José
ZAVALE, Jorge Hernán
ZINGALE, Felipe
ZUBIRI, Balbino Pedro
Ausentes, con licencia:
BRIZUELA, Juan Arnaldo (1)
CARDOZO, Ignacio Luis
Rubén

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
CORTINA, Julio
DE LA VEGA de MALVASIO,
Lily M. D
DRUETTA, Raúl Augusto (1)
ELIZALDE, Juan Francisco
Carmelo
FEDERIK, Carlos Alberto (1)
LESCANO, David (1)
MARCHESINI, Víctor Carlos (1)
PEDRINI, Adam (1)
PLANELLS, Mariano Juan (1)
REGGERA, Esperanza (1)
SELLA, Orlando Enrique (1)
TAIBO, Nicolás (1)
TOSI, Santiago
VON NIEDERUXUSERN,
Norberto B. (1)
YAMAGUCHI, Jorge Uokuro (1)
Ausentes, con aviso:
ARÁOZ, Julio César
BASUALDO, Héctor Alfredo
BIANCHI, Carlos Humberto
CORPACCI, Sebastián
Alejandro
FLORES, Aníbal Eulogio
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
MINICHILLO, Juan José
PONCE, Rodolfo Antonio
(1) Solicitud pendiente de
aprobación de la Honorable
Cámara.
Sumario
1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establecen las bases
jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional
(103-P.E.-84). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 3490.)
2. Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que se levante la sesión. Se aprueba (Pág. 3558).
3. Apéndice:
Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 3559)
—En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de agosto
de 1985, a la hora 11 y 15:
1
Bases jurídicas, orgánicas y funcionales de la Defensa Nacional
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa la sesión.
Prosigue la consideración en general del dictamen de las Comisiones de Defensa Nacional y
de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establecen
las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa
Nacional (expediente 103.-P.E.-84) 1
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Paleari.—Señor presidente, señores diputados: está en mi ánimo ser lo más breve posible,
ajustarme sintéticamente a los aspectos conceptuales y alejarme del árbol para tratar de observar
el bosque.
1 Véase el texto del dictamen en la sesión del 15 de agosto de 1985, 22a. reunión donde se establecen las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional, pág. 138 de la presente
edición.
495
1985

21 de agosto de 1985
496
Reconozco a priori la excelente voluntad y predisposición de los señores legisladores integrantes
de la Comisión de Defensa para elaborar un instrumento apto que sirva al país, lo cual
no implica reconocer que tales esfuerzos hayan llegado a buen puerto.
Hago también la aclaración previa de que mi postura coincide con la actitud del bloque justicialista
expresada elocuentemente por el compañero diputado Antonio Cavallaro, no obstante
que algunos aspectos de ella han merecido dentro del bloque —digo esto por una cuestión de
honestidad basal en el recinto— objeciones que no puedo soslayar, porque de hacerlo entraría en
la zona grisácea de las indefiniciones y, frente a un tema de la importancia del que consideramos,
soslayar es pecar.
Para decirlo con pocas palabras, estimo que hay que desradicalizar el proyecto de ley de defensa
para radicalizar la seguridad y la defensa nacionales.
Durante muchos meses hemos escuchado toda suerte de eufemismos alrededor de los conceptos
de seguridad y de defensa, pero lo cierto es que, en definitiva, este proyecto de ley se aleja
de la seguridad y convalida, en cierta medida, una doctrina que fue vituperada en su momento y
que estimo no compartimos ninguno de los señores diputados de las distintas bancadas, porque
el problema no consiste en la expresión literal de una doctrina en el papel, sino en su espíritu y
en su aplicación: cuándo se aplica, dónde se aplica, cómo se aplica y quién la aplica.
Una doctrina de la Seguridad Nacional existe y es necesaria e imprescindible para todos los
estados jurídicamente organizados. La tienen los estados del Este, del Oeste, del Norte y del
Sur.
La tienen tanto Israel como los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Asimismo,
cuentan con su doctrina de Seguridad Nacional, Nicaragua, Paraguay, Italia y Chile. Pero nosotros,
por un problema de pésima aplicación de la doctrina por gobernantes que no tendrían
que haber gobernado y por gobiernos ilegales, vamos a poner en tela de juicio la imprescindible
necesidad de que nuestro país cuente con los medios idóneos para proteger su supervivencia.
Sostenemos que una ley de defensa debe tender fundamentalmente a proteger el cuerpo jurídico
y legal del Estado, es decir, a proteger la República contra la acechanza de adentro y de
afuera. Estos no son pretextos, ni nos manejamos con eufemismos cuando mencionamos los
términos “adentro” y “afuera”, porque los peligros se generan en uno u otro lado y son tan potentes
y tan perniciosos —ya sea que provengan de afuera como de adentro— que pueden llegar
a poner en peligro la estabilidad misma de las instituciones republicanas de las cuales nosotros,
sin ninguna duda, somos sus primeros y mejores defensores.
Algún día este país va a tener una guerra, señores diputados, y no la vamos a poder evitar. Esa
guerra se nos viene encima aceleradamente y paso a paso, y tampoco es un eufemismo decir que
estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial —con distinto teatro de operaciones y actitudes bélicas
no convencionales, pero guerra al fin—, que se está desarrollando en Centroamérica, Asia,
África y Oceanía. Los primeros intentos de las patrullas avanzadas ya se perciben en casi todos
los países del mundo.
Vamos a tener una guerra tarde o temprano. No serán los rusos ni los chilenos quienes atraviesen
nuestras fronteras para atacarnos. Sin embargo, estamos a punto de sancionar una ley que
se ocupa de cualquier cosa menos de esa guerra que con certeza va a desarrollarse en nuestro país,
y que es la guerra de la subversión.
La magnitud de las responsabilidades que conciernen a la Defensa Nacional y que abarcan
todos los ámbitos del quehacer republicano, con plena participación de la ciudadanía, no debe
de ninguna manera quedar sujeta a interpretaciones de parcialidades políticas que pueden o no
estar ajenas a presiones claramente ideológicas y circunstanciales. Pero nosotros observamos
desde la normalización institucional que nuestras Fuerzas Armadas son mantenidas como sectores
prácticamente segregados de la estrategia general, aun en temas de prioritaria jurisdicción
y especialización militar en los que su asesoramiento a los órganos políticos de decisión resulta

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
insoslayable en el orden universal como medio de perfeccionar la Seguridad Nacional en todas
sus vertientes, externas o internas.
Este proyecto adolece fundamentalmente de un vicio genético. Vamos a sancionar una ley
de defensa sin que los órganos especializados y técnicos hayan intervenido clara y concienzudamente
en su confección. Sería lo mismo que sancionar una ley de sanidad para la República sin
haber escuchado la opinión de los médicos, o un código sin la intervención de los abogados, o
una ley de urbanismo sin arquitectos o de educación sin docentes. Se trata, evidentemente, de un
guiso de liebre, con muchísimos ingredientes pero al que le falta la liebre.
Nosotros estimamos que debemos legislar con la vista larga, más allá de las limitaciones electoralistas
que la realidad nos impone a radica1es y peronistas. Tenemos el convencimiento sincero
y no agresivo —reitero, sincero y no agresivo— de que la vida de esta ley es exactamente la
medida de la vida del gobierno radical, porque será inmediatamente modificada o cambiada por
quien suceda al gobierno radical, por supuesto si se trata de cualquier otro partido.
Digo esto porque el texto que estamos considerando no se ajusta a la realidad e incluso creo
que algunos equivocados ideólogos de un importante sector político, cual es el que gobierna
actualmente, pueden haber pensado en la obtención de réditos electoralistas. Y nada más pernicioso
que asentar esas insinuaciones, aunque sea por reflejo, y trasladarlas concretamente al
espíritu y a la letra de la ley.
Lamentamos profundamente que el espíritu del proyecto, así como del mensaje que lo acompaña,
carezca del estilo y de la propiedad sobre lo que debería constituir su esencia, es decir, la
toma de conciencia sobre las amenazas que nuestro país enfrenta de un cierto aislamiento en un
mundo caracterizado precisamente por la creciente violencia subversiva, las presiones económico-financieras,
el activismo ideológico contrario al ser nacional y a nuestros valores históricos,
los vertiginosos cambios en la estrategia mundial, dentro de los cuales podemos señalar la
revalorización del Atlántico Sur y la consecuente decisión británica de permanecer en nuestras
Malvinas con el respaldo vergonzante de sus aliados, a despecho de la opinión universal que condena
al colonialismo y con desprecio a la gran mayoría de las naciones de América.
Tengo la impresión de que podríamos bautizar a esta ley como la cápsula del error. He visto
que los miembros de las comisiones trabajaron arduamente para mejorar arbolitos del inmenso
bosque que es la Seguridad y la Defensa Nacional. Han trabajado como si estuvieran dentro de
una cápsula tratando de pulir, y lustrar su interior, pero con la peculiaridad de que la cápsula en
su totalidad es errónea. No son los pequeños puntos negros de su interior los que configuran el
error. No es el articulado lo erróneo y lo pernicioso de este proyecto de ley, sino la iniciativa en
su totalidad, que no responde a la realidad ni se compagina con la existencia de una guerra subversiva
mundial que al llegar y golpear nuestras puertas —cosa que ocurrirá indefectiblemente,
hoy o mañana— producirá circunstancias respecto de las cuales esta ley será totalmente inútil y
tendrá que ser modificada apresuradamente sobre la marcha de los acontecimientos. Habrá que
decirle entonces a la policía que se dedique a custodiar las esquinas y a la Gendarmería que haga
lo propio con los pasos fronterizos; y tendremos que decirles a las Fuerzas Armadas que terminen
con la subversión, que sí lo hagan, pero sin aplicar las oprobiosas tácticas que sirvieron para
ganar una guerra sucia y perder una paz que tendría que haber sido limpia.
Nadie ignora el peligro de esclavitud que deberemos enfrentar si esa guerra subversiva tiene
posibilidades de triunfar. Cuando esa guerra subversiva se instaure dentro de nuestras fronteras
apelaremos a cualquiera de los medios idóneos, y no nos ajustaremos a las ridículas prescripciones
de una ley que, en algunos casos, manda a apagar el incendio de un bosque con un balde de
agua y, en otros, llama al cuartel de bomberos para apagar un fósforo. Esta es una de las características
de este proyecto de ley: minimiza algunos aspectos y sobredimensiona otros.
Quisiera ser aún más realista en la descripción del auténtico significado que a mi juicio tiene
este régimen legal, y a este fin me valdré de una metáfora fruto de una experiencia personal. Le
497
1985

21 de agosto de 1985
498
tengo temor al viaje en avión; hago estos viajes con mucha frecuencia, pero no me gustan. En
una ocasión en que viajaba en avión hacia mi provincia, se descargó una fortísima tormenta; los
rayos caían hacia uno y otro lado. Adopté entonces una decisión drástica: me dije a mí mismo
que no había tormenta, bajé la persiana y se acabaron los rayos. La tormenta se había terminado;
viajé tranquilo y llegué a mi destino. Todos saben que lo que hice en esa ocasión es una suerte
de autohipnosis; yo también lo sabía pero quería ganar tranquilidad interior cerrando los ojos y
bajando la persiana.
Esta ley de defensa es un avión con las persianas bajas. No quiere ver la guerra de subversión
existente que nos amenaza constantemente, día tras día, y baja las persianas, porque hace
hincapié en una doctrina que todos repudiamos en cuanto a su aplicación, es decir, a quienes la
aplicaron, cómo y por qué.
Todos coincidimos en eso y no es tema de discusión; pero lo que sí es tema de discusión es si
debemos utilizar los medios de que disponemos para garantizar la supervivencia de la nacionalidad,
de sus valores éticos y principistas, de nuestra actitud permanentemente republicana, o si
debemos, en aras de las lindas palabras de las expresiones tribuneras, despojarnos de los que van
a permitir nuestra supervivencia.
¿No es acaso esto una suerte de triste suicidio que sería imperdonable para nosotros, porque
aparentemente el peligro no es para mañana sino para las generaciones futuras, que tendrán que
soportar las consecuencias de esa guerra inevitable? El enfoque global está ausente de esta ley que
debiera ser base y fundamento de otros instrumentos de un sistema de Defensa Nacional.
La parcialidad de esta ley es manifiesta, así como el desconocimiento del significado de la
Seguridad Nacional cuya situación es particular para cada país. No puede aplicarse una fórmula
uniforme porque la seguridad de la República Argentina es muy diferente a la del estado de
Afganistán, ocupado por la Unión Soviética; diferencia que también se nota en el terreno liberado
por la guerrilla en El Salvador, o en el terreno que está en posesión de la dictadura del vecino
estado de Chile.
Las medidas de seguridad se inspiran en la Defensa Nacional que es un esfuerzo siempre
máximo pero en esa apreciada relación con el resto de los objetivos y posibilidades nacionales. La
obsolescencia y la indefensión de las Fuerzas Armadas implica una irresponsable condena para la
Nación y no podemos ni debemos permitirnos ese lujo.
Cuando hablo de obsolescencia e indefensión de las Fuerzas Armadas no puedo dejar de traer
a colación un proyecto de pedido de informes en el que, por el momento, formulo preguntas;
pero traeré los elementos de juicio necesarios para justificar y demostrar que esas preguntas tienen
un sólido basamento. En ese pedido de informes pregunto por qué la administración radical,
con todas las modificaciones efectuadas en la organización de Fabricaciones Militares —institución
que arrojaba un veinte por ciento de ganancia neta sobre el capital invertido—, desde hace
un año y medio ha convertido a ese organismo en un ente deficitario más; lo reitero: sólo a un
año y medio de gestión. La pregunta es si todas esas medidas que tenían indudablemente el sello
de un hálito revanchista contra todo lo que tuviera color a Fuerzas Armadas han sido correctas o
han sido definitivamente incorrectas.
Así como formulo estos interrogantes con relación a Fabricaciones Militares, que ha pasado a
engrosar la larga columna de entes oficiales o semioficiales deficitarios, en lo sucesivo no quisiera
tener que plantear otras preguntas acerca de la capacidad de este Parlamento para generar una
ley que tranquilice la vida y la conciencia de los argentinos en la defensa de su forma de vivir.
Muchas palabras pueden vertirse alrededor de lo que he expresado para demostrar cierto
susto y también mi equivocación. La brillante exposición del señor diputado Zubiri en apoyo
de un proyecto que globalmente es malo, me hacía recordar a esos excelentes oradores que estudiaron
una magnífica argumentación que podría ser aplicada tanto para defenderlo cuanto para
condenarlo.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Horta.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Paleari.—Sí, señor diputado.
Sr. Horta.—Simplemente quería señalar que el señor diputado ha hecho una imputación en
el sentido de que Fabricaciones Militares se ha transformado en deficitaria desde la asunción del
actual gobierno.
Le diría al señor diputado que no existen antecedentes válidos como para hablar déficit en
esos términos, porque Fabricaciones Militares recién ha comenzado a ser controlada por la
Sindicatura General de Empresas Públicas desde que asumió el gobierno constitucional. Por otro
lado, sería de desear que el señor diputado tuviera en cuenta que desde ningún punto de vista y
bajo ninguna circunstancia el actual gobierno se ha alzado en contra de lo que tuviera un color
militar, sino por el contrario hemos intentado por todos los medios que una sociedad dividida
recuperara su carácter integral, en la cual nunca más se ubiquen civiles de un lado y militares de
otro, es decir, una sociedad en la que cada uno trabaje en bienestar de la Patria.
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Paleari.—Respetuosamente archivo las expresiones del señor diputado pero estimo que
esos conceptos deberían ser ampliamente debatidos en la oportunidad en que traiga a este recinto
las evidencias atinentes a las preguntas que he adelantado.
Voy a finalizar mi exposición, señor presidente, porque como ya dije al comienzo de ella lo
importante es remarcar los aspectos conceptuales de este proyecto.
En definitiva, creemos que este proyecto resulta apresurado, parcial, incompleto, superficial,
abunda en excesos y limitaciones y es de corta vida.
Esos elementos negativos que a nuestro criterio contiene el proyecto deberían ser tenidos
en cuenta por la bancada radical para efectuar un nuevo estudio en profundidad sobre el tema
y reclamar la asistencia de organismos especializados para escuchar y debatir opiniones que se
viertan hasta extraer conclusiones válidas y positivas para todo el país.
Hace un año y medio el bloque justicialista elaboró un proyecto de ley de defensa que
apoyé con mi firma y que se basaba, a su vez, en un proyecto de reforma militar para la Defensa
Nacional de un estudioso militar cuyo nombre no quiero dejar de mencionar: el mayor Ramón
Osvaldo Orieta. Ese mismo proyecto fue modificado por nuestro bloque en sucesivas y reiteradas
oportunidades tratando de mejorarlo y de incluir en él aspectos que una amplia visión política y
estratégica del problema aconsejaba en cuanto a la defensa y Seguridad Nacional.
El proyecto que ha presentado mi bloque, basado en el trabajo del mayor Orieta, ha sido
mejorado y es digno de ser estudiado, ya que en él pueden compatibilizarse muchos de los elementos
incluidos en el que propicia el Poder Ejecutivo.
Sugiero respetuosamente, con el deber de argentino preocupado que expresa la inquietud de
millones de compatriotas, que esta iniciativa regrese a comisión para ser estudiada nuevamente.
Estoy seguro de que con el sentir nacional que caracteriza a todos los señores legisladores encontraremos
la fórmula adecuada para brindar a la ciudadanía un instrumento real, pragmático
y sincero que le permita estar tranquila mientras trabaja, sabiendo que la defensa de las fronteras
interiores y exteriores está perfectamente asegurada en virtud de la preocupación de quienes la
representan. (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar la moción de vuelta a comisión formulada por el
señor diputado por Jujuy.
—Resulta negativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Alsogaray.—Señor presidente: el texto del proyecto de ley que estamos tratando, y sobre
todo los fundamentos y argumentos expresados por los miembros informantes y por algunos
499
1985

21 de agosto de 1985
500
de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, traducen una obsesiva
preocupación por la llamada doctrina de la Seguridad Nacional. Constituye ésta el villano de la
escena.
En términos militares, habría que aniquilarla, ya que esa doctrina sería la causante del autoritarismo
y de todos los males que hemos soportado durante los años recientes.
Si bien la definición de esa doctrina no ha sido muy feliz ni demasiado precisa, hay un elemento
que puede darnos la clave para entender las razones de esa obsesiva preocupación a la que
me he referido.
Se ha dicho que esta doctrina asigna una primera prioridad a la lucha contra el comunismo
y la subversión a costa de cualquier otra consideración. Con ello se quiere señalar que se parte
del supuesto de que para combatir al comunismo y a la subversión algunos grupos o sectores,
dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, propician la ruptura del orden constitucional a fin de establecer
un gobierno autoritario que sería el único capaz de enfrentar con éxito a esos enemigos.
Esto implica obviamente el avasallamiento del estado de derecho y la destrucción del sistema
democrático.
Esa interpretación es totalmente falsa; no refleja la única alternativa. El hecho de que algunas
veces determinados sectores hayan creído en la necesidad de un gobierno autoritario para combatir
la subversión no quiere decir que no haya otras soluciones y ni siquiera que la sugerida sea
la más probable.
La lucha contra el comunismo y la subversión efectivamente debe librarse. No está en nuestras
manos decidir si queremos emprenderla o no, ya que nos es impuesta desde afuera. Tampoco
podemos renunciar de antemano a ella; implicaría aceptar recorrer el camino del totalitarismo
marxista, que es en definitiva el camino de la servidumbre y la esclavitud. Esa lucha debe ser
librada en todos los terrenos en que se nos obligue a hacerlo, porque en ello va la supervivencia
de nuestro estilo de vida, de nuestras instituciones democráticas, de nuestra Constitución y, en
definitiva, de nuestras libertades individuales.
He dicho que la creencia de que es necesaria una doctrina de la Seguridad Nacional autoritaria
para llevar a cabo esta lucha no constituye la única alternativa y que ni siquiera es la hipótesis
más probable. La solución definitiva reside en la vigencia de una verdadera democracia, de una
democracia que se apoye en el estado de derecho y que no haga concesiones a los adversarios.
Las democracias híbridas, vacilantes o contemporizadoras, que creen que resignando principios
y cediendo posiciones al enemigo lo van a apaciguar, nunca han sido un freno o una valla para la
agresión disolvente; más bien, le han abierto el camino.
La clave de esta cuestión fundamental está en el artículo 2º del proyecto de ley, que dice lo siguiente:
“La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales
y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones de origen externo…”. Con este artículo
y sus correlativos, ni la Defensa Nacional como concepto ni las Fuerzas Armadas como instrumento
de acción tienen nada que ver con la guerra subversiva que puede desatar en cualquier
momento el comunismo o cualquier otro totalitarismo. Se ignora así la hipótesis de guerra más
probable, la que se puede verificar en cualquier momento, en el instante en que el imperialismo
internacional que la dirige crea que ha llegado la hora de transformar a la Argentina otra vez en
un teatro de operaciones. Esta hipótesis de guerra —repito— es la más probable y el texto del
proyecto la ignora totalmente.
Por otra parte, creer que la sola existencia de un gobierno democrático constituye una valla
infranqueable al comunismo y la subversión es de una suprema ingenuidad, por no decir de una
ceguera suicida. Véanse los casos de Bolivia, Nicaragua, Perú, Colombia y El Salvador, donde
movimientos o gobiernos democráticos son acechados constantemente por la acción subversiva,
algunos de los cuales han caído y otros pueden sufrir igual destino en cualquier momento. En
la historia contemporánea hay numerosos casos donde gobiernos democráticos —por ejemplo,

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Checoslovaquia— cayeron por la acción subversiva del comunismo porque creyeron precisamente
que el solo hecho de ser democráticos bastaba para combatir a este enemigo.
La democracia debe ser fuerte para librar con éxito esta lucha que nos es impuesta, y debe
serlo tanto en el plano ideológico como en el de los medios materiales que la sociedad está dispuesta
a organizar para esa defensa.
El proyecto se refiere fundamentalmente a los medios materiales y excluye de ellos a las
Fuerzas Armadas. Esto es un verdadero desatino. Lo relativo a la lucha ideológica no aparece en
el texto del proyecto que estamos discutiendo, pero sí en el trasfondo de muchas de las argumentaciones
escuchadas en este recinto y fuera de él.
Se ha hablado de democratizar a las Fuerzas Armadas y de modificar sus planes de estudio
para que sean más democráticos. Lo que ocurre es que al expresarse de esta manera probablemente
no se sepa de qué se está hablando.
También debemos señalar, sobre todo, que se omite algo fundamental. Para librar la batalla
en el terreno ideológico las Fuerzas Armadas deben estar concientizadas desde el inicio de los
estudios en el Colegio Militar en el sentido de la defensa de la Constitución Nacional, pero no
sólo de su segunda parte —que es la que preocupa siempre a quienes defienden la democracia
formal—, sino de toda la Constitución Nacional. Ésta es liberal, les guste o no a muchos de los
que la invocan.
Por lo tanto, el ideal de la libertad es el que debe inculcarse en los institutos castrenses a todo
lo largo de la carrera militar. Y se debe hacerlo porque solamente con el sostén de los valores
morales se puede librar una verdadera guerra.
De manera que, como señalé antes, es necesario enfrentar al adversario en el plano ideológico
y en el de los medios materiales. Para esto último esta ley no sirve; excluye a las Fuerzas
Armadas de la obligación de librar la lucha. Las lleva a no poder cumplir con la Constitución
Nacional, ya que las Fuerzas Armadas no podrían —como lo exige el artículo 21 de nuestra ley
Fundamental— organizarse en defensa “…de esta Constitución…” en caso de que ésta fuera
atacada por la acción disolvente de la guerra subversiva y no por la agresión externa. Entonces,
aquellas no tienen ningún papel que jugar contra el enemigo interno.
Otra de las razones que con carácter puntual podemos señalar es que el proyecto revela un
desconocimiento completo sobre la organización militar. Si se quiere confiar la guerra antisubversiva
solamente a los organismos de seguridad y la policía, vamos a duplicar esfuerzos. No veo
cómo únicamente la policía y las fuerzas de seguridad podrían haber librado una guerra como
la de Tucumán. Se ha invocado la expresión de Perón, quien dijo que sabía mucho de guerrilla.
¡Por supuesto que sabía! Pero no bastó con la policía, como él quiso hacer; sus sucesores tuvieron
que convocar a las Fuerzas Armadas para aniquilar la acción subversiva. Ningún gobierno futuro
podría hacerlo invocando esta ley.
Considero que es redundante insistir sobre esto porque todos estamos convencidos de lo
que señalo; pero solamente por razones de otro tipo nos hallamos abocados al tratamiento de
un proyecto parcial, inoportuno e insuficientemente estudiado por más que se hayan estado
dando muchas vueltas en la Comisión de Defensa. Por lo tanto, entiendo que el proyecto debe
volver a comisión, para lo cual formulo expresamente moción de orden, a fin de que se haga
un análisis mucho más profundo a la luz de los principios que algunos hemos expuesto en este
recinto.
Sr. Presidente (Pugliese).—Señor diputado Alsogaray: hace un instante una moción de orden
similar ha sido votada por la Cámara. ¿Usted insiste en la que formula?
Sr. Alsogaray.—Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia se permite advertir al señor diputado que la moción
que formuló el señor diputado Paleari fue votada y resultó rechazada, pero no hay inconveniente
en someter la cuestión a nueva votación.
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Sr. Alsogaray.—Como supongo que mi proposición habrá de obtener el mismo resultado,
ahorraré el trabajo a la Honorable Cámara, por lo que retiro la moción.
Sr. Presidente (Pugliese).—Le agradezco, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Sarquis.—Señor presidente: sin tiempo que perder, con nuestras convicciones, razonamientos
y experiencias nos hallamos abocados a la consideración de un proyecto que habremos
de sancionar en esta sesión sobre régimen de Defensa Nacional. Esta iniciativa es una síntesis de
lo que los argentinos queremos en un área tan importante del quehacer nacional.
Precisamente por su significatividad, adquiere aquí y ahora mayor dimensión el necesario
convencimiento que tengamos sobre la nueva legislación pues de su acatamiento y cumplimiento
depende en gran medida la estabilidad del sistema democrático que queremos ver definitivamente
afianzado en la República.
Tenemos una larga historia de desencuentros. Hemos presenciado un trágico largometraje
de sangre y horror, violencia y soberbia, y de golpes y contragolpes. Debemos cambiar de una
vez por toda la línea argumental y poner nuestros actos al servicio de la Constitución y de la
ley, de la paz y la moral, de la democracia y la soberanía popular, de la libertad con justicia y en
unión nacional, no sin antes partir de un expreso reconocimiento de los errores que nos llevaron
a interpretar la sociedad argentina dividida en compartimentos estancos, civiles y militares;
cada uno abroquelado en sí mismo como si no debiera existir interdependencia o interrelación;
en una absurda pretensión de no injerencia, donde a cambio de no entrometerse los civiles en
cuestiones castrenses las Fuerzas Armadas no habrían de invadir la órbita o jurisdicción de los
gobiernos democráticos.
Nada ha sido más erróneo e inconveniente, y el país conoce perfectamente cuál ha sido el trágico
saldo de tamaña y tan burda pretensión: permanentes interrupciones al orden constitucional
y un aumento significativo de las atribuciones militares que llevaron a las Fuerzas Armadas
a definir exclusiva y excluyentemente estrategias, delinear hipótesis de guerra, elegir aliados, armamentos
que se comprarían —sofisticados o no—, a países proveedores —con el compromiso
que en materia internacional esto implica—, y hasta llegaron a importar doctrinas ajenas al sentir
nacional como la de la Seguridad Nacional, que todavía los argentinos estamos pagando, costosa
y amargamente.
Doctrina de la Seguridad Nacional que irrumpe a fines de la Segunda Guerra Mundial, con
la derrota de la Alemania nazi, con una nueva visión geopolítica del mundo dividido en el Este y
el Oeste, en Oriente y Occidente, en la cual la seguridad de cada Estado consistía en su adscripción
y dependencia de un bloque determinado, salvo el caso de los Estados Unidos y la Unión
Soviética que, como grandes superpotencias, podían garantizar por sí mismas su existencia y
futuro. Doctrina de la Seguridad Nacional que nos habla de estrategias particulares de los estados
subsumidas en las estrategias globales y totalizadoras de cada bloque y en la cual, por supuesto,
la Argentina estaba obedientemente alineada detrás de los Estados Unidos y subordinada a sus
estrategias, políticas e intereses. Doctrina de la Seguridad Nacional que también nos habla de
un conflicto permanente llevado a cabo en cada tiempo y lugar, donde no existe la paz y sí la
Guerra Fría y donde los límites entre lo civil y militar pierden relevancia ya que todos los recursos
materiales y humanos están enfocados hacia la consecución de determinados objetivos, de
victorias utópicas en las que todos perderíamos, pero mucho más quienes nada tendríamos que
ganar en el enfrentamiento. Doctrina de la Seguridad Nacional que, desarrollada en el National
War College de Estados Unidos, pasando por la Escuela Superior de Guerra del Brasil mediante
una transfusión de ejército a ejército —del norteamericano al brasileño— y que logra su concreción
gubernativa en 1964, con el derrocamiento del presidente constitucional Joao Goulart y el
advenimiento del primer general presidente, de la larga lista de ellos, en, la también larga, dictadura
brasileña. Eran los días de 1966, en que se clausuraba el Parlamento en la Argentina y se

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prohibían los partidos políticos, introduciendo en forma sigilosa y subrepticiamente, de manera
casi invisible para los ojos del hombre común, de la mano del fascista Onganía, esta novedosa
importación doctrinaria.
Sr. Paleari.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Sarquis.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por
Jujuy.
Sr. Paleari.—Con referencia a lo que acaba de mencionar el señor diputado, deseo señalar
que la doctrina de la Seguridad Nacional no entra de la mano del señor general Onganía a este
país, como acaba de decir. De acuerdo con estos dos libros que tengo sobre mi banca, entra por
iniciativa del señor general Pascual Pistarini, comandante en Jefe del gobierno constitucional del
doctor Illia.
En estos libros, Conducción Interior I; Conducción Interior II y Orientación Doctrinaria y de
Metodología de Instrucción de Conducción Interior, ese general expresa la doctrina de la Seguridad
Nacional que, reitero, se inicia durante el gobierno del demócrata presidente Illia con su comandante
en Jefe Pascual Pistarini.
Sr. Stolkiner.—Agréguele “traidor al gobierno del doctor Illia”.
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Sarquis.—Señor presidente: no quiero entrar en discusiones, pero debo señalar que habitualmente
las doctrinas no tienen una fecha de nacimiento precisa ni se puede determinar
su aparición con absoluta claridad. Ésta es una disquisición del señor diputado Paleari que yo
acepto. De todas formas, entre Pistarini y Onganía no existe gran diferencia en cuanto a la mentalidad
fascista.
Justamente lo que deseamos evitar con esta legislación cuya aprobación propiciamos, es la
tragedia que vivimos los argentinos en 1966 y de la cual el presidente Arturo Umberto Illia fue
un símbolo.
Decía que eran los tiempos en que ante un pueblo entre atónito e indiferente caía el gobierno
de la probidad y la humildad presidido por ese patriarca de la democracia argentina, el doctor
Arturo Umberto Illia.
Ocurre que desde algunos años atrás los ejércitos latinoamericanos tenían un nuevo rol que
le habían asignado los Estados Unidos por medio de su presidente John Kennedy luego del derrocamiento
de Fulgencio Batista y del triunfo de Fidel Castro. Ese rol era el de gendarmes del
continente y custodios de la seguridad hemisférica.
Con ese objetivo los Estados Unidos desalentaban a los países latinoamericanos en cuanto a
la compra de armamento de primera línea, por cuanto sostenían que les bastaba el armamento
liviano apto para la lucha contrainsurgente.
Tal actitud se complementó con la enunciación del programa de desarrollo de la Alianza para
el Progreso, que nunca llegó a concretarse. Si bien más tarde los Estados Unidos cambiaron su
política ante el riesgo de perder mercados por la agresiva política exportadora de los países del
Este y de Europa occidental, quedó claro cuál era el papel que tenían asignado nuestros ejércitos:
ser verdaderos ejércitos de ocupación en sus propios territorios y no agentes de la Defensa
Nacional ante un ataque exterior.
Más claramente aún, quiero decir que Estados Unidos enseñaba a las dictaduras militares de
América latina la violación sistemática de los derechos humanos con el fin de aplicar políticas
económicas al servicio de la oligarquía y el imperialismo, algo que el país conoció perfectamente
en las últimas décadas.
La doctrina de la Seguridad Nacional entiende que la política nacional consta de dos aspectos
fundamentales: la política de desarrollo y la de la seguridad, considerando que las dos marchan
unidas, una en función de la otra, pero ambas detrás de la persecución de determinados objetivos
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de extrema vaguedad, inaccesibles en un futuro previsible o que requieren por lo menos una acción
permanente. Política de desarrollo basada en el eficientismo, en un pragmatismo absoluto
que debía ser llevada a cabo a cualquier precio. Desarrollo, especialmente económico, que alejaría
las tensiones sociales que atentan contra la seguridad.
Nuestra ley 16.970, acabado exponente de esta doctrina, define la Seguridad Nacional en su
artículo 2º diciendo que es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a
cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales.
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—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Pugliese.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Sarquis.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Silva).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Pugliese.—He solicitado una interrupción a efectos de restablecer la verdad histórica y
enriquecer la versación en la materia del señor diputado Paleari. Él ha dicho algo que es exacto en
el sentido de que quien mejor expuso la doctrina de la Seguridad Nacional fue el teniente general
Pistarini, comandante en jefe en la época del presidente Illia.
Sin embargo, quisiera señalarle que con respecto a la verdad histórica, renunciante el general
Onganía en diciembre de 1965, recién entonces se hizo cargo del comando en jefe del Ejército el
teniente general Pistarini.
Por lo tanto, el señor diputado Paleari acaba de dar a esta Cámara y al país los fundamentos
más claros del derrocamiento del presidente Illia que fueron el poder realizar con facilidad la
doctrina de la Seguridad Nacional que expusiera el teniente general Pistarini.
Esto quiero aclararlo para que quede constancia de la verdad histórica de los sucesos, ya que
el respeto que el doctor Illia tenía por las instituciones del país le hizo designar comandante en
jefe del Ejército a quien correspondía en la sucesión de los mandos. Gravísimo error de los civiles
el respetar la sucesión natural de los mandos militares. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Paleari.—¿Me permite una aclaración, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Sarquis.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Silva).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Paleari.—Señor presidente: es absolutamente exacto lo que acaba de afirmar nuestro distinguido
presidente natural de la Cámara. Eso demuestra también lo que yo sostenía hace muy
pocos momentos en cuanto a la incorrecta aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Dije con toda claridad que esta doctrina debe servir a los grandes objetivos de la nacionalidad
y que depende de cómo se use, cuándo se use, quién la use y por qué se use, si está bien o mal
aplicada.
Fue en esa oportunidad en que aceptando la doctrina de la Seguridad Nacional expuesta por
el teniente general Pistarini, ese presidente demócrata que se llamó Arturo Illia —con pleno conocimiento
de la citada doctrina— nombró comandante en jefe al teniente general Pistarini. Fue
mal aplicada la doctrina.
Sr. Presidente (Silva).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Pugliese.—¿Me permite una aclaración, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Sarquis.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Silva).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Pugliese.—Señor presidente: esto es importante porque se trata de un hecho histórico

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
alrededor de una doctrina o teoría. Nosotros, los demócratas, y el señor diputado Paleari también,
conocíamos esa doctrina no desde cuando la expuso el general Pistarini sino desde antes de
1960. La mencionan casi todos los textos militares —que el señor diputado Paleari conoce mejor
que nosotros— al tratar el tema de la guerra revolucionaria, el más ilustrativo de los cuales quizás
sea el del general Osiris Villegas. En ese entonces ya estábamos dentro de la teoría de la Seguridad
Nacional.
De modo que el problema de quién la dijo primero, si fue Onganía o Pistarini, es anecdótico.
El hecho es que todo nuestro Ejército adoptó la doctrina de la Seguridad Nacional.
He querido hacer esta aclaración porque de las palabras del señor diputado Paleari podría
desprenderse que siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el presidente Illia, él fuera
el autor de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Sr. Presidente (Silva).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Paleari.—¿Me permite una última interrupción, señor diputado, con el permiso de la
Presidencia?
Sr. Sarquis.—Sólo si es la última, señor diputado.
Sr. Presidente (Silva).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Paleari.—Señor presidente: es por algo que nos une y que permitirá encontrar puntos de
coincidencia a las bancadas del radicalismo y del peronismo, por lo que considero a esta manifestación
muy importante, pese a que no tiene absolutamente nada que ver con este debate.
No puedo dejar pasar por alto la presencia en este recinto de una de las figuras contemporáneas
más preclaras e importantes en cuanto al devenir de la humanidad. Se trata nada más y
nada menos que del secretario general de la SWAPO (South West African People Organization),
ejército de liberación de Namibia, en este momento ilegalmente ocupada por la racista República
de Sudáfrica, don Adimbo Toiva Ya Toivo, para quien pido un aplauso.
—Aplausos en las bancas y en las galerías.
Sr. Presidente (Silva).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Sarquis.—Señor presidente: creo que esta última interrupción del señor diputado Paleari
ha sido absolutamente oportuna, además de notar la feliz coincidencia del gesto de saludo del
dirigente africano con el del líder de los argentinos.
Señor presidente, cabe preguntarnos cuáles son los objetivos de la doctrina de la Seguridad
Nacional, objetivos de extrema vaguedad, inaccesibles en un futuro previsible o que requiera una
acción permanente. Contesto que no son otros que los genéricos objetivos de la paz y del progreso,
en aras de los cuales pasan a suspenderse —primero provisoriamente y después en forma
definitiva— otros valores fundamentales para el hombre como la libertad, la cultura, el bienestar
económico y el mismo sistema de vida democrático, que resultan conculcados para siempre en
nombre de esa doctrina que atenta contra la dignidad del hombre aunque proclame defenderla.
Cabría hacer una breve reseña histórica de cómo el concepto de la defensa y su extrema exigencia,
la guerra, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde aquellas épocas de la Edad
Media en que ejércitos de nobles se batían en campañas sin afectar la vida cotidiana de las ciudades.
Paulatinamente, el fenómeno bélico se fue extendiendo fuera de los campos de batalla, desde
los tiempos de Felipe II, que con cuarenta mil hombres dominó Europa, muchos menos que los
que necesitó Luis XIV, cuatrocientos mil, para el mismo propósito.
El flagelo de la guerra se amplió aún más con la Revolución Francesa y el Imperio, que le
agregaron dos caracteres desconocidos hasta entonces: el contenido ideológico y el popular.
Napoleón, con sólo cien mil hombres, en una decena de batallas modificó el mapa político de los
Estados europeos.
Llegando a este siglo, con la Primera Guerra Mundial se traspasaron todas las barreras
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imaginables, con sus cuatro años de bombardeo a ciudades y fábricas, lo que motivó que el
general alemán Ludendorff dijera que Alemania perdió la guerra no en las trincheras sino en la
retaguardia civil. Por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial y las explosiones atómicas de
Hiroshima y Nagasaki se rompieron todos los moldes conocidos hasta entonces.
Hoy en día hay una industria bélica que consume más de un millón de dólares por minuto,
que ocupa a sesenta millones de hombres y mujeres en forma directa o indirecta y que aprovecha
más de la cuarta parte del avance científico y tecnológico mundial. Frente a este “estar al borde
del abismo”, frente a este mundo nuclearizado, cabe que nos planteemos dos niveles de interrogantes:
cómo defendemos de la guerra y —lo que es bastante diferente— cómo defendernos en
la guerra.
El primer interrogante implica desalentar políticas hegemónicas basadas en la fuerza y políticas
aventureras como las que el país conoció en un pasado reciente. En este sentido, mucho
hemos hecho los argentinos —pueblo y gobierno— a partir del 10 de diciembre de 1983 al firmar
y ratificar con la hermana República de Chile el Tratado de Paz y Amistad, poniendo fin en tan
corto lapso a un conflicto centenario. También nos hemos sentido orgullosos de vernos tan dignamente
representados por nuestro presidente, el doctor Raúl Alfonsín, en el llamado Grupo de
los Seis. Desde allí, el presidente Alfonsín, junto a los líderes de otros países, llama a la conciencia
de los pueblos del mundo alertándolos sobre los peligros de un holocausto nuclear.
En cuanto a cómo defenderse en la guerra, ello significa disponer de Fuerzas Armadas modernas
y eficientes y contar con un pueblo consustanciado con los objetivos de la defensa para
posibilitar el cumplimiento del precepto establecido en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional de “proveer a la defensa común”, tanto para civiles como para militares.
El proyecto de ley que nos ocupa parte del reconocimiento de la existencia y necesidad de las
Fuerzas Armadas, no para invadir territorios ajenos ni conquistarlos u ocuparlos, sino para defender
el territorio nacional, incluyendo los espacios marítimos y aéreos, y preservar la soberanía
nacional.
Concebimos a las Fuerzas Armadas encuadradas dentro del marco legal y constitucional,
actuando en beneficio del sistema representativo, republicano y federal y subordinadas al poder
civil. Es decir, Fuerzas Armadas que dejando de competir entre sí actúen en forma armónica por
medio de un Estado Mayor Conjunto jerarquizado, donde la composición y dimensión de cada
una de las fuerzas no esté dada por el capricho de algún oficial de turno sino sea el producto de
una racional estructuración en base a las hipótesis de guerra y a las necesidades reales del país,
que las torne definitivamente disuasivas y eficientes.
Mediante este proyecto queremos plasmar el trabajo iniciado a partir de diciembre de 1983
por el gobierno democrático a través del Ministerio de Defensa, que reclamó y obtuvo de las
Fuerzas Armadas un sacrificio mayúsculo en virtud de una drástica e inédita reducción presupuestaria.
El propósito perseguido es evitar las duplicaciones o triplicaciones en las funciones y
en la producción para la defensa, trabajando para integrarlas definitivamente al país, de modo tal
que dejen de ser lo que fueron en el pasado —un poder dentro del Estado— para transformarse
en lo que deben ser: un órgano del Estado.
Pretendemos con este proyecto interpretar el sentido de los hombres de armas que quieren
canalizar y viabilizar su vocación de servicio mediante Fuerzas Armadas adaptadas a los nuevos
tiempos, ratificando cada vez que sea necesario el espíritu sanmartiniano que anima y anida en
la inmensa mayoría de sus hombres.
En definitiva, queremos interpretar el sentir del pueblo argentino en su conjunto, que quiere
volver a tener Fuerzas Armadas queridas y respetadas de modo tal que cuando alguna fecha patria
se vea engalanada por un desfile militar, sienta que quienes están marchando son los soldados
de la Constitución, de la ley, de la paz, de la moral, de la democracia y de la soberanía popular.
Queremos asestarle un golpe mortal de impugnación jurídica, moral y política a esta doctrina

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autoritaria de la Seguridad Nacional, tesis diametralmente opuesta a la doctrina de la soberanía
popular, porque como dice nuestro brillante colega, el señor diputado Vanossi, reemplaza el
vocablo político de pueblo por el estadístico y demográfico de población; porque vaciada esta
doctrina de pueblo, cae en la más absoluta discrecionalidad del Estado; porque traslada el centro
final de imputación de las decisiones de la representación popular a las cúpulas militares; porque
desvirtúa y bastardea el concepto de seguridad; porque con la aplicación de la doctrina de la
Seguridad Nacional no existen ni la seguridad jurídica, ni la individual, ni la social; porque aplicada
en el marco regional con los argumentos de la seguridad hemisférica, o con cualquier otro
ropaje ideológico con el que se intente recubrirla, cae en la más absoluta violación al principio
de la no intervención, ya que posibilita la injerencia de los estados más poderosos en los asuntos
internos de los países periféricos.
Vale decir, señor presidente, que en la práctica esta doctrina ha significado la violación de los
derechos humanos, de la Constitución y de las leyes y ha posibilitado en el marco internacional
los golpes de Eestado o en el mejor de los casos el condicionamiento de los procesos democráticos
surgidos de la voluntad popular.
Será bueno aclarar a esta altura que ni el Poder Ejecutivo ni la bancada radical, al apoyar
el proyecto con las modificaciones que se le han introducido, que no son sustanciales, están
improvisando.
Hay toda una legislación comparada que nos ha servido de fuente inspiradora. Me refiero a
las legislaciones española, francesa, alemana y a la de Canadá, que sin duda merece un párrafo
especial porque significa un hito y un punto de referencia en el proceso de unificación de las
Fuerzas Armadas.
En el caso de la legislación española, hemos tomado el ejemplo en la medida en que ese país
vivió un largo período autocrático con la dictadura de Franco y tuvo que adaptar sus Fuerzas
Armadas a este presente de pleno ejercicio de la libertad.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.
Sr. Sarquis.—Entonces, se ha visto obligado a trabajar en su legislación para desmilitarizar la
sociedad y jerarquizar el estado mayor conjunto. En la legislación española los jefes de los estados
mayores de cada una de las fuerzas tienen en tiempo de paz la atribución del entrenamiento y
adiestramiento de la tropa, pero en tiempo de guerra sólo conservan la función de ser órganos
de consulta y de apoyo logístico, porque no tienen mando militar en el teatro de operaciones.
De la legislación francesa hemos tomado el concepto de defensa, que no es cualquier defensa
ni la defensa por ella misma, sino la defensa en un marco legal, constitucional y de respeto a los
derechos humanos y las libertades individuales.
De la legislación alemana hemos tomado el concepto de que el jefe del estado mayor conjunto,
que en ese país se llama inspector general de las Fuerzas Armadas, tiene el control respecto
de los inspectores generales de cada una de las fuerzas solamente en aquellas cuestiones que son
comunes a éstas, conservando los inspectores de cada fuerza las funciones inherentes a cada una
de ellas. En la República Federal Alemana hay cuatro fuerzas: ejército, armada, aeronáutica y
sanidad.
Sr. Presidente (Pugliese).—A pesar de sentirme responsable, debo advertirle que su tiempo
ha concluido.
Sr. Paleari.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy .
Sr. Paleari.—Señor presidente: hago moción de que se prorrogue el tiempo del señor diputado
para que pueda concluir su exposición.
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Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar la moción de prórroga del tiempo del señor diputado
Sarquis hasta la conclusión de su exposición, formulada por el señor diputado por Jujuy.
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—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa en uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Sarquis.—Quería decir que me parece importante señalar el caso de Canadá, porque en
1946 inició un proceso de unificación de sus Fuerzas Armadas mediante la eliminación de los tres
ministerios que se ocupaban de los asuntos de cada una de ellas y la creación de un único ministerio
de defensa. Asimismo, unificó las normas de procedimiento y de fondo de la justicia militar
y en 1950 unificó los servicios de aprovisionamiento, de atención médica y odontológica, de
asistencia jurídica, postal y de capellanía, significando esto un ahorro cuantioso para el Estado.
Otra medida en este proceso de unificación de las Fuerzas Armadas de Canadá fue la que determinó
que los alumnos de los dos últimos años de las academias militares los cursaran en forma
conjunta de modo de posibilitar experiencias comunes, intercambiar opiniones e ir aprendiendo
una lealtad mayor a la que tiene por objeto cada una de las fuerzas: lealtad a las fuerzas únicas
de la Nación. Esta transformación de las Fuerzas Armadas de Canadá, culmina en 1968 con la
eliminación legal de la distinción entre ejército, marina y aeronáutica, la imposición del uso de
un mismo uniforme verde oscuro y el establecimiento de un único escalafón.
Esto, simplemente, sirve como ejemplo, porque evidentemente no podemos trasplantar experiencias,
ni ha sido ésta la pretensión del proyecto ni de quienes lo han elaborado. Sin embargo,
estos datos sirven como puntos de referencia válidos, seguramente no sólo para la Argentina,
sino también para otros países del mundo, porque esos procesos de modificación de estructuras
militares han significado un ahorro de dinero, de espacio y de tiempo.
Los argentinos no nos conformamos con juzgar el pasado, este pasado de sangre y de horror
que hemos vivido, ni con solazarnos con este presente de pleno ejercicio de la autoridad civil.
Queremos proyectarnos hacia el futuro rompiendo antinomias y creando alternativas que puedan
ser operativas para los años que vienen.
El Poder Judicial está dando muestras acabadas de su independencia por medio de un juicio
inédito en América latina. La justicia democrática está juzgando a los golpistas en un juicio público,
transparente, revestido de todas las garantías del debido proceso y que está siendo seguido
con atención por la opinión pública internacional. A su vez, el Poder Ejecutivo está dando también
muestras acabadas de su independencia, de su firmeza, de su audacia e imaginación y de una
autoridad desconocida en los poderes ejecutivos de los últimos cincuenta años. Nos corresponde
a nosotros, desde el Parlamento argentino, ser los legisladores no de la especulación pequeña ni
del rédito político circunstancial sino de la gran ley de Defensa Nacional que reclama el país, no
sólo para defendernos de los ataques del exterior sino también para defendernos de los prejuicios,
preconceptos y discriminaciones, evitando quedar atrapados en la puja partidaria.
En este proyecto es en donde menos se justifica tal cosa porque no se trata de diferenciarnos
ante la opinión pública de los partidos políticos populares sino, en todo caso, de diferenciarnos
de aquellos que no lo son, de quienes no quieren Fuerzas Armadas democráticas, porque en el
pasado usufructuaron tácita o expresamente del poder económico y militar.
Se ha cuestionado que este proyecto restringe nuestra defensa al circunscribirla a las agresiones
externas, dejando consecuentemente a la Nación en un estado de indefensión ante un posible
rebrote subversivo. Esto no es así. En el pasado, las Fuerzas Armadas —con la aplicación de la
doctrina de la Seguridad Nacional y de las concepciones sobre contrainsurgencia— se organizaron,
equiparon y desplegaron por todo el territorio nacional ejerciendo el control operacional
sobre las fuerzas de seguridad y las policiales, pensando casi exclusivamente en la represión
interna.

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Esto es lo que nosotros queremos evitar definitivamente para no condenar a las Fuerzas
Armadas a la ineficacia en su misión específica, como quedó demostrado en la guerra de las
Malvinas. No significa esto descartar de modo absoluto la intervención de las Fuerzas Armadas
en casos de conmoción interior que pongan en peligro la existencia y la estabilidad misma de las
instituciones democráticas. Para ello están previstos los mecanismos idóneos en la Constitución
Nacional, artículos 6º, 21, 22, 23, 44, 67 y 86, es decir, estado de sitio, intervención federal, facultades
del presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
para desplegar sus filas por todo el territorio nacional cuando lo considere conveniente, etcétera.
Se ha querido que las Fuerzas Armadas no vuelvan a cumplir una misión policial que no es
de su competencia y que los organismos de inteligencia militar no estén dedicados a la política
interna.
Para el hipotético caso de un rebrote subversivo —aunque todos coincidimos en que no
existe espacio político ni militar para ello— contamos con las fuerzas policiales provinciales, con
la Policía Federal —que tiene un cuerpo especializado en plena formación—, con la Gendarmería
Nacional y la Prefectura Marítima, que cuentan con una dotación de hombres y armamento adecuados
para hacer frente a esta circunstancia.
Pero el Poder Ejecutivo no ha querido, al remitir este proyecto, dejar la puerta abierta para
que las Fuerzas Armadas se entrometan en la represión interna, porque consideramos que esto
ha sido lo que les posibilitó hacerse cargo de todas las áreas del quehacer nacional. Ya contamos
con una experiencia en el pasado, con las consecuencias por todos conocidas. Pero reitero que
tenemos los mecanismos constitucionales que nos permitirían no dejar a las Fuerzas Armadas al
margen de una hipotética represión interna.
Quisiera señalar que es muy diferente la misión policial de la misión militar. La primera persigue
la observancia y el mantenimiento de la ley. Reprime hasta el límite de lo imprescindible,
porque trata de preservar la vida y la integridad física de las personas, colaborando con la justicia
por medio de la aplicación de las normas legales de procedimiento.
Distinta es la misión militar, que actúa entre dos sociedades en pugna, entre dos sociedades
en conflicto, donde la supervivencia de una tiene que ver con la destrucción de la otra, y si bien
las convenciones internacionales de Ginebra han tratado de humanizar con algún éxito la guerra,
queda en claro que son otros los métodos y las circunstancias en las que actúan las Fuerzas
Armadas en su misión militar.
La crónica diaria con la que permanentemente estamos empapados aporta innumerables
testimonios de un pasado sobre el que no me corresponde opinar, porque se halla dentro de
la órbita del Poder Judicial, pero que ejemplifican acerca de lo que son capaces de hacer las
Fuerzas Armadas cuando deben cumplir una misión para la cual no están preparadas en términos
metodológicos.
Es conveniente señalar que la necesidad de reprimir que tiene un gobierno democrático no es
la misma que la de un gobierno de facto. Son necesidades diferentes. El primero trata de aislar, de
perseguir y reprimir a una minoría violenta, porque la mayoría es pacífica y tiene en plena libertad
la posibilidad de canalizar su vocación participativa a través de las instituciones. No es ése el
caso del gobierno de facto, que no sólo tiene que reprimir a una minoría, sino que además tiene
que coercer a la sociedad en su conjunto, porque basado en la fuerza necesita controlar todo, ya
que no existe libertad ni canal de participación alguno.
Eso está históricamente demostrado. Sólo cabe señalar un ejemplo de represión practicada
por un gobierno democrático, que fue la de Taco Ralo, en Tucumán, durante el gobierno del
doctor Arturo Illia, en que con la Constitución en la mano fueron exitosas las gestiones de la
Gendarmería Nacional para reprimir aquél brote subversivo.
Por eso no queremos caer en el error de utilizar a las Fuerzas Armadas si no están superadas
las fuerzas de seguridad y policiales, porque caeríamos en la equivocación y en la trampa que
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pretende la subversión de hacerlas actuar en forma directa, aumentando su desprestigio y restándoles
apoyo popular en ese sentido, aspecto éste sobre el que ya tenemos bastante experiencia.
Se ha dicho que el proyecto en consideración margina al Congreso. Nosotros entendemos
que no es así; sino que robustece al Poder Ejecutivo, que es lo que necesitábamos los argentinos
en este área por el carácter que reviste el presidente de comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, a fin de que tuviera todo el poder.
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—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Sarquis.—El argumento de la debilidad presidencial y el vacío de poder ha sido en otros
tiempos lo que trajo como consecuencia planteos permanentes al Poder Ejecutivo. Lo que queremos
es dotarlo de los elementos idóneos para que sea fuerte.
También se ha sostenido que este proyecto deroga la doctrina de la Seguridad Nacional, pero
que no la reemplaza por ninguna otra. Esto no es así. El proyecto contiene una clara referencia
a una nueva doctrina, o mejor dicho, a una vieja doctrina. No estamos defendiendo a un bloque
nebuloso ni a un mundo occidental y cristiano híbrido, o a un mundo libre que no sabemos
dónde empieza ni dónde termina. Con este proyecto estamos defendiendo a la Argentina dentro
del marco de la Constitución y de la ley, con todas las garantías de los derechos humanos. Por eso
decimos que no es la defensa por la defensa misma, ni tampoco cualquier defensa.
En algún momento se habló de agresión ideológica, y quien lo hacía al mismo tiempo denostaba
la doctrina de la Seguridad Nacional. Sería bueno aclarar que quien denostaba dicha
doctrina estaba incurriendo, bajo su influencia, en la misma concepción doctrinaria. La única
agresión que entendemos como tal es una agresión militar o material; de ninguna manera consideramos
que las ideas, de cualquier tipo que sean, en esta Argentina de plena libertad constituyan
una agresión.
En la sesión anterior se mencionaron ejemplos como los de Mozambique y América Central.
En ese sentido sostenemos que no podemos hacer extrapolaciones; no podemos extrapolar experiencias
de Canadá ni tampoco de los países mencionados. La Argentina ha vivido una experiencia
propia desde 1930 hasta la fecha y por ese motivo es que debemos aprender nuestras
lecciones.
También se dijo que no se ve la urgencia de aprobar este proyecto; pero debe tenerse en
cuenta que no fuimos nosotros los primeros en presentar un proyecto de Defensa Nacional, ya
que el año pasado otro bloque elaboró una iniciativa en tal sentido. Justamente por ese hecho
es que nos consideramos en mora por los meses transcurridos. Por otra parte, tenemos muy
en claro la urgencia de derogar esa fatídica ley 16.970, que es la que consagra la doctrina de la
Seguridad Nacional.
Aquí se han dicho muchas cosas, señor presidente, pero quiero señalar —con todo respeto—
que ningún argentino, ningún legislador, puede pretender legítimamente convertirse en vocero o
en cabal intérprete de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, no es eso lo que quiere esa institución;
además, sería en vano. Las Fuerzas Armadas necesitan —es la interpretación del pueblo argentino
en su conjunto— un Parlamento que les marque el rumbo.
En esta nueva Argentina los diálogos del pasado serán reemplazados por otro tipo de diálogo.
Antes, cada vez que un civil hablaba con un militar se podía caer en la sospecha de conspiración.
De ahora en más, los diálogos entre civiles y militares serán cada vez más fecundos y permanentes,
pero no para alzarse contra las instituciones, sino para respaldadas.
También entendemos que en una sociedad no satisfecha los objetivos de la Defensa Nacional
pueden verse reducidos, porque lógicamente al hombre desocupado, a aquel al que no le alcanza
el salario, no podemos exigirle que tenga las motivaciones suficientes. De todas formas, el

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
conjunto de los argentinos estamos haciendo el gran esfuerzo para rescatar a nuestro país y para
vencer todos los problemas económicos y sociales.
Por último, quisiera decir que levantamos nuevamente —cabe hacerlo— las banderas de la
paz interior, que es la tranquilidad del orden y de la concordia, que es la unidad en la diversidad.
Queremos la cultura de la juridicidad; no brindamos la justicia de los vencedores o la de los
poderosos, sino la justicia de todos en una Argentina solidaria y reconciliada en la que el olvido
puede ser fatal. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Señor presidente: lamentablemente no puedo dejar pasar por alto una opinión
vertida hace unos momentos por el diputado preopinante porque creo que tiene mucho que ver
con la concepción ideológica, filosófica y doctrinaria de la ley de Defensa Nacional que estamos
discutiendo. El señor diputado acaba de hacer una distinción entre la represión de la democracia
y la represión de la dictadura.
Creo que este tipo de distinciones o especulaciones nos lleva a equivocarnos profundamente
en estos temas que son de tanta importancia para todos.
Me pregunto cuál es la diferencia, cuál fue en su momento la distinción desde el punto de
vista de un obrero que se declaraba en huelga en defensa de su fuente de trabajo, de la tranquilidad
de su familia o de su salario, cuando recibía palos tanto de las democracias como de las dictaduras.
Por experiencia puedo decir —y ésto apunta a la esencia de lo que estamos discutiendo—
que esos casos nos dolían de igual manera y nunca pudimos comprender cuál era el distingo.
El señor miembro informante del bloque justicialista ya se ha referido con profundidad al
tema y ha agotado las razones por las cuales rechazamos en general y en particular el proyecto de
ley de Defensa Nacional enviado por el Poder Ejecutivo. Asimismo ha abundado en los motivos
por los cuales nuestro bloque ha presentado un proyecto alternativo, que consideramos que supera
al que está en estudio.
Es lamentable que a pesar de los reiterados pedidos efectuados, de las gestiones que hemos
hecho en todo momento y de nuestra vocación de diálogo fundamentalmente sobre este tema,
no hayamos conseguido en su oportunidad que los funcionarios responsables del área se acercaran
a la Comisión de Defensa Nacional para explicar y ampliar el verdadero sentido de este
proyecto de ley. Es también lamentable que en el seno de la comisión no hayamos podido lograr
de alguna manera la discusión de cada uno de los puntos del proyecto que nos ocupa ni llegar a la
redacción de un proyecto común entre las bancadas mayoritarias y algunos de los otros partidos
representados en la misma. Ocurre que la comisión de Defensa Nacional aplica el mismo método
de trabajo que el resto de las comisiones y el presupuesto que vamos a tratar próximamente es un
ejemplo de ello; es decir, se lleva a la práctica la teoría del número; no se discute, no se modifica,
sólo se vota.
El señor diputado Zubiri dijo hace pocos días —cuando observé que la comisión de Defensa
Nacional nunca había logrado quórum para la discusión de este tema— que cuando la bancada
mayoritaria aprobó el despacho per se, lo hizo citando por telegrama a los legisladores y exigiéndoles
su presencia. Fue la única vez que la comisión de Defensa Nacional tuvo quórum para el
tratamiento de este tema.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.
Sr. Horta.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Melón.—Cuando finalice, señor diputado.
El proyecto de ley de defensa enviado por el Poder Ejecutivo está basado en tres pilares fundamentales
que tratan de sostener doctrinaria, filosófica y políticamente las razones de su existencia
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y envío al Congreso. El primero —el principal que se explicita no sólo en el proyecto que estudiamos
sino también en la defensa que han hecho de él los diputados del oficialismo— es la
subordinación del poder militar al poder civil. Esto no estuvo en discusión en ningún momento.
Los justicialistas siempre estuvimos y estaremos de acuerdo con que el poder militar —que es
uno de los componentes del Estado— esté totalmente supeditado al poder civil y, lo que es más,
al presidente de la Nación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que todos
sostenemos dentro de la democracia y también lo que la Constitución nos exige que respetemos.
Esa subordinación, que no ha sido permanente en la historia argentina —como se ha repetido
aquí—, ha tenido sus flujos y reflujos constantes entre gobiernos democráticos y dictatoriales.
Pero ella no se consigue mediante decretos ni por voluntarismo, sino manifestando una
homogénea disposición para incorporar las Fuerzas Armadas a un proyecto nacional que no sólo
las integre a la comunidad de la que han estado desprendidas durante muchos años sino que
también las totalice y comprenda. Sólo así tal subordinación del poder militar al civil será real y
terminaremos con los cíclicos golpes de Estado y las permanentes oscilaciones que ha sufrido la
democracia argentina.
El segundo punto en que doctrinariamente se basa el proyecto de ley de Defensa Nacional
enviado por el Poder Ejecutivo es otro tema que ha merecido no solamente en esta Cámara sino
también por el periodismo y la opinión pública un tratamiento muy particularizado, lo que
demuestra el sumo interés de los más diversos sectores. Me refiero a la doctrina de la Seguridad
Nacional.
En momento alguno la bancada justicialista defendió tal doctrina. Nuestro sector permanentemente
ha concordado con el radicalismo en erradicar definitivamente de la Argentina esta
doctrina que llevó al trastrocamiento de nuestras Fuerzas Armadas en una gendarmería, incluso
por su dispersión interna dentro del territorio nacional, y a su transformación en una policía
más. En ello estamos de acuerdo; pero queremos formular un pequeño distingo que no por
tal deja de ser importante. Una cosa es estar en desacuerdo con esa doctrina —lo que, vuelvo
a repetir, compartimos— y otra es quitar de la norma el concepto doctrinario de la Seguridad
Nacional por su mala aplicación en determinado momento por algunos elementos de las Fuerzas
Armadas, olvidando que todo el sistema de Defensa Nacional está al servicio de la Seguridad
Nacional, pues ésta es el fin último de aquélla y a tal objetivo se refiere todo lo que hagamos sobre
el tema. La Seguridad Nacional es un principio básico que debemos seguir sosteniendo porque de
él dependen la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.
Incluso, marginalmente, ello resulta demostrable en el tema del Beagle. En tal caso, cuando
abandonamos el concepto integral de la Seguridad Nacional para referirlo sólo al ámbito interno,
lo que se hizo por obra de un pensamiento mágico fue de alguna manera desactivar hipótesis de
combate o guerra ante conflictos en cierta forma planteados. Deseo referirme específicamente al
caso de Chile.
A pesar de que desde nuestra bancada tuvimos una posición absolutamente crítica a la firma
del tratado del Beagle, juzgamos que la suscripción del mismo y la ratificación que luego concretara
el Poder Ejecutivo se hicieron con absoluta buena fe, creyendo que así se solucionaba uno
de los más graves conflictos de límites, de tan larguísima data. Pero he aquí que, a muchos meses
de la firma del acuerdo —ya demostrada la intencionalidad argentina de desactivar hipótesis de
conflicto y estrechar vínculos con la hermana República de Chile—, nos encontramos con que
el presupuesto militar y el de la industria con tal fin aumentó el año pasado en Chile no sólo en
cifras absolutas sino también en porcentuales referidos a población, en relación a similares guarismos
para gastos de defensa en la República Argentina.
Al abandonar el sentido integral de la Defensa Nacional también nos hemos encontrado con
un hecho irreversible: la mano que tendimos hacia el otro lado no ha recibido, hasta el momento,
respuesta. Desde el punto de vista del conflicto que estaba planteado, podemos decir que se sigue

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manteniendo una paz armada y que nuestro vecino gasta en armamentos el doble de lo que nosotros
invertimos en nuestra capacidad de defensa.
El tercer tema es el de la integración de las Fuerzas Armadas y de todo el sistema de defensa.
No quiero referirme aquí sólo a las tres fuerzas —Ejército, Armada y Aeronáutica— sino incluir
también en el concepto integral a la industria para la defensa, la Gendarmería Nacional, la
Prefectura e incluso la Policía Federal que, como se dijo el otro día, por su número y recursos representa
un elemento importante de la doctrina de Defensa Nacional que nosotros sostenemos.
El proyecto ha tomado como base la falta de colaboración entre las fuerzas en el fracaso de las
Malvinas. Estamos de acuerdo en que ese fracaso tiene mucho que ver con los desencuentros que
se produjeron entre las fuerzas, pero tampoco podemos ignorar que no fue ésa la única causa que
nos llevó a la derrota final. La causa principal se vincula con los profundos errores doctrinarios,
políticos y geopolíticos cometidos con anterioridad, al embarcarnos en un conflicto de esa naturaleza.
Y el error máximo fue poner en las mismas manos la decisión política y militar del tema.
La desorganización posterior y la derrota son solamente consecuencias de los errores iniciales.
Creo, sin temor a equivocarme, que en estos tres temas —independientemente de la profundización
que podamos hacer de algunos de ellos y de divergencias marginales que podamos
tener— son grandes las coincidencias que nos acercan. Es por eso lamentable que no hayamos
tenido posibilidad de discutirlos y llegar a un proyecto común que reuniera la opinión de los
partidos políticos representados en esta Cámara en una ley de defensa integral que constituyera
realmente un elemento terminado y completo, sin parecernos —como nos parece ahora, y por lo
cual debemos rechazarla— un borrador de trabajo bien intencionado pero de absoluta flojedad
ideológica.
Estos tres elementos a los que me acabo de referir de ninguna manera pueden constituir la
base doctrinaria, filosófica y política de un proyecto de ley de Defensa Nacional que todos estamos
dispuestos a votar y discutir. Ese proyecto debe ir mucho más allá de esos tópicos y ser
motivo de una discusión mucho más profunda que la que hemos mantenido hasta ahora.
No acusamos al oficialismo de mala intención, sino de cierta ingenuidad en el tratamiento de
un tema tan conflictivo para la sociedad argentina en las últimas décadas, porque el proyecto del
Ejecutivo tiende fundamentalmente a desarrollar el pensamiento mágico de que todos los problemas
que producen los desencuentros entre las Fuerzas Armadas y la civilidad argentina se solucionarán
pasando el esquema de la Defensa Nacional a la jurisdicción civil, y llegando incluso
más allá de lo que marca la Constitución, al vulnerar las atribuciones que el Poder Legislativo
siempre ha tenido sobre el tema.
Por otra parte, lo que es más grave desde nuestro punto de vista es centrar el proyecto sólo
en la instrumentación, organización y manejo de las Fuerzas Armadas por medio del aparato del
Poder Ejecutivo y de nuevos aparatos que se crean por esta norma, ignorando o apenas admitiendo
el concepto de la Defensa Nacional integral. Esto nos permite considerar al proyecto en
discusión como militarista.
Estimo que en este punto sí cabe señalar la definición doctrinaria puntual del Movimiento
Nacional Justicialista sobre el concepto integral de la Defensa Nacional y el pueblo en armas.
Opinamos que la defensa integral debe contar fundamental y prioritariamente con la participación
del pueblo, y que está basada en la movilización de todo el cuerpo social por medio de un
proyecto nacional integrador en lo económico, político, social, tecnológico e industrial, con la
participación de todas las instituciones libres del pueblo que componen lo que nosotros denominamos
la comunidad organizada, y en una larga preparación en la paz. En un hipotético caso de
guerra, fieles al viejo concepto de la Nación en armas sostenido por el peronismo, entendemos
que se puede utilizar hasta la última fuerza viva del Estado para alcanzar los objetivos políticos
que imprescindiblemente la Nación debe tener fijados para una guerra.
En ese sentido, en este momento yo me atrevería a decir que si bien la República Argentina
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tiene hipótesis de conflicto y de guerra, sin embargo es muy difícil observar cuál es la situación
geopolítica en que el país se encuentra ubicado y cuál es el sistema de alianzas de que participa.
Asimismo, no es fácil ver cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo que se han fijado en
la política argentina, con los que la ley de Defensa Nacional está muy relacionada. Como aquí
se dijo, esa ley debe tender a brindar capacidad de disuasión en la paz y de defensa en la guerra.
Por último, en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo no encontramos un concepto
—creo que legisladores de otras bancadas participan de esta inquietud— referido a que
sin justicia social, independencia económica y soberanía política, es decir, sin el ejercicio pleno
de todo lo que un país necesita para ser libre e independiente, hablar de Defensa Nacional es
referirse sólo a un instrumento legal que luego en la práctica no solucionará ninguno de los problemas
que padecemos en este momento.
Es necesario abordar el tema del conflicto interno. Mucho se ha discutido acerca de si el conflicto
interno merecía o no estar incluido en la ley de Defensa Nacional y si debía ser manejada
políticamente y por quién. Asimismo, se ha debatido cómo debe implementarse la participación
de las fuerzas de seguridad en el caso de la admisión de un conflicto interno, cuando ellas funcionan
por separado.
Esto no debe asombrarnos porque hay países muy cercanos al nuestro en lo afectivo y lo
geográfico que están corriendo ese riesgo, que en realidad ya no es tal porque sus fuerzas de seguridad
han sido superadas por la acción terrorista.
En el proyecto de ley en consideración —ésto lo ha sostenido la bancada oficialista— se llega
a la conclusión de que no es necesario en el momento actual incluir este tema en la ley de defensa,
con lo que podemos estar de acuerdo o no; pero es necesario discutirlo y queremos hacerlo.
Lo que nos ha llamado la atención y creemos que de ninguna manera puede dejar de corregirse
es el artículo 8º —7º del proyecto original—, que dice que la información e inteligencia
necesarias para la Defensa Nacional, en el nivel estratégico nacional, serán proporcionadas por la
Central Nacional de Inteligencia —organismo nuevo que se crea para centralizar a los de inteligencia—,
órgano presidido por el secretario de Informaciones del Estado —SIDE—, que habrá
de ejercer la coordinación de las actividades de todos los organismos de inteligencia existentes
con la finalidad de proveer inteligencia estratégica e información al Presidente de la Nación y a
los órganos y organismos que determine la reglamentación.
El citado artículo continúa estableciendo que la producción de inteligencia en el nivel estratégico
militar estará a cargo del organismo de inteligencia conjunto que se estructurará sobre
la base de los organismos de inteligencia que actualmente integran las Fuerzas Armadas y que
dependerá en forma directa e inmediata del ministro de Defensa.
Pero acá viene la cuestión: a continuación agrega que las cuestiones relativas a la política
interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia
militares.
Con ésto estamos de acuerdo, pero yo pregunto: si los organismos de inteligencia militar
son tres, ¿qué pasa con los otros veintiséis organismos de inteligencia, nacionales, provinciales y
policiales, que existen en la República Argentina? ¿Se desprende del proyecto de ley que pueden
intervenir para recoger información interna y hacer inteligencia a partir de ella? ¿Es decir que esta
Central Nacional de Inteligencia va a tener el poder de controlar la libertad y los movimientos de
los ciudadanos argentinos? Creo que todo esto merece un profundo análisis y un amplio debate,
porque estamos confundiendo posiblemente lo que es inteligencia e información estratégicomilitar
operacional con lo que sí es inteligencia interior. Me pregunto si de alguna manera, por
medio de la redacción de este artículo 8º, no estamos desde esa Central Nacional de Inteligencia
introduciendo la famosa hipótesis de conflicto interno cuya existencia negamos en el resto del
proyecto.
Por estas razones y muchas otras en las que han abundado los diputados que me precedieron

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en el uso de la palabra, hubo necesidad de presentar un proyecto justicialista alternativo del cual
sólo voy a enumerar los principios básicos en los que nos fundamos y respecto de los cuales creemos
que ineludiblemente deben estar incorporados a la norma en consideración.
En primer lugar, se sostiene el carácter social de la Defensa Nacional introduciendo el
concepto de defensa cuando la agresión se produzca por medios no convencionales. Alguien
me preguntará cuáles son esos medios no convencionales y si ello no significa entrar por la
ventana en el conflicto interno. Yo respondería diciendo que para la República Argentina
un medio de agresión no convencional es, por ejemplo, la acción del Fondo Monetario
Internacional; que a nadie le quepa duda. Otro es la utilización de la hipótesis de conflicto
como hipótesis de guerra. En esto vamos a abundar cuando entremos en la discusión de nuestro
proyecto de ley.
Otro principio básico se refiere a la implementación del sistema de elementos estratégicos y
geopolíticos como parte integrante de la Defensa Nacional y, como consecuencia de lo anterior,
la estructuración y desarrollo de un nuevo concepto que introducimos en la Defensa Nacional
integral, que es la hipótesis de confluencia.
También buscamos la participación del Poder Judicial en la estructura de defensa, y la participación
y el control parlamentario permanente sobre la totalidad de la estructura del sistema
de Defensa Nacional, tanto en la paz como en la guerra, tanto en los organismos de resolución
política como en los que se encargan de recoger información y hacer inteligencia con ella. Vale
decir que se trata de lograr la coordinación de la inteligencia nacional con sus diversos escalones,
pero también bajo control parlamentario y judicial.
También creemos que tanto los organismos de inteligencia como los de seguridad —hago
excepción de los militares— no deberían estar incluidos en la ley de Defensa Nacional, sino que
tendrían que estar sometidos a las normas de dos leyes, una que se refiera a los organismos de
seguridad y otra a los organismos de inteligencia.
No nos engañemos ni tomemos el tema livianamente: a lo largo de la historia argentina y de
la de los países del mundo estos organismos han intentado intervenir en la acción de gobierno,
en la política interna de los partidos y en la vida privada de los hombres. Algunos ejemplos que
están dando vueltas por ahí nos demuestran que esa tentación subsiste y que para que haya claridad
en la organización y funcionamiento de los servicios de seguridad es imprescindible que
ellos estén de alguna manera supervisados por los legítimos representantes del pueblo, esto es,
por el Parlamento.
Esta misma mañana nos encontramos con la noticia de que de los fondos reservados de la
provincia de Buenos Aires —distrito electoral al que pertenezco— se han gastado 250 mil dólares
en la compra de armas no convencionales para la policía de la provincia. Sin dudar de la
honestidad del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando hace esta afirmación,
me pregunto si ésta es la forma más idónea de estructurar su seguridad.
Como todos sabemos, se trata de fondos reservados que son de manejo discrecional y se
puede caer en la tentación de darles otros usos —como ya ha ocurrido en nuestro país—, que
han provocado o podrían provocar en el futuro hechos que hemos tenido y quizás tengamos que
lamentar profundamente.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente la de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Melón.—Otro de los temas que queremos introducir es el reemplazo del servicio militar
obligatorio, que es un concepto antiguo, por la instrucción integral militar del hombre argentino
para la Defensa Nacional. También sostenemos que la ley de instrucción militar no sólo debe
marcar las obligaciones y la carga pública que asumen los ciudadanos cuando son convocados en
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virtud de ella, sino que debe garantizar sus derechos durante ese período, ya que no pierden su
condición de ciudadanos mientras reciben instrucción militar.
Sr. Presidente (Silva).—La Presidencia advierte al señor diputado que ha vencido el término
de su exposición.
Sr. Melón.—Gracias, señor presidente. Voy a redondear mi discurso.
Quisiera hacer un llamado a la reflexión al bloque oficialista. Creo que a pesar de todo el
tiempo transcurrido, estamos de acuerdo en que todavía puede ser mejorado el dictamen presentado
por la mayoría de la Comisión de Defensa y a cuyo análisis está abocada la Cámara.
Creo que la democracia argentina que todos decimos defender y la realidad en que estamos
inmersos y que a todos nos preocupa, merecen que agotemos las instancias para que este proyecto
se convierta en el mejor que la Cámara puede sancionar como ley de defensa para la Nación
Argentina.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr. Deballi.—Señor presidente: en primer término el Movimiento Federalista Pampeano no
justifica la urgencia en la sanción de una ley de defensa cuando están aún candentes y abiertas las
heridas producidas por la subversión armada, por una parte, y las más dolorosas aún provocadas
por la represión sangrienta desde el mismo poder de facto.
La Constitución Nacional determina la subordinación de las fuerzas militares al poder civil
y establece que el presidente de la República es el comandante en jefe de todas las fuerzas, lo que
permite coordinar eficientemente y en cualquier circunstancia y momento la unidad de un programa
de acción.
Por otra parte, debe salvaguardarse a ultranza el prestigio de la institución militar, que pese
al accionar de algunos de sus integrantes no puede confundirse con ellos.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que esta ley requeriría no sólo mayores análisis sino
que transcurra el tiempo necesario para su mejor discusión. Cuando exista una total tranquilidad
interna, cuando la óptica se tome a mayor distancia de nefastos acontecimientos, los criterios
serán más justos y ecuánimes, pues no pesarán estos acontecimientos recientes, que confunden;
y lo que es más importante, podrá escucharse la voz de esa institución militar que todos teóricamente
pretendemos defender y cuya integración al sistema democrático es fundamental.
Por ello, nuestro voto negativo a la aprobación de este proyecto, aunque no tendremos inconveniente
en aprobar la inmediata derogación de la norma de facto 16.970.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Bisciotti.—Señor presidente: los hombres de la Unión Cívica Radical venimos con alegría
a sancionar esta ley de defensa, que por supuesto, como bien lo ha dicho el señor diputado Zubiri
en su oportunidad, es perfectible e incluso puede ser objeto de modificaciones durante su consideración
en particular, ya que se trata de la obra de seres humanos.
Pero la vamos a defender con ahínco y con pasión, en primer lugar porque somos hombres
de la democracia y nos oponemos a la autocracia; somos hombres que repudiamos el totalitarismo
y tenemos una profunda concepción antinazista.
Esta ley, que se apoya en tres pilares, es fundamental y necesita que hoy la aprobemos los representantes
del pueblo argentino. Uno de esos pilares fundamentales es la reivindicación del poder
civil, al que está subordinado el poder militar. Dicha característica se da en este régimen como
nunca ocurrió; estoy seguro de que no hay antecedentes similares en la República Argentina.
El segundo pilar se refiere al accionar conjunto de las Fuerzas Armadas, pues se elimina —aunque
en la práctica el gobierno del doctor Alfonsín ya lo ha hecho— la vieja junta de comandantes
en jefe. Se instaura un Estado Mayor Conjunto para un planeamiento militar conjunto y para
una doctrina y un adiestramiento militar también conjuntos, a fin de lograr el anhelo de Fuerzas
Armadas modernas y eficientes sobre bases económicas, pero que estén para la disuasión y para la
Defensa Nacional contra toda agresión exterior.

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El tercer pilar es la abolición de la doctrina de la Seguridad Nacional, a la que me voy a referir
a posteriori. Pero antes quiero señalar que la alegría que nos embarga se fundamenta en nuestra
profunda convicción democrática, porque además estamos convencidos de que ésta no es una ley
militarista; por el contrario, es constitucionalista. Tampoco es una ley que, como las anteriores,
deje de lado al Congreso para dar mayores facultades al presidente de la República.
Si alguno de nosotros se detiene a analizar los antecedentes legislativos podrá advertir, por
ejemplo, que la ley 13.234, de 1948, otorga facultades importantes al Poder Ejecutivo, y además
el miembro del justicialismo que la fundamentó revitalizó las facultades del Poder Ejecutivo para
ejercer la conducción militar.
Yo diría que si hablamos de la central de inteligencia, conviene recordar el decreto 3.063/49,
que establecía la coordinación de los servicios de información del Estado bajo la dependencia
del presidente de la Nación, y el decreto 15.078/51, que dispuso la coordinación y orientación
de los servicios de información especializados, designando como jefe a un oficial superior de las
Fuerzas Armadas. Esto sí puede observarse con prevención.
Observen qué diferencia profunda. Este proyecto de ley que queremos sancionar marca una
evolución sin antecedentes en el Parlamento argentino. Venimos a sancionar esta iniciativa con
alegría y jolgorio, porque revitaliza la función del presidente como poder constitucional sobre las
Fuerzas Armadas —ejercido en algunas circunstancias por el ministro de Defensa merced a una
delegación de funciones— y porque en todos los aspectos de la Defensa Nacional, ya sea en el
Gabinete de Defensa, en el Comité Militar o en los teatros de operaciones, está siempre la figura
del presidente por sobre la autoridad militar. Para nosotros, esto es un orgullo.
Frente a algunas críticas que se han deslizado manifestando que en este proyecto no hablamos
de la agresión ideológica, decimos que no podemos insertar el concepto de agresión ideológica
dentro de una ley de Defensa Nacional porque ello implicaría volver a la concepción de la doctrina
de la Seguridad Nacional y porque no hay en el derecho positivo mundial antecedentes que
avalen esta inclusión. Desde la Convención de Ginebra hasta la Carta de las Naciones Unidas,
pasando por otros pactos internacionales, vamos a encontrar que se determina claramente cuál
es el significado de la palabra “agresión” y que nunca se habla de agresión ideológica. Se habla
de invasión o de ataque a la integridad territorial, pero jamás se hace referencia al concepto de
agresión ideológica.
No podemos insertar ese concepto en este proyecto porque, como dije, no lo permite nuestro
profundo repudio a la doctrina de la Seguridad Nacional. No obstante que algunos compañeros
de bancada han hecho reflexiones sobre esta doctrina, quisiera analizar brevemente algunos de
sus aspectos. Tratando de establecer cuáles son los componentes fundamentales de la doctrina
de la Seguridad Nacional, encontramos entre ellos la visión estratégico-militar del Estado, su
concepción organicista, la tesis del estado de guerra permanente y de la inexistencia de épocas
de paz y la primacía de la presunta voluntad del Estado por sobre la voluntad de sus habitantes.
Estos componentes de la doctrina de la Seguridad Nacional son ingredientes extraídos de las
teorías geopolíticas elaboradas por la escuela de Munich, que en su momento nutrieron fundamentalmente
el nazismo de Adolfo Hitler con el objeto de conformar una ideología deformante y
dominar al mundo. Debemos diferenciar, sin embargo, la doctrina de la Seguridad Nacional, que
es componente fundamental del nazismo, del nazismo en sí mismo, que incluye el determinismo
de una raza en virtud de su supuesta superioridad y su intento de dominación mundial.
¿Cómo se difunden con posterioridad estas concepciones en el mundo y a qué cosas originales
y nefastas dan lugar? Mirando en retrospectiva la Segunda Guerra Mundial, observamos
que los Estados Unidos enfrentaron al nazismo y lo derrotaron. Pero aparece luego el fenómeno
de una Europa devastada y de la permanencia de los ejércitos rusos en su parte centrooriental,
sin ser desmovilizados. Frente al incipiente poder nuclear de los Estados Unidos, surge
el poder masivo de los ejércitos rusos. Se presenta entonces una primera disuasión; luego, una
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segunda respecto de las grandes potencias. Ésta surge por el poder de destrucción, de las armas
nucleares, creándose lo que se conoce como la guerra del terror. Ante estas circunstancias, los
norteamericanos observan —o al menos piensan— que después del nazismo su principal enemigo
es el comunismo, razón por la que consideran que un totalitarismo ha sustituido a otro.
Así es como creen que para enfrentar a esta ideología comunista —que por supuesto intentaba
extenderse hacia otros países del mundo— deben lanzarse hacia una guerra total en todos los
frentes; guerra que en un principio está detenida por disuasión nuclear, pero que luego, en
las confrontaciones que se producen en los estados, se ve acicateada e incentivada por ambas
potencias mundiales.
Por un lado, la Unión Soviética se encarga de fomentar los movimientos políticos o los
reclamos económicos sociales de las distintas para tratar de establecer un sistema ideológico
semejante al suyo. Incluso busca lo mismo en aquellos lugares en donde existen profundos problemas
económicos y sociales, alentando movimientos de insurrección armada.
¿Pero qué es lo que ocurre? Estados Unidos cree ver el monstruo de la dominación soviética,
por lo que se lanza al campo de la denominada Guerra Fría; ambas potencias luchan en
todos los frentes, no sólo en el económico y político, sino también en el cultural y tecnológico,
y así aparece la contrainsurgencia militar alentada por Estados Unidos y sus aliados. Entonces,
Estados Unidos —nación dominante después de la Segunda Guerra Mundial—, que había vencido
al nazismo, adopta de éste algunas concepciones doctrinarias extraídas de la doctrina de
la Seguridad Nacional para hacer frente al otro enemigo, al totalitarismo. Para ello se vale de la
doctrina de la Seguridad Nacional, implantada en las academias de los Estados Unidos; allí se
educan militares de los ejércitos de América latina, quienes salen compenetrados de una idea: las
Fuerzas Armadas de sus países deben estar dispuestas a la lucha interior para defenderlos de la
ideología comunista. Es decir, hay que derrotar al enemigo comunista y para eso hay que cuidar
la seguridad interior, mientras que la seguridad externa quedaba en manos de Norteamérica. Así
es como necesitan cometer la barbaridad de sustituir la función específica de las Fuerzas Armadas
por otra que no es sino policíaca y para la que no están preparadas. Además, lo hacen con una
metodología militar, todo lo cual trae como consecuencia inmediata el abandono de sus tareas:
la defensa exterior. Así nos fue cuando enfrentamos el conflicto de las Malvinas.
Pero aquí no termina todo; necesitan luego la toma del poder político. Llegan a la idea de que
el poder político sólo puede estar en manos de estrategas y hombres que manejen la geopolítica.
¿Y quiénes son ellos? Los militares, por supuesto. Entonces acceden al poder por las armas e implantan
la doctrina de la Seguridad Nacional. Comienza así una era de enfrentamiento total contra
la agresión de quien consideran su enemigo: el comunismo. Se deforma la verdadera función
específica de las Fuerzas Armadas y nos encontramos entonces con que las libertades públicas y
las garantías individuales son cercenadas totalmente.
Es decir que esta vieja concepción de la que yo hablaba —originada en el nazismo, con su
concepción de un estado que necesita crecer y desarrollarse, porque morirá si no vislumbra la
posibilidad de anexar nuevos territorios y espacios (basta recordar a Ratzel, Kjellén, Haushofer o
Ludendorff)— pone en práctica la doctrina de la Seguridad Nacional y con ella el estado de guerra
total. Se empiezan a ignorar las facultades de los habitantes, menospreciándose sus derechos
individuales. Se inicia la guerra de la persecución, de la caza de brujas, con lo que América latina
queda prácticamente copada por esta concepción deformante.
En este sentido, si bien es cierto lo que se dijo en este recinto en cuanto a que en el año 1964 se
produce una infiltración de esta doctrina, debe aclararse que ello ocurre en las Fuerzas Armadas
y no dentro del gobierno del doctor Arturo Illia. La infiltración gubernamental se produjo en el
año 1966 con el mecanismo de Onganía.
Hasta ahora nadie intentó derogar la doctrina de la Seguridad Nacional; nunca hubo una
legislación tendiente a abolirla. Nosotros sí venimos a abolir la doctrina de la Seguridad Nacional

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
sobre la base de nuestras más puras concepciones en materia de libertades públicas, seguridad del
hombre y dignidad de los países.
Cabe en este momento efectuar dos profundas reflexiones. En primer lugar, a los Estados
Unidos y a los países que acompañaron la iniciativa de implantar la doctrina de la Seguridad
Nacional les decimos que los totalitarismos de un signo o de otro no se combaten sino con una
democracia plena, con hondo sentido social, que le dé al hombre la importancia que tiene y que
le permita lograr su completa realización.
En segundo término, a las Fuerzas Armadas argentinas les decimos que sabemos que como
institución fueron víctimas de esta misma doctrina y que nosotros pretendemos que sirvan específicamente
a la Defensa Nacional, que estén consustanciadas con este proyecto que vamos a
votar y que tenemos la seguridad de que sus integrantes se sentirán contestes con él, sabedores
de que son herederos de San Martín y defensores de la auténtica soberanía nacional y de la integración
territorial.
Por lo que he manifestado, agrego que con alegría vamos a cavar hoy la fosa para sepultar
para siempre la doctrina de la Seguridad Nacional, colocando sobre su tumba, simplemente, un
epitafio de vida. (Aplausos).
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Sobrino Aranda.—Señor presidente: brevemente quiero señalar la profunda satisfacción
que me causa haber escuchado al inicio de este debate las manifestaciones del señor diputado
Zubiri en el sentido de que no dudaba bajo ningún concepto de que todos los señores diputados
estamos absolutamente contestes en la promoción de la defensa común, la subordinación de las
Fuerzas Armadas en el marco activo de la democracia, la coordinación de su accionar conjunto
y la derogación de las doctrinas totalitarias, entre las cuales se encuentra la contenida en la ley
16.970.
Creo que sin lugar a dudas allí comienza un trabajo fecundo en este recinto. Es necesario que
nos olvidemos de las rencillas del pasado, que dejemos de lado el anecdotario político que nos
embarca conjunta y alternativamente en una postura o en otra, para que de una vez por todas
miremos hacia el mañana y tratemos —como dijo el señor diputado Zubiri— de reconocer los
militares sus graves errores y los civiles los nuestros, las culpas alternativas y concurrentes que
han significado que el país, con poca memoria, con falta de memoria y a veces con demasiada
ligereza, las haya olvidado para hacer responsables de ellas a los otros extremos, creando una
historia falsa, ora en favor de un lado, ora en favor de otro.
Esto no pertenece a la historia moderna; es la historia del país. En 1923 Hipólito Yrigoyen
dijo que la Nación se construía con hijos y entenados, agregando que los hijos de hoy serán los
entenados de mañana y los entenados de hoy serán los hijos de mañana.
Por eso creo que por encima de las diferencias a que nos llevan las manifestaciones concretas,
los fundamentos vertidos por el señor diputado Zubiri sobre el dictamen en mayoría miran hacia
la unidad nacional para construir un país que aspire a encontrarse de una vez por todas, evitando
situaciones adversas que no se solucionan ni con lirismos ni con voces altisonantes.
Tengo que reconocer —nobleza obliga— que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo
y avalado por la bancada de la Unión Cívica Radical, como bien lo fundamentara el diputado
Cavallaro y tal como lo explicaran los diputados Gurioli, Melón y Paleari, incurre en ineficiencias,
en normas incompletas y en algunos lirismos que están cargados de ciertos complejos negativistas.
Es mi deseo citar algunos criterios conceptuales de fundamental importancia en el tema.
Todavía el mundo no ha encontrado la fórmula de la paz porque existen naciones histórica y
geopolíticamente insatisfechas. La Defensa Nacional no es un problema exclusivamente militar,
sino esencialmente político, lo cual impone una adecuada interacción así como también una
eficaz coordinación de los esfuerzos civiles y militares, que cuenten con la comprensión de toda
la ciudadanía argentina.
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La Defensa Nacional abarca todos los campos del quehacer nacional, ya sea político, económico,
psicológico, cultural, social, laboral, tecnológico o militar. La integralidad del problema de
la Defensa Nacional se completa comprendiendo que el alejamiento de los teatros de lucha ha
desaparecido y que los procedimientos de lucha y captación no reparan en métodos o técnicas de
ejecución y tergiversación del sentido de la lealtad.
Los tiempos disponibles para la adopción de métodos de defensa se han reducido considerablemente
y cualquier parte del espacio nacional puede ser rápidamente escenario de la acción
porque las direcciones de los ataques pueden ser múltiples en un mismo momento. La ley de
Defensa Nacional debe ser, sin lugar a dudas, una ley madre de todos estos asuntos involucrados.
Por las características conceptuales de su denominación comprende un elevado número
de acciones de orden civil y militar que a su vez requieren leyes especiales por su importancia y
complejidad.
En consecuencia, la ley de Defensa Nacional constituye una ley madre cuyas previsiones deben
servir de base para las leyes derivadas a fin de su adecuada interrelación y coordinación. El
artículo 1º del proyecto es poco preciso en tal sentido, circunstancia que afecta esencial y sustancialmente
las previsiones de su texto, privándolo de la integralidad que debe tener el importantísimo
problema de la Defensa Nacional, que se vincula nada más ni nada menos que con la
supervivencia de la Nación.
Lo expresado se fundamenta en el hecho de que la esencia de este anteproyecto consiste en
establecer las bases orgánicas necesarias cuando se estime que se deben dar sustentos jurídicos y
funcionales a efectos de constituir un verdadero sistema legal para la preparación y ejecución de
la Defensa Nacional.
Asimismo, debe señalarse que la finalidad para la cual el anteproyecto establece bases orgánicas
parcializa el concepto de Defensa Nacional ya que se refiere a la prevención y superación
de conflictos de toda índole provocados por una amenaza de agresión externa. La realidad
mundial nos muestra el caso de numerosos países democráticos —Perú, Colombia, El Salvador
o Nicaragua— en los que se advierte la acción interna de fuerzas que quieren cambiar los regímenes
constitucionales por medio de la violencia. Para esto también debe organizarse la Defensa
Nacional.
Rechazo algunos conceptos vertidos por señores diputados del sector radical como los que
sostienen que no están dadas las condiciones para que la subversión cohabite dentro del país y
que si así fuera habría tiempo para solucionar el problema.
Por la experiencia que algunos legisladores vivimos entre 1973 y 1976, surge la conclusión
de que las leyes deben prever las situaciones en el momento de sancionarse y que la hipótesis de
la agresión interna debe ser estudiada, analizada e incoada en este momento y no a posteriori en
caso de que surja, porque ello traería aparejadas las mismas situaciones psicológicas en las que
nos encontrábamos los legisladores en 1974. En ese momento, por la acción de la subversión, nos
vimos impulsados a sancionar leyes que modificaban el Código Penal. Nos vimos amenazados
al mismo tiempo por la Triple A y por el ERP. Por ese motivo, las leyes sancionadas no fueron
buenas y dieron lugar a algunos problemas; además, a posteriori fueron usadas arbitrariamente.
Desde ese punto de vista entiendo que la ineficiencia principal de esta ley consiste en no admitir
la realidad factible de que la subversión cohabita en el país ni la necesidad de incoar una
norma que prevea en ese caso la actuación de las Fuerzas Armadas, dependiendo siempre del
comandante en jefe —el señor presidente de la República— el manejo de los asuntos relativos a
las hipótesis de conflicto interno. Como consecuencia de ello el proyecto está afectado prioritariamente
de previsiones militares, que constituyen sólo la última ratio de la Defensa Nacional.
En síntesis, y considerado globalmente a la luz de su objeto —el artículo 1º—, el proyecto es
incompleto respecto de las serias repercusiones que puede tener en lo que constituye su razón de
ser: la Defensa Nacional.

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La integridad de la Defensa Nacional requiere estructurar su contenido en títulos que contemplen
los aspectos fundamentales de las apoyaturas sobre las que se basa la preparación y
la ejecución de esa defensa, como por ejemplo la organización superior —la estructura— y el
régimen funcional de la Defensa Nacional, la organización de jurisdicciones territoriales y el empleo
de recursos y personas, que a su vez incluye el servicio de Defensa Nacional —el militar y el
civil—, la movilización, requisiciones y penalidades.
Comparativamente la estructura del proyecto presenta diferencias formales y de fondo relacionadas
con una deficiente y, consecuentemente, peligrosa concepción de la Defensa Nacional,
que permite ratificar lo ya expresado.
Lo sostenido se funda en la mayor relevancia que se da al enfoque militar, sobre todo en el
aspecto externo, con un título dedicado a la organización de las Fuerzas Armadas y sólo referencias
muy generales al servicio civil de defensa y a otros temas de igual jerarquía orgánica y funcional.
Esto resulta más preocupante cuando se derogan numerosas leyes sin que se definan en
el proyecto conceptos básicos para su integración y coordinación dentro del sistema de Defensa
Nacional y, si correspondiere, para la ulterior redacción de nuevas leyes, fundamentales para la
regulación jurídica de importantes organismos y funciones de la Defensa Nacional, como la ley
de movilización entre otras.
La ley de Defensa Nacional no debe dictarse para preparar y eventualmente conducir al país
hacia la guerra sino —todo lo contrario— para capacitarlo para que pueda vivir en paz y para
que permanentemente esté en condiciones de evitar la lucha armada rechazando oportunamente
las presiones extrañas, internas y externas, y por consiguiente anulando la fuerza de quienes intentan
cambiar los valores, los principios y el sistema de gobierno constitucional y democrático
o interferir en los propios objetivos políticos nacionales.
En síntesis, el contenido general del proyecto no contempla un eficiente y equilibrado eslabonamiento
de la Defensa Nacional; una de cuyas finalidades implícitas debería ser crear en la
sociedad argentina una adecuada conciencia de su accionar.
Señor presidente: con la misma buena fe con que he juzgado las manifestaciones de la bancada
mayoritaria, creo que el proyecto debe volver a comisión a efectos de que se pueda estudiar
nuevamente y analizar las distintas conceptuaciones vertidas en el recinto por varios representantes
justicialistas. Como, sin lugar a dudas, la votación resultará adversa, quiero que quede sinceramente
expresado el deseo de haber querido debatir nuevamente estos puntos de disidencia
que son fundamentales.
Por todo lo expuesto debemos expresar que nuestra oposición a la sanción de esta iniciativa
reside en que se trata de un proyecto de ley autoritario y discrecional que no contempla la realidad
y las condiciones que existen para aplicar una norma que garantice el ejercicio pleno de la
Defensa Nacional. En este proyecto de ley se observa un evidente partidismo, que resulta sumamente
perjudicial cuando estamos ante una ley que debe servir al país en la eventualidad de la
guerra, sea ésta generada por causa externa o interna.
Desde el ángulo jurídico formal el proyecto no es innovador y además está impregnado de
una indiscriminada desconfianza hacia las Fuerzas Armadas. En esta materia no caben actitudes
eclécticas: o existen Fuerzas Armadas como brazo armado de la Nación, o no existen.
Nadie duda aquí de que los golpes militares han distorsionado y en muchos casos mal conducido
a las Fuerzas Armadas; pero esto no significa que vayamos a castigar las instituciones permanentes
que esas fuerzas son. Entendemos que se trata de un proyecto que es consecuencia del
temor o la revancha, y ninguna de tales circunstancias puede aconsejar la sanción de una norma
de tanta importancia.
En síntesis, por las características conceptuales de su denominación, una ley de Defensa
Nacional comprende un elevado número de acciones de orden civil y militar, que a su vez requieren
leyes o decretos especiales para que aquella sea cumplimentada, dada su importancia
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y complejidad. Nadie duda —pese a las diferencias que se han puntualizado en este recinto—
acerca de la buena fe del Poder Ejecutivo y de la bancada mayoritaria al esbozar un proyecto
tendiente a establecer un régimen de fondo para la Defensa Nacional. Pero para lograr la unidad
espiritual del pueblo argentino en su conjunto es menester que la iniciativa sea reelaborada por
la comisión respectiva, adoptando la conceptuación expuesta por el señor diputado Zubiri, magníficamente
bien trazada cuando sostuvo que debe legislarse para el futuro.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Horta.—Señor presidente: sean mis primeras palabras con relación a una interrupción
que en su momento le solicitara al señor diputado Melón y que él no me concediera; se la pedí
ante una reiteración de conceptos del señor diputado referidos a la discusión de este proyecto en
el seno de la comisión respectiva.
Quiero traer al recuerdo de todos nosotros que, mucho antes de que este proyecto se hiciera
realidad, mediante un mensaje que el Poder Ejecutivo enviara a esta Cámara, las autoridades
del Ministerio de Defensa invitaron a la totalidad de los integrantes de la comisión de Defensa
Nacional de la Honorable Cámara; que todos estuvimos reunidos en la sede ministerial y allí
compatibilizamos distintas ideas; que mucho tiempo después arribó a esta Cámara el mensaje del
Poder Ejecutivo, y que ya dentro de la comisión tuvimos suficiente tiempo para debatir cada una
de las posturas. Desgraciadamente, muchas veces no hubo quórum. Sin embargo, con respecto
a esta última circunstancia a la que se refiriera el señor diputado Melón, quiero señalar que ésa
no fue responsabilidad exclusiva de los miembros de esta bancada que integramos esa comisión,
sino de todos los miembros que la componen. Viajes y demás circunstancias que hicieron que
muchos señores diputados no pudieran permanecer durante mucho tiempo en esas deliberaciones,
impidieron probablemente un debate más amplio y fecundo, pero no es menos cierto
que cuando se arribó a un dictamen éste no fue la consecuencia de la antojadiza decisión de un
grupo de legisladores de esta bancada sino el resultado de haberse agotado todas las instancias
pertinentes respecto de esta iniciativa que considero ha sido una de las mejor estudiadas por este
Parlamento.
Si se me permite, ahora quisiera contestar algunas aseveraciones que se formularon en el
curso del debate. Se afirmó que se trata de un proyecto militarista, que limitaría la Defensa
Nacional a los aspectos puramente militares; que carece de previsiones relativas a los múltiples
aspectos que la Defensa Nacional comprende; que nada establece con relación a “una estrategia
nacional” y a “una doctrina estratégica de la Defensa Nacional”; que, en definitiva, el proyecto
abruma con lo militar.
Esta crítica resulta absolutamente inexacta y además persigue en su fondo la institución de
sistemas que procuran la desmilitarización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad.
El proyecto que estamos defendiendo busca precisamente lo opuesto: militarizar las Fuerzas
Armadas en el sentido de tornarlas profesionalmente idóneas al incrementar su capacidad específica
para responder a las agresiones de origen externo y a la vez desmilitarizar a la sociedad.
A continuación procuraré analizar la razón de mis afirmaciones. El proyecto no se limita a
prever la realización del planeamiento militar; muy por el contrario, en el artículo 3º establece
que el presidente de la Nación “…dispondrá, con el asesoramiento del Gabinete de Defensa
Nacional, las pautas para la realización del planeamiento para la Defensa Nacional, controlando
su ejecución y confección”. Por otra parte, establece este mismo artículo que “competen al presidente
de la Nación la dirección de la Defensa Nacional y la conducción de las Fuerzas Armadas”,
previsión legal ésta que permite advertir con claridad que, lejos de identificarse a la Defensa
Nacional con las Fuerzas Armadas, estas últimas no constituyen en el proyecto sino uno de los
elementos constitutivos de la primera.
Asimismo, en el artículo 7º del proyecto se establece que “el Gabinete de Defensa Nacional
será presidido por el presidente de la Nación, quien adoptará las decisiones, en todos los casos,

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en los asuntos que originen su funcionamiento. Estará integrado —continúa el artículo— por el
vicepresidente de la Nación, y por los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores
y Culto y de Economía”.
Se establece además que “el presidente de la Nación podrá determinar la participación de
otras autoridades e invitar a miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos considere
de utilidad para los asuntos específicos que hubieren de tratarse”.
Con un carácter mucho más general aun, el artículo 2º norma que “la Defensa Nacional es
la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, para
enfrentar las agresiones de origen externo. Se concretan en un conjunto de planes y acciones
tendientes a prevenir o superar los conflictos generados por éstas, tanto en tiempo de paz como
de guerra”.
Asimismo, el artículo 24 prevé la aprobación por el presidente de la Nación de los planes de
movilización. El artículo 25 contempla la adopción de los planes y acciones necesarios para la
defensa civil, y el artículo 26 prevé las requisiciones y el servicio civil de defensa.
En consecuencia, podemos advertir que contrariamente a lo que se ha sostenido, el proyecto
no se limita a los aspectos específicamente militares; muy por el contrario, contempla, como expresamente
lo estipula el artículo 3º, “la realización del planeamiento para la Defensa Nacional”,
distinguiéndolo del planeamiento específicamente militar. Establece también que el presidente
en caso de guerra ejercerá: “a) Con el asesoramiento del Gabinete de Defensa Nacional, la conducción
integral de la misma”; y “b) Asistido por el Comité Militar, la conducción militar de
ésta”. Es decir que, además del planeamiento militar, se contempla la realización del planeamiento
para la Defensa Nacional, que comprende los planes destinados a todos los ámbitos del
quehacer nacional y que habrán de prever las acciones que la Nación adoptará en caso de conflicto
o guerra.
Creemos, entonces, que en el proyecto que estamos tratando se ha previsto la planificación de
acciones coordinadas en todos los ámbitos para el caso de conflicto o guerra. Pero, adviértase con
claridad para el caso de conflicto. La existencia de agresión de origen externo marca el comienzo
del ámbito de la Defensa Nacional en el proyecto. Producida la agresión, el Estado argentino
reaccionará mediante acciones previamente planificadas y a tomarse en todas las áreas, a fin de
dar al conflicto una solución coincidente con el interés nacional. Lo que de ninguna manera
se efectúa en el proyecto es subordinar el gobierno en su fundamental quehacer político a una
planificación previa que establezca, bajo un signo militar, las acciones que habrá de adoptar en
todos los ámbitos, exista o no conflicto. Pero ya volveré sobre este tema.
Se ha sostenido que este es un proyecto militarista, porque se confunde el ámbito de la defensa
con el específicamente militar. El proyecto contiene previsiones sobre planeamiento para
la Defensa Nacional, incluyendo el planeamiento de guerra. Adviértase, por si fuera poco lo
anteriormente expuesto en tal sentido, la diferenciación que se efectúa en el artículo 3º entre “la
conducción integral” de la guerra en todos los ámbitos del quehacer nacional y “la conducción
militar” de ella.
Por otra parte, esta norma contiene previsiones legales para la determinación de hipótesis de
conflicto y de guerra, como asimismo para “la adopción de la estrategia y la coordinación de los
planes y acciones necesarios para su superación”. De esa manera se posibilita la adecuada solución
del conflicto por medio de acciones en todos los ámbitos, previéndose incluso la adopción
de planes de movilización de defensa civil, requisiciones y otros servicios civiles de defensa.
Pero, en cambio, sí es cierto que el proyecto también regula el ámbito específicamente militar.
Es que una ley de defensa que omitiera los aspectos militares sin lugar a dudas constituiría
una norma incompleta.
Se me ocurre que quizá de buena fe, y aun sin proponérselo, a lo único que apuntan estas
argumentaciones que proponen apartar la luz de todo lo militar es a dejar intacta una estructura
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militar basada en la concepción norteamericana —por otra parte ya desechada en ese país del
Norte— de tres Fuerzas Armadas independientes y autosuficientes, soberanas en su propia esfera,
cada una con su doctrina militar y hasta política, que producían armamentos en las fábricas
subordinadas a cada una de ellas, que se repartían el presupuesto en función de consideraciones
políticas, con rígidas divisiones jurisdiccionales, operativas, logísticas y hasta territoriales, e incapaces
de actuar conjuntamente, con la lógica y triste consecuencia que debimos padecer en el
conflicto de las islas Malvinas.
Adviértase que este propósito de dejar intacta la estructura militar trae consigo —aun cuando
no fueran éstos los íntimos propósitos de quienes sostienen tales tesis— la posibilidad de favorecer
mezquinas consideraciones políticas de aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas —sin
duda alguna minoritarios— que anteponen el deseo de tomar inviable el control constitucional
sobre las instituciones armadas. Asimismo, persiguen retener de hecho las facultades de comando
que le corresponden al presidente de la Nación y ejercer presión para tratar de obtener una parcela
más importante del presupuesto que la obtenida por otra fuerza hermana, privilegiando
todo esto a la obtención de mayor eficacia, ahorro de costos y perfeccionamiento profesional, o
sea a todo lo que sin duda habrá de ocurrir cuando este planeamiento y accionar conjunto de las
Fuerzas Armadas tenga plena realización.
También se ha planteado la supuesta carencia en el proyecto de “una estrategia nacional” y
de una “doctrina estratégica de Defensa Nacional”. Hemos explicado que en esta norma existen
sin duda previsiones para la adopción, frente a una agresión de origen externo, de una estrategia
que abarque los distintos ámbitos del quehacer nacional, tendiente a brindar a la agresión una
adecuada respuesta.
Sin embargo, ciertamente el proyecto no comprende “una estrategia nacional” ni “una doctrina
estratégica nacional de defensa”. ¿Cuál es la razón de dicha omisión? Hace unos instantes
hemos referido que el ámbito de la Defensa Nacional tiene en esta iniciativa que estamos considerando
dos límites sumamente claros. Para entrar en el ámbito de aplicación de la futura ley
de Defensa Nacional será necesaria la existencia de un conflicto motivado por una agresión de
origen externo. Ello equivale a decir que sin conflicto no se aplican las previsiones de la ley de
Defensa Nacional. Tampoco habrán de aplicarse frente a conflictos motivados por agresiones de
origen interno.
Si a contrario sensu de lo que ocurre, el proyecto que estamos analizando comprendiera una
“estrategia nacional” y una “doctrina estratégica nacional”, ello supondría la existencia de una
estrategia permanente susceptible de ser aplicada en todos los ámbitos y en toda circunstancia,
obviamente para una guerra también permanente.
Tal circunstancia no sería realmente novedosa en la historia argentina, ya que podemos encontrarla
en la ley 16.970, instrumento legislativo de aplicación de la denominada doctrina de
la Seguridad Nacional. En efecto, la ley 16.970 establece que “la Defensa Nacional comprende
el conjunto de medidas que el Estado adopta en todos los sectores pata lograr la seguridad nacional”,
y define la Seguridad Nacional como “la situación en la cual los intereses vitales de la
Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales”. Establece también
que “las bases fundamentales para la política de Defensa Nacional serán dadas por las políticas y
estrategias nacionales”.
Por otra parte, dicha legislación instituye un mecanismo coordinado de planeamiento, seguridad
y desarrollo tendiente, en base a la ejecución de las “estrategias nacionales”, a aplicar las
“políticas nacionales” que concluirán en la obtención de “objetivos nacionales”.
En consecuencia, cabe destacar que estas concepciones parten de la base de la guerra total
y permanente. Ello surge no sólo de la circunstancia de definir, como se ha visto, a la Defensa
Nacional en función de la “Seguridad Nacional”, sino también de que definiéndose la seguridad
nacional como una “situación” para cuya consecución era necesaria una lucha permanente,

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desde el momento en que se procura nada menos que mantener a los “objetivos nacionales” a
cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales de toda índole, sea externa o interna,
también se concibe a las estrategias nacionales y a la planificación correspondiente a las mismas,
cubriendo los aspectos de seguridad y desarrollo como estrategias abarcadoras de todos los caracteres
de la sociedad y en todo momento y oportunidad, con lo que tales estrategias acábanse
por confundir con la política general del país.
Que estos principios guiaron a los mentores de la llamada “Revolución Argentina” y del
llamado “Proceso de Reorganización Nacional” es una verdad. También es verdad que las previsiones
precedentemente citadas se encuentran en el proyecto de “Régimen para la Defensa
Nacional” remitido a este Honorable Congreso por la anterior presidente constitucional, señora
María Estela Martínez de Perón. En definitiva, tal concepción, lejos de ser auténticamente nacional,
no constituye sino una adaptación vernácula de las doctrinas que, partiendo de la base
de la necesidad de una estrategia nacional en cada país para actuar en la guerra permanente y
total que se supone libraban los países del llamado mundo libre o mundo occidental contra el
bloque oriental, hubo de acuñar —como ya se dijo también acá— el National War College de los
Estados Unidos para ser enseñadas en Latinoamérica, como también lo fueron las concepciones
francesas de la contrainsurgencia —a las que tan bien se ha referido el señor diputado Zubiri el
jueves próximo pasado—, concepciones que pretendieron explicar las insurrecciones independentistas
en las colonias francesas sobre la base de la guerra revolucionaria comunista.
Es que sin negar la existencia evidente del conflicto Este-Oeste ni desconocer la evidente
acción y el lógico interés de las naciones del Este en obtener pronunciamientos en su favor de
naciones pertenecientes a la esfera de influencia de sus adversarios, tampoco puede negarse que
la militarización de la sociedad que siguió a la aplicación de las concepciones de la Seguridad
Nacional y de la contrainsurgencia no hizo sino favorecer tales movimientos insurreccionales.
Ello se debió a que al totalitarismo comunista no se opuso un verdadero adversario como es
la democracia, con su capacidad de dar vigencia a los derechos humanos y su contenido social.
Por el contrario, a esas ideologías se les opuso simplemente un totalitarismo de distinto signo.
De esa manera, las “doctrinas nacionales y las doctrinas estratégicas nacionales” acaban suplantando
a la política total del país, puesto que se supone existente el conflicto permanente y
total. Toda la acción de gobierno debe ser planificada en base a estrategias incluidas en el ámbito
de la Defensa Nacional y así la Defensa Nacional termina abarcando y rigiendo todos los aspectos
del país con criterios militares. El propio gobierno debe subordinarse a la “estrategia nacional”
y como ésta se basa en la existencia de un conflicto permanente, se acaba reeditando la tesis de
Erich von Ludendorff en cuanto a la necesidad de subordinar todo, inclusive al estadista, al conductor
militar de las operaciones.
De esta forma se acaba militarizando al país, al suponer que todas sus actividades, en todo
momento, incluidas las del propio gobierno, están subordinadas a las estrategias concebidas para
un conflicto total y permanente.
También se acaba desmilitarizando a las Fuerzas Armadas, que se ven en la obligación de
abarcar misiones totalmente ajenas a los fines específicos para los que fueron creadas, tales como
la represión interna y la elaboración de estrategias equivalentes a la política general del país y por
consiguiente susceptibles de reglar sus actividades en forma permanente y, finalmente, ocupar
todos los sectores importantes del gobierno a fin de poner en práctica su “estrategia nacional”.
Así, a lo de “estrategia nacional” y “doctrina estratégica nacional” el radicalismo opone el
concepto clásico de estrategia nacional, estrategia que se subordina al gobierno y que no pretende
regir a la sociedad sino exclusivamente prever las acciones que el país deberá tomar en caso de
ser agredido. Esta estrategia tiene como presupuesto de aplicación la existencia de un conflicto
provocado por una agresión exterior. La estrategia nacional cuya aplicación admite el proyecto
que estamos estudiando supone que el conflicto no es permanente y que, por consiguiente, existe
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el estado de paz. La concepción opuesta supone que todo es conflicto y, consiguientemente, que
la paz no existe.
Para el radicalismo, ciertamente, los conflictos son una realidad; negarlo sería una ingenuidad.
Pero, además, para el radicalismo existe la paz. Y si bien desde la paz es válido y útil planificar
para la posibilidad de la guerra o del conflicto, de manera de abarcar las acciones correspondientes
a todos los ámbitos, el proyecto en consideración sólo concibe la aplicación de tales
previsiones en caso de conflicto o de guerra, y no en épocas de normalidad. En cambio, si se
supone que el conflicto es permanente, las estrategias serán de aplicación también permanente.
De la suposición de que ese conflicto es permanente y total se desprende en línea directa la
supuesta necesidad de prever el conflicto interno. Sobre este aspecto característico de la doctrina
de la Seguridad Nacional se han efectuado ya suficientes referencias el jueves pasado y en el día
de hoy, por lo que evitaré seguir ocupándome de ello.
También se afirma que el proyecto es excesivamente presidencialista, sosteniéndose además
que el primer magistrado en soledad tendrá que decidir sobre proposiciones y alternativas que le
acercarán los órganos que habrá de crear la ley.
No se advierte la existencia de esa soledad en el despacho de la mayoría y eso ocurre por
la existencia del Gabinete de Defensa Nacional, constituido por el presidente de la Nación, el
vicepresidente y los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de
Economía, como también por “miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos
el presidente de la Nación considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieren de
tratarse”.
Desvanecida la soledad, entonces no cabe sino suponer que se objeta la circunstancia de que
sea el presidente de la Nación quien adopta todas las decisiones, y en ese orden de ideas se debe
concluir que se propone que decisiones como la hipótesis de conflicto y de guerra, adopción de la
estrategia, de planes y acciones, planeamiento de guerra, etcétera, sean tomadas por el Congreso.
En tal hipótesis cabe destacar que el proyecto de ley de defensa presentado por el Poder
Ejecutivo Nacional en momentos en que estaba a cargo de la señora María Estela Martínez de
Perón, muy lejos ciertamente de asignar tales funciones al Parlamento estableció la posibilidad
de ejercicio por parte del Comandante del Teatro de Operaciones de la totalidad del gobierno civil
del área comprendida, supuesto equivalente al de intervención federal y sin la aprobación del
Congreso, y la facultad para el presidente, de declarar “zona de emergencia” a parte o partes del
territorio nacional en el caso de conmoción interior, con atribución para el comandante de dicha
“zona de emergencia” de “dictar bandos y crear los tribunales militares correspondientes”, y
subordinando incluso “total o parcialmente las autoridades con jurisdicción dentro de la zona”.
Ello con una simple “comunicación” al Congreso y sin su conformidad.
También aquel proyecto daba facultad a los comandantes de tales zonas para disponer el
empleo de la fuerza “para reprimir, perseguir, o detener a los atacantes aun fuera de los límites
de las zonas militares”. El establecimiento en sí de las zonas militares quedaba asimismo a cargo
del Poder Ejecutivo.
No puede menos que llamar la atención la escasa coherencia puesta de manifiesto por el
justicialismo en cuanto a postular, cuando ejercía el gobierno, un desusado incremento de las
facultades del Poder Ejecutivo hasta el punto de someterle los derechos y garantías individuales,
mientras que ahora que es oposición pretende transformar el sistema presidencialista imperante
en la Argentina en un régimen parlamentario no adaptable en modo alguno a las normas
constitucionales.
Todas las leyes dictadas en el país en materia de Defensa Nacional, incluyendo la 13.234 dictada
por el gobierno justicialista, han dejado en manos del presidente de la Nación las decisiones
correspondientes al ámbito de la Defensa Nacional. Ello no deriva exclusivamente de la circunstancia
de ser tal temperamento el que mejor consulta la letra y el espíritu de la Constitución

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Nacional, sino que también encuentra su fundamento en el hecho de que se requieren decisiones
rápidas y terminantes que en modo alguno se compadecen con las características del accionar de
esta casa.
Resulta imposible, bueno es destacarlo, trasplantar instituciones propias de regímenes parlamentarios
a gobiernos de características presidencialistas.
En suma, con esto estamos desmintiendo a aquellos que nos acusaron de militaristas, pero
también podemos decir que estamos alegres, como decía hace un instante el señor diputado
Bisciotti, al venir a votar esta ley de Defensa Nacional.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable, Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.
Sr. Horta.—Es que, parafraseando a aquel autor popular, podemos decir que recordamos
aquellas instancias de nuestra época infantil, cuando jugábamos con soldaditos de plomo.
Podemos decir que “queremos que vuelva a bruñir el bronce” y “que se limpien las banderas”.
“Queremos una formación entera de soldados desfilando y a todo un pueblo cantando con renovada
pasión”. Queremos que tanto este proyecto de ley como el resto de los esfuerzos que
hacemos para integrar a la sociedad nacional sin exclusiones ni divisiones estén destinados a
que nunca más nos diferenciemos entre civiles y militares y a que todos juntos trabajemos como
argentinos, sin distingos de ninguna naturaleza. “Aunque no existan victorias”, “queremos de
nuevo el honor de ir del brazo de nuestro padre o de llevar del brazo a nuestro hijo a un desfile
para llorar con la gloria de una marcha militar” y agitar la Bandera Argentina ante el paso de un
ejército popular. (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Bordón González.—Señor presidente: en algunas de las exposiciones de los señores diputados
de la bancada oficialista se explicaron los supuestos y objetivos de este proyecto, deslizándose
a veces la idea de que algunos de esos supuestos y objetivos no son compartidos por
la doctrina, el sentir y el accionar político de los hombres de nuestro bloque justicialista. Creo
que no sólo hemos sido claros en nuestras opiniones sino también precisos, unívocos y estrictos
en nuestro lenguaje. Hace casi dos años tuvimos el honor de presentar un proyecto de ley de
Defensa Nacional cuya lista de autores encabezaba el diputado Cavallaro. Sí, señor presidente:
desde la bancada opositora planteamos el tema de una ley de Defensa Nacional porque sabíamos
que tal como había ocurrido durante nuestro gobierno entre los años 1945 y 1951, en esas
circunstancias ya estaban la posibilidad objetiva y la necesidad histórica de discutir una ley de
Defensa Nacional que garantizara nuestra filosofía y que definiera con precisión quiénes intervienen
en la conducción de la Defensa Nacional, con qué funciones, mandos y limitaciones, en
el marco de una doctrina nacional que contuviera una doctrina militar como parte subordinada.
Ahora parecería que ese proyecto de ley no hubiera tenido existencia, no sólo porque no
obtuvo aprobación en la comisión de Defensa sino porque ni siquiera fue mencionado entre los
antecedentes por el dictamen de mayoría que tenemos sobre nuestras bancas. Más allá de esta
circunstancia, la semana pasada vinimos a este recinto convencidos de que la unidad nacional no
es algo que se declama cuando nos conviene y que se deja de lado cuando la coyuntura electoral
no es apropiada. No vinimos meramente a criticar un proyecto o un despacho de la mayoría.
Vinimos a traer una alternativa con dos objetivos; y debemos confesarlo. El primer objetivo es
el de estar por encima de cualquier coyuntura electoral y partidaria; es la idea de estar al servicio
de una Nación cansada y desangrada, porque aquí no sólo están los muertos que no encontramos
y que la doctrina de la Seguridad Nacional ha condenado al anonimato. También están los
muertos que no nacieron. Y lo dijimos el primer día en nuestra primera intervención fuera del
reglamento, como nos lo hiciera notar correctamente la Presidencia. Dijimos que no alcanzaba
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con sancionarse al totalitarismo militar sino que debía también sancionarse al totalitarismo económico.
En esta economía desindustrializada y dependiente nuestros jóvenes no se pueden casar
y no pueden tener hijos. Cada día es mayor la deserción escolar, como también es mayor el número
de jóvenes que no tienen trabajo y sueñan con emigrar.
Planteamos esto porque el problema de la unidad nacional para nosotros, si realmente somos
justicialistas, estuvo, está y tendrá que estar por encima de las coyunturas políticas. Pero
queremos ser honestos en esta materia. Venimos con un proyecto alternativo de conjunto para
decir a nuestros colegas y a la Nación, que el justicialismo no es una alternancia coyuntural: es
un pensamiento nacional que reconoce un pasado antes de 1945, que reconoce una lucha de 40
años, y que está dispuesto a tener futuro en la República.
Me pareció oir a un señor diputado que dijo que esto será difícil; espero que no lo sea, porque
si lo es, no habrá futuro para la Nación.
Decía que venimos con un proyecto a decirle al país a los colegas que no queremos simplemente
la subordinación del poder militar al poder político por el solo hecho de poner en
penitencia a las Fuerzas Armadas que mal conducidas nos deshonraron y se deshonraron a sí
mismas. No venimos a ponerlas en penitencia; venimos a hacer efectiva una convicción doctrinaria
y política. Estamos convencidos de que la función de las Fuerzas Armadas está en ser parte
de la Nación y en tener su política, porque de lo contrario, las naciones tienen las políticas de las
cúpulas militares aliadas a las fuerzas del imperialismo.
Decimos esto porque coincidimos con lo exp1icitado por la bancada oficialista. ¿Cómo no va
a coincidir el peronismo con dejar sin efecto la doctrina de la Seguridad Nacional? ¿Cómo no va
a coincidir el peronismo con la subordinación del poder militar al poder político? ¿Cómo no va
a coincidir el peronismo en elaborar una nueva doctrina de la Defensa Nacional? ¿Cómo no va
a coincidir el peronismo en encuadrar la nueva ley dentro del marco jurídico de la Constitución
Nacional? ¿Cómo no vamos a coincidir si hemos sido las primeras víctimas de la doctrina de la
Seguridad Nacional después de 1956? Hemos subordinado el poder militar al poder político de la
Nación cuando tuvimos la conducción del país. Cómo no vamos a coincidir si desde 1944 —retomando
las enseñanzas parciales, pero enseñanzas del pasado— planteamos una nueva doctrina
de la Defensa Nacional. Y cómo no vamos a coincidir si para modificar la Constitución de 1853
—que considerábamos desactualizada por coyuntura pero también por ideología— agotamos
todas las instancias y cumplimos con todas las que ella prescribía para darle a la Nación una
nueva Constitución en 1949, vistiéndola con el traje acorde con la conciencia y el crecimiento
del pueblo.
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con esto si jamás en la historia política argentina hubo
un gobierno peronista que no surgiera de lo que prescribe con claridad la Constitución Nacional?
¿Quién puede decir lo mismo en la Argentina señor presidente?
Sr. Horta.—La Unión Cívica Radical, con el doctor Illia.
Sr. Manzano.—El peronismo estaba proscripto.
Sr. Bordón González.—No he querido ser proclive a referirme al pasado, pero la última exposición
me obliga, porque nuestra vocación de unidad nacional no significa debilidad en nuestra
identidad. Vamos a defender la unidad, pero si nos llaman al pasado vamos a recurrir a él.
Queremos que en este proyecto esté explicitado el objetivo de la Nación, porque debemos
confesar que no lo vemos plasmado en la doctrina radical, con la que sí compartimos una serie
de conceptos en el campo de la libertad, de la democracia, y algunos aspectos de la justicia social
como fin, pero no en cuanto a su construcción.
Quiero recordar, no por necrológico ni por vivir en el pasado, sino para dejar de manifiesto
que no venimos a plantear nada desde un punto de vista coyuntural, que el 10 de junio de 1944,
cuando hablaba del significado de la Defensa Nacional, el general Perón decía que “cualquier país
del mundo posee un objetivo político determinado y que los objetivos políticos de las naciones son una

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
consecuencia directa del sentir de sus pueblos y debemos recordar que éstos tienen ese instinto seguro,
que en la consideración de los grandes problemas los orienta siempre hacia lo que más les conviene.
“Las estadísticas y gobernantes únicamente las interpretan y las concretan en forma más o menos
explícita y ajustada. La verdadera sabiduría de los pueblos y el buen juicio de sus gobernantes consiste
frecuentemente en no fijarse un objetivo político desorbitado, que no guarde relación con la potencialidad
de la Nación; lo que en caso contrario lo obligaría a enfrentarse con un enemigo tan poderoso
que no sólo tendría que renunciar a sus aspiraciones, sino a perder parte de su patrimonio.”
Decía luego: “También es verdad que a las naciones les llegan en su historia horas cruciales, en las
que para defender su patrimonio o su honor deben sostener una lucha sin esperanzas de triunfo, porque
como nos lo enseñaron nuestros padres de la independencia, más vale morir que vivir esclavos”.
Lo que queremos dejar en claro cuando reivindicamos la subordinación militar a la soberanía
popular es que el único que tiene derecho a decir cuándo un objetivo es desorbitado o excesivo
y cuándo vale la pena morir a ser esclavo no es ningún estratega, ningún iluminado, ningún técnico,
sino el pueblo.
Esto lo venimos sosteniendo desde 1944, desde nuestra prehistoria política —si lo quieren
llamar así—, cuando enseñando a sus cadetes Perón señalaba que la guerra en la que intervino
Alemania durante el siglo pasado constituía un ejemplo claro y preciso. Decía Perón: “Bismarck
y Moltke, político y militar, se complementaron y sirvieron mutuamente. Así, por la acción del «canciller
de hierro», Moltke fue a los campos de batalla de las guerras de 1866 y 1870 a certificar los
éxitos conseguidos ya en el campo político por aquél. Las victorias obtenidas por Moltke permitieron
a Bismarck realizar su objetivo político: la unidad alemana”.
Ese mismo gran imperio, en 1914 dio muestras de haberse apartado de la senda señalada por
la Alemania del siglo XVIII. Separado Bismarck de la cancillería del imperio, la conducción política
cayó en manos menos hábiles. Llegamos a 1914, la situación política era desastrosa.
Alemania estaba rodeada de enemigos y sólo contaba con un débil aliado. Su ejército —decía
Perón—, el más poderoso del mundo, había caído derrotado porque la política no había sabido,
o no había podido, crearle las mejores condiciones para la lucha. A consecuencia de ello su poder
se estrella contra el mundo y su ejército cae vencido con su pueblo.
No quiero extenderme sobre este tema, pero voy a leer dos frases más para que quede en claro
la continuidad y la claridad doctrinaria del peronismo, porque esto no lo dijimos sólo en el pasado
sino que cuando Perón regresó en 1973, en lo que se denominó como lecciones para las Fuerzas
Armadas, recordó conceptos vertidos en la Primera Reunión de Presidentes de América realizada
en Panamá en 1956, luego de la caída del peronismo. Fue una reunión superficial en muchos aspectos
pero esencial en algunas frases, como las pronunciadas por el general Eisenhower, quien
en documentos privados —que hoy son públicos— consideraba al peronismo y a Perón como
los enemigos públicos número uno. Leeré esto para que quede en claro cuál ha sido la maniobra
ideológica, económica y política de la teoría de la Seguridad Nacional. Decía Eisenhower: “Como
una guerra internacional entre los países de Latinoamérica ya no será posible en el futuro porque no lo
permitirán las Naciones Unidas —esto para los que descreen del acuerdo de Yalta—; ni nosotros, que
es lo mismo, las fuerzas convencionales; ejército, marina y aviación —para que no hubiese error las
denominaba—, han perdido su razón de ser anterior. Pero como el comunismo es el enemigo que tenemos
en nuestros países, las Fuerzas Armadas desde ahora se ocuparán exclusivamente de combatirlo”.
Allí aparece a las claras la teoría de la Seguridad Nacional. Los peronistas jamás podemos caer
en esto porque es la adecuación neoliberal del concepto liberal histórico de la Defensa Nacional.
Para los liberales tradicionales era la teoría de las Fuerzas Armadas custodiando las fronteras.
En función de las necesidades de uno de los imperios —el otro también lo lleva a cabo con sus
modalidades— lo único que se hace aquí es correr hacia adentro las fronteras, llamémoslas ideológicas,
y condenar a las Fuerzas Armadas a internarse en esa inútil, desgastante y lamentable
tarea posterior.
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Luego de haber clarificado nuestra posición histórica con la cual convocamos a las Fuerzas
Armadas a compartir la política de la Nación, queremos señalar que no creemos en Fuerzas
Armadas supuestamente profesionalistas a las que les da lo mismo la injusticia que la justicia o la
dependencia que la soberanía, porque a la larga ésas son siempre las Fuerzas Armadas golpistas.
No vamos a aceptar que se nos diga que podemos estar en contra de uno solo de nuestros
objetivos y de nuestra práctica política de cuarenta años. Creemos que lo que buscan el oficialismo
y el bloque de la mayoría no lo van a conseguir con este proyecto que ha enviado el Poder
Ejecutivo. También tenemos dudas en cuanto al despacho que la mayoría ha presentado aquí en
forma solitaria.
Felicito a la comisión por haber modificado, por ejemplo en su artículo 2º, el proyecto original,
ya que éste no hacía ninguna diferenciación de fondo en la teoría de la Seguridad Nacional.
Solamente podemos hablar de Defensa Nacional cuando hay una agresión externa en situación
de confrontación militar. Ésto es algo que se repite en otra serie de artículos, pero dejaremos su
consideración para la discusión en particular.
Como bien decía el diputado Cavallaro, no vamos a diferenciarnos ni a discutir por el hecho
de que el oficialismo ha sacado una pata de la teoría de la Seguridad Nacional; vamos a trabajar
para ver si puede sacar las dos patas de allí adentro.
Entendemos —ésa es nuestra concepción— que para lograr una ley de Defensa Nacional
en la cual los objetivos explicitados, con los que no disentimos, se puedan efectivizar en una
norma legal, es necesario clarificar con absoluta precisión cuáles son los objetivos de la Defensa
Nacional. En ese sentido, con humildad pero con convicción, creemos que todo lo que decimos
en los diez primeros artículos constituye el compendio exacto, claro y transparente de lo que
debe ser la teoría o la doctrina de la Defensa Nacional y la absoluta diferenciación con la teoría
de la Seguridad Nacional, aunque hemos escuchado que todos coinciden en que hay problemas
de seguridad interior, pero éstos no deben encuadrarse en el marco de una teoría de la Defensa
Nacional.
Por otra parte, entendemos que el proyecto debe ser totalmente claro sobre cuáles son los
componentes del sistema y cuál es la relación interfuncional entre esos elementos para conformar
un verdadero sistema de Defensa Nacional. Si somos oscuros en esto, permitiremos que
el oficialismo maneje una casuística. Tienen fe en su presidente y tienen el derecho de hacerlo,
además, cuentan con el 52 por ciento de los votos para que ellos y todos los argentinos les crean.
Pero las leyes no se hacen para un presidente ni para una coyuntura sino para una Nación.
Si entramos en detalles podríamos comenzar a discutir el tema de la reforma militar. Nosotros
queremos que esta ley sea lo suficientemente clara y precisa en cuanto a los objetivos, a los elementos
y a la relación entre los componentes como para que por la vía de la reglamentación
presente o futura no se desvirtúe el anhelo del pueblo argentino, que Dios quiera sea el que hoy
expresamos nosotros. Tampoco queremos caer en el error de decir que hoy debemos reglamentar
la reforma militar, lo cual es necesario, porque de lo contrario, ¿cuál será el sentido futuro y
efectivo, entre otras cosas, de nuestra ley de Defensa Nacional? Pero así como no creemos que
hoy debamos hacer esa reforma, tampoco pensamos que es un problema exclusivo y específico
de las Fuerzas Armadas, porque sería retener con una mano la mitad del poder y entregarlo con
la otra para perderlo en forma absoluta. Debe ser el sistema de Defensa Nacional —lo reitero—
el que con objetivos y estructura claros, y mediante una relación entre los componentes, defina
las futuras leyes, decretos y reglamentaciones necesarias para que esta norma se cumpla. Es en
este punto donde vemos contradicciones y debilidades serias en el proyecto del Poder Ejecutivo,
debilidades que todavía están presentes en el dictamen solitario del bloque de la mayoría.
Nosotros decimos con toda claridad cuáles son los objetivos, y en el artículo 8º señalamos
con precisión quiénes integran el sistema de Defensa Nacional. A nuestro juicio tiene que estar
al frente el presidente de la Nación en su carácter de jefe supremo del país, de presidente

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
del Consejo de Defensa Nacional y de comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la
República. Nosotros no somos antipresidencialistas; creemos en el sistema constitucional, que
debe dar al presidente sus funciones sin transgredir las que corresponden al resto de la sociedad:
las de los poderes Legislativo y Judicial, y las de las organizaciones e instituciones del pueblo argentino
en su defensa integral.
Por eso decimos que el gabinete nacional también forma parte de ese sistema, constituido en
Consejo de Defensa Nacional, incluido el vicepresidente de la Nación. Nos alegramos de que en el
despacho se haya corregido el grave error del proyecto del Poder Ejecutivo, que planteaba una especie
de reunión cuasi informal del vicepresidente con algunos ministros; ahora observamos que se
encuentra incluido el presidente de la Nación y vemos también que hay una posibilidad de consejo.
Cuando, en tercer lugar, propiciamos que integre el sistema nacional de defensa el Congreso
de la Nación para el tratamiento de asuntos de defensa y permanentemente por medio de las comisiones
de Defensa de ambas Cámaras, lo hacemos porque no aceptamos la explicación de las
urgencias extraordinarias ni de las teorías de defensa que indican que para declarar la guerra no
hay que consultar al Parlamento, pues podríamos caer de nuevo en el grave error de Malvinas:
es verdad que hubo una maniobra por sorpresa con respecto al colonialismo e imperialismo
británicos, pero también es cierto que hubo algo más grave: los grandes sorprendidos fuimos los
argentinos, sus instituciones sociales y políticas, su aparato industrial y tecnológico y sus fuerzas
morales. Concurrimos a ese evento bélico con la causa más noble y más compartida que tenemos
los argentinos. Hubo allí una inevitable derrota que estuvo originada no sólo en los aspectos de
conducción de los soldados en esas islas sino que el error fue declarar una guerra a espaldas del
pueblo, con causa justa pero utilizando objetivos subalternos.
Sostenemos en nuestro proyecto que el Poder Judicial también forme parte integrante del
Sistema Nacional de Defensa, en la aplicación de leyes relacionadas directamente con el área de
la defensa, tanto en la paz como en la guerra y la posguerra.
Asimismo, propiciamos que el Ministerio de Defensa —que hemos creado los justicialistas—
integre el sistema para terminar con eso de que la defensa es una cuestión sólo de los militares.
También consideramos que las Fuerzas Armadas de la Nación —el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea— deben integrar el Sistema Nacional de Defensa.
Por último, señalamos algo que no está presente en el proyecto del Poder Ejecutivo ni en el
despacho que consideramos: proponemos que el pueblo de la Nación Argentina sea parte integrante
del Sistema Nacional de Defensa; que lo sea por medio de sus organizaciones intermedias,
con participación activa y pasiva en las cuestiones esenciales de la defensa, tanto durante la paz
como durante la guerra.
Aunque coincidamos con elementos objetivos que se han explicitado —y ello no es poco sino
sumamente importante—, no podemos aprobar en general el dictamen, pues su articulado deja
gravísimas y gravosas dudas hacia el futuro respecto de cómo estos objetivos expuestos y compartidos
pueden ser en la práctica efectivamente concretados por medio de la intervención de los
distintos poderes del Estado.
Para concluir, señalo que aquí se ha dicho que algunas ideas nuestras acerca de la agresión
permanente podrían ser juzgadas como la pretensión o consideración de un estado militarizado
constantemente. Aquí está la diferencia entre el pacifismo y el militarismo, y la propuesta de la
defensa integral que el justicialismo hace. Nosotros queremos la paz y siempre hemos luchado
por ella. En nuestra historia se cuenta haber devuelto los símbolos y las banderas obtenidos en
una guerra contra un país hermano, en una causa injusta, lo que en su momento nos valió la
crítica del liberalismo en sus distintas formas. Porque no queríamos la guerra civil, en el 55 preferimos
retirarnos. Nuestro conductor dijo que era un león herbívoro. ¡Cómo no vamos a querer
la paz si desde hace cuarenta años no bregamos por otra cosa que por ella, basada en la justicia,
la libertad, la independencia y la soberanía!
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Pero sabemos que no todos quieren la paz, y frente a las posibilidades permanentes de agresión
externa por parte de cualquier forma imperial conocemos que o nos militarizamos como
sociedad, creando fuerzas militares infinitas, profesionalizadas al estilo de las inglesas, o preparamos
las fuerzas morales, tecnológicas, industriales y políticas de la Nación, y en la reforma militar
nuestro potencial bélico, para que nuestro poder de disuasión militar y uno más importante
que éste, el político, nos libren de las guerras. Porque de lo contrario, en nombre del pacifismo,
condenaremos a la Argentina a la desaparición y a las guerras permanentes, a la muerte y la destrucción
de sus hijos y de sus sectores culturales y productivos.
Es en la paz y no en el militarismo donde nuestros hijos van a poder crecer tranquilos. Por eso
queremos al pueblo organizado en torno al sistema de defensa; porque queremos la paz, señor
presidente.
Lamento que un diputado preopinante haya traído elementos memoriosos de tiempos en
que las bandas de derecha e izquierda sometían al conjunto de la Nación a un caos y a este
Parlamento a la imposibilidad de existir. No pudimos entonces dictar una ley como ésta, ¿cómo
dictarla con las balas silbando sobre nuestras cabezas? Lo impedían las condiciones objetivas.
Pero, ¿quieren los señores diputados que tampoco la tengamos ahora? ¿Que nos sigamos
masacrando sobre los errores del pasado? En 1945 estaban dadas las condiciones y dimos esa ley;
hoy también las hay, y la estamos tratando. ¿O quieren que yo también recuerde? Voy a dar un
solo ejemplo, y es la primera vez que lo hago en dos años de diputado nacional. ¿Quieren que
recuerde que en 1949 nosotros modificamos la Constitución mediante los mecanismos que nos
otorgaba la de 1853 y en plena vigencia del sistema democrático, mientras que el resto de los
partidos políticos argentinos la derogó y modificó en 1957 mediante la proscripción de la fuerza
mayoritaria argentina? (Aplausos). No lo quiero recordar pero les pido que terminemos con esto,
porque tenemos mucha historia para desangrarnos y constituir el cebo de los imperialismos y de
los traidores a la patria que viven con nosotros.
Me voy a tomar sólo treinta segundos más, señor presidente, porque sé que se vence el término.
El proyecto propuesto por nuestra bancada incorpora algo fundamental e inédito; hablamos
de hipótesis de conflicto y confluencia porque sabemos que en un mundo que marcha
hacia el universalismo la única manera de conservar la soberanía sin subordinarse a los imperios
es esa hipótesis de confluencia. No estamos hablando simplemente de acuerdos entre ejércitos;
hablamos de la confluencia política entre los pueblos, de las confluencias tecnológicas, energéticas,
industriales, de la terrible y formidable fuerza de disuasión que América latina es capaz de
plantear a las potencias en pugna para ayudar desde aquí a la paz del mundo. Es decir, queremos
la soberanía al servicio de la humanidad y no de la guerra.
Éste es el aporte que vamos a dar y que expusimos hace más de un año en artículos periodísticos
tratando el tema del Beagle. Decíamos entonces que esa posición sólo era explicable si la
analizábamos en la hipótesis de confluencia y teniendo en cuenta a los enemigos de la patria y de
América latina.
Aquí no estamos defendiendo ni siquiera un proyecto. Quisiéramos que en este recinto, con
firmeza, pero con la humildad de hablar para que se nos escuche y esperar que hablen para que
los escuchemos, seamos capaces los argentinos de transitar hacia el futuro convencidos de que
estamos defendiendo una sola causa: la de la verdad. En esa única causa vamos a ser irreductibles.
Consideramos que las otras cuestiones, las personales, las hojas escritas, las partidarias y las
especulaciones para el 3 de noviembre son demasiado pequeñas frente a la causa de la verdad del
pueblo argentino. (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. González Pastor.—Señor presidente: esta Cámara debate hoy uno de los problemas que
estimo imprescindible que todos los grandes partidos nacionales tengan en sus programas.
Voy a ser breve porque entiendo que las exposiciones formuladas por los señores miembros

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informantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Nacional han sido muy
explícitas en las exégesis brillantes que han hecho del articulado de este proyecto de ley. Por lo
tanto, repetir conceptos ya vertidos es incurrir en reiteraciones de por sí inútiles y viciosas.
Como prólogo a mis palabras quiero señalar que el 30 de octubre de 1983 la unanimidad del
pueblo argentino afirmó un principio constitucional indubitable por encima de las divisiones
partidarias: ubicó en un claro plano de subordinación absoluta al poder militar respecto de los
poderes políticos creados por nuestra Constitución. Al lado del poder político de la República,
que encuentra su fuente en la soberanía popular, no hay espacio alguno que pueda ser cubierto
por factores de poder, como son las organizaciones intermedias de la sociedad moderna con sus
deformaciones patológicas.
Quiero ser breve porque mucho ya se ha dicho en este recinto, incluidas las palabras sumamente
versadas y llenas de enjundia del señor diputado Cavallaro, del justicialismo, con las debidas
discrepancias que mantenemos.
En una campaña desatada desde hace meses, desde que se anunciara el envío de este proyecto
de ley de Defensa Nacional por parte del Ejecutivo, se pretende presentar a la Unión Cívica
Radical y a su gobierno en una predisposición y animadversión espiritual contra las Fuerzas
Armadas.
Esto no es exacto, es injusto e importa el desconocimiento de la vocación constitucional del
radicalismo y de toda su historia.
Nacimos formalmente a la vida política del país en 1890 —más precisamente en 1891—, pero
surgimos de un movimiento cívico militar cuyo jefe político fuera Leandro Alem y el militar el
general Campos. Sin embargo, sustancialmente venimos de más atrás. Hundimos nuestras raíces
federales y democráticas en el pensamiento del fundador del federalismo democrático argentino:
el coronel Manuel Dorrego. Además, las revoluciones de 1890, 1893 y 1905 nos encontraron
junto a dignísimos militares. Por ejemplo, en la revolución de 1893 junto al capitán de navío
Gerardo Valotta, y en la de 1905 junto a los más tarde almirantes Juan Pablo Sáenz Valiente y
Tomás Zurueta; este último fue ministro de Marina del doctor Yrigoyen en su última presidencia.
Inclusive dignísimos militares honraron estas bancas y uno de ellos ocupó con honor el sitial
de la Presidencia; fue un hombre surgido de las filas del radicalismo: el coronel Ricardo Pereira
Rozas. Otros fueron mencionados con generosidad días pasados por el diputado Gurioli: los
coroneles Gregorio Pomar y Atilio Cattáneo. ¿Cómo podríamos tener nosotros animadversión
espiritual hacia las Fuerzas Armadas? Lo que no queremos y creo que quedó para siempre atrás es
el tiempo en que parecía que las interrupciones de la continuidad constitucional del país harían
permanente una nación de las Fuerzas Armadas. Hoy veremos que ellas han vuelto a su quicio
constitucional para ser las Fuerzas Armadas de la Nación.
Se ha manifestado que dejamos al país en un grado de indefensión. Esto no es exacto, porque
la defensa de un país está vinculada a la situación internacional que rodea su protagonismo
presente y podemos afirmar con orgullo que no hay, en este momento, fronteras calientes con
ningún país vecino. Avala este aserto el hecho de que cuando el radicalismo pudo, cuando la
economía dio, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear —esto se registra en la historiografía
militar— sancionó la ley de armamentos de 1924.
Tampoco es exacto que se deje desguarnecida a la seguridad interior. La estructura constitucional
está perfectamente elaborada para disponer, por medio de su artículo 23 —que regula el
Estado de sitio en caso de conmoción interior o de ataque exterior—, una defensa transitoria y
excepcional.
Por otro lado, el artículo 86, inciso 17, otorga dinamismo a las facultades conferidas al presidente
de la República como comandante en jefe de las fuerzas militares y le permite disponer
de ellas.
Como bien lo dijo el señor diputado Zubiri, nosotros no fuimos insurrectos, porque somos
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constitucionalistas. Los militares que he mencionado tampoco fueron insurrectos. Los insurrectos
fueron los generales Uriburu y Justo.
Hemos sufrido esas disposiciones que estructuraron un sistema de seguridad interna, pero
sobre esto ya no es necesario avanzar más. Se ha dicho mucho con respecto al articulado de este
proyecto de ley. Nosotros no vamos a creer con el corazón alegre —como dijo un ministro de
un rey de Francia— que la paz es eterna. La paz se asegura estructurando un buen sistema de
Defensa Nacional, pero la Defensa Nacional no se apoya en el pivote exclusivo y único de las
Fuerzas Armadas; las Fuerzas Armadas son el instrumento militar y la Defensa Nacional excede
el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y es parte o componente de una política global.
La democracia hará su mejor ley de defensa el día que América latina y la Argentina exhiban
una imagen seductora y creadora que asegure beneficios mínimos de seguridad y bienestar para
nuestro pueblo; pero para hacerlo en tiempo y en forma se deberá promover la transformación
de las estructuras económicas y sociales injustas y evitar que esas transformaciones deriven en
esquemas autocráticos que a la postre cercenen las libertades y la justicia.
Toda esta campaña en contra —en esto no involucro la opinión de los distinguidos señores
diputados de la oposición—, se origina en usinas nostálgicas del autocratismo militar detrás de
las cuales se ha enancado la defensa de intereses espurios de la oligarquía y del imperialismo.
Nosotros amamos la paz —dije— pero la amamos para vivirla en libertad y en justicia.
También sabemos que la paz se promueve estructurando un buen sistema de Defensa Nacional,
pero también queremos buscar con Alberdi al soldado de la paz; y eso es bueno.
Quiero finalizar estas palabras destinadas, más que a este recinto y a la opinión pública, a los
hombres de armas, diciendo que a la milicia se entra como un monje a su cartuja, con el designio
transparente de cumplir el deber supremo de defender a la patria y a la Constitución Nacional.
Termino mi exposición citando las emotivas palabras que en prosa maravillosamente apretada,
acuñara en un medallón biográfico sobre el Libertador un gran argentino, Octavio R.
Amadeo: “San Martín quería vencer por el convencimiento antes que por las armas. Dijo a sus soldados:
‘No venís a realizar conquistas sino a libertar pueblos. El tiempo de la fuerza y de la opresión
ha pasado’. No busca la gloria como Napoleón. Es un hombre de sacrificio y de deber. Por eso su obra
es más duradera que la del otro. Son dos antípodas. Pero la humanidad seguirá rindiendo homenaje
a esas dos categorías: en las horas de violencia, surgirá el culto de la fuerza y Napoleón será el héroe
excelso. Pero en la hora de la justicia y sobre todo en la hora de la justicia última, San Martín estará
en la cumbre, a la diestra de Dios”.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr. Corzo.—Señor presidente: mis consideraciones en torno a estos dos proyectos de ley de
Defensa Nacional, diferentes y diferenciados, que se han presentado en este recinto, habrán de
ser breves. Quiero señalar que comparto plenamente lo expuesto por mi compañero de bancada
el diputado Cavallaro y, como un modesto aporte personal, me limitaré a señalar mi pensamiento
desde el punto de vista de los trabajadores.
A los miembros de este Honorable Congreso nos corresponde la responsabilidad histórica de
decidir y definir un nuevo marco orgánico e institucional que integre en el concepto y práctica
del orden democrático, la función actuación de las Fuerzas Armadas de la Nación, con miras
a materializar el mandato constitucional de proveer a la defensa común y a la seguridad de la
República.
A este cometido convergen como dije, dos proyectos de ley: uno presentado por el oficialismo
y otro por el bloque justicialista. Sin duda encontraremos coincidencias y diferencias entre
ambos, pero lo que interesa resaltar es la necesidad de que aunemos criterios de racionalidad
para proveer a la institucionalización democrática de una preocupación que atañe por igual a
todos los sectores de la sociedad argentina. Me refiero a la defensa de la Nación y de sus instituciones,
libremente respaldada por el pueblo.

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Ya a mediados de la década del ‘40 el general Perón elaboró una genial doctrina mi1itar y
política cuando habló sobre el concepto de la Defensa Nacional, enfatizando la necesaria participación
del pueblo y de las organizaciones populares en la defensa de esta empresa común
que es construir la Nación sobre la base del perfeccionamiento de la convivencia social en una
comunidad organizada.
El proyecto presentado por el justicialismo no sólo respeta esta idea fundamental, sino que se
plantea como un acto revolucionario al actualizar la doctrina nacional en esta materia inspirada
en la revolución justicialista, pero con la generosidad que caracteriza a una visión nacional e integradora
de la comunidad en su conjunto.
Dicho proyecto acota debidamente las funciones que corresponden tanto a las Fuerzas
Armadas como a los órganos institucionales del gobierno en la realización de esa misión trascendente
y unificadora de la nacionalidad.
Para ello dibuja un escenario libre de contradicciones estériles entre el ciudadano de uniforme
y el civil, precisamente porque a ambos les corresponde una sola responsabilidad: la defensa
de la patria.
Se trata de un proyecto que nos devuelve el espíritu y la ética del ejército sanmartiniano,
que jamás confundió al enemigo y que cuando fue empujado por las circunstancias a tener que
tomar partido en una lucha fratricida, prefirió el ostracismo antes que desenvainar su sable para
enfrentar a sus hermanos.
Se trata de la recuperación de la Defensa Nacional como doctrina propia y dinámica, libre
de las contaminaciones y de otras teorías y prácticas que han pretendido impregnar el corazón
de nuestras instituciones armadas. Nuestro proyecto trasciende las formalidades de la ley para
asentarse como fundamento moral y ético de una nueva manera de concebir las relaciones entre
las Fuerzas Armadas y el pueblo argentino, para que nunca más nuestros hombres de uniforme
se vean constreñidos a tomar partido y a enfrentar las decisiones soberanas de quienes habitamos
este suelo.
En este contexto quiero agregar algunas precisiones. Como diputado de la Nación no puedo
desprenderme de mi condición de trabajador y de dirigente gremial. Por ello, desde la perspectiva
del trabajador y de hombre del pueblo, haré un aporte a la consideración de ambos proyectos
de ley sobre la materia de Defensa Nacional que hoy se debate.
Indudablemente, el proyecto del oficialismo habla mucho de las Fuerzas Armadas, siendo que
las mismas no son lo más importante para la Defensa Nacional. Por otra parte, ese proyecto no
dice nada de un elemento que sí es imprescindible para la defensa: el rol protagónico del pueblo.
Posiblemente, ello se deba a que la concepción radical en la materia se basa en el principio de la
disuasión militar en forma exclusiva, mientras que el proyecto presentado por el justicialismo si
bien reivindica la disuasión militar, da mayor prioridad al concepto de la disuasión popular, que
no es otra cosa que la resultante de la unión de todo el pueblo argentino sumando su esfuerzo en
la paz y, si fuera preciso, en la guerra, para el sostenimiento de las operaciones que se requieran.
En este sentido caracterizamos al proyecto oficial como un instrumento de neto corte elitista,
inspiración ésta que se cristaliza en un Gabinete de Defensa en el cual el trabajador no está representado.
¿Es que acaso los radicales piensan que en lo que atañe a la defensa de la Nación los
trabajadores no tienen nada que ver?
En un mundo de creciente interdependencia como el actual, sobre todo en el aspecto de las
relaciones económicas y más aún en el marco del proceso de expansión transnacional, el trabajador
es el primero que se ve impactado por decisiones que han sido tomadas en otras latitudes,
pero que modifican sensiblemente no sólo sus condiciones de trabajo y de vida sino también su
vinculación e inserción en el seno de la comunidad nacional. La canalización de un nuevo ordenamiento
socioeconómico influido por las empresas transnacionales afecta en forma directa al
trabajador, desde el punto de vista laboral, y muy particularmente a las organizaciones sindicales,
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que en reiteradas oportunidades en nuestro país han sido el blanco preferido de la represión más
feroz en virtud de designios extranacionales.
El proyecto oficial parece desconocer que son los trabajadores argentinos y sus organizaciones
los que pueden llevar adelante una acción efectiva contra eventuales países agresores,
en combinación y acuerdo con los trabajadores y organizaciones sindicales de nivel mundial y
regional, con quienes mantenemos vínculos y solidaridades mutuas.
En respuesta inequívoca a estas lagunas y carencias, los justicialistas proponemos una concepción
más amplia de la Defensa Nacional, con la formación de un consejo de Defensa Nacional,
donde estén incluidos todos los ministros, el vicepresidente de la Nación y los representantes de
las comisiones de Defensa de este Honorable Congreso de la Nación.
Concluyo proponiendo que no vayamos a una compulsa para determinar cuál de los dos
dictámenes —el de mayoría o el perteneciente al justicialismo— es el mejor, sino que por el
contrario tratemos de compatibilizarlos para obtener un instrumento completo que satisfaga las
necesidades y exigencias defensivas de la República, de hoy, del futuro inmediato. (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cornaglia.—Señor presidente, Honorable Cámara: en muchos aspectos hemos demostrado
en este debate espíritu de acercamiento entre las diferentes posiciones sobre el régimen de
la Defensa Nacional. Hay sin embargo un eje divisorio que tal acercamiento no puede superar.
En mi modesto concepto, esa diferencia central radica en el tema de la política de seguridad interior
y en el papel que las Fuerzas Armadas argentinas han de cumplir en el aseguramiento de la
seguridad interior en la Nación.
El tema de la seguridad interior se vinculó en la realidad argentina con la trágica y patológica
vivencia de la doctrina de la Seguridad Nacional a partir de la década del ‘60. No obstante, es
necesario considerar la influencia de esta doctrina a todo lo largo de la historia de nuestro país, y
en esto voy a diferir del concepto del señor presidente en cuanto al rescate de la realidad histórica
que ha de regirnos en el tema que consideramos. Voy a mirar este problema desde el enfoque
profundo de nuestra historia, en la que las Fuerzas Armadas argentinas tuvieron que ejercer políticas
tremendas y trágicas en la represión de conflictos internos en nuestra tierra.
Lo haré pensando en la concepción federalista, en la concepción de Dorrego, al que se hiciera
referencia en este recinto, cuyos partidarios sufrieron el peso de la represión de nuestros ejércitos
de línea en la época llamada de la organización nacional y que corresponde también, no por casualidad,
al centralismo porteño en el ejercicio de una política de falso liberalismo opresor, que
determinó, entre otras cosas, que cayeran hombres como el Chacho Peñaloza, a quien alguna vez
hombres del peronismo rescataron en un homenaje sentido. Digo esto para llamar la atención
sobre el hecho de que estas políticas, encuadradas ahora en un análisis puramente militar, como
políticas basadas en la doctrina de la Seguridad Nacional, ya habían sido aplicadas trágicamente
en nuestra tierra en la primera etapa de nuestra historia nacional, cuando los ejércitos de línea
fueron usados para reprimir en materia de política interior a los argentinos, viviendo nuestro
país desgarradoras horas de sangre.
Este fenómeno fue objeto del pensamiento de un hombre que analizó mejor que nadie este
país, el pensamiento de un hombre que imaginó la estructura social y jurídica de la Argentina
que hoy vivimos. Ese hombre fue el constitucionalista por excelencia: el doctor Juan Bautista
Alberdi. En un análisis concreto de lo que entonces no se llamaba la aplicación de la doctrina de
la Seguridad Nacional sino la guerra de policía, escribió páginas magníficas que explican, de una
manera provechosa incluso para el presente, el contenido institucional que en nuestra tierra debe
inspirar la fijación de límites a la acción de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno.
Caracterizando a la guerra de policía, Juan Bautista Alberdi dice: “La guerra de policía es una
invención que se ha hecho conocer en el Río de la Plata por un partido que pretende representar la
libertad, es decir, la antítesis de toda policía represiva y perseguidora. Su nombre es un contrasentido.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
“La guerra es un derecho internacional o de partidos interiores capaces de llegar a ser beligerantes.
Dar a la policía, rama subalterna de la administración de justicia criminal, el nombre de la
guerra, es dar a los ladrones y criminales privados el rango de beligerantes.
“¡Guerra de policía! Curioso barbarismo. La guerra es un proceder legitimado por el derecho de
gentes; es un proceso irregular en que cada combatiente es juez y parte, actor y reo. Sólo entonces cada
parte es beligerante, y sólo hay guerra entre beligerantes, es decir, entre Estados soberanos y reconocidos,
porque hacer la guerra lícita es practicar un acto de soberanía. Sólo el soberano legítimo puede
hacer legítima guerra. Dar el nombre de guerra al choque del juez con el reo ordinario es hacer del
ladrón común un beligerante, es decir, un soberano”.
Este enfoque de un liberal especial que muriera alejado y pobre, en una concepción de dignidad
de la vida del hombre argentino, rescatando el mejor federalismo, tiene plena vigencia hoy,
por lo que en este proyecto traemos un concepto de coherencia con su pensamiento sobre la
construcción de la sociedad y del orden jurídico. Lo hacemos en una etapa de reconstrucción del
orden democrático y aplicando un concepto civilista.
No tenemos miedo a que nos planteen que en esta situación existe una antinomia entre nuestra
concepción civil y una aparente lucha de un militarismo que nos enfrenta. No estamos en esa
antinomia. Nosotros estamos en el rescate totalizador de nuestra concepción de sociedad y de
Estado, con un concepto que viene desde las raíces mismas de lo que es el civilismo.
En la vieja Grecia se era civil cuando se era ciudadano. Se compartía la estructura del poder
democrático y se podía ser hombre de armas o no. Pero la civilidad tenía la conducción de la
construcción racional del poder de la representación. Ésta es la concepción que nos impulsa a
entender el civilismo como la forma de abarcar la sociedad y de enmarcar al militarismo en el
lugar que le puede corresponder.
Así fue como ideamos estos principios a lo largo de toda nuestra historia y aquí venimos a rescatar
este concepto; concepto que traemos a la discusión en el momento justo que corresponde
y no en forma impensada en medio de cualquier debate que podamos tener sobre estrategia y
táctica. Venimos simplemente a decidir qué papel queremos reservar a la institución armada en
la vida de la sociedad argentina, en el marco de la represión interna, cuando ella tenga que darse.
En este sentido, somos coherentes con el pensamiento de Alberdi y con su construcción
jurídica plasmada en la Constitución. Queremos que en nuestros propios conflictos internos
rijan la Constitución y el pensamiento de Alberdi, que repudió las guerras de policías de aquel
entonces; y estoy seguro de que él hubiese repudiado igualmente la aplicación de la doctrina de
la Seguridad Nacional.
Esta fue nuestra concepción a lo largo de toda la historia del radicalismo. Es la concepción
que empleamos en la construcción de un orden jurídico democrático que vamos logrando paso
a paso, marcando nuestra acción en cada área del poder a la cual podemos llegar.
Similar actitud adoptamos incluso en los foros internacionales. A mi lado se encuentra un
constitucionalista que, hablando ante el Comité Jurídico Internacional de la OEA, fijó posiciones
en torno a la doctrina de la Seguridad Nacional y marcó la misma actitud que fuera a determinar
nuestra posición de base para construir este tipo de normativa.
Decía el doctor Vanossi en un trabajo publicado el día 24 de mayo de 1985 en El Derecho: “En
momentos en que los regímenes de fuerza reculan en gran parte de América, parece oportuno asestar
un golpe mortal de impugnación jurídica a la citada doctrina, que con ella u otra denominación ha
sido de gran utilidad para las concepciones autoritarias, cualquiera sea el signo ideológico o los intereses
representados por éstas”. Esta posición no es aislada, sino que es el concepto general de este
bloque y el del gobierno en torno a este tema.
También rescato la vieja concepción acerca del papel de las Fuerzas Armadas en la vida institucional,
cuando Alberdi criticaba las guerras de policía como la forma en que se utilizaba por
el poder político a las Fuerzas Armadas para reprimir a los hermanos argentinos, estuvieran ellos
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equivocados o no, metiéndolas en la dura tarea del trabajo sucio, tras la imagen de que en esa
guerra se jugaba no sólo la situación de reprimir, sino de dar al reprimido la condición que él no
tenía.
En este debate y en función de caracterizar cuáles son los límites en que han de actuar las instituciones
de las Fuerzas Armadas en la vida interna de la sociedad, debemos considerar el peligro
de la vida moderna, por la circunstancia de que varios señores diputados opositores pusieron el
acento en la idea de que en nuestra realidad está latente una tercera guerra mundial.
Para algunos señores diputados que no compartieron nuestra propuesta, la necesidad de
prepararse para la guerra permanente, para la situación de tener que vivir en una sociedad
en estado de guerra, los lleva a fijar los límites en tomo a los cuales pueden actuar las Fuerzas
Armadas de un modo constante en nuestra sociedad. También en este aspecto nosotros hemos
sido coherentes.
Integramos un partido que representa al poder político mayoritario, que representa la idea de
la civilidad y el concepto de que lo normal en la sociedad que queremos es la paz y no la guerra,
y que construimos un orden jurídico sobre la base de los cimientos profundos del país, porque
la concepción de la guerra permanente aun en el pensamiento alberdiano ya era perseguida y
claramente demostrativa de las trampas que podía encerrar.
Voy a abusar de la atención de la Cámara con la lectura de una cita de Alberdi referida al tema
de la guerra permanente: “La guerra en Sudamérica, sea cual fuere su objeto y pretexto, la guerra
en sí misma es, por sus efectos reales y prácticos, la antirrevolución, la reacción, la vuelta a un estado
de cosas peor que el antiguo régimen colonial, es decir, un crimen de lesa América y lesa civilización.
“La guerra permanente cruza de este modo los objetos tenidos en mira por la revolución de
América, a saber: ella estorba la constitución de un gobierno patrio, pues su objeto constante es cabalmente
destruido tan pronto como existe con la mira de ejercerlo, y mantiene al país en anarquía,
es decir, en la peor guerra, la de todos contra todos.
“La guerra constituida en estado permanente y normal del país pone en ridículo la república,
hace de esta forma del gobierno el escarnio del mundo.
“En una palabra, la guerra civil o semicivil, que existe hoy en Sudamérica erigida en institución
permanente y manera normal de existir, es la antítesis y el reverso de la guerra de su independencia
y de su revolución contra España.
“Ella es tan baja por su objeto, tan desastrosa por sus efectos, tan retrógrada y embrutecedora
por sus secuencias necesarias como la guerra de la independencia fue grande, noble y gloriosa por sus
motivos, miras y resultados. Los héroes de la guerra civil son monstruos y abominables pigmeos, lejos
de ser rivales de Bolívar, de Sucre, de Belgrano y San Martín.”
Es necesario mantener esta concepción para valorar el criterio de participación de las Fuerzas
Armadas en las cuestiones concernientes a la seguridad motivadas por conflictos interiores.
El hecho de reconocer a priori que nuestra sociedad se encuentra en un estado de guerra larvada
no es coherente con el tipo de doctrina y con la composición mental con que los argentinos
estamos transformando nuestro país.
Una constante de la situación anterior —es decir, antes de que nuestro país se institucionalizara—
consistía en que nuestros actos, a veces a disgusto de nosotros mismos, nos eran impuestos
por la fuerza de los hechos.
Los argentinos estamos reconstruyendo un concepto de juridicidad y ello no implica una
mentalidad de corte puramente civil que llega a introducirse en la cuestión cerrada de la Defensa
Nacional y la estructura de las Fuerzas Armadas como un extraño se mete en aquellos planos en
los que no puede actuar. Este es un concepto totalizador de la vida en la Argentina.
En la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas el presidente de los argentinos asumió una
valiente actitud ante los hombres de armas del país, definiendo el momento y la hora actuales.
En esa oportunidad dijo: “Si se me pidiera que definiera en pocas palabras el componente clave del

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
proceso histórico que nos llevó a nuestro actual estado de postración, yo lo caracterizaría como una
progresiva pérdida de nuestro sentido de la juridicidad”.
Sí, señores; éste es el contenido de fondo de la estructura que estamos tratando de armar.
Estamos tratando de ubicar el papel de las Fuerzas Armadas dentro de un marco de juridicidad
y de estado de derecho. De esa forma daremos a los argentinos, equivocados o no, el tratamiento
que les corresponde en justicia y colocaremos a las fuerzas de seguridad de la Nación en el marco
de lo puramente justiciable, dentro del contexto de la división de poderes y con el contenido profundo
con que la Constitución Nacional, con sabiduría e inteligencia, ha marcado al sistema para
defender a la sociedad argentina. Lo haremos con una idea sistemática de defensa de la soberanía
nacional que parte de lo más profundo, de lo más cercano a los cimientos de nuestro tejido social.
No nos asusta la concepción de Nación en armas a que hacían referencia los amigos de la primera
bancada opositora. Esto ya lo sabían los hombres que fundaron nuestra sociedad: si es necesario
defender a la Nación cada hombre de esta tierra tiene el deber constitucional de tomar las armas
para defenderla. Pero si es necesario programar la forma de actuación de las instituciones, tenemos
que dar un marco jurídico correcto para que cada uno tenga el deber que le corresponde
dentro de la propia Constitución.
El proyecto ha sido coherente ya que en definitiva pretende afirmar esta idea de la civilidad
argentina que se lleva a cabo con esperanza y paz, en la seguridad de que por medio de este mecanismo
no nos estamos preparando para una guerra circunstancial sino para la construcción de
la nacionalidad. (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Zubiri.—Señor presidente: a lo largo de este extenso debate se han expuesto con claridad
—creo yo— distintas posiciones vinculadas con esta ley de Defensa Nacional que trata la Cámara
de Diputados de la Nación.
No resulta necesario que me refiera a todas las exposiciones de los señores diputados porque
muchos de ellos han coincidido en distintos aspectos vinculados con la cuestión en tratamiento.
Pero sí voy a rescatar algo que me parece fundamental, que son los principales cuestionamientos
que se hacen en torno de este proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.
No he de abundar en las consideraciones sobre la hipótesis de conflicto interno. A ello ya
me referí en mi primera intervención y también lo hicieron con claridad los distintos diputados
de esta bancada que hicieron uso de la palabra. Pero por si algo quedara todavía en duda,
simplemente voy a insistir en las prescripciones del inciso 17 del artículo 86 de la Constitución
Nacional, que establece que el presidente de la Nación puede disponer de las Fuerzas Armadas; de
modo que nadie debe temer que el país quede en un estado de indefensión ante la eventualidad
de cualquier rebrote subversivo. Por un lado tenemos la Constitución Nacional, pero también
están las fuerzas de seguridad de la Nación, a lo cual ya me referí al decir que Gendarmería tiene
14.000 hombres; Prefectura, 12.000, y la Policía Federal, 45.000. También dije que la subversión,
en su momento más culminante, no alcanzó a sobrepasar los 15.000 efectivos. Es decir que están
dadas todas las condiciones para hacer frente con éxito a una eventualidad de esta naturaleza.
Ésta es una parte de los cuestionamientos y creo que ya se ha contestado con amplitud que no es
conveniente ni necesario introducir en el articulado de la ley las hipótesis de conflicto interno.
Por otro lado se ha hecho otro tipo de críticas. Me voy a referir expresamente a las del señor
Cavallaro, que ha expuesto con sensatez y profundidad —como un verdadero conocedor
del tema que es— las insuficiencias que a su juicio padecería este proyecto del Poder Ejecutivo
Nacional. Yo creo que se trata de una mera cuestión de palabras. Entiendo que se trata de poner
mayor o menor énfasis, pero en definitiva los dos estamos diciendo prácticamente lo mismo. El
señor diputado Cavallaro dice que es un grave error que el artículo 2º no distinga la naturaleza
de la agresión. Ocurre que cuando hablamos de agresión nos referimos a un concepto técnico,
no a la idea vulgar que se tiene de ella y que está definida con precisión en la resolución 3.314 de
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las Naciones Unidas, de 1974. Asimismo, existe una definición anterior dada por la Conferencia
de Desarme de Londres de 1933.
La resolución de las Naciones Unidas establece qué es lo que debe entenderse por agresión.
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—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Zubiri.—La resolución 3.314 de las Naciones Unidas dice que es agresión la invasión y
el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado; el bombardeo de
las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado o el empleo de cualquier arma
por un Estado contra el territorio de otro Estado; el bloqueo de los puertos y de las costas de un
Estado por las Fuerzas Armadas de otro; el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra
las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, contra su flota mercante o aérea;
la utilización de Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentran en el territorio de otro Estado
con el acuerdo del Estado receptor en violación a las condiciones establecidas en el acuerdo o
toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo. Y prosigue
la resolución describiendo todos los tipos de agresión.
La expresión que se utiliza en el artículo 2º del despacho en consideración es omnicomprensiva
de cualquier tipo de agresión externa. No es que con ello sacamos un pie de la doctrina de la
Seguridad Nacional y dejamos el otro adentro; sacamos los dos porque se propicia “…garantizar
de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial
y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes, los intereses
nacionales y la plena vigencia del sistema democrático y constitucional”. En estas últimas
palabras queda definido cómo sacamos los pies de la doctrina de la Seguridad Nacional pues ésta
atenta contra la vida y la libertad de los habitantes, contra los intereses nacionales y fundamentalmente
contra la plena vigencia del sistema democrático y constitucional.
A mi juicio y con todo respeto por la concienzuda intervención del señor diputado Cavallaro,
creo que las diferencias que él ha señalado consisten simplemente en una cuestión de palabras, al
igual que cuando se dice que nuestro proyecto no contempla la integración de todos los aspectos
y componentes de la Nación en todo lo que se refiere a la Seguridad Nacional. Comienza el artículo
2º del dictamen diciendo: “La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de
todas —lo subrayo— las fuerzas morales y materiales de la Nación…” Es decir que todo lo que
se ha criticado está taxativamente contemplado en el articulado del dictamen en consideración.
Debo referirme también a la intervención del señor diputado Gurioli. Con toda honestidad
y respeto debo manifestar que no alcancé a comprenderla muy bien. Seguramente se deberá a
mis propias limitaciones sobre el tema y no a que el señor diputado haya sido confuso. Pero sí
comprendí muy bien la vuelta al pasado que hizo el señor diputado Gurioli, acompañado hace
apenas unos minutos por el señor diputado Bordón González con referencia a cuestiones que no
tienen absolutamente nada que ver con el tema de la Defensa Nacional. Lo que sí tiene que ver
con esta última es lo que señalaré a continuación. No quiero tener ojos en la nuca ni volver al
pasado como lo hicieron los señores diputados, aunque posiblemente sin ánimo de agredir —los
conozco y con toda seguridad pienso que ésa no ha sido su intención—; pero lo que sí tiene que
ver con la Defensa Nacional, es el 28 de junio de 1966. Ese día se comenzó a aplicar la doctrina de
la Seguridad Nacional, y yo les pido respetuosamente a los señores diputados Gurioli y Bordón
González que relean los diarios de esa fecha; seguramente van a encontrar muchos conocidos
entre quienes aplaudieron a Onganía. (Aplausos).
Es decir que del pasado todos tenemos cosas para imputarnos. Pero no se trata de esto, ni
hemos venido aquí a debatir ese tipo de cosas sino que nos hemos hecho presentes en este recinto
para tratar el sistema de la Defensa Nacional.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Admito y reconozco que el proyecto alternativo formulado por la bancada justicialista es valioso.
De él podrían rescatarse infinidad de conceptos que son similares a los contenidos en nuestro
dictamen; por ello digo que no difiere fundamentalmente del texto que hoy vamos a votar.
Pero lo que lamento es que este proyecto haya sido traído el día en que se iniciaron las deliberaciones,
ya que ni siquiera hubo en la Comisión de Defensa Nacional un dictamen de minoría. De
haberlo conocido antes quizás hubiera sido posible la compatibilización entre ambos proyectos.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.
Sr. Zubiri.—De lo demás, señor presidente, es preferible no acordarse, porque se trata —lo
digo también con todo respeto— de especulaciones de tipo político. ¿Qué es esto de la supresión
del servicio militar obligatorio, al que ni siquiera se lo llama así, y se proyecta reemplazarlo por
un servicio civil reglamentado por una ley que no se sabe cómo, cuándo ni dónde se va a dictar?
Se trata de una mera especulación con miras al 3 de noviembre. No voy entonces a entrar a considerar
ésto, ni caer en el jueguito o el cuento del burro y la zanahoria. Derogamos la doctrina
de la Seguridad Nacional; aseguramos la subordinación del poder militar al poder político y el
accionar conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero no alcanza; ahora la zanahoria es el servicio
militar obligatorio. Quince años gobernó el justicialismo este país y nunca vi ningún proyecto
de supresión del servicio militar obligatorio; es decir que se trata de especulaciones de otro tipo.
Se ha cuestionado también la falta de participación del Parlamento en las decisiones fundamentales;
pero se ha contestado con precisión que éste es un sistema presidencialista, y que la
presencia del vicepresidente de la República en el Gabinete de Defensa Nacional asegura el nexo
con el Parlamento argentino.
Otro de los cuestionamientos está referido a la tarea que cumplen los servicios de informaciones
de las Fuerzas Armadas, y también sobre esto se ha hecho todo tipo de especulaciones sin
reparar, tal vez, en el párrafo agregado en el artículo 8º —producto del trabajo de la Comisión
de Defensa— en el sentido de que ninguna de las cuestiones relativas a la política interna del país
podrá constituir, en ningún caso, hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militar. El
diputado Melón recordaba todos los demás servicios que existen, pero debemos aclararle que
ellos no son materia de tratamiento por esta ley. Lo que hemos querido significar es que los servicios
de inteligencia de las Fuerzas Armadas deben brindar inteligencia para la defensa del país
y no inmiscuirse en cuestiones de política interna.
Con esto creemos dejar contestado todo lo atinente a esta cuestión. Hemos explicado con claridad
por qué no incluimos la hipótesis de conflicto interno en el texto de la ley. También hemos
dicho que los conceptos del proyecto alternativo están contenidos en nuestro proyecto, ya que sólo
encontramos diferencias de palabras. En cuanto a lo demás, entendemos que son especulaciones
de tipo político que yo comprendo, porque los plazos se acortan y el 3 de noviembre está cerca.
En consecuencia, sólo me resta pedir a esta Honorable Cámara el voto favorable para este
proyecto, a fin de asegurar el sistema de la Defensa Nacional y de dar al país una ley de Defensa
Nacional que inserte definitivamente a las Fuerzas Armadas de la Nación en el esquema jurídico
institucional de la República. (Aplausos).
Sr. Cavallaro.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Debo verificar si reglamentariamente puede hacer uso de la palabra
dos veces.
Sr. Cavallaro.—He sido aludido.
Sr. Presidente (Pugliese).—Entonces le daría la palabra para formular una aclaración.
Sr. Cavallaro.—Soy el miembro informante del bloque justicialista y creo que tengo derecho
a la réplica.
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21 de agosto de 1985
Sr. Presidente (Pugliese).—Si habló en nombre del bloque justicialista, por supuesto que sí.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: he escuchado con suma atención las reflexiones que ha formulado
el señor diputado Zubiri, algunas exactas en su contenido y en su dimensión, pero otras
sumamente fuera del contexto de alto nivel que habíamos convenido entre los diversos bloques
que componen esta Cámara para llevar adelante la discusión y el tratamiento de un proyecto de
tanta trascendencia como es éste de Defensa Nacional.
Personalmente me siento dolido cuando el señor diputado Zubiri dice que la supresión del
servicio militar obligatorio es una mera fórmula para el próximo 3 de noviembre, cuando ésa es
la bandera que agitó la Unión Cívica Radical en la campaña electoral que culminó el 30 de octubre
de 1983, al decir que lo primero que se iba a hacer era suprimir el servicio militar obligatorio
para que nuestros jóvenes no fueran a morir como ocurrió en el conflicto de las islas Malvinas.
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Cavallaro.—Eso es verdad, y se los traigo a la memoria honestamente, sin querer entrar
en un debate político sobre lo que dijeron.
542
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia ruega a los señores diputados que no interrumpan
al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Nosotros proponemos suprimir el servicio militar obligatorio y reemplazarlo
por la instrucción militar, que no es la instrucción civil. Será un período de instrucción militar
que va a surgir de una ley que deberá tratarse en el Congreso de la Nación y que va a determinar
en qué forma, cuándo y con qué se va a cumplir esa instrucción militar. Sin embargo, podría adelantar
que uno de los principios básicos que debería contener esa ley es que la instrucción militar,
si bien tendría que ser de cumplimiento obligatorio para todos los varones y mujeres del país,
también debería cumplirse en un período equis de años, durante quince, veinte o treinta días por
año, para que no se termine utilizando a nuestros soldados en un solo año perdido, durante el
cual lo único que hacen es aprender a tirar y a barrer un cuartel.
Sr. Horta.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Cavallaro.—No, señor diputado.
El proyecto de alternativa que ha presentado el justicialismo no implica meras diferencias de
palabras. Nuestra iniciativa contiene principios fundamentales que atañen a la Defensa Nacional
y que no son contemplados en el proyecto que estamos considerando y sobre todo en el que enviara
en primer instancia el Poder Ejecutivo.
La instrumentación del sistema de la Defensa Nacional, de sus componentes, de su estructura
y de la funcionalidad de la Defensa Nacional no están contemplados en ningún artículo del
proyecto oficial.
Nosotros sostenemos, sin lugar a dudas y sin jactancia, que en los órdenes filosófico y sustancial
nuestro proyecto supera enormemente al que estamos debatiendo.
Con respecto a la agresión de que habla el artículo 2º y respecto de la cual el diputado Zubiri
contestó a nuestra inquietud en el alto tono convenido, quiero significar que también se cometen
agresiones sin necesidad de bombardear ni invadir un territorio con Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, quisiéramos que en base a la supresión y rechazo del plan de la doctrina de la
Seguridad Nacional se diga expresamente que la agresión debe ser militar. Esto lo vamos a proponer
cuando entremos en el debate en particular.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Quizá el diputado Zubiri no entendió el sentido y el mensaje de mi alocución, porque cuando
dije que todas las Fuerzas Armadas de la Nación deben estar comprometidas en la Defensa
Nacional hasta la última energía que ellas posean, lo único que hice fue ratificar lo que sostiene
el artículo 2º del proyecto radical que está contenido en los artículos 2º y 3º del nuestro. Por lo
tanto, coincidimos en que todas las Fuerzas Armadas de la Nación deben estar empeñadas en el
concepto de la Defensa Nacional y en que toda la Defensa Nacional debe significar la Nación en
armas.
Tengo mis grandes dudas con respecto a lo que manifestó el señor diputado Zubiri de que
nuestro proyecto ni siquiera fue considerado porque no hubo dictamen de minoría. Nosotros
presentamos nuestro proyecto, que en sus líneas sustanciales es igual al que ahora traemos como
alternativo, salvo la modificación de tres o cuatro artículos.
Sr. Zubiri.—¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Cavallaro.—Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr. Zubiri.—Señor presidente: es cierto lo que dice el señor diputado Cavallaro. Es verdad
que en 1984 presentó un proyecto sobre el tema junto con el señor diputado Ibáñez y otros señores
diputados. Lo que le quisiera preguntar es si dentro de las modificaciones o de los cambios
que efectuaron está lo relativo al servicio militar obligatorio, porque en el proyecto que ustedes
presentaron en 1984 se establecía el servicio militar obligatorio, o sea que han cambiado de opinión.
Esto es lo que deseo que me conteste.
Sr. Bordón González.—Nos estamos renovando, señor diputado.
Sr. Zubiri.—Han evolucionado.
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre
Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: continúo con mi exposición no para contestar al señor
diputado Zubiri en forma especial sino para aclarar a la Honorable Cámara cuál fue el trámite
de nuestro proyecto.
El 14 de mayo de 1984 presentamos un proyecto, que fue el del Partido Justicialista, los
111 diputados que integramos esta bancada y que en aquel entonces integrábamos el bloque
justicialista de diputados de la Nación. Ese proyecto durmió el sueño eterno y nunca pudo ser
considerado.
Es verdad que no contenía la instrucción militar y sí el servicio militar —esto lo aclaré en
mi exposición anterior— pero también lo es que lo presentamos como material de trabajo para
dar el gran debate nacional y que lo remitimos a las instituciones de todo orden y a las personas
especializadas en el tema para que nos hicieran llegar sus opiniones y lo enriquecieran.
Entonces le fuimos haciendo modificaciones, entre ellas el reemplazo del servicio militar
obligatorio por la instrucción militar, en virtud de lo que sostiene la doctrina actual en lo que
hace a las Fuerzas Armadas de un país.
A ese respecto, conviene señalar que existen cuatro doctrinas. La primera es la evidenciada
por el tipo de ejército que mantiene Suiza. La segunda es la del ejército mixto, como en nuestro
caso, con un cuadro de oficiales y una tropa integrada por soldados conscriptos. Luego están los
tipos de ejército voluntario y mercenario. Es por eso que nosotros introducimos, además del
concepto de la instrucción militar, el del voluntarismo, que implicaría a aquellos que quieran
entrar al ejército en forma voluntaria no para cumplir con el servicio militar sino para integrarse
a las Fuerzas Armadas de la República.
Este proyecto estuvo retenido durante prácticamente un año y medio, sin ser ni siquiera considerado.
Cuantas veces planteamos su consideración, se nos respondió que todavía no se había
dado la oportunidad de discutir un proyecto de semejante naturaleza.
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Sr. Horta.—¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Sr. Cavallaro.—No, señor diputado, porque el tiempo se me agota.
Sr. Horta.—Se trata de una muy breve aclaración.
Sr. Cavallaro.—En ese caso solicito que la Presidencia me informe cuánto tiempo me resta
para concluir mi exposición.
Sr. Presidente (Pugliese).—La restan 19 minutos, señor diputado.
Sr. Cavallaro.—Siendo así, concedo la interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una breve interrupción tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Horta.—Para ilustrar mejor a la Honorable Cámara, deseo aclarar que el proyecto presentado
por el diputado preopinante y otros miembros de la bancada justicialista —entre ellos
quien era en ese momento el presidente de ese bloque unificado— no fue considerado porque se
nos solicitó el no tratamiento del mismo y que solamente fuera tomado como un instrumento
de trabajo a partir del momento en que nos llegara un proyecto del Ejecutivo, que sería el que en
definitiva iba a considerar la Cámara.
Por lo menos, de ese tenor fueron las conversaciones mantenidas con distinguidos miembros
de la comisión de Defensa integrantes del bloque justicialista.
Sr. Presidente (Pugliese).—Sigue en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—A pesar de ser miembro permanente de la comisión de Defensa, aclaro que
ésta es la primera vez que tomo conocimiento de que, cuando yo solicitaba que se considerara
mi proyecto, otros diputados de mi bancada se manifestaban en el sentido que acaba de exponer
el diputado Horta.
Solicito que ese diputado me suministre los nombres de los integrantes de mi bloque que en
aquel momento opinaban que el proyecto no fuera considerado.
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia ruega al señor diputado que continúe su exposición
en el elevado tono al que todos los bloques se han comprometido.
Sr. Cavallaro.—Parecería entonces que este aspecto de la cuestión ha quedado sin fundamento.
Sr. Presidente (Pugliese).—Puede ser, señor diputado.
Sr. Cavallaro.—Cuando la comisión comenzó con el análisis del proyecto remitido por el
Poder Ejecutivo, solicité expresamente que se lo analizara juntamente con la ley 16.970 en vigencia
y con el proyecto justicialista. Se hicieron todos los estudios relevantes, menos el de éste último.
No quiero hacer hincapié en ciertas cuestiones, pero sí dejar sentado que nuestro proyecto
era conocido por la bancada de la Unión Cívica Radical, con la que mantenemos coincidencias
pero también profundas disidencias. Por ejemplo, en lo relativo a la integración del Consejo
de Defensa Nacional, seguimos sosteniendo que el Congreso de la Nación debe estar representado
por un legislador integrante de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras, a título de
representante del pueblo y de este Parlamento. Además, dicho Consejo debe estar integrado
por todos los miembros del gabinete nacional, ya que todos son partícipes en lo que hace a la
Defensa Nacional. Se trata de una diferencia sustancial, porque a la Defensa Nacional tanto la
hacen la salud pública, como las comunicaciones, como la órbita del Ministerio del Interior o el
de Educación.
Sostenemos también perfectamente en los artículos 25 y 26 el problema de la inteligencia,
separando a la inteligencia interior, o sea al nivel estratégico nacional, que debe estar a cargo de
la SIDE —es decir, directamente de la Presidencia de la Nación—, del nivel estratégico militar
y operacional, donde sí pueden formar un organismo conjunto los servicios de las tres Fuerzas
Armadas a los efectos de que con fines militares se hagan la inteligencia y la contrainteligencia
dentro y fuera del país.
Es un principio fundamental. Estas diferencias las vamos a marcar cuando efectuemos la
consideración en particular del proyecto.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Pugliese).—Precisamente es lo que pensaba señalar al señor diputado.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: dejo planteada así la posición del bloque justicialista,
frente a un tema que debe ser la expresión máxima de toda la ciudadanía en lo que a sanción de
una ley se refiere. Debe ser también la expresión máxima de la Nación, mediante los organismos
institucionales, y en ese sentido debe ser debatido con todo el respeto y el alto nivel que merece
la consideración de nuestros ciudadanos.
Sr. Bordón González.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿A qué efectos solicita la palabra, señor diputado?
Sr. Bordón González.—Simplemente, señor presidente, para hacer una aclaración, porque
he tenido el gusto de escuchar mi apellido en las palabras del señor diputado Zubiri.
Sr. Presidente (Pugliese).—Eso no es suficiente para hacer un discurso sino para contestar a
la alusión.
Sr. Bordón González.—Precisamente, señor presidente, es lo que voy a hacer: voy a contestar
la alusión y no voy a hacer un discurso.
Lo que ocurrió fue que facilité mi proyecto de ley a los taquígrafos, por lo que recién pude
conseguir el texto.
Cuando el señor diputado Zubiri nos aludió a varios diputados, hizo una leve conexión —no
voy a caracterizar su intencionalidad, pero sí quiero que quede aclarado en nombre de nuestra
bancada— entre nuestra posición y la teoría de la Seguridad Nacional.
Sr. Presidente (Pugliese).—El señor diputado se está apartando del sentido por el que ha
pedido la palabra y está dando una respuesta. Todos los diputados efectúan alusiones a discursos
anteriores, pero lo que debe hacer es simplemente remitirse a aclarar la alusión, en tanto y en
cuanto se sienta afectado. El reglamento no le permite que haga un discurso con tal motivo.
Sr. Bordón González.—Mi propósito, señor presidente, no es el de transgredir el reglamento
ni tampoco el de complicar la sesión.
Sr. Presidente (Pugliese).—No la complica, señor diputado.
Sr. Bordón González.—No quiero mantener una discusión reglamentaria. Acepto su opinión
como presidente y me reservo el derecho para efectuar la aclaración durante la consideración
en particular.
De todas maneras, creo que personalmente me han conectado con la teoría de la Seguridad
Nacional.
Sr. Presidente (Pugliese).—Si usted piensa que ha sido afectado personalmente, puede hacer
uso de la palabra, pero me da la impresión de que el tema será considerado durante el debate en
particular.
Sr. Bordón González.—Señor presidente: es un problema general y no particular.
Sr. Presidente (Pugliese).—Si lo afecta personalmente, puede hacer una aclaración en ese
sentido.
Sr. Bordón González.—Señor presidente: me afecta personalmente que se haya conectado
a mi persona con la teoría de la Seguridad Nacional, porque he firmado un proyecto que está
en las bancas, cuyo artículo 4º dice con toda claridad: “Para dilucidar las cuestiones atinentes a
la Defensa Nacional se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que
separa a ésta de la seguridad, y en particular su incompatibilidad con los postulados de la llamada
doctrina de la Seguridad Nacional”.
Sr. Zubiri.—Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Zubiri.—En ningún momento vinculé al señor diputado Bordón González con la doctrina
de la Seguridad Nacional. La vinculé con una fecha: el 28 de junio de 1966; no con el diputado
Bordón González personalmente.
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Sr. Presidente (Pugliese).—Habiéndose agotado la lista de oradores, se va a votar en general
el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales en el proyecto
de ley de Defensa Nacional.
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—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferré.—Señor presidente: quisiera proponer la supresión de la última parte del artículo
1º, que dice: “…y, por lo tanto, ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en detrimento
del texto constitucional, de su espíritu y fines ni del sistema de gobierno representativo, republicano.
y federal, adoptado por la Nación Argentina”.
El fundamento de la supresión es que parece obvio que ninguna ley sancionada por este
Congreso puede llevar implícita la voluntad de violar alguna disposición de la Carta Magna o de
ir en contra del sistema representativo, republicano y federal. Dado que resulta innecesaria la inclusión
de esta prescripción en la primera parte de una ley nacional, su presencia en el texto legal
sólo podría entenderse como una suspicacia acerca de la constitucionalidad de las demás normas
que contiene. Es decir, si existen algunos elementos en el proyecto de dudosa constitucionalidad,
sería preferible modificarlos; y si no existen, no comencemos por dar un bill de indemnidad a
algo que es constitucional. Esta es la observación que presento a la comisión.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Acepta la comisión la propuesta presentada por el señor diputado
por Buenos Aires?
Sr. Zubiri.—No, señor presidente, por las razones que dará el presidente de la comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Vanossi.—Vamos a mantener el texto tal cual figura en el despacho por el siguiente fundamento.
La cláusula a la que se ha referido el señor diputado Ferré tiene un sentido muy claro y no es
redundante. Está dirigida a las autoridades de aplicación de esta ley, ya que en definitiva van a
ser las autoridades ejecutivas y los órganos administrativos los que pondrán en funcionamiento
sus disposiciones.
Por otra parte, la aplicación de la ley podrá referirse en algunos casos a aspectos atinentes a
los derechos subjetivos de los particulares, como en el supuesto de las requisiciones que en determinadas
circunstancias pueden producirse y que deben ser siempre ejecutadas a tenor y a la luz
de los límites que expresamente fija la Constitución Nacional.
Si el argumento de mi distinguido colega, diputado Ferré, fuera exacto, en realidad tendríamos
que omitir todo el articulado porque esta ley se caracteriza por ser una norma de directa
implementación de cláusulas constitucionales. La Constitución es muy cuidadosa en materia de
defensa, como lo dice este mismo artículo 1º que cita una parte del Preámbulo. Hace un reparto
de competencias entre los órganos ejecutivo y legislativo con mucha claridad. Si tuviéramos que
suprimir esta cláusula, por las mismas razones tendríamos que suprimir todo el articulado porque
la Constitución es la primera ley de defensa que podemos ofrecer desde el punto de vista de
la soberanía al pueblo argentino.
Por estas razones, votaremos el artículo tal cual fuera redactado originariamente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: vamos a proponer una nueva redacción para el artículo 1º,
que casi es coincidente con la primera parte del proyecto del oficialismo. Dice así: “La presente
ley establece las bases fundamentales jurídicas, orgánicas y funcionales, para la implantación de un
sistema de Defensa Nacional que sirva a las necesidades de la Nación, basado en el régimen representativo,
republicano, federal y social”.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Podrá observarse que suprimimos la segunda parte porque, como bien dijera el diputado
Vanossi, está implícita en la Constitución, que en última instancia es la primera ley de defensa de
la soberanía política, popular y militar de la República Argentina.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿La comisión acepta?
Sr. Zubiri.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 1º tal cual fuera redactado por la comisión.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 2º.
Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.
Sra. Falcioni de Bravo.—Señor presidente: el Partido Bloquista de San Juan y el Movimiento
Popular Jujeño proponen una modificación a la redacción del artículo 2º, teniendo en cuenta
que el proyecto oficial se refiere al enfrentamiento de las agresiones de origen externo.
Proponemos sustituir las palabras “…para enfrentar las agresiones de origen externo” por las
siguientes: “…para enfrentar cualquier forma de agresión, la que una vez producida será calificada
como tal por el Poder Ejecutivo ad referéndum del Congreso.” El resto del artículo quedada exactamente
igual.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Acepta la comisión?
Sr. Zubiri.—Por los argumentos reiteradamente expuestos en cuanto a la doctrina de la
Seguridad Nacional, la comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: sobre la base del proyecto alternativo oportunamente presentado,
vaya proponer que sus artículos 2º, 3º, 4º y 5º sean considerados como una unidad,
puesto que el 2º define conceptualmente la Defensa Nacional, el 3º da una definición política
de la Defensa Nacional, el 4º indica a qué normas hay que atenerse para dilucidar las diversas
cuestiones que se plantean y rechaza la doctrina de la Seguridad Nacional, y el 5º explica qué es
un ataque bélico.
Por lo tanto, vamos a proponer que el artículo 2º en consideración contenga el sentido lato
de la Defensa Nacional, diciendo: “La Defensa Nacional abarca todas las actividades que se adopten
en la Nación bajo la conducción de las autoridades constitucionales para la solución de aquellos
conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva contra el
enemigo externo potencial o real”. Con esta concepción creemos rechazar de plano la doctrina de
la Seguridad Nacional.
Sr. Presidente (Pugliese).—Quisiera que nos pusiéramos de acuerdo e invoco para ello la
intervención del señor diputado González Cabañas.
Cuando días pasados se planteó el problema de la lectura del proyecto alternativo, apliqué
correctamente el artículo 135 del Reglamento.
Ahora debemos proceder de igual modo, y el artículo 137 determina: “Si el proyecto de la
comisión o el de la minoría, en su caso, fuese rechazado o retirado, la Cámara decidirá respecto
de cada uno de los nuevos proyectos si han de entrar inmediatamente en discusión; en caso negativo,
pasarán a comisión”.
De manera que de una forma directa o indirecta no podemos tratar dicho proyecto. Lo que
puede solicitarse es la modificación del artículo 2º, pero no dar lectura a los artículos tal como
están redactados en el proyecto alternativo, porque es una forma de ingresarlo clandestinamente.
Sr. González Cabañas.—En este caso coincido, señor presidente, porque en el tratamiento
en general se había omitido la aplicación de los artículos 136 y 137 a efectos de no reincidir en la
discusión artículo por artículo. A mi criterio lo que habría que discutir son aquellos artículos que
puntualmente han sido rechazados.
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Sr. Presidente (Pugliese).—Si el proyecto de la mayoría fuera rechazado, la Cámara tendría
que decidir acerca del ingreso del nuevo proyecto; pero esto es algo que no puede hacerse por
vía indirecta. En este sentido creo que me ajusto correctamente a lo que establece el reglamento.
Lo que el señor diputado Cavallaro propone no es una modificación al artículo 2º del dictamen
de la mayoría, sino una iniciativa alternativa que tiene derecho a ingresar a la Cámara, pero
que no puede ser tratada por ella sino bajo determinadas condiciones. Así lo establece el artículo
136 del reglamento. Por su parte, el artículo 137 contempla la posibilidad de que otros proyectos
sean considerados en caso de que la Cámara rechazare el presentado por la mayoría. Hasta ahora
tal circunstancia no ha ocurrido.
Por ahora lo único que tenemos es una modificación al artículo 2º propuesta por la señora
diputada Falcioni de Bravo y la sustitución que acaba de formularse que, a mi juicio, tendría que
haberse canalizado por otra vía.
Sr. Cavallaro.—Podría cambiarse la redacción del proyecto.
Sr. Presidente (Pugliese).—Debe ajustarse a lo que dispone el artículo 137 del reglamento.
Sr. Cavallaro.—Respeto su opinión, pero queremos dejar en claro que nuestra propuesta
consiste en un proyecto de alternativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Durante la discusión en general ha quedado muy en claro la proposición
del proyecto de alternativa. No tengo la menor duda en cuanto a que en el Diario de
Sesiones y ante el país quedará exactamente reflejada cuál es la posición del bloque al que usted
pertenece. Volver sobre el tema constituiría una repetición que no califico de inútil —ninguna
repetición lo es— pero sí de absolutamente innecesaria.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferré.—Quiero proponer una modificación al artículo 2º que nos parece más ordenada y
correcta desde el punto de vista de la lógica expositiva y de la técnica legislativa.
En esta nueva redacción se introducen criterios que no están presentes en el proyecto original,
tal como considerar los conflictos causados no sólo por las agresiones sino también por los
intereses externos; se contempla también la secuela que pueden tener en la Nación los conflictos
en o entre terceros países. Además, entre sus generalidades se incluye un concepto omnicomprensivo,
ausente en el proyecto oficial, al expresar la finalidad de garantizar en forma permanente
la realización de la voluntad nacional.
Con estos elementos, propongo la siguiente redacción del artículo 2º del dictamen de la mayoría:
“La Defensa Nacional es el conjunto de previsiones y acciones destinadas a prevenir o superar
los conflictos de toda índole causados por intereses o agresiones de origen externo y por la secuela que
pueden tener en la Nación conflictos en o entre terceros países, tanto en tiempo de paz como en tiempo
de guerra.
“Tiene por finalidad la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales
de la Nación para prevenir y/o afrontar tales conflictos y para garantizar de modo permanente,
preservándola de interferencias o preocupaciones sustanciales, la realización de la voluntad nacional
asegurando la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad
de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes, los intereses nacionales y
la plena vigencia del sistema democrático y constitucional.”
Sr. Presidente (Pugliese).—¿La comisión acepta la redacción propuesta?
Sr. Zubiri.—No, señor presidente.
Para no ser reiterativo sólo diré que ya he expresado cuál es el concepto de agresión que
se emplea en el proyecto, que no es otro que el de la resolución 3.314 de las Naciones Unidas,
de 1974. Me remito a lo que expresé oportunamente. Por ello es que la comisión no acepta las
modificaciones.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Bordón González.—El señor diputado Vanossi ha hecho un planteo que acaba de reiterar

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
el señor diputado Zubiri respecto del tema de las agresiones de origen externo y de la innecesidad
de clarificar aún más este concepto. Creemos que en todo proyecto de ley es importante lograr
una mayor explicitación de los alcances del concepto de agresión, sobre todo después de vivir
situaciones realmente confusas. En caso contrario, muchas de nuestras leyes y reformas constitucionales
no habrían tenido sentido, porque siempre podrían ser interpretadas desde el punto de
vista del espíritu original de la norma.
No queremos meter de rondón otro proyecto alternativo; sólo entendemos que para dar mayor
claridad y fuerza a esto es absolutamente necesaria la incorporación de párrafos que indiquen
que la Defensa Nacional abarca todas las actividades que se adoptan en la Nación bajo la conducción
de las autoridades constitucionales, para la solución de conflictos que requieren el empleo
de Fuerzas Armadas en forma agresiva o disuasiva contra el enemigo externo, potencial o real.
Además, la Defensa Nacional debe contemplar la eventualidad de la guerra que puede afectar al
país, ya sea ésta encarada por medios convencionales o no por un enemigo exterior agresor.
Lamento repetir algunas frases, pero está muy lejos de nuestro espíritu meter de rondón otro
texto. Sólo estamos tratando de profundizar y clarificar el proyecto de ley existente. No tendría
sentido cambiar de lugar las comas o alterar los conceptos que expresan con claridad lo que queremos
incorporar.
Sr. Presidente (Pugliese).—Aun con la interpretación más favorable a la posición del señor
diputado, vale decir, considerando que el proyecto de alternativa hubiese sido un dictamen, éste
ya habría sido rechazado en la votación en general.
Lo que ahora corresponde hacer es introducir modificaciones en el texto en particular y no
volver a lo que ya fue rechazado.
Sr. Cavallaro—¿Cómo se interpreta el artículo 146 del reglamento, que establece que durante
la discusión en particular de un proyecto podrán presentarse otro u otros artículos que, o sustituyan
totalmente al que se está discutiendo, o modifiquen, adicionen o supriman algo de él, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95?
Sr. Presidente (Pugliese).—Es justamente lo que estoy pidiendo, es decir, que no repita algo
que usted presentó como proyecto alternativo, lo cual reglamentariamente no puede ser considerado
ahora. Pueden introducir todas las modificaciones que deseen a los artículos del dictamen
mayoritario, pero no pueden leer el proyecto alternativo, que era lo que estaban haciendo.
Sr. Cavallaro.—Pero el reglamento dice que se puede presentar otro artículo.
Sr. Presidente (Pugliese).—Eso no era lo que estaba haciendo.
La comisión no ha aceptado las modificaciones.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Arabolaza.—Solicito que en la parte final del primer párrafo del artículo 2º se agregue
la palabra “militares”. De ese modo la norma quedaría redactada de la siguiente manera: “La
Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales
de la Nación, para enfrentar las agresiones militares de origen externo”.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Acepta la comisión?
Sr. Zubiri.—Por las razones expuestas anteriormente, la comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 2º.
—Resulta afirmativa.
Sr. Ferré.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferré.—Por una cuestión metodológica y antes de pasar a considerar el artículo 3º, que
forma parte del título II, deseo proponer la incorporación de un artículo nuevo que iría en el
título I, referido a “Principios fundamentales”.
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El artículo dice así: “El ámbito de la Defensa Nacional conforme lo expresado en el artículo
precedente comprende todos los aspectos de la vida nacional, y el desempeño de las actividades a ella
concernientes constituye un derecho a ser ejercido por todos los habitantes de la Nación Argentina”.
Con esta incorporación pretendemos enfatizar el concepto de Defensa Nacional a partir de su
integralidad vinculada con la noción de “Nación en armas”, y señalar que el desempeño de tareas
emergentes de aquél constituye para los habitantes de la República Argentina un derecho antes
que un deber, que por supuesto también lo es.
Considero que este artículo nuevo debe quedar incorporado al título I, pues completaría
—aunque no de la manera que quisiéramos nosotros y aún no se me ha contestado— la precisión
de ciertos elementos para ayudar a una mejor omnicomprensión del tema de la Defensa
Nacional. Juzgo que con nuestra proposición quedaría más delineada la idea que de la doctrina
de la Defensa Nacional estamos proponiendo.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Zubiri.—La comisión no acepta por cuanto en el artículo 2º ya aprobado se encuentra
claramente especificado que la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas
las fuerzas morales y materiales de la Nación.
Interpretamos que la proposición del señor diputado por Buenos Aires es redundante.
Sr. Ferré.—Si me permite, señor presidente, deseo hacer una simple aclaración.
Lo que no queda claro en la redacción del artículo 2º aprobado es que se trata de un derecho
de todos los argentinos.
Sr. Zubiri.—Está consagrado por el artículo 21 de la Constitución Nacional.
Sr. Ferré.—Lo que estamos haciendo es reglamentar la Constitución Nacional. Si todo estuviera
ya en nuestra ley Fundamental no hubiésemos tenido que encarar la sanción de un proyecto
sobre esta materia.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 3º.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Interpreto que es totalmente redundante el artículo 3º cuando en su parte inicial
dice que: “Competen al presidente de la Nación la dirección de la Defensa Nacional y la conducción
de las Fuerzas Armadas”. Todos lo aceptamos y nunca nadie lo ha discutido. La Constitución
misma así lo establece y reafirmarlo en esta ley no tiene sentido.
El mismo artículo se refiere a las atribuciones del presidente en caso de guerra, diciendo que
en tal supuesto ejercerá:
“a) Con el asesoramiento del Gabinete de Defensa Nacional, la conducción integral de la misma;
“b) Asistido por el Comité Militar, la conducción militar de ésta.”
Sobre esto propongo dos modificaciones. En el punto a), que dice: “Con el asesoramiento
del Gabinete de Defensa Nacional, la conducción integral de la misma”, agregaría “debiendo dicho
gabinete contar con participación legislativa”.
En el punto b), que dice: “Asistido por el Comité Militar, la conducción militar de ésta”, debería
agregarse: “A dicho comité, en caso de guerra, se incorporará el jefe del Estado Mayor Conjunto”.
La última modificación podría ser discutible, pero en el primer caso —y vuelvo a repetir
que estamos refiriéndonos al gabinete en estado de guerra y en operaciones— se supone que
existe una declaración de guerra realizada por el Congreso de acuerdo con la Constitución, por
lo cual creo que el Poder Legislativo también debe participar en la supervisión de la conducción
de las operaciones de guerra y fundamentalmente en la fijación de la política de alianzas y de
operaciones.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?
Sr. Zubiri.—La comisión no va a aceptar las modificaciones. Respecto de la primera parte
del artículo me remitiré a las argumentaciones del señor diputado Vanossi cuando se refirió
al artículo 1º del proyecto. La participación del Poder Legislativo en el Gabinete de Defensa

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está contemplada con la inclusión del vicepresidente de la República, tal como ya lo expuse
anteriormente.
En cuanto al jefe del Estado Mayor Conjunto, su participación se explica en el Comité Militar,
como lo prevé el artículo 10 de la ley. Por estas razones la comisión no va a aceptar las modificaciones
propuestas.
Sr. Melón.—Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Melón.—En la práctica moderna de los gabinetes de guerra, gabinetes de crisis o gabinetes
ejecutivos en caso de guerra, todos los ejemplos que conozco —la bancada oficialista se
fundamentó en las legislaciones de Alemania y España— dan lugar a la participación de miembros
del Parlamento o por lo menos de los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado
y la Cámara de Diputados. Si bien considero que el vicepresidente de la Nación, según nuestra
Constitución, es presidente del Senado, siempre es representante del mismo sector político que
el Poder Ejecutivo. Por eso en muy pocos casos el vicepresidente de la Nación, como en la actualidad,
estará en contra de la política general del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Capital.
Sr. Vanossi.—Ya el señor diputado Zubiri ha anticipado nuestra oposición a esa modificación.
Creo que la propuesta del señor diputado Melón parte de un error, porque confunde poderes
de mando con los poderes de organización que la Constitución ha distribuido adecuadamente
en esta materia.
Los poderes de mando pertenecen exclusivamente al presidente de la República, en tanto los
poderes de organización, en algunos casos que la Constitución determina, son compartidos entre
los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cuando se trata de poderes de mando no podemos desmembrar la facultad del Ejecutivo
porque el artículo 86 de la Constitución, en sus incisos 15 y 17, los ha atribuido específicamente
al presidente de la Nación.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—La consideración en particular del proyecto, después de las abundantes y
amplias fundamentaciones hechas en general, nos está llevando a una situación sin salida a raíz
del procedimiento que se aplica. Los perfeccionamientos que se podrían incorporar a la ley de
defensa en virtud de nuestro proyecto alternativo se van a perder en razón de este mecanismo
adoptado por la mayoría de la comisión de mantenerse férreamente en cada uno de los artículos.
Nosotros habríamos planteado una redacción que en sus primeros ocho o nueve artículos
—a estar a manifestaciones políticas de algunos señores legisladores— resultaba mucho más explicativa
acerca de las finalidades y de la definición del sistema. En cambio, con este mecanismo
ya estamos discutiendo sobre las atribuciones del Presidente y del Gabinete de Defensa, y perdemos
la posibilidad de brindar a la ley el marco de finalidades que habíamos otorgado al sistema.
Sin embargo, aparentemente la práctica legislativa o la titularidad partidaria de la ley son más
importantes que su coherencia. La reflexión que ahora quiero hacer es que estamos legislando
para terminar con la doctrina de la Seguridad Nacional y con la estructura jurídico institucional
que le dio basamento. Pero de continuar por este camino que propone la comisión, quedamos
amordazados a discutir las facultades del presidente y si son cuestiones de orden organizativo o
de mando, cuando lo que deberíamos debatir en este momento son las finalidades del sistema
y cómo se desestructura una cristalizada armazón jurídico institucional que posibilitó que la
doctrina de la Seguridad Nacional imperara en el país durante tantos años. Creo que es un poco
infantil no darnos cuenta de eso, y de que así estamos poniendo un cepo a la discusión.
Si sólo vamos a considerar los artículos que propone la comisión, que se aprueben sin ser leídos,
que se apruebe la ley radical y se termina la historia. En cambio, si se desea aceptar el debate,
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analicemos artículo por artículo y estudiemos también los del proyecto alternativo. Entonces
veremos cuál es mejor y podremos votarlos juntos o separados, pero brindaremos una ley bien
hecha. Si la comisión tiene la intención de mantener la totalidad del articulado debería anunciar
que va a insistir en todos los artículos de su proyecto. De ser así podrían votarlo inmediatamente
y finalizaría la sesión. ¿Para qué vamos a hacer toda la puesta en escena?
Sr. Zubiri.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Zubiri.—Señor presidente: el proyecto ha sido debatido con toda amplitud y plenitud.
En la consideración en general todos los señores diputados tuvieron oportunidad de expresar
su pensamiento, pero el reglamento nos marca que en el debate en particular se debe tratar artículo
por artículo, y nosotros no podemos modificarlo a gusto del señor diputado Manzano.
Simplemente se trata de cumplir con el reglamento de la Cámara.
Nada impide a los señores diputados proponer todas las modificaciones que consideren necesarias;
sin embargo, nada nos obliga a nosotros a aceptarlas.
Sr. Manzano.—Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr. Manzano.—La posibilidad de proponer modificaciones enriquece el debate. Votar los
artículos de su proyecto es un derecho legítimo de la mayoría; pero si nosotros no podemos proponer
un artículo en sustitución de otro entonces no hay debate.
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Quién dijo que no se puede proponer un artículo en sustitución
de otro?
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: no pude leer…
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia explicó que no se puede traer el proyecto alternativo
para su consideración porque el reglamento lo impide. Usted puede proponer otra
redacción…
Sr. Cavallaro.—Entonces sacaríamos al artículo 3º del contexto del proyecto…
Sr. Presidente (Pugliese).—Exacto, señor diputado.
Sr. Jaroslavsky.—Aquí se ha hablado de cepo legislativo y se nos ha acusado de cerrar el debate,
y resulta que el señor diputado no sabe lo que debe hacer.
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—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para hacer uso de la palabra los señores diputados deben solicitarla
a la Presidencia.
Estimo que hemos sido muy claros; se ha desarrollado un debate muy áspero para poder
dar lectura al proyecto alternativo. En esa instancia hemos aplicado el reglamento, y en esta otra
estamos haciendo lo mismo.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: voy a proponer como artículo 3º el siguiente: “El concepto
político de la Defensa Nacional comprende la adecuación de todos los aspectos de la vida de la Nación
destinados a atender las exigencias de una eventual guerra, tanto sea en su preparación en la paz
como en su conducción político-militar durante el hecho bélico, así como la consolidación durante la
posguerra de los objetivos conquistados en la misma”.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿No se equivocó, señor diputado?
Sr. Cavallaro.—Le cambié algunas palabras, señor presidente. No me equivoqué.
Sr. Presidente (Pugliese).—¡Muy bien! Así queda tranquila mi conciencia reglamentarista.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. González Cabañas.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Voy a conceder el uso de la palabra al señor diputado por
Corrientes porque me va a corregir reglamentariamente y eso me enriquecerá. (Risas).
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. González Cabañas.—Señor presidente: quiero decir que comparto en todo la idea general
y los puntos fundamentales del proyecto presentado por el compañero diputado Cavallaro pero,
en rigor de verdad, se está aplicando muy mal el reglamento. (Risas). Digo esto porque los artículos
sustitutivos que menciona el artículo 146 del reglamento deben ser presentados de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 95 a fin de darle a la comisión la posibilidad de enriquecer o no
tales propuestas.
Por lo tanto, si las propuestas no han sido presentadas en el término del artículo 95 —sé que
en esto no coincido con la posición de mi compañero de bloque—, las estamos discutiendo no en
balde sino antirreglamentariamente, no sólo en la cuestión de forma sino también en la de fondo,
por cuanto la bancada radical no quiere saber nada con nuestro proyecto alternativo.
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia advierte que no se trata de querer proponer algo
con un proyecto alternativo o no, sino de que el reglamento dice que un proyecto alternativo no
podrá ser considerado hasta que no sea rechazado el proyecto de la comisión.
Para evitar problemas de este tipo, la Presidencia sugiere a los señores diputados que formulen
las propuestas de modificación de los artículos sin hacer referencia al proyecto alternativo, tal
como acaba de hacer un señor diputado que ha propuesto en sustitución del artículo 3º un texto
que no tiene correspondencia con el que estamos considerando.
Sr. Ferré.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferré.—Señor presidente: quiero referirme no al artículo 3º que ha sido votado…
Sr. Presidente (Pugliese).—El artículo 3º no ha sido votado, señor diputado.
Sr. Ferré.—Estamos en el artículo 4º.
Sr. Presidente (Pugliese).—Estamos considerando el artículo 3º.
Sr. Ferré.—Es verdad. El que se desechó fue el artículo 3º que yo propuse.
Sr. Presidente (Pugliese).—Usted propuso un nuevo artículo a continuación del artículo 2º.
Sr. Ferré.—De todas maneras, me quiero referir a lo siguiente: en conversaciones mantenidas
durante la discusión en general, representantes de distintas bancadas contemplaban la posibilidad
de pasar a cuarto intermedio para elaborar un despacho común. No sé si tal cosa es posible.
Eso es lo que he escuchado y me da la impresión de que existe en la Cámara voluntad de unificar
criterios en determinados aspectos del proyecto de ley…
Sr. Presidente (Pugliese).—Señor diputado Ferré: agradezco sus expresiones, pero lo invito
a que se limite a proponer la modificación al artículo 3º del proyecto, ya que fue en ese entendimiento
que la Presidencia le otorgó el uso de la palabra. Le recuerdo que después de un día y medio
de discusión en general la Cámara está abocada a la consideración en particular del proyecto.
Sr. Ferré.—Estaba fundamentando una moción de orden, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—En ese caso la Presidencia le solicita que aclare cuál es la moción
de orden y que, si así procede, después la fundamente.
Sr. Ferré.—Mi propósito es fundamentar la moción antes de exponerla.
Sr. Presidente (Pugliese).—No, señor diputado; debe expresar primero cuál es la moción que
propone, porque de acuerdo con el reglamento hay mociones de orden que no se discuten, sino
que deben ser sometidas a votación inmediatamente después de enunciadas.
Sr. Ferré.—Hago moción de pasar a un cuarto intermedio para resolver la cuestión.
Lo que ocurre es que cuando el diputado Manzano hizo una apreciación —que fue contestada
por el diputado Zubiri— respecto de la metodología con que estaba siendo llevada adelante
la discusión, la Presidencia no le hizo las mismas observaciones que ahora me hace.
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21 de agosto de 1985
Por lo tanto, ya que la Presidencia cita el reglamento y me conmina a enunciar la moción de
orden que propongo, lo único que reglamentariamente puedo hacer en este momento es presentar
una moción en el sentido de que pasemos a cuarto intermedio al solo efecto de analizar una
metodología que nos permita llegar a algún tipo de unidad en el debate.
Sr. Presidente (Pugliese).—Si el señor diputado me permite…
Sr. Ferré.—Dispongo de cinco minutos para fundamentar mi moción de orden…
Sr. Presidente (Pugliese).—Voy a leer el artículo 109 del reglamento, que dice: “Las mociones
de orden serán previas a todo otro asunto, aun al que esté en debate, y se tomarán en consideración
en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior.
“Las comprendidas en los cinco primeros incisos —entre los cuales corresponde ubicar a la
moción que acaba de efectuar el diputado Ferré— y la del último serán puestas a votación sin
discusión.”
Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio propuesta por el señor diputado por
Buenos Aires.
—Resulta negativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Habiendo sido rechazada su moción, la Presidencia aguarda a
que el diputado Ferré proponga sus modificaciones al artículo 3º del proyecto.
Sr. Ferré.—Deseo aclarar al señor presidente que el artículo 109 del reglamento establece que
las mociones de orden serán puestas a votación sin discusión, pero no sin argumentación.
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia le retira el uso de la palabra porque está fuera de
la cuestión, señor diputado.
Se va a votar el artículo 3º del dictamen.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 4º.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Señor presidente: el artículo 4º de esta ley de defensa radical, perdón, nacional.
(Risas)…
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—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Melón.—Fue un chistecito amable.
Sr. Presidente (Pugliese).—Señor diputado: no malgaste el chiste, que fue bueno, y prosiga
con su consideración.
Sr. Melón.—Encontramos tres observaciones que formular a este artículo. En efecto, podría
tachárselo de presentar desprolijidades, inexistencias e incongruencias.
Cuando digo desprolijidades me refiero a que en su primer párrafo expresa que sin perjuicio
de las competencias que le son asignadas en la ley de ministerios, el Ministerio de Defensa ejercerá
la dirección, etcétera, etcétera. Obviamente, este párrafo hace referencia a la ley de ministerios
que fuera aprobada a pedido del actual gobierno por el anterior, el 8 de diciembre de 1983.
Esperamos que de una buena vez se termine con la práctica de entremezclar leyes aprobadas por
el régimen militar con las dictadas por este Parlamento.
Cuando digo que hay inexistencias, me refiero a que hacia el final de su primer párrafo el artículo
4º expresa que el Ministerio de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación
de aquellas actividades que no se reserve o ejercite directamente el presidente de la Nación, Si el
proyecto se aprueba tal cual está redactado —y por la forma en que está siendo llevada a cabo

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
la discusión, no me cabe ninguna duda de que así será— prácticamente no queda actividad que
no esté en manos del presidente de la Nación en cuanto atañe a la Defensa Nacional. Por consiguiente,
esta parte del párrafo podría suprimirse.
Por último, el segundo párrafo del artículo dice que el Ministerio de Defensa actuará como
órgano de trabajo del Gabinete de Defensa Nacional, ejerciendo la secretaría el funcionario que
fuere designado a tal efecto. Este es un tema que originará enormes problemas al momento de
ser reglamentada la ley y desde ya me pregunto cuál habrá de ser la categoría del funcionario que
ejercerá esa secretaría, tratándose de un organismo tan importante como va a ser el Consejo de
Defensa Nacional. Contamos ya con el presidente de la Nación, en su carácter de comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas; con el ministro de Defensa, quien estará a cargo de todo aquello que
no se reserve a la competencia directa del presidente de la Nación; con el secretario de Defensa, y
por último, con el subsecretario de esa misma cartera.
Quisiera saber, frente a este matete del organigrama funcional, cuál va a ser el rol que va a
tener este secretario u otro más nombrado en forma permanente a cargo del Consejo de Defensa
Nacional. Entonces, pienso que es razonable, por lo que lo voy a proponer —y quisiera que la
comisión lo considere con atención—, que sea el secretario de Defensa el que ocupe la secretaría
permanente del Consejo de Defensa Nacional. Creo que no asumirá las atribuciones del ministro,
que tiene otra función, ni las del subsecretario, que también tiene un determinado rol, que
es el de reemplazo de aquél.
Esta proposición no obstaculizará para nada la cuestión, máxime cuando estamos hablando
de la reorganización de las Fuerzas Armadas, porque de la otra forma estaremos introduciendo
un nuevo cargo, y sería irritativo colocarlo en el escalafón.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿La comisión acepta?
Sr. Zubiri.—La comisión no acepta, porque el artículo es muy claro en cuanto a las facultades
que se reserva el presidente de la Nación y a las atribuciones del ministro de Defensa.
En lo que respecta a la secretaría del gabinete de Defensa Nacional, queda sujeta a la reglamentación
y el funcionario que ejerza esa secretaría será designado por el Ministerio de Defensa
cuando la reglamentación se dicte. El texto es muy simple y claro y no tenemos por qué limitarlo
al secretario de Defensa porque puede ser otro funcionario, ya que no hay nada que lo impida.
Sr. Melón.—Entonces, si se rechaza mi idea, ¿por qué no normamos dentro de la ley de
Defensa cuál va a ser el rango que ocupará el secretario, ya que eso es perfectamente atendible y
no limita de ninguna manera a quienes después la reglamenten?
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: en base a la reserva y las observaciones que he formulado
al dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales, donde en
el inciso b) señalo que hay que separar perfectamente la Defensa Nacional de la doctrina de la
Seguridad Nacional, voy a proponer como artículo 4º el siguiente: “Para saber discernir las cuestiones
atinentes a la Defensa Nacional se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia
de ésta con la seguridad, y en particular su incompatibilidad con los postulados de la llamada
doctrina de la Seguridad Nacional”.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿La propuesta se efectúa como sustitución o como agregado?
Sr. Cavallaro.—Como artículo sustituto, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Le hice la pregunta, señor diputado, porque ese texto no tiene
mucho que ver con el artículo.
Sr. Cavallaro.—Se trata de una compaginación global.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿La comisión acepta?
Sr. Zubiri.—La comisión no acepta.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Manny.—Señor presidente: quisiera efectuar una breve observación para que en el Diario
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de Sesiones quede constancia de la posición del bloque de la Unión del Centro Democrático
acerca de esta cuestión.
Cuando este proyecto se trató en comisión, se logró mayoría en la comisión de Defensa
Nacional —a la que pertenezco, por lo que asistí a dicha reunión— merced a la asistencia de
los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales. La comisión de Defensa Nacional no
tenía per se quórum en ese momento.
En este recinto, donde se están debatiendo temas tan importantes como éste, la comisión
suele hablar de que acepta o no tal o cual modificación. Yo señalé, durante la discusión en general,
que no había consenso para sancionar esta ley y quiero dejar constancia, para que se entere
el país, que esta ley será sancionada por imposición de la bancada oficialista, cosa que acepto
porque para eso tiene la mayoría; pero que quede bien claro lo que he señalado.
Puntualizo, para que quede constancia en el Diario de Sesiones, mi posición en disidencia.
Sr. Zubiri.—Ustedes nunca van a tener el mismo derecho…
Sr. Presidente (Pugliese).—Señor diputado Zubiri: usted no está en uso de la palabra.
Señor diputado Manny: no era ésta la oportunidad para hacer esa manifestación.
Sr. Manny.—Lo hago en el momento en que resulta evidente que todo va a ser impuesto por
la mayoría.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se está procediendo reglamentariamente. Todo lo demás es una
consideración de carácter político. Esa observación correspondía hacerla en la consideración en
general, durante parte de la cual lamentablemente no estuvo presente el señor diputado.
Sr. Manny.—Estuve presente, pero quiero dejar establecido que cuando la comisión dice…
Sr. Presidente (Pugliese).—La comisión acepta o no las modificaciones propuestas. Eso es lo
reglamentario. El juicio de valor queda reservado a la opinión pública.
Se va a votar el artículo 4º tal como figura en el dictamen.
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—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 5º.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferré.—Con respecto al artículo 5º voy a proponer una modificación que es tal vez de
carácter formal pero que ayudará a la comprensión del texto. Propongo eliminar la frase “contribuirán
a la Defensa Nacional dependiendo del presidente de la Nación”, en tanto y en cuanto
el verbo “contribuir” no transmite a mi juicio la idea que se quiere reflejar en este artículo.
Además, todos los órganos del Estado Nacional deben contribuir a la Defensa Nacional; no sólo
el Gabinete de Defensa Nacional y el Comité Militar. Por otra parte, como es la primera vez —así
lo entiendo— que se habla de estos organismos, conviene reafirmar que se crean por esta ley.
En síntesis, propongo que el artículo 5º quede redactado de la siguiente manera: “Sin perjuicio
de las competencias asignadas en la ley de ministerios, créanse como organismos específicos
dependientes del Presidente de la Nación:
a) El Gabinete de Defensa Nacional;
b) El Comité Militar.”
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Acepta la comisión la propuesta del señor diputado por Buenos
Aires?
Sr. Zubiri.—Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por· Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: cuando en el debate en general yo dije que a lo mejor sin
querer la bancada radical quedaba atada a la doctrina de la Seguridad Nacional, lo hacía porque
en el proyecto se utiliza un término que tuvo mucha resonancia a partir de 1976.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Cuál es la modificación que propone?

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Cavallaro.—La propuesta es que se llame Gabinete de Guerra y no Comité Militar.
La ley 16.970, que rige en el país desde 1966, introdujo la figura del Comité Militar, la que
fuera totalmente descalificada por la opinión pública. Por lo tanto, pienso que el radicalismo no
puede quedar atado a ella.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Zubiri.—Señor presidente: ocurre que el Gabinete de Guerra es algo diferente; es un gabinete
ministerial que, como su nombre lo dice, está integrado por ministros. Aquí estamos hablando
de un Comité Militar que, para tranquilidad del señor diputado Cavallaro, es totalmente
diferente al que establecía la ley 16.970. Éste estaba integrado por los comandantes en jefe de cada
una de las tres armas, figura que ha desaparecido de esta ley. En este caso, se trata del Jefe del
Estado Mayor Conjunto, del ministro de Defensa y de los jefes de Estado Mayor de cada fuerza.
Vale decir que la única similitud con la ley 16.970 es el nombre, y nosotros no hacemos un problema
de nombres sino de contenido.
Por estas razones, la comisión no acepta la modificación que se pretende introducir.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 5º con la modificación propuesta por el
señor diputado Ferré y aceptada por la comisión.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 6º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Conteo.—Señor presidente: circunstancias imprevistas me alejaron del recinto en el momento
de la votación. No soy hombre de rehuir compromisos, pero lamentablemente no pude
estar presente.
Esta mañana mi querido y respetado amigo, el diputado Manzano, me preguntó dónde iba a
poner mis patas, porque no se puede ponerlas en los dos lados. Por lo tanto, quiero expresar que
hubiera votado por el proyecto de la bancada mayoritaria, no porque no comprenda a los justicialistas
—a quienes me unen afinidades doctrinarias—, sino porque estamos legislando algo que
trasciende del tema específico de la Defensa Nacional. Estamos legislando sobre…
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia exhorta al señor diputado a que se refiera al artículo 6º.
Sr. Conteo.—Decía que estamos legislando sobre las Fuerzas Armadas y, consecuentemente,
son definiciones bien precisas las que nos interesan.
Mi propuesta de modificación —incluida en la que presentara oportunamente— importa
agregar en dos oportunidades la palabra “externos” a continuación de “conflictos”. Para fundamentar
ésto quiero explicar brevemente que no soy de los que se suman a lo que considero el
verso de que los militares son profesionales o nacionales. No es así. No participo de la idea liberal
que sostiene “militares a los cuarteles, curas a las iglesias”.
Muchas veces he dicho que lo que deseo son Fuerzas Armadas integradas al interés nacional.
En este sentido, tengo la convicción que el modo de coordinar a las Fuerzas Armadas con el interés
nacional está en acentuar su perfil profesional. Esto no significa aislar un ejército de ciertas
áreas de producción estratégica; aislar a la Armada, por ejemplo, del tema de la contaminación
del mar o de la pesca, sino que esos intereses tienen que ser alentados desde el punto de vista de la
profesionalidad y no partiendo de la pretensión del poder político, que es el signo que lamentablemente
ha tenido en las últimas décadas cada una de estas aparentes conexiones de las Fuerzas
Armadas con el interés nacional.
Hubiera deseado que en el artículo 2º se agregara la palabra “bélicas” a continuación de la
palabra “agresiones”. Propongo ahora lo que considero una definición imprescindible para que
quede claro esto que manifiesto respecto de la idea del conflicto externo y que me hubiera llevado
a votar afirmativamente el dictamen de mayoría.
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No pretendo negar que en un futuro —que no está a la vista— puedan surgir en el país eventuales
problemas de seguridad; pero estimo que son el Poder Ejecutivo y el Parlamento quienes
en ese momento deberán adoptar las medidas correspondientes para afrontar esa situación que
hoy en día no se plantea ni remotamente.
Además, creo que es indispensable que esas eventuales circunstancias se contemplen con
instrumentos radicalmente distintos a aquellos con los que hoy contamos; porque aquí se ha
hecho referencia a las Fuerzas Armadas de San Martín, Savio y Mosconi, o a Fuerzas Armadas
ideales —según se dijo desde la bancada radical— que recibirían con alegría esta sanción. Pero
no es así, porque éste es un momento de conflictos, donde el poder civil debe decir a las Fuerzas
Armadas, interpretando el sentir popular, de qué modo las quiere y las desea definidas, sin necesidad
de una manifestación de alegría, sino con total convicción, porque estamos cumpliendo
un mandato popular.
Si en este momento fuera a una fábrica a hablarle a los obreros sobre cómo se pondrá la Nación
en armas, me tirarían con un martillo por la cabeza, porque nadie me entendería. Sabemos que
interés nacional e intuición popular son conceptos muy cercanos.
Por estas breves consideraciones insisto en que se dejen clarificados como externos los conflictos
a que aquí se alude como hipótesis a tratar por el Gabinete Nacional.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Acepta la comisión?
Sr. Horta.—Lamentamos profundamente no aceptar la solicitud del señor diputado, así
como también que por razones particulares no haya podido estar presente en el momento en
que se discutió el artículo 2º. Como bien lo dijera el señor diputado Zubiri, cuando hacemos referencia
a la palabra “agresiones” aludimos a los términos de la resolución 3.314 del año 1974 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que está perfectamente aclarado el concepto.
De manera que sería redundante volver a especificar la idea.
Sr. Presidente (Pugliese).—La propuesta del señor diputado Conte se refiere al artículo 6º.
Sr. Horta.—Así es, señor presidente, pero el señor diputado Conte habló de determinación
de los conflictos y luego agrega la palabra “externos”. Como ya hemos hecho referencia al significado
de la expresión “agresiones externas”, queda contestado lo que el señor diputado ha
propuesto en esta ocasión.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: como consecuencia de las observaciones que formulara
con relación al inciso b), voy a proponer un nuevo artículo en reemplazo del 6º, que se refiere
a la finalidad del sistema de Defensa Nacional. El texto sería el siguiente: “El sistema de Defensa
Nacional tiene por finalidad: a) Determinar las hipótesis del conflicto que deberán ser retenidas como
hipótesis de guerra; b) Elaborar las hipótesis de guerra estableciendo para cada una los correspondientes
objetivos políticos a lograr…
Sr. Presidente (Pugliese).—Señor diputado: el que está en consideración es el artículo 6º.
Sr. Cavallaro.—Por eso señalo la finalidad del sistema para lograr una adecuada concatenación
del proyecto. Creo que es sumamente importante que en el proyecto conste la finalidad de
la estructura y la funcionalidad del sistema de defensa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Lo que ocurre es que está usted leyendo el artículo 7º de su
proyecto.
Sr. Cavallaro.—Se trata de una modificación.
Continúo, entonces: “c) Formular los planes que posibiliten una adecuada preparación de toda
la Nación para el eventual conflicto bélico; d) Elaborar los planes para la conducción de los niveles
de la Defensa Nacional correspondientes a la estrategia militar y a la estrategia operacional; e)
Dirigir la guerra en todos sus aspectos desde el nivel de la estrategia nacional; f) Conducir las Fuerzas
Armadas y los esfuerzos de los sectores del país afectados por el conflicto bélico en el nivel estratégico
militar y en el estratégico operacional; g) Preparar y ejecutar las medidas de movilización nacional;

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h) Asegurar la ejecución de operaciones militares conjuntas con las tres Fuerzas Armadas y eventualmente
las operaciones combinadas que pudieran concretarse con Fuerzas Armadas de países aliados;
i) Establecer las hipótesis de confluencia que permitan preparar las alianzas necesarias y suficientes
para resolver convenientemente la posible concreción de hipótesis de guerra; i) Controlar las acciones
de posguerra y conducir la consolidación de los objetivos políticos obtenidos en la contienda”.
Sr. Presidente (Pugliese)—¿Acepta la comisión?
Sr. Zubiri.—No entiendo la metodología que utiliza el señor diputado Cavallaro porque estamos
tratando el artículo 6º, que se refiere al Gabinete de Defensa Nacional y él habla de otra
cosa totalmente distinta. Por lo tanto, lamentablemente la comisión no acepta por no entender
lo que se propone.
Sr. CavalIaro.—La metodología que utilizo apunta a lograr una buena labor legislativa.
Por eso es que antes de hablar de Gabinete Militar o de Defensa Nacional creo conveniente
que se haga una referencia al sistema de Defensa Nacional. Es por ello que introduzco un artículo
sustitutivo.
Sr. Presidente (Pugliese).—Está en su derecho, señor diputado.
Se va a votar el artículo 6º del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos
Constitucionales.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 7º.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Arabolaza.—Tal como lo anticipara en el tratamiento en general, considero que la constitución
del Gabinete de Defensa Nacional exclusivamente por cuatro ministros limita el concepto
global de defensa. Por ese motivo es que entendemos que la composición del gabinete a crearse
debe llevarse a cabo con la participación de los ministros de todas las áreas.
Si partimos de la base del concepto global de defensa, este gabinete tiene que integrarse con
todos los ministros que conforman el gabinete del Poder Ejecutivo. Los ministros de las áreas de
Salud y Trabajo son igualmente importantes para la Defensa Nacional.
Por esas razones propongo concretamente que el Gabinete de Defensa Nacional se integre
con la totalidad de los representantes del Gabinete Nacional.
Sr. Presidente (Pugliese).—Concretamente, su modificación consistiría en redactar la última
parte del primer párrafo del artículo 7º de la siguiente manera: “Estará integrado por el vicepresidente
de la Nación y todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional”.
Sr. Arabolaza.—Exactamente, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Conteo—Simplemente, deseo apoyar la moción del señor diputado Arabolaza y poner de
manifiesto la omisión en que se ha incurrido al no mencionar a los ministerios de Trabajo y de
Obras Públicas. Además, no podemos imaginar ni por un instante que el área de transportes no
esté incluida en ese Gabinete de Defensa Nacional.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferré.—Señor presidente: un concepto de la defensa integral hace que propongamos la
modificación en el sentido de que los demás ministros del Gabinete Nacional no previstos en el
artículo en discusión estén presentes en el Gabinete de Defensa Nacional. A las razones que se
han dado podríamos agregar aquellas palabras que pronunciara una eminencia argentina, como
fue Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública durante el gobierno de Perón, quien afirmaba que
el problema de la salud pública era el problema de la Defensa Nacional.
La integración de la acción de los distintos ministerios en función de la Defensa Nacional
hace necesaria, a nuestro criterio, la participación de los restantes miembros del gabinete en este
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gabinete especial; pero también entendemos que debe estar presente el Congreso, porque es la
representación de la voluntad popular.
Es importante que las mesas directivas de las comisiones de Defensa Nacional de la Cámara
de Senadores y de la Cámara de Diputados puedan opinar en este gabinete. Parecería que dicho
gabinete no estaría completo si no hubiera por lo menos un representante de las Fuerzas
Armadas, como podría ser el Jefe del Estado Mayor Conjunto, porque la realidad va a hacer que,
cuando sea necesario implementar una medida en este ámbito, sean consultados los hombres
que en definitiva tendrán que tomar las decisiones en el terreno del combate.
Por eso insisto en la proposición que hicimos en oportunidad de llevarse a cabo la discusión
en general del proyecto. Vamos a promover la modificación de este artículo de tal manera que el
gabinete sea ampliado e incluya a todos los ministros, a las mesas directivas de las comisiones de
Defensa Nacional de ambas cámaras y al Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. Martínez Martinoli.—Señor presidente: coincidiendo con lo que se acaba de decir, creo
que esta ley de Defensa debe ser también amplia y fundamentalmente preventiva. En ese sentido,
la mejor defensa del sistema democrático consiste en el fortalecimiento de las instituciones y en
la educación de los distintos sectores de la sociedad.
La primera sociedad fundamental es la familia y la primera Defensa Nacional comienza en
ese ámbito y en la educación de sus miembros. En consecuencia, creo que la mejor arma que
posee la democracia en materia de defensa es justamente mentalizarnos desde la educación con
criterio humano y progresista para preservar la democracia desde la paz. Por ello creo que es
fundamental la inclusión del Ministerio de Educación.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—En base a las observaciones que formulara, propongo que el artículo quede
redactado así: “Todos los problemas de la Defensa Nacional serán resueltos en el Poder Ejecutivo, con
la participación del vicepresidente de la Nación, un miembro designado por las respectivas comisiones
de Defensa de ambas Cámaras del Congreso, y el asesoramiento de los ministros reunidos en acuerdo
general de gabinete.
Las acciones de esta naturaleza tendrán el carácter de Consejo de Defensa Nacional (CODENA)
(ésta es una de las tantas diferencias que tenemos con el proyecto oficialista). El presidente de la
Nación ejercerá la conducción político-militar en caso de guerra, con la asistencia de los ministros de
Defensa, de Relaciones Exteriores y de Economía y también un miembro designado por las respectivas
comisiones de Defensa de ambas Cámaras, constituyendo el Gabinete de Guerra, con el asesoramiento
directo del Jefe del Estado Mayor Conjunto”.
No deseo extenderme más en virtud de lo ya expuesto por los señores diputados preopinantes
y porque la Defensa Nacional abarca todo el país y los ministerios tienen importancia vital
para la preparación de la Nación en tiempos de paz. El Gabinete de Defensa para tiempo de
guerra tiene que ser un poco más reducido y virtualmente conducido, política y militarmente,
por el presidente de la Nación, asesorado y asistido por el jefe del Estado Mayor Conjunto, y con
la participación de miembros de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras parlamentarias,
en virtud de que nosotros somos los representantes naturales del pueblo, que no delibera ni gobierna
sino por nuestro intermedio, o sea el de sus legítimos y legales mandatarios. Así el pueblo
vería asegurada su participación tanto en tiempos de paz como en épocas de guerra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr. Colombo.—Soy de aquellos que creen que este artículo tiene una claridad absoluta, de
manera que ello me obliga a asegurar la brevedad de mi exposición.
Quien hubiera escuchado a los señores diputados preopinantes sin haber leído el artículo en
consideración, tengo la impresión de que seguramente hubiese expresado su calurosa solidaridad
con la necesidad de algunos agregados.

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Pero cabe acotar que aquí cada uno de los señores diputados que me precedieron en el uso
de la palabra ha hecho referencia exclusiva a la primera parte del artículo 7º, ignorando incluso
que la facultad de decisión en ese gabinete es del presidente de la República, pues las demás personas
que lo integran constituyen el asesoramiento para quien detenta la titularidad del Poder
Ejecutivo Nacional.
Comparto la necesidad de que ese consejo asesor pueda a veces estar integrado en ese gabinete
por otras personalidades del país cuya expresión y consejo fueran necesarios para acertar
en las medidas frente a tan graves decisiones. Si lo que antes señalé fuera poco, basta con leer la
segunda parte del artículo, en donde expresamente se dice que el “presidente de la Nación podrá
determinar la participación de otras autoridades e invitar a miembros de otros poderes y personas
cuyos conocimientos considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieren de tratarse”.
Si tuviéramos que dimensionar la generosa extensión de este artículo, creo que en su normativa
podríamos incluir desde el ministro de Salud y Acción Social hasta las amas de casa, como se
ha planteado en este recinto.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿El señor diputado ha hablado en nombre de la comisión?
Sr. Colombo.—No, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Vanossi.—La comisión no va a aceptar las propuestas que aquí se han sugerido, pero
quiero aclarar que las hemos escuchado con profundo interés. No dudamos de la nobleza que
las inspira ni de la finalidad hacia la que están dirigidas, con un propósito de perfeccionamiento
de la norma.
A su vez, el señor diputado Colombo acaba de decirlo con toda claridad. Me permito expresarlo
con otras palabras: la facultad de consejo en cuanto al ámbito personal al que puede ser dirigida
a través del gabinete tiene un umbral pero no tiene un techo, de manera que el presidente
de la Nación estará perfectamente en condiciones —en virtud del segundo párrafo del artículo
7º—, según las circunstancias y en cada caso, para extender el ámbito personal de la consulta.
Deseo expresar algo más que vale para este y otros artículos de este proyecto y para otras
leyes que podamos aquí discutir. La tendencia contemporánea en los sistemas comparados es,
ya sea en sistemas parlamentarios o presidencialistas, dar amplias facultades al titular del Poder
Ejecutivo para armar y organizar su gabinete, sus asesores, su equipo, su ámbito de consulta.
Es decir que la tendencia legislativa es la de no pormenorizar, la de no encorsetar al presidente
en un número taxativo de colaboradores sino dejar librado a las circunstancias y a su voluntad
los integrantes de los órganos que lo rodean. De acuerdo con esto vamos a defender el texto del
artículo tal como está redactado.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. González Cabañas.—He escuchado atentamente las expresiones de los diputados de la
bancada oficialista y hasta ahora no encuentro el fundamento jurídico o político por el cual en
esta norma se hace una diferenciación entre los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo.
Hasta ahora entendíamos que esos funcionarios tenían todos la misma categoría jurídica,
política y administrativa. Por eso no se encuentra fundamento para la diferenciación en un tema
tan importante y vital como el del proyecto que estamos tratando.
Comparto los criterios que se han dado en cuanto a la facultad presidencial, que también nosotros
sostenemos; pero los miembros de la comisión no han dado fundamentos suficientes que
puedan conformar nuestra conciencia de legisladores para diferenciar en la norma entre unos
funcionarios y otros. Pareciera que hay ministros de primera y de segunda categoría.
Quisiéramos escuchar los fundamentos en contrario por parte de la comisión.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr. Torresagasti.—Sucede, señor presidente, que al determinar el proyecto taxativamente
los ministros que deben integrar el gabinete, obliga al Ejecutivo en ese sentido. Es decir que por
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encima del espíritu amplio del artículo estamos cediendo permanentemente atribuciones. Con
la política de este Parlamento, el Congreso se deteriora paulatinamente, y ello atenta contra la
democracia. Estamos creando en nuestro sistema rasgos ele autoritarismo, cediendo atribuciones
de este poder de la Nación. No sólo lo hemos hecho con el austral, no sólo con el plebiscito, no
sólo con el no tratamiento de cuestiones fundamentales como los contratos petroleros.
Perdóneme el señor presidente si me he salido del tema, pero estamos cediendo atribuciones
del Parlamento al no expresar cuál es el pensamiento y la idea legislativa en este terreno.
En ese sentido, estoy de acuerdo con lo expresado por el señor diputado González Cabañas.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Vanossi.—Señor presidente: aquí hay dos aspectos a considerar. En primer lugar, la mención
de ciertos ministros, que obviamente está referida a la afinidad de las materias con el tema
objeto de este proyecto de ley. Si en este momento nos tomáramos el trabajo —desde luego un
poco exagerado— de hacer una comparación con otras leyes ya sancionadas que se vinculan con
distintas materias, como, por ejemplo, educación, salud, transporte, etcétera, veríamos que en
muchos casos el asesoramiento está primariamente circunscripto a los ramos afines a la cuestión
que se está legislando. De modo que aquí el mínimo umbral, lo imperativo, lo constituyen los
ministerios enunciados; lo demás es facultativo y depende del enfoque en las particulares circunstancias
en que el presidente deba afrontar la necesidad y, por lo tanto, requerir la consulta.
El segundo aspecto se refiere a algo que aquí se ha deslizado, referido a la acusación de concesiones
al autoritarismo, que de ninguna manera son ciertas. Precisamente en una concepción
autoritaria la tendencia sería no crear órganos de asesoramiento que rodeen y acompañen al
presidente de la República.
La existencia de un Gabinete de Defensa, de un Comité Militar y de otros órganos está indicando
que se toman recaudos para que la decisión —que desde luego corresponde privativamente
al señor Presidente de la Nación— esté acompañada de una instancia de asesoramiento.
Esto es todo lo contrario de la vocación autoritaria, que sí se encuentra en normas de muchas
otras épocas de la historia argentina, cuando no se tomaban estos recaudos.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. Martínez Martinoli.—Simplemente quiero aclarar que la educación engloba y está por
encima de todos los ministerios que aquí se han mencionado. La educación y la mentalización
del ciudadano en ese sentido son fundamentales para la soberanía nacional.
Sr. Presidente (Pugliese).—No fue una aclaración, pero la observación es correcta.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: voy a insistir en la redacción del texto sustitutivo que he
propuesto, en virtud de que considero que, taxativamente, ésas son las personas que como mínimo
deben integrar el consejo de Defensa Nacional.
Además, de acuerdo con lo que manifestó el señor diputado Colombo, agregaría, un párrafo
otorgando al presidente de la Nación la facultad para invitar o incorporar, a su criterio, otras
personas al consejo de Defensa Nacional. En consecuencia, propongo agregar como parte final
del artículo que he propuesto el último párrafo del artículo 7º del proyecto del oficialismo, que
dice: “El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e invitar
a miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos considere de utilidad para los asuntos
específicos que hubieren de tratarse”.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿Acepta la comisión la recodificación propuesta por el señor diputado
Cavallaro, incluyendo ahora el agregado de este párrafo final?
Sr. Zubiri.—La comisión tampoco acepta, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 7º del despacho.
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—Resulta afirmativa.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 8º.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—Señor presidente: la estructura de los servicios de inteligencia planteada en
nuestro ordenamiento es absolutamente distinta a la del proyecto del oficialismo. Sin embargo,
habida cuenta de la posición adoptada por la comisión en este debate en cuanto a que la discusión
se realice sobre su despacho, y atendiendo a la concatenación de los artículos, me voy a permitir
proponer una modificación al artículo 8º del dictamen, que posteriormente fundamentaré.
En donde dice: “…órgano presidido por el secretario de Informaciones del Estado”, deberá
agregarse, a continuación de la coma, “…el que deberá contar con acuerdo del Senado para su
designación”.
Luego del punto final, debe incorporarse la siguiente expresión: “Una comisión especial del
Congreso de la Nación supervisará el accionar de ambos organismos”.
Lo que proponemos puede sonar a una interpretación de carácter —a mi juicio extraconstitucional—;
no inconstitucional porque no se trata de algo prohibido por la Constitución, pero
sí extraconstitucional porque en la Argentina la nueva democracia ha inaugurado la modalidad
de que en tanto no se trate de cosas expresamente prohibidas por la Constitución —todos hemos
coincidido en que debe ser cambiada la de 1853—, el Estado y la sociedad en su conjunto pueden
transitar el camino de las innovaciones generando en la práctica un nuevo plexo que deberá ser
recogido por las futuras modificaciones de la Constitución.
El acuerdo del Congreso dado por medio del Senado para la designación del titular de la
Secretaría de Informaciones del Estado tiene que ver con aceptar una realidad de las sociedades
modernas. Los servicios de inteligencia, espionaje y contraespionaje tienen más que ver en la
expresión de la política, en las acciones de los ciudadanos, en su seguridad y en la defensa de sus
garantías y derechos, mucho más que ver —reitero—, en algunos casos, que la propia justicia.
Si la sociedad requiere el acuerdo del Senado para la designación de jueces, con mucho más
rigor y con mucha más madurez debería requerir el acuerdo del Senado para designar quién esté
al frente, nada más y nada menos, que de la Central Nacional de Inteligencia.
El poder que ejercerá este funcionario será de gran magnitud y mucha su capacidad para conocer
secretos de Estado y acceder a la intimidad de la vida de las personas, porque a nadie cabe
duda de que en la sociedad moderna, con la nueva tecnología, no será suficiente la prohibición
que se introduce en el texto del proyecto y desde el Estado se podrá desarrollar espionaje electrónico
o por otros medios para conocer la actividad de los ciudadanos.
Sr. Vanossi.—¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Manzano.—No, señor diputado, no le concedo la interrupción. Luego usted tendrá que
defender su punto de vista.
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—Señor presidente: creemos que esto sí ayudará a terminar con la idea de la
superconcentración del poder en los funcionarios anónimos.
No voy a hacer referencia al affaire Guglielminetti, pero creo que es necesario reflexionar
sobre nuestra responsabilidad histórica en este momento en que hay un alto prestigio de la democracia
y de la figura presidencial y en que las instituciones funcionan plenamente. Esta es la
oportunidad histórica de poner a la luz del día lo que no está.
El acuerdo del Senado para el titular de la Central Nacional de Inteligencia hará de este cargo
lo que realmente es: un cargo de muchísimo poder, porque a medida que crezca la tecnología
crecerá el poder del titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Me voy a referir al fundamento de toda esta reflexión y a por qué he mencionado el carácter
de extraconstitucional. Sin duda, esto podrá ser rebatido desde la tesis del principio presidencialista
del gobierno en la Argentina, desde la tradición presidencialista y desde el criterio de que el
secretario de Informaciones del Estado actúa con poder delegado por el presidente de la Nación.
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Pero sucede que los presidentes de nuestro país —si Dios quiere y los argentinos hacemos las
cosas bien— van a salir en las próximas décadas de los partidos políticos, del mismo o de atrás,
pero de un solo partido y tendrán el poder de espiar y de intervenir en la vida de los ciudadanos
de todos los partidos.
La única manera de que esto cambie, la única manera de que sea la sociedad en su conjunto
la depositaria del poder de las centrales de inteligencia es que el Congreso tenga intervención.
Hemos pensado en dos escalas de intervención: el acuerdo senatorial para la designación y la
comisión parlamentaria de supervisión de los organismos.
Posteriormente vamos a proponer la publicidad periódica de los archivos de las centrales de
inteligencia. Esto no es una novedad sino que se basa en fundamentos históricos. En las democracias
consolidadas los servicios de inteligencia tienen control parlamentario. El llamado “caso
Watergate” ilustra acerca de que aun en democracias consolidadas puede haber casos de espionaje
electrónico y de cómo puede reaccionar una sociedad ante esos casos.
Nosotros estamos en condiciones de vacunarnos. De nada vale el argumento de que bajo
otros gobiernos constitucionales algunos ministros quizás se dedicaron a perseguir ciudadanos,
no por medio del espionaje electrónico sino llegando a la persecución física. Este no es el momento
de aquellos ministros; ellos están escondidos y nosotros damos la cara.
Este es un problema que supera a radicales, peronistas, intransigentes, demócratas cristianos
y ucedeístas. Es un problema de todos los ciudadanos que recuperamos la democracia y que queremos
repartir el poder, y no de los que creen que porque ganaron las elecciones tienen el poder
y que se van a quedar en el gobierno para siempre.
Debemos terminar con la creencia de que quien está amparado detrás de un batallón de inteligencia
se siente impune para “pinchar” un teléfono, espiar a un gobernador o perseguir a un
senador. Debemos colocar a los servicios de inteligencia bajo el control del Congreso. No hay
otra manera de que hagan inteligencia para la sociedad en su conjunto y no para un partido o
para el titular del Ejecutivo. No hay otra manera de que estas cuestiones se manejen con el sentido
verdaderamente pluralista de las democracias consolidadas, a las que no se puede acusar de
desviaciones socializantes porque corresponden a países industrializados de primera magnitud,
que han sido la propia cuna del capitalismo y han llegado a esta misma conclusión para que sus
ciudadanos no sean espiados en exceso y con fondos pagados por ellos mismos.
Es cierto que también se puede hacer espionaje desde servicios privados de inteligencia, pero
debemos procurar que por lo menos los servicios del Estado, ya que son pagados por los ciudadanos,
no se utilicen para espiar a quienes los sostienen.
Para concluir con mi exposición voy a hacer una breve referencia al último párrafo del
artículo, que establece que las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir
en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares. Este párrafo
tiene la virtud de que su violación haría incurrir a los miembros de esos organismos en el delito
de violación de los deberes de funcionario público. Propongo suprimir el término “militares”.
También quiero destacar que al no haber un organismo de contralor, la sanción correspondiente
a esos casos emanada de vía judicial será tardía y no bastará. Insistimos en que debe controlarse
permanentemente el accionar de los servicios de inteligencia porque todos hemos sido
objeto de persecución por parte de ellos y no nos basta con la seguridad ofrecida por el Poder
Ejecutivo para controlar que esos organismos no se utilicen para vigilar la actividad política de
ciudadanos que pueden o no compartir las opiniones del partido gobernante.
La exigencia de mayores seguridades en ese sentido es un derecho legítimo, basado en la
estructura que para esos organismos tienen otras democracias. Por eso creemos que la incorporación
de la supervisión parlamentaria de la actividad de los servicios de inteligencia constituirá
un aporte que enriquecerá el dictamen que consideramos.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Vanossi.—Señor presidente: lamento que mi querido colega, el diputado Manzano, no
me haya concedido la interrupción que le solicité hace unos instantes. Creo que es la segunda vez
en dos años de actividad parlamentaria que he solicitado una interrupción a algún orador.
Antes de que el diputado Manzano siguiera avanzando en su línea argumental —que por
mi parte he seguido atentamente— quería recordarle que la exigencia del acuerdo del Senado
establecida durante mucho tiempo y por numerosas leyes para el nombramiento de otros funcionarios
que no sean aquellos a los que la Constitución expresamente se refiere, fue modificada en
el anterior período constitucional por este Congreso, y no precisamente por iniciativa de nuestra
bancada, sino por decisión del Frejuli, que propició la derogación de todas las normas hasta ese
momento vigentes que exigían el acuerdo del Senado, para que de ahí en adelante éste estuviera
únicamente referido a los tres rangos de magistraturas que la Constitución exige. Yo quería aclarar
esto porque hubo un cambio de 180 grados en esa orientación.
Sr. Manzano.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—El señor diputado ya ha hecho uso de la palabra.
Sr. Manzano.—Pero he sido aludido, señor presidente.
Sr. Presidente (Pugliese).—No fue una alusión, señor diputado, sino una contestación a sus
palabras.
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Manzano.—¡La Presidencia no me puede negar la palabra!
Sr. Presidente (Pugliese).—Sí se la puedo negar, si así corresponde conforme al reglamento.
—Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pugliese).—La Presidencia somete a la consideración de la Honorable Cámara
la decisión —fundada en las razones que ha explicado— de no conceder el uso de la palabra al
señor diputado Manzano.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Conte.—Señor presidente: hemos llegado a la consideración de un artículo que a mi juicio
es clave para saber realmente qué es lo que la Cámara quiere o no hacer.
Detrás de nosotros —tengo que volver sobre algo que dije durante la discusión en general—
están esos cuatrocientos o quinientos casos que ponen en evidencia el absoluto descontrol en que
se mueven hoy los servicios de inteligencia.
Hay hechos que tienen que ver directamente con la reacción frente a violaciones anteriores,
robo del expediente en Rosario y bombas contra miembros de la Conadep. Hay casos directamente
vinculados con la continuidad de la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional:
persecución a centros de estudiantes secundarios, amenazas y secuestros de militantes populares
y periodistas, amenazas a testigos y a jueces, en fin, hechos cotidianos. También están los episodios
de las vecindades: el caso Pescarmona, etcétera. No creo, como algún ministro me ha dicho,
que eso esté financiado con fondos que provienen de los propios secuestros.
¡No! Lo ha dicho —y lo repito aquí— ese lúcido y corajudo radical, Roberto Pena. Hay fondos
que salen de otro lado. Está el centro de producción instalado en la jefatura del Estado Mayor
del Ejército, donde hay un 16 por ciento de fondos millonarios que nadie controla.
De manera que esto es lo que está por detrás. Incluso hay más: luego de colocadas las bombas
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en Radio Belgrano los servicios de inteligencia pretendieron informar a los jefes militares que eso
era obra de grupos de izquierda; incluso mentían a sus propios jefes.
Entonces aquí se trata, nada más ni nada menos, que del problema de la seguridad de los argentinos.
Se trata de saber si vamos a defender la democracia o si nos vamos a “chupar el dedo”
para que nos echen a patadas. Asimismo, se trata de saber si queremos de una buena vez Fuerzas
Armadas coherentes con el interés nacional y consiguientemente profesionales o si queremos
seguir con estos aparatos que comenzaron por destruir la jerarquía militar. Porque a nadie le
falta la información de reuniones de jefes, donde se llama a uno, cuyo nombre no se da, y a quien
tiene que aguantar el otro jefe, que si pertenece a un ejército de veras asiste a este reclamo sobre
la conversación anónima con la estupefacción que corresponde. Si eso es así, creo que bastan las
palabras de ese hombre tan inteligente como es el señor diputado Manzano para darnos cuenta
de que ni él mismo cree que esta fórmula que se ha colocado aquí va a suprimir la actividad de
la inteligencia interna.
¿Por qué tenemos que recurrir a esa inmensa ambigüedad que es decir que las cuestiones
relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de
organismos de inteligencia militares?
Hay un problema de clara definición legislativa y política. ¿Queremos definir esto en claridad
o queremos dejar la ambigüedad? Aquí hay un problema de docencia, sino nadie podrá entender
qué demonios quiere decir este texto. Nos quedan dos alternativas: a continuación de este texto
decir que en consecuencia se suprime de aquí en más toda actividad en materia de seguridad
interna de los organismos de inteligencia militar; o si queremos ser un poco más precisos podríamos
aceptar la propuesta contenida en mi presentación, en el sentido de que con respecto a los
organismos de inteligencia se agregue el siguiente texto: “Estos no podrán, en ningún caso, desarrollar
actividades de vigilancia, fichaje o reunión de antecedentes de habitantes por sus actividades
políticas o sociales”.
Acepto lo que dice el señor diputado Manzano, en el sentido de que podemos dejar el texto
del despacho y vigilar las actividades de esos organismos, pero convengamos en que colocaremos
a nuestro Poder Ejecutivo en una situación bien distinta si incluimos una disposición como alguna
de las dos alternativas que he propuesto.
Soy firme partidario del control parlamentario de la actividad de inteligencia interna. Creo
que también debería haber control parlamentario del servicio de espionaje y contraespionaje,
pero acepto que esto exige una mayor tradición y disciplina en los órganos parlamentarios, y
quizá hoy, poco experimentados como somos, no tengamos esa virtud.
En materia de seguridad interna no tengo la menor duda de que lo que dice el señor diputado
Manzano es absolutamente exacto. Durante meses estuve reclamando a los ministros Tróccoli y
Borrás que se sentaran a una mesa con un grupo de legisladores y que convocaran a los jefes de
los servicios de inteligencia. Si esto se hiciera en 48 horas se terminarían algunas de las travesuras
que han ocurrido. Pero, dado que esto no se hace, señalo la enorme responsabilidad que se pone
en juego en la cuestión de definir con ambigüedad o con claridad.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Zubiri.—El señor diputado Manzano ha hecho sesudas y profundas reflexiones acerca de
un tema que es indudablemente delicado y serio. Por eso me voy a referir exclusivamente a su
intervención.
Comparto muchas de sus preocupaciones, pero creo que no debemos perder de vista que ésta
es una ley de Defensa Nacional. Habría que avanzar en el articulado para ver cómo se jerarquiza
el Estado Mayor Conjunto. Podría pensarse que esto no tiene nada que ver con el artículo 8º,
pero sería un punto de vista erróneo; porque si jerarquizamos las funciones del Estado Mayor
Conjunto en cuanto a la realización del planeamiento militar, es indispensable la existencia
de una inteligencia conjunta y la coordinación de la inteligencia proveniente de los diferentes

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
organismos, y nada más apropiado para ello que la Secretaría de Informaciones del Estado, que
es un órgano que ya existe.
En cuanto al último párrafo del artículo 8º —que según el diputado Conte no será entendido
por la gente—, creo que su contenido es absolutamente claro y que aventa las preocupaciones
del diputado Manzano; en efecto, ese párrafo dice: “Las cuestiones relativas a la política interna del
país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”.
Pero además considero que ese párrafo mejora notablemente los antecedentes legislativos
nacionales existentes en la materia. Sobre mi banca tengo el decreto 24.201 del año 1947, que
transfiere al Ministerio de Guerra la Coordinación de Informaciones (no hace falta decir quién
es el firmante de ese decreto). Por su parte, e1 decreto 3.063 del 5 de febrero de 1949 establece
que la Coordinación de Informaciones dependerá directamente del presidente de la Nación bajo
la denominación de Coordinación de Informaciones de Estado.
Tengo también sobre mi banca el decreto 15.078, del 31 de julio de 1951, que dice: “Que a tales
fines, todos los organismos integrantes del Estado deben informar obligatoriamente en forma
regular y ordenada al Poder Ejecutivo de acuerdo con las atribuciones otorgadas al mismo por la
Constitución Nacional en su artículo 83, apartado 20”.
Por último, existe otro decreto que dice: “La Coordinación de Informaciones de Estado orientará,
centralizará y coordinará la actividad informativa integral, procediendo a recibir, clasificar,
analizar, seleccionar y difundir todas aquellas informaciones que produzcan los diversos organismos
gubernamentales y servicios de informaciones especializados…”
Estos decretos llevan la firma del ex presidente Juan Domingo Perón. En ninguno de ellos
se incluye un párrafo como el último del artículo 8º, por lo que creo que se trata de una sensible
mejora en cuanto a los antecedentes que he mencionado.
Por último, aquí se ha deslizado una palabra y no queremos dejar de contestarla. Se ha hecho
mención al caso Guglielminetti. Quiero recordar que a este señor lo encontró y lo puso entre rejas
el gobierno de la democracia, así como al señor Gordon y al señor Firmenich, lo cual no pudo
lograrse durante ocho años de dictadura.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Zubiri.—Estas son las reflexiones que me merecen las apreciaciones del señor diputado
Manzano.
En cuanto a las del señor diputado Conte, ya las hemos contestado en otra oportunidad. Es la
cuarta vez que escucho el mismo discurso en este recinto; por lo tanto, no haré referencia alguna
a lo que ha manifestado.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.
Sr. Gutiérrez.—Señor presidente: quiero referirme a las expresiones vertidas por algunos
señores diputados acerca de los servicios de inteligencia. Se habla de la necesidad de extremar
medidas para el control de estos servicios.
Se trata de servicios de triste historia en el país que se dedicaron al espionaje de cada uno de
los ciudadanos que, como bien se ha dicho, contribuyeron a sostenerlos. Creo que no hay sentado
en estas bancas un solo legislador que no esté registrado en los servicios de información;
informaciones que muchas veces son tergiversadas.
No hay gobernador o funcionario en el país que no tenga las fotografías o diapositivas…
Sr. Presidente (Silva).—¿Cuál es la modificación que propone al artículo en consideración?
Sr. Gutiérrez.—Propongo que se escuchen las iniciativas y las sugerencias realizadas por el
señor diputado Manzano en este recinto.
Sr. Presidente (Silva).—Se tomará debida nota; señor diputado.
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Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—Señor presidente: digamos que el señor diputado Vanossi me ha entendido.
Se trata de un giro de ciento ochenta grados y la reflexión tiene mucho valor, porque frente a
aquel Poder Ejecutivo que en forma reiterada pedía a sus legisladores que sobre la base del número
transfirieran funciones, esperamos que este otro llegue a un final diferente.
Con relación a lo manifestado por el señor diputado Zubiri en el sentido de que el último
párrafo del artículo 8º debería aventar mis dudas, quiero aclararle que no es así y le voy a dar la
explicación con ejemplos.
Tal como figura redactado este último párrafo, su incumplimiento implicaría una violación
a los deberes del funcionario público. Esto podría sintetizarse en lo siguiente. Un grupo
de inteligencia utiliza mecanismos electrónicos de espionaje, de seguimiento y de acción en
un determinado lugar, con fondos del Estado. Entonces, infiltra un centro de estudiantes o
un sindicato, graba lo que se dice en las reuniones, participa de la toma de establecimientos,
promueve conflictos, genera disturbios y posteriormente se descubre que ha estado haciendo
eso durante mucho tiempo, aplicándose una pena por violación a los deberes del funcionario
público. La sanción llega después que se ha perseguido a los ciudadanos con los fondos que
ellos mismos pagan.
Voy a dar un ejemplo menos dramático. Se instalan y se “pinchan” los teléfonos de centenares
de dirigentes políticos, escuchándose todo lo que se conversa. Algunos de esos dirigentes políticos
se vinculan con un servicio de inteligencia extranjero o privado que detecta y comprueba
que el servicio de inteligencia estatal ha estado grabando durante los últimos años estas conversaciones.
Se formula la denuncia y después de un largo procedimiento judicial se condena al funcionario
que ya ha sido separado de sus funciones por el Poder Ejecutivo. Pero en este caso deben
transcurrir dos años, se cambió de destino al funcionario y la sanción vuelve a ser tardía. La única
forma de aprisionar al chancho es agarrándolo. No se le puede sacar una foto, sino que hay que
agarrarlo y ponerlo en el chiquero. Entonces, o hay control previo o habrá que pensar que hay
control sobre los ciudadanos. Si las sanciones se aplican después de cometido el delito, y es un
delito grave contra la democracia, entonces es indispensable poner un contralor parlamentario.
Daré un tercer ejemplo. Supóngase una lucha interna del partido oficialista en una provincia.
Podría ocurrir que alguno de los participantes designe a una persona para que espíe a otra, y el
que ganó o perdió se entere luego de lo sucedido y haga la denuncia. A ese individuo lo reemplazan
y lo condenan, pero ha estado espiando durante ese lapso.
Entonces, señor presidente, aprovechemos esta oportunidad. Tenemos una democracia con
alto consenso, un presidente con elevado prestigio y el 90 por ciento de la ciudadanía dispuesta a
asumir el costo político y personal de someter los servicios de inteligencia al control del Congreso.
Hagámoslo ahora, porque quizás mañana sea tarde.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Stolkiner.—Señor presidente, señores diputados: lamento que entremos en un terreno de
divagaciones ejemplificativas y en temas totalmente atécnicos.
Estamos considerando el artículo 8º del despacho de la comisión y se está cuestionando aquí
la figura administrativa del secretario de Estado de Informaciones. Por el artículo 3º se precisa
con indudable exactitud que este organismo de la Defensa Nacional depende del Poder Ejecutivo.
Me extraña, señor presidente, que los distinguidos colegas de los bloques minoritarios, tan
susceptibles en otros aspectos cuando se trata de marcar supuestas e inexistentes transgresiones
al principio de división y de funcionalidad de los poderes públicos, pretendan en este caso, en lesión
constitucional evidente y en transgresión inadmisible al principio de división de los poderes,
que un secretario de Estado del Poder Ejecutivo sea designado con acuerdo del Senado.
Simplemente me permito leer la segunda parte del inciso 10 del artículo 86 de la Constitución
Nacional: “…por sí sólo nombra y remueve —el presidente de la Nación, el titular de nuestro

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Ejecutivo unipersonal— los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares
y demás empleados de la administración…”.
Esta es una secretaría que depende funcionalmente del Ejecutivo, por disposición de los artículos
que ya hemos aprobado.
Sr. Manzano.—¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la venia de la Presidencia?
Sr. Presidente (Silva).—¿La concede, señor diputado?
Sr. Stolkiner.—Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Silva).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr. Manzano.—Acepto la lección de conducta parlamentaria que me acaba de dar el señor
diputado Stolkiner y me excuso por no haberle concedido una interrupción al señor diputado
Vanossi.
Sobre el tema en discusión deseo hacer algunas reflexiones. En 1853 no se utilizaban medios
electrónicos de espionaje; para espiar había que poner la oreja detrás de la puerta. Desde aquel
entonces la sociedad ha cambiado, al igual que el concepto de poder. Por eso señalé que era extraconstitucional
la propuesta que formulaba. Habría que cambiar el cargo de secretario de Estado
para transformarlo en jefe de una central de inteligencia designado con acuerdo del Senado.
Los servicios de inteligencia son organismos con poderes tan amplios que deben estar controlados
por el Parlamento, que es un poder con representación plural; de lo contrario, serían de
uso del partido que ocasionalmente detenta el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Silva).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Stolkiner.—Voy a responder con mucho gusto al señor legislador que acaba de formular
estas manifestaciones.
No hago mis razonamientos en función de los equipos electrónicos o de espías que se pegan
a las puertas. Estamos en un país que ha sufrido una década de humillaciones y que debe volver
a la ley. Estoy hablando en defensa de las leyes porque debemos ajustarnos a ellas.
No me molestará que el señor diputado propugne una reforma de las leyes estructurales de la
Nación para poder defender su posición en el futuro; pero en este caso debemos pensar siempre
en postrarnos ante la ley para que jamás volvamos a caer bajo la férula de los dictadores.
En este momento debemos hacer un culto de la división de los poderes. Nada de nuevo traería
aparejado el hecho de que el secretario de Informaciones sea el jefe de una central de inteligencia,
que por su denominación me hace recordar ciertos regímenes que afortunadamente han
sido superados pero que dolorosamente tiene presentes la humanidad.
No quiero una central de informaciones sino un presidente ecuánime, prestigioso y criterioso
como el que tenemos; un presidente que nombre a una persona de su máxima confianza para
que maneje las informaciones que debe rendir a él y no al Parlamento, un hombre a quien pueda
remover cuando quiera sin que el Senado se moleste.
Señor presidente: las reflexiones del señor diputado Manzano tendrán mucho de verosimilitud
teniendo en cuenta las tragedias que sufre la humanidad, víctima en algunos aspectos de
su progreso tecnológico pero los argentinos hemos vuelto al estado de derecho y a ello debemos
ajustarnos. Para el nombramiento de un ministro o secretario del Poder Ejecutivo no se puede
requerir el acuerdo del Senado sin transgredir la consideración de la figura presidencial.
Por último, recuerdo que ya hace muchos años un malogrado profesor argentino de origen
riojano, el doctor César Enrique Romero, en uno de sus trabajos hablaba de la evolución del derecho
constitucional en los tiempos modernos. La estructuración del Estado —nos guste o no a
los legisladores— va avanzando en el sentido de acordar —para la necesaria evolución y progreso
de los pueblos— más potestades y tal vez menos controles a los poderes del Ejecutivo. Este no es
nuestro caso. Nosotros tenemos la Constitución de 1853 que es sabia y previsora y a ella debemos
ajustarnos. En ese sentido, no obstante todos los razonamientos del señor diputado Manzano
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—muchos de ellos sumamente criteriosos—, lamentablemente no es aceptable la modificación
que propone al despacho de la comisión.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Conteo.—Lamento profundamente haber recibido de parte del presidente de la comisión
que está informando una respuesta inadecuada teniendo en cuenta la relación que debe mantener
el presidente de una comisión respecto de una bancada. Se trata de una respuesta descortés
en lo personal e injusta frente a una propuesta presentada a la comisión en tiempo oportuno, y
además —quizá esto es lo más grave— desatiende las exigencias de racionalidad que debe cumplir
en el debate político el partido del gobierno. Todos estamos obligados a un esfuerzo de racionalidad,
pero por excelencia y de acuerdo con las viejas reglas de la ciencia y sociología políticas
es fundamentalmente el partido gobernante el que debe hacerlo.
En función de esto me permito insistir ante el señor presidente de la comisión, diputado
Zubiri, para que dé una respuesta clara a lo que fue presentado en la comisión y traído al recinto
en la discusión en particular.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Arabolaza.—Tal como lo manifestara en el tratamiento en general del dictamen de la mayoría,
nosotros proponemos también un adecuado control parlamentario del funcionamiento de
la central de inteligencia, y desde el punto de vista constitucional no veo inconveniente para que
el Parlamento —a través de los mecanismos que considere idóneos— incluya una cláusula legal
que permita un adecuado y efectivo control de este poder sobre dicha central.
Sr. Presidente (Silva).—¿La comisión acepta la modificación?
Sr. Zubiri.—No, señor presidente.
Por otra parte, quiero aclarar en nombre de las comisiones que en el artículo que está en
consideración, donde dice “secretario de Informaciones del Estado” debe decir “secretario de
Inteligencia del Estado”, que es la denominación que en rigor corresponde.
Sr. Presidente (Silva).—Se va a votar el artículo 8º con la modificación propuesta en nombre
de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Silva).—En consideración el artículo 9º.
Se va a votar.
570
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Silva).—En consideración el artículo 10.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: siguiendo su línea argumental, el justicialismo va a proponer
sobre la base de las observaciones formuladas en el apartado h) —y aunque no coincida
con el proyecto del oficialismo— el siguiente artículo sustitutivo: “Los integrantes principales
del sistema de Defensa Nacional deberán ser necesariamente los siguientes: a) El presidente de la
Nación en su carácter de jefe supremo de la Nación, presidente del Consejo de Defensa Nacional
y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la República; b) el gabinete nacional constituido
en Consejo de Defensa Nacional, incluido el vicepresidente de la Nación; c) el Congreso de
la Nación en el tratamiento de asuntos de defensa y, permanentemente, a través de las comisiones
de Defensa de ambas Cámaras; d) el Poder Judicial, en la aplicación de leyes relacionadas directamente
con el área defensa, tanto en la paz como en la guerra y la posguerra; e) el Ministerio
de Defensa; f) las Fuerzas Armadas de la Nación: Ejército Argentino, Armada de la República
Argentina y Fuerza Aérea Argentina, a través de sus organizaciones intermedias, mediante su

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
participación activa y pasiva en las cuestiones esenciales de la defensa, tanto durante la paz como
en la guerra”.
Estaría de más reiterar lo que ya sostuvimos en oportunidad del debate en general, pero
refiriéndonos a los integrantes principales del sistema para la Defensa Nacional deseo hacer hincapié
en dos de los elementos que integran su estructuración. Uno es la participación activa del
Congreso de la Nación tanto en el Consejo de Defensa como componente de la estructura del
sistema. En segundo lugar, el pueblo de la Nación, que por su índole nutre sus Fuerzas Armadas
a la vez que contribuye a la Defensa Nacional mediante el laboreo de las riquezas de la República.
No como algunos interpretan el artículo 21 de la Constitución —supuesto en que hay quienes
juzgan que se trata de una obligación—, es derecho del ciudadano armarse en defensa de la Patria
ya sea mediante las organizaciones intermedias o como hombre aislado que quiere contribuir a la
grandeza nacional defendiéndola desde los cimientos más íntimos de su corazón. Esta es una de
las diferencias fundamentales que existe entre nuestro proyecto y el del oficialismo.
Sr. Presidente (Silva).—¿Acepta la comisión?
Sr. Zubiri.—El señor diputado Cavallaro insiste en su picardía de pretender introducir de
rondón el proyecto justicialista.
No tiene importancia de todas maneras, pero la que sí la tiene es que acá estamos hablando
del Comité Militar y este organismo entra a funcionar una vez que se produce el episodio bélico
concreto. O sea que pedirle opiniones al Parlamento acerca de cómo se debe desarrollar o no una
batalla me parece una disquisición bastante académica.
Además, todo lo expresado por el señor diputado Cavallaro —que podrá estar bien o mal—
no tiene nada que ver con el artículo que estamos tratando. Es una expresión genérica que fue
válida en la instancia previa de la consideración en general del proyecto, pero no lo es ahora
concretamente con referencia al artículo a cuyo tratamiento estamos abocados.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Propongo la incorporación de un artículo nuevo, cuyo texto es el siguiente: “Las
cuestiones relativas a las políticas internas del país o a la vida privada de los ciudadanos no podrán
constituir en ningún caso hipótesis de trabajo o misión de ningún organismo de información o inteligencia
de ningún tipo.”
Me permitiré fundar mi proposición.
Sr. Presidente (Silva).—Señor diputado: está en consideración el artículo 10.
Sr. Melón.—Ya propongo la incorporación de un artículo nuevo.
Sr. Presidente (Silva).—Sólo puede referirse ahora al artículo en consideración. Su argumentación
hubiera sido procedente en oportunidad de tratarse el artículo anterior.
Sr. Melón.—Entonces me reservo para proponer a posteriori la incorporación de un artículo
nuevo.
Sr. Presidente (Silva).—Perfectamente, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
La Presidencia advierte al señor diputado Cavallaro que, en razón de hacer uso de la palabra
por segunda vez, dispone de sólo cinco minutos.
Sr. Cavallaro.—Quiero explicar ante la Honorable Cámara y especialmente al señor diputado
Zubiri lo que señalo a continuación.
Es verdad lo que el miembro informante sostiene: no coincidimos, porque aquí se está hablando
del Comité Militar y nosotros planteamos un problema que se vincula con la base fundamental
de la ley de defensa, con su estructura. En eso sigo una línea argumental.
Sr. Presidente (Silva).—En base a su proyecto y no al que está en consideración.
Sr. Cavallaro.—En base al proyecto justicialista o a lo que yo considero que debe ser este
artículo.
Sr. Presidente (Silva).—Se va a votar el artículo 10.
571
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21 de agosto de 1985
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
11 a 14.
Sr. Presidente (Silva).—En consideración el artículo 15.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Arabolaza.—Voy a proponer que luego de la expresión “…posibilitar su empleo en
forma…”, se diga “…preventiva, disuasiva y efectiva”. Es decir, propongo agregar la palabra
“preventiva”.
Sr. Presidente (Silva).—¿Acepta la comisión?
Sr. Zubiri.—La comisión no va a aceptar la propuesta del señor diputado porque estamos
utilizando terminología técnica y cuando hablamos de efecto disuasivo queremos decir exactamente
lo mismo que desea expresar el señor diputado Arabolaza.
Sr. Presidente (Silva).—Se va a votar.
572
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Silva).—En consideración el artículo 16.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Conteo.—Señor presidente: voy a introducir aquí la segunda cuestión clave que mi bancada
entiende debe definirse en esta oportunidad. Decir que estamos tratando simplemente una
ley de Defensa Nacional es escamotear el bulto. Aquí estamos definiendo los perfiles básicos de
las Fuerzas Armadas, parte esencial de la Defensa Nacional que pretendemos.
Señalé en mi intervención del otro día la importancia que nadie desconoce en este recinto
del significado de la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la naturaleza, de sus
sistemas de vida. Aludí también al problema de la estructura de las Fuerzas Armadas, su relación
con la actual situación presupuestaria y con la visible y notoria atenuación de las hipótesis de
conflictos externos. Por consiguiente, y más allá del poco entusiasmo que provoca la actitud de
lo que considero una íntima convicción, de los textos que propongo agregar al artículo 16.
“En la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas se contemplará la afirmación de los
principios democráticos y el régimen constitucional; el análisis de los problemas nacionales atendiendo
a las concepciones mayoritarias vigentes en la sociedad, se hará propendiéndose a su integración
social con la comunidad en la cual presten servicios, evitándose en todo lo posible que su residencia
de destino sea en lugares aislados del resto de la población o dedicados exclusivamente a ellos.
“Los reglamentos militares establecerán los medios para el paso flexible de la categoría de suboficial
a la de oficial, con todas las facultades y prerrogativas que a éstos les corresponden. En las cuestiones
internas se propiciará el diálogo y la reflexión crítica de todos sus componentes.
“El Poder Ejecutivo procederá a reducir las estructuras de las Fuerzas Armadas adecuando su
dimensión y número a las presentes circunstancias de orden internacional y a las asignaciones presupuestarias
establecidas para el gasto militar, de modo de asegurar los requerimientos de capacitación
profesional, equipamiento y eficiencia que corresponda. Ello incluye la determinación de cupos de
ingreso o para la incorporación de alumnos en las escuelas de las Fuerzas Armadas y en los cuadros
de oficiales. Cuando las condiciones del contexto internacional demanden la ampliación de estructuras,
el Poder Ejecutivo podrá adoptar las medidas consiguientes, debiendo informar al respecto al
Congreso Nacional.”
Termino, señor presidente, diciendo que esta es la oportunidad en que podemos resolver
un tema en el cual estamos sensiblemente atrasados. Se trata de la formación, de la definición
esencial de la pautas, de los modos de vida; de la dimensión de la estructura de nuestras Fuerzas
Armadas. No basta con decir que ésta es una ley de Defensa Nacional. Somos hombres políticos

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
y tenemos, ahora y no luego, la oportunidad de definir las pautas esenciales dentro de las cuales
nuestro pueblo está pidiendo que queden encuadradas las Fuerzas Armadas.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.
Sr. Zubiri.—Señor presidente: sin entrar a analizar a fondo la cuestión planteada por el señor
diputado Conte, entiendo que aceptar la inclusión de este nuevo artículo importaría incurrir en
un engendro legislativo que no tendría relación alguna con la materia que estamos tratando, lo
cual sería propio de una deficiente técnica legislativa.
Por estas razones y, repito, sin entrar a analizar los argumentos de fondo expuestos por el
señor diputado Conte, y porque estimo que estamos hablando de otra cosa —precisamente de la
ley de Defensa—, la comisión no va a aceptar la modificación propuesta.
Sr. Presidente (Silva).—Se va a votar el artículo 16 del despacho de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Silva).—En consideración, el artículo 17.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: en razón de que se está hablando de la organización de las
Fuerzas Armadas, voy a proponer que se agregue un artículo —podría ser el 16 bis o, si la comisión
acepta correr la numeración, el 17— referido a la supresión del servicio militar obligatorio.
En la consideración en general ya nos referimos a esa cuestión, y ahora ratificamos lo ya
manifestado diciendo que proponemos sustituir el servicio militar obligatorio por la instrucción
militar, que será instrumentada por una ley especial.
Los fundamentos de la medida que propiciamos son muy extensos y, además, la doctrina ha
abundado mucho en ellos. Esto se relaciona con la clase de Fuerzas Armadas que la República
desea tener. Es decir, si se quiere contar con un componente mixto de cuadros de oficiales y
suboficiales y de conscriptos incorporados por la ley del servicio militar obligatorio, o si se desea
tener un ejército de cuadros de oficiales y suboficiales y de voluntarios que posean la instrucción
militar necesaria de acuerdo con esta ley.
En consecuencia, propongo como nuevo artículo el siguiente texto:
“Las obligaciones de la Defensa Nacional a todas las personas de existencia visible y/o jurídica
sujetas a las leyes argentinas deberán ser consideradas como carga pública, y comprenderán entre
otras a la instrucción militar en sustitución del actual servicio militar obligatorio y el servicio civil de
defensa activa y pasiva. La sustitución del actual servicio militar obligatorio por la instrucción militar
será instrumentada por una ley especial.”
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Zubiri.—Por las razones expuestas durante mi intervención en el debate en general, la
comisión no va a aceptar la modificación propuesta.
Sr. Presidente (Silva).—Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Silva).—En consideración el artículo 18.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Arabolaza.—Señor presidente: considero que el último párrafo de este artículo, que obligaría
al Presidente de la República a designar a los jefes de los Estados Mayores Generales entre
los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad, limita las facultades
constitucionales del presidente de la República. Por lo tanto, propongo la supresión de todo ese
párrafo.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
573
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21 de agosto de 1985
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: me voy a referir a una cuestión que afecta la piel en razón
de lo que muchos sienten cuando se pronuncia la palabra comandante.
En base a las observaciones que oportunamente presentaré, propongo que los jefes de cada
fuerza sean llamados comandantes a secas, porque el único comandante en jefe es el presidente
de la República.
Bien se sabe que en la organización militar los estados mayores no constituyen un escalón
de comando sino simples órganos de asistencia, asesoramiento y trabajo del jefe de cada fuerza,
como el Estado Mayor Conjunto lo es del presidente de la República. Por lo tanto, yo los llamaría
“comandantes” a secas, y si no aceptan esa palabra los llamaría jefes: jefe de la Fuerza Aérea,
jefe del Ejército y jefe de la Armada. El título de comandante en jefe quedaría reservado para el
presidente de la Nación.
La concepción militar de que los estados mayores no son escalones de comando ha sido
adoptada en todo el mundo, salvo en aquellos países que tienen como jefe de cada arma a un
secretario que es de Ejército, Marina o Aeronáutica.
En estos casos, esas personas son los verdaderos jefes de las armas.
Por lo tanto, propongo que a quienes mandan las armas se los llame comandantes a secas y
a quien manda a todas en la República Argentina, al señor presidente de la Nación, se lo designe
con el título de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Sr. Presidente. (Silva).—¿Acepta la comisión la supresión propuesta por el señor diputado
Arabolaza y la modificación propuesta por el señor diputado Cavallaro?
Sr. Zubiri.—La comisión no va a aceptar ninguna de ellas.
En primer lugar, el último párrafo del artículo 18 no afecta la facultad constitucional del presidente
sino que recoge la tradición en materia militar de que los jefes de los estados mayores generales
sean nombrados entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad.
En segundo término, lo que propone el señor diputado Cavallaro es lo que dice el proyecto
de ley, que utiliza la denominación de jefes para los titulares de los Estados Mayores Generales de
cada arma. Por lo tanto, no vamos a aceptar esta supuesta modificación, porque no existe.
Sr. Presidente (Silva).—Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Silva).—En consideración el artículo 19.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Cavallaro.—Señor presidente: basado en los fundamentos del dictamen de mayoría,
quiero proponer el cambio de una palabra. El artículo dice: “Los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas ejercerán el gobierno y la administración de sus respectivas fuerzas. Dirigirán la
preparación para la guerra de los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y el apoyo logístico
para los mismos. Propondrán al Estado Mayor Conjunto…”, etcétera. En base a los fundamentos
del dictamen propongo que en lugar del término “Propondrán” se utilice el de “Asesorarán”.
El resto del párrafo quedaría igual.
Fíjense los señores diputados que en los fundamentos del dictamen de la mayoría se expresa
que la misión de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas se limita, en este punto,
al asesoramiento sobre los aspectos indicados, siendo la elaboración de los planes militares conjuntos
misión exclusiva del Estado Mayor Conjunto.
Sr. Presidente (Silva).—¿Acepta esta modificación la Comisión de Defensa?
Sr. Zubiri.—La comisión acepta la propuesta del diputado Cavallaro.
Sr. Presidente (Silva).—Se va a votar el artículo 19 con la modificación propuesta.
574
—Resulta afirmativa.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.
Sr. Presidente (Pugliese).—Pasamos al título IV, organización territorial y movilización. En
consideración el artículo 20.
Si no hay observaciones, se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 21.
Si no hay observaciones, se va a votar.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 22.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Señor presidente: en este artículo nos encontramos ante un hecho más de los
que, a lo largo de todo el proyecto, instan a la necesidad de la participación parlamentaria en el
ámbito primario de decisión, es decir, en el Consejo de Defensa Nacional.
En efecto, dice el artículo que el Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del
Congreso de la Nación, podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para
la Defensa Nacional, deban ser sometidos a la custodia y protección militar. Prosigue diciendo
que en caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional, o ante su inminencia, tal
declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación.
Esto significa que mientras que el Ejecutivo requiere la aprobación previa del Parlamento
para poder declarar zona militar a diversos ámbitos, cuando se trata de una hipótesis de conflicto
transformada en hipótesis de guerra y su consiguiente declaración, el Ejecutivo está autorizado
a tomar semejante decisión previamente a su ratificación por parte del Congreso de la Nación.
Al no haber participación parlamentaria en el Consejo de Defensa Nacional, evidentemente
la única posibilidad que le resta al Parlamento frente a una declaración de guerra hecha por el
Ejecutivo es la de aprobarla, ya que no cabe en la imaginación de nadie que el Poder Ejecutivo
pueda declarar una guerra o desarrollar un conflicto y que posteriormente el Parlamento —en
el cual por un motivo absolutamente circunstancial el Ejecutivo pueda no tener la mayoría— no
ratifique esa decisión. La hipótesis sería totalmente ridícula.
Reitero que este hecho ratifica nuevamente la necesidad que hemos expresado durante todo
el debate de que el Parlamento participe de la decisión del Ejecutivo por medio de representantes
que serían los presidentes de las comisiones especializadas de ambas Cámaras. Esta mecánica
representaría para el propio Ejecutivo una garantía de que quienes han participado y constatado
los elementos que hacen a la decisión en materia de conflicto bélico, serán luego quienes impulsarán
en el debate parlamentario la ratificación de lo actuado por el Ejecutivo.
En síntesis, propongo que el segundo párrafo de este artículo diga lo siguiente: “En caso de
guerra o de conflicto armado de carácter internacional, o ante su inminencia, tal declaración estará
sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación en tanto y en cuanto el presidente
de la Comisión de Defensa del Senado y el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados hayan participado como observadores del Consejo de Defensa”.
Sr. Presidente (Pugliese).—¿La comisión acepta?
Sr. Zubiri.—La comisión no acepta por las razones que expusimos al negarnos a admitir estas
mismas proposiciones cuando se trató el artículo referido al gabinete de Defensa Nacional. Los
argumentos son los mismos para oponernos a esta modificación.
575
1985

21 de agosto de 1985
576
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 22, tal como ha sido despachado por las
comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 23.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
24 y 25.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 26.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Señor presidente: en este artículo nos encontramos otra vez con una de las obligaciones
que, tratándose de cargas públicas dentro de la ley de defensa, exigen a los ciudadanos
proporcionar información. Creo que cabría precisar de alguna manera la cuestión sobre qué tipo
de información debe darse y cuáles son los límites de la misma.
Pienso que tendríamos que redactar el artículo conforme al siguiente texto: “Proporcionar
información salvo en las cuestiones relativas a la política interna del país o a la vida privada de los
ciudadanos, que no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo o misión de organismos de
información o inteligencia alguna”.
Voy a pedir disculpas al cuerpo por ser reiterativo en este tema, y quizás monótono, pero
creo que estamos directamente ingresando en un tema de información e inteligencia que incluso
supera el ámbito de la ley de Defensa Nacional. Entiendo que estamos incluso acercándonos al
borde del nivel de las obligaciones de conciencia de cada legislador con su partido o con el proyecto
del Ejecutivo o de la oposición, según donde esté ubicado. Eso se debe a que el no encuadramiento
de los servicios de inteligencia y de información del Estado pone en peligro algo que
todos nos hemos comprometido a defender: la existencia misma del sistema democrático.
No hace mucho tiempo en este mismo recinto nosotros escuchamos de muy buena fe, y lo
seguimos creyendo, la información de que podía existir un golpe de derecha y que podía estar en
peligro la vida del propio presidente de la Nación.
Teniendo en cuenta la información que se dio en los diarios hemos llegado a la conclusión
de que esa información fue proporcionada por integrantes del viejo aparato que funcionó entre
1976 y 1983, y que fue comprada por algún funcionario del Poder Ejecutivo durante el funcionamiento
de la democracia.
Todos somos testigos, porque parece muy difícil creer que la cuestión no tuviese que ver
con el tema, de algo que algunos de los componentes de esta Cámara tuvieron oportunidad de
presenciar el año pasado. A pesar de que en ese momento nos comprometimos a guardar reserva
sobre la cuestión, creo que ese compromiso está roto porque el mismo involucrado, es decir el
doctor Pena, quien era en ese momento secretario de Informaciones del Estado, ha roto ese silencio
al declarar sobre la reunión que mantuvimos en la Comisión de Defensa. Los legisladores
queríamos consultar a ese funcionario bajo reserva acerca de qué había pasado con los servicios
de información y qué transformaciones se habían producido en ellos después de la llegada de la
democracia. Detuvimos la consulta al señor secretario cuando él nos confesó que en dos oportunidades
durante el período de su gestión habían entrado en su casa; en la primera le habían
robado algunos objetos de poco valor que eran de uso personal de su esposa, y en la segunda se
habían limitado a dejarle la tarjeta de visita, o sea habían revuelto su departamento.
Creo que con esto no voy a hacer variar la opinión que tiene la bancada mayoritaria. No la voy
a modificar diciendo que el presupuesto de los servicios de inteligencia sigue siendo cerrado, no
desglosado y de uso reservado en el presupuesto nacional. Estimo que tampoco voy a modificar

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
la opinión de los legisladores de la mayoría manifestando que los servicios de informaciones siguen
trabajando en inteligencia interior y que muchos de los diputados justicialistas —de otros
no puedo hablar— tenemos nuestros teléfonos interferidos y nuestras vidas privadas vigiladas.
Pero quizá sí podremos lograr en determinado momento que todo lo que tenga que ver con los
servicios de informaciones e inteligencia sea objeto de una ley especial que se regule y encuadre.
En este punto no sólo estamos expuestos los miembros de la oposición sino también todos
los que de alguna manera tienen una participación en política. Sabemos cómo funcionan esos
servicios, conocemos los hechos que producen; los leemos todos los días en los diarios y también
sabemos que nunca faltará un funcionario que, como dijimos hoy, pueda caer en la tentación
de utilizarlos, o de creer que los puede utilizar para participar en la política interna de su propio
partido o en la política interna de los otros partidos.
Si hoy no hemos podido encuadrar en la ley de Defensa Nacional a los servicios de inteligencia
y de información —estos dos conceptos son distintos—, por lo menos debemos asumir en
nuestra conciencia el compromiso de tratar en un futuro cercano una iniciativa legislativa que
los regule y encuadre.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Vanossi.—Señor presidente: en nombre de las comisiones intervinientes manifiesto que
no aceptamos la modificación que se ha propuesto.
En primer lugar quiero aclarar que toda temática de la información ha sido tratada durante y
suficientemente en el transcurso de este largo debate, tanto en la consideración en general como
en el tratamiento en particular. De modo que por respeto a mis pares y en atención a lo avanzado
de la hora no reiteraré los argumentos que se han esgrimido en esta materia.
En cuanto a la propuesta del señor diputado Melón, en el sentido de que se califique el tipo
de información que los particulares están obligados a prestar, creemos que ello es innecesario
porque la parte final del artículo 26 dice: “La información obtenida tendrá carácter de reservada y
no podrá tener otro destino ni otro uso que el de satisfacer esas necesidades”. Siendo impredecible la
dinámica de los conflictos es imposible especificar el tipo de información que se puede requerir;
lo que sí se puede condicionar es el destino de esa información, y esto es precisamente lo que hace
la parte del artículo 26 que acabo de leer.
Por lo tanto, no aceptamos la propuesta a que hice mención.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 26 tal como figura en el despacho.
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
23 a 34.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 35.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Horta.—Deseo informar en nombre de las comisiones que en el texto propuesto en el artículo
35 en sustitución del artículo 9º del decreto-ley 15.385/44 se ha deslizado un error. Donde
dice: “…para el otorgamiento de concesiones y/o permisos de las autoridades nacionales…”, debe
decir: “…para el otorgamiento de concesiones y/o permisos que las autoridades nacionales…”. Es
decir que corresponde cambiar “de” por “que”.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 35 con la corrección indicada por el señor
diputado por Buenos Aires en nombre de las comisiones.
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 36.
—El artículo 37 es de forma.
577
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21 de agosto de 1985
Sr. Presidente (Pugliese).—Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
2
Moción
Sr. Jaroslavsky.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Jaroslavsky.—Señor presidente: formulo moción de orden de que se levante la sesión.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado
por Entre Ríos.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Queda levantada la sesión.
—Es la hora 19.
LORENZO D. CEDROLA
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
3
Apéndice
Sanciones de la Honorable Cámara.
Proyectos de ley que pasan en revision al Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
578
TÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la
preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional. La misma es sancionada tendiendo al
cumplimiento del propósito de “proveer a la defensa común”, enunciado en el Preámbulo de la
Constitución Nacional, y, por lo tanto, ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en
detrimento del texto constitucional, de su espíritu y fines ni del sistema de gobierno representativo,
republicano y federal, adoptado por la Nación Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerza morales
y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones de origen externo.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Se concretan en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos
generados por éstas, tanto en tiempo de paz como de guerra. Tiene por finalidad garantizar de
modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial
y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes, los intereses
nacionales y la plena vigencia del sistema democrático y constitucional.
TÍTULO II
Órganos y misiones
Art. 3º.—Competen al presidente de la Nación la dirección de la Defensa Nacional y la conducción
de las Fuerzas Armadas.
Consiguientemente dispondrá, con el asesoramiento del gabinete de Defensa Nacional, las
pautas para la realización del planeamiento para la Defensa Nacional, controlando su ejecución
y confección.
En caso de guerra, ejercerá:
Con el asesoramiento del gabinete de Defensa Nacional, la conducción integral de la misma;
asistido por el Comité Militar, la conducción militar de ésta.
Art. 4º.—Sin perjuicio de las competencias que le son asignadas en la ley de ministerios, el
Ministerio de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias
de la Defensa que no se reserve o ejercite directamente el presidente de la Nación o que no
sean atribuidos expresamente en la presente ley a otro funcionario, órgano u organismo.
El Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del gabinete de Defensa Nacional,
ejerciendo la secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.
Art. 5º.—Sin perjuicio de las competencias asignadas en la ley de ministerios, créanse como
organismos específicos dependientes del presidente de la Nación:
a) El gabinete de Defensa Nacional;
b) El Comité Militar.
Art. 6º.—El gabinete de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación en
la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra, así como también
en la adopción de la estrategia y en la coordinación de los planes y acciones necesarias para su
superación.
Art. 7º.—El gabinete de Defensa Nacional será presidido por el presidente de la Nación,
quien adoptará las decisiones en todos los casos, en los asuntos que originen su funcionamiento.
Estará integrado por el vicepresidente de la Nación, y los ministros de Defensa, del Interior, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Economía.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e invitar a
miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos considere de utilidad para los asuntos
específicos que hubieren de tratarse.
Art. 8º.—La información e inteligencia necesarias para la Defensa Nacional, en el nivel estratégico
nacional, serán proporcionadas por la Central Nacional de Inteligencia, órgano presidido
por el secretario de Inteligencia del Estado, que habrá de ejercer la coordinación de las actividades
de todos los organismos de inteligencia existentes, con la finalidad de proveer inteligencia
estratégica e información al presidente de la Nación y a los órganos y organismos que determine
la reglamentación.
La producción de inteligencia en el nivel estratégico militar estará a cargo del organismo
de inteligencia conjunto que se estructurará sobre la base de los órganos de inteligencia que
579
1985

21 de agosto de 1985
actualmente integran las Fuerzas Armadas, y que dependerá en forma directa e inmediata del
ministro de Defensa.
Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso
hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.
Art. 9º.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la conducción militar de la guerra.
Art. 10.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas. El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades
e invitar a miembros de otros poderes o personas cuyos conocimientos considere de
utilidad para los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 11.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar cuya secretaría ejercerá el jefe de dicho Estado Mayor Conjunto.
Art. 12.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá orgánicamente del
ministro de Defensa; estará integrado por personal de las tres Fuerzas Armadas, y su jefe será
designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 13.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tendrá a su cargo la asistencia
del ministro de Defensa en materia de estrategia militar.
Entenderá asimismo en:
a) La elaboración del planeamiento militar conjunto;
b) La formulación de la doctrina militar conjunta;
c) La dirección del adiestramiento militar conjunto;
d) El control del planeamiento estratégico operacional y de la eficacia del accionar militar
conjunto.
El presidente de la Nación, por si, o por intermedio del Ministerio de Defensa, dispondrá las
pautas a que deberá ajustarse el ejercicio por parte del Estado Mayor Conjunto de las funciones
que le son conferidas en la presente ley y controlará el ejercicio de las mismas por parte de éste.
Estarán sometidos a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.
Art. 14.—En el planeamiento estratégico militar a ser realizado por el Estado Mayor
Conjunto, se podrá prever la creación de comandos estratégicos operacionales conjuntos, específicos
o combinados y comandos territoriales
Sus comandantes serán designados por el presidente de la Nación, y dependerán, a efectos
del planeamiento y adiestramiento del ministro de Defensa a través del Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas y del presidente de la Nación en caso de guerra o conflicto
armado.
580
TÍTULO III
Organización de las Fuerzas Armadas
Art. 15.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo
en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un
mando responsable de la conducta de sus subordinados.
Estarán sometidos a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Art. 16.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición, dimensión y despliegue derivarán básicamente
del planeamiento militar conjunto. Su organización y funcionamiento se inspirarán en
criterios de coordinación y eficiencia conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios
cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.
Art. 17.—Los componentes terrestres, navales y aéreos se mantendrán integrando los respectivos
agrupamientos administrativos, dependiendo de los jefes de los estados mayores generales
de cada fuerza. Conforme resulte del planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de
estos componentes o parte de ellos, bajo la dependencia de comandos estratégicos operacionales
conjuntos, específicos o combinados o comandos territoriales.
Art. 18.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas dependerán del Ministerio
de Defensa, por delegación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y mantendrán relación
funcional con el Estado Mayor Conjunto a los fines de la acción militar conjunta.
Los jefes de los referidos Estados Mayores Generales serán designados por el presidente de la
Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad.
Art. 19.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas ejercerán el gobierno y la
administración de sus respectivas fuerzas. Dirigirán la preparación para la guerra de los elementos
operacionales de las respectivas fuerzas y el apoyo logístico para los mismos. Asesorarán al
Estado Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento militar
conjunto, la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los aspectos
del referido planeamiento que hagan a las mismas.
TÍTULO IV
Organización territorial y movilización
Art. 20.—Para el caso de guerra o conflicto armado internacional, el presidente de la Nación
podrá establecer teatros de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.
El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de las Fuerzas
Armadas que designe al efecto el presidente de la Nación, de quien dependerá en forma directa
e inmediata.
Art. 21.—En los casos previstos en el artículo anterior las autoridades constitucionales mantendrán
la plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la aplicación
de la institución contemplada en el artículo 6º de la Constitución Nacional, en aquellos
supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable.
En la hipótesis de adoptarse la medida referida, la misma no comprenderá al Poder Judicial,
que mantendrá la plenitud de sus atribuciones.
Art. 22.—El Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso de la Nación,
podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional,
deban ser sometidos a la custodia y protección militar.
En caso de guerra, o de conflicto armado de carácter internacional o ante su inminencia, tal
declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación.
Art. 23.—La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánicamente
del Ministerio de Defensa.
En tiempo de guerra podrán ser asignados a los comandos estratégicos operacionales y comandos
territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente.
581
1985

21 de agosto de 1985
Art. 24.—El presidente de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios para
adecuar los recursos de la Nación a las necesidades de la Defensa Nacional.
Art. 25.—El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la defensa
civil, entendiéndose por tal las medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o
disminuir los efectos de la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen,
puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo normal de
vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 26.—En caso de guerra o ante su inminencia el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer
requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer necesidades
de la Defensa Nacional. En la reglamentación de la presente ley se determinará el procedimiento
y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.
Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la
obligación, limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que les sean requeridos por autoridad competente.
La información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro
uso que el de satisfacer esas necesidades.
Art. 27.—La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable. Si ese
aporte implicara gastos o prestación de servicios, se determinará administrativamente la indemnización
o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el lucro cesante.
En caso de desacuerdo, el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte interesada.
Art. 28.—El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora los informes requeridos
por la autoridad competente, o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición,
será reprimido con prisión de dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de
un delito más grave.
Las entidades o asociaciones que incurrieren en los mismos hechos o impidieren o dificultaren
las funciones de las autoridades competentes, podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo
Nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.
Art. 29.—Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que
entorpecieran el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades
encargadas de ejecutarlas, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que el hecho
importare la comisión de un hecho más grave.
TÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 30.—Deróganse las leyes 16.970, 17.649, 19.276, 20.194 y toda otra disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 31.—Deróganse los artículos 2º, 3º, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.
Art. 32.—Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318 por el siguiente:
Artículo 16.—El presidente de la Nación designará como autoridad de convocatoria a
un oficial superior de las Fuerzas Armadas, quien dependerá del Ministerio de Defensa.
Art. 33.—Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:
582
Artículo 4º.—Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona
de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con relación a las
transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos,
reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles
en cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.
Art. 34.—Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º del decreto ley 15.385/44, por el
siguiente:
Artículo 7º, inciso d).—Actuar a título de organismo coordinador asesorando y orientando
la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que
por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad,
para lograr la necesaria armonía y eficiencia en la estructuración y aplicación de las
disposiciones que, directa, o indirectamente, se refieran a la Defensa Nacional.
Art. 35.—Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
Artículo 9º—La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad considerará y resolverá
dentro de su jurisdicción los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos
que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar
la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y orientación de
la opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de energía
o industria de cualquier índole que interesen a los fines de la Defensa Nacional e intervenir,
asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen
como personas de derecho privado.
Art. 36.—La presente ley se reglamentará dentro de los 180 días de su promulgación.
Art. 37.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fuente: Cámara de Diputados de la Nación. Diario de Sesiones del 21 de agosto de 1985, pp. 3490-3562.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia
Legislativa y Parlamentaria. Departamento de Información argentina y atención al usuario.
583
1985

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor Víctor Hipólito Martínez;
del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor Edison Otero; del
señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor Carlos E. Gómez Centurión,
y del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor
Fernando de la Rúa
Secretarios: doctores Antonio J. Macris y Leonardo Justo Palomeque
Prosecretarios: doctor Alberto J. B. Iribarne y señor Desiderio Laureano Almirón
Senadores presentes:
ALMENDRA, Ramón A.
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
CASTRO, Jorge A.
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN,
Carlos E.
GURDULICH de CORREA,
Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA,
Arturo I.
LAFFERRIÉRE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES,
Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MATHUS ESCORIHUELA,
Miguel A
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SALIM, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SIGAL, Humberto C.
TRILLA, Juan
VELÁZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
VILLADA, Francisco R.
Ausente, con licencia:
CELLI, Felipe
Ausentes, con aviso:
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro. A.
SOLANA, Jorge D.
Sumario
1. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en los siguientes proyectos
de ley: en revisión sobre Defensa Nacional; del señor senador Amoedo; de los señores senadores
Gurdulich de Correa y Saadi y del señor senador Bravo Herrera, todos ellos sobre el mismo tema
(C.D.—84/85, S.—560/85, 657/86 y 686/86). (Pág. 3484).
2. Moción del señor senador Saadi de pasar a cuarto intermedio hasta las 11. Se aprueba. (Pág. 3570).
585
1986

22 y 23 de octubre de 1986
Sr Presidente.—Queda abierta la sesión.
—En Buenos Aires, a las 18 y 17 del miércoles 22 de octubre
de 1986:
1
Ley de Defensa Nacional
Sr. Presidente.—Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional
en el proyecto de ley en revisión sobre ley de Defensa Nacional, en el proyecto de ley del señor
senador Amoedo; en el proyecto de ley de los señores senadores Gurdulich de Correa y Saadi; y
en el proyecto de ley del señor senador Bravo Herrera, sobre el mismo tema.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Macris).—(Lee):
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley de Defensa
Nacional, en revisión, y el proyecto de ley del señor senador Julio A. Amoedo, y el proyecto de
ley de la señora senadora Liliana Gurdulich de Correa y el señor senador Vicente Leonides Saadi,
y el proyecto de ley del señor senador Horacio F. Bravo Herrera; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del primero, dictamen que se agrega como
anexo, con las modificaciones introducidas (anexo Orden del Día Nº 358).
De acuerdo al artículo 102 del Reglamento de la Honorable Cámara este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de octubre de 1986.
Antonio T. Berhongaray — Héctor J. Velázquez
— Juan Trilla — Luis A. León — Liliana I. Gurdulich
de Correa — Arturo I. Jiménez Montilla.
586

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
TÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación,
ejecución y control de la Defensa Nacional. Es sancionada en cumplimiento del propósito
de “proveer a la defensa común” enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, y
por lo tanto, las disposiciones de esta ley serán interpretadas en el marco del texto constitucional,
de su espíritu y fines y del sistema de gobierno representativo, republicano y federal, adoptado
por la Nación Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es la integración y acción coordinadora de todas las fuerzas
morales y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones de origen externo.
Se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos
que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra.
Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la
Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida,
la libertad y los bienes de sus habitantes, así como el patrimonio nacional, los intereses argentinos
y la plena vigencia del sistema democrático y constitucional.
Art. 3º.—La Defensa Nacional abarca los espacios continentales, Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur y demás territorios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina,
así como el Sector Antártico Argentino, con los alcances asignados por tratados internacionales,
suscritos o a suscribir por la Nación.
Art. 4º.—La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos,
en la forma y términos que establecen las leyes.
TÍTULO II
Órganos y misiones
Art. 5º.—Compete al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la misma, la
dirección de la Defensa Nacional y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los términos establecidos
en los incisos 15 y 17 del artículo 86 de la Constitución Nacional.
Con el asesoramiento del Consejo de Defensa Nacional el presidente de la Nación dispondrá
el contenido y las pautas para la realización del planeamiento para la Defensa Nacional, controlando
su confección y su ejecución.
El presidente ejercerá:
a) La conducción integral de la guerra, con el asesoramiento y asistencia del Consejo
de Defensa Nacional;
b) La conducción militar de la guerra, con la asistencia y asesoramiento del Comité Militar.
587
1986

22 y 23 de octubre de 1986
Art. 6º.—El ministro de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las
actividades propias de la defensa que no se reserve o realice directamente el presidente de la
Nación o que no sean atribuidas expresamente por la presente ley a otro funcionario, órgano u
organismo.
El Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional
ejerciendo la Secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.
Art. 7º.—Créanse como órganos específicos dependientes del presidente de la Nación:
a) El Consejo de Defensa Nacional;
b) El Comité Militar;
c) La Central Nacional de Inteligencia.
Art. 8º.—El Consejo de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación en
la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra así como también
en la adopción de la estrategia y en la coordinación de los planes y acciones necesarios para su
superación.
Art. 9º.—Para dar cumplimiento a su función el Consejo de Defensa Nacional obrará conforme
a lo establecido en un programa de mecanismos de alerta, que define las situaciones de
conflicto previsibles y las respuestas consiguientes y ajustadas, para cada situación, conforme con
el cuadro aclaratorio anexo que forma parte de la presente ley.
A los efectos del planeamiento en todos los niveles y de la asignación de misiones y funciones
a los órganos y organismos del área de Defensa, incluyendo las Fuerzas Armadas, las situaciones
de desastre contempladas en el cuadro anexo se tendrán en cuenta exclusivamente en los términos
de las leyes que norman la Defensa Civil.
Art. 10.—El Consejo de Defensa Nacional estará presidido por el presidente de la Nación,
quien adoptará las decisiones en todos los casos. Estará integrado por el vicepresidente de la
Nación, los ministros de Defensa, de Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía.
Los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados de la
Nación y dos integrantes de dichas comisiones, uno por el bloque de la mayoría y otro por la
primera minoría, quedan facultados para integrar el Consejo de Defensa Nacional.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e invitar a
miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad
para los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 11.—Sin perjuicio de las funciones establecidas precedentemente, el Consejo de Defensa
Nacional tendrá como función transitoria que deberá cumplimentar en un lapso no mayor de
365 días la elaboración de anteproyectos de leyes que serán elevados a la consideración del Poder
Ejecutivo Nacional para su presentación al Congreso.
Art. 12.—Los anteproyectos legislativos aludidos en el artículo precedente serán, como mínimo,
los siguientes:
588
a) Leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas que contemplen las disposiciones de la presente
ley relativas al planeamiento, logística, educación militar y accionar conjunto
de las fuerzas;
b) Ley orgánica de producción para la defensa;
c) Ley de organización territorial y movilización para la defensa, que incluye las disposiciones
relativas al servicio militar y civil;
d) Leyes orgánicas para las Fuerzas de Seguridad;
e) Ley sobre el sistema nacional de información e inteligencia;
f) Ley de secreto de Estado.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Art. 13.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la conducción militar de la guerra.
Art. 14.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas. El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades
e invitar a miembros de otros poderes o personas cuyos conocimientos considere de
utilidad para los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 15.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar, cuya secretaría ejercerá el jefe de dicho Estado Mayor Conjunto.
Art. 16.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá del ministro de
Defensa; estará integrado por personal de las tres Fuerzas Armadas y su jefe será designado por
el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 17.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas asistirá y asesorará al ministro
de Defensa en materia de estrategia militar.
El Estado Mayor Conjunto deberá:
a) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
b) Formular la doctrina militar conjunta;
c) Dirigir el adiestramiento militar conjunto;
d) Controlar el planeamiento estratégico operacional y la eficacia del accionar militar
conjunto.
El presidente de la Nación, por sí o por intermedio del ministro de Defensa, dispondrá las
pautas a que deberá ajustarse el ejercicio de sus funciones conferidas por la presente ley al Estado
Mayor Conjunto y controlará el cumplimiento de estas funciones.
Art. 18.—El Estado Mayor Conjunto realizará el planeamiento estratégico militar de acuerdo
a orientaciones dadas por el presidente de la Nación a través del ministro de Defensa.
El planeamiento estratégico militar podrá prever el establecimiento de comandos estratégicos
operacionales conjuntos, específicos o combinados, y comando territoriales, cuyos comandantes
serán designados por el presidente de la Nación, de quien dependerán en caso de guerra
o conflicto armado. A efectos del planeamiento y adiestramiento, dependerán del ministro de
Defensa a través del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Art. 19.—La Central Nacional de Inteligencia estará presidida por el secretario de Inteligencia
del Estado y organizada de acuerdo a una ley especial, según el artículo 12 de la presente, que determinará
los instrumentos en base a los cuales reunirá y coordinará la inteligencia necesaria para
la Defensa Nacional en el nivel estratégico nacional. El presidente de la Nación dará las directivas
y requerimientos de trabajo de la Central Nacional de Inteligencia.
El ministro de Defensa impartirá y controlará las directivas a los efectos que los organismos
de inteligencia de las Fuerzas Armadas produzcan inteligencia estratégica militar y se la eleven. El
ministro de Defensa hará conocer esta inteligencia al Estado Mayor Conjunto para la realización
del planeamiento militar conjunto.
Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso
hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.
589
1986

22 y 23 de octubre de 1986
TÍTULO III
Organización de las Fuerzas Armadas
Art. 20.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo
en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un
mando responsable de la conducta de sus subordinados.
Estarán sometidas a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.
Art. 21.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición, dimensión y despliegue derivarán del
planeamiento militar conjunto.
Su organización y funcionamiento se inspirarán en criterios de organización y eficiencia conjunta,
unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una
sola fuerza.
Art. 22.—Los componentes del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza
Aérea Argentina se mantendrán integrando los respectivos agrupamientos administrativos, dependiendo
de los jefes de los Estados Mayores Generales de cada fuerza. Conforme resulte el
planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de estos componentes o partes de ellos, bajo
la dependencia de comandos estratégicos operacionales conjuntos, específicos o combinados o
comandos territoriales.
Art. 23.—Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas dependerán del
ministro de Defensa, por delegación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y mantendrán
relación funcional con el Estado Mayor Conjunto a los fines de la acción militar conjunta.
Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas serán designados por el presidente
de la Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad.
Art. 24.—Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas ejercerán el gobierno
y la administración de sus respectivas fuerzas. Dirigirán la preparación para la guerra de
los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y su apoyo logístico. Asesorarán al Estado
Mayor Conjunto a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento militar conjunto
la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los aspectos del referido
planeamiento.
590
TÍTULO IV
Organización territorial y movilización
Art. 25.—Para el caso de guerra o conflicto armado internacional el presidente de la Nación
podrá establecer teatros de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.
El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de las Fuerzas
Armadas que designe al efecto el presidente de la Nación, de quien dependerá en forma directa
e inmediata.
Art. 26.—En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán
la plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la aplicación
del artículo 6º de la Constitución Nacional en aquellos supuestos en los que las circunstancias
lo hicieran estrictamente indispensable.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
En la hipótesis de adoptarse la medida referida, el Poder Judicial mantendrá la plenitud de
sus atribuciones.
Art. 27.—El Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso de la Nación,
podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional,
deban ser sometidos a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional, o ante su inminencia, tal
declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación.
Art. 28.—La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Defensa.
En tiempo de guerra podrán ser asignados a los comandos estratégicos operacionales y comandos
territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente.
Art. 29.—Los planes de movilización necesarios para adecuar los recursos de la Nación a las
necesidades de la Defensa Nacional serán elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados
por el presidente de la Nación.
Art. 30.—El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la Defensa
Civil. Se entiende por Defensa Civil el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes
a evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier
desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer
el ritmo normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación
respectiva.
Art. 31.—En caso de guerra o ante su inminencia, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer
requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer necesidades
de la Defensa Nacional. En la reglamentación de la presente ley se determinará el procedimiento
y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.
Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la
obligación, limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que les sean requeridos por autoridad competente. La
información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que
el de satisfacer esas necesidades.
Art. 32.—La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable. Si
ese aporte implicara gastos o prestación de servicios se determinará administrativamente la indemnización
o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el lucro
cesante. En caso de desacuerdo el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte interesada.
Art. 33.—El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora los informes requeridos
por la autoridad competente; o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición,
será reprimido con prisión de dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de
un delito más grave.
Las personas jurídicas de existencia ideal que incurrieren en los mismos hechos o impidieren
o dificultaren las funciones de las autoridades competentes, podrán ser intervenidas por el Poder
Ejecutivo Nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.
Art. 34.—Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que
entorpecieran el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades
encargadas de ejecutarlas, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que el hecho
importare la comisión de un hecho más grave.
Art. 35.—Las disposiciones de los artículos 29 a 34 regirán hasta la sanción de la legislación
definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 36.—Deberán contar la aprobación del Congreso de la Nación todos los acuerdos, convenios
o tratados de carácter militar y de inteligencia.
591
1986

22 y 23 de octubre de 1986
TÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 37.—Deróganse las leyes 16.970, 17.649, 19.276, 20.194 y toda otra disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 38.—Deróganse los artículos 2º, 3º, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.
Art. 39.—Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318 por el siguiente:
Artículo 16.—El presidente de la Nación designará como autoridad de convocatoria a
un oficial superior de las Fuerzas Armadas, quien dependerá del Ministerio de Defensa.
Art. 40.—Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:
Los habitantes de la Nación y las personas de existencia.
Artículo 4º.—Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de
seguridad de pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona de policía de radicación con relación a las
transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos,
reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles
a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.
Art. 41.—Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º del decreto ley 15.385/44 por el
siguiente:
Artículo 7º, inciso d).—Actuar a título de organismo coordinador asesorando y orientando
la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que
por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad,
para lograr la necesaria armonía y eficiencia en la estructuración y aplicación de las
disposiciones que, directa o indirectamente, se refieren a la Defensa Nacional.
Art. 42.—Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
Artículo 9º.—La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad considerará y resolverá
dentro de su jurisdicción los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos
que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar
la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y orientación de
la opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de energía
o industria de cualquier índole que interesen a los fines de la Defensa Nacional e intervenir,
asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen
como personas de derecho privado.
Art. 43.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
592

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
CUADRO ANEXO
SITUACIONES
MEDIOS
INTERNACIONAL NACIONAL DESASTRES
Diplom. Econ. Polít. Militar CSL CSG AI AM Inund. Terr. Epidem. Incen. Hambre
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Fuerzas Armadas
Fuerzas seguridad
Defensa civil
Sistema de
informaciones e
inteligencia no militar
Movilización,
producción y
servicios públicos
Movilización,
producción y
servicios privados
Referencias
Alerta: 1 Mínimo CSL: Conflicto social localizado
2 Medio CSG: Conflicto social generalizado
3 Grave AI: Agresión interna
AM: Agresión militar
X: Medio vedado en su utilización
MECANISMOS DE ALERTA - DEFENSA NACIONAL CODENA - CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL
593
1986

22 y 23 de octubre de 1986
Antecedentes
I
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(21 de agosto de 1985)
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
TÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la
preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional. La misma es sancionada tendiendo al
cumplimiento del propósito de “proveer a la defensa común”, enunciado en el Preámbulo de la
Constitución Nacional y, por lo tanto, ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en
detrimento del texto constitucional, de su espíritu y fines ni del sistema de gobierno representativo,
republicano y federal, adoptado por la Nación Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales
y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones de origen externo.
Se concretan en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los
conflictos generados por éstas, tanto en tiempo de paz como de guerra. Tiene por finalidad
garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina,
su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad
de sus habitantes, los intereses nacionales y la plena vigencia del sistema democrático y
constitucional.
594
TÍTULO II
Órganos y misiones
Art. 3º.—Competen al presidente de la Nación la dirección de la Defensa Nacional y la conducción
de las Fuerzas Armadas.
Consiguientemente dispondrá, con el asesoramiento del Gabinete de Defensa Nacional, las
pautas para la realización del planeamiento para la Defensa Nacional, controlando su ejecución
y confección.
En caso de guerra, ejercerá:

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
a) Con el asesoramiento del Gabinete de Defensa Nacional, la conducción integral de
la misma;
b) Asistido por el Comité Militar, la conducción militar de ésta.
Art. 4º.—Sin perjuicio de las competencias que le son asignadas en la ley de Ministerios, el
Ministerio de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades propias
de la defensa que no se reserve o ejercite directamente el presidente de la Nación o que no
sean atribuidos expresamente en la presente ley a otro funcionario, órgano u organismo.
El Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del Gabinete de Defensa Nacional,
ejerciendo la secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.
Art. 5º.—Sin perjuicio de las competencias asignadas en la ley de Ministerios, créanse como
organismos específicos dependientes del presidente de la Nación:
a) El Gabinete de Defensa Nacional;
b) El Comité Militar.
Art. 6º.—El Gabinete de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación en
la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra como así también
en la adopción de la estrategia y en la coordinación de los planes y acciones necesarias para su
superación.
Art. 7º.—El Gabinete de Defensa Nacional será presidido por el presidente de la Nación,
quien adoptará las decisiones en todos los casos, en los asuntos que originen su funcionamiento.
Estará integrado por el vicepresidente de la Nación, y los ministros de Defensa, del Interior, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Economía.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e invitar a
miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos considere de utilidad para los asuntos
específicos que hubieren de tratarse.
Art. 8º.—La información e inteligencia necesarias para la Defensa Nacional, en el nivel estratégico
nacional, serán proporcionadas por la Central Nacional de Inteligencia, órgano presidido
por el secretario de Inteligencia del Estado que habrá de ejercer la coordinación de las actividades
de todos los organismos de inteligencia existentes, con la finalidad de proveer inteligencia estratégica
e información al presidente de la Nación y a los órganos y organismos que determine la
reglamentación.
La producción de inteligencia en el nivel estratégico militar estará a cargo del organismo de
inteligencia conjunto que se estructurará sobre la base de los órganos de inteligencia que actualmente
integran las Fuerzas Armadas, y que dependerá en forma directa e inmediata del ministro
de Defensa.
Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso
hipótesis de trapajo de organismos de inteligencia militares.
Art. 9º.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la conducción militar de la guerra.
Art. 10.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los estados mayores generales de las Fuerzas
Armadas. El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e
invitar a miembros de otros poderes o personas cuyos conocimientos considere de utilidad para
los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 11.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar cuya secretaría ejercerá el Jefe de dicho Estado Mayor Conjunto.
Art. 12.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá orgánicamente del
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1986

22 y 23 de octubre de 1986
ministro de Defensa; estará integrado por personal de las Fuerzas Armadas, y su jefe será designado
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 13.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tendrá a su cargo la asistencia
del Ministro de Defensa en materia de estrategia militar.
Entenderá asimismo en:
a) La elaboración del planeamiento militar conjunto;
b) La formulación de la doctrina militar conjunta;
c) La dirección del adiestramiento militar conjunto;
d) El control del planeamiento estratégico operacional y de la eficacia del accionar
militar conjunto.
El presidente de la Nación, por sí o por intermedio del Ministerio de Defensa, dispondrá las
pautas a que deberá ajustarse el ejercicio por parte del Estado Mayor Conjunto de las funciones
que le son conferidas en la presente ley y controlará el ejercicio de las mismas por parte de éste.
Art. 14.—En el planeamiento estratégico militar a ser realizado por el Estado Mayor Conjunto,
se podrá prever la creación de comandos estlatégicos operacionales conjuntos, específicos o combinados
y comandos territoriales.
Sus comandantes serán designados por el presidente de la Nación, y dependerán, a efectos
del planeamiento y adiestramiento del ministro de Defensa a través del Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, y del presidente de la Nación en caso de guerra o conflicto
armado.
596
TÍTULO II
Organización de las Fuerzas Armadas
Art. 15.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar el empleo
en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un
mando responsable de la conducta de sus subordinados.
Estarán sometidos a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.
Art. 16.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición, dimensión y despliegue derivarán básicamente
del planeamiento militar conjunto. Su organización y funcionamiento se inspirarán en
criterios de coordinación y eficiencia conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios
cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.
Art. 17.—Los componentes terrestres, navales y aéreos se mantendrán integrando los respectivos
agrupamientos administrativos, dependiendo de los jefes de los estados mayores generales
de cada fuerza. Conforme resulte del planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de
estos componentes o parte de ellos bajo la dependencia de comandos estratégicos operacionales
conjuntos, específicos o combinados o comandos territoriales.
Art. 18.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas dependerán del Ministerio
de Defensa, por delegación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y mantendrán relación
funcional con el Estado Mayor Conjunto a los fines de la acción militar conjunta.
Los jefes de los referidos Estados Mayores Generales serán designados por el presidente de la
Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Art. 19.—Los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas ejercerán el gobierno y la
administración de sus respectivas fuerzas. Dirigirán la preparación para la guerra de los elementos
operacionales de las respectivas fuerzas y el apoyo logístico para los mismos.
Asesorarán al Estado Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento
militar conjunto, la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas,
así como los aspectos del referido planeamiento que hagan a las mismas.
TÍTULO IV
Organización territorial y movilización
Art. 20.—Para el caso de guerra o conflicto armado internacional, el presidente de la Nación
podrá establecer teatros de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.
El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de las Fuerzas
Armadas que designe al efecto el presidente de la Nación, de quien dependerá en forma directa
e inmediata.
Art. 21.—En los casos previstos en el artículo anterior las autoridades constitucionales mantendrán
la plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la aplicación
de la institución contemplada en el artículo 6º de la Constitución Nacional, en aquellos
supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable.
En la hipótesis de adoptarse la medida referida, la misma no comprenderá al Poder Judicial,
que mantendrá la plenitud de sus atribuciones.
Art. 22.—El Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso de la Nación,
podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional,
deban ser sometidos a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional o ante su inminencia, tal
declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación.
Art. 23.—La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánicamente
del Ministerio de Defensa.
En tiempo de guerra podrán ser asignados a los comandos estratégicos operacionales y comandos
territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente.
Art. 24.—El presidente de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios para
adecuar los recursos de la Nación a las necesidades de la Defensa Nacional.
Art. 25.—El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la Defensa
Civil, entendiéndse por tal las medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir
los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen
puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo normal de
vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 26.—En caso de guerra o ante su inminencia, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer
requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer necesidades
de la Defensa Nacional. En la reglamentación de la presente ley se determinará el procedimiento
y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.
Las habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la
obligación limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que les sean requeridos por autoridad competente. La
información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que
el de satisfacer esas necesidades.
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22 y 23 de octubre de 1986
Art. 27.—La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable. Si ese
aporte implica gastos o prestación de servicios, se determinará administrativamente la indemnización
o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el lucro cesante.
En casa de desacuerdo, el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte interesada.
Art. 28.—El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare, con demora las informes requeridos
por la autoridad competente, o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición,
será reprimido con prisión de dos meses a dos nños, salvo que el hecho importare la comisión de
un delito más grave.
Las entidades o asociaciones que incurrieren en los mismos hechos o impidieren o dificultaren
las funciones de la autoridades competentes podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo
Nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.
Art. 29.—Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que
entorpecieran el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades
encargadas de ejecutarlas, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que el hecho
importare la comisión de un hecho más grave.
TÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 30.—Deróganse las leyes 16.970, 17.649, 19.276, 20.194 y toda otra disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 31.—Deróganse los artículos 2º, 3º, .30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.
Art. 32.—Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318 por el siguiente:
Artículo 16.—El presidente de la Nación designará como autoridad de convocatoria
a un oficial superior de las Fuerzas Armadas, quien dependerá del Ministerio de
Defensa.
Art. 33.—Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:
Artículo 4º.—Declárese de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona
de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con relación a las
transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derecho,
reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de
inmuebles a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes.
Art. 34.—Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º del decreto ley 15.385/44, por el
siguiente:
Artículo 7º, inciso d).—Actuar a título de organismo coordinador asesorando y orientando
la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que
por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad,
para lograr la necesaria armonía y eficiencia de la estructuación y aplicación de las disposiciones
que, directa o indirectamente, se refieran a la Defensa Nacional.
598
Art. 35.—Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Artículo 9º.—La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad considerará y resolverá
dentro de su jurisdicción los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos
que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar
la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y orientación de
la opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de energía
o industria de cualquier índole que interesen a los fines de la Defensa Nacional e intervenir,
asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen
como personas de derecho privado.
Art. 36.—La presente ley se reglamentará dentro de los 180 días de su promulgación.
Art. 37.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Pugliese.
Carlos A. Bravo.
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
II
Proyecto de ley
TÍTULO I
Principios básicos
Artículo 1º.—La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales
para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional con el fin de lograr y/o mantener las condiciones
necesarias para el desarrollo de las actividades del país en procura de sus objetivos nacionales.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinadas de todas las fuerzas
de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas
Armadas en forma disuasiva, efectiva, contra el enemigo externo.
Art. 3º.—La Defensa Nacional comprende la adecuación de todos los aspectos de la vida de
la Nación destinados a atender las exigencias de una eventual guerra, tanto sea en su preparación
durante la paz, como a su conducción total durante el hecho bélico, así como a la consolidación
durante la posguerra de los objetivos logrados en la contienda.
Art. 4º.—Las previsiones y medidas ejecutivas inherentes a la Defensa Nacional serán coordinadas
armónicamente con las que se refieren al desarrollo integral del país y formuladas juntamente
con éstas, en los distintos planes y programas que se elaboren.
Art. 5º.—La Defensa Nacional debe contemplar la eventualidad de la guerra que pueda afectar
al país, ya sea que esté encarada con medios convencionales o no convencionales por un
enemigo exterior agresor.
Art. 6º.—El funcionamiento ordenado del sistema de Defensa Nacional estará orientado a
determinar la política de Defensa Nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país, así
como a su permanente actualización.
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TÍTULO II
Finalidad del sistema
Art. 7º.—El sistema de Defensa Nacional tendrá por finalidad:
a) Determinar las hipótesis de conflicto que deberán ser retenidas como hipótesis de guerra;
b) Elaborar la hipótesis de guerra, estableciendo para cada ella los correspondientes
objetivos políticos a lograr;
c) Formular los planes que posibiliten una adecuada preparación de toda la Nación
para el eventual conflicto bélico;
d) Elaborar los planes para la conducción de los niveles de la Defensa Nacional, correspondientes
a la estrategia militar y a la estrategia operacional;
e) Dirigir la guerra en todos sus aspectos, desde el nivel de la estrategia nacional;
f) Conducir a las Fuerzas Armadas y los esfuerzos de los sectores del país afectados
por el conflicto bélico, en el nivel estratégico militar y en el estratégico operacional;
g) Preparar y ejecutar las medidas de movilización nacional;
h) Asegurar la ejecución de operaciones militares conjuntas con las tres Fuerzas
Armadas y eventualmente, las operaciones combinadas que pudieran concertarse
con Fuerzas Armadas de países aliados;
i) Establecer la hipótesis de confluencia que permita preparar las alianzas necesarias
y suficientes, para resolver convenientemente la posible concreción de las hipótesis
de guerra;
j) Controlar las acciones de posguerra y conducir la consolidación de los objetivos
políticos obtenidos en la contienda.
600
TÍTULO III
Estructura del Sistema de Defensa
Art. 8º.—Los integrantes principales del Sistema de Defensa Nacional serán los siguientes:
a) Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, compete
la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional y como
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas la conducción superior de éstas;
b) El Gabinete Nacional constituido en consejo de Defensa Nacional incluido el vicepresidente
de la Nación y los miembros de las comisiones de Defensa de ambas
Cámaras del Congreso;
c) El Ministerio de Defensa;
d) Las Fuerzas Armadas de la Nación: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Argentina.
Art. 9º.—Compete al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación y
comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, con los ministros y secretarios de Estado, todo
cuanto concierne a la preparación, organización y dirección de la Defensa Nacional, de acuerdo
con lo que determine el Honorable Congreso de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales,
específicamente aquellas conferidas por el artículo 67, inciso 21 y 23.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Art. 10.—Todos los problemas de la Defensa Nacional serán resueltos por el Poder Ejecutivo,
con la participación del vicepresidente de la Nación, un miembro designado por las comisiones
de Defensa de cada Cámara del Congreso y el asesoramiento de los ministros reunidos en
acuerdo general de Gabinete. Las reuniones de esta naturaleza tendrán el carácter de Consejo de
Defensa Nacional.
Art. 11.—El presidente de la Nación ejercerá la conducción político-militar en caso de guerra,
con la asistencia de los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, un miembro
designado por las respectivas comisiones de Defensa de ambas Cámaras, constituyendo el
Gabinete de guerra con el asesoramiento directo del Jefe de Estado Mayor Conjunto.
Art. 12.—El Consejo de Defensa Nacional será presidido por el presidente de la Nación y
coordinado por el ministro de Defensa.
Art. 13.—El Consejo de Defensa Nacional se reunirá cuando lo estime necesario el Poder
Ejecutivo o lo solicite alguno de los miembros del Consejo, y podrán ser llamados a participar en
sus deliberaciones con carácter de asesores técnicos los altos funcionarios militares o civiles que
se considere conveniente en cada caso.
Art. 14.—El Ministerio de Defensa Nacional en los casos a que se refiere esta ley es el organismo
político que otorga unidad al gobierno, administración y conducción de las Fuerzas
Armadas, así como a la aplicación de la política de Defensa Nacional.
Art. 15.—El ministro de Defensa Nacional tendrá capacidad de atribuir responsabilidad de
aplicación de políticas, estrategias y ejecución de planes y programas nacionales a la secretaría de
Estado que le dependan.
Además, estará en condiciones de brindar apoyo, administrativo a las Fuerzas Armadas a
través de las secretarías y subsecretarías correspondientes.
Los jefes de Estados Mayores de cada una de las Fuerzas Armadas dependerán del Ministerio
de Defensa en lo que a administración y gobierno de las mismas se refiera.
Art. 16.—Las secretarías y subsecretarías, dependientes del Ministerio de Defensa, constituirán
los organismos necesarios para ejecutar en forma oportuna y coordinadamente la administración
y gobierno de las Fuerzas Armadas en el marco orgánico específico. El apoyo administrativo
en lo referente a personal, finanzas, presupuesto, educación, movilización, producción,
ciencia y tecnología para la defensa: la planificación y la conducción conjunta a nivel estratégicomilitar
y estratégico-operacional, y recepción y consideración de las propuestas que en este orden
formularen las distintas fuerzas a través del Estado Mayor Conjunto.
Art. 17.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que estará integrado por cada
uno de los comandantes de las respectivas fuerzas y presidido por un jefe nombrado por el presidente
de la Nación será el órgano militar de trabajo para la planificación y la conducción del nivel
correspondiente a la estrategia militar.
Art. 18.—El Estado Mayor Conjunto dependerá directamente del presidente de la República
durante la guerra, mientras que durante la paz le dependerá a través del ministro de Defensa.
Art. 19.—Se constituirán comandos de fuerza conjuntas, de acuerdo con las exigencias surgidas
de las hipótesis de guerra seleccionadas y de la política de defensa elaborada para constituir
desde la paz, los probables teatros de operaciones previstos para tiempo de guerra.
Art. 20.—Deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Honorable Congreso
de la Nación los instrumentos esenciales que definan el sistema y los que determinen la política
de defensa por aplicar.
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22 y 23 de octubre de 1986
602
TÍTULO IV
Régimen funcional del Sistema de Defensa
Al Consejo de Defensa Nacional le corresponde la adopción de las medidas necesarias para la
organización de un país en tiempo de guerra.
Art. 21.—Serán funciones del Consejo Nacional de Defensa:
a) Determinar la hipótesis de guerra, sobre la base de los análisis políticos y estratégicos
que se efectuarán en el nivel nacional;
b) Determinar los cursos de acciones a aplicar en política internacional, consecuente
con la exigencia de la Defensa Nacional;
c) Impartir directivas generales a todas las áreas de gobierno, para la preparación
y ejecución de la Defensa Nacional, tanto en tiempo de paz como en tiempo de
guerra;
d) Elaborar los proyectos de leyes referidos a la organización defensiva del país. Así
como las necesarias para la eventual guerra;
e) Elaborar las bases para hacer posible la dirección superior de la guerra y la resolución
de los problemas vinculados con la misma por parte del presidente de la Nación.
Art. 22.—Corresponderá al Consejo de Defensa Nacional, además, el cumplimiento de las
siguientes funciones particulares:
a) Mantener la potencialidad bélica del país en concordancia con los objetivos politicos
fijados, cuando estos objetivos estén estrechamente vinculados con el empleo
de la fuerza militar;
b) Dirigir la elaboración del plan de guerra de la Nación con la participación activa
de todos los ministerios para compatibilizar adecuadamente el esfuerzo de toda la
Nación con los planes de las Fuerzas Armadas en todos los niveles;
c) Arbitrar los medios financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de
las previsiones aprobadas para los distintos ministerios en lo que se refiere al ordenamiento
del potencial nacional y a su transformación eventual en potencial de
guerra;
d) Promover el estudio de las leyes y decretos necesarios en tiempo de paz para la
preparación de la defensa en coordinación con el Congreso Nacional;
e) Disponer el estudio y preparación de proyecto, de leyes y de los decretos que deben
ser puestos en vigor en vísperas de la guerra y durante ella, con coordinación con
las comisiones específicas del Honorable Congreso de la Nación;
f) Durante la tensión política y la movilización dirigir la aplicación del plan de guerra;
g) Efectuar la conducción superior de la guerra durante las hostilidades;
h) Negociar la paz de acuerdo con los objetivos políticos de la Nación, y con la aprobación
del Honorable Congreso de la Nación;
i) Durante y después de la guerra, planear y ejecutar la desmovilización y el retorno
ordenado del país a sus actividades de paz;
j) Procesar la inteligencia estratégica nacional necesaria para la planificación y la conducción
de la defensa.
Art. 23.—Compete al Ministerio de Defensa Nacional, dentro del sistema de defensa, el cumplimiento
de las siguientes funciones generales:

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
a) Coordinar el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional;
b) Participar activamente en la selección de las hipótesis de guerra para la decisión del
presidente de la Nación;
c) Preparar y proponer al Poder Ejecutivo lo concerniente al plan general de defensa
y los planes militares del nivel estratégico militar, incluida la directiva estratégica
militar;
d) Brindar apoyo administrativo a las Fuerzas Armadas de la Nación a través de las
secretarías de Estado correspondientes;
e) Cumplir y hacer cumplir las normas de administración presupuestaria y contable
y coordinar la elaboración del presupuesto anual de los organismos dependientes
para su aprobación final;
f) Distribuir los créditos del presupuesto a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los
planes y programas surgidos del planeamiento militar conjunto;
g) Dirigir los organismos de producción y ciencia y tecnología para la Defensa
Nacional;
h) Preparar y ejecutar oportunamente, los planes de movilización;
i) Promover, planear y dirigir el servicio de defensa en sus distintas formas (servicio
militar, servicio civil, otras formas);
j) Entender en la organización, preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, acorde
con el planeamiento militar conjunto;
k) Entender en la distribución territorial de las fuerzas sobre la base del planeamiento
militar conjunto;
l) La organización territorial para la defensa, tanto en tiempo de paz como en los de
guerra;
m) La coordinación de la inteligencia estratégica nacional en lo que a requerimientos
de Defensa Nacional se refiere. La adquisición de información y la producción de
la inteligencia necesaria para el planeamiento estratégico militar y la conducción
estratégica militar de las operaciones;
n) Entender en los requerimientos de personal y logística relacionados con el planeamiento
militar conjunto, en el nivel estratégíco militar y el estratégico operacional;
o) Entender en todo lo concerniente a la enseñanza militar de las Fuerzas Armadas;
p) Entender en la aplicación de recomendaciones de organismos internacionales, con
los cuales se pueda contraer compromisos de defensa mutua dentro de la región,
para lo cual se deberá contar previamente con la participación del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la resolución del presidente de la Nación y la aprobación
correspondiente del Honorable Congreso de la Nación;
q) Entender en la preparación y conducción de operaciones combinadas, que se relicen
en cumplimiento de compromisos internacionales.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto integrado por los jefes de Estado Mayor de las tres
Fuerzas Armadas y el comité constituido por los segundos jefes de Estado Mayor de las mismas
serán los organismos de trabajo específico y consecuentemente entenderán lo concerniente a la
elaboración del planeamiento militar conjunto, la formulación de la doctrina militar conjunta y
a la elaboración del planeamiento para la movilización militar; la estructura orgánica, disposiciones
sobre personal, medios, régimen presupuestario y régimen funcional serán establecidos en la
reglamentación de la presente ley.
Art. 25.—La Secretaría de Informaciones del Estado proporcionará las informaciones necesarias
a nivel de estrategia nacional de la defensa, a través del esfuerzo de búsqueda a encarar por
su departamento exterior.
603
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22 y 23 de octubre de 1986
Esta información deberá responder a los requerimientos del Consejo de Defensa Nacional y
del Ministerio de Defensa en particular.
Art. 26.—El Ministerio de Defensa centralizará la inteligencia de las tres Fuerzas Armadas en
un organismo de inteligencia conjunto que servirá a las necesidades de la conducción estratégica
nacional y estrategia militar.
TÍTULO V
Servicio de Defensa Nacional
Art. 27.—Todas las personas de existencia visible y/o jurídica sujetas a las leyes argentinas podrán
ser requeridas al cumplimiento de obligaciones destinadas a asegurar la Defensa Nacional.
Estas obligaciones deberán ser consideradas como carga pública y comprenderán entre otras,
el servicio militar y el servicio civil de defensa. El servicio militar es la obligación que cumplen
los argentinos varones y mujeres, nativos, por opción o naturalizados, incorporados a las
Fuerzas Armadas en el servicio de conscripción o en la reserva convocados por el Poder Ejecutivo
Nacional conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional y los voluntariamente
incorporados a la conscripción de acuerdo con el régimen que a su respecto se establezca
para contribuir a una mayor continuidad y profesionalidad de este servicio.
El servicio civil de defensa es la obligación de prestar servicios no militares, que deben cumplir
1os habitantes del país, a fin de satisfacer necesidades de preparación del potencial nacional para
la eventualidad de una guerra o para sostener el esfuerzo bélico ante el conflicto ya declarado.
TÍTULO VI
Organización territorial y requisiciones
Art. 28.—En caso de guerra el presidente de la Nación podrá establecer teatros de operaciones
en determinadas partes del territorio nacional, con la correspondiente aprobación del
Honorable Congreso de la Nación.
Art. 29.—El comando del teatro de operaciones será ejercicio por el oficial superior que designe
el presidente de la Nación con acuerdo del Honorable Senado a propuesta del ministro de
Defensa y dependerá del presidente a través de dicho ministerio.
Art. 30.—Cuando las necesidades de Defensa Nacional ante el peligro inminente de guerra
durante las operaciones así lo impongan, podrá recurrir a la readqusición de bienes. Tal medida
será dispuesta por el presidente de la Nación y una ley determinará las autoridades de ejecución
y los alcances de las medidas por adoptar.
Art. 31.—El Poder Ejecutivo podrá disponer, en forma excepcional y por términos perentorios,
el empleo de las Fuerzas Armadas en caso de conmoción interior causada por agentes de la
naturaleza. En estas situaciones las Fuerzas Armadas deberán coordinar las actividades planificadas
por el Ministerio de Defensa con las autoridades legales.
604

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
TÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 32.—Derógase la ley 16.970 (Defensa Nacional) con todas las modificaciones introducidas
por las leyes 11.648, 19.276, 20.194 y 20.318, así como toda otra disposición que se oponga
a la presente.
Art. 33.—El Poder Ejecutivo Nacional dictará, dentro de los 90 días de promulgada esta ley,
la reglamentación pertinente, la que se deberá ajustar a los enunciados de la misma.
Art. 34.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio A. Amoedo
Señor presidente:
Fundamentos
I
Resulta indispensable contar con un instrumento legal en materia de Defensa Nacional pues
las disposiciones vigentes no resultan aptas para el período que vive el país en el juego de las instituciones
regladas por la Constitución Nacional.
El sistema legal instaurado por la ley 16.970, y sus modificatorias está impregnado por elementos
autoritarios con nula o escasa participación de los poderes del Estado.
Se impone una nueva legislación en materia de Defensa Nacional que encontrando marco
legal en la Constitución se adecue a los tiempos actuales como ocurre en los países avanzados de
Occidente.
II
El ordenamiento que se propicia parte del concepto de que la Defensa Nacional se complementa
necesariamente por dos ingredientes que son: el choque armado y la ineludible movilización
de todos los integrantes de la Nación en sus distintas actividades y capacidades.
En forma expresa se ha separado el concepto de Defensa Nacional y el de Seguridad de tal
manera que la regulación que se propicia excluye 1a defensa de la seguridad, interpretada como
injerencia en vida interna de la Nación.
III
Merece recalcarse que el concepto de Defensa Nacional es una cuestión política y en segundo
plano militar siguiendo así, en forma coherente, lo expresado en el párrafo precedente.
Los operadores naturales de un sistema de Defensa Nacional propuesto se ha efectuado de
manera tal que se asegura la oportuna determinación de las hipótesis de conflicto, las de guerra
y las de confluencia como punto de partida para la determinación de la política de defensa por
aplicar en el país.
605
1986

22 y 23 de octubre de 1986
Se determina en forma expresa la participación del Honorable Congreso a través de las comisiones
respectivas en los organismos generadores de la política por resultar ello acorde al sentido
democrático que vive el país, sin perjuicio de las facultades que la Constitución Nacional asigna
en el artículo 67, inciso 23.
La creación del Consejo de Defensa Nacional (CODENA) bajo la conducción del presidente
de la Nación resuelve las necesarias relaciones interministeriales para la defensa, mediante una
definición minuciosa de funciones.
Se atribuye al Ministerio de Defensa las funciones convenientes para que el presidente de la
Nación pueda por su intermedio administrar y conducir a las Fuerzas Armadas tanto en forma
específica como en conjunto.
Resulta claro que las Fuerzas Armadas se encuentran subordinadas al poder civil, presupuesto
éste que hace posible que el presidente de la República asuma plenamente sus funciones
y responsabilidades de Comandante en jefe de las mismas.
Cabe indicar asimismo que las Fuerzas Armadas atenderán en el futuro sin interferencias
el fin para que fueron creadas: la defensa de la Nación frente a una agresión armada extema. Se
centraliza la inteligencia militar y se la coordina con la acción del organismo de inteligencia del
Estado, para que pueda obtener la información referida a probables agresores externos.
El proyecto retoma el camino que el gobierno nacional ha iniciado en la tarea de que las
Fuerzas Armadas actúen en forma integrada, respetando la realidad orgánica específica de cada
una de las armas. De ello se deduce el papel importante que ejerce el Estado Mayor Conjunto
como elemento de asesoramiento y de respaldo profesional que prestan los segundos jefes de los
estados mayores de cada una de las áreas.
Se propicia la dirección centralizada en el Ministerio de Defensa de todos los organismos de
producción y de ciencia y tecnología para la defensa.
La organización, preparación, despliegue y empleo de las Fuerzas Armadas a las exigencias
del planeamiento militar conjunto y a este último se lo vincula con las hipótesis de guerra seleccionadas
y aprobadas por las autoridades constitucionales.
Se ha previsto atender oportunamente la realización de eventuales operaciones vinculadas
que puedan realizarse con fuerzas de países aliados y en cumplimiento de compromisos
internacionales.
Se prevé el ordenamiento del servicio de defensa exigible a las personas sujetas a la aplicación
de leyes argentinas y se incluye la posibilidad de ampliar las formas del servicio militar teniendo
en vista siempre la profesionalidad necesaria para una mayor capacidad operativa.
Se otorgan bases suficientes para la organización territorial del país para la defensa y se determinan
las condiciones que deherán complementarse para efectuar requisiciones dentro de un
marco legal.
Se autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas por lapsos determinados y bajo la conducción
de autoridades legales ante una situación de conmoción interior causada por agentes de la
naturaleza.
Julio A. Amoedo.
606

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
III
Proyecto de ley
Ley de Defensa integral de la Nación
TÍTULO I
Principios generales
Artículo 1º.—La presente ley establece los principios y las bases jurídicas y orgánicas en
las que se sustenta la constitución de una política y Sistema de Defensa Integral de la Nación
Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Integral de la Nación es el conjunto permanente de previsiones y acciones
destinado a garantizar la libertad de acción y la realización plena de la voluntad nacional
contra toda forma de dominación; asegurar la soberanía y la independencia de la Argentina; su
integridad territorial; el dominio de los recursos, bienes y servicios que constituyen su patrimonio;
proteger la vida, libertad y hacienda de sus habitantes y garantizar los intereses nacionales en
general y la plena vigencia del sistema constitucional.
Art. 3º.—La Defensa Integral debe acudir al empleo eficaz, total y coordinado de todos los
medios y recursos espirituales, morales y materiales de la Nación Argentina, a fin de cumplir la
misión definida en el artículo precedente y prevenir o superar los conflictos de toda índole que
puedan afectar el cumplimiento de esos objetivos.
Art. 4º.—El ámbito de la Defensa Integral abarca todos los espacios y aspectos de la vida
nacional en el territorio continental, la Antártida, islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
y se extiende al espacio que hace a los intereses argentinos, especialmente América y los océanos
Pacífico y Atlántico Sur.
Art. 5º.—La Defensa Integral es un derecho y es un deber del que participan todos los habitantes,
organizaciones y organismos de la Nación Argentina, según la forma y modo en que lo
fijen las leyes.
TÍTULO II
Órganos de conducción de la Defensa Integral
Art. 6º.—Compete al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la misma, la
responsabilidad de la conducción en el plano político-estratégico de la Defensa Integral y de su
sistema orgánico.
Art. 7º.—Sin perjuicio de las competencias asignadas en la ley de Ministerios, créase como
órgano específico y dependiente del presidente de la Nación el consejo de Defensa Integral de la
Nación.
Art. 8º.—El consejo de Defensa Integral de la Nación tiene por función asesorar al presidente
de la República en la conducción del uso de los recursos del Sistema de Defensa Integral.
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22 y 23 de octubre de 1986
Art. 9º.—Para dar cumplimiento a su función, el consejo de Defensa Integral de la Nación
obrará conforme a lo establecido en un programa de mecanismos de alerta, que define las situaciones
de conflicto previsibles y las respuestas consiguientes y ajustadas, conforme al cuadro
anexo que forma parte indisoluble de la presente ley.
Art. 10.—El seguimiento permanente del programa de mecanismos de alerta posibilita al
consejo de Defensa Integral de la Nación la elaboración de cursos de acción y medios a aplicar
en cada caso, que se elevan al presidente de la República para que éste adopte la resolución que
juzgue pertinente.
Art. 11.—El consejo de Defensa Integral de la Nación tendrá como titular nato al presidente
de la Nación, que será quien adopte y asuma en todos los casos las decisiones de aplicación.
Estará integrado por el vicepresidente de la Nación, el ministro de Defensa, los presidentes de
las respectivas comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación y
dos integrantes de dichas comisiones, uno por el bloque de la mayoría y otro por la primera minoría
y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. Deberán ser invitados a integrar el mismo en forma
permanente un representante de la Confederación General del Trabajo y un representante de las
organizaciones empresarias y de la producción.
Asimismo, se podrá determinar la participación de otras autoridades o invitar a miembros de
otros poderes y/o aquellas personas cuya asistencia se considere de utilidad para el mejor cumplimiento
de la función del consejo.
Art. 12.—Son requisitos para integrar el consejo de Defensa Integral de la Nación ser
ciudadano/a argentino/a, nativo/a o por opción, tener más de 25 años de edad y no formar parte
al momento de la integración al consejo o en los cinco años previos a la misma, de empresas,
instituciones u organismos extranjeros o internacionales de cualquier tipo.
TÍTULO III
Disposiciones transitorias
Art. 13.—Sin perjuicio de las normas y funciones establecidas precedentemente, el Consejo
de Defensa Integral de la Nación tendrá como función transitoria, que deberá cumplimentar en
un lapso no mayor de 365 días, la elaboración de los anteproyectos de las leyes que compondrán
el Código Nacional de Defensa Integral, los que serán elevados a la consideración del Poder
Ejecutivo Nacional para su presentación al Congreso.
Art. 14.—Los anteproyectos legislativos que normarán respecto del plano orgánicofuncional
y definirán la naturaleza y relación mutua entre los recursos componentes del
Sistema de Defensa Integral, estructurados en un código de defensa, serán como mínimo los
siguientes:
608
a) Leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, incluyendo las disposiciones relativas al
planeamiento, la logística, la educación y conducción conjuntas de las mismas;
b) Ley orgánica de la producción para la defensa;
c) Ley de organización territorial y movilización para la defensa, que incluye las disposiciones
relativas al servicio militar y civil;
d) Leyes orgánicas de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería, Prefectura y Policía
Aeronáutica) y de la Policía Federal;
e) Ley de creación de un sistema nacional de información e inteligencia;
f) Ley de secreto de Estado.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
CUADRO ANEXO
SITUACIONES
MEDIOS
INTERNACIONAL NACIONAL DESASTRES
Diplom. Econ. Polít. Militar CSL CSG AI AM Inund. Terr. Epidem. Incen. Hambre
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Fuerzas Armadas
Fuerzas seguridad
Defensa civil
Sistema de
informaciones e
inteligencia no militar
Movilización,
producción y
servicios públicos
Movilización,
producción y
servicios privados
Referencias
Alerta: 1 Mínimo CSL: Conflicto social localizado
2 Medio CSG: Conflicto social generalizado
3 Grave AI: Agresión interna
AM: Agresión militar
X: Medio vedado en su utilización
MECANISMOS DE ALERTA - DEFENSA NACIONAL CODENA - CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL
609
1986

22 y 23 de octubre de 1986
TÍTULO IV
Disposiciones generales
Art. 15.—Derógase y cesa de inmediato en su aplicación todo acuerdo, convenio o tratado de
cualquier tipo de carácter militar que vincule a las organizaciones e instituciones de la Argentina
con organismos, instituciones o empresas del extranjero que no contare con la aprobación expresa
del Congreso de la Nación.
Art. 16.—Queda derogada toda disposición legal que se oponga a lo establecido en la presente
ley.
Art. 17.—La presente ley no requiere de reglamentación para ser promulgada.
Art. 18.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana I. Gurdulich de Correa — Vicente L. Saadi
610
Señor presidente:
Fundamentos
De las bondades que exhiba su capacidad de defensa depende en buena medida la subsistencia
de la Argentina como Nación. Por sí solo ello bastaría para dar cuenta de la trascendencia que
inviste la legislación que debe dictarse sobre este particular.
Asimismo, según supo definirlo con claridad el teniente general Juan Domingo Perón en
1944, la Defensa Nacional tiene como una de sus cualidades esenciales su integralidad y en consecuencia
la necesidad de que participen activamente de la misma todos los componentes de la
comunidad.
Si tal es la trascendencia de esta norma legislativa y todos los habitantes de la Patria tienen
el derecho y el deber de contribuir a su defensa, es lícito pretender que la legislación que la regle
sea la expresión armónica y conciliada de las diversas valoraciones que existen en la materia,
contando para su sanción con el mayor consenso posible.
Por lo demás, el Parlamento tiene ahora una ocasión singular para contribuir mediante las
leyes que dicte, a abolir definitivamente la aplicación de la llamada “doctrina de la Seguridad
Nacional” que durante demasiado tiempo invirtió el sentido en que deben estar orientadas las
armas de la Patria. En efecto, desde el golpe de Estado de 1955 en la práctica y desde el dictado
del decreto ley 16.970 de 1966 en los principios contenidos en un cuerpo legislativo global (si
por tal aceptamos aquella norma del “de facto”), quienes ejercieron el gobiemo y ocuparon las
posiciones preeminentes en el Estado identificaron —falsa y alevosamente— a las organizaciones
nacionales y populares como si ellas fueran enemigas de la Nación. Dicen bien los obispos
de América latina en el Documento de Puebla que esa concepción de la “Seguridad Nacional”
resulta “de hecho más una ideología que una doctrina”. En el mismo documento se afirma que
esa ideología “está vinculada a un determinado modelo económico político, de características
elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo de las decisiones políticas”.
Y agregan más al expresar que esa ideología sirve, indistintamente, al sistema liberal capitalista o
al marxista, “atentatorios ambos contra la dignidad del hombre y que nuestra América se ve encerrada
entre esas dos opciones y permanece dependiente de uno u otro en los centros de poder
que canalizan su economía”.
Por eso decíamos al principio que esa ideología invirtió el sentido de las armas de la Patria,

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
al apuntarlas hacia adentro, dada las expresiopes nacionales y populares de vocación liberadora
y no apuntarlas hacia afuera, hacia las expresiones externas y elitistas que pretenden seguir aherrojando
al pueblo y sometiendo a la Nación. En tal sentido, la aplicación de esa ideología de una
Seguridad Nacional falsa —pues lejos estaba de proporcionar seguridad a la Nación— consistió
en la aplicación de todos los mecanismos coercitivos —que no se limita a las Fuerzas Armadas
y de seguridad, sino que incluye a la justicia, la legislación, los medios de comunicación, etcétera—
para debilitar y/o destruir a las organizaciones del pueblo argentino, que son la condición
de existencia de la Nación en cuanto comunidad singular con un destino común en lo universal.
Resulta equivocado, y lo que es peor, inconducente, pretender abolir la aplicación de esa ideología
apelando a debilitar la capacidad operativa y el poderío de las Fuerzas Armadas, que fueron
sólo uno de los instrumentos de tal ideología. Por el contrario, superarla requiere que en el plano
legislativo se fijen los principios y arbitren las formas para emplear todos los recursos y medios
de la Nación —incluidas sus Fuerzas Armadas, tan poderosas como sea posible y necesario— en
una política y un Sistema de Defensa Integral de la comunidad nacional —que no tiene enemigos
en su propio seno— de quienes pretenden agredirla o configuran polos de sus hipótesis de
conflicto.
En tal sentido, el proyecto de ley que sometemos a la consideración del Honorable Senado de
la Nación tiende a ese objetivo desde la convicción de que una sola norma legal no resulta suficiente
para, a la vez, fijar los principios y las bases orgánicas más generales de la Defensa Integral
y disponer el ordenamiento, armonización y conducción de los medios y recursos múltiples que
debe contener el sistema.
Por eso, este proyecto está animado por dos objetivos esenciales. De una parte definir los
principios más totalizadores que deben inspirar a la Defensa Integral de la Nación Argentina.
Por la otra fijar los organismos superiores de conducción de la misma, entre cuyas funciones
está la de elaborar los anteproyectos legislativos que normen sobre los distintos componentes del
sistema y su armónica relación.
En el título I del proyecto, sus cinco primeros artículos establecen los principios generales
de la Defensa Integral de la Nación. En el primero de esos artículos se expone la intención de
fijar “los principios y las bases orgánicas en las que se sustenta la constitución de la política y
un Sistema de Defensa Integral de la Nación Argentina”. Como se observará se distinguen una
política de Defensa Integral, lo que equivale a ideas y acciones permanentes, y un sistema de la
misma, que alude a una orgánica de funcionamiento coordinado armónico y eficaz.
El artículo 2º define a la Defensa Integral de la Nación como el conjunto permanente de
previsiones y acciones permanentes que tienen por objetivos “garantizar la libertad de acción
y la realización plena de la voluntad nacional y contra toda forma de dominación: asegurar la
soberanía y la independencia de la Argentina; su integridad territorial; el dominio de los recursos,
bienes y servicos que constituyen su patrimonio; proteger la vida, la libertad y hacienda de
sus habitantes y garantizar los intereses nacionales en general y la plena vigencia del sistema
constitucional”.
Los objetivos enunciados precedentemente configuran en el plano legislativo, uno de los instrumentos
por los cuales se procura superar aquella ideología de la “Seguridad Nacional”, colocando
en su lugar “previsiones y acciones” permanentes para proteger los valores enunciados,
compartidos y deseados por la comunidad argentina en su conjunto.
El artículo 3º precisa que la defensa es integral por cuanto acuden a ella el empleo eficaz de
todos lo medios y recursos espirituales, morales y materiales de la Nación. Esa integralidad en
los medios y recursos supera el militarismo estrecho que, pretendiendo reducir la tarea de la defensa
a las instituciones castrenses, lleva irremisiblemente al incumplimiento de los verdaderos
objetivos de la defensa o a su reemplazo por los objetivos distorsionados de la llamada ideología
de la “Seguridad Nacional”. A la vez, en este mismo artículo, se reitera la misión enunciada en
611
1986

22 y 23 de octubre de 1986
612
el precedente y se agrega que la utilización de la totalidad de los medios y recursos nacionales
se encaminará a “prevenir o superar los conflictos de toda índole que puedan afectar el cumplimiento
de dichos objetivos”. Importa aquí precisar que el término “conflicto” está tomado
según tercera acepción que le asigna el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española,
en cuanto lo define como “antagonismo, pugna, oposición”. Se prefirió acudir a esta expresión
por considerar que tiene un alcance más abarcativo que “agresión”. Efectivamente, el mismo
diccionario atribuye al término “agresión” tres acepciones aplicables a esta materia. La primera
es “acto contrario al derecho de otro”. Se entendió que pueden existir —y de hecho existen—
antagonismos y oposiciones de poderes ajenos a la Argentina que pueden afectar a cualesquiera
de los objetivos enumerados en el artículo 2º, aún antes de obrar por medio de un “acto”. De
allí que se haya afirmado en este artículo que los medios y recursos de Defensa Integral deben
encaminarse, no sólo a superar los conflictos puestos en acto, sino también a prevenir aquellos
conflictos (entendidos, lo reiteramos, como antagonismo, pugna u oposición) que existan en
potencia. Más circunstanciadas aún que la primera analizada, son las otras dos acepciones dadas
por el diccionario al término “agresión” (“ataque armado de una nación contra otra, con violación
del derecho” y “ataque rápido y por sorpresa, realizado por el enemigo considerado injusto
o reprobable”), lo que fundamenta el empleo del más general, abarcativo y a la vez preciso de
“conflicto”. Va de suyo a partir de la lectura de los objetivos enunciados en el artículo 2º, que
esos conflictos expresan la voluntad de un poder susceptible de antagonizar, pugnar u oponerse
a aquellos objetivos, sea teórica o prácticamente.
El artículo 4º fija el ámbito de aplicación de la defensa que, porque debe ser integral, abarca
“todos los espacios y aspectos de la vida nacional en el territorio continental, la Antártida, islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”. La expresa enunciación de la porción antártica y
austroinsular de nuestro territorios responde al debate que se pretende introducir sobre la legitimidad
de nuestros derechos soberanos sobre la porción argentina del casquete polar y a la
usurpación de nuestros legítimos derechos sobre las islas mencionadas por parte de la potencia
colonial ocupante. En el mismo artículo, su último párrafo asevera que el ámbito de nuestra defensa
integral “se extiende al espacio que hace a los intereses argentinos, especialmente América
y los océanos Pacífico y Atlántico Sur”. Esta cláusula precisa la legitimidad del ejercicio de la defensa
integral de nuestros intereses en todo el continente al que pertenecemos ineludiblemente,
ratificando así, en modo taxativo nuestra integración al mismo y dejando a un lado el frívolo
“europeísmo” que enajenó durante demasiado tiempo la conciencia de los argentinos, restando
nuestra pertenencia a un americanismo que está en nuestra naturaleza esencial. Se establece que
también haremos efectiva la defensa de los intereses nacionales en las porciones marítimas que
constituyen nuestra zona de influencia natural, cual son el sur de los océanos Pacífico y Atlántico,
en la inteligencia de que no habrá destino trascendente para la Argentina si no asumimos una
firme conciencia bioceánica.
El artículo 5º y último de este primer título, expresa el contenido dual que la participación
en la defensa supone para “habitantes, organizaciones y organismos de la Nación Argentina”,
por cuanto constituye un derecho —el de ejercer la defensa propia, que es casi la extensión del
instinto de conservación— y un deber marcado por la Constitución Nacional en su artículo 21
en cuanto expresa: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria
y de esta Constitución conforme a las leyes que al efecto dicte el y los decretos del Ejecutivo
Nacional…”.
El título II del proyecto alude en siete artículos a los órganos de conducción de la Defensa
Integral.
El artículo 6º atribuye al presidente de la Nación —como jefe supremo de la misma— la
responsabilidad y competencia en la conducción político-estratégica de la Defensa Integral y su
sistema, de acuerdo a lo que marcan los preceptos constitucionales y la tradición argentina.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
El artículo 7º da creación al Consejo de Defensa Integral de la Nación, organismo específico
dependiente del presidente de la Nación, cuya función es la de asesorar al titular del Poder
Ejecutivo en la conducción del uso de los recursos del Sistema de Defensa Integral, según se
define en el artículo 8º.
El artículo 9º determina que el Consejo de Defensa Integral de la Nación, para cumplir con
la función de asesoramiento que se le asigna, deberá obrar según lo establece un “programa de
mecanismos de alerta”, que define la situación de conflictos previsibles y las respuestas consiguientes
y ajustadas conforme al cuadro adjunto, que forma parte indisoluble de la presente ley.
El cuadro en cuestión, que grafica el programa de mecanismos de alerta según puede verse,
funciona en dos planos fundamentales. Uno, vertical, describe las posibles situaciones de conflicto
divididas en tres aspectos. El primero subdivide las situaciones de conflicto internacional
en diplomáticas, económicas, políticas y militares.
El segundo aspecto define las situaciones de conflicto nacional, subdivididas en conflicto
localizado (se trata de un conflicto circunscrito a un espacio territorial restringido que no llega a
abarcar al conjunto de la Nación), conflicto social generalizado (se entiende a todo el territorio
argentino, tiene por protagonistas a un número de habitantes igual o superior a la mitad de la
población), agresión interna nacional (entendiendo por tal los ataques armados que realicen individuos,
grupos u organizaciones argentinos que mantiene relaciones de servicio o subordinación
con poderes o naciones extranjeras), y agresión interna internacional (ataques armados realizados
por individuos, grupos u organizaciones que aún siendo argentinos, mantiene relaciones
de servicio o subordinación con poderes o naciones extranjeras), y agresión militar (consistente
en el alzamiento contra las autoridades constitucionales de integrantes de las Fuerzas Armadas o
de seguridad). La última división entre las situaciones de conflicto corresponde a los desastres y
consta de cinco alternativas: inundaciones, terremotos, epidemias, incendio y hambre. Cada una
de las situaciones de conflicto se califica en una escala en la que el número 1 corresponde a un
nivel mínimo, el 2 a un nivel medio y el 3 a un nivel grave.
El plano horizontal es ocupado por los mismos posibles de emplear en cada una de las
divisiones, subdivisiones y niveles de gravedad de las situaciones de conflicto. En el cuadro se
enumeran como tales medios a las Fuerzas Armadas (incluyendo sus servicios de inteligencia
militar), las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal
Argentina), la Defensa Civil, el sistema de información e inteligencia, la movilización de recursos,
producción y servicios públicos y la movilización de recursos, producción y servicios privados.
Como se verá en los cuadros formados por la intersección de las situaciones de conflicto
y los medios existen algunos cubiertos. En tales casos lo que se establece es que está vedada la
utilización del medio en cuestión, para la situación de las Fuerzas Armadas para afrontar los
conflictos sociales, sean éstos locales o generalizados y los de agresión interna nacional, sin
imputar la gravedad que ellos revistan. Igual criterio se adopta para el caso de una agresión
interna internacional de nivel 1 (mínimo). Se evita así que se pretenda utilizar a las Fuerzas
Armadas para sofocar conflictos que deben tender a ser resueltos por otros medios, clausurando
expresamente la aplicación concreta de llamada “doctrina de la Seguridad Nacional”. A
la vez, se habilita la utilización de las Fuerzas Armadas para afrontar toda situación de conficto
internacional o de desastre, como también en los casos de agresión internacional de nivel medio
o grave y en todo caso de agresión militar. Se establece así la que debe ser la naturaleza de
las instituciones castrenses en el sistema constitucional. Se veda igualmente la utilización de
las Fuerzas de Seguridad en las situaciones de conflicto caracterizadas como conflicto social
localizado de niveles mínimo e iguales restricciones se establecen para esos casos en la utilización
de la movilización de recursos, producción y servicios, tanto públicos como privados.
De tal manera se tiende a garantizar la legítima defensa de sus derechos e intereses por parte
de los diversos sectores de la comunidad, aún cuando generen situaciones de conflicto, ya que
613
1986

22 y 23 de octubre de 1986
614
los mismos deben resolverse con mecanismos y métodos propios del sistema democrático y sin
apelar a instrumentos propios del autoritarismo.
Cabe aclarar que la autorización para recurrir al sistema de información e inteligencia (importa
recalcar que no incluye a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas) en todas
las situaciones de conflicto descritas en este programa de mecanismos de alerta, se explica por
cuanto sin contar con los elementos proporcionados por ese sistema de información e inteligencia
no se podría en muchos casos siquiera tomar conocimiento de la existencia misma de esa situación
de conflicto. Recalcamos que este programa describe las situaciones de conflicto posibles
y los medios a emplear en ella, vedando la utilización de algunos medios en algunas situaciones.
Lo que no implica, como es evidente, impone la obligatoriedad de utilización de las situaciones
de conflicto dadas. Por lo demás, juzgamos que el cuadro que grafica el programa de mecanismos
de alerta se explica por sí mismo.
Consideramos de especial importancia la inclusión de ese cuadro como parte del proyecto de
ley por cuanto el mismo permite conjurar en forma armónica los valores de libertad y de orden.
Evita que el ejercicio abusivo de libertades particulares mal entendidas conspiren contra el orden
constitucional o resientan los mecanismos de defensa de la Nación, atentando así contra la libertad
de todos; y, a la vez, preserva el ejercicio legítimo de las libertades y derechos particulares, en
tanto éstos forman parte esencial e inseparable del sistema constitucional y de la Nación que se
procura defender. De tal modo, acudiendo a una metodología moderna y un mecanismo objetivo,
se puede hacer coincidir en adecuado equilibrio la defensa integral del sistema democrático
con la Defensa Integral de la Nación.
El artículo 10 establece que el “seguimiento permanente del programa de mecanismos de
alerta posibilita al Consejo de Defensa Integral de la Nación la elaboración de cursos de acción y
medios a aplicar en cada caso. A la vez, preservando el sistema, de poder y competencia constitucional
indica que tal elaboración “se elevan al presidente de la República para que éste adopte la
resolución que juzgue pertinente”.
El artículo 11 dictamina la integración del Consejo de Defensa Integral de la Nación de la
Nación. Se reitera que las decisiones de aplicación serán, en todos los casos, adoptadas y asumidas
por el presidente de la Nación, titular nato del organismo. Se integra con el vicepresidente de
la Nación, el ministro de Defensa, tres senadores y tres diputados (incluyendo los presidentes de
las comisiones de Defensa y de los bloques parlamentarios de la mayoría y la primera minoría de
ambas Cámaras) y el jefe del Estado Mayor Conjunto.
Se restringe el organismo a estos representantes del gobierno por considerar que compete al
ministro de Defensa la coordinación con las restantes dependencias del Poder Ejecutivo —incluyendo
las Fuerzas Armadas y de seguridad— y que los señores senadores invisten la representación
de los estados provinciales en este cuerpo. Se agrega, además, que se invitará a formar parte
permanente del consejo a un representante de la Confederación General del Trabajo y otro de las
asociaciones empresarias y de la producción.
Se procura así afirmar la integralidad de la defensa que, si no debe limitarse a lo militar,
tampoco debe estar restringida a lo gubernamental. De allí que se postule la participación permanente
de las organizaciones sociales intermedias, representativas del trabajo y el ámbito empresario,
ya que ellas contienen y estructuran en su ámbito específico a la gran mayoría de los
habitantes que son protagonistas necesarios de la Defensa Integral. Por lo demás, se contempla la
posibilidad de que el consejo determine la participación de otras autoridades o invitar a miembros
de otros poderes y/o a aquellas personas cuya asistencia se considere de utilidad para el
mejor cumplimiento de la función del mismo.
El altículo 12, último de este título, fija los requisitos que se deberán cubrir para integrar el
Consejo de Defensa Integral de la Nación. A los requisitos habituales para el ejercicio de un cargo
de esta naturaleza, se agrega como condición “no formar parte al momento de la integración al

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consejo o en los cinco años previos a la misma, de empresas, instituciones, u organismos extranjeros
o internacionales de cualquier tipo”. Las múltiples fuentes de conflicto que serán materia de
consideración por los integrantes de este organismo incluyen en forma destacada, precisamente,
a “empresas, instituciones, u organismos extranjeros o internacionales”. Para asegurar la libertad
e independencia de criterio de los consejeros es que se procura asegurar su desvinculación de
tales factores.
El título III de este proyecto contiene las disposiciones transitorias enunciadas en dos artículos.
En el artículo 13 se confiere al Consejo de Defensa Integral de la Nación como función
transitoria el cumplir en el término de un año (365 días) y sin perjuicio de las normas y funciones
establecidas precedentemente, la elaboración de los anteproyectos de leyes que compondrán
el Código Nacional de Defensa Integral, que deberán elevarse a la consideración del Poder
Ejecutivo Nacional para su presentación en el Congreso.
Atribuir a ese organismo tal función transitoria responde a dos motivaciones complementarias.
Una tiende al grado de consenso y participación que se estima necesario cuenten, tanto
para su aplicación como para su misma elaboración, las leyes que hacen a una cuestión de la
trascendencia de la Defensa Integral de la Nación. La presencia en el consejo de representantes
del Poder Ejecutivo, de los bloques parlamentarios mayoritarios de ambas Cámaras y de las organizaciones
de los trabajadores y empresarios, como también del Jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas lo toma un espacio adecuado para procurar ese consenso y esa participación,
en la tarea de elaboración del anteproyecto. Asimismo, conviene recordar que el consejo de
Defensa Integral tendrá por función permanente el asesoramiento al presidente de la Nación en
“la conducción del uso de los medios del Sistema de Defensa Integral”. Resulta, por ende, pertinente
atribuir la elaboración de “los anteproyectos legislativos que normarán respecto del plano
orgánico-funcional y definirán la naturaleza y relación mutua entre los medios componentes del
Sistema de Defensa Integral” —como se establece en la primera parte del artículo 14— ya que
deberá asesorar en la conducción de tales medios.
El artículo 14 se completa enunciando los anteproyectos de leyes que deberá elaborar el consejo
y que estarán estructurados en un código de defensa. Por la magnitud y naturaleza de los recursos
componentes del sistema resulta adecuado elaborar leyes específicas que reglen las características
y funcionamiento de cada uno de estos medios para preservar las armónicas relaciones
mutuas entre esos componentes y estructurar esas leyes particulares en un código, es apropiado
que la elaboración de los anteproyectos sea encomendada a un organismo como el Consejo de
Defensa Integral de la Nación. En el artículo 14 del proyecto se resuelve que tales anteproyectos
serán como mínimo los siguientes:
a) Leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, incluyendo las disposiciones relativas al
planeamiento, la logística, la educación y conducción conjuntas de las mismas. La
norma legal que encuadre el instrumento militar de la Defensa Integral, qué es,
cuál debe ser el régimen a que se sometan, cómo deben constituirse, cuál ha de
ser su despliegue, su operatoria y conducción, es de tan fundamental importancia,
extensión, complejidad y detalle que, como las restantes en esta enunciación, exceden
el título de una ley general. Por eso se encomienda al consejo la elaboración de
los anteproyectos respectivos, que permitirá adecuar a las Fuerzas Armadas a los
principios, necesidades y criterios fijados en la presente ley de Defensa Integral y en
las circunstancias que vive la Argentina.
b) Ley orgánica de producción para la defensa: parece innecesario extenderse en fundamentaciones
que expliquen la importancia decisiva que tiene la estructuración de
un verdadero Sistema de Defensa Integral, el desarrollo de la producción destinada
a la defensa. Realizaciones jalonadas con los nombres de los generales Mosconi,
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Savio, del brigadier San Martín o los almirantes Domecq García y Portillo, marcaron
las bases de la producción, de explotación del petróleo, la siderurgia, la energía
nuclear, la industria aeronáutica, mecánica o naviera. Pero también podemos
recordar la amarga experiencia vivida en la lucha de Malvinas, por el insuficiente
desarrollo de nuestra industria militar. Por ende, la legislación para reglar esa actividad
productiva no puede separarse de un verdadero Sistema de Defensa Integral.
c) Ley de organización territorial y movilización para la defensa: es una visión estrecha
reducir este tema a la definición de los teatros de operaciones y las normas para
su funcionamiento, la ocupación pacífica por los más diversos medios de los vastos
espacios vacíos de nuestro territorio también debe contemplarse en una ley de organización
territorial. A la vez, la ley de movilización para la defensa debe contener
las normas correspondientes al servicio militar, al servicio civil y la organización
de la Defensa Civil.
d) Leyes orgánicas de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval y Policía Aeronáutica) y de la Policía Federal. Cabría reiterar aquí gran parte
de lo expresado respecto de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, particularmente
en cuanto a la necesidad de actualizar y compatibilizar con el Sistema de
Defensa Integral, lo que hace a la misión, organización y función de las Fuerzas de
Seguridad y la Policía Federal.
e) Ley de creación de un sistema nacional de información e inteligencia. Ya desde Sun
Tzu es conocida la importancia decisiva de la información para la acción exitosa en
el conflicto. En nuestro país y en esta materia podemos decir lo peor que puede elecirse
de un servicio: que no sirve. Y afirmamos que, más allá incluso de los escándalos
delictuosos en los que se ven involucrados con frecuencia excesiva funcionarios
de estos organismos los servicios de información e inteligencia del Estado,
adolecen de dos defectos esenciales que es perentorio superar por una ley que regle
su funcionamiento. El primer defecto es su notoria ineficiencia en su función de
reunir información y producir inteligencia, en tiempo y forma adecuados a los
requerimientos de la Nación. El otro es carecer de todo control, particularmente el
que debe ejercer el Poder Legislativo, que impida la deformación de las estructuras
que, según lo prueba la experiencia nacional en materia, pueden tormarse peligrosas
para los argentinos e inicuas para nuestros oponentes.
f) La ley de secretos de Estado, que debe procurar un adecuado equilibrio entre la
norma republicana de publicidad de los actos de gobierno y la preservación del
secreto que de ser conocido por los adversarios potenciales o reales de la Nación,
podía hacer peligrar su defensa.
En el título IV, de disposiciones generales, el artículo 15 dice: “Derógase y cesa de inmediato
en su aplicación todo acuerdo, convenio o tratado de cualquier tipo de carácter militar que vincule
a las organizaciones e instituciones de la Argentina con organismos, instituciones o empresas
del extranjero que no contare con la aprobación expresa del Congreso de la Nación”.
La constante y prolongada presencia de gobiernos de facto que signó la vida argentina en los
últimos años dejó entre sus muchos saldos negativos, la existencia de vínculos militares con potencias
extranjeras —sean éstos de la naturaleza que fueren— que por no haber sido aprobados
por el Congreso de la Nación carecen de verdad de efectiva validez jurídica y pueden comprometer
la independencia nacional. De allí que este artículo se proponga abolir en forma genérica
esa irregularidad.
Los restantes artículos son de forma.
Finalmente expresamos que no padecemos de la enfermedad nominalista que lleva a atribuir

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a la palabra y más específicamente a la norma legal, un poder demiúrgico casi absoluto que en
verdad no tiene. Por ende, no suponemos que la sanción de esta ley y las que de ella se desprendan
tengan el valor de panacea absoluta y universal para males tan hondos y viejos como los
que la Argentina viene padeciendo en este particular y trascendente asunto de la defensa. Pero
estamos persuadidos de que la Defensa Integral de la Nación que propugnamos es un factor necesario
para alcanzar y preservar la independencia, la soberanía, la justicia social y la solidaridad
en una democracia participativa que son objetivos plenamente compartidos por los argentinos.
Liliana I. Gurdulich de Correa. – Vicente L. Saadi.
Síntesis conceptual de los fundamentos
1. En realidad estamos más que nadie contra la doctrina de Seguridad Nacional. No
queremos ejércitos de ocupación.
2. No queremos que las Fuerzas Armadas intervengan para reprimir al pueblo,
cuando se manifiesta en defensa de sus legítimos intereses, sofocando por la fuerza
conflictos sociales que deben solucionarse por otras vías.
3. Queremos una política integral de defensa, sustentada no solamente en las Fuerzas
Armadas, sino en todos los recursos de la Nación.
4. Creemos en la existencia de un orden internacional injusto en que los imperialistas,
imponen zonas de pobreza y dependencia.
Creemos que es necesario obtener el máximo de recursos y el máximo de libertad
de acción, para luchar contra esta situación.
5. Por eso proponemos un sistema integral de defensa que incluye una serie de leyes
en forma de código que abarquen el conjunto de los problemas de defensa.
Desde los aspectos doctrinarios, hasta la producción para la defensa, pasando por
la reorganización de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, los servicios de
inteligencia, la Defensa Civil y la movilización.
6. Creemos que el mejor procedimiento es sancionar una ley básica que establezca las
bases doctrinarias y un sistema de conducción.
A partir de ésta, en el plazo de un año el presidente de la Nación, con el asesoramiento
del Consejo de Defensa Integral de la Nación, a crearse, elaborará las otras
leyes, para su aprobación parlamentaria.
Este Consejo de Defensa estará constituido por miembros del Parlamento, Fuerzas
Armadas, organizaciones de la producción y sociales y otras personas o instituciones
que se considere pertinente.
7. Esta ley básica definirá los conceptos centrales de la defensa y establecerá un conjunto
de situaciones de determinado carácter y gravedad. A la vez un conjunto de
medios para hacer frente a estas situaciones.
El presidente de la Nación, primer mandatario del Ejecutivo y comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas, asesorado por el Consejo de Defensa determinará los medios
a emplear en cada situación.
8. Las situaciones y los medios se articulan entre sí, formando mecanismos de alerta,
que responden con medios determinados a situaciones determinadas. Asimismo
estos mecanismos de alerta limitan en algunas situaciones, el empleo de algunos
medios. De este modo las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en conflictos internos,
salvo en casos específicos, por su carácter o gravedad, que serán evaluados
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por el presidente de la Nación, asesorado por el Consejo de Defensa Integral de la
Nación.
Con esto queda legalmente abolida la doctrina de Seguridad Nacional y las
Fuerzas Armadas quedarán encuadradas en una acción determinada por la ley y la
Constitución, en defensa de los intereses de la Nación, bajo la autoridad presidencial,
con el asesoramiento del Consejo de Defensa Integral de la Nación.
9. La doctrina de Seguridad Nacional queda reemplazada en la ley y en la práctica por
una doctrina de Defensa Nacional.
En esta doctrina de Defensa Nacional, tienen posibilidad de existir las Fuerzas
Armadas de Savio, Mosconi, del brigadier San Martín y no aquellas que buscan
destruir a los gobiernos legitimados por la voluntad popular.
10. Consideramos que este planteo integral, contiene las precisiones necesarias, para
resolver adecuadamente las relaciones entre poder militar y poder civil en todas
las áreas que hacen a la defensa y para terminar con el largo desencuentro pueblo-
Fuerzas Armadas, reencauzando a estas últimas en la misión para la cual han sido
formadas y que les corresponde como parte integrante de la Nación.
Liliana I. Gurdulich de Correa. – Vicente L. Saadi.
IV
Proyecto presentado por el señor senador Bravo Herrera
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
TÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º.—La presente ley tiene por objeto establecer las bases orgánicas y funcionales
fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional.
Art. 2º.—Las bases fundamentales para la política de Defensa Nacional estarán dadas por las
políticas y estrategias nacionales.
Art. 3º.—La Defensa Nacional requiere en lo sustancial:
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a) Las medidas necesarias para el fortalecimiento de la conciencia nacional en materia
de Defensa Nacional;
b) La formulación de la doctrina, el planeamiento y la programación de las medidas
de defensa, de acuerdo con el potencial de la Nación;
c) Determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflictos y de guerra, así como
la estrategia para superarlos;

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d) La determinación de la estructura y el régimen funcional de la Defensa Nacional
con las atribuciones inherentes a los órganos y autoridades nacionales y la coordinación
con las provinciales y municipales para la realización de las actividades,
servicios y tareas conducentes al logro de los objetivos propuestos;
e) El establecimiento de jurisdicciones territoriales específicas para la Defensa Nacional;
f) La fijación de obligaciones a las personas físicas que habitan en el territorio nacional,
a los argentinos residentes en el extranjero y a las personas jurídicas públicas y
privadas, domiciliadas en el país;
g) El relevamiento y el registro de los recursos humanos, científico-técnicos y materiales
del potencial de la Nación, susceptibles de movilización, convocatoria, requisición
o empleo, al servicio de las necesidades ele la Defensa Nacional.
TÍTULO II
Estructura funcional de la Defensa Nacional
Art. 4º.—Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, compete
la máxima responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional; y como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas la conducción superior de éstas.
Art. 5º.—En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente de la Nación procederá a
la designación del comandante supremo de las Fuerzas Armadas para la dirección integral de las
operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo.
A los efectos de la conducción de las operaciones, el comandante supremo de las Fuerzas
Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor Conjunto, el que dependerá directamente
del presidente de la Nación (Gabinete de Seguridad Exterior) y será el órgano natural y
obligado mediante el cual se impartirán las órdenes e instrucciones a los comandantes generales
de todas las fuerzas.
Art. 6º.—Los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores de provincia y del
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur e intendentes municipales
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad de
cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las resoluciones adoptadas por el presidente de la
Nación en materia de Defensa Nacional, conforme con lo prescrito por la Constitución Nacional.
Art. 7º.—Dependerán del presidente de la Nación:
a) El Consejo de Defensa Nacional;
b) El Comité Militar;
c) La Central Nacional de Inteligencia;
Art. 8º.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo
en forma eficaz. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un mando responsable
de la conducta de sus subordinados.
Art. 9º.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su organización y funcionamiento se inspirarán en criterios
de eficacia e integridad operativa en el cumplimiento de sus misiones específicas, de coordinación
y eficiencia conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza
no sea específica de una sola fuerza.
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Art. 10.—Los medios del Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina
se mantendrán integrando los respectivos agrupamientos administrativos, dependiendo de
los comandantes de cada fuerza. Conforme resulte del planeamiento conjunto, se dispondrá
la integración de estos medios o parte de ellos, conformando componentes, bajo la dependencia
de comandos estratégicos operacionales conjuntos, específicos o combinados, o comandos
territoriales.
Art. 11.—Los comandantes generales del Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza
Aérea Argentina dependerán del ministro de Defensa, por delegación del comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas y mantendrán relación funcional con el Jefe del Estado Mayor Conjunto a
los fines de la acción militar conjunta.
Los comandantes de cada Fuerza Armada serán designados por el presidente de la Nación
entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad.
Art. 12.—Los comandantes generales de cada una de las Fuerzas Armadas ejercerán el gobierno
y la administración de sus respectivas fuerzas. Dirigirán la preparación para la guerra de los
elementos operacionales de las fuerzas y el apoyo logístico. Propondrán al Estado Mayor Conjunto
a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento militar conjunto, la composición,
dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los aspectos del planeamiento.
Art. 13.—Los medios de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina podrán ser
asignados a los comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales, según se derive del
planeamiento estratégico militar correspondiente.
Art. 14.—El Consejo de Defensa Nacional tendrá como titular al presidente de la Nación,
quien adoptará, en todos los casos, las decisiones sobre los asuntos que sean tratados; estará integrado
por los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los comandantes generales de las Fuerzas
Armadas.
Art. 15.—Compete al Consejo de Defensa Nacional tratar, proponer o asesorar, según los
casos, en los siguientes asuntos:
a) Los objetivos, políticas y estrategias concernientes a la Defensa Nacional;
b) Los conflictos y las hipótesis de conflictos y de guerra;
c) El planeamiento general de la guerra y su conducción estratégica;
d) Los requerimientos de la Defensa Nacional relacionados con el desarrollo integral
del país y su inclusión en los planes nacionales;
e) Las situaciones de emergencia que puedan afectar la Defensa Nacional;
f) Lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera y zonas de seguridad;
g) El control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución, y las correcciones
necesarias en lo atinente a la Defensa Nacional;
h) Lo relativo al presupuesto para la Defensa Nacional;
i) Todo otro asunto que le sea sometido o requerido por el presidente de la Nación,
relativo a la Defensa Nacional;
j) El mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional;
k) La dirección, planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad
interna.
El presidente de la Nación adoptará resoluciones en todos los casos que den motivo al funcionamiento
de dicho consejo.
Art. 16.—El Consejo de Defensa Nacional tendrá como asesor permanente en inteligencia al
titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 17.—El Comité Militar será presidido por el presidente de la Nación y estará integrado
por el ministro de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.

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Dispondrán como organismo de trabajo al Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones del Comité Militar.
El presidente de la Nación adoptará las resoluciones en todos los casos que den motivo al
funcionamiento de dicho comité.
Art. 18.—Compete al Comité Militar entender en:
a) La aprobación de la doctrina militar conjunta;
b) El planeamiento y la conducción de la estrategia militar;
c) Las directivas para el planeamiento de la estrategia militar;
d) La asignación de las responsabilidades operativas y logísticas de cada Fuerza
Armada;
e) La creación de los comandos conjuntos y específicos;
f) Las propuestas para el establecimiento de los teatros de operaciones y la designación
de sus comandantes, igualmente, propondrá al comandante de las zonas de
emergencia;
g) El tratamiento de todos los aspectos inherentes a la estrategia militar que sometan
a consideración del organismo;
h) Propiciar la celebración de tratados militares con Estados extranjeros, para fortalecer
o consolidar la defensa de la Nación.
Art. 19.—La Central Nacional de Inteligencia estará integrada por la Secretaría de
Informaciones del Estado, los elementos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas
Armadas y de la Policía Federal Argentina. Eventualmente, podrán participar representantes de
otros ministerios, secretarías, las policías provinciales y sectores cuando se trate de asuntos de
su área de responsabilidad. Estará dirigida por una junta integrada por los jefes de los elementos
de inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones de Estado, con el
carácter de jefe de la Central Nacional de Inteligencia.
Art. 20.—Compete a la Central Nacional de Inteligencia realizar las actividades de inteligencia
necesarias, particularmente para:
a) Formular y mantener actualizada la doctrina de inteligencia estratégica nacional;
b) Requerir, orientar, coordinar y centralizar la inteligencia específica de los elementos
constitutivos de la Central Nacional de Inteligencia, para producir inteligencia
estratégica nacional;
c) Confeccionar y mantener actualizada la apreciación de situación de inteligencia
estratégica nacional;
d) Proveer la inteligencia estratégica nacional al Poder Ejecutivo Nacional y a los organismos
que participan del planeamiento y de la Defensa Nacional.
Art. 21.—El Ministerio de Defensa tendrá competencia en la preparación de los proyectos de
objetivos, políticas y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa Nacionales, los que serán
tratados por el Consejo de Defensa Nacional, sin perjuicio de lo prescrito en la ley de Ministerios.
En particular, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular la doctrina de Defensa Nacional;
b) Participar y asesorar en la preparación de los planes, programas y proyectos vinculados
con la Defensa Nacional;
c) Promover el desarrollo de los recursos e infraestructura del país relativos a la
Defensa Nacional;
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d) Formular los requerimientos relativos a la inteligencia para el planeamiento
nacional;
e) Realizar y mantener actualizados los estudios necesarios para el asesoramiento al
Consejo de Defensa Nacional;
f) Elaborar y proponer los componentes relativos a la defensa, que integran los documentos
principales del planeamiento nacional;
g) Preparar las normas y directivas sobre Defensa Nacional, coordinando y supervisando
su cumplimiento una vez aprobadas;
h) Realizar los estudios necesarios para determinar y evaluar el potencial nacional a
los fines de la Defensa Nacional;
i) Proponer las medidas correctivas que surjan del análisis del cumplimiento de los
planes o situaciones coyunturales que afecten a1a Seguridad Nacional;
j) Elaborar los proyectos de normas y directivas atinentes a la movilización del potencial
humano y de los recursos de la Nación;
k) Realizar los estudios y los planes relativos a la promoción y régimen de la producción
industrial, minera, energética y tecnológica de carácter estratégico para la
Defensa Nacional.
Art. 22.—El Comité de Defensa será presidido por el ministro de Defensa y estará integrado
por el comandante general del Ejército, el comandante general de la Armada y el comandante
general de la Fuerza Aérea.
Art. 23.—Compete al Comité de Defensa el tratamiento previo de los aspectos de estrategia
militar que serán sometidos a resolución del presidente de la Nación, en el seno del Comité
Militar.
En este sentido sus competencias son:
a) Proponer la doctrina militar conjunta;
b) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
c) Proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos;
d) Formular las proposiciones relativas a los asuntos de estrategia militar que son
competencia del Comité Militar;
e) Impartir directivas para el adiestramiento conjunto y combinado;
f) Supervisar los planes de los comandos conjuntos y combinados;
g) Determinar las exigencias de investigación y desarrollo y las prioridades de obtención,
emergentes del planeamiento militar conjunto, y supervisar los correspondientes
planes y programas;
h) Proponer la designación de los comandantes de zonas de emergencia;
i) Dirigir el planeamiento conjunto para la movilización militar;
j) Asesorar al Consejo de Defensa Nacional en asuntos relativos a la estrategia militar;
k) Estudiar y proponer todos aquellos aspectos inherentes a la estrategia militar que
sean ordenados por el presidente de la Nación.
Art. 24.—El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Comité de Defensa en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones que en esta ley se le asignan. Su jefe se desempeñará
como secretario en las reuniones.
Art. 25.—El Estado Mayor Conjunto dependerá del Comité de Defensa y estará integrado
por personal de las tres Fuerzas Armadas. Su jefe será un oficial superior en actividad con la jerarquía
de general o equivalente del cuerpo de comando y designado en forma rotativa entre las
tres Fuerzas Armadas por el presidente de la Nación.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Art. 26.—El Estado Mayor Conjunto será asistido por los elementos de inteligencia de las
tres Fuerzas Armadas con relación a la inteligencia necesaria para el planeamiento de la estrategia
militar y de la conducción encuadrarán en toda circunstancia bajo un mando responsable de la
conducción estratégica de las operaciones militares. Asimismo podrá requerir inteligencia a la
Central Nacional de Inteligencia.
TÍTULO III
Jurisdicción
Art. 27.—En caso de guerra el presidente de la Nación podrá declarar teatro de operaciones
a los espacios necesarios para las operaciones militares.
Art. 28.—El teatro de operaciones tendrá delimitación expresa, denominación y fecha de
entrada en vigencia establecidas por el Poder Ejecutivo a propuesta del Comité Militar.
Art. 29.—El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior en
actividad de las Fuerzas Armadas que designe el presidente de la Nación.
El comandante del teatro de operaciones dependerá del presidente de la Nación.
Art. 30.—Durante la vigencia del teatro de operaciones la autoridad del comandante del
mismo será ejercicla por delegación del presidente de la Nación y comprenderá la totalidad del
gobierno civil y militar en el área puesta bajo su mandato. Para los asuntos relacionados con la
administración civil, la autoridad del teatro de operaciones podrá designar delegados civiles.
Art. 31.—Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de operaciones,
mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación
de la legislación vigente.
Art. 32.—En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la
naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá, con previa autorización
del Congreso de la Nación en el período ordinario de sesiones, declarar zona de emergencia a
parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden, asegurar
las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el empleo
inclusive de las Fuerzas Armadas. Durante el receso del Congreso el Poder Ejecutivo Nacional
podrá proceder a dicha declaración por sí solo, debiendo someterla y convocar simultáneamente
a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional para que se reúna en el término de cuarenta y
ocho horas.
La falta de convocatoria en la forma y plazos establecidos hará cesar automáticamente la
medida dispuesta.
Art. 33.—La zona de emergencia tendrá delimitaciones expresas, denominación y fecha de
entrada en vigencia.
Art. 34.—El comando de la zona de emergencia será ejercido por un oficial superior en actividad
de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente de la Nación.
Art. 35.—El comandante de la zona de emergencia dependerá del presidente de la Nación.
Art. 36.—Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán medios y efectivos de las
Fuerzas Armadas, seguridad, policiales y penitenciarias que requiera para el cumplimiento de su
misión.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con asiento en la zona de emergencia,
continuarán en el ejercicio de sus funciones prestando al comandante toda la colaboración que
les requiriese.
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Art. 37.—Si la gravedad de la situación lo aconseja el Poder Ejecutivo podrá asignarle al
comandante de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos; también podrá crear los
tribunales militares correspondientes. Asimismo podrá subordinarle total o parcialmente las
autoridades con jurisdicción dentro de la zona. Estas decisiones deberán ser comunicadas al
Congreso.
Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia, mantendrán
independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación
vigente, sin perjuicio de la jurisdicción y competencia de las atribuciones de los tribunales militares
que se establecieren.
Art. 38.—Se denominan zonas militares a los espacios necesarios, en forma permanente o
transitoria, programada o accidental, para dar protección a los cuarteles, instalaciones o actividades
militares o de interés para la Defensa Nacional. Los límites de la zonas militares y las circunstancias
que la impongan como tales serán reglamentados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 39.—Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas militares
atacadas o exista la amenaza de ataque, los respectivos comandantes o jefes podrán disponer el
empleo de las fuerzas que comandan para reprimir, perseguir o detener a los atacantes, aún fuera
de los límites de la zona militar.
624
TÍTULO IV
Empleo de personas y recursos
Art. 40.—El Comité de Defensa dirige, de acuerdo con los Ministerios interesados, la organización
de la defensa pasiva contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeo,
incendio, gases, invasión por paracaidistas, etcétera), en todo el territorio del país con
excepción de las bases y demás dependencias de las Fuerzas Armadas, que quedan sometidas a las
previsiones adoptadas por las respectivas fuerzas.
A tales fines la Defensa Antiaérea Territorial Pasiva comprende el conjunto de medidas destinadas
a prevenir y entorpecer los ataques enemigos así como a reducir y reparar los estragos causados,
restableciendo el orden y la normalidad en los servicios públicos, la producción industrial
y demás actividades de la población.
Art. 41.—Corresponde al Comité de Defensa establecer, desde tiempo de paz, la coordinación
de las medidas y previsiones de vigilancia y defensa antiaérea activa y pasiva, territorial y
naval, contra el peligro de los ataques aéreos.
Art. 42.—Es obligatoria en todo el territorio de la Nación la organización de la defensa pasiva
contra ataques aéreos. Los deberes y prestaciones personales que esa organización comporta, son
considerados carga pública irrenunciable, a la que están sometidos todos los habitantes del país,
nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y según su respectiva aptitud física de conformidad
a las normas reglamentarias que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 43.—Las autoridades nacionales, provinciales y municipales están obligadas a cooperar
con las autoridades militares para la organización de la defensa pasiva en el territorio de sus respectivas
jurisdicciones.
Son, además, las responsables del cumplimiento de las medidas y previsiones ordenadas por
las reglamentaciones pertinentes para la población, las instituciones públicas y privadas y los
servicios e instalaciones que están sujetos a su autoridad o control.
Art. 44.—Corresponde al Comité de Defensa promover las medidas reglamentarias que deben
dictar las auutoridades nacionales, provinciales y municipales, a fin de que las dependencias

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oficiales, las entidades que administran servicios públicos y los organismos privados adopten en
tiempo de paz las previsiones necesarias para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones.
Dichas medidas impondrán en especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas
construcciones, las normas de seguridad a que deberán ajustarse. En las construcciones existentes
dispondrán las transformaciones que en cada caso resulten indispensables para la seguridad
de las mismas, de sus habitantes y vecinos.
Art. 45.—Las prestaciones personales para la organización de la vigilancia y defensa antiaérea
territorial pasiva, así como para instrucción y preparación de los ejercicios indispensables en
tiempo de paz, no podrán exceder de seis horas por mes o de tres días en el año, sin dar lugar
a la indemnización correspondiente. Cuando la prestación de servicio exceda de dicho límite,
el Estado compensará las horas excedentes de acuerdo al salario medio horario que perciba el
convocado.
Cuando la prestación de servicios no pueda requerirse en las horas libres y sea exigida dentro
del horario habitual de trabajo, sin exceder de seis horas por mes o de tres días al año, el empleador
o patrono no podrá eximirse de la obligación de abonar el sueldo o salario convenido al
empleado u obrero. Si la prestación excede de dicho límite, el Estado reintegrará al empleador o
patrono la indemnización correspondiente al tiempo excedido.
Art. 46.—El Poder Ejecutivo reglamentará detalladamente las condiciones bajo las cuales
en tiempo de paz el personal afectado al Servicio de Vigilancia y Defensa Antiaérea Territorial
Pasiva podrá ser convocado, utilizado y remunerado en el desempeño de sus funciones, así como
indemnizado en los casos de accidentes sufridos en los actos de servicio.
Establecerá, asimismo, la organización de los servicios y centros de instrucción necesarios,
otorgando las jerarquías que las necesidades del servicio impongan, haciendo efectiva la obediencia
y el respeto jerárquico en todos los escalones de la misma, para lo cual, sin perjuicio de
las sanciones administrativas para los funcionarios y empleados de la administración pública por
el incumplimiento de sus deberes, podrán imponer sanciones penales de multa de australes 50 a
100 por la primera y segunda contravención y penas de arresto de uno a treinta días a partir de
la segunda reincidencia.
Decretada la movilización por causas de guerra o su peligro inminente, regirán las disposiciones
del Código de Justicia Militar para el personal convocado para el Servicio de Vigilancia y
Defensa Antiaérea Territorial Pasiva como para el convocado al servicio militar.
Art. 47.—El servicio de Defensa Nacional que comprende el servicio militar y el servicio civil de
defensa, es el conjunto de obligaciones que impone la Nación a las personas de acuerdo con la legislación
y disposiciones respectivas sobre servicio militar, servicio civil de defensa, y movilización.
Art. 48.—La Defensa Civil es la parte de la Defensa Nacional que comprende el conjunto
de medidas y actividades, no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre de otro origen puedan provocar sobre
la población y sus bienes, y contribuir a restablecer el ritmo normal de vida en la zona afectada,
conforme lo establezca la legislación respectiva.
Art. 49.—La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua
el potencial de la Nación, con el objeto de satisfacer las exigencias de la Defensa Nacional
para el caso de guerra.
Art. 50.—Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización conforme
con los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación
de servicios, será retribuida según lo establezca la ley respectiva.
Art. 51.—En caso de guerra o de su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias
graves que afecten alguna zona importante del país, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las requisiciones
que sean indispensables para proveer a las necesidades de la Defensa Nacional.
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A tales fines podrá requisar:
a) Los servicios individuales o colectivos de todos los habitantes obligados a la prestación
del servicio civil de defensa;
b) Los servicios de todos los sindicatos, sociedades y asociaciones de todo género,
existentes dentro del territorio de la Nación;
c) La propiedad y uso de todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes
en el país o sus aguas territoriales, sean o no de propietarios argentinos, salvo
aquellos que estén protegidos por inmunidades diplomáticas o por leyes especiales
de la Nación;
d) Las patentes de invención y licencias de explotación ya concedidas, así como cualquier
invento.
Art. 52.—A los fines de la organización de la Defensa Nacional el Poder Ejecutivo podrá proceder
con carácter obligatorio para todos los habitantes, al levantamiento de los censos especiales
que juzgue oportuno. Los datos así recogidos no podrán ser utilizados sino a los fines exclusivos
de la movilización y revestirán carácter estrictamente reservado.
Art. 53.—El Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades y condiciones en que se realizarán
las requisiciones, conforme a las bases fijadas por la presente ley.
Toda requsición da derecho a una retribución o indemnización, equivalente al justo valor de
los bienes en el momento de ser requisados.
Unicamente las autoridades especialmente facultadas por el Poder Ejecutivo podrán efectuar
requisiciones, las que serán siempre documentadas con recibo firmado por dichas autoridades
competentes. La fecha en que comienzan y cesan las requisiciones será fijada por decreto del
Poder Ejecutivo.
El valor de las indemnizaciones será fijado administrativamente por comisiones mixtas integradas
por funcionarios del Estado Nacional, funcionarios locales (provinciales o municipales) y
propietarios de zona, en representación de los posibles afectados, siendo sus decisiones recurribles
ante la justicia federal tanto por los representantes del Estado como por los propietarios afectados.
Art. 54.—Durante la movilización podrán ser requisados los servicios personales de todos los
habitantes obligados a prestar el servicio civil de Defensa Nacional, para trabajar por cuenta del
Estado según su profesión u oficio, o según su aptitud física, en las tareas de la administración
nacional, provincial o municipal, en los servicios públicos, o en los servicios y tareas privadas que
funcionan en interés de la Nación.
Los requisados que estén sometidos a obligaciones de servicio militar definidas por las leyes
de reclutamiento y sean utilizados en las tareas del servicio civil podrán ser incorporados a cuerpos
especiales.
La requisición de servicios personales puede efectuarse individualmente, o bien en forma
colectiva comprendiendo el conjunto de personas que forme parte de un servicio, equipo o empresa,
considerado como indispensable para asegurar el buen servicio de los mismos.
Los jubilados de la administración pública y los que tengan derecho a retiro o jubilación en
instituciones privadas, podrán ser reincorporados o mantenidos en los servicios que prestaban, o
bien llamados a otras tareas teniendo en cuenta sus condiciones de aptitud física e intelectuales.
El sueldo, remuneración o salario de los movilizados en el servicio civil, será fijado por la
antoridad requirente sobre la base del sueldo inicial del empleo ocupado, o de la función desempeñada
a la cual este empleo es asimilado.
Los salarios serán fijados en base a los salarios normales y corriente en la industria respectiva
o similar, según las leyes y reglamentaciones obreras en vigor o contratos de trabajo vigentes en
el lugar.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
El personal destinado al servicio civil podrá recibir, desde tiempo de paz, la cédula de destino
para tiempo de guerra; en ese caso deberá acusar recibo y dar cuenta de todo cambio de domicilio
ulterior a la autoridad que le confirió el destino de movilización.
Cuando la comunicación de la cédula de destino hubiere sido hecha con carácter secreto por
la autoridad correspondiente, la divulgación del destino asignado constituye para el autor de la
divulgación el delito de violación de secreto previsto y penado por los artículos 222 y 223 del
Código Penal de la Nación.
Art. 55.—Sin perjuicio de la disposición general que declara requisables todos los bienes
muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país que resulten necesarios para la Defensa
Nacional lo serán en especial y con prioridad para ser utilizados por las autoridades militares:
1. El alojamiento y acantonamiento de las tropas, el material y el ganado de las
mismas;
2. El alojamiento y la atención de los heridos en los hospitales, sanatorios y casas
particulares;
3. Los víveres para la alimentación de los oficiales y las tropas y el forraje para el
ganado;
4. El vestuario y equipo para los oficiales y la tropa;
5. Los materiales, útiles y maquinarias destinados a las construcciones de carácter
militar;
6. Los atalajes, el ganado y los vehículos automóviles y automóviles destinados a la
carga y al transporte;
7. Los navíos, buques y demás embarcaciones que se encuentran en las costas marítimas,
ríos, arroyos, lagos y canales de jurisdicción nacional cuando ellas son de
matrícula argentina, incluso los servicios de sus tripulantes y personal necesarios
para su utilización;
8. Las aeronaves de matrícula nacional y el personal, instalaciones y material necesario
para su utilización;
9. La utilización de toda la capacidad de transporte de las aeronaves que sobrevuelen
el territorio de la República, cuando ellas sean de matrículas extranjeras;
10. Los servicios ferroviarios y todos los elementos y materiales de las empresas ferroviarias
del país de acuerdo a los artículos 19, 20 y 21 de la ley 2.873;
11. Los servicios, instalaciones y materiales de las empresas de comunicaciones telegráficas,
telefónicas y radiocomunicaciones;
12. Los puertos marítimos y fluviales, bases aéreas y aeropuertos;
13. Los recintos, locales y tinglados destinados a depósitos de materias primas y productos
de la agricultura, ganadería e industria de elaboración.
Art. 56.—La requisición de efectos materiales y de establecimientos industriales, puede ser
efectuada a título de dominio o a título de uso.
La requisición a título de dominio consiste en la incautación definitiva de plantas industriales,
fábricas, talleres; equipos, etcétera, para ser utilizados por el Estado por cuenta propia y como
dueño, correspondiendo en consecuencia la indemnización por compra.
La requisición a título de uso es la incautación temporaria de los referidos establecimientos.
Puede ser total o parcial, según que afecte a todo el establecimiento o sólo a una parte; por
un período determinado de tiempo o sólo por algunas horas diarias; por uno o más turnos de
trabajo compartiendo la capacidad de producción con el propietario o empresa particular. En
estos casos, corresponde abonar la indemnización en relación al uso que el Estado hace de dichos
establecimientos.
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22 y 23 de octubre de 1986
También podrá el Estado incautarse de la capacidad productiva total o parcial, de las fábricas,
talleres, etcétera, sin tomar posesión de las mismas. En este caso, seguirán en manos de las
empresas o propietarios particulares, pero con la obligación de trabajar por cuenta del Estado y a
órdenes de las autoridades militares o civiles que se designen con todos sus medios, e incluso con
todo su personal ya sean en forma permanente, ya sea por horas o por turnos de trabajo.
El hecho de que el establecimiento industrial se mantenga en posesión de la empresa o propietario
particular, no impide el contralor de fabricación ni la vigilancia y custodia militar del
establecimiento.
El personal de los establecimientos industriales requeridos a título de dominio o a título de
uso, o el que trabaje a órdenes del Estado en las fábricas militares y servicios públicos, estará sometido
al régimen disciplinario que esta ley dispone para los movilizados en el servicio civil de
defensa, mientras el Poder Ejecutivo no disponga someter a dicho personal a la jurisdicción de
tiempo de guerra, conforme a lo establecido por el artículo 119, inciso 1º del Código de Justicia
Militar o declare “zona militar” al recinto o lugar en que funciona la planta industrial, fábrica,
taller, etcétera.
Art. 57.—El que dificultare, se negare o se sustrajera a la requisición, u ocultare o destruyera
voluntariamente bienes sujetos a requisición será reprimido con prisión de dos meses a dos años
o multa de 1.000 a 10.000 australes.
Art. 58.—Para entender las infracciones contempladas en el artículo anterior será competente
la Justicia Federal, salvo que los imputados estuvieran sometidos a jurisdicción militar.
628
TÍTULO
Disposiciones complementarias
Art. 59.—El Poder Ejecutivo reglamentará el cumplimiento de la presente ley en cada uno
de sus apectos, pudiendo disponer contra las personas que en tiempo de paz no cumplan con
las obligaciones establecidas en la misma, sanciones consistentes en multa de 100 a 1.000 australes,
por la primera y segunda contravención, pena de arresto de uno a treinta días a partir
de la segunda reincidencia, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y administrativas que
corresponda aplicar a los funcionarios o empleados de la administración pública por el incumplimiento
de sus deberes.
Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, o en caso de catástrofes
o emergencias graves que afecten zonas importantes del país, el personal convocado para el
servicio civil de defensa quedará sometido a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en la
misma forma que el convocado para el servicio militar. Deberá considerarse como causa especial
de atenuación de las penas a aplicarse a los movilizados en el servicio civil la circunstancia de ser
menor de 18 años o mayor de 60.
Art. 60.—El Poder Ejecutivo podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
precedente, un régimen penal y disciplinario especial en tiempo de guerra para asegurar el cumplimiento
de todas las obligaciones derivadas de la presente ley, especialmente en lo que concierne
a la movilización del servicio civil de defensa, censos y requisiciones, movilización industrial
y mano de obra, reprimiendo la no presentación, la demora y el abandono del servicio, la
desobediencia, las faltas de respeto y las violencias o amenazas contra los superiores, la jerarquía
técnica o administrativa, o contra las autoridades militares destacadas en los establecimientos
industriales y demás organismos administrativos del servicio civil para la dirección, vigilancia
o custodia de los mismos, o para el mantenimiento de la disciplina y el orden en el trabajo, así
como sancionar todo abuso de autoridad contra los inferiores o la población civil, todo exceso o

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
contravención en materia de requisiciones de servicios personales o recursos materiales, a condición
de que las penas así dispuestas sean menos graves que las previstas por el Código de Justicia
Milítar para la represión de los mismos delitos.
El Poder Ejecutivo podrá igualmente disponer mientras lo crea oportuno que los movilizados
en el servicio civil de defensa sean juzgados aún en tiempo de guerra por los tribunales de la
jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales de la justicia militar respecto a la
aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la presente ley.
Art. 61.—Deróganse el decreto ley 16.970/66 y demás disposiciones que se opongan a la
presente.
Art. 62.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio F. Bravo Herrera.
Señor presidente:
Fundamentos
El proyecto de ley de Defensa Nacional que pongo a consideración de este Honorable Senado
tiene como motivo la convicción de que el presentado por el Poder Ejecutivo y que mereciera la
aprobación de la Honorable Cámara de Diputados, ahora por lo tanto a consideración de este
alto cuerpo desde hace más de un año, contiene tales falencias que su corrección es imposible
por cuanto significaría prácticamente hacerla de nuevo, con el riesgo cierto de incoherencias
insalvables.
Justamente esta situación irreparable, causa posiblemente de su moroso tratamiento, es lo
que me ha llevado, luego de una detenida meditación, a proponer la creación de una ley totalmente
nueva, que toma un proyecto que, por haber sido ya discutido y aprobado en la Honorable
Cámara de Diputados exhaustivamente, tiene la jerarquía de los estudios y antecedentes que confluyeron
en su creación.
Me refiero al proyecto presentado por el gobierno de la señora María Estela Martínez de
Perón, sancionado por la Cámara de Diputados a finales de noviembre de 1975 y que, por los
hechos de pública notoriedad producidos en marzo del año siguiente, no tuvo la condigna transformación
en ley, como seguramente hubiera así ocurrido atendiendo al apoyo de todos los
sectores con que contó.
El proyecto que ahora someto a vuestra excelencia determina tres órganos fundamentales:
el Consejo de Defensa Nacional, el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia, los que
dependen directamente del presidente de la Nación.
El Consejo de Defensa Nacional, llamado Consejo de Seguridad Nacional en el proyecto de la
señora de Perón, está integrado por los ministros del Poder Ejecutivo con más los comandantes
generales.
Se previenen así dos errores es fundamentales del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional actualmente
radicado en la comisión de Defensa del Honorable Senado: por una parte el máximo
órgano que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional presenta, el Gabinete de Defensa Nacional,
es limitado en su composición, pues comprende únicamente a los ministros de Defensa, del
Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía, además del vicepresidente de la Nación.
Desdeñando así al resto de los secretarios de Estado, siendo que ya es un lugar común que la
Defensa Nacional abarca todos los ámbitos del quehacer nacional, por lo que, como lógica consecuencia,
en su más alta instancia tiene que ser encarada por el presidente de la Nación, conforme
al mandato constitucional y por el Gabinete reunido en pleno.
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El otro error inexcusable del proyecto radicado en la comisión de Defensa del Honorable
Senado es la falta de presencia militar en el máximo organismo que analizamos (el Gabinete de
Defensa Nacional). Está bien que la defensa no es sólo una cuestión militar, que la guerra es sólo
la parte, la que podrá ocunir o no; es cierto también que por lo tanto la Defensa Nacional es en el
más elevado grado una cuestión política, pero no se puede llegar al extremo de echar a los que en
cierto momento tendrán la última palabra. Es decir, se ha ido de un error al otro. De una legislación
que privilegiaba la presencia militar en todos los ámbitos, ciencia, planeamiento, desarrollo
y lo hacía dándole la máxima dirección, hasta para decir qué proyectos de leyes comunes, (no
militares, no de Defensa Nacional) podían tener el calificativo de asunto de significativa trascendencia
(véase como ejemplo el decreto ley 19.276), se pasa al otro lado del péndulo: la Defensa
Nacional a cargo casi exclusivamente de civiles. Nuestro proyecto corrige, digo, esta situación y
acepta la presencia de la más alta instancia militar en el máximo órgano de Defensa Nacional.
La más alta instancia militar, digo y son los comandantes, comandantes generales como los
calificó el justicialismo, comandantes en jefe como existieron en ciertas épocas, no solamente del
llamado proceso o cualquier otro análogo, porque si es cierto que una fuerza armada necesita
ser comandada, el nombre tiene que responder a la función. Además, no es sólo una cuestión
semántica, pues de ser así la cosa, no pasaría de algo baladí, sino que los estados mayores son
órganos de estudio y asesoramiento, con lo que por el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional
ocurre que el único asesor del presidente es el ministro de Defensa, también único responsable de
la conducción de las Fuerzas Armadas. Las líneas de autoridad se debilitan con el Jefe de Estado
Mayor, con sólo facultades administrativas y muy limitadas de personal, de manera que la línea
de comando queda así: comandante de Cuerpo de Ejército, Ministerio de Defensa, presidente de
la Nación.
El jefe supremo de las Fuerzas Armadas sigue siendo en nuestro proyecto el presidente, comandante
en jefe, eso no se discute, con lo que nadie quita nada a nadie. Si se crean los cargos
necesarios para la correcta conducción de las Fuerzas Armadas del país, que en todo momento
tienen que estar preparadas para la defensa de la Patria y de la Constitución, como reza en ésta.
Como órgano más específico el proyecto crea el Comité Militar, compuesto por el ministro
de Defensa y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, presidido por el presidente de
la Nación, que tendrá como organismo de trabajo el Estado Mayor Conjunto y cuyo jefe se desempeñará
como secretario en sus reuniones.
En tercer lugar el proyecto crea la Central Nacional de Inteligencia, integrada por la Secretaría
de Informaciones del Estado y los elementos de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Federal Argentina; pudiendo eventualmente participar representantes
de otros ministerios, reparticiones y policías provinciales. Será dirigida por una junta integrada
por los jefes de inteligencia que la componen y presidida por el secretario de Informaciones
con el carácter de jefe de la Central Nacional de Inteligencia.
Este aspecto se completa con las facultades del Ministerio de Defensa, al que le compete
formular la inteligencia necesaria para el planeamiento nacional; y con las del Estado Mayor
Conjunto, que será asistido por los elementos de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con
relación a la inteligencia para el planeamiento de la estrategia militar y la conducción estratégica
de las operaciones militares. Pudiendo también requerirla a la central que se crea.
Se crea también el Comité de Defensa (Consejo de Defensa en el proyecto del gobierno de
Perón), presidido por el ministro de Defensa e integrado por los comandantes generales del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, cuyas funciones se especifican prolijamente, debiendo
remarcarse las de proponer la doctrina militar conjunta, elaborar el planeamiento militar
conjunto y proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos; además de
impartir directivas para el adiestramiento conjunto y combinado y supervisar los planes de los
comandos conjuntos y combinados.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Se ha suprimido del proyecto de la señora de Perón todo lo relacionado con la lucha contra
la subversión que en general trasladaba el contenido de tres decretos del gobierno provisional del
doctor Luder, no porque se considere que la subversión sea un fenómeno que no puede alcanzar
después del proceso sufrido en la década del ‘70, pues reviste carácter mundial siendo una versión
moderna de la guerra, sino porque se entiende que sus previsiones tienen que ser objeto de
regulaciones especiales y no estar en una ley de defensa, que es más genérica. Además, el contexto
de la futura ley prevé cualquier forma de ataque contra el orden interior, lo cual deviene de los
artículos 21 (“todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta
Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte e1 Congreso…”) y 23 (“conmoción interior”).
También el proyecto recepta la norma sobre “conmoción interior originada por personas
o agentes de la naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público
y de las actividades y servicios públicos esenciales”. En tales casos el Poder Ejecutivo crea la
zona de emergencia, con autorización previa del Congreso de la Nación en el período ordinario
de sesiones; o con autorización posterior en caso de receso, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo
convocará simultáneamente con la declaración de zona de emergencia al Congreso Nacional a
sesiones extraordinarias, para que se reúna en el término de cuarenta y ocho horas. La falta de
convocatoria en la forma y plazos establecidos hará cesar automáticamente la medida dispuesta.
Tal norma ha sido fielmente copiada del texto propuesto por la bancada radical en oportunidad
de tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto que recreamos, por lo que estamos seguros
que no ha de merecer objeciones ahora descontando así su aprobación.
Otro importante punto es la facultad del comandante de la zona de emergencia de dictar bandos.
Esta facultad es ordenada por el Poder Ejecutivo “si la gravedad de la situación lo aconseja”.
Aparte de las modificaciones que hemos enunciado en el curso de esta fundamentación, debemos
hacer notar lo siguiente:
El Consejo de Defensa, para no confundirlo con el Consejo de Defensa Nacional, es el Comité
de Defensa.
En el proyecto de la señora de Perón el Jefe del Estado Mayor Conjunto es nombrado por el
presidente de la Nación a propuesta del ministro de Defensa. Se suprime esta última parte dejándose
al presidente mayor libertad de acción.
El comando del teatro de operaciones y el de la zona de emergencia son establecidos por el
presidente de la Nación a propuesta del Comité Militar en el proyecto que adoptamos. En el
nuestro se suprime también esta instancia de propuesta.
Además, se toman algunas partes de la ley 13.234, sancionada en 1948, que a pesar del tiempo
transcurrido debe seguir considerándose una buena ley. La gran objeción que se le hizo en su
momento era que solamente tomaba la alternativa de la guerra; luego, cuando se dictó el decreto
ley 16.970, se le agregó que no tomaba en cuenta la Seguridad Nacional.
Aunque muchas otras disposiciones de esta ley 13.234 podrían haberse adoptado, se han estimado
suficientes éstas: sobre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, designado por el
presidente de la Nación en caso de guerra o de su peligro inminente, para la dirección integral de
las operaciones, salvo que el presidente asuma personalmente el cargo.
La defensa antiaérea pasiva es también ampliamente regulada sobre la base casi textual de la
derogada ley 13.234, comprendiendo las previsiones a adoptar por las autoridades nacionales,
provinciales y municipales para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones, en
especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas construcciones. Este aspecto deberá desarrollarse
más ampliamente a través de las leyes que tendrán obligadamente que proponerse para
crear la red de normas sobre Defensa Nacional qué prevean todas sus necesidades.
La parte de requisiciones se estima que está mejor tratada en la ley 13.234, por lo que se acude
a ésta en seis artículos cuya redacción no ha sido todavía superada.
Asimismo se acogen los artículos 36 y 37 de la ley 13.234 que en general facultan al Poder
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Ejecutivo a aplicar sanciones y a establecer penas siempre que sean menos graves que las determinadas
por el Código de Justicia Militar, creando como atenuantes la menor edad de 18 años
o la mayor de 60.
Las regulaciones sobre las Fuerzas Armadas en especial corresponden a los artículos 15 a 19
del proyecto del Poder Ejecutivo, con los textos redactados por la Armada Argentina, que se estiman
mejores, como también el artículo 23 sobre la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval
Argentina. Las correcciones que les hicimos son mínimas, en general gramaticales o llevan como
finalidad eliminar explicaciones innecesarias como la última parte del artículo 23 que se suprime.
En la adaptación del proyecto de la señora de Perón y de las partes que se señalan en la ley
13.234, las correcciones se han ido señalando a lo largo de esta exposición, igual que para los artículos
del actual proyecto del Poder Ejecutivo al que nos referimos en el anterior párrafo.
Aparte de las que ya indicamos están la conversión a la actual moneda en las sanciones y algunos
párrafos que perdieron actualidad, como también las nacidas de la necesaria armonización
de tres textos diferentes.
Creemos que la finalidad superior del Poder Ejecutivo, explicado en su mensaje y luego mejor
explicitado en el debate de la Cámara de Diputados, se ha cumplido mejor con nuestro proyecto.
Se provee a la defensa común del Preámbulo de la Constitución Nacional pero sobre todo se da
satisfacción al mandato del artículo 21, que tiene que ser el verdadero eje de la Defensa Nacional.
Se establece la subordinación del poder militar al político, que nunca fue discutido en las leyes y
proyectos anteriores, por lo que ahora solamente se la ratifica y reitera. Se establece la necesidad
del accionar militar conjunto de las Fuerzas Armadas, que tampoco es una novedad pues siempre
existió, de manera que ahora se lo repite.
Segundo V. Linares Quintana, en su Tratado de la ciencia del derecho constitucional, tomo 9,
página 73, dice: “Los poderes militares, son el sistema de atribuciones vinculados con la existencia,
la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que la Constitución Nacional ha
asignado exclusivamente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el propósito esencial y específico
de la defensa de la patria y de la Constitución de acuerdo con los términos del artículo 21”.
César Enrique Romero, en Poderes militares en la Constitución Argentina, Córdoba, 1945,
páginas 17-19, escribe que “resulta natural la existencia de las Fuerzas Armadas en toda comunidad,
a la par que su necesidad se vuelve manifiesta, si se para mientes en sus funciones exterior e
interior; asegurar y mantener la personalidad internacional en lo externo, como hemos dicho y
resguardar la seguridad jurídica en la vida interna de cada colectividad”.
Volviendo a Linares Quintana, éste dice en la página 376: “Dentro del Estado constitucional,
a las Fuerzas Armadas les compete el trascendental papel de defensoras de la Constitución y la
soberanía de la Nación, pero bajo el control y sujetas a la decisión de las autoridades civiles”.
Más adelante: “Por eso, asimismo, es que nuestra ley Fundamental, en su artículo 21, establece
que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta
Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo
Nacional. O sea, que tan sagrado deber de empuñar las armas para defender la Patria y la
Constitución, debe cumplirse conforme a la ley”.
José Manuel Saravia, en la Función de las Fuerzas Armadas en la democracia, “Revista Jurídica
de Ciencia Política” Nº 3, enero-junio 1961, página 16, dice: “El deber militar no se agota en la
defensa heroica contra quien pretenda violentar nuestras fronteras. La Patria y la Constitución
pueden ser destruidas desde adentro, como lo demuestra dolorosamente la experiencia, casi universal
en los últimos quince años.”
Perón, cuando era coronel y ministro de Guerra, pronuncia, su conocida conferencia en el
Colegio Nacional de la Universidad de La Plata el 10 de junio de 1944 en la cátedra de Defensa
Nacional. Vale la pena transcribir algunos de sus conceptos, ahora, a más de cuarenta años:
“Las dos palabras, ‘Defensa Nacional’, pueden hacer pensar a algunos espíritus que se trata de

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
un problema cuyo planteo y solución interesan e incumben únicamente a las Fuerzas Armadas
de una nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes;
todas las energías, todas las riquezas, todas las industrias y producciones más diversas; todos los
medios de transporte y vías de comunicación, etcétera, siendo las Fuerzas Armadas únicamente,
el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye ‘la Nación en armas’…
“Ya no bastan generales y almirantes geniales, con ejércitos y flotas eficientes, para conquistar
la victoria. A su lado, los representantes de todas las energías de la Nación tienen un rol importantísimo
que jugar en la dirección de la guerra; y, muchas veces, son ellos los que orientan la
conducción de las operaciones de las Fuerzas Armadas…
“Un país en lucha puede representarse por un arco con su correspondiente flecha, tendido al
límite máximo que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madero, y apuntando
hacia un solo objetivo; ganar la guerra…
“En consecuencia, no es suficiente que los integrantes de las Fuerzas Armadas nos esforcemos
en preparar el instrumento de lucha, en estudiar y comprender la guerra, deduciendo enseñanzas
de las diferentes contiendas que han asolado al mundo. Es también necesario que todas las inteligencias
de la Nación, cada uno en el aspecto que interesa a sus actividades, se esfuerce también
en conocerla, estudiarla y comprenderla, como única forma de llegar a esa solución integral del
problema que puede presentársenos; y tendremos que resolver si un día el destino decide que la
guerra haga sonar su clarín en las márgenes del Plata…
“La teoría que mucho tiempo sostuvimos de que si algún día un peligro amenazaba a nuestra
patria, encontraríamos en los mercados extranjeros el material de guerra que necesitásemos para
completar la dotación inicial de nuestro Ejército y asegurar su reposición, ha quedado demostrada
como una utopía.
“La Defensa Nacional exige una poderosa industria propia y no cualquiera, sino una industria
pesada…
“Surge, como condición óptima, la necesidad de disponer de una numerosa flota mercante
propia y de una poderosa marina que la defienda.
“Llegando como conclusión:
“1º- Que la guerra es un fenómeno social inevitable.
“2º- Que las naciones llamadas pacifistas, como es eminentemente la nuestra, si quieren la
paz, deben prepararse para la guerra.
“3º- Que la Defensa Nacional es un problema integral, que abarca totalmente sus diferentes
actividades, que no puede ser improvisada en el momento en que la guerra viene a llamar a sus
puertas, sino que es obra de largos años de constante y concienzuda tarea; que no puede ser encarada
en forma unilateral, como es su solo enfoque por las Fuerzas Armadas, sino que debe ser establecida
mediante el trabajo armónico y entrelazado por los diversos organismos del gobierno,
instituciones particulares y de todos los argentinos, cualquiera sea su esfera de acción; que los
problemas que abarca son tan diversificados y requieren conocimientos profesionales tan acabados,
que ninguna capacidad ni intelecto puede ser ahorrado. Finalmente, que sus exigencias sólo
contribuyen al engrandecimiento de la Patria y a la felicidad de sus hijos.”
Tales consideraciones llevan la esperanza que el presente proyecto tendrá favorable acogida
de este Honorable Senado.
Horacio F. Bravo Herrera.
Sr. Presidente.—En consideración en general.
Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Berhongaray.—Señor presidente: finalmente, después de un largo período de análisis,
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podemos llegar a debatir hoy el proyecto de ley de Defensa Nacional. Creo que es un hecho
importante.
Desde 1948 no se sanciona una ley de defensa por parte del Congreso de la Nación; la última
ley aprobada de ese modo fue la 13.214, sancionada durante el gobierno justicialista.
Hoy tenemos la oportunidad nosotros de hacer nuestra contribución para esta Argentina que
entre todos, despacio, estamos construyendo, colaborando con el aporte de una de las leyes que
hacen a su estructura orgánica, con una de las leyes “pétreas”, como alguno ha llamado a esta ley
fundamental.
Como toda norma, necesariamente responde a un proyecto filosófico, a una concepción que
se da con el tiempo y en el espacio, de acuerdo con determinadas pautas de valores. No se trata
de algo que puede lucubrarse en los gabinetes porque las leyes que surgen de los gobiernos populares
deben responder a los principios valorativos que interpretan las grandes mayorías y que,
precisamente, nutren a esos gobiernos.
Obviamente, este proyecto de ley de defensa no puede, ser ajeno a ese requisito fundamental
porque de lo contrario no sería duradero; sería efímero y tendría la corta duración que las
circunstanciales mayorías pueden llegar a lograr. Por eso me alegro por el esfuerzo que hemos
hecho para compatibilizar distintas posiciones. Le agradezco al señor senador Sapag quien, al
ver la posibilidad de que este proyecto naufragara, pidió hace unos días un nuevo esfuerzo de
conciliación para tratar de acercar posiciones. Agradezco a los señores presidentes de bloques y a
todos los señores senadores porque si, evidentemente, hemos llegado a un acercamiento es porque
existió voluntad de conciliar. Es posible acercar diferencias cuando existe esa voluntad, pero
no es posible —aunque se esté cerca— cuando no hay vocación de acercamiento.
Pensamos que los principios fundamentales que el pueblo argentino ha hecho suyos sin distinción
de partidos, y que con bastante visión fueran explicitados por el presidente Alfonsín en
su discurso de Parque Norte, son los que informan a este proyecto de ley.
Alfonsín dijo entonces que a esta nueva Argentina la vamos a hacer juntando tres elementos
fundamentales. Habría que hacer una especie de síntesis de este trípode constituido por la ética
de la solidaridad, la democracia participativa y la necesidad de modernizar las estructuras.
Y en ese sentido, creemos que Alfonsín ha interpretado un poco lo que ustedes, lo que nosotros
y lo que todos los argentinos recogemos en la calle: el deseo de hacer una Argentina distinta
que venga a replantear totalmente los esquemas valorativos de épocas anteriores.
Porque la ética de la solidaridad es la negación del egoísmo mezquino, del “sálvese quien
pueda”, que prevaleció en la anterior etapa que vivimos o que sufrimos los argentinos. La ética
de la solidaridad significa concretamente en el terreno de defensa que queremos elaborar un sistema
para una Argentina que adopta categorías y pautas morales; una Argentina que no quiere
ser expansiva; que defiende sí, sin ninguna duda —y lo hará con la última gota de sangre de sus
hijos— su soberanía, pero que no acepta la agresión inicial como modo de avance por sobre los
legítimos derechos de otros países.
La Argentina ha privilegiado las hipótesis de confluencia, es decir, los acuerdos internacionales
por sobre las hipótesis de conflicto. Sabe que éstas existen; que eventualmente pueden
convertirse en hipótesis de guerra. Ha tratado de disminuir las hipótesis de conflicto y ha privilegiado
los acuerdos con nuestros vecinos, aquellos con los cuales siempre los grandes intereses
hegemónicos del mundo trataron de hacernos enfrentar.
No es casualidad que esta América, que Centroamérica, que nuestro continente, que todo el
Tercer Mundo aparezca balcanizado. Esta división ha obedecido históricamente a los intereses
de las grandes potencias hegemónicas del mundo, que han deseado dividirnos, que permanentemente
han creado fisuras, buscando los enfrentamientos y tratando de agrietar nuestras relaciones.
Por supuesto, han procurado que lo que tantas veces declamamos, el espíritu latinoamericano,
no fuera más que eso: una declamación.

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Nosotros hemos privilegiado estas hipótesis de confluencia, estos acuerdos internacionales. Y
lo decimos claramente: la ética de la solidaridad es el basamento de nuestro proyecto de defensa.
Hemos avanzado en acuerdos con países vecinos: Cartagena, Contadora, Caraballeda, Santo
Domingo, Montevideo, Mar del Plata, el convenio de integración con Brasil, el tratado con Chile
sobre el Beagle, procuran precisamente reafirmar en el terreno concreto, a pesar de todos los
errores que podamos haber cometido y que seguramente seguiremos cometiendo, la firme decisión
de que nunca más se enfrenten los pueblos latinoamericanos, como lo quisieron en otros
momentos las grandes potencias del mundo.
Por eso decimos que este concepto de la ética de la solidaridad nos lleva a que no compartamos
aquello tantas veces dicho desde muchos sectores y en prácticamente todas las etapas de la
vida humana: que la guerra es algo inevitable.
Nosotros sabemos que el de la guerra es un fenómeno históricamente recurrente; que han sido
muchas las guerras y que es probable —lamentablemente— que, quizás, vuelvan a producirse.
Pero no creemos en el carácter inevitable de la guerra. Creer en el carácter inevitable de la
guerra sería negar la posibilidad de los pueblos de decidir sus propios destinos; significaría caer
en un determinislmo histórico; implicaría, en cierto modo, reafirmar las doctrinas organicistas,
aquellas que han concebido a las sociedades políticas como símiles del cuerpo humano y, entonces,
interpretan que las guerras son tan naturales como las enfermedades al hombre.
Estas concepciones organicistas han costado mucha sangre al mundo en otras épocas; son
las que provocaron sistemas autoritarios. Constituyen el origen del nazismo, entre otras cosas.
Desde hace muchos años hemos leído las doctrinas de John Stuart Mill y Morgan sobre estos
temas, y no las podemos compartir. Creemos en la libertad, no sólo de los hombres para decidir
sus destinos, sino también en la de los pueblos. Por eso, no estamos de acuerdo con aquellos que
piensan que la guerra es inevitable, aunque sea recurrente. Tampoco creemos en la utopía de
decir que las guerras han terminado. No caemos en la ingenuidad de decir que las guerras son
fácilmente evitables, porque lamentablemente no es así.
Pero estamos convencidos —porque creemos en la capacidad de autodeterminación de los
pueblos— de que, en la medida en que privilegiemos los conceptos valorativos de la paz, vamos
a ir enterrando cada vez más aquella premisa que afirma que la guerra es inevitable y que si queremos
la paz debemos prepararnos para la guerra.
Esto queda aclarado en el proyecto de ley que vamos a sancionar y queda determinado en
aspectos concretos. Debo mencionar que no se trata solamente de una declamación filosófica, ya
que esta concepción de la sociedad y de los pueblos también debe ser instrumentada a través de
normas concretas.
En nuestra definición de defensa decimos que ésta constituye la acción coordinada de todas
las fuerzas morales y materiales de una nación para repeler agresiones externas. Mencionamos
que es la comunión de todas las fuerzas materiales y espirituales pero, cuando en nuestro proyecto
hablamos de los instrumentos de defensa, nos referimos a los instrumentos militares, es
decir, a las Fuerzas Armadas, como lo señalamos en el artículo 20 de la iniciativa.
Cabe destacar que el instrumento militar es el único que tiene como fin primario evitar la
guerra en una sociedad cuya filosofía es la paz. Los elementos correspondientes a otras áreas
como la de siderurgia, petroquímica, educación o salud, también se relacionan con la defensa,
pero no la tienen como fin primario ya que constituyen fines en sí mismas. Es decir, la educación
de un pueblo es un fin en sí mismo, al igual que su salud, su bienestar o su felicidad. Lo mismo
podemos decir del desarrollo siderúrgico, petroquímico o tecnológico, ellos contribuyen también
a la defensa.
Debo destacar que no legislamos sobre cada una de las fuerzas materiales que tienen que ver
con la defensa, pero sí establecemos las pautas orgánicas en base a las que se organizan nuestras
Fuerzas Armadas. Y este concepto de la ética de la solidaridad nos lleva también a hacer algunas
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precisiones prácticas como, por ejemplo, cuando en el título IV nos referimos a requisiciones
y decimos que se trata de cargas solidariamente públicas. Si bien debe haber indemnización,
en caso de requisiciones, por ataque exterior inminente o en caso de guerra, siempre se trata
de actividades que debemos realizar solidariamente. Al hablar de convocatoria aludimos a ello.
También por ese motivo, el lucro cesante no es reconocido.
Así, esta filosofía de que está imbuido el proyecto tiene aplicación práctica en sus artículos.
Hemos dicho también que otros de los elementos que conforman esta iniciativa es el concepto
de democracia participativa. Esto significa que la defensa es una obra de todos, aunque
con distintos roles y grados de prelación. Esto no es exclusivamente, como se pensó en algún
momento, función de las Fuerzas Armadas, aunque éstas sean el instrumento militar y por lo
tanto uno de los principales de la defensa; pero además las Fuerzas Armadas concurren participativamente,
como todos los demás elementos de la sociedad, al concepto de la defensa. Y la
idea de la democracia participativa se explica también por el hecho de que los integrantes de los
distintos estamentos que hacen a la defensa tienen que participar en la formulación y redacción
de este tipo de leyes.
Nosotros hemos invitado a participar en las discusiones de la comisión a altos jefes militares.
Algunas voces de crítica se levantaron contra esa decisión, adoptada a instancias del señor senador
Feris pero asumida y compartida plenamente, pues entendíamos que los militares son ciudadanos
con uniforme y que como ciudadanos deben tener los mismos derechos que los demás,
y entre ellos, obviamente, el de opinar sobre temas con los que están directamente relacionados,
como son los de defensa.
Por eso no entendemos esas críticas. Creo que responden a una concepción equivocada que
los argentinos debemos superar. A los militares no hay que tenerles miedo, pero tampoco se los
debe despreciar. Hay que tratarlos como ciudadanos que son, con el mismo respeto pues, precisamente
porque son ciudadanos, tienen los mismos derechos que nosotros; no les damos más
derechos pero tampoco hay que darles menos. La otra Argentina, la del temor o el desprecio, ya
no funciona. Esa fue la Argentina de los desencuentros y los antagonismos. Nosotros debemos
superar esa Argentina, porque si aquellas épocas volvieran el destino del país sería tremendo.
En esto estamos compartiendo el pensamiento del presidente de la Nación. Me voy a permitir
leer algunas ideas que ha expresado Alfonsín desde hace muchos años, cuando escribió el libro
La cuestión argentina; es decir que éstas no son banderas nuevas, sino que él las levantó antes de
ser presidente.
Dice concretamente Alfonsín en la página 214 de La cuestión argentina, que “La misión militar
de la defensa de la soberanía nacional, sólo podrá cumplirse a través de su acatamiento al
poder civil, única garantía para resguardarlas del desgaste que ocasiona la lucha por el poder y de
los siempre presentes designios de instrumentarlas al servicio de los intereses de la minoría privilegiada.
Esto no significa que no se debe recurrir a su asesoramiento, imprescindible en el mundo
moderno”. Y continúa diciendo: “Un hombre tan celoso del control civil como el profesor Louis
Smith sostiene: ‘Al adoptarse las decisiones fundamentales en materia de política nacional, en la
elaboración de planes para ejecutar esas resoluciones y en la administración efectiva de los programas
complementarios, la voz militar deberá ser escuchada siempre, aun cuando no sea tenida
en cuenta siempre. Pues a menos que los militares aconsejen, la alta política y su apoyo militar
podrán quedar peligrosamente en desequilibrio’”. Esto lo volvió a decir Alfonsín en la Escuela de
Guerra Naval, en una clase magistral allá por julio de 1984, cuando concretamente dijo que “una
de las formas en que pienso debemos actuar desde el punto de vista del gobierno, es convocando
a las Fuerzas Armadas para que estén en todos los ámbitos del gobierno, como asesores, claro
está; aun en los sectores más neurálgicos del gobierno. Esta no es una teoría mía —continúa diciendo—,
sino que está apoyada en viejas democracias del mundo, que saben perfectamente que
no se puede definir políticamente a una Nación de acuerdo a lo que dicen sus Fuerzas Armadas,

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pero que es imposible en el mundo moderno dejar de contar con el asesoramiento de las Fuerzas
Armadas para que pueda luego definirse el poder político (…). Hoy —agregaba Alfonsín entonces—
es imposible en el mundo moderno dejar de contar con el asesoramiento de las Fuerzas
Armadas… Deben estar en todos los ámbitos del gobierno como asesores, especialmente en los
sectores más neurálgicos, para ayudar en la tarea de reconstruir el país.”
En igual sentido, el historiador Félix Luna publicó lo siguiente en un matutino hace ya algunos
días, a raíz de la visita de los jefes militares al Senado: “Allí está ocurriendo algo que es
muy importante, aunque el periodismo no lo haya subrayado como corresponde: los jefes de
las Fuerzas Armadas han concurrido al seno de la comisión para manifestar su opinión sobre el
proyecto. Cada uno de ellos ha consultado previamente al cuerpo jurídico de su arma y lleva sus
sugestiones y objeciones a los senadores que tienen a su cargo el estudio del futuro cuerpo legal.
El periodismo en general, ha manifestado con algún tono sensacionalista las oposiciones que los
altos jefes han expresado respecto de algunos artículos del proyecto; lo que no han puesto de
manifiesto es la importante circunstancia de que los dirigentes de las instituciones armadas concurren
al Senado de la Nación para decir su opinión sobre un proyecto que les atañe, tal como
lo hacen habitualmente los productores agropecuarios, los maestros o los dirigentes sindicales
repecto de textos legales que están en estudio y cuya sanción tendrá que ver con sus respectivas
corporaciones. En una palabra años atrás, una medida legal que había de incidir en el papel de
las Fuerzas Armadas dentro del cuerpo social argentino se discutía en los casinos de oficiales o se
debatía en niveles de conspiración o al menos de grupos de presión. Ahora concurren a la sede
de las representaciones públicas y a la luz del día públicamente, expresan su aprobación o sus
objeciones para que sirvan como un elemento de juicio más para la decisión final que adoptará el
Poder Legislativo. Es un enorme cambio en la actitud mental de las Fuerzas Armadas.”
Queremos decir que compartimos plenamente estos conceptos, que vistos a la distancia y
desde afuera, a veces no se entienden. Sin embargo, hemos tenido oportunidad de recibir felicitaciones
de importantes gobiernos sudamericanos por la actitud que tomó el Senado, actitud
seria y madura que lamentablemente fue criticada. Desafortunadamente, el Senado está siendo
criticado con mucha frecuencia y yo creo que injustamente. Esto que estamos haciendo hoy es un
acto que verdaderamente reafirma una voluntad de unidad y de convergencia, una voluntad por
encima de las distintas banderías políticas. Cada uno mantiene y defiende con toda honestidad
y sensatez la cuya, pero por encima de esto está demostrando un sentido de responsabilidad que
no siempre se ve en todos los sectores del país.
Pensamos que esta democracia participativa que nos enunciaba Alfonsín en su discurso de
Parque Norte requiere que en esta ley de defensa intervengan los sectores involucrados. Además
de los jefes militares vinieron todos los sectores del campo civil que quisieron hacer escuchar
su voz, entidades vinculadas con los derechos humanos, partidos políticos que no tienen representación
parlamentaria; no quedó nadie por venir. A todos los escuchamos con la misma consideración
y el mismo respeto y de todos tratamos de obtener sus sugerencias y, por lo menos,
analizarlas anuque no las compartiéramos.
El tercer punto enunciado por Alfonsín en Parque Norte, también plenamente inserto en la
filosofía de este proyecto de ley, es la modernización de las estructuras. En el caso de una ley de
defensa no significa solamente tener armas más modernas, mejores sistemas de equipos, mejores
sistemas de defensa y mejor tecnología; todo eso sí, pero mucho más. Modernización de las estructuras
significa modernizar la educación militar. En ese sentido, se están dando algunos pasos
interesantes.
Los miembros de esta comisión de Defensa Nacional hemos tenido oportunidad de visitar
el Colegio Militar; por primera vez en cuarenta años una misión parlamentaria concurría allí.
Conversamos con los cadetes, los profesores y los directores. Nos presentaron los planes de estudio
y la bibliografía y nos dijeron algo que verdaderamente nos sorprendió en forma positiva
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y grata. Por primera vez en la historia de los institutos militares los profesores comienzan a ser
designados por jurados. Ya no son las autoridades militares las que los eligen. Ahora se eligen a
través de concursos de antecedentes y oposición, por jurados integrados por profesores de universidades
nacionales. Creo que esto constituye un concepto moderno que comienza en el área
de la educación militar. Este propio Senado aprobó por unanimidad un proyecto que presentamos
en su oportunidad, cuando sugerimos que en el Congreso Pedagógico Nacional se analice y
se debata sin complejos ni tabúes el tema de la educación militar. Creo que así vamos a dar pasos
verdaderamente positivos en este concepto de modernización de las estructuras en los instrumentos
militares de defensa, que son las Fuerzas Armadas.
También significa modernizar la estructuras de defensa cuando establecemos claramente que
el poder militar tiene que estar sometido al poder civil. Esto tiene que quedar absolutamente
claro. Ocurre en todos los países modernos del mundo.
Algunas de las leyes que rigieron en este país crearon un sentido inverso en la transmisión
de los mandos y de las órdenes. Tantos organismos menores hacían que cuando llegaba la orden
del presidente, que en su carácter de comandante en jefe debía impartirlas, estaba tan mediatizado
el tema, tan digerido, que prácticamente su capacidad de comandancia y de decisión se veía
anulada.
Por eso este proyecto establece un mecanismo vertical: las órdenes vienen de arriba. Se determina
un mecanismo en la cadena de mandos por el cual se establece, sin intermediaciones, que
las decisiones del poder político deben llegar a cada uno de los destinatarios. Este es uno de los
aspectos principales del proyecto.
Cuando se crean los teatros de operaciones, en el artículo 25 decimos claramente que el jefe
recibirá órdenes directamente del presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe,
no de intermediarios. Los jefes del Estado Mayor de las fuerzas tienen el gobierno y la administración
de las mismas, pero no las facultades de comando como cuando eran comandantes en
jefe; las tiene el presidente de la Nación, que es el único que está autorizado a realizar, a través del
ministro de Defensa, el traslado de los oficiales superiores.
Este concepto de modernización, que tiene una expresión concreta en la supremacía del poder
político por sobre cualquier poder de otro sector, posee también otra expresión concreta en
la limitación de la defensa frente a las agresiones exteriores. Esto es lo que ocurre en todos los
países serios del mundo.
Lamentablemente, por una deformación cultural, a nosotros nos quisieron mezclar los temas
de defensa con los de seguridad interna. Mientras los países desarrollados tenían perfectamente
determinados los ámbitos que corresponden a la defensa y a la seguridad y los analizan y legislan
por cuerda separada, a nosotros nos quisieron mezclar todo en un solo tema. Entonces,
con aquella famosa doctrina de la Seguridad Nacional nos hicieron creer que nuestras Fuerzas
Armadas debían ser nuestras policías interiores y que del problema de la seguridad exterior se
ocupaban las potencias hegemónicas, en este caso los Estados Unidos. Después, Estados Unidos
se unió con Inglaterra en la guerra de las Malvinas y así nos fue.
Esto de la doctrina de la Seguridad Nacional no sirve para nada. Es rechazada desde el campo
civil por las consecuencias que trajo y porque, más que una doctrina, es una ideología. Además,
es rechazada desde el campo militar, porque al volcar a las Fuerzas Armadas a funciones que no
les son específicas, se está descuidando su papel fundamental, que es ser la primera línea de fuego
en el terreno de la defensa. Esto hace a la modernización de las estructuras.
A veces, cuando se levantan voces en los países que se dicen más modernos, que nos quieren
hacer realizar cosas distintas de las que ellos hacen, nosotros empezamos a sospechar.
Hace poco, más precisamente el 13 de junio de este año, en el Colegio Interamericano de
Defensa, el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Eliot Abrams, en una conferencia
que dictó, dijo concretamente lo siguiente: “…si bien tenemos un propósito en común,

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los requerimientos de la Seguridad Nacional difieren de un Estado a otro. En los Estados Unidos
debemos, por encima de todo, afrontar la amenaza del poder militar soviético a la paz global y
el desarrollo. Ustedes, en América latina, también hacen frente a enemigos de afuera, pero con
frecuencia hay enemigos que les combaten desde adentro, empleando la subversión comunista,
el terrorismo o la producción y tráfico de narcóticos”.
Es decir que, parece que volvemos nuevamente a esta concepción de que nuestras Fuerzas
Armadas se ocupen del narcotráfico y del terrorismo y que la seguridad externa la dejemos en
manos de los Estados Unidos. Esto no sirve. Ya lo vivimos, lo sufrimos, lo padecimos; no lo
quieren nuestras propias Fuerzas Armadas. Y éste sí que es un concepto moderno que hace a la
defensa.
Hace poco tiempo hubo también una reunión cumbre de países industrializados —Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Japón— que se realizó en Japón este
mismo año. Se llegó a la conclusión de que la lucha contra el terrorismo tenía que ser realizada
por las Fuerzas de Seguridad y no por las Fuerzas Armadas. Porque las primeras sí pueden intercomunicarse
e intercambiar información pero las Fuerzas Armadas no pueden hacerlo ya que en
ese caso estarían revelando secretos de Estado.
En este sentido queremos ser claros. Esta es una ley de defensa. No es una ley antigolpe ni
antiterrorista. Por supuesto que puede presentarse el problema de la conmoción interior o del
terrorismo; no somos tan ingenuos como para negar que ello puede ocurrir. Pero decimos que
racionalmente, en un país moderno, esto no debe tratarse en la ley de defensa. Es como si mezcláramos
el Código Civil con el Código Penal; ambos se ocupan de temas jurídicos, pero tienen
distintos instrumentos y tratamientos legales.
En todos los países desarrollados del mundo se tratan exclusivamente en las leyes de defensa
los temas vinculados con la agresión externa; la cuestión del terrorismo tiene una legislación
aparte.
En este momento Francia está debatiendo su ley antiterrorista; España, Alemania e Italia
ya la tienen. A nadie se le ocurre mezclar terrorismo con defensa, porque son cosas totalmente
distintas. Y creo que éste es precisamente un concepto que hace a la modernización de nuestros
propios valores culturales. Los países subdesarrollados, en general, mezclan todo —o se los hacen
mezclar—, Defensa y Seguridad.
Las naciones modernas diferencian claramente uno y otro tema.
Creo que nosotros estamos avanzando por el buen camino cuando en el artículo 2º del proyecto
decimos concretamente que la defensa debe tener por objeto coordinar las fuerzas morales
y materiales para repeler agresiones externas. Así no mezclamos lo externo con lo interno. Esto
no significa que el presidente pierda sus facultades constitucionales de disponer de las Fuerzas
Armadas cuando circunstancias excepcionales así lo requieran. A tal punto ello es así que en el
artículo 5º hemos reafirmado que compete al presidente de la Nación la dirección de la defensa
y la conducción de las Fuerzas Armadas en los términos establecidos en los incisos 15 y 17 del
artículo 86 de la Constitución Nacional.
Alguien dirá que quizá es redundante porque ya está en la Constitución. Yo tengo mis serias
dudas. Hay una vieja discusión entre los constitucionalistas con respecto al concepto de cláusulas
operativas y programáticas de la Constitución. Es decir que no todas las cláusulas de nuestra ley
fundamental son operativas; yo diría que son las menos. La mayor parte son programáticas. Ha
habido muchos casos en los que la justicia ha establecido, precisamente, que el hecho de que una
cláusula esté en la Constitución no da derecho a un reclamo si no está contemplado en una ley
que reglamente su ejercicio.
Esto se ha dado en repetidas oportunidades con relación al artículo 14 bis, por ejemplo,
cuando se ha planteado en los tribunales el tema de igual remuneración por igual trabajo.
Ustedes saben que lamentablemente, en este sentido existe un gran desorden en las
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remuneraciones en nuestro país. Por ejemplo, dentro de un mismo ministerio, distintas secretarías
revistan en diferentes categorías y no tienen iguales remuneraciones. Esto es algo que alguna
vez vamos a tener que corregir.
Cuando se ha planteado si la cláusula constitucional que mencionaba es operativa, la Justicia
ha dicho que no. En el mismo artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando se hace referencia
a las atribuciones del presidente, se menciona en el inciso 1º que es el jefe supremo de la Nación
y tiene a su cargo la administración general del país. Pero existe una serie de disposiciones como
la ley de contabilidad, el estatuto del empleado público, la ley de obras públicas, que delimitan
sus facultades y establecen cómo debe comprar, construir, licitar, disponer los ascensos, etcétera.
En el inciso 3° del citado artículo se establece que es el jefe inmediato y local de la Capital
Federal, pero evidentemente esto no significa que pueda nombrar los concejales que quiera; tiene
que hacerlo de acuerdo con las leyes que reglamentan el ejercicio de esa facultad.
El inciso 17 del artículo 86 de la Constitución Nacional establece que el presidente dispone de
las fuerzas militares. Se ha discutido si ésta es una cláusula programática u operativa. Para evitar
cualquier duda, en el artículo 5 o del dictamen introducimos esta facultad para el presidente. Es
decir, colocamos esta facultad en la legislación ordinaria, con lo que queda absolutamente claro
que el presidente de la Nación, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
puede disponer de ellas.
Pero el hecho de que el presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas y, excepcionalmente,
llegar a utilizarlas cuando hipotéticamente las Fuerzas de Seguridad fueren superadas
por alguna conmoción interior, no significa que la función de las Fuerzas Armadas sea repeler
agresiones interiores porque si ello fuera así, habría que realizar planeamiento, inteligencia y
logística para la conmoción interior. Nada de ello corresponde porque la función de las Fuerzas
Armadas es ser el instrumento militar para repeler agresiones exteriores y sólo excepcionalmente
pueden ser requeridas para un caso de conmoción interior, cuando hipotéticamente se presente
la situación mencionada anteriormente.
No sé si queda claro este concepto, pero es fundamental. Si la misión de las Fuerzas Armadas
fuera actuar como un medio más en el tema de la conmoción interior, tendríamos que hacer
inteligencia militar interior. Por ejemplo, si deseáramos trasladar alguna guarnición militar que
se encuentra cerca de una gran ciudad, el hecho podría ser objetado y negado porque es necesaria
su presencia a los efectos de preservar la hipótesis probable o improbable de que las Fuerzas
Armadas fueran requeridas internamente.
Cuando decimos claramente que no corresponde a las Fuerzas Armadas actuar en el orden
interno estamos definiendo el aspecto fundamental de su actuación, aunque excepcionalmente
pueden ser requeridas para otra cosa.
El artículo 21 de la Constitución señala que todos los ciudadanos debemos armarnos en defensa
de la patria y de la Constitución, pero evidentemente nuestra función fundamental no es
estar preparados todos los días para ello. Por ejemplo, nuestra misión fundamental es legislar y
en tal sentido tenemos que venir el Congreso y no ir a un polígono. Si excepcionalmente la patria
lo requiere, evidentemente vamos a estar todos los días preparados para la defensa. Pero esto
no significa que nuestra función primaria y natural sea estar preparados todos los días para esa
situación hipotética excepcional.
Queremos recordar que pensamos que es hipotéticamente excepcional esta situación, porque
las Fuerzas de Seguridad en nuestro país totalizan unos 170 mil efectivos. Las Fuerzas de
Seguridad y policiales se distribuyen así: unos 15 mil efectivos en Gendarmería; unos 13 mil en
Prefectura; algo más de 40 mil en la Policía Federal y 100 mil en las policías provinciales. Algunas
de esas fuerzas tienen brigadas especiales para situaciones graves de conmoción interior.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de expresar, decimos que es hipotética la posibilidad de
que las Fuerzas Armadas actúen como Fuerzas de Seguridad porque éstas hayan sido rebasadas

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en su función. Lo que pretendemos es no mezclar los roles y debe quedar en claro que ésta no es
una ley antiterrorista porque la represión del terrorismo se va a legislar mediante otras normas.
Tampoco puede ser considerada, como pretenden algunos sectores civiles, una ley antigolpe.
En las numerosas charlas que mantuvimos con distintos representantes de la vida nacional, observamos
a menudo un exceso de susceptibilidad cuando se hablaba del tema de defensa; querían
que en esta ley previéramos todas las situaciones posibles para evitar que las Fuerzas Armadas
dieran un golpe. Esto es absurdo. Ustedes saben que los golpes no se paran con leyes sino que
dependen exclusivamente de los comportamientos sociales.
Pero aunque pretendieran que legisláramos para la hipótesis de un golpe y frustrarlo, nosotros
les decimos que para eso hemos sancionado la ley de defensa de la democracia, que prevé
el delito de rebelión, el de sedición, con penas más graves, considerándoselos delitos comunes
que pasan a la justicia ordinaria y que, en el supuesto de un eventual golpe, su prescripción no
es suspendida.
Creo que estas prevenciones que estamos señalando no obedecen un poco a la Argentina
vieja. Por eso, con el concepto de Argentina moderna que nuestro presidente definió en Parque
Norte, estas ideas tienen que ser totalmente superadas.
Todas las leyes de los países del mundo moderno, cuando hablan de defensa, se refieren
exclusivamente a la agresión con el concepto que le da a este término la resolución 3.314 de
Naciones Unidas, sancionada en 1974. Concretamente dice que es agresión la invasión, el ataque
de las Fuerzas Armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado; el bombardeo de
las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o el empleo de cualquier arma
por un Estado contra el territorio de otro Estado, el bloqueo de los puertos y de las costas de un
Estado por las Fuerzas Armadas de otro, el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra
las Fuerzas Armadas, terrestres, navales o aéreas de otro Estado, contra su flota mercante o aérea;
la utilización de Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentran en el territorio de otro Estado
con el acuerdo del Estado receptor en violación a las condiciones establecidas en el acuerdo o
toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo.
Y luego prosigue la resolución describiendo las distintas clases de agresión. Este es el sentido
que las Naciones Unidas otorgan al concepto de agresión y es el sentido que le dan todas las leyes
de países como España y Francia, que no voy a leer porque hacer un análisis exhaustivo de toda
la legislación comparada sería abusar de la atención de los señores senadores.
En ninguna legislación se mezclan los conceptos de defensa y terrorismo, mucho menos de
defensa con el de la creación de una ley antigolpe. Esto es ingenuo, infantil y absurdo.
Con la concepción moderna a la que he hecho referencia, el Poder Ejecutivo ha elaborado
este concepto de defensa. Seguramente con él coinciden los demás sectores porque, mayoritariamente,
prevalece la posición de lograr una Argentina que supere no sólo las deformaciones
instrumentales sino también culturales que provocaron tantos desatinos en épocas pasadas.
Este concepto de modernización nos lleva a la necesidad de especialización de los instrumentos
de la defensa, entre ellos las Fuerzas Armadas.
Nosotros pensamos que estas instituciones deben dedicarse exclusivamente a la función
para la que existen, es decir, la defensa. No creemos que les corresponda realizar actividades que
compete efectuar a otros sectores del país, porque entonces estarían descuidando su función
fundamental. No les corresponde a las Fuerzas Armadas hacer caminos; no les corresponde a
las Fuerzas Armadas construir escuelas; no les corresponde a las Fuerzas Armadas realizar actividades
relacionadas con vialidad, obras públicas, arquitectura educacional, etcétera, porque
entonces tendríamos que contar no sólo con unas Fuerzas Armadas adecuadas en su dimensión
a las necesidades de la defensa sino preparadas para la defensa y además para todo lo que acabo
de señalar.
Nosotros pensamos que las Ffuerzas Armadas deben tener su dimensión acorde con los
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requerimientos defensivos de un país; exclusivamente, los defensivos. Es decir que paulatinamente
hemos disminuido la incorporación de jóvenes de las distintas clases: de ochenta mil conscriptos
que se incorporaban cuando llegó el gobierno de la democracia hemos pasado, en este
momento, a apenas veinte mil. A pesar de la reducción no ha aumentado la indefensión ni mucho
menos. Simplemente, ha cambiado el rol para el cual están afectados los recursos humanos
y materiales.
Nosotros queremos ir, gradualmente, hacia la supresión del servicio militar obligatorio, no
sólo por una cuestión filosófica sino también porque deseamos corporizar las ideas de especialización
y de modernización. Es mucho más eficaz un soldado profesional que un conscripto. Este
último, cuando ingresa, comienza a recibir su instrucción militar y cuando la termina es dado de
baja, de modo que permanentemente se está rotando a los conscriptos. Entonces, cuando vienen
ejércitos profesionales, como ocurrió en Malvinas, con alto grado de entrenamiento y mantenimiento
en las filas de cada uno de sus componentes, los resultados son evidentemente distintos.
Nosotros estamos yendo ahora hacia la idea de los soldados voluntarios, es decir, aquellos
que, una vez concluido su periodo de conscripción militar, permanecen en las filas de las Fuerzas
Armadas; son los que se “enganchan”, tal como se dice popularmente, y permanecen tres, cuatro
o cinco años, recibiendo por supuesto una paga. Este tipo de soldados, desde un punto de
vista económico, no resulta más caro que los conscriptos porque, como ustedes saben, estos
últimos insumen muchos gastos de movilidad, al ser trasladados desde sus provincias hacia los
distritos de incorporación, de vestimenta y numerosos recursos vinculados con su educación e
instrucción.
Pensamos que el concepto de Riccheri cumplió una función importantísima en la vida del
país; el ejército colonizador, educador y que se distribuyó por toda la República cumplió una
misión muy valiosa, pero también pensamos que esa etapa está agotada.
Ahora, para educar están las escuelas y para colonizar están todos los procedimientos de
que dispone el gobierno nacional. Es necesario que cada uno de nosotros se especialice porque
cuando todos queremos hacer de todo, lamentablemente, las cosas no salen bien.
Estos son algunos de los conceptos que introdujimos en la posición filosófica de este proyecto
de ley de defensa. Es necesaria la modernización, de modo que la educación militar cambie; es
necesaria la especialización, no sólo la que acabo de mencionar sino también la que expresé
anteriormente, es decir, que las Fuerzas Armadas se dediquen exclusiva o prioritariamente a las
agresiones exteriores y no cumplan papeles de policía u otras tareas que pueden llegar a cumplir
otros organismos del Estado.
Es importante definir estos puntos; cada día están siendo más entendidos por todos los sectores
del país. Creo que hay que darles contenido concreto a través de cada una de las propuestas
que se han formulado. Esto implica tal vez un esfuerzo de imaginación, que necesariamente
debemos hacer.
La Argentina de antes cumplió su etapa. No digo que haya sido mejor o peor; simplemente
digo que se agotó. Ahora tenemos que encauzar estos nuevos conceptos. Por eso derogamos la ley
16.970, que era una norma elaborada sobre la base de una Argentina vieja; además de las deformaciones
éticas que contenía y de lo que los obispos definieron en Puebla, en el sentido de que
más que una doctrina es una ideología, representaba el atraso. Digo esto porque esa ley relegaba
a nuestras Fuerzas Armadas a hacer lo que no hacen las Fuerzas Armadas de los países desarrollados.
Es importante que entendamos esto porque, desde luego, no se trata de una agresión a
ningún sector, al contrario, se trata de revalorizar la misión asignada a las Fuerzas Armadas y por
eso lo decimos con toda claridad. Ellas mismas están visualizando estos conceptos y ya no quieren
ser más agentes interiores. Nunca más quieren delegar la defensa de la soberanía exterior.
Ellas sufrieron principalmente la derrota de Malvinas. La sufrió todo el país para ser precisos,
pero ellas la sintieron más que nadie espiritual y anímicamente. Las Fuerzas Armadas quieren

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prepararse exclusivamente para la hipótesis no deseada en la cual tengan que defender la integridad
nacional, la capacidad de autodeterminación del pueblo y la soberanía de los argentinos.
Otro de los conceptos, referido también a la idea de modernización de estructuras, que es
recogido en nuestra ley de defensa y al que asignamos importancia fundamental, es la determinación
del accionar conjunto de nuestras Fuerzas Armadas.
Aquello de que cada sector era una isla y se comportaba en forma autónoma no sólo ocurrió
en la sociedad civil sino también lamentablemente en el terreno militar. Esta falta de sincronización,
de conducción única provocó dispersión total de esfuerzos, y pagamos las consecuencias
de ello también en Malvinas. Por eso en nuestro proyecto de ley hemos dedicado varios artículos
al accionar conjunto. Hemos revalorizado al Estado Mayor Conjunto. Su jefe es el secretario del
Comité Militar. Es el órgano que debe elaborar la estrategia militar, para pasarla al ministro de
Defensa. Debe elaborar el planeamiento militar conjunto, formular la doctrina militar conjunta,
dirigir el adiestramiento militar conjunto y vigilar el planeamiento estratégico operacional y la
eficacia del accionar militar conjunto.
En ese sentido, también estamos siguiendo los conceptos más modernos de los países desarrollados,
no porque lo hagan ellos. En Estados Unidos en este momento después de un gran debate
se llegó a conclusiones similares a las que ya hace dos años había arribado el Poder Ejecutivo
cuando envió este proyecto. Estamos convencidos por propia experiencia de que es imprescindible
el accionar conjunto. Entronca también en el concepto de modernización de las estructuras
aplicado concretamente al campo de defensa.
La subordinación del poder militar al poder político es un concepto que obviamente nada
tiene que ver con lo ocurrido en otras etapas de la historia argentina. Son estas las ideas básicas,
las ideas-fuerza que están impregnando nuestro proyecto de defensa. Lo dijimos claramente: lo
encontramos sintetizado en el mensaje de nuestro presidente Alfonsín en Parque Norte. Quizá
sin darse cuenta el ministro Borrás y sus asesores cuando elaboraron el proyecto —bastante
tiempo antes de que el presidente hablara en Parque Norte—, habían captado estas necesidades
comunes en los niveles mayoritarios del pueblo argentino.
Por eso no me extraña que hayamos llegado a conciliar posiciones ni que los sectores de la
vida del país logremos converger en temas tan importantes como éste. Cada uno, por supuesto,
lo hace desde su ubicación política. Así como fuimos creando en los hechos este pacto de garantías
para afirmar la democracia, quizá sin darnos cuenta estemos elaborando una convergencia
sobre programas comunes, que son los comunes denominadores del pueblo argentino sin necesidad
de firmar nada, sin necesidad de suscribir ningún tipo de acuerdo político.
Basta simplemente con bajar a la calle para interpretar los reclamos generales que se dan en la base
del país. Por algo decimos que el pueblo es uno solo. Por algo decimos que somos los representantes
del pueblo. Y si bien podemos tener matices instrumentales que nos diferencian, en la medida en que
estamos interpetrando al pueblo seguramente vamos a encontrar cada día aspectos de unidad que
nos llevan a determinar que estamos mucho más cerca todos los sectores nacionales que lo que algunos
que no quieren la unidad nacional, pretenden demostrar. Creo que esto es una muestra de ello.
Algunos pensaban que los proyectos eran inconciliables. Insisto en que cuando existe voluntad
y cuando interpretamos este sentimiento de unidad que está en el pueblo argentino y que no
es sólo de los peronistas, de los radicales, de los socialistas, de los partidos provinciales, sino de
todos los sectores, podemos hacer algo muy importante.
Creo que este Senado de la Nación, —que últimamente ha sido tantas veces criticado—injustamente
criticado— le está dando un ejemplo al país; un ejemplo de seriedad, de convergencia,
de unidad y de responsabilidad. Ojalá que aquellos que nos critican adopten estas mismas actitudes
y las hagan suyas, ojalá que privilegien la unidad por sobre los desencuentros.
Entiendo que estamos haciendo algo bastante importante. Estamos definiendo en hechos
concretos, reales, las aspiraciones comunes del pueblo argentino.
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Hemos tratado de dividir el proyecto de ley en cinco títulos. El primero de ellos habla de
los principios fundamentales; el segundo se refiere a los órganos y misiones; el tercero alude a
la organización de las Fuerzas Armadas; el cuarto se relaciona con la organización territorial y
movilización, y el quinto comprende las disposiciones generales.
En el título I de este proyecto decimos claramente que la defensa tiene como objetivo “proveer
a la defensa común” determinado en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
También establecemos todos los organismos y funciones necesarios para concretar este precepto
contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
Algunos dirán que a lo mejor este artículo es redundante; pero no es así, como bien lo señaló
el diputado Vanossi en el debate correspondiente en la Cámara de Diputados. Varias de las
instituciones regladas en este proyecto encuentran su fundamento y aplicación precisamente en
este artículo 1º, especialmente cuando se hace referencia al tema de las requisiciones. Es decir,
nosotros lo pusimos en positivo, modificando la sanción de Diputados, cuando se restablece que
ninguna de las disposiciones de esta norma podrá ser interpretada en detrimento del texto constitucional.
Siguiendo el mismo espíritu, pero con afán de mejorar el texto, decimos que todas las
disposiciones deben ser interpretadas en el marco de la ley con el objeto de que nadie se sienta
agredido, porque no queremos que eso suceda. Ya hablamos del artículo 2º correspondiente a
este título I. Decimos que la defensa es la acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales
de la Nación para repeler agresiones exteriores. Mencionamos que tiene por finalidad
la defensa de la soberanía del pueblo y del sistema de valores republicanos representativos establecidos
por nuestra Constitución. Es decir, establecemos como finalidad de la defensa la plena
vigencia de los valores constitucionales.
Creo que esto que, a lo mejor parece como algo redundante, es importante porque de esta
manera se determina, precisamente, la finalidad interpretativa y lo que le brinda contenido hermenéutico
al resto de las normas. El caso que se plantea es similar al del artículo 2° de la ley
española, que es muy parecido al nuestro. En el artículo 3º introducimos un punto sugerido por
el bloque justicialista, en donde determinamos el ámbito de aplicación de la defensa. No solamente
el territorio continental sino también las islas y el Sector Antártico, con los alcances, por
supuesto, de los tratados internacionales. Aunque obviamente la Antártida se encuentra desmilitarizada,
no podríamos pretender aplicarle los instrumentos militares, pero sí los conceptos de
la Defensa Civil u otros aspectos que no son estrictamente militares.
También el artículo 4 o fue una sugerencia justicialista. Dice que “la Defensa Nacional constituye
un derecho y un deber para todos los argentinos…”. Así está establecido en el artículo 21
de la Constitución Nacional por el cual todo ciudadano debe armarse en defensa de la Patria y de
la Constitución. Me parece positivo este aporte y es un elemento que viene a perfeccionar la ley.
Hablando de los órganos y misiones queda absolutamente claro que toda la defensa depende del
presidente de la Nación.
La capacidad de decisión y la aptitud normativa y resolutiva en todo el programa de defensa
le corresponde a él. A veces delega una o varias facultades en el ministerio de Defensa, pero éste
obviamente actúa por delegación del presidente de la Nación, quien en su carácter de comandante
en jefe es quien dirige la defensa y conduce las Fuerzas Armadas. Con el asesoramiento
del Consejo de Defensa Nacional ejerce la conducción integral y con el del Comité Militar la
conducción militar de la guerra.
Y ya estamos entrando en la parte de la ley referente a los organismos de la defensa, que son
algunas modificaciones por sugerencia del bloque justicialista, y en particular del señor senador
Amoedo, quien ya el año pasado había presentado un proyecto sobre esta materia. Este Consejo
está presidido por el presidente de la Nación e integrado por el vicepresidente de la Nación,
por los ministros del Interior, de Economía, de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa; el
Consejo de Defensa Nacional, y además el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Con respecto al Consejo de Defensa Nacional, el proyecto que estamos analizando introduce
seis parlamentarios, tres representantes del Senado y tres de la Cámara de Diputados.
La modificación introducida consiste en establecer que los seis parlamentarios están facultados
para integrar el Consejo de Defensa, pues como se trata de un organismo que depende del
presidente de la Nación, pensamos que no correspondía que lo integraran legisladores nacionales
que por ello pasaban a depender de otro organismo. Ello podría ser tachado de inconstitucional,
y entonces establecimos claramente la facultad de los presidentes de las comisiones de Defensa
Nacional de ambas cámaras y de un representante de la mayoría y de la minoría de cada una de
éstas para integrar el Consejo de Defensa Nacional.
Este organismo puede ser integrado también por invitados especiales, gente que por sus conocimientos
particulares pueda ser útil para el propósito perseguido, a juicio del presidente de
la Nación.
Ya al pasar hablamos de las funciones del Consejo de Defensa Nacional. Tiene funciones
permanentes y transitorias. Las primeras son las mismas establecidas en nuestro proyecto, sólo
que éste se denominaba Gabinete de Defensa Nacional. Son funciones de asesoramiento y asistencia
al presidente de la Nación, es decir que no tienen carácter resolutivo. Pero asesoramiento
y asistencia ¿para qué? Para determinar las hipótesis de conflicto y de guerra, es decir, todo lo
relacionado con la superación de estas situaciones. En todos estos temas el Consejo de Defensa es
el órgano de asistencia y asesoramiento del presidente de la Nación.
Además el Consejo tiene como facultad transitoria, y esto por sugerencia del bloque justicialista,
la elaboración de anteproyectos de leyes fundamentales referentes a la defensa, que vienen
a completar las normas que nosotros establecimos con algunos de los instrumentos de defensa
en el artículo 12. Por ejemplo, leyes que complementen la organización militar, que establezcan
la orgánica de las Fuerzas de Seguridad —obviamente, nos estamos refiriendo a Gendarmería y
Prefectura—, que regulen sobre la producción militar para la defensa y que establezcan pautas
sobre el servicio militar y sobre la Central Nacional de Inteligencia.
Quiero recalcar, en este sentido, que fue el senador Amoedo quien con mucha insistencia y
desde hace mucho tiempo se refirió a la necesidad de que la Central Nacional de Inteligencia esté
reglada por una ley especial. Ya veremos que esto que decimos en el artículo 12 lo repetimos en
el 19, cuando expresamente abordemos el tema de la Central Nacional de Inteligencia.
Como decía antes, se trata de leyes que vienen a completar todos los organismos normativos
necesarios para la Defensa Nacional. Estas funciones transitorias que debe realizar en un plazo de
365 días el Consejo de Defensa Nacional, con carácter de anteproyectos.
En el artículo 9° se establecen, también por sugerencia del justicialismo, algunas pautas en
base a las cuales debe desarrollar su accionar este Consejo de Defensa. Están explicitadas en un
cuadro anexo al dictamen de comisión. Allí, en la columna vertical, aparecen los medios, y en
la horizontal las situaciones. En cuanto a los medios, figuran las Fuerzas Armadas, Fuerzas de
Seguridad, Defensa Civil y movilizaciones. Las situaciones se dividen en internacionales, nacionales
y de desastre, y dentro de ellas existen distintas subdivisiones. Se establecen, entonces, los
medios con los cuales se debe dar respuesta adecuada a cada una de las situaciones.
En la segunda parte del artículo 9 o queda aclarado que la situación de desastre, a los efectos
del planeamiento y de la asignación de misiones y funciones, se tendrá en cuenta solamente en
los términos que establecen, las leyes para la Defensa Civil; es decir, la 20.318 que, como veremos
en el título V, queda derogada en varios de sus artículos que hacían referencia directa a la 16.970,
llamada ley Onganía o de la Seguridad Nacional.
Seguramente la senadora Gurdulich, autora del cuadro que acabo de mencionar, lo explicará
después con más detalles. Obviamente, no estamos totalmente de acuerdo con él; tenemos algunas
discrepancias, pero lo aceptamos en este esfuerzo de conciliación. No nos pareció del todo
correcto introducir el tema de conflictos sociales localizados o conflictos sociales generalizados
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dentro de la ley de defensa. Pero dado que se trata de pautas de comportamiento para un organismo
que no tiene facultades resolutivas sino de asistencia y asesoramiento, como es el Consejo
de Defensa, podemos aceptarlo.
De todos modos, queda bien claro que éste no es nuestro proyecto sino un proyecto de compatibilización
y de unidad. Lógicamente, tenemos que tratar de acercar posiciones.
Se define claramente también el tema de la agresión militar. Es la única situación en la cual
pueden actuar las Fuerzas Armadas. Es nada más que la insubordinación que realicen efectivos
militares o de las Fuerzas de Seguridad contra las autoridades constitucionales, es decir, contra
los poderes de la Constitución. Este es el concepto de agresión militar que está definido en los
propios fundamentos del proyecto justicialista, presentado por la señora senadora Gurdulich y
por el señor senador Saadi.
Estas son, entonces, las pautas en base a las cuales debe asesorar el Consejo de Defensa
Nacional. Obviamente, las facultades resolutivas las tiene el presidente de la Nación quien es,
en última instancia —como dijimos—, el que dirige la Defensa Nacional y conduce las Fuerzas
Armadas.
Nos adentramos luego en el tema del Comité Militar, que está previsto en nuestro proyecto
exclusivamente para tiempo de guerra; no funciona en tiempo de paz. Está integrado por el
ministro de Defensa que, obviamente, lo preside; por el jefe del Estado Mayor Conjunto y por
los jefes de los Estados Mayores de cada una de las fuerzas. El Comité Militar tiene por objeto
asesorar al presidente en caso de guerra en la conducción militar y en el planeamiento de aquella.
Pasemos a analizar cuáles son las delegaciones que realiza el presidente en el ministro de
Defensa. El presidente prácticamente mediatiza su poder a través del ministro de Defensa.
Normalmente, eso ocurre en casi todos los países del mundo.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto, los jefes de los Estados Mayores de las tres fuerzas,
Gendarmería, Prefectura, todos ellos dependen directamente del ministro de Defensa. Todo el
planeamiento, toda la logística que elaboran los distintos organismos llegan al presidente a través
de la delegación que él mismo ha realizado en el ministro de Defensa.
Queda absolutamente claro que a los fines del planeamiento en todos los niveles, las agresiones
internas no tendrán que ser contempladas. Estas son respuestas que se pueden dar, pero
nosotros no podemos, a través del planeamiento, tratar de introducir situaciones internas en el
marco de la ley de defensa. Todo lo que signifique, por ejemplo, realizar planeamiento militar
para cualquiera de las situaciones previstas en este cuadro, tiene que hacerse teniendo en cuenta
el concepto fundamental que nosotros indicamos en el artículo 2 o del proyecto, que determina el
papel fundamental de la defensa, cual es de repeler agresiones extranjeras.
Alguien pensó que la presencia de los parlamentarios en el Consejo de Defensa podría llegar
a crear una complicación por la diferenciación que existe en la Constitución entre poderes de
mando y poderes de organización. Ustedes saben que los constitucionalistas distinguen claramente
entre unos y otros. Los poderes militares de mando los tiene exclusivamente el presidente
de la Nación, de acuerdo con lo prescripto por los incisos 15 y 17 del artículo 86 de la
Constitución Nacional; los poderes militares de organización son concurrentes entre el Poder
Ejecutivo y el Congreso, ya que el primero dicta reglamentos internos y el segundo sanciona leyes
en consecuencia, de acuerdo con los incisos 23 y 24 del artículo 67 de la Constitución Nacional.
Entonces, alguien podría haber pensado que la presencia de los parlamentarios en el Consejo
de Defensa estaría violando esta norma constitucional en la cual se mezclan poderes de mando
con poderes de organización. No es así. Si el Consejo de Defensa Nacional tuviera facultades
resolutivas, entonces sí estaríamos violando la Constitución; pero como el Consejo de Defensa
Nacional —como dijimos reiteradamente— tiene facultades puramente asesoras y de asistencia,
esta impugnación que podría llegar a darse, por la mezcla de los poderes de mando con los de
organización, no existe.

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El Estado Mayor Conjunto pasa a tener, de acuerdo con este proyecto, una función protagónica.
Dijimos que uno de los conceptos que hacían a la modernización era precisamente la
relevancia que se le daba al Estado Mayor Conjunto en este proyecto.
El Estado Mayor Conjunto depende del ministro. Está integrado por miembros de las tres
fuerzas y su jefe es designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Tiene una relación funcional, no
orgánica, con las fuerzas. No está en la cadena de mandos. A lo mejor esto no es absolutamente
claro para quienes no estén en el tema, pero el Jefe de Estado Mayor Conjunto tiene importantes
funciones en este esquema, aunque no está en la cadena de mandos. Tiene relaciones funcionales
y no orgánicas con el resto de las fuerzas, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo.
¿Cuáles son las funciones del Estado Mayor Conjunto? Elaborar el planeamiento militar conjunto,
formular la doctrina militar conjunta, controlar el planeamiento estratégico operacional.
Se encarga de todo eso y puede también prever la constitución de comandos estratégicos.
Como ustedes saben, los comandos estratégicos pueden ser operacionales o territoriales.
Estos últimos son los que se constituyen, por ejemplo, en época de guerra, cuando hablamos
de teatros de operaciones. Y los comandos estratégicos operacionales son los que se establecen
a los efectos del planeamiento. En tal sentido, estos comandos estratégicos pueden ser conjuntos,
cuando comprenden a dos o más fuerzas. También pueden ser específicos, por ejemplo, el
Comando de Operaciones Navales o el de Operaciones Aéreas, porque se refieren a cada una de
las fuerzas.
Finalmente, pueden ser combinados, cuando nos referimos a los binacionales o aquellos en
los que participan más de dos naciones, por ejemplo, la OTAN o el Pacto de Varsovia.
Y llegamos así a la Central Nacional de Inteligencia. La definimos en el artículo 19. Está presidida
por el secretario de Inteligencia del Estado y luego será organizada por una ley especial, tal
como lo decimos en el artículo 12 y reiteramos en este artículo. Establecemos que la inteligencia
a nivel estratégico nacional estará organizada de acuerdo con las pautas establecidas por el presidente
de la Nación, mientras que la inteligencia a nivel estratégico militar recibirá sus pautas del
ministro de Defensa Nacional por delegación del presidente de la Nación.
¿Qué significa inteligencia estratégica militar? Fundamentalmente, que la inteligencia que deben
hacer las Fuerzas Armadas es aquella que está en relación con sus funciones, es decir, repeler
agresiones externas. Por la finalidad se determina la diferencia entre la inteligencia estratégica
militar y la estratégica nacional. Los servicios de información de las Fuerzas Armadas deben, por
ejemplo, averiguar qué pasa con los eventuales países enemigos, con las hipótesis de conflictos,
qué armamentos tienen, qué despliegues realizan, cuáles son sus obras de infraestructura, las
hipótesis de alianzas y también los casos de contraespionaje, es decir contrainteligencia dentro
del país.
En el artículo 19 decimos, expresamente, que las cuestiones relativas a la política interna
del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia
militar. Esto tiene que quedar absolutamente aclarado: los servicios de inteligencia de nuestras
Fuerzas Armadas solamente realizan inteligencia estratégica militar y no inteligencia interior.
Creo que esto también está dentro del concepto de modernización de que hablábamos hace un
rato. Es absolutamente contrario a los mecanismos de inteligencia que se establecen en todos los
países adelantados del mundo mezclar los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas en
problemas de inteligencia interior. Esto solamente ocurre en los países subdesarrollados, en los
cuales, como les dije, se mezclan los términos de seguridad con los de defensa. Por ejemplo, cabría
preguntar a los Estados Unidos la diferenciación entre el FBI y la CIA, aunque a veces existen
desnaturalizaciones en la materia.
Tal es el caso ocurrido recientemente en Israel. Pero reconozcamos que estas desnaturalizaciones
no son el producto de fallas de las leyes sino que corresponden a equivocaciones de los
hombres.
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El hecho de que nosotros tuviéramos claramente establecido en esta ley el sistema de inteligencia,
no quiere decir que debamos caer en la utopía de pensar que a partir de hoy los problemas
relativos a los servicios de inteligencia están solucionados; de ser así, caeríamos en el ridículo.
Tal como dijimos al comienzo, las leyes son solamente el marco normativo. Pero son las
actitudes sociales, los comportamientos de los distintos sectores los que posibilitan o impiden
las realizaciones de determinados actos o conductas dentro de esa sociedad. Tratemos de dar el
camino legal adecuado para impedir o dificultar esas deformaciones pero seamos conscientes de
que solamente a través del afianzamiento de la democracia y de los valores permanentes de nuestro
sistema vamos a corregir estas deformaciones que existen en muchos estamentos de nuestra
sociedad, uno de ellos el de los servicios de inteligencia.
Cuando nos referimos a la organización de las Fuerzas Armadas nos adentramos en el título
III del dictamen y ahí definimos con toda claridad que las Fuerzas Armadas son el instrumento
militar de la Defensa Nacional. Seguramente, con mucho insistencia, algunos de los senadores
que me seguirán en el uso de la palabra dirán que son nada más que un instrumento militar porque
todos los demás hacen también a la defensa.
Nosotros compartimos ese sistema de ideas, pero pensamos, como lo dijimos al comienzo,
que es el único de los instrumentos que tiene por fin primario el de la defensa.
Los demás tienen fines en sí mismos. Como expresamos al inicio, la educación, la salud, valen
por sí mismas, sirven en cuanto son elementos utilizados para la felicidad del pueblo y además
para la defensa; esto tiene su importancia.
No se trata de algo puramente filosófico o declamativo. Esto significa que si mañana tenemos
que construir, por ejemplo, una ruta, la haremos teniendo en cuenta las necesidades específicas
de mayor conveniencia que ese camino otorgue a la comunidad. No la vamos a construir pensando
que por esa ruta van a circular nuestros blindados o va a ser un acceso o escape en determinada
situación. Seguramente vamos a trazar esa ruta teniendo en cuenta el fin específico de
acercar poblaciones y llevar tráficos. Pero si, hipotéticamente, se planteara la alternativa de que
estuviéramos en un estado de neutralidad, y tuviéramos que resolvernos entre dos rutas, ambas
igualmente eficaces y útiles a sus fines específicos de ayudar a la realización o el transporte de
bienes y servicios y, además, útiles para la defensa, entonces sí, elegiríamos aquella que reúne los
dos requisitos.
Cuando hacemos referencia a construir escuelas en zonas de frontera no estamos pensando
sólo en términos de defensa sino que también lo hacemos desde el punto de vista de la educación,
porque ésta es un fin en sí mismo aunque colateralmente esas escuelas de frontera —lo mismo
que las radios y las estaciones de televisión— sirven también para la defensa. Creo que es importante
esta distinción conceptual porque nos permitirá ubicarnos adecuadamente en el concepto
de modernización, que compartimos.
Creo que el concepto de Nación en armas ha sido superado. Y lo digo respetuosamente porque
a lo mejor hay alguien que no piensa de la misma manera. Estimo que en estas hipótesis de
guerra en las cuales la tecnología prácticamente ha venido a reemplazar en gran parte a la actividad
humana, ha sido superado el concepto de tener todo el país movilizado, como se decía en
la época de la Revolución Francesa; que los viejos sean llevados a la plaza para levantar el ánimo
de los jóvenes, que los jóvenes vayan a las trincheras, las mujeres cosan las ropas y los hombres
maduros trabajen forjando armas. Este concepto ha sido superado por la tecnología.
Creo que todo esto nos lleva a tener que pensar en una nueva dimensión, en la concepción
moderna de lo que debe ser la defensa.
Nosotros hablamos hace un rato de la necesidad de participación, y ya que nos referimos
a las Fuerzas Armadas y al instrumento militar, creo que el mismo hecho técnico provocó que
esta necesidad de participación se dé también dentro de la propia organización estructural de
las Fuerzas Armadas. No me refiero sólo a la participación en los términos que definimos de

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asesoramiento, como lo entendía el presidente Alfonsín o nosotros cuando invitamos a este
Senado a jefes militares, sino también a la participación interna.
Yo he tenido la posibilidad de viajar en las fragatas Meko 360 que son las más modernas en el
mundo, cuyo sistema está preparado electrónicamente para la guerra tecnológica. Prácticamente,
la única posibilidad que tiene el comandante de la unidad es el derecho de veto, porque ante una
agresión las defensas electrónicas funcionan automáticamente, sin necesidad de movilizar nada;
el comandante de la nave sólo puede apretar el botón de veto en el caso de que se trate de un
error. Los Exocet y los torpedos salen solos; todo gira en torno de un sistema de alerta electrónico.
Yo he estado en esa sala de máquinas, en esa sala de situación, donde frente a cada computadora
había un oficial. Así pude observar el trabajo en equipo que realizaban y pensar qué distinto
es esto del concepto de subordinación férreamente militar que existe entre el superior y el inferior
de acuerdo con la concepción de las instrucciones clásicas.
El trabajo en equipo, determinado fundamentalmente por el avance tecnológico, hace que
se requieran nuevos comportamientos dentro de la propia estructura militar. Esto no significa
indisciplina, insubordinación, ni mucho menos, sino la reformulación de pautas culturales relacionadas
con el concepto de democracia moderna.
Señalé que las Fuerzas Armadas constituyen el instrumento militar de la Defensa Nacional
que se integra con medios humanos y materiales y cuya función es emplearlos en forma disuasiva
y efectiva. Así nos adentramos en el tema de la estrategia.
¿Qué es la estrategia militar? Es el arte y la ciencia de combinar los medios a los efectos de
obtener resultados de acuerdo con los objetivos propuestos.
Existe una antigua literatura con respecto a este tema. No quiero abrumar a los señores senadores,
pero puedo comenzar señalando que cinco siglos antes de Cristo existió en China el
primer estratega que hasta hoy mantiene actualidad: Sun Tzu. Podríamos hacer una revisión
pasando rápidamente por Tucídides, Aníbal-Escipión El Africano en las Guerras Púnicas con su
concepción de estrategia de la aproximación indirecta, que fue recogida por el estratega británico
Lidell Hart, quien en La aproximación indirecta, toma las teorías utilizadas por Aníbal en la epopeya
de los Alpes con sus elefantes.
Prácticamente hasta Napoleón, las guerras y estrategia militares se limitaban al genio del jefe
militar. La guerra era el juego de los reyes, el deporte sangriento y violento.
Las nociones que componen la estrategia —tiempo, espacio y poder de fuego— prácticamente
se encontraban en un estado totalmente rudimentario.
La capacidad militar se agotaba por la fuerza popular y la concentración de los efectivos. El
tiempo y el espacio eran grandes; se trataba de evitar los enfrentamientos. Las guerras eran limitadas,
no totales. Solamente se peleaba cuando se podía y se disponía de los recursos necesarios;
existía la posibilidad de evitar la lucha.
¡Cómo han cambiado las circunstancias de acuerdo con la tecnología! La estrategia cambia
cuando cambian los elementos tecnológicos y las condiciones del orden internacional. Esos elementos
que hemos estado señalando y que hacen de algún modo a la estrategia, cambian radicalmente
después de las guerras napoleónicas. Allí sí dejó de ser la guerra un concepto limitado
a unos pocos y pasó a transformarse en un concepto totalizador, produciéndose lo que se llamó
el “choque de pueblos”.
Napoleón prácticamente no escribió nada sobre estrategia; fue un estratega nato. Vinieron
después de él quienes analizaron sus campañas y escribieron sobre el tema. Es así cómo Hemi
Jomini, general suizo, allá por el año 1832 escribió su famosa obra El precio de la estrategia, siendo
contemporáneo de Clausewitz, el gran estratega alemán tantas veces citado y calificado de diversas
maneras, como “el filósofo de la violencia”, “el apóstol de la violencia”, “el gran estratega de
todos los tiempos”.
Dijimos al comienzo, cuando hablamos de la ética de la solidaridad, que para nosotros el
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concepto de defensa debe tener un contenido ético. Por eso no estamos de acuerdo con algunas
de las definiciones de Clausewitz, por ejemplo aquella que ha sido muy repetida y que dice que la
guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso es Maquiavelo; ¡cómo la guerra va a
ser eso! Si fuera así, sería adjudicarle a la guerra un contenido por lo menos neutro. Para nosotros
la guerra ofensiva, la que sirve para continuar políticas es la guerra agresiva, en la cual la agresión
inicial está dada por el país que la comienza. Ella no puede ser un medio éticamente neutral. Por
eso no podemos suscribir lo que en tal sentido señala Clausewitz porque, si bien la guerra puede
llegar a ocurrir y sería utópico negar tal posibilidad, no es un medio ético ni aceptable para nuestra
escala de valores. Sí, en cambio, lo es la guerra defensiva, pero este tipo de guerra no sirve para
continuar o desarrollar políticas en los términos entendidos por Clausewitz.
El tiempo y el espacio son los dos elementos determinantes que históricamente están presentes,
junto con el poder de fuego, en el concepto de guerra total. Nada se da fuera de estas
coordenadas de tiempo y espacio.
¿Qué significa esto del “poder de fuego”? Edward Luttwak, estratega contemporáneo, escribió
en el Diccionario de la guerra moderna, editado por Monte Avila en Caracas en 1978, que es la
“medida teóricamente cuantitativa, pero en realidad cualitativa, del poder de las armas o grupos
de armas empleados en una unidad militar. No es una medida del poder de la unidad misma.
Rara vez se lo expresa con números, pero si se lo hace, las cifras se refieren al peso de los proyectiles
disparados por ciclo de tiro o a las cargas totales de los proyectiles de un determinado calibre
disparado en un determinado período de tiempo. La potencia efectiva de una unidad militar
puede concebirse como poder de fuego + movilidad (la efectividad real sería = poder de fuego +
movilidad + calidad de las decisiones adoptadas + datos + destreza del personal e incentivos de
éste)”.
En igual sentido se expresaron John Baylis en su obra Estrategia contemporánea editada en
1980 —son autores modernos los que estoy citando—, y Lidell Hart en su obra La aproximación
indirecta, en la que recoge estos mismos conceptos.
Alfred Mahan, un almirante de Estados Unidos, fue el autor más leído en todas las cancillerías
y en todos los almirantazgos del mundo, y desarrolló este concepto en el siglo pasado.
Los conceptos van cambiando permanentemente a medida que el avance tecnológico va produciendo
modificaciones y nos llevan al replanteo de las estrategias militares. En nuestra concepción,
éstas tienen que ser disuasivas.
Disuasión significa hacer entender al eventual enemigo que no le conviene realizar determinados
actos, porque nuestra capacidad ofensiva o defensiva le provocará daños superiores a los
que es capaz de asimilar.
Esta disuasión ha sido dividida en nuclear y convencional, según se verifique en el terreno de
las armas nucleares o en el convencional. En el terreno de las armas nucleares, la disuasión es total:
es la destrucción mutua asegurada. Los países nucleares entregan como rehenes de su propia
disuasión a sus propios territorios y poblaciones.
Surgen entonces los problemas. ¿Qué nivel de armas es necesario tener para disuadir al oponente?
Juegan aquí elementos valorativos culturales. Porque, por ejemplo, los estrategas americanos
decían que la Unión Soviética estaba dispuesta a sacrificar una mayor parte de su población
y de su potencial económico ante una guerra que lo que están dispuestos a sacrificar los propios
Estados Unidos. Y como la disuasión tiene relación directa con la potencia de fuego, en la medida
en que los parámetros sean distintos son distintos también los elementos con los cuales debe
contarse para esa disuasión.
Por eso es muy difícil en todas las conferencias de desarme ponerse de acuerdo. Porque no
es lo mismo para los americanos, según entienden ellos, tener igual número de ojivas que los
soviéticos, porque piensan que éstos eventualmente estarían dispuestos a un mayor sacrificio de
población y de su potencialidad económica, en caso de conflicto. Estos son los temas que tratan

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todas las conferencias de desarme. Actualmente no se habla más de desarme sino de control de
armamentos, porque parecería que el desarme es un tema demasiado utópico.
En este rápido esbozo de las ideas de los principales estrategas, queremos decir que la función
de elaborar la estrategia militar en nuestra ley de defensa corresponde al Estado Mayor Conjunto;
debe proporcionarla al ministro de Defensa, a los efectos de la utilización de los medios para la
defensa en forma disuasiva y efectiva.
Después, cuando hagamos el análisis en particular de cada uno de los artículos, podremos
adentrarnos un poco más en cada uno de estos temas y ver algunas de las modificaciones o correcciones
que hemos hecho. En este tema, lógicamente, cada palabra tiene una razón de ser.
Quizá parezca un lenguaje un tanto técnico pero todo tiene su explicación.
Hablamos ya de la posibilidad de la creación de los comandos estratégicos territoriales u
operacionales. Dijimos que los operacionales son los que realizan planeamiento. Distinguimos
las diferentes categorías de comandos operacionales y establecimos que los jefes de cada fuerza
—se dijo con toda claridad— son los jefes de Estado Mayor General de cada una de ellas. Tienen
relación funcional con el Estado Mayor Conjunto, pero éste no está en la cadena de mandos.
Sus jefes son designados por el presidente de la Nación entre los oficiales del Cuerpo de
Comando y sus funciones son las de gobierno y administración de las fuerzas y el asesoramiento
al Estado Mayor Conjunto en los temas del planeamiento conjunto.
En el iítulo IV —y quiero acelerar un poco el tratamiento del tema para cumplir con el compromiso
que asumí ante algunos amigos senadores de no ser extenso— hablamos de la organización
territorial y movilización. Decimos que, en caso de guerra o conflicto armado internacional
el presidente de la Nación puede crear teatros de operaciones, que serán comandados por un
oficial superior designado por él y de quien dependerá en forma directa e inmediata.
Al jefe del teatro de operaciones brindarán su apoyo logístico los jefes de cada uno de los
Estados Mayores, pero en el teatro de operaciones manda su correspondiente comandante y no
los jefes de Estado Mayor General de las fuerzas; esto no es un invento nuestro porque sucede en
todos los países serios del mundo. En el caso del teatro de operaciones se deben respetar las autoridades
constitucionales, y eso lo decimos claramente. Ello significa que, solamente ante graves
situaciones de emergencia, a través de la institución del artículo 6°, es decir, la de la intervención
federal, se pueden modificar las autoridades constitucionales, pero nunca en el teatro de operaciones
puede cesar la actuación del Poder Judicial.
Cuando sancionamos la ley 23.049, de reforma del Código de Justicia Militar, dijimos que
nunca jamás un civil sería juzgado por un tribunal militar. En los teatros de operaciones mantenemos
la plena vigencia del Poder Judicial y, por supuesto, no aceptamos los tribunales militares,
ni que se dicten bandos o que se adopten medidas que puedan llegar a modificar las facultades
de ese Poder.
Esta disposición ya la sancionamos antes, cuando derogamos el artículo 133 del Código de
Justicia Militar, estableciendo claramente que quedaba prohibido desde ese momento el dictado
de bandos militares y la creación de tribunales militares a que fueran sometidos civiles en la
República.
En el artículo 27 establecemos que la creación de zonas militares debe realizarse con aprobación
del Congreso de la Nación. Debo mencionar que zonas militares son aquellas en las que, por
ejemplo, se establecen unidades militares, regimientos o zonas especiales.
En el artículo 28 nos referimos a las Fuerzas de Seguridad. Quizá hubiera sido conveniente
—cuando en el artículo 12 hablamos de Fuerzas de Seguridad— citar expresamente a
Gendarmería y Prefectura. Hemos dicho que estas dos Fuerzas de Seguridad dependen orgánica
y funcionalmente del Ministerio de Defensa. Al respecto, hemos corregido la sanción de
Diputados agregando el término “funcionalmente”, ya que no queremos que por alguna reglamentación,
las Fuerzas de Seguridad, si solamente dependieran en forma orgánica pudieran
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depender no del Ministerio de Defensa, sino de alguna otra institución o de alguna de las
Fuerzas Armadas.
Decimos que los planes de movilización son aprobados por el presidente. Entre las normas
que propone el bloque justicialista figura en el artículo 12 que se establecerá una ley especial de
movilización. Por eso, aquí solamente lo fijamos en cuatro renglones.
El artículo 30 se refiere a la Defensa Civil, mencionando que es el conjunto de medidas y actividades
no agresivas que tienen por objeto evitar, anidar o disminuir los efectos de la guerra, los
agentes de la naturaleza o de cualquier desastre de otro origen. Esto está reglado en la ley 20.318,
de Defensa Civil.
652
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del H.
Senado, senador Carlos E. Gómez Centurión
Sr. Berhongaray.—En el artículo 31 hablamos de la convocatoria, de las requisiciones y de
sus indemnizaciones, y en el 32 se establece que no será indemnizable el lucro cesante.
Después vienen dos artículos propuestos por los señores senadores justicialistas, que se refieren
a los acuerdos extranjeros y a la transitoriedad de algunas disposiciones sobre cuya base
organizamos territorialmente el país en caso de conflicto.
Y finalmente, en el título V derogamos las leyes 16.970, 17.649, 19.276 y 20.194 y algunos
artículos de la ley 20.318, que hacen referencia a organismos creados por una de las leyes derogadas,
la 16.970. Establecemos algunas modificaciones a la ley de zonas de frontera y adecuamos
todas las normas vinculadas con la defensa a esta nueva ley, para que después no haya
contradicciones.
Este es en líneas generales el proyecto de defensa, cuyo dictamen hemos acordado después
de un esfuerzo bastante importante. Quiero resaltar el trabajo que se ha hecho para llegar a este
resultado. Quizá no todos estén de acuerdo. Tal vez no sea una ley óptima, pero es clara y no reglamentarista.
Es una ley simple, pues crea tres organismos que son los que ya he mencionado y
que se enuncian en el artículo 7°. Es una ley vertical, pues las decisiones van de arriba hacia abajo.
Es una ley moderna. No es antimilitarista; al contrario, preserva y revaloriza el concepto de las
Fuerzas Armadas al vincularlo con la función fundamental y prioritaria de defender la integridad
y la soberanía nacional, de defender a la Patria. Tampoco es una ley militarista, como algunos tal
vez la hayan catalogado, porque incluye a todos los componentes de la Defensa Nacional, a todas
las fuerzas morales y materiales de la Nación. Es una ley eficaz, propia de la Argentina que queremos
hacer e inspirada en la filosofía por todos compartida. Es una ley que seguramente empieza
a producir en pasos concretos algo que decíamos al principio y que va a ser sin lugar a dudas un
ejemplo para otros sectores del país: ese sentido de responsabilidad y de convergencia que hemos
tenido los distintos sectores nacionales al dejar de lado problemas menores porque sabíamos que
cuando se trata de las leyes fundamentales de la República hay que hacer un gran esfuerzo.
Yo respeto las discrepancias. Pienso que esta ley se podrá criticar con argumentos válidos.
En última instancia no procede puramente de nuestro proyecto ni tampoco del de los señores
senadores justicialistas, pero aunque fuera puramente nuestro proyecto sería pecado ds soberbia
pensar que no admite ninguna crítica. Seguramente esta ley podrá ser perfeccionada y mejorada,
pero creo que responde a las pautas valorativas de esta Argentina, al concepto de ética y de solidaridad
con el cual reemplazamos la idea de guerra inevitable por la filosofía de la paz. Esta ley
responde al concepto de la democracia participativa, que dice que la defensa tiene que ser obra de
todos y lograda con la participación de todos; al concepto de la Argentina moderna, que requiere
no sólo modernizar las unidades físicas sino también todos los sectores, desde las estructuras
educacionales y culturales, y fundamentalmente nuestras propias escalas de valores. Si conseguimos
ésto habremos hecho una digna ley. (Aplausos).

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.
Sra. Gurdulich de Correa.—Señor presidente: antes que nada corresponde señalar algunos
aspectos fundamentales que han hecho posible una compatibilización entre el proyecto oficial y
el nuestro.
En primer término, coincidieron no sólo estos proyectos sino también los senadores en la necesidad
de superar el ordenamiento legal vigente, que corresponde a la doctrina de la Seguridad
Nacional y que básicamente está sustentado en el decreto ley 16.970 de 1966. En realidad, para
nosotros esta doctrina es anterior y se remite a 1955, cuando organizaciones nacionales y populares
fueron caracterizadas como enemigas de la Nación y tratadas como tales. Esto ha merecido
unánime repudio a nivel internacional. Podemos tomar como ejemplo el documento de la
Conferencia Episcopal de Puebla que la definiera más que como una doctrina como una ideología
que se impuso desde el exterior a los países latinoamericanos y que tenía como uno de sus
instrumentos la utilización de las Fuerzas Armadas.
Señor presidente, del mismo modo consideramos necesario terminar con la contradicción,
que tanto daño ha hecho a nuestro país, entre las Fuerzas Armadas y el pueblo y entre el poder
militar y el poder civil, contradicción que a los únicos a quienes puede servir es a los enemigos
externos, a los que atentan contra nuestra Nación, y que ha perjudicado tanto la vida política de
nuestro país en los últimos años. Creo que debe terminarse y que esta legislación intenta aportar
algo en este sentido.
En segundo término, hemos considerado a la defensa como la integración y la acción coordinada
de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, sin restringirnos a un enfoque netamente
militarista. Esta idea de la defensa como integración de las fuerzas nacionales está presente
en el artículo 2 o del proyecto oficial y en los artículos 2° y 3° de nuestro proyecto.
Ello implica la necesidad de sancionar una ley básica o ley marco a fin de establecer las bases
doctrinarias y un sistema de conducción que permita cubrir en un futuro la totalidad de la problemática
de la defensa, la reorganización de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad,
la necesidad de recomponer la producción para la defensa, la creación de un sistema nacional de
información e inteligencia, la organización territorial y movilización, entre otras cosas. Todos
estos instrumentos legales son indispensables para sostener esta concepción integral.
Señor presidente: las coincidencias conceptuales apuntadas han hecho posible establecer un
criterio compartido en torno a la problemática de la defensa y nos han permitido ubicar las diferencias
en el plano operativo que tenían ambos proyectos en un marco no protagónico.
En el título I del proyecto compatibilizado, llamado “Principios fundamentales”, en sus artículos
1 o y 2°, queda aclarado el carácter integral y permanente de la defensa, estableciendo los
medios y objetivos a alcanzar. El artículo 3º define con exactitud el ámbito geográfico en que la
Argentina debe desarrollar su política de defensa.
El artículo 4º, por su parte, expresa el doble contenido: por un lado, como derecho de todos
los argentinos a participar en la defensa, como una prolongación de su defensa propia en el
campo colectivo, y, por otro lado, como deber establecido en el artículo 21 de la Constitución
cuando en su primera parte expresa: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa
de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a
los decretos del Ejecutivo Nacional”.
Señor presidente: consideramos que con estos cuatro artículos queda suficientemente aclarado
lo que hay que defender, los medios a emplear y el ámbito geográfico de aplicación, así
como también el doble sentido de derecho y deber que encierran para los argentinos las previsiones
y acciones de un sistema de defensa concebido en forma integral.
Pasando ahora al título II, que definimos como “Órganos y misiones”, en el artículo 5º se
ratifica la atribución del presidente como jefe supremo de la Nación y su competencia y responsabilidad
en la conducción de la defensa de acuerdo a nuestros enunciados constitucionales.
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En el artículo 6º se establecen las atribuciones del ministro de Defensa.
Por el artículo 7º se crean órganos específicos dependientes del presidente: el Consejo de
Defensa Nacional, el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia.
El artículo 8º define las atribuciones del Consejo de Defensa Nacional.
En el artículo 9º se establece con precisión un conjunto de situaciones de determinado carácter
y gravedad y se determinan, a su vez, un conjunto de medios para hacer frente a estas situaciones.
El presidente de la Nación, asesorado por el Consejo de Defensa, determinará los medios a
emplear ante cada situación. Las situaciones y los medios se articulan entre sí formando mecanismos
de alerta que responden, con medios determinados, a situaciones determinadas. Asimismo,
estos mecanismos de alerta limitan en algunas situaciones el empleo de algunos medios.
Esto puede apreciarse en el cuadro anexo al presente proyecto. Este cuadro describe en sentido
vertical las posibles situaciones en tres aspectos. El primero, referido a la situación de conflicto
internacional, se subdivide en diplomático, económico, político y militar.
El segundo, que comprende la situación de conflicto nacional, se subdivide en cuatro partes.
La primera de ellas es la de conflicto social localizado, definido por enfrentamientos de intereses
producidos en un marco institucional. Se circunscribe a un espacio territorial restringido que no
llega a abarcar el conjunto de la Nación. La segunda parte es la del conflicto social generalizado,
definido como el anterior pero extendido a todo el territorio argentino y que tiene por protagonistas
a un número de habitantes igual o superior a la mitad de la población. La tercera es la
agresión interna, y se define como tal a los ataques armados que realicen individuos, grupos u
organizaciones contra el sistema institucional. La cuarta es la agresión militar, definida como el
alzamiento contra las autoridades constitucionales de los integrantes de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad.
La última división de las situaciones corresponde a la de desastres, y comprende inundaciones,
terremotos, epidemias, incendios y hambre.
Cada una de las situaciones se califica en una escala de gradación en la que el primer escalón
corresponde a un nivel mínimo, el segundo a un nivel medio y el tercero a un nivel grave.
En este cuadro figuran, en el plano horizontal, los medios posibles con que cuenta este sistema
de defensa. Es decir, para cada una de las divisiones, subdivisiones y niveles de gravedad de
las situaciones de conflicto, se pueden emplear los distintos medios que tenemos a disposición
en este sistema de defensa.
En el cuadro se enumeran como tales medios a las Fuerzas Armadas —incluidos sus servicios
de inteligencia—, las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Defensa
Civil, el sistema de información e inteligencia, la movilización de recursos, producción y servicios
públicos y privados.
Como se verá en el cuadro, en algunas intersecciones de las situaciones de conflicto y los medios
existentes figura una letra “equis”. En tales casos se establece que está vedada la utilización
del medio en cuestión para la situación de conflicto dada.
Como puede apreciarse, se veda expresamente la utilización de las Fuerzas Armadas para
afrontar cualquier tipo de conflicto social, sean estos locales o generalizados, y los de agresión
interna, sin importar la gravedad que ellos revisten.
Señor presidente: se evita así que se pretenda utilizar a las Fuerzas Armadas para sofocar
conflictos sociales que deben tender a ser resueltos por otros medios, clausurando expresamente
la aplicación concreta de la llamada doctrina de la Seguridad Nacional. A la vez se habilita la
utilización de las Fuerzas Armadas para afrontar toda situación de conflicto internacional o de
desastre y, en todo caso, de agresión militar.
Pretendemos así restablecer la que debe ser la naturaleza de las instituciones castrenses en
el sistema constitucional. Se veda, igualmente, la utilización de las Fuerzas de Seguridad en las
situaciones de conflicto caracterizadas como conflicto social localizado de niveles mínimo o

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medio, o de conflicto social generalizado de nivel mínimo, e iguales restricciones se establecen
para esos casos en la utilización de la movilización de recursos, producción y servicios, tanto
públicos como privados.
De tal manera, se tiende a garantizar la legítima defensa de sus derechos e intereses por parte
de los diversos sectores de la comunidad, aun cuando generen situaciones de conflicto, ya que
los mismos deben resolverse con mecanismos y métodos propios del sistema democrático y sin
apelar a instrumentos propios del autoritarismo.
Cabe aclarar que la autorización para recurrir al Sistema de Información e Inteligencia —importa
recalcar que no incluye los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas— en todas las
situaciones de conflicto descritas en este programa de mecanismos de alerta, se explica por cuanto
sin contar con los elementos proporcionados por ese Sistema de Información e Inteligencia, no
se podría en muchos casos siquiera tomar conocimiento de la existencia misma de esa situación
de conflicto.
Recalcamos que este programa describe las situaciones de posible conflicto y los medios a
emplear en ellas, vedando la utilización de algunos medios en determinadas situaciones. Lo que
no implica —como es evidente— imponer la obligatoriedad de su utilización en cualquiera de
las otras situaciones.
Por lo demás, juzgamos que el cuadro que grafica el programa de mecanismos de alerta se
explica por sí mismo. Consideramos de especial importancia la inclusión de ese cuadro como
parte del proyecto de ley, por cuanto permite conjugar en forma armónica los valores de libertad
y de orden. Evita que el ejercicio abusivo de libertades particulares malentendidas conspiren
contra el orden constitucional o resientan los mecanismos de defensa de la Nación, atentando así
contra la libertad de todos; y, a la vez, preserva el ejercicio legítimo de las libertades y derechos
particulares, en tanto éstos forman parte esencial e inseparable del sistema constitucional y de la
Nación que se procura defender.
De tal modo, acudiendo a una metodología moderna y a un mecanismo objetivo, se puede
hacer coincidir en adecuado equilibrio la Defensa Integral del sistema democrático con la Defensa
Integral de la Nación.
En el artículo 10 se define que el presidente de la Nación es el que decide en definitiva los
medios a emplear, ya que las elaboraciones del Consejo de Defensa Nacional se elevan para que
aquél adopte la resolución que juzgue pertinente.
A la vez se define la integración del citado Consejo con la participación —como ya se ha dicho—
del vicepresidente de la Nación, los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores
y Culto y de Economía y como representación parlamentaria tres senadores y tres diputados de
las comisiones de Defensa de las Cámaras respectivas.
La presencia de representantes de las organizaciones empresarias, de la producción, en el
citado Consejo propuesto por nuestro proyecto, no ha sido compartida en principio por el oficialismo
y ha quedado librada a las facultades del presidente de la Nación su participación en él.
Nosotros confiamos en que siendo coherentes con la política que ha tenido el gobierno nacional
de dar mayor participación a las organizaciones sociales, sean invitadas a participar de este
Consejo, del mismo modo que queda supeditada la participación del Estado Mayor Conjunto,
que había sido propuesta en nuestro proyecto.
El artículo 11 confiere al Consejo de Defensa Nacional, como función transitoria, la elaboración
en el plazo de un año de los anteproyectos de leyes que compondrán lo que para nosotros
debe ser el Código Nacional de Defensa, los que se elevarán al Ejecutivo para su presentación al
Congreso.
El artículo 12 define los anteproyectos a presentarse que constituirán el código citado. Los
primeros de ellos serán las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, incluyendo las disposiciones
relativas al planeamiento, la logística, la educación y conducción conjuntas de las mismas.
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La norma legal que encuadra el instrumento militar de la Defensa Integral, cuál debe ser el
régimen al que se sometan, cómo debe constituirse, cuál ha de ser su despliegue, su operatoria y
su conducción, es de tan fundamental importancia, extensión, complejidad y detalle que, como
las restantes en esta enunciación, excede el título de una ley general.
Por eso se encomienda al Consejo la elaboración de los anteproyectos respectivos que permitirán
adecuar las Fuerzas Armadas a los principios, necesidades y criterios fijados en el presente
proyecto de ley de Defensa Integral y a las circunstancias que vive la Argentina.
En segundo lugar, la ley orgánica de producción para la defensa. Obviamente, éste es un
aspecto primordial de un sistema de Defensa Nacional, sobre todo en las actuales circunstancias
de acelerado desarrollo tecnológico. Baste mencionar a Mosconi, Savio, el brigadier San Martín
o los almirantes Domecq García y Portillo para comprender la importancia de los insumos y
producciones vitales que condicionan la autodeterminación de la voluntad de nuestro país en
cumplimiento de sus objetivos de defensa.
La tercera es la ley de organización territorial y movilización para la defensa. Desde luego
que no solamente debe pensarse en la organización territorial en función de teatro de operaciones
y sus normas de funcionamiento. Tan importante o más que eso es una normativa para
la ocupación pacífica de los espacios vacíos de nuestro territorio que hacen a una estrategia de
organización territorial.
También hemos tenido en cuenta las leyes orgánicas de las Fuerzas de Seguridad —Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval—.
Cabría reiterar aquí gran parte de lo expresado respecto de las leyes orgánicas de las Fuerzas
Armadas, particularmente en cuanto a la necesidad de actualizar y compatibilizar con el sistema
de Defensa Integral, lo que hace a la misión, organización y función de las Fuerzas de Seguridad.
También hemos definido la ley de creación de un sistema nacional de información e inteligencia.
Desde muy antiguo es conocida la importancia decisiva de estar bien informados para
actuar con eficacia en las situaciones de conflictos. Es necesario que este sistema nacional asegure
una información oportuna y ajustada. Por otra parte, que los sistemas de control de sus
estructuras impidan maniobras delictuosas como aquellas en las que se han visto involucrados
recientemente funcionarios de estos organismos. A tales efectos de control resulta pertinente la
intervención del Poder Legislativo.
También hemos definido la necesidad de una ley de secretos de Estado, que debe procurar el
adecuado equilibrio entre la norma republicana de publicidad de los actos de gobierno y la preservación
del secreto que de ser conocido por los adversarios potenciales o reales de la Nación,
podría hacer peligrar su defensa.
En los artículos 13 al 18, inclusive, se establecen las condiciones y atribuciones del Comité
Militar y del Estado Mayor Conjunto.
Por el artículo 19 se organizan la Central Nacional de Inteligencia, que deberá funcionar de
acuerdo con una ley especial conforme con lo establecido en los artículo 11 y 12 del proyecto, tal
como lo ha propuesto también el señor senador Amoedo.
Los artículos 20 a 24 se refieren a la organización de las Fuerzas Armadas. Y los artículos 25 a
34 tratan de la organización territorial y movilización.
El artículo 35 establece la transitoriedad de las disposiciones de los artículos 29 a 34, que regirán
hasta la sanción de la legislación definitiva, de acuerdo con lo establecido en los artículos
11 y 12 de la presente ley.
El artículo 36, dispone que deberán contar con la aprobación del Congreso todos los acuerdos,
convenios o tratados de carácter militar y de inteligencia. Consideramos a este respecto
que la constante y prolongada presencia de gobiernos de facto que signó la vida argentina en
los últimos años, dejó entre sus muchos saldos negativos la existencia de vínculos militares con
potencias extranjeras que al no haber sido aprobados por el Congreso de la Nación carecen en

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verdad de efectiva validez jurídica y pueden comprometer la independencia nacional. De allí este
artículo que propone abolir en forma genérica esta irregularidad.
Finalmente en el título V, “Disposiciones generales”, se realizan las derogaciones y adecuaciones
legales para la inserción de la presente legislación.
Señor presidente, consideramos que con la normativa planteada legislamos con eficacia y en
dirección de las coincidencias que hoy nos convocan y que manifestamos inicialmente.
Me voy a permitir leer como conclusión final la síntesis conceptual de los fundamentos de
nuestro proyecto original, con la que hemos coincidido y que responde en buena medida al presente
proyecto compatibilizado.
“Síntesis conceptual de los fundamentos:
“1. En realidad estamos más que nadie contra la doctrina de Seguridad Nacional. No queremos
ejércitos de ocupación.
“2. No queremos que las Fuerzas Armadas intervengan para reprimir al pueblo, cuando se
manifiesta en defensa de sus legítimos intereses, sofocando por la fuerza conflictos sociales que
deben solucionarse por otras vías.
“3. Queremos una política integral de defensa, sustentada no solamente en las Fuerzas
Armadas, sino en todos los recursos de la Nación.
“4. Creemos en la existencia de un orden internacional injusto en que los imperialismos imponen
zonas de pobreza y dependencia.
“Creemos que es necesario obtener el máximo de recursos y el máximo de libertad de acción,
para luchar contra esta situación.
“5. Por eso proponemos un sistema integral de defensa que incluye una serie de leyes en
forma de código que abarquen el conjunto de los problemas de defensa.
“Desde los aspectos doctrinarios hasta la producción para la defensa, pasando por la reorganización
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, los servicios de inteligencia, la Defensa
Civil y la movilización.
“6. Creemos que el mejor procedimiento es sancionar una ley básica que establezca las bases
doctrinarias y un sistema de conducción.
“A partir de esto, en el plazo de un año el presidente de la Nación, con el asesoramiento del
Consejo de Defensa Integral de la Nación, a crearse, elaborará las otras leyes, para su aprobación
parlamentaria.
“Este Consejo de Defensa estará constituido por miembros del Parlamento, Fuerzas Armadas,
organizaciones de la producción y sociales y otras personas o instituciones que se considere
pertinentes.”
“En este caso a instancias de la posición oficial se ha optado, como dije antes, por una posición
abierta en lo que respecta a la participación de las organizaciones empresarias, obreras, y las
Fuerzas Armadas, dejándolo a criterio del presidente de la Nación.
“7. Esta ley básica definirá los conceptos centrales de la defensa y establecerá un conjunto
de situaciones de determinado carácter y gravedad. A la vez un conjunto de medios para hacer
frente a estas situaciones.
“El presidente de la Nación, primer mandatario del Ejecutivo y comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas, asesorado por el Consejo de Defensa determinará los medios a emplear en
cada situación.
“8. Las situaciones y los medios se articulan entre sí, formando mecanismos de alerta que
responden con medios determinados a situaciones determinadas.
“9. La doctrina de Seguridad Nacional queda reemplazada en la ley y en la práctica por una
doctrina de Defensa Nacional. En esta última doctrina tienen posibilidades de existir las Fuerzas
Armadas de Savio, de Mosconi, del brigadier San Martín y creemos que también las de todos sus
actuales integrantes, porque son argentinos y porque desean participar de este sistema de defensa
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de la Nación, y no aquellas Fuerzas Armadas que buscan destruir a los gobiernos legitimados por
la voluntad popular.
“10. Consideramos que este planteo integral contiene las precisiones necesarias para resolver
adecuadamente las relaciones entre el poder militar y el poder civil en todas las áreas que hacen
a la defensa y para terminar con el largo desencuentro entre pueblo y Fuerzas Armadas, reencauzando
a estas últimas en la misión para la cual han sido formadas y que les corresponde como
parte integrante de la Nación.”
Señor presidente: para finalizar diré que con esta normativa abolimos la doctrina de la
Seguridad Nacional y establecemos la doctrina de la Defensa Nacional, que permite defendernos
con todos nuestros recursos frente a un tipo de agresión no militar como la que hoy soportamos
y que nos empuja a una dependencia creciente en los terrenos productivos, tecnológicos,
financieros, etcétera. Esto se produce en el marco de un orden internacional injusto, en el que
debemos restituir nuestra libertad de acción y nuestra plena realización.
Consideramos, en último término, que este planteo contiene las precisiones necesarias para
que todo el sistema de defensa pueda cumplir adecuadamente con la misión para el que fue
creado. Dijimos que de las bondades que exhiba su capacidad de defensa depende en buena medida
la subsistencia futura de la Nación Argentina. De allí se deriva la importancia fundamental
que reviste la legislación sobre este tema, por lo que hemos tratado de obtener el mayor consenso
posible sobre la cuestión.
Esperamos que nuestro esfuerzo compatibilizador cumpla con estos requerimientos y sirva
también para sentar las bases de la unidad nacional que tanto reclama el pueblo argentino.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Bravo Herrera.—Señor presidente: considero que la primera obligación de todo Estado,
en cualquier parte del mundo y en todas las épocas, es proveer a lo necesario para su subsistencia
material.
Toda sociedad, al igual que todo ser en el orden de la naturaleza, tiende a vivir y, ante las
agresiones a su existencia, a defenderse, es decir, en última instancia de una actitud de ataque
contra ataque.
Todo país, desde que nace a la vida política, es objeto intermitentemente de agresiones grandes
o pequeñas, las que pueden no ser físicas sino culturales, económicas, etcétera, o puede estar
en peligro de ser víctima de esas agresiones.
Además, todo país tiene objetivos, los cuales pueden chocar con los intereses de otros países,
creándose de ese modo las hipótesis de tensión, de conflicto o de guerra y, en última instancia,
la guerra puede ser una realidad.
Proveer a esa realidad, a la existencia de la posibilidad de conflictos y a las necesidades de
defensa es, precisamente, lo que significa Defensa Nacional.
Nosotros podemos imaginar a un país que desatienda parte de sus obligaciones, pero no que
deje a un lado una cuestión tan esencial como es la Defensa Nacional. Si ésta no existe o es débil,
tarde o temprano el país negligente pagará su culpa con su existencia y otro más fuerte y previsor
lo someterá en forma total o encubierta.
A su vez, esa fundamental actividad tiene que ser reglada para establecer los derechos y las
obligaciones de la población y también qué autoridades serán las que asumirán el cumplimiento
de esta obligación de tanta gravedad.
En el orden nacional, tenemos una copiosa legislación sobre defensa, la mayor parte de la
cual es de gobiernos de facto. Comienza con el decreto 15.385/44 sobre creación de zonas de
frontera, que está subsistente hasta ahora, puesto que ha sido ratificado por la ley 12.913 el 19 de
diciembre de 1946.
El gobierno justicialista que asumió en el año 1946 ratificó ese decreto todavía vigente y dictó

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la primera ley de organización de la Nación para tiempo de guerra o de Defensa Nacional, la
13.234, que fue derogada posteriormente por el decreto ley 16.970.
Aparte de ello, el gobierno justicialista dictó el Código de Justicia Militar, que es la ley 14.029,
del año 1951, que todavía subsiste.
El gobierno denominado de la revolución argentina, que rigió entre el 29 de junio de 1966 y
el 25 de mayo de 1973, dictó una copiosa legislación sobre la materia, gran parte de la cual está
vigente y el resto ha caído en desuso.
Empezamos con la ley 16.964, que creó el sistema nacional de planeamiento y acción para el
desarrollo, y la 16.970 cuya derogación se está tratando ahora; la ley de servicio militar, que sigue
vigente y ha sido objeto de muchas modificaciones, que lleva el número 17.531; la 17.649, cuya
derogación se propicia ahora, de movilización; la ley 18.020, de creación del Consejo Nacional de
Ciencia y Técnica; la 18.713, de la Junta de Comandantes en Jefe; la 19.276, que creó la Secretaría
de Planeamiento; la 20.194, que modifica aspectos de la Central de Inteligencia regulados por el
decreto ley 16.970; y la ley 20.318, de Servicio Civil de Defensa.
El gobierno justicialista sancionó la ley 20.524 de Ministerios, el 21 de agosto de 1973, por la
que se creó el Consejo de Defensa, presidido por el ministro del área e integrado por diferentes
secretarios. Tenía este consejo las atribuciones y funciones que la llamada ley 16.970 otorgaba
a la Junta de Comandantes en Jefe. Entonces era presidente Lastiri. Con este medio pacífico y
eficiente se cercenaban las facultades que la Junta de Comandantes en Jefe tenía por el decreto
ley 16.970.
Posteriormente el presidente Lastiri dictó el decreto 1.678 del 73, que creó en el ámbito de
cada una de las fuerzas los comandos generales en reemplazo de las comandancias en jefe.
Con estas dos disposiciones redujo bastante las facultades de la Junta de Comandantes en Jefe
y de estos mismos, hasta hacer desaparecer inclusive la denominación de comandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas.
Posteriormente se dictan tres decretos que son muy conocidos, en la época del presidente
provisional Luder: el 2.270, 2.271 y 2.272, del mismo día, 4 de noviembre de 1975.
Por el primero se crea el Consejo de Seguridad Interna. Por el segundo se autorizan convenios
con las provincias para poner las Fuerzas de Seguridad a disposición del Consejo de Defensa
en la lucha contra la guerrilla. Y por el tercero se da la orden de aniquilar el accionar de los elementos
subversivos.
El “Proceso de Reorganización Nacional” dictó pocas disposiciones legales sobre Defensa
Nacional. En primer lugar, el decreto ley 22.450. deroga el decreto 1.678 del presidente Lastiri,
al que me referí hace unos instantes, por el que se creaban los comandos generales, volviendo al
sistema de comandantes en jefe.
El decreto ley 23.023 fue publicado el 14 de diciembre de 1983; el presidente asume las funciones
que correspondían a los comandantes en jefe.
El Poder Ejecutivo se ha estado moviendo desde entonces alrededor del decreto 23.023.
En cuanto al actual régimen constitucional, sólo podemos considerar el caso de una ley, la
23.049, sancionada el 15 de febrero de 1984. Con respecto a lo que a nosotros nos interesa, debo
decir que se deroga el artículo 43 del decreto ley 16.970, que se refiere al caso de intervención de
las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interior, y el artículo 133 de la ley 14.029/51.
Dicho artículo 133 establecía, en caso de conmoción interior, la facultad de dictar bandos por
parte de los jefes de las zonas de emergencia.
Ésta es, señor presidente, una rápida enunciación de las disposiciones legales que han regido
en los últimos años.
Quisiera, muy brevemente, hacer referencia a la importancia de una legislación sobre la materia.
El señor senador Berhongaray, un poco de paso, ha aludido al comunicado dictado en la
época de la Revolución Francesa, con el que se da origen a la guerra total. Pero, yendo un poco
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más hacia atrás, nos encontramos con las guerras de religión en los siglos XV y XVI, que culminan
con la Guerra de los Treinta Años, entre 1618 y 1648, que provocaron una gran mortandad.
De una población de 2 millones de habitantes se pasó a 700 mil. Se podrían mencionar otros
datos, pero los obviaré para evitar la truculencia que los casos presentan.
Luego, en la época de los reyes absolutistas, había jefes mercenarios, guerras de desgaste, de
movimientos con pocas depredaciones, en donde la población tomaba poca intervención en los
conflictos.
Entonces, como acabo de decir, la guerra total surgió con la Revolución Francesa. Su partida
de nacimiento la encontramos, justamente, en el manifiesto al que aludimos hace unos instantes.
Decía así: “Desde este momento hasta aquel en que nuestros enemigos hayan sido expulsados del
territorio de la República, todos los franceses están obligados a prestar servicios en los ejércitos.
Los jóvenes irán a la lucha, los casados forjarán las armas y transportarán los abastecimientos; las
mujeres harán carpas, vestuarios y servirán en los hospitales; los niños deshilarán trapos viejos;
los ancianos se harán llevar a las plazas públicas para exaltar el espíritu guerrero de los combatientes,
predicando la unidad de la República y el odio contra los reyes”. Y sigue este manifiesto
que provocó tal entusiasmo en la Asamblea Francesa que se solicitó fuera leído varias veces.
Luego de la Primera Guerra Mundial, el general Lüdendorff enunció los conceptos de la guerra
total en sus puntos básicos, que en cuanto a lo que nos interesa podrían considerarse como
que el teatro de guerra abarca todo el territorio de las naciones beligerantes, que la preparación
para la guerra debe comenzar antes de iniciarse la hostilidades, y que para el logro de un esfuerzo
integral y eficiente la guerra total debe ser dirigida por una autoridad única suprema.
La Segunda Guerra Mundial no hace sino confirmar la doctrina de la guerra total. Las acciones
armadas y sus consecuencias tuvieron como escenario todo el territorio de los países beligerantes;
los medios puestos en juego involucraron a toda la población y a todos sus recursos. Nada
mejor que mencionar lo ocurrido en Francia que el 22 de julio de 1940, después de una rápida
campaña, pide el armisticio con Alemania y el 24 de julio hace lo mismo con Italia. A raíz de esto
sucede lo que se denomina el proceso de Riom, que trataré de explicar rápidamente porque nos
va a interesar para comprender mejor la importancia de una legislación adecuada sobre Defensa
Nacional y los requisitos que se deben cumplir para que nuestro país no caiga en la indefensión.
El decreto del 1º de agosto de 1940 del gobierno francés confiere amplios poderes a la Corte
Suprema de Justicia para “buscar y juzgar a los ministros, antiguos ministros o subordinados inmediatos,
civiles y militares, que en los últimos diez años y en el ejercicio de sus funciones hayan
cometido crímenes o delitos, o traicionado los deberes de su cargo en los actos que han concurrido
al pasaje del estado de paz al de guerra antes del cuatro de septiembre de 1939 y aquellos
que, ulteriormente, hayan agravado las consecuencias de la situación así creada”.
La acusación fiscal puede dividirse en dos partes y en lo que nos interesa estudia y determina
las deficiencias de la preparación para la guerra que contribuyeron a la derrota. Respecto de esa
parte dice que: “La derrota del ejército francés puede haber obedecido a causas diversas que han
conjugado sus efectos, pero no es posible dudar de que una de las causas, y no la menor, ha sido la
insuficiencia en la preparación de la Defensa Nacional. Tal deficiencia se reveló en casi todos los
dominios de la Defensa Nacional, pero muy especialmente desde los puntos de vista siguientes:
1. Insuficiencia de la preparación de la movilización nacional; 2. Insuficiencia de la organización
de la instrucción del ejército de tierra; 3. Insuficiencia de la fortificación y 4. Insuficiencia de la
organización y del material de la fuerza aérea.”
El autor del que obtengo estos datos comenta posteriormente que ello trajo como consecuencia
que los decretos de aplicación fueran dictados pocos meses antes de la guerra. El trabajo de
preparación y coordinación de la movilización correspondiente a los niveles ministeriales inferiores
no estuvieron concluidos al iniciarse la guerra. La movilización industrial no había sido
seriamente preparada, no obstante que los organismos militares luchaban por ello desde 1925.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Repito: desde 1925, y la guerra comenzó en 1939. Quiere decir que después de 14 años todavía
se seguía dando vueltas.
Los planes de organización preparados en tiempos de paz fueron inejecutables. Los stocks de
materias primas necesarias para el esfuerzo de guerra eran insuficientes y mal distribuidos. La
construcción de nuevas usinas y la transferencia de las situadas en la zona Este y en París a lugares
menos expuestos se estaba planeando cuando se iniciaron las hostilidades. No se habían calculado
los recursos disponibles ni las necesidades globales al momento de iniciarse la movilización.
La movilización del personal incorporado al ejército ocasionó graves trastornos a la industria,
pues estaba mal preparada. Basta decir que de septiembre de 1939 a junio de 1940 fueron retirados
del ejército de campaña y reintegrados a la industria entre 400 mil y 500 mil hombres, con
los trastornos fáciles de imaginar.
Vuelvo a la acusación fiscal. Dice: “En su conjunto, estas causas pueden ser sintetizadas de la
manera siguiente: Los ministros y subordinados inmediatos han traicionado los deberes de sus
cargos en la preparación de la Defensa Nacional, sea por impericia, sea por sumisión a los fines
o a las influencias políticas.”
“La impericia se ha manifestado por la falta de sentido de autoridad y de espíritu de decisión,
por la incuria y la imprevisión, por temor a la responsabilidad y el deseo de hacerla soportar por
otros en lugar de afrontarla por sí mismos.”
“La impericia se ha manifestado por la tendencia a coordinar más que a dirigir, teniendo
como consecuencia el abuso de los consejos consultivos, las comisiones, las deliberaciones, la
ausencia de resoluciones firmes y órdenes precisas, la negligencia en verificar la ejecución de las
órdenes impartidas.”
“La sumisión a la política no ha sido ni menos general ni menos grave. El cuidado de lo político
era lo que verdaderamente guiaba la acción ministerial, y también muy a menudo, la acción
administrativa.”
“Cuidadoso de conservar ante todo el poder y el cargo ventajoso que ocupaba, el ministro, o su
subordinado conformaban sus decisiones y, más aún, sus actos, a las exigencias declaradas u ocultas
de una política a la cual estaban ligados por el pasado, por sus relaciones, su partido o su interés.”
Este proceso no pudo finalizar porque las autoridades alemanas detuvieron a quienes estaban
llevando a cabo esta causa, conocido como “proceso de Riom”, de manera que se la dio por
terminada de hecho.
Debo citar también a Alejandro Hamilton, uno de los padres de la Constitución norteamericana,
que se refiere a los poderes de guerra. Dice que deben ser usados sin limitación, sin poner
trabas de carácter constitucional. Concretamente, dice así: “Las facultades esenciales para el cuidado
de la defensa común son éstas: levantar ejércitos; construir y equipar escuadras; dar reglas
para el gobierno de ambos; dirigir, sus operaciones; proveer a su sostenimiento. Estos poderes
deberían existir sin limitación alguna porque es imposible prever o definir la extensión y variedad
de las exigencias nacionales y la correspondiente extensión y variedad de los medios necesarios
para satisfacerlas. Las circunstancias que ponen en peligro la seguridad de las naciones son
infinitas; por está razón no es prudente imponer ninguna traba constitucional al poder a quien
se ha cometido su cuidado…”.
Y dice más adelante: “Este poder debiera estar bajo la dirección de los mismos consejos nombrados
para dirigir la defensa común… Debe admitirse, como una consecuencia necesaria, que
no puede haber limitación alguna a la autoridad que provee a la defensa y protección de la comunidad,
en cualquier asunto esencial a su eficacia. Esto es, en cualquier asunto esencial a la
formación, dirección o sostenimiento de las fuerzas nacionales”.
“Esta exposición —continúa Hamilton— reposa sobre dos axiomas tan simples como universales:
los medios deben ser proporcionados al fin; las personas de cuya diligencia se espera la
obtención del fin, deben poseer los medios suficientes para alcanzarlo.”
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Cuando el general Eisenhower, triunfante en la guerra que finalizó en 1945, es electo presidente
de los Estados Unidos presenta un proyecto de ley de Defensa Nacional. Al entrar en discusión
en el Parlamento, dice: “Muchos de los norteamericanos objetaron que una legislación para
una movilización total puede conducir a un régimen de fuerza en época de paz. Éstos temores
son infundados —continúa el referido general— ya que el peligro de la legislación en nuestra
forma de vida, puede surgir de la tendencia a aprobar en forma de oleadas, las histéricas medidas
rápidamente improvisadas, para hacer frente a una crisis”.
Creo, señor presidente, estar fundando adecuadamente los motivos que hacen necesaria la
sanción de una ley de Defensa Nacional y de las diferentes leyes que en su consecuencia deben
dictarse para hacer un todo a partir del cual se haga su instrumentación. Voy a recordar muy
brevemente la célebre conferencia que dictó el entonces coronel Juan Perón cuando era ministro
de Guerra, en el año 1944, en el Colegio Nacional de La Plata, que dependía de la Universidad de
esa ciudad. Decía en esa oportunidad: “Las dos palabras, ‘Defensa Nacional’, pueden hacer pensar
a algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y solución interesan e incumben
únicamente a las Fuerzas Armadas de una Nación. La realidad es bien distinta. En su solución
entran en juego todos sus habitantes; todas las energías, todas las riquezas, todas las industrias
y producción más diversas; todos los medios de transporte y vías de comunicación, etcétera,
siendo las Fuerzas Armadas únicamente, como luego veremos en el curso de mi exposición, el
instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye la Nación en armas”.
Interrumpo este comentario para hacer notar mi disidencia con respecto a lo manifestado
por el distinguido señor senador por La Pampa, cuando al referirse a la defensa total, expresaba
que ella posiblemente ya había desaparecido ante la sofisticación de las armas. Mi idea —muy
pobre, por cierto, ya que no tengo demasiados elementos profesionales para fundarla— es que,
por un tiempo, seguiremos de esa manera. De todos modos, debemos sí hacer notar que el proyecto
que estamos tratando parte de la idea de guerra total, en la cual participa toda la población,
no sólo en el frente de batalla sino en el frente interno.
Continúo leyendo lo que dijo entonces el coronel Perón, ya que creo que su palabra vale más
que la mía —por cierto— no sólo en este tema sino también en otros. “Ya no bastan generales
y almirantes geniales, con ejércitos y flotas eficientes, para conquistar la victoria. A su lado, los
representantes de todas las energías de la Nación tienen un rol importantísimo que jugar en la
dirección de la guerra; y muchas veces, son ellos los que orientan la conducción de las operaciones
de las Fuerzas Armadas”.
Aquí da una comparación que muchas veces se expresa sin hacer referencia al origen, y expresa
lo siguiente: “Un país en lucha puede representarse por un arco con su correspondiente
flecha, tendido al límite máximo que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su
madero, apuntando hacia un solo objetivo: ganar la guerra”.
“En consecuencia, no es suficiente que los integrantes de las Fuerzas Armadas nos esforcemos
en preparar el instrumento de lucha, en estudiar y comprender la guerra, deduciendo enseñanzas
de las diferentes contiendas que han asolado al mundo. Es también necesario que todas las inteligencias
de la Nación, cada uno en el aspecto que interesa a sus actividades, se esfuercen también
en conocerla, estudiarla y comprenderla, como única forma de llegar a esa solución integral del
problema que puede presentársenos; y tendremos que resolver si un día el destino decide que una
guerra haga sonar su clarín en las márgenes del Plata.”
Se refiere luego a la finalización de la guerra, y dice: “…una vez terminada la guerra, ya sea exitosamente
o derrotada, la política debe continuar librando la parte más difícil de su batalla para
obtener, en la liquidación de la contienda, que los objetivos políticos por que se luchó sean ampliamente
alcanzados; o reducir a un mínimo aceptable el precio de la derrota, respectivamente”.
“Bastaría analizar la profundidad y vastedad de cada uno de estos aspectos, para comprobar
que los conocimientos y aptitudes especiales que su solución requiere, no pueden desarrollarse

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recién cuando la guerra llegue, sino que es necesario un estudio de preparación constante de las
mentalidades políticas durante el tiempo de paz.
Voy a terminar citando estas palabras que creo que tienen mucha actualidad y que nosotros
hemos sentido en la guerra de las Malvinas. Recuerdo que las pronunció el entonces coronel
Perón en el año 1944. “La teoría que mucho tiempo sostuvimos de que si algún día un peligro
amenazaba a nuestra patria, encontraríamos en los mercados extranjeros el material de guerra
que necesitásemos para completar la dotación inicial de nuestro ejército y asegurar su reposición,
ha quedado demostrada como una utopía.”
“La Defensa Nacional exige una poderosa industria propia y no cualquiera, sino una industria
pesada.”
Cuando se trató en la Cámara de Diputados el proyecto que ahora estamos discutiendo
—algo cambiado, por cierto— se hizo hincapié en que tres cuestiones importantes se solucionaban,
las cuales constituían grandes novedades en cuanto a esa ley con respecto a la Defensa
Nacional: primero, la subordinación del poder militar al civil; segundo, la derogación de la
doctrina de la Seguridad Nacional y, tercero, la acción militar conjunta.
Pasaré, muy rápidamente por cierto, a referirme a la subordinación del poder militar al civil,
para manifestar que el proyecto que estamos considerando y que presentó el actual gobierno, de
ninguna manera innova en esta materia, es decir que nada inventa.
Todas las leyes de Defensa Nacional que han existido y todos los proyectos sobre la materia
que no llegaron a transformarse en ley, han puesto su acento sobre la condición del presidente
de la Nación de jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas,
y todos los órganos u organismos que se proponía crear estaban bajo su inmediata dirección. En
todos los proyectos se previó que las decisiones las debía tomar el presidente, ya sea en la requisición,
en la movilización, en la declaración de zona de guerra o de teatro de operaciones o de zona
de emergencia; las denominaciones cambian según la preferencia de los autores.
Si bien he hecho un estudio muy largo, por razones de tiempo voy a citar aquéllas referencias
que considero más importantes. Por ejemplo, la ley 13.234 establecía en su artículo 1º: “Al presidente
de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante en jefe de todas
las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional, compete solidariamente con
los ministros secretarios de Estado todo cuanto concierne a la preparación, organización y dirección
de la Defensa Nacional.” El artículo 4 o expresa: “Los problemas fundamentales que atañen
a la organización general de la Nación para la guerra, serán resueltos por el Poder Ejecutivo
en acuerdo general de ministros, constituido en Consejo de Defensa Nacional.” El artículo 11
establece: “La conducción de la guerra en su aspecto político militar, compete directamente al
presidente de la Nación…”.
Y más adelante dice, en su artículo 13: “En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente
de la Nación procederá a la designación del comandante supremo de las Fuerzas Armadas
para la dirección integral de las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo…”
Ahora, señor presidente, voy a citar la ley 16.970. La citada norma también acentuó de una
manera expresa a lo largo de todo su articulado la condición de jefe supremo del presidente de la
Nación. Es así que en el artículo 9º se puede leer: “Al presidente de la Nación, compete la máxima
responsabilidad en la dirección superior de la Defensa Nacional y, como comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.”
En su artículo 11 establecía que los órganos u organismos, que eran el Consejo Nacional de
Seguridad, el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia, dependían en forma directa
del presidente de la Nación.
El artículo 33 determina que el presidente podía declarar teatro de operaciones a parte o partes
del territorio nacional en caso de guerra.
Así sucesivamente, como r
decía, con la requisición, con la movilización, con las diferentes
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medidas que se tenían que ir tomando. Es decir que nunca —de acuerdo con lo que estoy demostrando
en esta exposición— se ha discutido en las leyes militares la subordinación del poder
militar al poder civil.
Lo que ha ocurrido, señores senadores, es que durante muchas épocas han transitado gobiernos
militares, con lo cual las cosas se confundían, pues el poder civil era, en realidad, militar.
Pero refiriéndose desde el punto de vista legal, las normas han sido muy claras en este aspecto.
La ley 17.649 de movilización —y no entraré en su comentario detallado— es expresa respecto
de la directa actuación del presidente. La denominada ley 16.964, de creación del Sistema
Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo —que se integra con la ley 16.970— es
clara en ésta cuestión. La ley 18.020, de creación del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica —todavía
vigente—, también coloca al presidente de la Nación como presidente de este organismo.
La ley 19.276, por la que se crea la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno y la 20.218,
referida al Servicio Civil de Defensa, son igualmente esclarecedoras.
Luego llega el proyecto de la señora Isabel Martínez de Perón. En su artículo 6º, se establece
que al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo, le compete la máxima responsabilidad
en la dirección superior de la Defensa Nacional y como comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas la conducción superior de éstas. Luego se hace referencia a la dependencia de los organismos
que se creaban con relación al presidente de la Nación, al Comité Militar presidido por
éste y cómo se componía en caso de guerra, ocasión en la que el presidente de la Nación podía
declarar también teatro de operaciones, zonas de emergencia, requisiciones y otros aspectos.
Es decir, de ninguna manera el proyecto que estamos considerando aporta algo novedoso
sobre esta cuestión. Inclusive, la ley 20.524, de ministerios, de la época del justicialismo —21 de
agosto de 1973—, crea el Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado
por secretarios, que tendría las atribuciones y funciones que la llamada ley 16.970 otorgaba a la
Junta de Comandantes en Jefe. En consecuencia, durante el gobierno justicialista, mediante la
ley de ministerios 20.524 se suprime la Junta de Comandantes en Jefe y las facultades que tenía se
trasladan a un ente civil presidido por el ministro de Defensa.
Con respecto a la acción militar conjunta, tema del que tanto se ha hablado en la Cámara
de Diputados —en este recinto se ha sido un poco más medido, quizás porque son menos los
legisladores que han usado de la palabra—, tampoco es un descubrimiento del proyecto que
tratamos. Sobre este asunto podemos empezar a citar la ley 13.234, de la que voy a comentar
solamente su artículo 12 y parte del 13. El artículo 12 señala que: “El Gabinete de Seguridad
Exterior, a los efectos de la preparación y conducción de la guerra y de la mayor coordinación
de las Fuerzas Armadas en las operaciones conjuntas —repito, operaciones conjuntas— será
asistido en forma permanente por el Estado Mayor de Coordinación —repito, Estado Mayor de
Coordinación—, el que le estará directamente subordinado y se integrará con jefes y oficiales de
los estados mayores generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
El artículo 13 de la citada ley dice que: “En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente
de la Nación procederá a la designación del comandante supremo de las Fuerzas Armadas
para la dirección integral de las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo”.
“A los efectos de la conducción de las operaciones, el comandante supremo de las Fuerzas
Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá
directamente del presidente de la Nación…”.
Señor presidente: de la ley 16.970 voy a citar solamente los artículos 20 y 32, resaltando que
es muy copiosa la enunciación que debería hacer para demostrar que la acción militar conjunta
ha existido también en esta normativa.
El artículo 20 expresa: “Compete al Comité Militar: a) Planear la estrategia militar y la conducción
estratégica de las operaciones militares; b) Asignar responsabilidades operativas y logísticas
a cada fuerza armada de acuerdo con la planificación estratégica; c) Establecer comandos

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conjuntos y específicos; d) Formular la doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas y las políticas
para el adiestramiento conjunto.” Y el artículo 32 de la citada ley expresa: “El Plan General
de Desarrollo y Seguridad proporcionará, además, las bases para elaborar en el Comité Militar
el planeamiento militar conjunto de las Fuerzas Armadas que permitirá establecer los planes
y programas de desarrollo y funcionamiento de las tres Fuerzas Armadas y los presupuestos
correspondientes”.
Así llegamos al proyecto de la señora de Perón que, como los señores senadores saben, constituye
la base del que me permití presentar como una alternativa. Sólo citaré de este proyecto los
artículos 13 y parte del 18.
El artículo 13 establece que compete al Comité Militar entender en la aprobación de la doctrina
militar conjunta, el planeamiento y conducción de la estrategia militar y la creación de los
comandos conjuntos y específicos. Ésta es la parte que interesa de esta disposición.
El artículo 18 se refiere a la competencia del Consejo de Defensa que, como lo hice notar anteriormente,
estaba presidido por el ministro de Defensa. Le compete el tratamiento previo de los
aspectos de la estrategia militar, proponer la doctrina militar conjunta, elaborar el planeamiento
militar conjunto, proponer la constitución de los comandos conjuntos y específicos, impartir
directivas para el adiestramiento conjunto y combinado, supervisar los planes de los programas
conjuntos y combinados, determinar las exigencias de investigación y desarrollo y las prioridades
de atención emergentes del planeamiento militar conjunto y dirigir el planeamiento conjunto
para la movilización militar.
Me referiré a continuación al decreto 1.678 del 9 de octubre de 1973, dictado bajo la presidencia
de Lastiri, por el que se crearon los Comandos Generales. Este decreto establecía las facultades
de cada uno de los tres comandos, es decir del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Establecía dentro de la competencia de los comandos generales de las tres fuerzas, el nombramiento
de los comandos conjuntos y específicos.
Para concluir este punto hago notar que el actual proyecto del Poder Ejecutivo no ha innovado
respecto de esta cuestión. Si hemos tenido una derrota en la guerra de las Malvinas se debió
a muchas causas. Es cierto que no se hizo uso de la acción militar conjunta, pero no por el hecho
de que no estuviera legislada, sino simplemente porque no se aplicó esta norma y se saltó por
encima de muchos organismos que era necesario utilizar y que estaban previstos en la legislación
militar. Respecto de este punto me remito al fallo del Consejo de las Fuerzas Armadas.
A continuación consideraré la parte más difícil del proyecto: derogación de la doctrina de
Seguridad Nacional respecto del cual en general ha existido consenso en la Cámara de Diputados,
en cuanto a la necesidad de derogar esta doctrina o ideología, como se la llame.
Leyendo muy prolijamente la denominada ley 16.970, sinceramente yo no he encontrado los
elementos que puedan configurar una doctrina, que puede llamarse de un modo u otro, es decir,
doctrina o ideología de la Seguridad Nacional.
Señores senadores: he buscado también algunos libros sobre la materia y tampoco me han
convencido de la existencia de esta doctrina, que se refiere a hechos muy repudiables por cierto
ocurridos a través del tiempo pero que no llegan a configurar una doctrina, sino que se trata de
acontecimientos que han sucedido en el mundo, en América y en la Argentina.
Inclusive, haciendo un detenido análisis de las manifestaciones de los diputados con respecto
a esta llamada doctrina, he comprobado que están en desacuerdo respecto de sus orígenes.
Algunos, al referirse a este punto, parten de las doctrinas geopolíticas alemanas anteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Otros indican que su nacimiento está ligado al golpe militar del 6 de
septiembre de 1930; otros relacionan su origen con los franceses y las doctrinas que emanaron
de sus luchas contra diferentes países coloniales, como Vietnam y Argelia. A su vez, otros señalan
que la introducción de esos conceptos se produce en Estados Unidos para ser utilizados en la
lucha ideológica contra Rusia.
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Por su parte, otros indican que los comienzos de esta doctrina se identifican en Brasil y luego
pasan a la Argentina durante el gobierno de Onganía, teniendo en cuenta un discurso pronunciado
por este general en West Point. Finalmente, otros señalan que los orígenes se remontan a
1955.
Como les digo, señores senadores, no encuentro elementos dentro de la llamada ley 16.970
que configuren una doctrina. Esto no significa defender esa norma ni nada parecido; simplemente,
creo que es una de las tantas leyes que produjo el gobierno revolucionario de ese entonces,
en el que efectivamente existía una acentuada intervención de los comandantes en jefe por la
lógica razón de que eran ellos los que estaban gobernando; me estoy refiriendo ahora al gobierno
militar que tomó el poder en 1976. Ustedes recordarán que durante esa época se dictaron algunas
leyes modificatorias de la norma de facto 16.970, en las que se hacía mención a los comandantes
en jefe o a la junta de comandantes en jefe. Tanto es así que primero se mencionaba a los comandantes
y luego a los ministros y secretarios de Estado.
Todo esto se produce en la época en que ejercía el poder un gobierno militar nacido de una
junta de comandantes en jefe; era esa junta la que, entre otras cosas, establecía los proyectos de
ley considerados de significativa trascendencia. Además del carácter revolucionario o ilegal de
ese gobierno, no encuentro nada que permita suponer la existencia de una doctrina que nosotros
debamos desterrar.
Se mencionan hechos que nacen como consecuencia de esa denominada doctrina de
Seguridad Nacional, que yo no reconozco y no estoy con ella puesto que la niego. No he podido
encontrar ninguna exposición como ocurre con cualquiera de las doctrinas políticas actualmente
en boga o de otra época en que se pueda recurrir a un determinado libro que exponga detalladamente
que es esa doctrina o esa ideología; en cambio, encontramos a los expositores que están
en contra de la situación.
Se dice que atenta contra la soberanía y la libertad del país; que convirtió a las Fuerzas
Armadas en fuerzas policiales; que sometió al país a los Estados Unidos; que ha servido para reprimir
al pueblo; que ha suprimido los derechos y garantías constitucionales; que ha propendido
a la formación de gobiernos o sistemas dictatoriales.
Como principio también expuesto en la Cámara de Diputados se hizo referencia a que creó
fronteras ideológicas móviles, y que lo más importante era la lucha contra el comunismo, o sea,
contra la subversión, dándose una definición sobre doctrina de Seguridad Nacional como aquella
que sostiene la potestad de la política represiva para vulnerar todos los derechos y garantías
individuales en aras de un pretendido interés nacional o del Estado, y del resguardo frente a un
supuesto enemigo externo o interno.
Respetando, señores senadores, todas estas opiniones, a mi modo de ver de ninguna manera
son esclarecedoras, y más bien han servido para oscurecer el tratamiento del tema y quitar libertad
intelectual a su discusión, condicionando de esta manera a la opinión pública.
El punto central, lo más concreto dentro del decreto ley 16.970, y que se señala como el
meollo de la doctrina de la Seguridad Nacional, es la intervención de las Fuerzas Armadas en
cuestiones internas.
He sostenido públicamente, tanto por los medios de difusión como también en un proyecto
que he presentado lealmente ante todos los señores senadores aquí presentes y el pueblo en general,
mi posición con respecto al tema, que ahora enunciaré en la forma más ordenada posible.
Considero, señor presidente, que se debe mantener una norma parecida a la denominada ley
16.970 sin que importe que yo defienda esta ley por la cual por cierto no tengo ningún interés;
mantendría mi idea aunque este principio no estuviera dentro de esta norma. En primer lugar,
porque es una realidad de la vida que se sobrepone a toda consideración legal y política, y que ha
existido ahora y siempre existe en todos los países del mundo.
Y voy a citar rápidamente algunos casos, pero sin entrar en el ejemplo. Esto lo haré con

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posterioridad, a través de cuestiones concretas, como la subversión que puede tener connotación
exterior o no.
Se decía que la subversión que hemos sufrido tenía connotación exterior. Yo no he podido
bucear mucho en esta cuestión, pero de todas maneras, a los fines de su tratamiento, fue necesaria
la intervención de las Fuerzas Armadas. Se empezó a través de un gobierno de facto y luego se
llegó a un sistema constitucional con varios presidentes, con la aquiescencia de todos los partidos
políticos, manifestada por todos los medios informativos y de todos los modos, e inclusive por
la legislación y de tratamiento en las Cámaras. Y prosiguió luego con el gobierno de facto, que
asumió en 1976.
Entonces, cito el primer caso, el de la subversión. En cuanto a los fenómenos naturales, podemos
mencionar los terremotos, maremotos, volcanes, inundaciones, ciclones, entre otros, sobre
los que todos los días podemos leer informaciones en la prensa.
Me debo detener un poco en este caso porque el actual gobierno, hace más o menos tres
años, prácticamente coincidiendo con el comienzo de sus funciones, suprimió el artículo 43 de
la ley 16.970, que establecía que en caso de conmoción interior se podría recurrir al empleo de
las Fuerzas Armadas. No obstante ello, la realidad de los hechos ha demostrado la conveniencia
de la actuación —y así ocurrió durante todo este tiempo— de las Fuerzas Armadas en casos tan
frecuentes como por ejemplo, los ciclones o inundaciones, contrariando así la derogación expresa
del artículo 43 del decreto ley 16.970. Otro caso de intervención de las Fuerzas Armadas,
teniendo en cuenta lo ocurrido en otros países, es el de la delincuencia y ello sucede, por ejemplo,
en Estados Unidos, Colombia y Brasil. Además, en algunos accidentes como los ocurridos por
causa de incendios, cuando los medios utilizados normalmente no resultan suficientes, también
es necesario recurrir a estas fuerzas. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, en casos de caídas de
aviones o explosiones en plantas atómicas, como sucedió en Rusia hace poco tiempo.
En cuanto al tema de la subversión debe reconocerse que se trata de un fenómeno frecuente
en la actualidad, tanto como la guerra. Por esta razón, no es adecuado entrar a discutir acerca de
la posibilidad de que ocurra en nuestro país o no porque sería lo mismo que si para la sanción de
una ley de Defensa Nacional se discutiera acerca de una posibilidad de agresión externa.
Entonces, siendo la guerra una realidad que se manifiesta actualmente —y al hablar de guerra
me refiero a los hechos violentos que no son imprimibles por los métodos normales—, ya se trate
de un hecho interno o de una agresión externa, constituiría una negación de la realidad no legislar
sobre esta cuestión. Nos ha ocurrido a nosotros y puede volver a suceder o no, pero el caso de
la guerra constituye una realidad mundial que debe ser prevista.
Aparte de ello, eso es constitucionalmente obligatorio y diré por qué es así. Ante todo, quiero
aclarar que quiero citar pocos artículos porque hacer una enumeración taxativa insumiría mucho
tiempo.
Todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la Patria y de la Constitución. Esto
quiere decir, por ejemplo, armarse ante un hecho subversivo que pueda ocurrir en una provincia
y que no sea reprimible por la Policía ni por la Gendarmería y que entonces, sin ninguna
duda, tengan que actuar las Fuerzas Armadas. Por el artículo 6º el gobierno federal interviene
en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones
extranjeras. La primera causal se refiere a una cuestión interior; la segunda es externa.
Y el artículo sigue hablando de causas interiores, pues dice: “…ya requisición de sus autoridades
constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o
por invasión de otra provincia”. No nos imaginemos que esto último pueda ocurrir, pero no
es imposible y está dentro de nuestra máxima ley, y por lo tanto nosotros, que debemos ser los
primeros en dar el ejemplo, tenemos que legislar en consecuencia.
El inciso 28 del artículo 67 se refiere a la necesidad de la reglamentación y dice que correspondé
al Congreso: “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en
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ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al
Gobierno de la Nación Argentina”.
De manera que nuestra Constitución en primer término hace referencia a la defensa y garantía
de la forma republicana de gobierno, de la necesidad de sostenerla y restablecerla si es preciso,
y luego establece la necesidad de que ésto sea reglamentado por una ley.
No corresponde lo que sostiene el oficialismo en cuanto a que si está establecido en la
Constitución no es necesario que se incluya en una ley; porque si fuera así ninguna ley sería
necesaria y nosotros estaríamos de más. Las cuestiones establecidas en la Constitución deben ser
reglamentadas y explicitadas para que tengan entonces manifestación y puedan desarrollarse.
Sigo sobre las razones que fundamentan el carácter obligatorio de la intervención de las
Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Yo he apreciado que es una realidad de la vida, que es
constitucionalmente obligatorio y políticamente necesario, porque el presidente ejerce esa función
con el Congreso y para que las Fuerzas Armadas tengan su techo legal y sepan a qué atenerse,
puesto que la gran tragedia de los últimos tiempos ha sido que las Fuerzas Armadas reprimieran
la guerrilla, que era una realidad, fuera de un sistema normativo; para que las Fuerzas Armadas,
en consecuencia, puedan prepararse para la eventualidad de intervenciones extrañas lo que implica
preparación psicológica, doctrinaria, reglamentos, ejercitaciones, planes, estudios, armamentos
adecuados, y ésto, nos guste o no, es una realidad de la vida y una realidad que también
a nosotros nos impone la Constitución y lo tenemos que cumplir como hombres de leyes y legisladores.
Porque si es el gobierno el que lo ordena no puede haber ningún temor. Si lo decidimos
nosotros como Poder Legislativo, ningún temor debemos tener sobre el mal uso que las Fuerzas
Armadas hagan de su poder, puesto que se establecerán los modos y, será el presidente quien lo
ordene, como se proponía en el proyecto, con la aquiescencia del Congreso.
668
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Fernando
de la Rúa.
Sr. Bravo Herrera.—Los otros argumentos en contra de la intervención de las Fuerzas
Armadas en cuestiones internas residen por ejemplo en la afirmación de que no va a haber guerrillas,
que no habrá subversión marxista y que, en el caso de que la hubiera, sería dominante
por las actuales Fuerzas de Seguridad. Se dan cifras más o menos aproximadas: Gendarmería
Nacional, 14 mil; Prefectura Naval, 12 mil; Policía Federal, 45 mil, lo que da un total de 71 mil.
He tomado esto del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Se hacía referencia a que eran
15 mil guerrilleros y que, por lo tanto, serían dominables.
Pero hay que hacer notar que si estas cifras existieron en la época en que la guerrilla se dio y
tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas con el concurso de toda la población y con todos
los medios legales del caso, fue muy trabajoso dominarla. Es decir, el asunto no ha sido gratuito.
Intervinieron los representantes de todos los partidos políticos.
Por lo tanto, la participación de las Fuerzas Armadas en caso de una subversión de este tipo
es necesaria porque si bien su poder de fuego es teóricamente superior, el poder de movilización
de la guerrilla es tal que la respuesta debe ser contundente. De modo que debe estar establecido
legalmente el procedimiento que se debe seguir, de forma que estén amparados los derechos
elementales de los ciudadanos y de la sociedad, así como también las Fuerzas Armadas en el
cumplimiento de su deber. Debe existir una doctrina, al igual que los elementos adecuados. Nos
estamos moviendo dentro de una realidad mundial que no debemos desatender, además del
aspecto legal que he hecho notar.
Voy a citar a un autor francés, Roger Trinquier —es una lectura muy corta; por eso haré uso
de la paciencia de los señores senadores—, que dice: “En la guerra moderna no nos enfrentamos

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a un ejército organizado de acuerdo con las líneas tradicionales, sino con un ejército algunas
veces muy pequeño, pero consistente y efectivo, que trabaja en la clandestinidad dentro de la
misma población, manipulado por determinada organización. A ése es al que hay que temer, y
ése es el que hay que derrotar”.
Este autor, coronel francés, continúa diciendo: “Nuestro ejército en Argelia pasa de los 300
mil hombres, equipados con los más moderno armamentos. Nuestro adversario no tiene —porque
todavía seguía la guerra en esa época— más de 30 mil, equipados por lo general con armas
casi en desuso. Si tuviéramos oportunidad de enfrentarnos a este enemigo en el campo tradicional
de batalla, un sueño que todavía controla la mente de algunos generales, la victoria se obtendría
en cuestión de horas. Pero el problema es mucho más complejo. Por eso, la lucha tiene ya
más de seis años, sin que se vislumbre todavía la posibilidad de la victoria”.
“Para encontrar solución al problema tenemos que empezar por darnos cuenta de que en
la guerra moderna no estamos luchando frente a determinado grupo armado esparcido en determinado
territorio, sino frente a una peligrosa y bien armada organización clandestina cuyo
papel principal es imponer su voluntad a una población. La victoria sólo podrá obtenerse cuando
logremos destruir esa organización. Y éste es el pensamiento que tiene que guiarnos a través de
todos nuestros movimientos dentro de la guerra moderna.”
Hago a un lado, señor presidente, señores senadores, la justicia de esta guerra, que era de liberación
de un pueblo que ya es nación; me estoy refiriendo a cómo un ejército, ante la situación
de una guerra no convencional —o sea de situación interna, porque en ese entonces aquélla era
parte de Francia—, tenía que recurrir a determinado sistema.
Es necesario, entonces, legislar para que las Fuerzas Armadas, ante esta realidad que golpea al
mundo actual en muchísimos países, se muevan dentro de la legalidad. Por otra parte, en nuestro
caso así lo ordena la Constitución Nacional y nosotros somos hombres de derecho, que estamos
aquí justamente por eso.
Tengan en cuenta que se habla, por ejemplo, de volcar todas estas fuerzas —Gendarmería
y otras— cuando se advierta una actividad subversiva. Sin embargo, yo tengo aquí —desmintiendo
las enojadas afirmaciones de algunos dirigentes, sobre todo del gobierno, con respecto a
la situación de la delincuencia, cuando dicen que no hay o que es muy poca— una encuesta que
publica el diario La Nación, en su edición del 21 de octubre, referida a las compañías de seguro,
que demuestra que se manifiesta la permanente descapitalización de las empresas de seguros en
un negocio que está fuertemente afectado por el auge de la delincuencia. Entonces, ¿cómo se
puede pensar hipotéticamente que fuerzas que tienen un cometido determinado van a dejar a
un lado esa acción, cuando todavía la cumplen heroicamente pero en forma no total por falta de
efectivos? Es decir que no se pueden utilizar estas fuerzas en otra cuestión que no sea la interna
de represión del delito común porque no tienen más efectivos que para eso.
Entonces, podemos decir que la cuestión es que no se legisla porque exista o no guerrilla o
peligro en la Argentina, sino porque es una realidad mundial.
La guerra —ya lo manifesté— puede ser interna o externa. No es necesaria una hipótesis de
conflicto de guerra para legislar sobre ella; debe existir una ley integral de Defensa Nacional.
La actuación de las Fuerzas Armadas —también lo he manifestado y lo recalco ahora— no se
da por libre voluntad de ellas sino que está ordenada por el poder político, parte del cual somos
nosotros, junto con el Poder Ejecutivo.
Dejo entonces constancia de que, de acuerdo al análisis que he hecho de muchísimos países
del mundo, ninguna nación, por más poderosa que sea y por más medios económicos —y, por
ende, materiales— y humanos con que cuente, puede hacer una división total, de manera que
siempre sean dos elementos completamente separados los que atiendan la defensa exterior y la
interior.
Esta ha sido una cuestión primigenia, de los orígenes de la humanidad. Cuando era una sola
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la fuerza, el pueblo —que era la horda o tribu— en armas era el que se defendía contra la agresión
del vecino o, sino, atacaba para sobrevivir.
Posteriormente, cuando se organizan los Estados, no existe lo que se llama la policía sino las
Fuerzas Armadas, que eran las fuerzas del rey y también las de seguridad.
Más tarde se van dividiendo, pero esto no quita —por cierto— que si es necesario que las
Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones internas por una razón de Estado, lo hagan, sobre
todo cuando está —como he hecho notar— en nuestra Carta Magna.
Son muchos los autores que consulté, pero me he quedado con uno solo, Linares Quintana,
que en su Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, tomo LX dice: “Los poderes militares
son el sistema de atribuciones vinculadas con la existencia, la organización y el funcionamiento
de las Fuerzas Armadas, que la Constitución Nacional ha asignado exclusivamente a los poderes
Legislativo y Ejecutivo, con el propósito esencial y específico de la defensa de la patria y de la
Constitución, de acuerdo con los términos del artículo 21”.
También cita sobre el tema un estudio de César Enrique Romero, que se llama: Poderes militares
en la Constitución Argentina, Córdoba, 1945, páginas 17 a 19 y dice que “…resulta natural
la existencia de las Fuerzas Armadas en toda comunidad, a la par que su necesidad se vuelve
manifiesta, si se paran mientes en sus funciones exterior e interior; asegurar y mantener la personalidad
internacional en lo externo, como hemos dicho, y resguardar la seguridad jurídica en la
vida interna de cada colectividad”.
Y dice Linares Quintana, después de citar a Martínez Paz: “Así como dentro del ordenamiento
institucional argentino, el Poder Judicial con la Corte Suprema a la cabeza es el guardián
jurídico de la Constitución, las Fuerzas Armadas, mediante el empleo de la fuerza organizada
jurídicamente, empuñan las armas también para la defensa del orden jurídico establecido por la
ley suprema de la Nación y, cuando las circunstancias lo imponen, para defender la soberanía de
la patria en el ámbito internacional”.
Es decir que las califica como “guardián jurídico del orden constitucional” y “defensoras de
la soberanía en el ámbito internacional”.
Más adelante dice: “…Dentro del Estado constitucional, a las Fuerzas Armadas les compete
el trascendental papel de defensoras de la Constitución y la soberanía de la Nación, pero bajo
el control y sujetas a la decisión de las autoridades civiles…”. Luego continúa: “…Por eso, asimismo,
es que nuestra ley fundamental en su artículo 21, establece que “todo ciudadano argentino
está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes
que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional”. O sea, que tal sagrado
deber de empuñar las armas para defender la patria y la Constitución, debe cumplirse “conforme
a la ley”, que es lo que nosotros tenemos obligación de hacer.
Dice luego José Manuel Saravia, en un interesantísimo estudio sobre la función de las Fuerzas
Armadas en la democracia: La función de las Fuerzas Armadas en la democracia, Revista jurídica
de “Ciencia Política”, número 3, enero-junio 1961, página 16, expresa que “la institución militar
es el brazo armado de la Constitución. No detenta la exclusividad del poder físico del Estado
como mero privilegio”. Más adelante: “entre aquellas responsabilidades, la defensa de la patria
y de la Constitución ocupa el lugar primero… El deber militar no se agota, pues, en la defensa
heroica contra quien pretenda violentar nuestras fronteras. La Patria y la Constitución pueden
ser destruidas desde adentro, como lo demuestra dolorosamente la experiencia casi universal en
los últimos quince años”.
Y ustedes seguramente habrán leído hace pocos días en La Nación en artículo del profesor de
derecho constitucional de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor José Luis Lazzarini, que
ha sido también legislador nacional, de manera que muchos de los legisladores aquí presentes lo
conocerán. En la parte que nos interesa —que por su brevedad me voy a permitir leer—, dice lo
siguiente: “Consideramos que el artículo 2º del proyecto de ley de Defensa Nacional, que limita

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la acción de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación únicamente para enfrentar agresiones
externas, está restringiendo equivocadamente el campo de la defensa.
“La guerra no se desarrolla únicamente de fronteras afuera, ya que es igualmente importante
el trabajo que el enemigo realiza en espionaje, con sabotajes internos y mediante el debilitamiento
de las fuerzas morales del oponente.
“Resulta de la propia ley y de la discusión parlamentaria que se ha querido desplazar a las
Fuerzas Armadas de la tarea en el interior, para la Defensa Nacional. Esta definición de la mayoría
parlamentaria viene cargada por nuestra desgraciada experiencia en gobiernos de facto, sin
advertir que ninguna ley hubiera impedido los hechos de fuerza ante dictaduras militares que no
dudaron de romper la Constitución y cometer aberrantes excesos.
“Las Fuerzas Armadas son una institución necesaria en la Defensa Nacional y es del caso deslindar
la institución de sus ocasionales conductores. Sospechar de ellas es tanto como hacerlo de
los poderes constituidos ante quienes están constitucionalmente subordinadas.
“Igualmente inconveniente resulta la limitación que en materia de inteligencia militar se hace
en el artículo 8º de la ley, especialmente si tenemos en cuenta que los organismos militares dependen
directa e inmediatamente del ministro de Defensa y están subordinados a la Central
Nacional de Inteligencia que crea la ley, órgano presidido por el secretario de Inteligencia del
Estado.
“La ley en trámite limita las facultades constitucionales del presidente para disponer de las
Fuerzas Armadas. El primer mandatario se verá obligado, necesariamente, a cumplir con las
prescripciones legales salvo la declaración de inconstitucionalidad de la ley por el Poder Judicial.
“La experiencia, por otra parte, nos indica que es necesario que el presidente tenga las manos
libres en las facultades de mando que le otorga la Constitución, pues tratándose de la subversión,
por ejemplo, no siempre es posible dominarla con las Fuerzas de Seguridad, como todos deseamos,
y no está tan lejano aquel 9 de febrero de 1975, cuando el gobierno constitucional tuvo que
apelar a ellas para cumplir con éxito la gestión poco después, el 25 de octubre del mismo año,
ante una guerrilla que había dominado una zona de influencia de 5.000 kilómetros cuadrados en
una provincia de sólo 22.500.
“La experiencia sudamericana, especialmente, nos indica que muchas veces hay que recurrir
a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla, tal como sucede hoy en el Perú y en
Colombia, con inobjetables gobiernos democráticos.”
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del H.
Senado, senador Carlos E. Gómez Centurión.
Sr. Bravo Herrera.—Señor presidente: como no he agotado este punto que considero crucial,
abordaré el tema de los antecedentes legales comenzando por la ley 13.234, sancionada durante
el gobierno justicialista y que según mi entender es una de las mejores normas sobre Defensa
Nacional.
En el mensaje que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento se expresaba lo siguiente: “El
proyecto de ley contempla la posibilidad de satisfacer las necesidades propias de la movilización
de las Fuerzas Armadas a las que atañe la Defensa Civil de la Nación y la seguridad interior”.
Al tratarse en la Cámara de Diputados este proyecto, el diputado Alvarez Pereira citando a
Alejandro Hamilton —uno de los padres de la Constitución Nacional de los Estados Unidos—
dijo: “Las circunstancias que ponen en peligro la seguridad de las naciones son infinitas”.
Asimismo, en el Senado se expresó que este proyecto de ley era de carácter preventivo; no es un
apresto bélico para decidir una guerra; es sólo una medida elemental de seguridad. Después se
citaba a Eisenhower, al que hice referencia recién, y agrega el miembro informante que “El proyecto
que se considera es indispensable a la seguridad de la Nación”.
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Con respecto a la seguridad de la Nación en las leyes y en los proyectos de Defensa Nacional,
la ley 13.234 del 10 de septiembre de 1948, dictada por el gobierno justicialista, creó el Consejo de
Defensa Nacional, constituido por todos los miembros del gabinete y presidido por el presidente
de la Nación.
Entre las responsabilidades del Consejo de Defensa Nacional, el inciso b) del artículo 3 o de la
citada ley establecía la adopción de medidas para preparar la movilización del potencial necesario
para organizar la seguridad interior.
Además del Consejo de Defensa Nacional existían tres gabinetes: el de seguridad exterior o de
guerra, el de seguridad interior —que coordinaba los problemas referentes al frente interno— y
el de seguridad económica —encargado de la coordinación de los problemas de abastecimiento,
producción, comercio, etcétera—.
El mensaje del proyecto del presidente Illia expresa: “…que el bienestar y la seguridad son
los dos objetivos permanentes del Estado. Para llevar a feliz término toda política de desarrollo
tendiente a incrementar el bienestar nacional, se deben crear las condiciones de seguridad adecuadas,
y es responsabilidad del Estado el proporcionar esa seguridad a la Nación, de acuerdo
con lo establecido en su Constitución Nacional…”.
Es decir que el gobierno constitucional de este presidente perteneciente al partido radical
hizo nacer la cuestión de la seguridad interior de la Constitución Nacional. El mensaje del proyecto
sigue de la siguiente forma: “…Que el mundo vive un estado de profunda transformación
y de conflicto permanente, en el cual no se advierte una clara línea divisoria entre la paz y la guerra,
sino sólo etapas de una lucha por sobrevivir o imponerse, librada entre bloques de naciones
movidas por ideologías, intereses y sistemas políticos antagónicos…”. Es decir que plantea la
doctrina de la guerra permanente.
Esta lucha se lleva a cabo con todos los instrumentos del poder, sean militares, políticos, económicos
o psicosociales que la República Argentina aspira a desarrollarse en paz y armonía con
todos los Estados del mundo. No obstante ello, la ambigua e inestable situación internacional, la
relativa eficacia de los organismos internacionales para crear condiciones satisfactorias de seguridad
colectiva, los efectos devastadores de las armas modernas y la crisis ideológica que afecta a
la humanidad así como las efectivas y peligrosas técnicas de infiltración consecuentes, imponen
a la Nación la adopción de un instrumento legal que permita la elaboración de un programa
defensivo y de seguridad acorde con las exigencias de la hora presente…”.
Con respecto a la parte normativa, voy a tratar de citar sólo los aspectos más importantes.
El artículo 1º dispone: “La presente ley establece las bases orgánicas, funcionales y jurídicas fundamentales
para contribuir a lograr y mantener un índice adecuado de Seguridad Nacional mediante
la preparación, desarrollo y ejecución de la Defensa Nacional”.
En el artículo 4º se expresa que la Defensa Nacional requiere fundamentalmente la formulación
de políticas de defensa contribuyentes a la consecución del índice adecuado de Seguridad
Nacional. Además se dice que la Seguridad Nacional es la prioridad de este proyecto, y como ya
señalamos, le dan jerarquía constitucional.
El artículo eje de este proyecto del gobierno del doctor Illia es el número 10 que establece:
“Ante situaciones que puedan afectar la Seguridad Nacional, corresponde al presidente de la
Nación determinar la existencia de un estado de tensión susceptible de desembocar en los supuestos
previstos en el artículo 2º, así como también la gradación de su evolución”.
El artículo 2º de dicho proyecto se refiere a todo tipo de ataque o agresión externa, conmoción
interior, casos de emergencia grave o catástrofe, que se produzcan en forma sorpresiva y
pongan en peligro la Seguridad Nacional.
El artículo 18 del proyecto presentado en 1964 se refiere al Consejo de Defensa Nacional,
que es el máximo organismo vinculado con el tema, que estará presidido por el presidente de la
Nación e integrado por los ministros del gabinete del Poder Ejecutivo. Entre las funciones que se

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le asignan, se menciona en primer término la de determinar las situaciones que pueden afectar a
la Seguridad Nacional.
El artículo 60, que años después es recordado en la discusión de otro proyecto que ya voy a
mencionar luego, se refiere al “Glosario de términos” empleados, indicando que por Seguridad
Nacional se entiende la situación en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a
cubierto de cualquier tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, casos de emergencia
grave o catástrofe.
Define dicho glosario la expresión “objetivos e intereses nacionales” señalando que se trata de
los fines básicos y permanentes, contenidos en la Constitución Nacional, en virtud de los cuales
el Estado actúa en miras a la consecución del bienestar y seguridad nacionales.
Al referirse a “política de defensa”, se indica que es la parte de la política nacional tendiente a
lograr y mantener en la Nación un índice adecuado de seguridad.
Es de hacer notar que, con posterioridad, en el gobierno de la señora de Perón, cuando se
trató el proyecto de ley de Defensa Nacional que fue aprobado por la Cámara de Diputados, el
señor diputado Suárez, precisamente, se refiere a este artículo 60 que acabo de comentar, señalando
que se trataba de un conjunto de disposiciones muy sabias, citándolas en el debate que se
mantuvo en aquel entonces.
En el proyecto de ley que estoy comentando, se menciona la facultad del presidente de la
Nación de decretar “zona militar” en los casos de emergencia grave o catástrofe, que pongan en
peligro la Seguridad Nacional, indicados en el artículo 10. También se menciona la facultad de
dictar bandos, en concordancia con las condiciones establecidas por el artículo 133 del Código
de Justicia Militar, que fue abrogado por este Parlamento.
El proyecto también se refiere a las movilizaciones, las que giran en torno de los supuestos
previstos en el artículo 10, al igual que las requisiciones que se practiquen con motivo de los casos
que pueden afectar la Seguridad Nacional.
El punto 8 de los fundamentos del proyecto de ley de Defensa Nacional que estoy analizando
se refiere a la política de defensa y dice que no constituye un fin en sí misma, sino sólo un medio
para lograr la situación de seguridad necesaria que permita mantener y mejorar constantemente
el modo de vivir y la prosperidad del pueblo argentino.
El punto 28 de los citados fundamentos dice que, complementando las atribuciones conferidas
al Poder Ejecutivo ante situaciones que puedan afectar o poner en peligro la Seguridad
Nacional, se lo ha facultado para disponer la movilización del potencial nacional, según las necesidades
de la emergencia.
El punto 36 indica que si las situaciones que afectan la seguridad de la Nación son sorpresivas,
la posibilidad de requerir autorización legislativa previa queda eliminada por la misma naturaleza
de los hechos, donde toda demora podría ser fatal.
Estos son, reitero, los fundamentos del proyecto de ley de Defensa Nacional presentado en el
año 1964. El punto 40 de dichos fundamentos se refiere al concepto de “emergencia grave” y señala
que no constituye sino una especificación del de “conmoción interior”, que la Constitución
Nacional establece como presupuesto de la declaración del estado de sitio, pero con la diferencia
de que el peligro para el país es mucho más serio en el caso de la emergencia grave porque compromete
directa e inminentemente la Seguridad Nacional.
El gobierno justicialista de Isabel Perón cuenta con el decreto 2.770 del 4 de noviembre de
1975, que crea el Consejo de Seguridad Interna, integrado por el presidente de la Nación, los ministros
del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. El Consejo de
Seguridad Interna estaba previsto en el proyecto de la señora de Perón, pero se lo subsumió en el
órgano máximo, porque eran las mismas autoridades.
En el punto 2 del mensaje del gobierno de la señora de Perón se dice que: “Se pretende dejar
establecido con claridad uno de los fines fundamentales de la República, como es el de Seguridad
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Nacional; siendo ésta la situación en la cual los intereses vitales de la Nación y el logro de los
objetivos nacionales y políticos se hallan a cubierto de las interferencias y perturbaciones sustanciales.
En tanto que la Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas a adoptar en todos
los sectores del Estado para alcanzar la Seguridad Nacional”.
A continuación, se habla de “la participación coordinada y eficaz de todos los factores del potencial
nacional, en el planeamiento y ejecución de las medidas y procedimientos que permitirán
alcanzar el grado de Seguridad Nacional que garantice la preservación de los intereses vitales y el
logro de los objetivos de progreso y bienestar de la Nación”. “El texto que se propone asigna al
ministro de Defensa competencia a nivel nacional para determinar objetivos políticos y estrategias
concernientes a la seguridad y Defensa Nacional…”
Y sigue el artículo 2º, diciendo que “la Seguridad Nacional es la situación en la cual los intereses
vitales de la Nación y el logro de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco
constitucional se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales”. El artículo 3º
dice: “La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas que el Estado adopta, en todos
los sectores, para lograr la Seguridad Nacional”. Y el artículo 5º dice: “La Seguridad Nacional
requiere en lo sustancial…”.
Y el artículo 10 dice que compete al Consejo de Seguridad Nacional los objetivos políticos
y estrategias concernientes a la seguridad y Defensa Nacional; situaciones de emergencia que
pueden afectar la Seguridad Nacional; lo relativo al establecimiento de zonas y áreas de frontera
y zonas de seguridad; el control del proceso de cumplimiento de los planes y su ejecución y correcciones
necesarias en lo atinente a la Seguridad Nacional; la dirección, planificación y control
de los esfuerzos nacionales para la seguridad interna.
Compete al Comité Militar entender en la seguridad de la Nación.
Compete al Ministerio de Defensa la preparación de los proyectos de objetivos políticos y
estrategias concernientes a la seguridad y Defensa Nacionales. Participa, en particular, en programas
y proyectos vinculados con la Seguridad y Defensa Nacional. Realiza los estudios necesarios
para determinar y evaluar el potencial a los fines de la Seguridad Nacional. Propone las medidas
correctivas con respecto al cumplimiento de los planes o situaciones coyunturales que afectan a
la Seguridad Nacional.
Como había hecho notar, este articulado proviene del decreto ley 16.970, con marcada influencia
de la ley de ministerios que regía en ese entonces, la 20.524, y tres decretos que últimamente
tuvieron mucha difusión porque se vinculan con la lucha antiguerrillera. Son el 2.770,
2.771 y 2.772, de 1975.
Este proyecto habría sido ley, puesto que fue aprobado en la Cámara de Diputados a fines
del año 1975, y por la revolución de marzo de 1976 no tuvo sanción definitiva. La iniciativa establecía
claramente las facultades del Poder Ejecutivo, y eso está muy claro en las discusiones que
hubo. Inclusive creo que un señor senador que en esa época fue diputado nacional intervino en
el tema.
La cuestión que tratamos tiene relación con la conmoción interior, que puede tener diferentes
denominaciones. A esta altura quiero aclarar que hago toda esta historia precisamente porque
pienso que no se trata de algo extraño a nosotros.
El artículo 27 de la ley 13.234 se refiere a catástrofes o emergencias graves que afecten a zonas
importantes del país. Por su parte, el artículo 133 de la ley 14.029, sobre Código de Justicia
Militar también establecía el caso de conmoción interior.
Al mismo tema se refería el artículo 2º del proyecto del presidente Illia, basándose en la
Constitución Nacional. El decreto ley 16.970 se refiere únicamente a conmoción interior originada
por personas o agentes de la naturaleza, justamente en el derogado artículo 43. Y el proyecto
de la señora de Perón, que tuvo sanción en la Cámara de Diputados luego de una larga discusión,
también se relacionaba con conmoción originada por personas o agentes de la naturaleza.

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Leeré a continuación algunas de las disposiciones de estas leyes y proyectos, considerando la
paciencia que me dispensan los señores senadores.
El artículo 27 de la ley 13.234 establece la movilización en caso de catástrofes o emergencias
graves que afecten partes importantes del territorio nacional o de sus poblaciones. El artículo 30
dice que en caso de guerra o de peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias graves,
el Poder Ejecutivo podrá efectuar las requisiciones que sean indispensables para la Defensa
Nacional.
En el último párrafo del artículo 36 se menciona que, decretada la movilización por causa de
guerra o su peligro inminente o en caso de catástrofes o emergencias graves que afecten zonas
importantes del país, el personal convocado para el servicio civil de defensa quedará sometido
a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en la misma forma que el convocado para el
servicio militar.
Me he referido al proyecto del presidente Illia, del 11 de septiembre de 1964. En el artículo 2º
se menciona que la Defensa Nacional comprende el conjunto de previsiones contra todo tipo de
ataque o agresión externa, conmoción interior, caso de emergencia grave o catástrofe en defensa
de los más altos intereses del país. El artículo 10, que antes había citado como artículo clave,
debo leerlo, ya que nos referimos a conmoción interior. Dice que en situaciones que afecten la
Seguridad Nacional corresponde al presidente de la Nación determinar la existencia de un estado
de tensión susceptible de desembocar en los supuestos previstos en el artículo 2º. En tal caso, el
presidente de la Nación podrá decretar el “estado de prevención” y durante dicho período poner
en ejecución las medidas previstas en esta ley y el plan general de Defensa Nacional. Y más adelante
dice: “Cuando los casos previstos en el artículo 2º —conmoción interior, emergencia grave
o catástrofe— se produzcan en forma sorpresiva y pongan en peligro la Seguridad Nacional,
el presidente de la Nación podrá adoptar por sí las medidas expresadas en el párrafo anterior,
dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional”.
Después, el artículo 11 establece que el presidente de la Nación puede dar el gobierno civil
de las zonas afectadas a la autoridad militar con autorización legislativa o dándole cuenta con
posterioridad, según las circunstancias.
El artículo 27 del proyecto Illia establece que el presidente de la Nación podrá decretar teatro
de operaciones a parte o partes del territorio nacional para el caso de ataque o agresión externa o
conmoción interior; y zona militar cuando los supuestos determinados en el artículo 10 adquieran
características de extrema gravedad y la adopción de esas medidas constituya el único medio
para superar la situación.
El artículo 29 dice que la autoridad militar de la zona militar o del teatro de operaciones,
en su carácter de delegado del presidente de la Nación, ejercerá la totalidad del gobierno civil y
militar.
El artículo 30 establece que para los asuntos relacionados con la administración civil, la autoridad
militar de la zona militar y del teatro de operaciones tendrá subordinado un delegado civil
para cada provincia, territorio nacional o parte del mismo puesta bajo su jurisdicción.
El artículo 31 se refiere a los bandos y dice que ante la eventualidad de emergencias internas,
situaciones provocadas por fenómenos de la naturaleza o casos de agresión exterior, el comandante
del teatro de operación queda facultado a dictar los bandos necesarios.
El artículo 42, sobre “movilización”, gira alrededor del 10, que es el que autoriza la aplicación
de la declaración de conmoción interior. En la misma situación está el artículo 46 referente a las
requisiciones.
El artículo 60, que contiene el glosario de términos, habla ante todo de la Seguridad Nacional.
Dice que es “la situación en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto
de cualquier tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, casos de emergencia grave
o catástrofe”.
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22 y 23 de octubre de 1986
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En los fundamentos de este proyecto se dice lo siguiente: “Todos los artículos que integran
la ley de Defensa Nacional se caracterizan por su respeto hacia los preceptos constitucionales de
conformidad con los cuales han sido hechos, y obtenido su razón de validez.
“Los derechos individuales y los relacionados con las autonomías provinciales, aspectos relevantes
de la Constitución Nacional, fueron tenidos particularmente en cuenta en la redacción
de la presente ley.
“Además, cabe destacar, que siendo finalidad de esta ley la defensa de la República contra
cualquier forma de agresión, el espíritu de su concepción lleva implícita la defensa de la
Constitución Nacional y las garantías que ella consagra”.
En el capítulo titulado “Finalidad de esos fundamentos”, el Poder Ejecutivo de esa época dice
lo siguiente: “El punto de partida de este proyecto ha sido fijar el concepto integral de Defensa
Nacional en una definición que compromete conjunta y coordinadamente a todos los elementos
constitutivos del Estado a actuar en contra de los posibles factores, elementos o agentes —cualquiera
sea su origen o naturaleza— que puedan afectar la personalidad de la Nación”.
Y más adelante se señala: “Dado el amplio concepto de Defensa Nacional que se consagra en
este proyecto, los servicios que reclamará la misma serán exigidos no sólo para repeler las acciones
del enemigo, sino también para proteger provisoriamente a la Nación tanto de los efectos de
los agentes perniciosos de la naturaleza, disminuyendo o anulando sus consecuencias”.
El punto 32 dice: “El proyecto califica las situaciones fundamentales que pueden dar lugar a
la aplicación del plan general de Defensa Nacional, ellos son: ataque o agresión exterior, conmoción
interior, casos de emergencia grave o catástrofe”.
El punto 37 dice: “El concepto de emergencia grave está integrado por dos elementos esenciales:
la gravedad o extensión de la alteración del orden o seguridad y el hecho de que los efectos
de esa alteración no puedan ser controlados o anulados por entes privados u oficiales locales y
requieran el concursa de las autoridades nacionales”.
“Aquí también —dice en el punto 38 sobre emergencia grave— la ley debe seguir a los hechos,
en el sentido de que cuando el desarrollo de los acontecimientos lo exija, el presidente de la
Nación podrá otorgar el gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar, con autorización
legislativa o ad referéndum de ésta si el Congreso estuviere en receso”.
El punto 39 es importante porque dice que “esta atribución que el proyecto reconoce en el
Poder Ejecutivo no es una innovación en el ámbito institucional porque, en cierta medida; está
implícita en otras facultades que le son privativas y de contenido aún más amplio y que, en distintas
épocas, han tenido aplicación en nuestro país. Lo fundamental son los bandos…”. Dicho
código, el de justicia militar, sigue diciendo el expositor, luego de ocuparse de los bandos que se
emiten durante el estado de guerra, preceptúa en el artículo 133: “La misma facultad tendrá durante
el estado de conmoción interior la autoridad militar que, en cumplimiento de previsiones
para dicho estado, se vea obligada a asumir el mando o gobierno del lugar con el fin de mantener
el orden público o impedir el saqueo, violación, incendio u otros estragos. Esta facultad sólo
podrá usarse desde que se haya comprobado la impotencia de las autoridades y hasta que se haya
logrado restablecerlas”.
El punto 40 del proyecto radical dice: “El concepto de ‘emergencia grave’ no constituye sino
una especificación del de ‘conmoción interior ‘, que la Constitución Nacional establece como
presupuesto de la declaración del estado de sitio —cita los artículos—, pero con la diferencia de
que el peligro para el país es mucho más serio en el caso de la emergencia grave porque compromete
directa o inminentemente la Seguridad Nacional en forma de que, si no se adoptan rápidas
mecidas, el perjuicio inferido a ésta sería prácticamente irreparable”.
“Es evidente —dice el punto 42— que tratándose no ya de simple conmoción interior sino
de emergencia grave, nada eficaz podría construirse si a las previsiones indispensables se les quisiera
dar el sentido de una intención dirigida a otros fines. Si el posible abuso en el ejercicio de

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
una facultad hubiera de ser erigido en obstáculo para no concederla, ninguna atribución podría
ser conferida a ningún poder. Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Sarmiento, en su célebre Polémica
con Rawson, acerca de la facultad de declarar el estado de sitio, expresó: “Cree el infrascrito que
no hay razón de conveniencia pública, ni aun el temor del abuso posible, que aconseje exponer
a los gobiernos provinciales a las perturbaciones internas, restringiéndoles facultades que le son
propias.”
En el punto 43 dice el gobierno radical: “Las medidas que consagra el proyecto se fundan en
la objetividad de los hechos demostrativos de un estado real de emergencia grave y en la generalidad
de su aplicación, que lejos de estar dirigida contra una o más personas individualmente consideradas,
tienen en miras el conjunto de actividades del Estado y de los individuos, que deben
ser empeñadas para conjurar peligros que comprometan la seguridad de todos”.
Dice el proyecto del presidente Illia: “Si para superar situaciones de carácter extraordinario,
la Nación no pudiere contar con los medios preventivos y represivos también extraordinarios,
según se ha dicho antes, se pondría en peligro su existencia misma, o la de sus instituciones básicas,
facilitándose el caos social, en detrimento de los valores fundamentales que forman nuestro
acervo nacional. Si la Constitución pudiera interpretarse en ese sentido, no sería un instrumento
de gobierno, no consolidaría la paz interior, no proveería a la defensa común, como su
Preámbulo lo declara al expresar los propósitos y objetos con que sus autores la sancionaron”.
En el punto 45 dice: “Fue justamente Joaquín V. González, quien en Debates constitucionales,
tomo I, página 225, incluyó situaciones como las que el proyecto encuadra en el estado de tensión.
Dijo: Estas palabras conmoción interior, no necesitan ya ser definidas: tienen una tradición
que es una jurisprudencia invariable, y está ya sancionado como una regla de interpretación
que la conmoción interna a que la Constitución se refiere, comprende tanto a los movimientos
abiertamente hostiles a la autoridad, contrarios al orden público, como también esos anuncios
evidentes de más hondas perturbaciones, pero que no han tomado todavía una forma práctica,
una forma externa”.
El punto 48 dice: “Se incorpora así en esta ley un nuevo concepto, el de ‘Protección civil’
que tiende a proporcionar el resguardo físico y moral de la población, al mismo tiempo que
proporciona a las Fuerzas Armadas empeñadas en las zonas de operaciones la adecuada libertad
de acción en el frente interno”. El punto 48 dice que la protección civil integrada desde la paz es
la organización con que cuenta el Estado para actuar también en caso de catástrofe o emergencia
grave.
La ley 16.970, o decreto ley 16.970 o la denominada ley 16.970, como decía el justicialismo en
el último período, es en realidad la que menos legisla sobre la conmoción interna y extrae sus disposiciones
del presidente Illia. Es decir, que un gobierno constitucional y democrático como el
del presidente Illia veía con claridad el problema siguiendo, por otra parte, la tradición legislativa
de todos los países, puesto que en el mensaje de elevación de los proyectos, cita las naciones cuyas
legislaciones habían sido consultadas. La ley 16.970 toma un poco —pero poco— del proyecto
del doctor Illia.
Esta norma legal es la que menos trata sobre esta situación, y el artículo 43, que fue derogado,
decía que en caso de conmoción interior originada por personas o agentes de la naturaleza, podrá
recurrirse al empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o prestar los auxilios necesarios.
Continuaba el artículo expresando que, para ello, aquellas zonas o lugares especialmente
afectados, podrán declararse zonas de emergencia a órdenes de autoridad militar para la imprescindible
coordinación de todos los esfuerzos.
Este artículo —como digo— fue derogado por la ley 23.049, del 15 de febrero de 1984, en uno
de los primeros actos legislativos del actual régimen constitucional.
El mensaje del Poder Ejecutivo del 10 de octubre de 1966 que acompañaba el proyecto decía
de esta norma: “Los servicios que reclaman la Defensa Nacional no son exigidos solamente para
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repeler y protegerse de los ataques del enemigo sino también para sustraer provisoriamente a la
Nación de las acciones de la naturaleza y las perturbaciones internas producidas por actos humanos
disminuyendo o anulando sus consecuencias”.
Aquí deseo hacer una interrupción para manifestar que no estoy de acuerdo con lo que dijo
el señor senador por La Pampa en el sentido de que las legislaciones mundiales separan completamente
lo que es la Defensa Nacional exterior de la interior, como lo voy a demostrar con
posterioridad con muchas publicaciones de periódicos.
678
—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional
del H. Senado, senador Edison Otero.
Sr. Bravo Herrera.—El proyecto de la señora Isabel Martínez de Perón, que introduce los
decretos 2.770, 2.771 y 2.772, que se referían a la lucha antiguerrillera, cuestión lógica en ese
momento —sabíamos del ataque de la guerrilla en octubre de 1975— dice que: “Compete al
Consejo de Seguridad Nacional la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la
subversión, el mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional, la dirección,
planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad interna”.
Al Consejo de Defensa, en lo que el accionar antisubversivo se refiere, le compete asesorar y
formular propuestas al presidente de la Nación, en lo concerniente a la lucha contra la subversión
en todos los ámbitos del quehacer nacional; conducir la lucha antisubversiva, planear y conducir
el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y fuerzas policiales en la lucha contra la
subversión.
El artículo 20 dispone que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, la
Secretaría de Información del Estado y la Dirección Nacional de Migraciones quedarán funcionalmente
afectadas al Consejo de Defensa a los fines de la lucha contra la subversión.
El artículo 30 dice que en caso de conmoción interior originada por personas o agentes de la
naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia
en parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden y
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante
el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas, y que esta declaración de zona de emergencia deberá
ser comunicada al Congreso Nacional,
En el proyecto que me he permitido poner a consideración de este honorable cuerpo es necesaria
la aprobación del Congreso, según una propuesta que había hecho llegar el sector radical.
El artículo 34 —verán los señores senadores que estoy salteando muchos artículos a pesar de
que son muy claros y necesarios— dice: “Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán
medios y efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales y penitenciarias que requiera
para el cumplimiento de su misión”.
En el artículo 35 se establece: “Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo
podrá asignarle al comandante de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos y crear
los tribunales militares correspondientes; asimismo podrá subordinarle total o parcialmente
las autoridades con jurisdicción dentro de la zona, estas decisiones deberán ser comunicadas al
Congreso. Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia mantendrán
independencia en su acción…”.
El artículo 36 dispone: “Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional
lo hagan necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas
Armadas en operaciones militares sin el requisito previo de decretar zonas de emergencias”.
El artículo 38 expresa: “Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas
militares atacadas o exista la amenaza de ataque, los respectivos comandantes o jefes podrán

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
disponer el empleo de las fuerzas que comandan para reprimir, perseguir o detener a los atacantes,
aun fuera de los límites de la zona militar”.
Esta, señores senadores, es la realidad que golpeaba al país. Y por eso ha sido redactada de esa
forma la ley 13.234, a pesar de que era una época en la que todavía estos hechos de la guerrilla no
había nacido, pero ya se veía el esbozo de la legislación. Después nace en el proyecto del gobierno
del doctor Illia, después sigue con el decreto ley 16.970 y por último con el proyecto de la señora
de Perón. Diría que el decreto-ley 16.970 es en realidad una versión suavizada del proyecto del
presidente Illia.
En la Cámara de Diputados el dictamen en minoría de los diputados del Partido Intransigente
Musacchio y Portero está de acuerdo con el articulado menos con el artículo 20 que dice: “A los
fines de la lucha contra la subversión, el Consejo de Defensa podrá requerir la colaboración de
la Secretaría de Prensa…”, etcétera. En el artículo 21, se agrega: “A los mismos fines la Policía
Federal quedará subordinada…”, etcétera, y con el artículo 30, se acentúa la intervención del
Congreso Nacional.
De acuerdo con esta lectura que he realizado sobre las discusiones que se produjeron en oportunidad
de tratarse el proyecto del gobierno peronista, demuestro que tuvo el apoyo de casi todos
los sectores. La comisión estaba formada por diputados en minoría del Partido Intransigente, los
señores Musacchio y Portero, que hicieron salvedad con respecto a tres artículos que no tienen
mucha importancia. Y luego el radicalismo, a través de varios diputados: hizo por cierto algunas
observaciones que tampoco tenían relevancia.
El Código de Justicia Militar, como ustedes saben, contenía un artículo —el 133— que
fue derogado por el actual gobierno, igual que el artículo 43 del decreto-ley 16.970, ambas
normas porque disponían la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de conmoción
interior.
Sin necesidad de hacer una mención muy expresa, rescato la posición del bloque justicialista,
que en ese entonces era uno solo, en la sesión del 31 de enero y 10 de febrero de 1984, en la que
sostuvo el mantenimiento del artículo 133 ya citado. En una larga y extensa exposición de uno
de los senadores justicialistas se cita este artículo que dice: “La misma facultad (de dictar bando)
tendrá durante el estado de conmoción interior la autoridad militar que, en cumplimiento de
previsiones para dicho estado, se ve obligada a asumir el mando o gobierno del lugar con el fin
de mantener el orden público o impedir el saqueo, violación, incendio u otros estragos. Esta facultad
sólo podrá usarse desde que se haya comprobado la impotencia de las autoridades y hasta
que se haya logrado restablecerlas”.
El artículo 43 del decreto-ley 16:970, como ustedes saben, establece justamente una norma
parecida. Este articulo 133 del Código de Justicia Militar proviene del gobierno peronista en su
primera época. Y cuando el Poder Ejecutivo en 1984 presenta el proyecto de lo que luego sería la
ley 23.049, establece un sistema especial de juzgamiento relacionado con los hechos de pública
notoriedad que hubo en la represión antiguerrillera. El Poder Ejecutivo en ningún momento
presentó en su proyecto la derogación del artículo 133 del Código de Justicia Militar ni del artículo
43 de la ley 16.970.
Fue luego en el curso de las sesiones, por, decisión del bloque radical que se hizo esto, pero
reitero que en su momento existió una extensa exposición y posterior votación de nuestro sector
por la que se solicitó la no modificación del artículo 133 del Código de Justicia Militar ni del
artículo 43 de la ley 16.970, supeditando las situaciones que ellos plantearan a la decisión del
presidente de la República.
Es decir que este asunto ha sido largamente discutido y de ninguna manera tiene relación con
la libertad; además, es de antigua data.
Me voy a permitir hacer referencia a la ley de ferrocarriles promulgada el 25 de noviembre de
1891. El artículo 19 establece que el Poder Ejecutivo o las autoridades que él determine, tienen
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1986

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derecho preferente para transportar por ferrocarril fuerzas militares y los materiales de guerra
que quisiesen y el artículo 20, el de exigir el despacho de un tren extraordinario.
El artículo 21 establece que en caso de conmoción interior o invasión extranjera, el Poder
Ejecutivo podrá tomar por su cuenta el uso del ferrocarril.
Es decir que ésta es una cuestión que viene de muy lejos; siempre ha estado prevista en la legislación,
en la doctrina y ha sido aplicada, como lo voy a seguir demostrando en mi exposición.
O sea que se toma el estado de conmoción interior como algo que existe en la realidad, además
de la facultad del Poder Ejecutivo de hacer uso de los medios necesarios para restablecer la
paz cuando los medios comunes no son suficientes.
Por otra parte, puedo citar el decreto sancionado por el gobierno revolucionario en 1944,
número 15.385 que luego fue ratificado por ley 12.913 y que continúa vigente. Este decreto, crea
las zonas de seguridad en todo el país; zonas de frontera y de seguridad interior, además de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
La ley 12.313 —decreto 15.385— establece que, en caso necesario, el servicio de policía, a
cargo de la Gendarmería Nacional, y de la Prefectura Nacional Marítima podrá ser reforzado por
personal y elementos del Ministerio de Guerra y del Ministerio de Marina, y por contingentes de
la Policía Federal.
Es decir que esta norma legal ya prevé la intervención de los ministerios citados cuando se
plantee una cuestión interna y para reforzar los efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura, hecho
que —reitero— es una cuestión de sentido común, porque ningún país hasta el momento ha
dejado de hacer uso en cuestiones internas de las Fuerzas Armadas cuando ello ha sido necesario,
También puedo citar el artículo 133 del Código de Justicia Militar, que sigue vigente. Hagamos
notar también que los decretos del Poder Ejecutivo Nacional números 2.770, 2.771 y 2.772, que
determinan la guerra contra la subversión, no están derogados y, por lo tanto, están en vigencia.
La cuestión de la seguridad de la Nación o seguridad interior está incluida en las leyes penales.
El proyecto de Tejedor en el libro II, título I, bajo la denominación “De los crímenes y delitos
contra la seguridad interior y orden público”, incluye a la rebelión, la sedición, el motín, la asonada,
el atentado y el desacato contra la autoridad; esto corresponde al período que va entre los
años 1865 y 1867.
Quiero mencionar también a la ley 13.985, del año 1950, derogada por una norma del año
1955 cuando sobrevino la revolución, que establecía penalidades para los que atentaran contra
la seguridad de la Nación. El artículo 2º de esa ley se refería concretamente a la seguridad de la
Nación. En el actual Código Penal, ley 11.179 del año 1921, el Libro II, Título IX, como todos los
señores senadores saben, se denomina “Delitos contra la seguridad de la Nación”. En el Capítulo
I se hace referencia al delito de traición y en el Capítulo II a los delitos que comprometen la paz
y la dignidad de la Nación.
Las palabras “seguridad” y “nacional” son términos de uso común y han sido aceptadas siempre,
inclusive desde antes de nuestra Independencia, por lo cual no se les debe asignar ninguna
otra implicancia más que la de su sentido gramatical. El diccionario señala que “seguro” significa
libre y exento de todo peligro, daño o riesgo; “seguridad”, calidad de seguro y el término “nacional”
es definido como perteneciente o relativo a una nación.
Dijo San Martín que no hay respeto humano que deba guardarse cuando se trata de la seguridad
y libertad americanas.
Manifestaba también el general San Martín lo siguiente: “Anhelo sólo el bien de mis semejantes;
procuro el término de la guerra; y mis solicitaciones son tan sinceras a este sagrado objeto
como firme mi resolución, si son admitidas, de no perdonar sacrificio por la libertad, por la seguridad
y por la dignidad de la patria”.
El general Belgrano, en su autobiografía, que comprende desde el año 1770 hasta la Revolución
del 25 de Mayo, tal como puede leerse en la Biblioteca de Mayo, Tomo II, página 956, señala:

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
“Como en la época de 1789 me hallaba en España y la revolución de Francia hiciese también la
variación de ideas y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron
de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad…”.
La ley 13.234 del gobierno peronista estableció la facultad de dictar bandos ante situaciones
de guerra en zonas de operaciones. Pero este mismo gobierno dicta poco tiempo después el
Código de Justicia Militar, ley 14.029, estableciendo la posibilidad de dictar bandos en situación
de guerra o de conmoción interior, de acuerdo con lo establecido por el artículo 133 de dicha
norma, que ha sido derogado por este Parlamento.
El gobierno del doctor Illia, por medio del proyecto al que ya me he referido en este debate,
propició la facultad de dictar bandos en el caso de guerra, de conmoción interior o en situaciones
que afecten la seguridad. Todo esto está contemplado en el artículo 10 de ese proyecto, que ya
comenté anteriormente.
La ley de facto 16.970, de 1986, se refiere también a la facultad de dictar bandos y toda esta
cuestión que ahora eriza tanto la sensibilidad de algunos sectores es más medida; esta disposición
proviene del proyecto Illia; es una copia casi textual, suavizada.
Por ejemplo, trata la cuestión en forma únicamente tangencial cuando a este tema de los bandos
lo refiere solamente a una situación de guerra y cuando habla del teatro de operaciones. Pero
esta norma 16.970 no se refiere al caso de situaciones internas ya que da por sentado que existía
otra norma, que era el Código de Justicia Militar, de comienzo del gobierno justicialista, que se
refería a épocas de guerra y al caso de conmoción interior.
Y el proyecto de la señora de Perón que tuvo sanción de Diputados y que yo en gran parte he
recogido en el proyecto que pongo a consideración de esta ilustrada Cámara trata únicamente la
cuestión de los bandos en la situación de conmoción interior, zonas de emergencia, y para cualquier
eventualidad. Por cierto, en estos casos en que hubo omisiones, he ido notando que la ley
14.029, de Código de Justicia Militar, informa la facultad en época de guerra y de paz de dictar
bandos.
El proyecto Illia con respecto a la denominada ley 16.970 es —como decía en esta exposición—
bastante parecido.
Yo me he permitido hacer llegar al despacho de cada uno de los señores senadores la copia de
la ley 16.970 y he marcado cada una de las disposiciones que pueden comparar con el proyecto
Illia y ver que son idénticos. Por ejemplo, el proyecto Illia dice que “el bienestar y la seguridad
son los dos objetivos permanentes del Estado. Para llevar a feliz término toda política de desarrollo
tendiente a incrementar el bienestar nacional, se deben crear las condiciones adecuadas, y es
responsabilidad del Estado el proporcionar esa seguridad a la Nación…”.
El texto es una copia del decreto ley 16.970, y fue recogido del proyecto del presidente Illia.
Si se compara el artículo 60 del proyecto Illia es idéntico al artículo 2º. Dice que “Seguridad
Nacional es la situación en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto
de cualquier tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, casos de emergencia grave
o catástrofe.”
El artículo 60 del proyecto Illia es igual al de la denominada ley 16.970 en su artículo 3º.
Expresa que: “Política de defensa es la parte de la política nacional tendiente a lograr y mantener
en la Nación un índice adecuado de seguridad”. Y el artículo 4º, en el inciso a) también es parecido
al artículo 66 de la ley 16.970. Allí se menciona que la Defensa Nacional requiere, fundamentalmente,
la formulación de políticas de defensa que contribuyan a la consecución del índice
adecuado de Seguridad Nacional.
Tengo aquí otras comparaciones que resultan idénticas. Pero, para terminar, me referiré a
los últimos puntos. Si se compara el artículo 48, sobre requisición, con el artículo 37 de la ley
16.970, se observará que son idénticos sin presentar diferencia alguna. Ese artículo 37 dice “toda
requisición da derecho a indemnización. Las autoridades competentes deberán, en todos los
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casos, extender los recibos o comprobantes correspondientes. La indemnización no incluirá el
lucro cesante”.
El artículo 49 tiene relación con el artículo 38 de la ley 16.970, que figura en el ejemplar que
he puesto a disposición de los señores senadores. Ese artículo 38 menciona lo siguiente: “La
requisición de bienes podrá hacerse en todo o parte de ellos y ejecutarse a título de uso, de consumo
o de dominio. Estas modalidades de la requisición son igualmente aplicables a la capacidad
productiva de industrias y establecimientos de cualquier índole que interesen a la Seguridad
Nacional, aun cuando el Estado no haya tomado posesión de ellos”.
El artículo 50 se relaciona con el artículo 39 de la ley 16.970. El artículo 50 del proyecto de
Illia dice que “la indemnización a que dará lugar la requisición de bienes, será fijada administrativamente
conforme al procedimiento que se señale en la reglamentación pertinente”. Es decir,
es idéntica al artículo 39 del decreto ley 16.970.
Por último, y para no cansar a los señores senadores, me referiré al artículo 54 del proyecto
del gobierno de Illia que dice que “en caso de disconformidad con las indemnizaciones o retribuciones
fijadas, las partes interesadas, en acción individual, podrán recurrir a la justicia federal, sin
perjuicio de que la requisición continúe en todo su vigor no interrumpiéndose en ningún caso
por desacuerdo de las partes”. El decreto-ley o norma de facto 16.970 proviene del proyecto del
gobierno radical del doctor Illia pero, yo diría, más suavizado.
Ahora bien, el artículo 2º del proyecto, que es lo que nos interesa, ha sido extraído de la ley
española que, en realidad, contempla ambas situaciones, la de situación interior y exterior. Leeré
ese artículo de la ley española para compararlo con el del proyecto que consideramos. Dice así:
“La Defensa Nacional es la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y
fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión. Tienen por finalidad
garantizar de modo permanente la unidad, soberanía e independencia de España, su seguridad e
integridad territorial y el ordenamiento constitucional, asegurando la vida de la población y los
intereses de la patria”. Tengamos en cuenta que el gobierno español es socialista. Se dice que una
determinada doctrina es la que ha inficionado nuestra legislación, y ese gobierno ha dictado una
ley de Defensa Nacional sin miedo de referirse a la palabra seguridad. Esta redacción proviene
del texto del artículo 8º de la Constitución española y dice que las Fuerzas Armadas, constituidas
por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire tienen como misión garantizar la soberanía
e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la
presente constitución.
Es decir, que los españoles no han vacilado, con el apoyo de todos los partidos, en dictar
una constitución y una ley de defensa que establecen una amplia intervención de las Fuerzas
Armadas; porque todo esto es una cuestión que tiene que ser reglada y que no nos debe asustar
dentro de un Estado constitucional.
En contraposición con lo expuesto hoy aquí tengo en mi poder la enmienda a la Constitución
del Brasil de 1967, que en su sección 6, “De las Fuerzas Armadas”, dice que ellas se destinan a defender
a la patria y garantir los poderes constituidos. Luego el artículo 91 dispone que las Fuerzas
Armadas, esenciales ejecutoras de la política de Seguridad Nacional, se destinan a la defensa de la
patria y a la garantía de los poderes constituidos, la ley y el orden.
Es sabido, señores senadores, que el Brasil recepta una posición, por no hablar de doctrina.
Quiero decir que en determinadas situaciones las Fuerzas Armadas mandadas por el poder
civil tienen facultades para actuar en cuestiones internas, cuando no son solucionables por las
Fuerzas de Seguridad.
Y Brasil como saben los señores senadores, es actualmente una potencia que en algunos planteamientos
llega a enfrentar a los Estados Unidos.
Durante el gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen hubo dos hechos claros de intervención

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Los voy a narrar muy rápidamente, y por cierto
que no me anima el propósito de criticar actos de un gobierno al que admiro. Considero que
fueron actos legales y ejecutados conforme a las situaciones presentadas, a cargo de un gobierno
de origen popular que asumió las responsabilidades del caso. Es algo que nosotros debemos tener
en cuenta como legisladores.
El primer hecho ocurrió entre el 7 y el 17 de enero de 1919. Hubo diferentes hechos de vandalismo
en extensas zonas de Buenos Aires, con asalto e incendio de comisarías, armerías, colegios,
conventos, comercios y vehículos. Incluso hubo bajas en las Fuerzas Armadas. Entonces el
general Luis Dellepiane que era amigo y correligionario del doctor Yrigoyen, a quien yo admiro,
recibió del presidente la orden de reprimir con todas las tropas del acantonamiento de Campo
de Mayo a los cuatro mil sediciosos atrincherados en los talleres Vasena y a las bandas armadas.
Es decir que, aunque era un gobierno popular, de pronto se vio enfrentado a una asonada y no
tuvo más remedio que recurrir a las Fuerzas Armadas.
El otro caso es el del teniente coronel Varela —quien finalmente termina asesinado por los
anarquistas—, que fue enviado también por el gobierno radical en 1920 a causa de una huelga revolucionaria
producida en la Patagonia. Llega allí, calma la situación, no detiene a nadie y regresa.
Pero cuando lo hace se producen acciones de mucha más violencia, con muertes. Entonces, debe
reprimir esta situación y con doscientos efectivos derrota a seiscientos subversivos que estaban
atrincherados en un lugar llamado Paso Ibáñez, y rinde a otros setecientos que tenían rehenes
en un sitio llamado La Anita, dando lucha en el norte de Santa Cruz a otros centenares de bandoleros.
Llega a capturar al jefe, llamado Facón Grande, a quien fusiló como autor del asesinato
del conscripto Fernando Fischer, al igual que a otros siete homicidas reconocidos por rehenes
sobrevivientes.
De modo que, como vemos, éstas son situaciones que se han dado siempre; no son solamente
de ahora. Un gobierno constitucional tiene la obligación de preverlas mediante una norma porque
de lo contrario entramos en la desgracia del gobierno anterior, que reprimió de hecho y de
allí, las cosas que pasamos.
En 1964, durante el gobierno del doctor Illia, como ustedes recordarán, hubo guerrillas en el
norte del país, tomando entre otras provincias a la de Salta. El 28 de agosto de ese año se desarrolló
una sesión secreta en la que tomaron parte los ministros de Relaciones Exteriores, Miguel
Ángel Zavala Ortiz; del Interior, Juan Palmero, y de Defensa Nacional, Leopoldo Suárez.
Dijo en esa oportunidad el ministro de Defensa que si fuera necesario estarían las Fuerzas
Armadas integralmente para defender al país, sus instituciones y su vida democrática. Esta manifestación
figura en la página 2883 del Diario de Sesiones que corresponde a la versión taquigráfica
de la sesión secreta que luego se mandó publicar.
En ese entonces, la guerrilla fue reprimida únicamente con la Gendarmería Nacional. Pero
el doctor Suárez dijo —lo recalco nuevamente— que si fuera necesario el gobierno radical haría
intervenir a las Fuerzas Armadas para defender al país, a las instituciones y a la vida democrática.
Dijo también en esas circunstancias el ministro de Relaciones Exteriores —es una parte muy
breve que voy a leer—: “Quizá no tendría por qué señalarlo —lo hago nada más que a los efectos
del método de mi exposición— pero es notorio que de la existencia de dos sistemas de vida
distintos ha surgido en el mundo una competencia de poder con posibilidades de agresión bélica
de guerra propiamente dicha entre ambos bloques de países. Pero la existencia de un poder
destructivo tan extraordinario como el que surge de la energía atómica ha determinado paradójicamente
una autolimitación de la posibilidad de la guerra en su sentido más propio. Eso ha
dado motivo a que la competencia se derivase a otro método, a otro sistema, que es el conocido
como el de guerra revolucionaria: guerra no declarada, silenciosa, pero guerra inexorable, global
y permanente”.
“Es decir que en el campo internacional asistimos a dos tipos de actividades: una, plena de
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satisfacciones y posibilidades, que es la de la coexistencia pacífica, el respeto mutuo, la autodeterminación
de los pueblos, la no intervención; la otra, de tipo clandestino, que es la de la guerra
revolucionaria, la agresión indirecta, el sabotaje, la subversión, el terrorismo, etcétera.”
La doctrina nacional justicialista —me voy a referir al año 1955—.
Sr. Vidal.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Bravo Herrera.—Sí, señor senador.
Sr. Vidal.—Es para solicitar que el texto de la exposición que pensaba pronunciar se inserte
en el Diario de Sesiones, porque se ha hecho muy prolongada la suya y yo me tengo que retirar.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Otero).—Así se hará, señor senador 1 .
Sr. Bravo Herrera.—En un documento de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia
de la Nación titulado Doctrina Nacional, que data de 1955, dice en el punto 1º: “La defensa o
seguridad de la Nación constituye un objetivo permanente de Gobierno, del Estado y de las organizaciones
del Pueblo”.
Dice más adelante: “El Plan General de Defensa de la Nación debe establecer las correlaciones
necesarias entre las actividades generales de naturaleza social, cultural, económica, política interna
y política internacional, en cuanto se vinculen con la defensa y la seguridad de la Nación.”
“Las Fuerzas Armadas de la Nación deberán capacitarse en orden al cumplimiento de los
compromisos internacionales de la Nación en materia de seguridad colectiva y en la medida que
consulte los intereses y objetivos propios de la Nación”. Esto está editado por la Presidencia de
la Nación y, por lo tanto, tiene el carácter de doctrina nacional y establece, básicamente, que
defensa y seguridad es lo mismo.
Perón definió la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el caso de la agresión del terrorismo.
Al respecto decía lo siguiente: “Sé que el profundo conocimiento que tiene sobre estos
conceptos que estoy exponiendo en lo referente a la soberanía popular, lealtad hacia nuestra
filosofía y sistema de convivencia, sumado al conocimiento de los grandes objetivos nacionales,
plasmados en la Constitución Nacional, servirán de guía para saber hacia dónde deben apuntar
las armas, si brotes antinacionales de extremismos de derecha o de izquierda pretenden influir en
el proceso que el Pueblo Argentino desencadenó con su voto”.
“Para manejar esas armas la Patria les confiará anualmente lo mejor que tiene: su material
humano”. Y agrega luego: “Pero como no puede ser de otra manera, existen quienes se oponen a
este proceso evolutivo y así vemos que continúan pequeños brotes antinacionales aunque levanten
la Bandera de la Patria.
“La naturaleza de la vida humana y la evolución de la estrategia nos muestran que la agresión
es integral, procesándose en los campos político, económico, sociológico y militar. En consecuencia,
la estrategia para enfrentar estas amenazas debe ser integral.
“El objetivo de esa agresión ya no es solamente físico sino humano, o sea toda la población.
En consecuencia es el pueblo todo quien debe enfrentar esa agresión.”
Esto salió en los diarios cuando Perón definió la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en
oportunidad en que les dio el mensaje a los cadetes el 25 de enero de 1974.
Por último, tengo aquí, señor presidente, una relación cierta de noticias de diferentes diarios
en donde se trata en todo el mundo la intervención de las Fuerzas Armadas en diferentes hechos
que son cuestiones internas. Por ejemplo, el título aparecido en el diario La Prensa del 1º de junio
de 1985: “Desolador panorama en el Gran Buenos Aires”.
684
1 Ver el Apéndice.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Hago notar que estas cosas están prohibidas por la derogación del artículo que he citado anteriormente
de la ley 16.970 y que, por otra parte, ha sido ratificado por el proyecto del gobierno
radical que comparte un grupo del justicialismo.
Dice en el diario La Prensa: “La gravedad de la situación que desbordaba las posibilidades de
ayuda a la población de las autoridades municipales, hizo que el gobierno provincial solicitara
la intervención de unidades del Ejército para asistir a los habitantes de las zonas más afectadas”.
Después, habla de la X Brigada de Infantería Mecanizada de La Plata, que destacó el Regimiento
VI de Infantería de Mercedes con asiento a 100 kilómetros al oeste de la Capital Federal.
Se refiere también al agravamiento en Moreno, y señala que “helicópteros de la Brigada Aérea
de Morón, de la Gobernación y del Ejército, fueron movilizados, para socorrer a los damnificados…”.
Continúa diciendo: “…por lo que a la ardua actividad que debieron desplegar los bomberos,
las fuerzas policiales y civiles, se sumaron las del Ejército”.
Según manifestaciones de Saguier, se trataba de una “verdadera catástrofe”. Dice la información
de La Prensa del sábado 10 de junio de 1985 que Saguier formuló estos conceptos luego
de efectuar una recorrida por la zona norte de esa ciudad en un vehículo Unimog de las Fuerzas
Armadas.
La publicación del diario La Nación del martes 26 de noviembre de 1985, en la página 13, se
refiere a un violento vendaval y dice que desde la Coordinadora de Defensa Civil de la provincia
de Buenos Aires se atacó inmediatamente ese aspecto de la cuestión y aproximadamente a las 20
partieron del Batallón 602 de Comunicaciones, con asiento en City Bell, dos camiones que transportaron
dos grupos electrógenos de gran capacidad.
La Nación del 17 de abril de 1986 da cuenta del estado de desastre en seis departamentos de
Formosa, y dice en su página 22 que la Cruz Roja informó que mediante la colaboración de la
Fuerza Aérea Argentina, que facilitó los aviones, se enviaron a Resistencia mil kilogramos de leche
en polvo, tres mil kilogramos de ropa de abrigo, mil frazadas, entre otras cosas, a Corrientes
una tonelada de ropa de abrigo y quinientos kilogramos a Concordia. También informa que se
remitió una planta potabilizadora móvil a Formosa, así como que en Concordia recibieron alimentos
que preparaba el Ejército y atención médica que brindaba personal del Hospital Felipe
Heras, entre otros.
Y esto, señor presidente está prohibido por la derogación del artículo 43 del decreto ley 16.970
y por la posición del oficialismo con la presentación del proyecto de ley de Defensa Nacional que
estamos tratando. Es decir, que nos estamos moviendo entre la realidad de las leyes y la realidad
de la vida.
Por su parte, el diario Crónica, en su edición del 11 de abril de 1986, dice que el Estado Mayor
General del Ejército consignó que “en virtud de la angustiosa situación que sufren las provincias
del Chaco, Formosa y Corrientes” por las inundaciones, dispuso ayudar con “personal y medios
de apoyo” a los damnificados y que así se consignó en el Edificio Libertador, sede de la institución,
indicándose además que han sido destinados personal de cuadros y tropa con apoyo de
un helicóptero, camiones, botes de goma y cocina rodante y otros elementos. Asimismo expresa
que se dispuso de un local para albergar a ochenta evacuados, que cuenta con camas, colchones,
almohadas y mantas, además de sus respectivas raciones y de un puente Bailey para aliviar la
situación de los caminos.
En La Razón del 22 de abril de 1986 se hace referencia a la situación en Resistencia, Chaco.
Informa que las poblaciones más afectadas eran las ubicadas al sudoeste de la provincia y que en
Corrientes el Estado Mayor del Ejército informó sobre la instalación de un puente tipo Bailey en
la ruta nacional 12, sobre el río Corrientes, a pedido de las autoridades provinciales.
Por su parte, el diario Crónica de esa misma fecha da cuenta de que en Corrientes el Estado
Mayor General del Ejército informó que por requerimiento de las autoridades de dicha provincia
se instaló un puente del tipo Bailey en la ruta nacional número 12, y que los trabajos realizados
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1986

22 y 23 de octubre de 1986
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durante la noche del 19 al 20 de ese mes estuvieron a cargo de la Compañía de Ingenieros VII, dependiente
de la Brigada de Infantería III, con asiento en Corrientes, y que el puente está librado
al tránsito de toda clase de vehículos que lo necesiten.
El diario La Razón, en su edición del 19 de abril de 1986, indica que el Estado Mayor General
del Ejército informó el día anterior que, con motivo de la afligente situación que afectaba a los
pobladores de nuestro noroeste, el Ejército Argentino continuaba prestando apoyo a los damnificados
y colaborando en las tareas de ayuda que coordinaban las autoridades gubernamentales.
Agrega el artículo que efectivos pertenecientes a las unidades que integraban el Cuerpo
de Ejército II, con jurisdicción en la zona afectada, participaron en las tareas de evacuación de
pobladores, transporte y distribución de víveres a los distintos centros de evacuados. Asimismo,
expresa que los medios puestos a disposición de las víctimas por el Estado Mayor General del
Ejército consistían en un helicóptero, cuarenta camiones, botes de goma, carpas y otros equipos
sanitarios.
Tiempo Argentino, en su edición del 28 de abril de 1986, refiriéndose a Rosario…
Sr. Velázquez.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Bravo Herrera.—Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Otero).—Tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Velázquez.—Usted asevera que todas estas eventualidades no están previstas o, si mal no
he entendido, que de sancionarse esta ley, dejarían de tener vigencia.
Sr. Bravo Herrera.—Tal como está aquí, sí.
Sr. Velázquez.—Entonces, usted está omitiendo que la ley 20.318 está en vigencia. En consecuencia,
desearía que se ahorrara su tiempo y también el de este cuerpo no dando un enfoque
equivocado.
Sr. Bravo Herrera.—No es así; deseo que el señor senador lea los artículos de la ley 20.318
para que lo advierta.
Sr. Velázquez.—El artículo 1º de la ley 20.318 establece: “El servicio civil de defensa es la
obligación de prestar servicios personales impuesta a los habitantes del país, que no estén jncorporados
al servicio militar, a los fines de satisfacer necesidades de la Defensa Nacional para y en
caso de: a) guerra; b) conmoción interior y c) alteración o suspensión de actividades y servicios
públicos esenciales”.
El artículo 2º dice: “La prestación del servicio civil de defensa prevista en el inciso a) del
artículo 47 de la ley 16.970 será dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Sr. Bravo Herrera.—Justamente eso es lo que se deroga.
Sr. Velázquez.—Pero no la primera parte del artículo, señor senador.
Sr. Bravo Herrera.—Pero se está refiriendo a un aspecto de la ley 16.970 que la hace no
operativa.
Sr. Velázquez.—No es así, señor senador; estimo que está confundido. El señor presidente de
la Nación es quien hace los planes de defensa de acuerdo con este proyecto de ley.
Sr. Bravo Herrera.—Es así, señor senador. Inclusive, los jefes de Estado Mayor que estuvieron
en el Senado se refirieron a que la actuación de ellos no estaba protegida en la actualidad.
Sr. Velázquez.—Insisto en que todas las argumentaciones que el señor senador está utilizando
están contempladas en la ley de Defensa Civil.
Sr. Presidente (Otero).—La Presidente ruega a los señores senadores que no dialoguen.
Sr. Bravo Herrera.—He concedido al señor senador la interrupción que me pidió y ahora voy
a continuar con el tema que estaba desarrollando…
Sr. Presidente (Otero).—Si no hay más remedio…
Sr. Bravo Herrera.—…haciendo notar que está equivocado en su exposición. Inclusive, la
última parte del artículo que usted ha citado me da la razón.
Continúo con las citas que venía realizando. En La Nación del 19 de diciembre de 1985, se dice

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
así: “Podrían aclarar el vandálico caso ocurrido en un tren del Roca. Presentación a Alfonsín”.
Esta es una situación que “podríamos denominar de lege ferenda, pero que plantea cuál es la situación
y lo que piensa la población de lo que está ocurriendo. Continúa la información: “El diputado
provincial bonaerense presentó ayer un proyecto de ley en el cual requiere del presidente
Alfonsín, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que personal multar
sea afectado a la seguridad de trenes y estaciones ferroviarias.
“En los considerandos de la iniciativa se puntualiza que la comunidad se encuentra afectada
por el accionar de grupos vandálicos que aprovechan la falta de vigilancia para llevar a cabo todo
tipo de agresiones contra personas y bienes materiales del propio Estado.
“Consideró el diputado que la presencia de efectivos militares, especialmente en horas de la
noche, operará como disuasivo importante para la acción de los delincuentes…”, etcétera.
Es decir, estoy citando un caso de lege ferenda que inclusive plantea cuál es la posición y hasta
dónde está yendo la población ante estas situaciones.
Voy a citar también cuestiones de orden internacional. En La Nación del 18 de abril de este
año, en la página 3, se cita: “Combates en Filipinas con rebeldes comunistas. Manila. Soldados
del ejército filipino mantuvieron intensos combates contra unos 400 rebeldes comunistas en la
isla de Mindanao, en lo que se considera que fueron los peores choques con los insurgentes desde
que la presidenta Corazón Aquino asumió el poder en febrero pasado…”.
En El Tribuno del 27 de abril de 1986, en la página 15, se titula: “En una emboscada matan a
9 soldados filipinos”.
En la misma publicación pero del 19 de julio de este año, refiriéndose al tráfico de narcóticos
en Bolivia, se cita: “Especulan que no lograría detener a los jefes del narcotráfico en Bolivia.
Un puñado de soldados estadounidenses levantó tiendas de campaña y se amplió la pista de
aterrizaje en una base de la Fuerza Aérea Boliviana en esta ciudad, pero la mayor parte de las
tropas norteamericanas desaparecieron en el interior de Bolivia, aparentemente tras las bandas
de narcotraficantes”.
Y en otro artículo del mismo día y periódico que cité, se expresa: “Washington. Para el gobierno
del presidente Ronald Reagan, la participación del ejército de los Estados Unidos en acciones
de destrucción de laboratorios de cocaína en las selvas de Bolivia encuadra en la obligación
suprema del soldado norteamericano: proteger la seguridad de su Nación. Trinidad (Bolivia).
Aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia entran y salen de esta ciudad, llevando equipos
para las fuerzas combinadas que combatirán a los narcotraficantes en cualquier momento. La
gran cantidad de cargo que se lleva a las bases de operaciones hace presumir una prolongada
permanencia de las tropas extranjeras”.
Con respecto a Francia, en Tiempo Argentino del 28 de abril de este año, en la página 8 se expresa:
“François Mitterrand propone organizar una campaña internacional antiterrorista. París,
Mitterrand se inclinó por una organización antiterrorista internacional con las policías, los servicios
secretos, de información, de acción y, eventualmente, una prolongación militar”.
En la página 14 de Tiempo Argentino del 15 de abril de este año se expresa: “San Salvador. El
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se atribuyó ayer haber derribado el helicóptero
de la Fuerza Aérea Salvadoreña que el sábado se estrelló en el cantón Agua Zarca, hecho
en el que murieron cuatro soldados. Por su parte, el FMLN manifestó que con este helicóptero
derribado suman cuarenta y cuatro las naves destruidas por nuestras fuerzas guerrilleras…”.
En Tiempo Argentino del 18 de abril del corriente año, en su página 13 dice: “San Salvador.
Rebeldes. La guerrilla salvadoreña recuperó sus tácticas de ocupar poblaciones para dejar constancia
de su control territorial. En los dos últimos meses Radio Venceremos, voz oficial del Frente
Farabundo Martí, asegura haber tomado temporalmente una veintena de poblaciones del país”.
El diario La Prensa del 1º de junio de 1985, en su página 2 publica la siguiente noticia:
“Bogotá (UP). Violentos combates entre el ejército guerrillero del ‘Movimiento 19 de Abril’ que
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22 y 23 de octubre de 1986
se desarrollaban en la jungla del departamento Del Valle, han dejado hasta ahora catorce muertos
incluyendo trece rebeldes y un soldado, informó un vocero militar. Los cadáveres de los trece
subversivos serán sepultados en el mismo lugar donde se han registrado los más feroces combates
de los últimos quince días entre el M-19 y el Ejército dijo un vocero insurgente… Un vocero del
Ejército consultado telefónicamente desde Bogotá sobre los combates, dijo que se trata de una
«operación militar para despejar la zona de guerrilleros».”
A continuación me voy a referir a una noticia de Tiempo Argentino que salió publicada el
21 de marzo de 1986, que dice lo siguiente. “Colombia: Trágicos ataques del M-19. Popayán.
Colombia. Con un saldo que hasta el momento asciende a veintidós muertos, las fuerzas del
ejército y la policía libran combates desde el pasado miércoles contra la guerrilla en regiones del
sudoeste de Colombia. Portavoces de la III Brigada del Ejército, con sede en Cali, confirmaron
ayer la muerte de diez agentes, siete guerrilleros y cinco civiles como saldo de una incursión del
Movimiento 19 de Abril en una localidad del sudoeste de Colombia, y en la posterior persecución
de la columna guerrillera… Entre los heridos se halla grave el comandante de los operativos policiales
antiinsurgencia del Cauca, mayor Heliodoro Fajardo Materón… La patrulla policial estaba
integrada por cien uniformados… de los cien policías que habían sido emboscados sólo retornaron
la mitad y no se había establecido aún lo sucedido con el resto. «Están desaparecidos»,
dijo. Tropas del ejército fueron autotransportadas a la región montañosa donde se encuentran
los guerrilleros de la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera, mientras aviones de la fuerza
aérea bombardean las montañas por donde se cree que están huyendo los terroristas”.
688
—Ocupan la Presidencia el señor vicepresidente 2º del
H. Senado, senador Carlos E. Gómez Centurión.
Sr. Bravo Herrera.—En el ejemplar de Tiempo Argentino del 15 de noviembre de 1985 podemos
leer en la página 2: “Un volcán al entrar en erupción sepulta una población entera en
Colombia… En cuestión de pocos minutos el gigantesco aluvión caía sobre el poblado arrasándolo
todo a su paso, primero destruyendo gente, casas, animales, sembradíos y luego cubriéndolo
todo. Controla el ejército el área de desastre. Al rescate de miles de víctimas. El ejército
colombiano asumió en la víspera el control deja vasta zona afectada por el desastre. Según los
informes del Comando General del Ejército y de la Defensa Civil, se ha declarado en emergencia
una zona de ciento ochenta kilómetros cuadrados. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de la
situación para organizar el rescate de miles de víctimas, advirtiendo que ningún vehículo podrá
desplazarse dentro de esa área sin su previo consentimiento”.
En el diario Tiempo Argentino del 8 de mayo de 1986, página 12 se dice que en Colombia
aumenta la delincuencia y que el ejército reforzará la represión contra el hampa. La noticia señala:
“Bogotá: el gobierno colombiano decidió incorporar a patrullas del ejército para reforzar la
represión policial a la creciente delincuencia común”.
En el diario La Nación del 26 de septiembre de 1985, en la página 2, se lee: “México: terremoto.
La reconstrucción y los problemas no resueltos. Por Julio Crespo, enviado especial de “La
Nación”. La intervención de las Fuerzas Armadas sólo tuvo que instrumentar formas de cooperación
y de orden que habían surgido de manera espontánea después del sismo”.
En La Nación del 2 de abril de 1986 puede leerse lo siguiente: “Rescatan cadáveres del avión
mexicano. Ayer trabajadores de rescate, entre los que actuaban soldados, habían logrado descender
70 cadáveres desde la remota y densamente boscosa hondonada donde quedaron la mayor
parte de los restos de la aeronave”.
En La Nación del 12 de agosto de 1986, página 4, aparece una noticia sobre tráfico de narcóticos
en México y dice que veinticinco mil hombres combatirán el narcotráfico. Se lee: “La
Procuraduría, que destina el 43 por ciento de su presupuesto a la lucha antidroga, indicó que

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
durante el año pasado los veinticinco mil efectivos del ejército mexicano que intervienen en la
campaña permanente con el narcotráfico decomisaron 10.946 armas, 685 vehículos terrestres, 30
aeronaves de diferentes tipos y 12 vehículos marítimos”.
En el diario Tiempo Argentino del 4 de marzo de 1986, página 15, se dice: “Brasil. El gobierno
brasileño exhortó ayer a la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas nacionales a «mantenerse alerta»
para prevenir el posible estallido de nuevos desórdenes en las principales capitales del país, como
consecuencia de la aplicación de medidas decididas para hacer frente a la crisis económica, según
afirmaron fuentes oficiales. Al respecto, el ministro de Aeronáutica, brigadier Octavio Moreira
Lima, confirmó que el presidente José Sarney solicitó a los ministros militares que dispongan, en
forma preventiva, sistemas de movilización de tropas en todos los estados del Brasil para el caso
de que se agudice la agitación social”.
En Tiempo Argentino del 27 de febrero de 1986, en la página 13, se lee: “Egipto. El Cairo. Un
motín policial que se expandió hasta convertirse en un disturbio generalizado en El Cairo y otras
ciudades egipcias, dejó un saldo parcial de 15 muertos y más de 300 heridos, informó la policía
ayer. El gobierno impuso el toque de queda por tiempo indeterminado en la zona metropolitana
de El Cairo y el ejército desplegó en las calles tanques y camiones blindados, equipados con armas
automáticas después de que los amotinados prendieron fuego a tres hoteles de lujo, varios clubes
nocturnos, una estación de policía… además de irrumpir en una prisión para liberar a extremistas
islámicos. El presidente justificó el toque de queda decretado por el Ministerio del Interior,
argumentando que estos «actos criminales deterioran la seguridad de la Nación y amenazan la
seguridad interna». El Ministerio del Interior decretó el toque de queda y aviones de combate
sobrevolaron la capital mientras helicópteros… trasladaban tropas hacia el interior del país”.
Además de esta noticia, recuerdo que durante el gobierno de Frondizi se sublevó la Policía de
Salta, junto a otras policías provinciales. Yo fui partícipe de ese hecho porque en aquel entonces,
y durante muy pocos meses, fui asesor de la Policía. En esa ocasión detuvieron al gobernador,
al jefe de Policía y a mí. Yo fui testigo de esas detenciones y, por cierto, víctima de la mía. Fue
necesario movilizar a la Policía y colocar como jefes a un teniente coronel y a un capitán. Ese fue
un caso en que las Fuerzas Armadas, por medio del presidente Frondizi, tuvieron que intervenir
directamente.
Quiero comentar otro caso aparecido en La Razón del 17 de julio de 1985, página 5, sobre
la lucha contra las drogas. Dice que “el Pentágono actuará en la lucha contra la droga. Proyecto
de ley para reforzar la acción de los organismos especializados”. Esto ocurre en el gobierno más
poderoso del mundo, que no puede separar lo que son las fuerzas del interior, de seguridad, de
las Fuerzas Armadas; no las puede separar totalmente en su acción. En determinado momento
éstas se unen para una acción común.
Y en la información proveniente de Washington se dice que la Cámara de Representantes de
Estados Unidos autorizó al ejército a participar en la guerra contra el narcotráfico proveniente
de América latina. Una vez convertida en ley la medida de la Cámara permitiría a las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos ayudar a efectuar registros de narcóticos, confiscaciones y arrestos.
La medida fue bien recibida porque consideran que los organismos encargados de la vigilancia y
la aplicación de la ley contra drogas, como la dirección general de estupefacientes y el servicio de
aduanas, se encuentran sobrecargados de trabajo y mal financiados.
Hay una noticia publicada en La Razón del 27 de diciembre sobre presos irlandeses de una
organización de izquierda, que reclaman que se les dé status político.
Sr. Mathus Escorihuela.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Bravo Herrera.—Sí, señor senador.
Sr. Mathus Escorihuela.—Discúlpeme, señor senador.
Me he perdido un poco escuchando su exposición y no sé a qué aspecto del tratamiento en
general del proyecto de ley, de acuerdo con el reglamento, está refiriéndose el señor senador.
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¿Sería tan amable de precisarlo?
Sr. Bravo Herrera.—Sí, señor senador.
Tanto el proyecto del gobierno del doctor Illia como el decreto ley 16.970 y el proyecto de
la señora de Perón establecen la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en misiones
internas.
El actual gobierno derogó el artículo 43 del decreto ley 16.970, que disponía o autorizaba la
participación de las Fuerzas Armadas en caso de conmoción interior.
Estoy tratando de probar que es una cuestión aceptada internacionalmente la de la actuación
de las Fuerzas Armadas. Esto es así no solamente en caso de conmoción interior, sino que se ha
extendido cuando cada país lo considera necesario, haciendo intervenir a las Fuerzas Armadas
en caso de incendios, de caída de aviones, de tráfico de drogas y en otras situaciones más como
la de los presos irlandeses, que reclaman status político, si bien para el gobierno son cuestiones
internas. No obstante tratarse de un aspecto interno, interviene el ejército.
Es decir, en Irlanda hay gente que está detenida por actos de carácter subversivo.
Sr. Mathus Escorihuela.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Bravo Herrera.—Voy a terminar este punto, para después permitirle la interrupción.
En Irlanda hay gente que está detenida por actos subversivos. En la represión actúa el ejército,
a pesar de que se trata de cuestiones de carácter interno, de delito común.
Ahora sí le permito la interrupción, señor senador.
Sr. Mathus Escorihuela.—Señor presidente: las consideraciones que está formulando el señor
senador Bravo Herrera tendrían que ajustarse a la discusión general del proyecto; es decir,
a la idea en general que está en discusión. Y las reflexiones que a él puedan suscitarle los casos
de conmoción interior, de agresión externa o el hipotético de agresión interna tendrían que formularse
en las oportunidades en que reglamentariamente correspondan; es decir, cuando se esté
tratando en particular el artículo correspondiente.
De otra forma, me da la impresión de que no estamos siguiendo el orden reglamentario de
la discusión.
Entonces, me permito sugerirle muy respetuosamente, por cierto, como lo merece el señor
senador Bravo Herrera, que ajuste su exposición a la idea general del proyecto y que, en homenaje
al respeto y a la consideración que nos debemos todos los señores senadores, sin excepción
alguna, omita aquellas referencias que escapan al contexto general del proyecto y que incursionan
en aspectos particulares, cuyo tratamiento será procedente cuando se realice la discusión en
particular, artículo por artículo.
Sr. Bravo Herrera.—Pido la palabra.
Sr. Nápoli.—¿Me permite, señor senador?
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—¿Le cede el uso de la palabra al señor senador Nápoli,
señor senador Bravo Herrera?
Sr. Bravo Herrera.—No se la cedo porque si no no podré concluir mi exposición.
Mis manifestaciones son de carácter general porque el punto central del proyecto que consideramos
es esa cuesión a que nos referimos. Lo demás no tiene mucha importancia. Por otra
parte ya termino mi exposición, de manera que solicito al señor presidente que me permita concluirla,
ya que debo hacer algunas manifestaciones concretas porque no puedo hablar en el aire.
Sr. Velázquez.—¿Le parece que no le estamos dando tiempo, señor senador?
Sr. Bravo Herrera.—Sigo con el diario La Nación del 4 de marzo de 1986: “Huelga y disturbios
en Irlanda del Norte. Treinta mil militares británicos están empeñados en la tarea de mantener
el orden.” No obstante encontrarse allí los militares, ellos lo toman como una situación
particular.
En La Razón del 1º de junio de 1985 dice que en Bélgica repatriaron en avión a las víctimas de
Pleysel, refiriéndose a disturbios en un partido de fútbol.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
En Roma, una flotilla de aviones italianos trasladó a los italianos que murieron como consecuencia
de disturbios suscitados en un partido disputado en un estadio de Bruselas.
En el diario Tiempo Argentino, del 14 de agosto de 1985, salió publicada una noticia sobre
la caída de un avión en Japón. Dicha información dice que helicópteros militares de rescate actuaron
en el teatro de operaciones y fueron los primeros en aparecer en las pantallas. Noticias al
respecto siguieron saliendo en la prensa en los días subsiguientes.
Concluiré con una nota aparecida el martes 18 de febrero de 1986 en La Razón, que daba
cuenta del incendio en un edificio de oficinas en Río de Janeiro. La información decía que un
helicóptero de la Fuerza Aérea intentó infructuosamente levantar a refugiados en el techo del
edificio, según un comunicado del ministerio de Aeronáutica. También en El Tribuno del 14 de
septiembre de 1986 se informa sobre un violento terremoto en Grecia; pero en un caso como
éste, tampoco podrían actuar las Fuerzas Armadas. La noticia dice que la fuerza aérea griega envió
a Kalamata una brigada de rescate. En el mismo diario, pero en el del sábado 6 de septiembre
de 1986, se informa sobre el incendio del hotel noruego, con un saldo de catorce muertos y en
donde doscientos bomberos, soldados, policías y trabajadores de la Defensa Civil rescataron a los
huéspedes y controlaron el fuego.
He mencionado una serie de hechos como inundaciones, tempestades, delitos comunes, tráfico
de narcóticos, terrorismo, volcanes en erupción, terremotos, caída de aviones, huelgas, incendios,
etcétera, que son dignos de ser tenidos en cuenta.
Quiero agregar que en nuestro país las Fuerzas Armadas actúan en todas las elecciones políticas,
con lo cual se estaría en contra de la posición sustentada por el proyecto que consideramos.
Por último, deseo referirme al consejo de Seguridad Interior que se ha formado en Francia
durante el actual gobierno y que está integrado por cinco ministros: el ministro delegado a cargo
de la Seguridad Interior, de Justicia, de Defensa y de Relaciones Exteriores. Bajo la autoridad deí
primer ministro se consideran los problemas vinculados con el terrorismo, teniendo en cuenta
todas sus implicancias, aun las de carácter militar. Se afirma que no hay sociedad, no hay libertad
sin seguridad. La mayoría se ha comprometido ante el país a hacer respetar la primera exigencia
de la libertad que es poder vivir pacíficamente en el país; que todos los que no respeten la ley sean
impedidos de actuar y luego eventualmente sufran las consecuencias.
Hay otro elemento que me parece interesante y es muy breve. Es el orden del día N° 244,
que este cuerpo aprobó hace pocos días, referente a la lucha contra los estupefacientes. Dice el
artículo 47 de ese proyecto de ley que “en el caso de los artículos anteriores, cuando la seguridad
personal del condenado o procesado o de su familia lo requiera, el tribunal podrá disponer el
alojamiento del mismo y de su familia en una unidad militar…”. Esta posición ha sido apoyada
por todos los sectores e inclusive por el partido radical.
La Nación del 12 de agosto último publica una encuesta realizada en mayo con una cobertura
geográfica que abarca la Capital Federal, Gran Buenos Aires y los centros urbanos de Córdoba,
Rosario, Mendoza, Paraná y Tucumán. Se proponía a los encuestados el siguiente tema: “Algunas
personas piensan que las Fuerzas Armadas están para defender el país en caso de ataque desde el
exterior. Otras creen que también están para defenderlo de agresiones terroristas o subversivas
internas. ¿Qué cree usted?”
En mayo del año pasado no respondió a la requisitoria el 15 por ciento de los consultados,
mientras que en mayo de este año no lo hizo el 14 por ciento. Y los que respondieron lo hicieron
en la forma siguiente: que sólo deben intervenir en caso de ataque externo, en mayo de 1985 el 33
por ciento; en mayo de 1986 el 32 por ciento; que también deben hacerlo en caso de agresiones
internas, el 67 y el 68 por ciento respectivamente.
Es decir que la postura del gobierno radical no responde a lo que quiere el pueblo. El pueblo
quiere tranquilidad, que se sancione una ley que lo proteja y que proteja también a aquellos que
cometen delitos, para que nadie pueda hacerse justicia por mano propia.
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22 y 23 de octubre de 1986
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Señor presidente: llego así al final de mi exposición. En el proyecto que se discute, el Consejo
de Defensa Nacional, que reemplaza al Gabinete de Defensa Nacional, repite el mismo error de
no incluir a todos los ministros. Pero agrava la situación al agregar un grupo de legisladores en
esta máxima instancia militar, con lo cual los vuelca al plano ejecutivo. Tampoco se dice cómo
se elegirá a estos legisladores, y no se tiene en cuenta que ellos serán sustraidos del cumplimiento
de su cargo constitucional, porque por más que se diga que están facultados para integrar el
Consejo de Defensa Nacional, eso no es más que un juego de palabras, pues tendrán que actuar
en una tarea que les llevará todo su tiempo. Esto es también aplicable al caso del vicepresidente
de la Nación, que no puede estar en la órbita del Poder Ejecutivo porque no depende de él. Por
lo tanto, esto es inconstitucional.
Véase la gravedad de las funciones del Consejo de Defensa Nacional: asesorar al presidente de
la Nación sobre el planeamiento y asistirlo en la conducción integral de la guerra…
Sr. Nápoli.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Bravo Herrera.—No, porque ya termino.
También menciona el artículo 8º del despacho, entre las funciones del Consejo de Defensa
Nacional, asesorar y asistir al presidente en la determinación de los conflictos, de las hipótesis de
conflicto y de guerra, como así también en la adopción de la estrategia y en la coordinación de
los planes y acciones necesarios para su superación.
Debe tenerse en cuenta que los miembros del Consejo serán doce, lo que lo hace un organismo
totalmente grande e inconducible.
Por otra parte tendrá la obligación de proyectar un conjunto de leyes. Es muy posible que ocurra
que el Consejo le dé la misión material a otros para proyectar, con lo que de nuevo se crea la separación
entre realidad y ley. En ese caso podría caminar; de lo contrario, será imposible que doce
personas heterogéneas puedan legislar o proyectar algo. Además, es la primera vez que por ley se
dispone crear una comisión para que elabore una ley o varias, con lo cual se subvierte todo el orden
constitucional, que determina que las leyes emanan como proyectos del Poder Ejecutivo o de
cada una de las Cámaras, con algunas particularidades en lo referente a la Cámara de Diputados.
Este año se trató de formar una comisión integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del
Congreso. Fue debatido aquí y se llegó a la conclusión de que era imposible.
Sin embargo, ahora sancionamos finalmente una ley para que personas ajenas a nosotros
sancionen a su vez otra. Es un procedimiento completamente inconstitucional. Estamos creando
un nuevo modo de sanción de las leyes que es inaceptable.
Por otra parte, el cuadro que se ha hecho también es irreal porque la determinación de los
casos de conmoción interior de la Constitución Nacional —y con esto estoy haciendo una consideración
general— pueden entrar en cualquiera de sus previsiones, y puede haber otros no contemplados.
La Constitución se refiere a conmoción interior; no puede encasillarse en un cuadro
como ése, que incluso ha sido variado con respecto al proyecto.
En síntesis, desde un plano significa no un convenio sino simplemente —diría yo— la prevalencia
de un sector de senadores que hacen posible una ley que nunca tendría que aprobarse,
según los mismos antecedentes de la posición de estos legisladores en anteriores situaciones. Por
otro lado, se ha empeorado notoriamente la ley añadiéndole injertos que la tornan inoperable y
se somete a los legisladores a que declinemos nuestro primer deber, que es el de dar leyes por el
singular método de una ley que lo ordena.
Por otra parte, el presidente ha manifestado en el mensaje pronunciado el 1º de mayo de este
año en la Asamblea Legislativa, que iba a crear un consejo de asesoramiento para la defensa, un
comité de seguridad de frontera y una comisión que centralizara las inquietudes y propuestas sobre
educación, formación y capacitación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Resulta
entonces que cuando nosotros estamos por sancionar una ley de defensa, el presidente empieza
de nuevo a rebobinar sobre este tema y a dar vuelta toda la cuestión.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Dice: “Para el adecuado tratamiento de aquellos temas que exigen análisis especializado y decisiones
políticas coordinadas entre los organismos vinculados a la Defensa Nacional, se ha trabajado
en un anteproyecto de creación y funcionamiento de un consejo de asesoramiento para la
defensa, organismo ad hoc que cumplirá funciones de análisis permanente de los conflictos y su
seguimiento en todas las instancias críticas.
“La misión de este consejo será elaborar y proponer alternativas dirigidas a controlar y superar
las situaciones críticas por las que puedan atravesar los conflictos generados por agresiones
de origen externo.”
Es decir que el presidente está dando vuelta de nuevo toda la cuestión de la Defensa Nacional,
presentando la necesidad de crear nuevos órganos, por lo cual nosotros en realidad tendríamos
que detener el tratamiento de esto. No olvidemos que el presidente leyó este mensaje en el
Congreso el 1º de mayo.
Dice luego: “Dada la naturaleza de los problemas a analizar, se prevé que el organismo de
asesoramiento esté conformado por un equipo interdisciplinario de analistas provenientes del
ámbito civil y militar, con especialidad y experiencia en los temas requeridos por los problemas
a tratar…”.
Más adelante dice: “Con el propósito de dirigir, coordinar y supervisar las actividades conducentes
a proveer a la seguridad de las fronteras, ejercer la unidad de conducción de las Fuerzas de
Seguridad, lograr su complementación institucional, unidad funcional e integración operativa,
contribuir a desarrollar las capacidades de anticipación y respuestas adecuadas a la hipótesis de
conflicto que se determinen en la “zona de frontera” y atender a los requerimientos que pudieran
formularse en materia de seguridad interior, se elaboró un anteproyecto de creación de un
comité de seguridad de fronteras. Este comité asistirá en el tratamiento de los temas inherentes
a la responsabilidad del ministerio en la materia y comunes a los organismos que lo integran”.
Luego, expresa: “En este mismo marco se ha previsto la constitución y funcionamiento de
una comisión que centralice todas las inquietudes y propuestas vinculadas a temas de educación,
formación y capacitación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, a fin de que por un
lado evalúe con base en orientaciones y criterios emanados del más alto nivel de conducción y
por otro, actúe como órgano de enlace entre las fuerzas y el Ministerio de Educación y Justicia”.
Por tales motivos, señor presidente, puedo afirmar que el señor presidente de la Nación, tal
como surge del mensaje que pronunció ante la Asamblea Legislativa el 1º de mayo de este año,
dijo que se van a crear tres órganos de Defensa Nacional.
Entonces, ¿cómo podemos tratar ahora el proyecto del Poder Ejecutivo cuando éste está —y
perdóneseme la expresión— “rebobinando” la situación? Evidentemente, no podemos; creo que
tenemos que esperar.
De todos modos, considero que este proyecto se aparta de la tradición de lo que es una ley de
Defensa Nacional, puesto que no prevé, como lo hacen los proyectos anteriores —tanto el radical
como el justicialista— situaciones de suma importancia y, por lo tanto, yo estaré por su rechazo.
Por otra parte, como he presentado un proyecto que recoge las inquietudes del que fuera
presentado por el gobierno de la señora de Perón, por el gobierno justicialista del general Perón
en su primer período y también algunos puntos del proyecto del Poder Ejecutivo en lo que hace
a las Fuerzas Armadas, voy a pedir que se apruebe mi proyecto.
Considero, señor presidente, que el proyecto del Poder Ejecutivo es inviable porque no
asume la responsabilidad de la Defensa Nacional, sobre todo —esto es lo más importante— en
todos los órdenes.
Sr. Martiarena.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Martiarena.—Es para proponer, señor presidente, que pasemos a cuarto intermedio hasta
mañana a las 17.
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Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.
Sr. Nápoli.—Señor presidente: después de haber escuchado pacientemente extensos discursos
nos hemos ilustrado en este tema. En primer término, quisiera decir que hemos escuchado
con mucha atención todos los discursos y, sobre todo, la extensa exposición del señor senador
que acaba de hacer uso de la palabra. Pero también debo lamentar que en dos oportunidades he
pedido una interrupción y el señor senador me la ha negado.
De todas maneras, esto es nada más que a título episódico.
Sr. Bravo Herrera.—Permítame, señor senador…
Sr. Nápoli.—Ahora no le doy el uso de la palabra.
Sr. Bravo Herrera.—Entonces, estamos a mano.
Sr. Nápoli.—Estamos a mano: uno a uno.
Lo que quería significar es que si en la casa hay senadores vamos a continuar con el tratamiento
en general y después veremos, en ese caso, a la hora determinada, de pasar a un cuarto
intermedio hasta el día de mañana.
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Bravo Herrera.—Señor presidente: solicito que pasemos a un cuarto intermedio.
Sr. Nápoli.—Dado que hay en la casa algunos señores senadores que no están presentes en el
recinto, pido que se los llame para votar.
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Así se hará, señor senador.
—Se llama para votar.
Sr. Martiarena.—Señor presidente: es una propuesta razonable. Todos hemos estado en esta
sesión; pero ya estamos a medianoche…
Sr. Nápoli.—Ya están llegando los señores senadores.
—Se sigue llamando para votar.
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Hay dos mociones: una propuesta por el señor senador
Martiarena de pasar a cuarto intermedio hasta mañana y otra, por el señor senador Nápoli de
continuar el debate hasta terminar por lo menos el tratamiento en general.
Se va a votar la propuesta del señor senador por Jujuy.
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—La votación resulta negativa
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador Mathus Escorihuela.
Sr. Mathus Escorihuela.—Voy a hacer una moción de orden en el sentido de que se vote en
general el proyecto en discusión.
Sr. Martiarena.—Me opongo, señor presidente, porque se trataría de una especie de moción
mordaza porque somos varios los senadores que queremos intervenir en el tratamiento de este
tema. En ese caso, solicito que por Presidencia se indique qué senadores van a hacer uso de la
palabra.
Sr. Mathus Escorihuela.—De acuerdo con lo que me solicita el presidente de mi bloque,
retiro la moción que he formulado.
Sr. Rodríguez Saá.—¡Viva la disciplina!
Sr. Feris.—Viene la orden de Mina Clavero… (Risas).
Sr. Presidente (Otero).—Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.
Sr. Mathus Escorihuela.— Señor presidente: la exposición del señor senador preopinante me
ha conmovido; debo declarar con toda honradez que ha sido densa. De alguna manera, creo que

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
todos nos hemos sentido apabullados por la cantidad de información, por el detalle cronológico,
casi periodístico, de todos los desastres internacionales que han ocurrido y de los que nos ha
dado cuenta.
No obstante ello, aunque seguramente debemos sentirnos todos algo agobiados, trataré de
cumplir con mis compañeros de bloque, dada la responsabilidad que he asumido ante ellos, refiriéndome
al proyecto en discusión.
Señor presidente: en un país con larga tradición política, con profundas convicciones republicanas,
el tratamiento de una ley de defensa sería nada más que un tema importante junto a
otros del quehacer legislativo. Pero en nuestra conciencia y en la circunstancia histórica en esta
Argentina lacerada de posguerra, reencontrada al fin con sus instituciones, el tratamiento del
proyecto que nos ocupa tiene otras connotaciones.
No seríamos sinceros si no reconociéramos en este debate la carga política de nuestro pasado
reciente. Porque la ley de defensa que instrumenta las disposiciones constitucionales en miras a
proveer a la defensa común —siendo el problema que nos reúne— no constituye el fondo sustancial
de la discusión.
En la Argentina de hoy, el análisis de la ley de defensa importa, lisa y llanamente, una cuestión
de la mayor importancia y de la más honda significación: ésto es, abordar el tratamiento de las
relaciones históricas y funcionales entre el poder civil y el poder militar, es decir el control civil
del poder militar.
Es cierto que se ha analizado y se seguirá haciendo, si las Fuerzas Armadas son un instrumento
del poder civil o no; si son un factor en las decisiones del gobierno, o un elemento regulador
de la política general, o no lo son. Pero más que todo eso hoy queremos dar las razones
políticas y constitucionales suficientes para reafirmar el pleno ejercicio de las potestades gubernamentales
y la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil legítimo y constitucionalmente
constituido.
Quiero afirmar desde ya que nuestra sociedad no puede —ni podría hacerlo válidamente—
desconocer la importancia final de las Fuerzas Armadas en la preservación de nuestra integridad
territorial como órgano armado de la Nación.
Pero ellas tienen características especiales que es necesario analizar breve y globalmente para
poder advertir la confusión de roles que se ha operado en nuestro pasado y que, a través del instrumento
que hoy votaremos, debe quedar definitivamente superada. Y es esa confusión de roles
la que ha motivado todas las quiebras y los desencuentros institucionales —civiles y militares—
en el pasado histórico de los argentinos.
Para contar con Fuerzas Armadas modernas incorporadas a los cambios científicos y tecnológicos
que el mundo de hoy nos exige, que promuevan el desarrollo y la unidad nacional bajo el
amparo de la Constitución, tenemos que realizar este análisis casi autocrítico.
Nuestras Fuerzas Armadas, al igual que muchas otras del mundo, se caracterizan por su espíritu
de cuerpo y su conciencia colectiva. Ese espíritu de cuerpo se refleja con rasgos nítidos en
cada fuerza y, además, en cada arma; sus integrantes lo viven como algo útil e importante y tratan
de conservarlo en el transcurso del tiempo como una tradición.
Esta formación de su conciencia profesional, de su sistema de creencias, se vincula con la idea
que ellos mismos tienen respecto del Estado y de la importancia de su inserción en el mismo.
De ahí que la noción de orden interno y el concepto de seguridad exterior constituyen para
los integrantes de las Fuerzas Armadas en general los pilares básicos de la conciencia militar.
En este orden de ideas puede señalarse que la institución militar constituye, de acuerdo con
esta concepción, un poder del Estado, aunque no el único. A través del análisis de la personalidad
de las Fuerzas Armadas puede deducirse que existe una teoría del orden interno respecto de la
protección de la sociedad contra los peligros de adentro y de afuera, de donde surge la noción que
tienen sus integrantes de la Defensa Nacional.
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Estos rasgos descriptivos de su modo de ser se complementan con su educación, con la formación
que se les imparte y con el sentido mismo de su misión.
La educación que reciben es de tipo estamental, cerrada, y conforma un verdadero claustro
necesariamente de índole autocrático, debido a que la propia naturaleza de la función que cumplen
se lo exige. No pueden elegir; no existe libertad; las órdenes son dadas para que se cumplan;
el mando se ejerce y el cumplimiento del deber constituye para cada uno de sus miembros una
obligación ineludible.
Tampoco existe la igualdad porque ésta atenta contra la jerarquía elemento fundamental de
la organización militar. La desigualdad es la base condicionante para el mantenimiento del orden
jerárquico.
Por lo expuesto, resulta indebido introducir el concepto de la democracia en el ámbito de las
Fuerzas Armadas, porque estaríamos incorporando un concepto eminentemente político en un
campo que es fundamentalmente técnico y funcional.
¿Cuál es la función y la misión de las Fuerzas Armadas en este contexto? Si ellas constituyen
una creación del Estado como un poder para asegurar su existencia, resulta fácil explicar que su
misión no puede ser otra que la de defender a la Nación contra el enemigo externo, eventualmente,
contra el enemigo interno. Por ello, tienen un sistema de autoridad, de mando, de juzgamiento
jerárquico, que asegura todo el manejo y funcionamiento de su estructura administrativa.
Vemos entonces, a través de este somero análisis descriptivo de las Fuerzas Armadas, que
estamos frente a una verdadera confusión de conceptos y de ideas sustanciales, frente a una confusión
de roles que explica realmente esta tergiversación respecto de lo que un sector importante
de la sociedad debe hacer. Esta situación sin embargo, nos permite explicar el por qué de tantos y
tantos desencuentros en la sociedad argentina del último medio siglo de nuestra historia.
¿Cómo revertir y promover un cambio de mentalidad y de concepción que nos posibilite, en
última instancia, insertar a las Fuerzas Armadas en el lugar y para la función que deben cumplir
en el marco de un Estado moderno, bajo la vigencia del estado de derecho, en un régimen de
gobierno democrático, pluralista y solidario? Pienso, sinceramente, que el modo de hacer este
cambio es inculcándole a sus componentes cuál es el objeto fundamental de las Fuerzas Armadas
dentro de la organización del Estado y cuál es su misión específica en la guerra y en la paz.
Concretamente, estoy haciendo referencia a la formación educacional y cultural de nuestros
hombres de armas. Este es un tema de indudable actualidad, máxime cuando estamos frente a
la realización del Congreso Pedagógico Nacional, que somos llamados a producir los cambios
estructurales que necesita el sistema educativo nacional.
Creo que nuestros jóvenes con vocación militar deben cursar sus estudios de otro modo;
deberían completar obligatoriamente sus estudios secundarios en los colegios oficiales, deberían
cumplir obligatoriamente el ciclo básico de nuestras universidades oficiales antes de ingresar a
los colegios militares y creo, sinceramente, que los liceos militares no se justifican y que deben
cerrarse, no sólo por razones de economía sino, y fundamentalmente, por cuestiones de superposición
pedagógica, lo que los hace absolutamente innecesarios.
Reitero que debería ingresarse a los respectivos colegios militares una vez cumplido el ciclo
básico común en las universidades nacionales, para recién entonces acceder de lleno al cumplimiento
de esa alta vocación. Creo que los militares también deberían continuar vinculados al
mundo civil, haciendo cursos de especialización en los centros de estudios oficiales, y concurriendo
a las universidades a cursar algunas materias para poder comprender así, a lo largo de
su formación, cuál es la visión global de la sociedad argentina y cuál es el país real que viven, de
manera que adviertan cuál es la misión que ellos deben desempeñar junto a los otros integrantes
de la sociedad, sin tergiversar los roles.
El control civil del poder militar está fundado en la reforma educacional de las Fuerzas
Armadas para que sepan por qué existe el Estado, cuáles son las fuentes legítimas del poder y

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para que comprendan y compartan, definitivamente y para siempre el hecho de que el desarrollo
progresivo y ordenado de la paz solamente radica en el cumplimiento y en el respeto irrestricto
de la Constitución, que es la única garantía de paz y de justicia.
También debemos reafirmar la inconveniencia absoluta de la intervención de las Fuerzas
Armadas en el quehacer político; la política en su más alta expresión, como arte superior de
gobernar, tiene también un ingrediente principal que nosotros, hombres de la política al fin, no
podríamos negar jamás, es el instante de la confrontación de las ideas en la lucha por el ejercicio
del poder. Y si llegáramos a aceptar que los militares no deben ser indiferentes ante el acontecer
político, estaríamos abriendo un canal de participación que no es saludable ni a las Fuerzas
Armadas como institución ni al sistema institucional en sí mismo.
Por eso los generales Roca y Riccheri en el pasado sentaron la tesis acertada de la no intervención
de las Fuerzas Armadas en la política de principios de siglo, porque cada vez que ocurrió
lo contrario las conducciones de cada fuerza afrontaron el problema de volver a encauzar a sus
miembros y a sus mandos en la disciplina normal sin desautorizarse a sí mismas.
¿Cómo evolucionó la política militar y la formación de nuestros hombres de armas? ¿Cuál
fue el tipo de ejército que irrumpe en la escena política nacional hacia 1930, marcando el fin de
una era en nuestro país? ¿Qué relación tenía el ejército de 1930 con la sociedad argentina de esa
época?
Es obvio que era un ejército distinto al de la campaña del desierto. Era un ejército diferente
al que intervino en la guerra con el Paraguay. Los oficiales ya no eran los hombres que habían
aprendido su profesión en el campo mismo de batalla. Son oficiales egresados de los colegios
militares, en donde la vida militar había sufrido una profunda transformación a principios
de siglo, fundamentalmente durante la segunda presidencia de Roca, con la sanción de la ley
Riccheri.
Al servicio militar obligatorio debe sumarse como un hecho determinante la organización de
la Academia de Guerra, dirigida en ese entonces por un general alemán, y en donde la mayoría
de los profesores también eran alemanes.
Es la época en que se crean la Escuela de Guerra y el Instituto Geográfico Militar. Simultáneamente
oficiales argentinos recibían cursos de especialización en Alemania, siendo —vale la pena destacarlo—
el más brillante entre ellos el general José F. Uriburu.
Hacia 1930 las ideas totalitarias engendradas en el fascismo italiano, difundidas en gran parte
de Europa, habían adquirido gravitación en sectores sociales y políticos de la Argentina; así, podemos
señalar que la inestabilidad política y la dominación militar en el campo gubernamental
es el fruto de una larga gestación. La formación doctrinaria que recibe el nuevo ejército argentino
en ese entonces servirá de sustento a los sectores civiles que siempre han impulsado los golpes de
Estado en el país.
Recordemos, de paso, que ya en 1922 Leopoldo Lugones abogaba por el establecimiento de
una organización paramilitar contra el parlamentarismo y proclamaba a los cuatro vientos que
había llegado en el país la hora de la espada.
Y desde entonces hasta ahora siempre existieron epígonos de Leopoldo Lugones que tratan
de cubrir, bajo la apariencia de la lucha contra los enemigos del ser nacional, sus ideas totalitarias.
Quiero hacer aquí un breve paréntesis porque tengo la necesidad política de recordar a dos
grandes hombres de nuestras propias filas. Me refiero a Dellepiane y a Lebensohn. Murieron
jóvenes, pero nos dejaron muchas enseñanzas. Los trabajos que para FORJA produjo Dellepiane
o sus discursos parlamentarios o los mensajes que Lebensohn expusiera en los diversos congresos
partidarios, constituyen verdaderas banderas de la revolución democrática y popular de la Unión
Cívica Radical.
Lucharon por una doctrina auténticamente nacional, estuvieron en contra de la infiltración
foránea y demostraron fehacientemente que el radicalismo era verdaderamente la corriente
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histórica de la emancipación nacional y, que la revolución radical, partiendo del hombre y del
respeto irrestricto de su libertad, constituía una creación ética indivisible.
Contra esta concepción se levantaron, a lo largo del tiempo, los nacionalismos oligárquicos
fascistas inspirados en Maturas, Mussolini y Primo de Rivera, doctrinas que sirvieron para derrocar
a Hipólito Yrigoyen.
Pero lo cierto, señor presidente, es que desde aquellos intentos corporativos de los años ‘30
hasta 1983, nuestras Fuerzas Armadas han constituido el eje de un péndulo ideológico de los más
diversos signos, pero que puede exhibir como denominador común el haber confundido siempre,
en todos los tiempos, el objeto, la función y la misión de nuestras Fuerzas Armadas, es decir,
el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina.
De todo hubo en el transcurso de medio siglo, para las Fuerzas Armadas en la historia argentina.
Primero, se las hizo adherir a las concepciones ideológicas del totalitarismo fascista; más
tarde fueron progermanófilas; luego adquirieron a las doctrinas de la “tercera posición” del general
Perón. Más tarde, el acontecer político las hizo antiperonistas y anticomunistas en el marco
de la “revolución libertadora” y adhirieron incluso al sistema democrático del mundo occidental
y cristiano, como si por rara paradoja, la democracia sólo fuera privativa del cristianismo y de
Occidente.
Cuando adviene Frondizi al gobierno, jaqueado por múltiples conflictos políticos e ideológicos,
no puede definir su adhesión a los Estados Unidos.
Durante nuestro gobierno, el doctor Illia intentó delinear una política internacional independiente,
negando el envío de tropas a Santo Domingo para no convalidar la invasión. No obstante
a pesar de ello, todos los cambios ideológicos reseñados, nos faltaba aún conocer el contenido
y los alcances de la famosa doctrina de la Seguridad Nacional. No interesa aquí puntualizar si la
doctrina fue enunciada por primera vez por los obispos en Medellín o si ello correspondió al discurso
de Onganía en West Point o lo había hecho Pistarini como comandante en jefe del Ejército.
Lo que importa es que en 1966 nuestra política interna está signada por la doctrina de la
Seguridad Nacional; según las palabras de Onganía en West Point, el apoliticismo de las Fuerzas
Armadas implicaba que no podían ni debían apoyar un gobierno que contradijera sus misiones
fundamentales.
A partir de la gestión Onganía, el Ejército es puesto al servicio de Occidente y, de allí, las
famosas “fronteras ideológicas”, en donde se propicia la alianza del Ejército Argentino con el
brasileño para combatir a la subversión.
Por aquellos entonces, la suerte de la democracia argentina estaba echada definitivamente.
Se quebró el orden constitucional y yo afirmo aquí que este golpe es, sin lugar a dudas, la causa
directa de todos los males que ha sufrido el país desde 1966 en adelante.
La llamada ley de Defensa Nacional de octubre de 1966, que se inspira en la doctrina de West
Point, es la tesis central de la Seguridad Nacional que define el rol de las Fuerzas Armadas en los
países periféricos como ejércitos de ocupación.
Esta “Revolución Argentina” fue el antecedente inmediato del proceso de reorganización nacional,
que por ser una experiencia lacerante tan cercana a nosotros no la vamos a analizar más
de lo que ya opinó el pueblo argentino al respecto. Este “proceso”, que no cesó de prometernos
la paz, terminó con una guerra, justa en sus objetivos, pero absurda en los hechos, por una evaluación
errónea de la relación de fuerzas internacionales, que nos enfrentó a casi medio mundo.
La breve descripción de la historia de las relaciones entre el poder civil y el poder militar no
ha tenido otra finalidad más que la de reafirmar los principios fundamentales que sustentan el
proyecto de ley en discusión, que por sobre todas las cosas, quiere ser una síntesis superadora,
recogiendo las enseñanzas de nuestro pasado.
El señor senador Berhongaray nos ha ilustrado con detalle y precisión y con fundamentos
más que suficientes sobre los principios del despacho en discusión y su contenido. Pero basta

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señalar que intentamos reafirmar en el marco de la Constitución Nacional la jefatura del Poder
Ejecutivo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro concepto del rol de las
Fuerzas Armadas en el conjunto de las funciones del Estado y su inserción dentro del gobierno,
pero fundamentalmente deseamos remarcar una clara delimitación de la cadena de mandos que
posibilite en última instancia lo que nunca se hizo, o lo que muchas veces se hizo mal la doctrina,
el planeamiento y la acción conjunta, que es lo que en definitiva otorgará eficiencia al obrar de
nuestras Fuerzas Armadas, una mayor economía de medios y la posibilidad de proyectarlos al
nivel de profesionalidad y de modernización que exige el mundo tecnológico de hoy.
Estos principios fundantes del proyecto en discusión, conforman nuestra filosofía en la
materia.
Con respecto a las disposiciones constitucionales decimos simplemente que son tan claras y
sabias que el proyecto casi no hace más que recogerlas.
Para finalizar, deseo referirme muy brevemente a la tarea y a la actividad de inteligencia.
Considero un acierto que los órganos de inteligencia deban estar encuadrados en una ley específica
que contemple las distintas facetas y actividades de este importante quehacer que es la
seguridad del Estado. Cuando tratemos ese proyecto de ley deberemos tratar de erradicar cierto
“espontaneísmo” y cierta independencia que caracteriza a los servicios de inteligencia nacionales.
Confieso que me resultó difícil llegar a saber cuáles eran los servicios de inteligencia de nuestro
país, lo cual contrasta en forma grosera y absurda con la organización de la inteligencia en otros
países institucionalmente más avanzados que el nuestro; esto es lo que tenemos que modificar.
Un breve análisis de la realidad de otros países nos muestra que difícilmente pueda imaginarse
en ellos la práctica, desgraciadamente habitual en nuestro pasado reciente, de abrir oficinas
clandestinas por parte de cualquier fuerza armada con la finalidad de lograr información e inteligencia
sobre los más diversos aspectos, que no necesariamente buscan finalidades coherentes
con los objetivos políticos del gobierno,
En esta materia hay un argumento que no comparto. Se dice que la actividad de inteligencia
no debe ser escindida entre inteligencia estratégica nacional e inteligencia militar. Tal vez en algunas
actividades de la inteligencia como el contrasabotaje o el contraespionaje, esto puede ser
cierto, pero en todo caso el tema puede ser salvado por la ley que oportunamente considere y
unifique los criterios sobre la inteligencia,
Finalmente, quiero referirme a las actividades industriales y empresarias de las Fuerzas
Armadas. Hoy se requiere una definición de políticas para transformar el actual aparato militarindustrial
en un elemento integrado y dinamizador del crecimiento económico del país y una
definición de los campos específicos donde el Ministerio de Defensa deba insertar su actividad
de investigación, desarrollo y producción vinculada a la capacidad militar propiamente dicha.
Por eso, la ley orgánica de producción para la defensa resulta necesaria, porque una política
de producción de este tipo incluye como premisa la necesidad de que el país cuente con un sistema
económico de producción desarrollado. Necesita que se produzcan y se generen las industrias
básicas, principalmente, petroquímica y siderurgia porque tienen una enorme influencia en
la formación del costo industrial de todo el sistema productivo argentino. Y no es viable un programa
de desarrollo económico del país que no tome en cuenta las industrias del sector militar.
Creemos entonces necesaria la formación de un verdadero sistema de industrias de equipamiento
para la defensa con una mínima participación del Estado y con una preponderante
actividad privada, estimulando la concentración de las mismas para obtener mayores economías
de costos.
Señor presidente: estamos en la tarea de afianzar definitivamente el régimen democrático, de
romper las estructuras del atraso, de la postergación y de la dependencia, en el marco de nuestra
vocación de unidad latinoamericana para poder acceder al mundo científico y al mundo tecnológico
de hoy. Las Fuerzas Armadas tendrán un instrumento, que les permitirá cumplir con
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el papel que la sociedad y el Estado les han asignado, pero tenemos que hacer honradamente el
intento de superar esta división entre civiles y militares; profesionalizar, en síntesis, la conciencia
militar y desmilitarizar la conciencia de la sociedad.
La unidad nacional, la tan mentada unidad nacional, presidida por el Estado, es la que nos
permitirá superar aceleradamente el estancamiento. Por eso queremos terminar con el militarismo:
para conformar una sociedad armónica dentro de la Constitución y en el marco del estado
de derecho.
Como expresara nuestro presidente en diciembre del año pasado: “Es necesario cambiar la
mentalidad arraigada en nuestra sociedad, eliminar sus componentes de autoritarismo, de intolerancia,
de egoísmo, de predisposición a la compartimentación sectorial y de ineptitud para el
diálogo: en cuanto a nosotros, los radicales, debemos comprender que debemos estar a la altura
de esta misión”.
Creemos que esta ley es la mejor contribución que nosotros, como legisladores oficialistas,
podemos hacer al país. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.
Sr. Leconte.—Señor presidente, señores senadores: al entrar a tratar esta ley de Defensa
Nacional conviene evocar la preocupación que este tema trajo a nuestros constituyentes de
1853, que en numerosas disposiciones de nuestra Carta Magna fijaron conceptos que hacen a
la Defensa Nacional, a las facultades del Congreso y del Poder Ejecutivo para tomar medidas en
materia militar y de defensa.
Es así como en el artículo 67, incisos 21 a 25 se establece con toda precisión las facultades del
Congreso en esta materia. Y en especial quiero referirme a los incisos 15 a 17 del artículo 86 de la
Constitución Nacional, que establecen las atribuciones del presidente de la Nación.
Para ser preciso, voy a leerlos. El inciso 15 dice: “Es comandante en jefe de todas las fuerzas de
mar y de tierra de la Nación”. El inciso 16 dice: “Provee los empleos militares de la Nación: con
acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores del Ejército
y Armada; y por sí solo en el campo de batalla”. El inciso 17 establece lo siguiente: “Dispone de
las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las
necesidades de la Nación”, concepto amplio y fuerte que nos está estableciendo las pautas claras
de las cuales no podemos salir.
El inciso 18 habla de la declaración de guerra y el 19 de la declaración del estado de sitio.
Con relación a estas disposiciones, dice Linares Quintana: “Los poderes militares son el sistema
de atribuciones vinculadas con la existencia, la organización y el funcionamiento de las Fuerzas
Armadas, que la Constitución Nacional ha asignado exclusivamente a los poderes Legislativo y
Ejecutivo con el propósito esencial y específico de la defensa de la patria y de esta Constitución,
de acuerdo con los términos del artículo 21 de esta última.
“Preferimos —dice el autor— la denominación de poderes militares a la usualmente empleada
de poderes de guerra, pues aquélla es más genérica, comprendiendo además los poderes
en tiempo de paz.”
Es una cita del Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado,
Editorial Alfa, Buenos Aires, 1963, tomo IX, página 373, sumario 6.001.
Pero estas no son las únicas normas constitucionales que se refieren a la materia. Así,
el artículo 6º faculta al gobierno federal a intervenir en el territorio de las provincias para
repeler invasiones. El artículo 21 establece el deber de todo ciudadano de armarse en defensa
de la Patria y de la propia Constitución. El artículo 23 permite declarar el estado de
sitio frente a una conmoción interior o ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio
de la Constitución y de las autoridades por ella creadas. El artículo 103 califica de traición a
la Nación la acción de tomar las armas contra ella o de unirse a sus enemigos prestándoles
ayuda y socorro. El artículo 108 prohíbe a las provincias armar buques de guerra o levantar

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ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita
dilación.
Frente a esto, sorprende el texto del proyecto que analizamos, que ha sido explicado por el
miembro informante de la mayoría.
En el artículo 1º del proyecto de la mayoría se establece una disposición perogrullesca. Esta
ley de defensa tiende a proveer a la defensa común, conforme al enunciado del Preámbulo de
la Constitución. Estimo que no es necesaria esta disposición ya que no agrega ni quita nada a la
prescripción constitucional.
Pero el tema controvertido, al cual se ha referido ya el senador Bravo Herrera, se vincula
con el texto del artículo 2°, que dice: “la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada
de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación para enfrentar las agresiones de origen
externo”. Esta disposición, sin duda tomada del modelo español, como bien reconocía el señor
senador Berhongaray, es un reflejo del artículo 2º de la ley de defensa de España.
Pero, ¿qué dice la ley de defensa de España? Textualmente, expresa “La Defensa Nacional es la
disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales
de la Nación ante cualquier forma de agresión”.
Y, ¿qué dice nuestro artículo 2º? Establece “La Defensa Nacional es la integración y acción
coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones
de origen externo”.
La diferencia entre el modelo español y el proyecto que analizamos indica una limitación que
cierra la clara y terminante disposición del inciso 17 del artículo 86, que faculta al presidente de
la República para disponer de las fuerzas imitares, marítimas y terrestres, y correr con su organización
y distribución según las necesidades de la Nación, sin hacer distinción entre internas y
externas.
El señor senador Bravo Herrera hizo una minuciosa descripción de una cantidad de peligros
que hoy entraña en la vida moderna la subversión y los brotes de terrorismo interno que hacen
correr peligro a la soberanía de la Nación, aunque sea una agresión externa disfrazada.
Nosotros nos preguntamos: ¿es interna o externa la agresión de los tupamaros, de los montoneros,
del ERP, de Sendero Luminoso, del M-19 en Colombia o de las asociaciones ilícitas de
subversivos y organizaciones delictuales, como lo son la de los traficantes de narcóticos que se
alían, como en Colombia, para agredir al poder?
Este es un peligro que ya ha sido denunciado en el Parlamento en otra oportunidad. Me voy
a permitir repetir textualmente palabras mencionadas en este Congreso en octubre de 1965.
Entonces se dijo: “La agresión subversiva o guerra revolucionaria se interpone a la autenticidad
nacional para contagiar la revolución con los ingredientes ideológicos y los impulsos extranjeros
de la guerra revolucionaria”. Y se agregaba: “Por otra parte, la guerra revolucionaria, necesariamente,
provoca la guerra. Hasta ahora fue la guerra convencional; mañana nadie sabe cómo
será”. Palabra premonitoria, que con sangre el país vivió posteriormente.
Y dijo más adelante este legislador: “Sabemos que el comunismo en todas sus formas es enemigo
de la democracia representativa y que procura socavar sus cimientos para posibilitar el acto
de fuerza que le permita implantar el sistema… Siempre su advenimiento se ha realizado a través
del acto de la fuerza. Por eso la democracia representativa está permanentemente amenazada por
la guerra subversiva, acto de fuerza por el cual se pretende imponer el comunismo en América y
en el mundo”.
“Declaramos —decía el legislador— que estamos dispuestos a combatir al comunismo en el
plano ideológico y que también estamos firmemente decididos a combatirlo en el terreno de la
guerra cuando elija ese camino”.
Estas palabras, del entonces diputado Raúl Alfonsín —hoy presidente de la República— nos
hace pensar en una dicotomía sorprendente entre esa claridad de conceptos y este proyecto del
701
1986

22 y 23 de octubre de 1986
702
Ejecutivo que limita la acción de la defensa a la agresión externa, dejando de lado el peligro que
con tanta claridad él decía entonces —y nosotros compartimos hoy— de la agresión que constituye
la subversión marxista, que pretende la conquista del poder a veces mediante la infiltración
y otras por la fuerza.
Sr. Berhongaray.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Leconte.—Sí, señor senador.
Sr. Berhongaray.— Como ha sido aludido nuestro presidente…
Sr. Leconte.—Ha sido aludido bien.
Sr. Berhongaray.—Ha sido aludido bien pero nuestro presidente no ha cambiado de
pensamiento.
Aquí hemos dicho con toda claridad que una cuestión es una ley de defensa y otra una ley
contra el terrorismo. Nosotros no negamos ni somos tan ingenuos —creo que lo dijimos con
estas mismas palabras— de creer que mañana no pueda existir un rebrote guerrillero o actos
de terrorismo. Pero señalamos que en todos los países serios, modernos y más desarrollados,
una cosa es la ley de defensa y otra las leyes antiterroristas. Además, reafirmamos las facultades
presidenciales de disponer de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las necesidades de la Nación,
las que detallamos en el artículo 5º al hacer referencia a los incisos 15 y 17 del artículo 86 de la
Constitución Nacional.
Deseo que esto quede absolutamente en claro. No negamos la posibilidad de que esos hechos
vuelvan a ocurrir ni limitamos las facultades presidenciales. Simplemente deseamos que quede
en claro que una es la ley de defensa y otra las disposiciones legales especiales para combatir el
terrorismo, el narcotráfico o cualquier otro delito o grave problema que ocurra en la República.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre ley de defensa, limitaba por su artículo 2º el
objetivo de la defensa a las agresiones exteriores, con lo que estaba puntualizando con toda claridad
lo que acabamos de explicar. No confundamos leyes antiterroristas con leyes de defensa.
Pero tenga la seguridad el señor senador de que ni Alfonsín ni ningún funcionario o presidente
argentino que surja de gobiernos populares va a crear un estado de indefensión cuando ocurra
esa circunstancia en la República. En ese caso, vamos a usar todos los medios que constitucionalmente
tiene el país para defenderse de ese tipo de agresiones.
El artículo 2º de la ley española que usted citó, cuando se refiere a la agresión de toda índole,
lo hace en los términos que definieron las Naciones Unidas en el año 1974 y que ya cité en mi
exposición.
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Continúa en el uso de la palabra el señor senador por
Corrientes.
Sr. Leconte.—Continúo con mi exposición, señor presidente.
No comparto el criterio ni la explicación del señor senador Berhongaray, si bien pretende
traernos tranquilidad con relación a la intención del señor presidente.
Si la ley aplica el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución según lo establecido en el artículo
5º —la Constitución está por encima de la norma—, ¿para qué está el artículo 2º? Es letra muerta
o mera declamación sin sentido. Es un signo de confusión que no mejora sino que perturba,
confunde y significa un retroceso.
Me halaga saber que el presidente de la República está dispuesto a usar todo el poder de la
Nación en su defensa contra la subversión. Pero entonces me pregunto: ¿por qué poner esta
norma que desnaturaliza lo que afirma?
Voy a continuar con la exposición que estaba realizando. Quiero aclarar, además, que si es
intención del Ejecutivo dictar una ley especial contra el terrorismo, que lo haga y que especifique
algunos aspectos. Pero no hay por qué poner en una ley de defensa que hace al sentido del resguardo
nacional contra cualquier agresión esta norma que limita y además es letra muerta frente
al artículo 5º.

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
¿Qué es esto? Un compromiso, una mascarada, una especulación política. No quiero pensar,
porque confío en la seriedad del presidente de la República y en la bancada que lo propicia. Pero,
por lo menos, debo decir que esta norma no mejora la legislación, sino que siembra confusión.
Y continúo, señor presidente. Creo que éste es un hecho negativo, la hipótesis de agresión
más común en este mundo del terror atómico a que con tanta precisión se refirió el señor senador
Berhongaray, hace que las ansias de dominación se canalicen a través de la infiltración ideológica
o la subversión, que por medio de hombres y disfraces de un seudo sentido nacional, pretenden
la conquista del poder, para apoderarse de él, como con tanta claridad y visión lo señaló
el entonces diputado Alfonsín. Aspiro y hago votos para que esa expresión visionaria permanezca
durante su gestión como presidente de la República.
Sr. Brasesco.—Tenga la plena conciencia de que así será, señor senador.
Sr. Leconte.—Tenía previsto extenderme más en la consideración de este concepto y en la
crítica que he formulado, pero las profusas citas hechas por el señor senador Bravo Herrera me
eximen de insistir en el tema.
Considero que la cuestión está planteada con claridad. Por lo expuesto, discrepo con este
proyecto de ley que no considero serio en estos términos. Comparto el criterio con que fue
redactado el artículo 5º, que reproduce las facultades de la Constitución, porque contempla en
plenitud el ejercicio de las facultades que tiene el presidente de la República y que no debemos
disfrazarlas ni limitarlas con ninguna norma como la del artículo 2°.
Además, quiero señalar que en este proyecto de ley existe una buena elaboración con relación
al comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Conforme se establece en el título III
“Organización de las Fuerzas Armadas”, se dispone el sistema de los Estados Mayores Generales
de cada fuerza y del Estado Mayor Conjunto, que unifica la conducción de las Fuerzas Armadas,
supliendo viejas fallas que quedaron en evidencia, especialmente en el episodio de Malvinas, y
que en este aspecto significa un avance considerable.
Por las consideraciones expuestas, en la votación en general manifestaré mi voto en contra de
esta iniciativa. En la consideración en particular, apoyaré los artículos que considero correctos,
y los demás los votaré en contra.
Creo que es nuestro deber, en esta hora en la que todos debemos contribuir a mejorar la legislación,
a afirmar las instituciones, a trabajar en común por el país, cuando más nos debemos
sentir hermanados por encima de las viejas luchas que nos separaron. Es conveniente afinar la
puntería en la elaboración de la nueva legislación que regirá nuestra vida.
Quiero agregar algo más respecto de las palabras vertidas por el señor senador por Mendoza,
cuando hizo la crítica de las palabras del general Onganía en West Point. Si bien se trata de una
figura con la cual no simpatizo, debo decir que en la misma jornada en la Cámara de Diputados
—en octubre de 1965— el entonces diputado Alfonsín alabó la posición sostenida por el general
Onganía en su discurso en West Point.
Con estas palabras fundo mi posición sobre este proyecto de ley que estamos considerando.
2
Moción de cuarto intermedio
Sr. Saadi.—Pido la palabra.
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.
Sr. Saadi.—Dado lo avanzado de la hora y como hay varios señores senadores que desean
hacer uso de la palabra, propongo que pasemos a cuarto intermedio hasta luego, a las 11.
703
1986

22 y 23 de octubre de 1986
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Se va a votar la moción formulada por el señor senador
por Catamarca.
—La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.—Invito a los señores sensores a pasar a cuarto intermedio hasta luego, a las
11.
—Es la 0 y 59 del jueves 23 de octubre de 1986.
MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos
704
Fuente: Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones del 22 y 23 de octubre de 1986, pp. 3484-3570.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia
Legislativa y Parlamentaria. Departamento de Información argentina y atención al usuario.

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor Víctor Hipólito Martínez;
del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor Edison Otero; del
señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor Carlos E. Gómez Centurión,
y del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor
Fernando de la Rúa
Secretarios: doctores Antonio J. Macris y Leonardo Justo Palomeque
Prosecretarios: doctor Alberto J. B. Iribarne y señor Desiderio Laureano Almirón
Senadores presentes:
ALMENDRA, Ramón A.
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
CASTRO, Jorge A.
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN,
Carlos E.
GURDULICH de CORREA,
Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA,
Arturo I.
LAFFERRIÉRE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES,
Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio j.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SALIM, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SIGAL, Humberto C.
TRILLA, Juan
VELÁZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
VILLADA, Francisco R.
Ausente, con licencia:
CELLI, Felipe
Ausentes, con aviso:
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro. A.
MATHUS ESCORIHUELA,
Miguel
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
VIDAL, Manuel D.
Sumario
1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en los siguientes
proyectos de ley: en revisión sobre Defensa Nacional; del señor senador Amoedo; de los señores
senadores Gurdulich de Correa y Saadi, y del señor senador Bravo Herrera, todos ellos sobre el
mismo tema (C.D.-84/85, S.-560/85, 657 y 686/86). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 3574).
705
1986

23 de octubre de 1986
706
2. Asuntos Entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 3609).
II. Comunicación de la Presidencia de la Nación. (Pág. 3609).
III. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 3609).
IV. Comunicaciones oficiales. (Pág. 3622).
V. Dictámenes de comisiones. (Pág. 3623).
VI. Peticiones particulares. (Pág. 3625).
VII. Proyecto de declaración del señor senador Bittel por el que se asigna interés cultural a
una muestra de escultura dedicadas a Eva Perón (S.-794/86). (Pág. 3826).
VIII. Proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se piden informes acerca
del funcionamiento del Mercado Central de Buenos Aires (S.-796/86). (Pág. 3626).
IX. Proyecto de ley del señor senador Velázquez por el que se determinan zonas de
seguridad para la defensa en el territorio de la Nación (S.-797/86). (Pág. 3627).
X. Proyecto de declaración del señor senador Saadi de oposición a la privatización de la
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (S.-799/86). (Pág. 3632).
XI. Proyecto de ley de los señores senadores Martiarena y Benítez por el que se incorpora el
personal del cuerpo de guarda-parques nacionales al régimen provisional establecido
por el decreto 15.943 (S.-800/ 86). (Pág. 3933).
XII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Martiarena y Benítez por el que se
solicita la adopción de las medidas necesarias para lograr el correcto funcionamiento
de las escuelas técnicas municipales Raggio, de Núñez, Capital Federal, y la prevención
de su deterioro (S.-801/86). (Pág. 3635).
XIII. Proyecto de ley de la señora senadora Malharro de Torres y otros señores senadores
por el que se asigna carácter de titular a personal docente interino (S.-802/ 86). A
pedido de la señora senadora Malharro de Torres se resuelve recomendar pronto
despacho a la Comisión de Educación. (Pág. 3635).
XIV. Proyecto de ley de los señores senadores Benítez y Martiarena por el que se otorga
un subsidio a la Cooperadora de la Escuela Nº 221, Unión Latinoamericana, de San
Pedro, Jujuy (S.-803/86). (Pág. 3636).
XV. Proyecto de ley de los señores senadores Benítez y Martiarena por el que se otorga
un subsidio al Club Atlético San Pedro, de San Pedro, Jujuy (S.-804/88). (Pág.
3636).
XVI. Proyecto de resolución del señor senador Velázquez por el que se dona un busto del
general Belgrano a la localidad de Candelaria, Misiones (S.-805/86). (Pág. 3637).
XVII. Proyecto de ley de los señores senadores Saadi y Otero por el que se prorroga el plazo
fijado por el artículo 75 de la ley 23.298 (orgánica de los Partidos Políticos) S.-
806/86). (Pág. 3637).
XVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita la creación
de una escuela de nivel medio comercial en San Pablo, Tucumán (S.-807/86). (Pág.
3638).
XIX. Proyecto de resolución de los señores señores senadores Saadi y Rodríguez Saá por
el que se convoca al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social a esta Honorable
Cámara, para que informe acerca de la situación de las cajas previsionales (S.-
808/86). (Pág. 3638).
XX. Proyecto de resolución del señor senador Velázquez por el que se dona una suma de
dinero a la Asociación Amigos del Museo de Posadas, Misiones, para solventar la
instalación de un busto de Andrés Guacurarí (Andresito) (S.-809/86). (Pág. 3639).
XXI. Proyecto de ley del señor senador Gómez Centurión por el que se reglamenta el
ejercicio de la profesión de ingeniero de minas (S.-810/86). (Pág. 3639).

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
XXII. Proyecto de ley del señor senador Jiménez Montilla por el que se crea una comisión
bicameral de estudio de la atmósfera antártica (S.-811/86). (Pág. 3644).
XXIII. Proyecto de declaración del señor senador Nápoli y otros señores senadores por el que
se expresa el profundo pesar del Honorable Senado por el fallecimiento del presidente
de la República Popular de Mozambique, señor Samuel Samora Moisés Machel (S.-
812/86). (Pág. 3645).
XXIV. Proyecto de resolución del señor senador de la Rúa y otros señores senadores por el
que se solicita la pronta beatificación de Fray Mamerto Esquiú. (S.-813/86). (Pág.
3646).
XXV. Proyecto de comunicación del señor senador Nápoli y otros señores senadores por el
que se solicita se gestione la conciliación en el conflicto laboral de la empresa Shell
Capsa (S.-814/86). (Pág. 3646).
XXVI. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita el
traslado del directorio argentino del Ente binacional Yacyretá a Posadas, Misiones
(S.-815/86). (Pág. 3647).
XXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicitan informes
referentes al conflicto gremial de la empresa Shell Capsa (S.-816/86). (Pág. 3648).
XXVIII. Proyecto de declaración del señor senador Nápoli y otros señores senadores por el que
se condenan los actos de violencia perpetrados contra el domicilia del señor senador
electo por la provincia de San Juan, doctor Leopoldo Bravo (S.-817/86). (Pág. 3649).
3. A moción del señor senador Martiarena se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del que es autor ¡unto
con el señor senador Benítez por el que solicita la regulación del pago a los trabajadores de la
Mina Pirquitas, Jujuy (S.-795/86). (Pág. 3649.)
4. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de
la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador
Mazzucco por el que se solicita la declamación de interés nacional del Curso Argentino del
Manejo del Fuego (S.-774/86). (Pág. 3651).
5. A pedido del señor senador Rodríguez Saá se resuelve recomendar pronto despacho a la
Comisión de Asuntos Constitucionales para el proyecto de resolución del que es autor junto
con el señor senador Saadi, por el que se invita al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social
a concurrir a esta Honorable Cámara para informar acerca de la situación financiera de las
cajas provisionales; y para el proyecto de resolución del que es autor sobre el mismo tema (S.-
803 y 793/86). (Pág. 3652).
6. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de
declaración del que es autor junto con otros señores senadores por el que el Honorable Senado
expresa su pesar ante la desaparición del presidente de la República Popular de Mozambique,
Samuel Samora Moisés Machel (S.-812/86). (Pág. 3652).
7. A moción del señor senador de la Rúa se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de
resolución del que es autor junto con otros señores senadores por el que se expresa el anhelo del
Honorable Senado por la pronta beatificación de fray Mamerto Esquiú (S.-813/86). (Pág. 3652).
8. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de
declaración del que es autor junto con otros señores senadores en el que se condenan los actos
de violencia perpetrados contra el domicilio del señor senador electo por San Juan, doctor
Leopoldo Bravo (S.-792/86). (Pág. 3652).
9. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de
comunicación del que es autor junto con otros señores senadores por el que se solicita la
conciliación laboral a raíz del conflicto en la empresa petrolera Shell Capsa (S.-814). (Pág.
3653).
707
1986

23 de octubre de 1986
708
10. A moción del señor senador Saadi se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de
comunicación del que es autor por el que se solicitan informes con respecto al conflicto suscitado
en la empresa Shell Capsa (S.-816/86). (Pág. 3653).
11. Moción formulada por el señor senador Nápoli para postergar hasta la próxima sesión la
preferencia que tenía acordada para hoy el proyecto de comunicación de los señores senadores
Mathus Escorihuela y Malharro de Torres por el que se solicitan informes acerca del denominado
grupo Greco (S.-742/ 86). Se aprueba. (Pág. 3654).
12. Moción formulada por el señor senador Brasesco para postergar hasta la próxima sesión la
preferencia que tenía acordada para hoy el proyecto de ley en revisión sobre transferencia a la
Municipalidad de Gualeguaychú de un inmueble perteneciente al Ejército Argentino (C.D.-
66/86). Se aprueba. (Pág. 3654).
13. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la cuestión de
privilegio planteada por el señor senador Bravo Herrera con motivo de debates parlamentarios
en la Legislatura de Salta donde el diputado Eduardo Barrionuevo lo aludió como promotor de
campañas de desprestigio al gobierno local (S.-671/86). Se aprueba. (Pág. 3655).
14. A moción del señor senador Saadi se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la
Comisión de Educación en el proyecto de comunicación del que es autor junto con otros
señores senadores por el que se solicitan informes con respecto al Encuentro Pedagógico sobre la
Educación Técnica, organizado por el CONET (S.-770/86). (Pág. 3656).
15. Asunto entrado:
XXIX.
Proyecto de comunicación del señor senador Murguía y otros señores senadores
por el que se solicita la reincorporación de personal de la empresa Shell y el efectivo
cumplimiento de la conciliación obligatoria (S.-820/H6). (Pág. 3638).
16. A moción del señor senador Murguía se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de
comunicación del que es autor junto con otros señores senadores sobre medidas tendientes a
superar el conflicto laboral en la empresa Shell (S.-820/86). (Pág. 3658).
17. Consideración de! dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Deportes y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley de los señores señores senadores Benítez y Martiarena por el
que se otorga un subsidio al Club Academia Banco Hipotecario, de San Salvador de Jujuy (S.-
327/86). Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 3658).
18. Consideración del dictamen de la comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación
del señor senador Sigal por el que se solicita se materialice a la brevedad el convenio existente
para dotar de iluminación al acceso norte a la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, y se
celebre uno nuevo para el acceso sur de dicha ciudad (S.-457/86). Se aprueba. (Pág. 3659).
19. Consideración del dictamen de la comisión de Obras Públicas en los siguientes proyectos
referidos a la cuenca del río Quinto: de declaración del señor senador Rodríguez Saá; de
comunicación y de ley del señor senador Britos; de resolución del señor senador Amoedo (S.-
716/85, 127/86, 164/86, 250/86 y 680/86). Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág.
3660).
20. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en
las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley por
el que se crea la Comisión Nacional de Reforma y Actualización del Estatuto del Docente (S.-
319/86). Se aprueba (Pág. 3664).
21. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley del señor senador Salim por el que se otorga un subsidio a la Comisión
Municipal de Villa La Punta, Santiago del Estero (S.-771/85). Se aprueba como proyecto de
comunicación. (Página 3666).
22. Consideración del dictamen de las comisiones da Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley del señor senador Salim por el que se otorga un subsidio al Club Deportivo

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
Villa Paulina, de la ciudad de Frías, departamento Choya, proyecto de comunicación. (Pág.
3667). Santiago del Estero (S.-772/85). Se aprueba como proyecto de comunicación.
23. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley del señor senador Salim por el que se otorga un subsidio al Club Atlético
Central Córdoba, de la ciudad de Frías, departamento Choya, Santiago del Estero (S.-773/85).
Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 3667).
24. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley del señor senador Salim por el que se otorga un subsidio a la Municipalidad
de Frías, departamento Choya, Santiago del Estero (S.-774/85). Se aprueba como proyecto de
comunicación. (Pág. 3668).
25. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Jiménez Montilla por el que se solicita
la reposición de una placa en un monumento en honor al teniente general Juan Domingo
Perón, en Madrid, España (S.-353/86). Se aprueba. (Pág. 3669).
26. Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 3670).
—En Buenos Aires, a las 11 y 31 del jueves 23 de octubre
de 1986.
1
Ley de Defensa Nacional (continuación)
Sr. Presidente.—Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.
Sr. León.—Señor presidente: la Cámara va a seguir conversando sobre un proyecto de ley
realmente importante para el país por muchos motivos que muestran la realidad de la historia
de nuestra República.
El bloque al que pertenezco viene con tranquilidad a este debate porque intenta cumplir, aun
imperfectamente, algunas de las postulaciones que el radicalismo hizo durante su campaña electoral.
En el programa y en la plataforma de la Unión Cívica Radical que el pueblo votó en 1983,
en lo referente a la cuestión militar se afirmaba como lineamiento general y como punto clave
que la base fundamental sobre la que se asienta la defensa de la Nación reside en el desarrollo
social, económico, político y cultural del país, y que correspondía rechazar la llamada doctrina
de la Seguridad Nacional como justificativa de la conculcación de los derechos constitucionales
y de la interdicción de bienes y zonas geográficas.
Eso es lo que pretende la Unión Cívica Radical con esto que yo llamaría la actualización
de un proyecto de ley. Con él estamos proponiendo una estrategia de subpolítica militar, que
es un instrumento de nuestra concepción de la Defensa Nacional. Esta ley, orientada hacia
una reestructuración y una modernización para derribar las estructuras feudales con que funcionaron
algunas de esas instituciones, está dirigida hacia ese avance. Es posible que cuando
tengamos una sociedad definidamente democrática totalmente sedimentada, en la que algunos
gestos fetichistas de nuestra circunstancia no sean tomados como políticas importantes, pues
el país habrá tomado definitivamente el camino de la estabilidad, podamos recrear una ley de
Defensa que mire hacia el país de mañana sin preocuparse por el poder de un Estado Mayor
709
1986

23 de octubre de 1986
710
o de un comandante. Esto, por supuesto, significa dejar definitivamente de mirarnos de reojo
los civiles y los militares.
Soy de los que creen que por buenas que sean las intenciones, si los que tienen que aceptar las
bases de la legislación no se apasionan de su propia conducta pueden fracasar en sus objetivos,
y aquí estamos frente a una estructura de ordenamiento militar que evidentemente había deformado,
muchos aspectos de nuestro funcionamiento republicano.
Creo que es un desafío muy especial de la sociedad de nuestro tiempo, que la Nación tenga el
talento mínimo para crear condiciones de equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Dicho
así parecería que no está bien que la duda exista, pero en alguna medida responde a nuestra
realidad.
¿Por qué es fundamental, por qué tiene que preocuparnos este comportamiento equilibrado?
Porque de este equilibrio pueden derivar, como ha ocurrido en otras circunstancias, el bienestar,
las libertades del pueblo y la permanencia de las estructuras democráticas dentro del funcionamiento
de nuestro Estado.
Aquí se ha dicho bien por otros señores senadores, el Estado que nosotros pretendemos, el
Estado que estructure el funcionamiento democrático, hace de la subordinación militar al campo
civil un dogma, porque pensamos que sin esta subordinación no hay república ni funciona la
posibilidad de este desarrollo imprescindible que hace a la defensa conjunta.
Yo recuerdo que en 1977, cuando el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical fue enjuiciado
y llevado a los tribunales por hacer un reclamo de vigencia constitucional, le dije al juez
Giletta: Si es pecado reclamar la Constitución, señor juez, es que la República ha dejado de funcionar.
Y éste es el desafío: ver si de ahora en adelante puede seguir funcionando la República.
Esta pretensión de la subordinación no teórica sino real, en función de un convencimiento de
respuesta nacional, es de todos los tiempos para los pueblos que han querido custodiar su propia
libertad. ¿Quién no recuerda que ya en su época los romanos dividían y mandaban a sus legiones
a las fronteras para alejar el peligro sobre Roma?
Platón en su República sostenía que educando a los soldados podían orientarse las influencias
que los prepararan para aceptar el camino de las leyes.
Es decir, estamos por votar una ley que yo no creo sea perfecta ni englobe todo lo que tenemos
que hacer como ley de defensa frente al desafío tecnológico, y a la realidad internacional de
nuestro tiempo. Habrá que hacerlo con mucho más estudio, con mayor apreciación e información.
Evidentemente, también es cierto que en esta búsqueda de entendimiento, este Senado hizo
su aporte saludable a la pretensión de esto que yo señalaba como la síntesis de los sectores militares
y políticos. Porque aquí nosotros hemos dado acuerdo para algunos compatriotas militares
con graves interrogantes en nuestra propia intimidad republicana, pero nos pareció que había
que tener el gesto generoso, como una especie de acto pedagógico, para eliminar la sospecha entre
nosotros e intentar que el país funcione de manera diferente, con otra esencia, y yo diría con
otra convivencia.
En muchas de las etapas de nuestra historia existieron predominios militares. No voy a hacer
historia; aquí se habló bastante de ello.
Este predominio militar tuvo distintas conformaciones según las propias circunstancias.
Hubo predominio militar de concepción feudal, que era el monopolio de las armas por la clase
gobernante. Estaba la guardia pretoriana, donde el sector militar destruye el poder civil.
Tengo aquí, sobre mi banca, los documentos básicos y las bases políticas de las Fuerzas
Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional. Decían en el Acta para el Proceso de
Reorganización Nacional, entre otras cosas, “que se declaraban caducos los mandatos del presidente
de la Nación argentina y de los gobernantes y vicegobernadores de las provincias; que
se declaraba el cese en sus funciones de los interventores federales en el territorio nacional de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; que se disolvía el Congreso Nacional, las

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legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la ciudad de Buenos Aires, los concejos
municipales de las provincias; que se removía a los miembros de la Corte Suprema de Justicia…”
Entonces, el país necesita la evolución correspondiente. Nosotros estamos haciendo los aportes
en el campo político; pero necesitamos definitivamente una corresponsabilidad de esta conciencia.
Tengo confianza.
Yo preguntaría qué insulto, qué agresión, le hizo algún partido político a los sectores militares
para este desencuentro que ahora tenemos que reparar. ¿Qué actitud grosera tuvo la Unión
Cívica Radical en la historia contra las Fuerzas Armadas? Yrigoyen decía que los militares eran
ciudadanos y conspiraba con ellos para rescatar el campo de la soberanía popular, como en 1893
ó 1905. Lo mismo cuando hablaba con el criterio civil al hombre que tenía que custodiar esto que
nosotros pretendemos: soberanía, institución, integración territorial, el prestigio de la Nación.
Asimismo ¿qué agresión les ha hecho el justicialismo, que representa la mitad de la República, y
que incluso nació incubado en la pretensión social de un hombre de las propias Fuerzas Armadas
para que fuera recibiendo golpes militares?
Todo este dolor sirvió para que ahora estemos aprendiendo una lección que, evidentemente,
tenemos que absorber todos los argentinos.
Hace muchos años, en 1974, tuve el atrevimiento de dar una breve conferencia en el Comité
Latinoamericano de la Unión Cívica Radical, sobre el tema: “Fuerzas Armadas en la política de
Latinoamérica”.
Dije entonces algunas cosas que me voy a permitir repetir, con la autorización de los señores
senadores. Les pido disculpas y seré muy breve.
Yo hablaba de la inestabilidad política de nuestras naciones y decía que las revoluciones y
las guerras por nuestra independencia se lucieron en una América inmóvil, con una estructura
social marginada de los mercados, con altos porcentajes de analfabetismo y, principalmente, sin
organización.
Esto afirmó un proceso de caudillismo, y podemos citar el caudillismo militar, que en sus
distintas etapas estuvo factoreado por todos estos ingredientes. Y aparece no sólo en países de
América, sino también en muchos otros. Había muchas colonias en Asia y en África. Y dije que
si pudiéramos invertir los calendarios, si Lumumba hubiera vivido en la época de Moreno y éste
en la época de aquél, seguramente habrían matado a Mariano Moreno por las mismas causas por
las que asesinaron a Lumumba.
Ocurre que la probabilidad de estabilidad política es alta cuando las inquietudes sociales son
bajas. A este respecto —esto es lo que quería mencionar, tal vez como uno de los factores de
nuestra inestabilidad—, Lambert sostiene que una de las causas de las perturbaciones es la que él
llama “la contracción de la historia”, que obliga a efectuar en pocos años cambios que, por ejemplo,
en Europa se produjeron en largos y silenciosos siglos. En tiempos de nuestra emancipación
americana el capitalismo ya triunfaba en Europa y en Estados Unidos, mientras que el dominio
de España y la naturaleza de una sociedad de conquistadores mantenían todavía el trabajo forzado
y la estructura arcaica en nuestra América latina.
Desde nuestra independencia, América ha debido soportar un conjunto de revoluciones casi
superpuestas que habían acompañado en el curso de la Edad Media la reunificación de las soberanías
dispersas por el feudalismo: la burguesa, que en el siglo XVII había arrebatado a la nobleza
el monopolio de la función pública; posteriormente, las del siglo XIX, que introdujeron al proletariado
en la escena política; finalmente, las demás sociedades del siglo XX.
Todo esto fue vivido por América en una historia de contradicción que sirvió y factoreó
nuestra inestabilidad política. Esta inestabilidad política, en la que tuvieron una influencia indudable
para el desarrollo latinoamericano y de nuestro país las Fuerzas Armadas muestra la
yuxtaposición de la historia, y se deriva un estado de revolución casi permanente. Seguramente
allí encontraremos algunas de las falencias de nuestra propia estabilidad.
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El tiempo se acorta tanto que la era de una nueva revolución llega antes que la consumación
de la revolución anterior. En América latina, en nuestro país, todavía aparecen juntas en algunas
áreas, la Edad Media y el feudalismo con los desafíos de la revolución de nuestro tiempo.
Cuando nosotros todavía estábamos sellando la unificación de tierras en la Argentina, el capitalismo
inglés ya hacía el proceso de transformación en la provincia de Buenos Aires.
Apenas a 40 años del predominio de los notables, Leandro Alem ponía en marcha la asunción
al poder del tercer estado, gestando la Unión Cívica Radical.
El breve paréntesis de una democracia política y de raíz nacional comenzaba en 1916 con
Yrigoyen y terminaba en 1930. Perón idearía luego un criterio transformador que ponía en marcha
una concepción social que venía de abajo para arriba, modificando estructuras de privilegio
que se incubaron en la década infame.
Esto exige una estructura solidaria que tiene que obligarnos a coincidir en una concientización
nacional. Por eso está bien que en la comisión de Defensa Nacional se haya elaborado un
despacho común sobre este proyecto de ley. Como dije, a mí no me hace del todo feliz desde el
punto de vista de la Defensa Nacional. Pero sirve para tratar de mejorar e implementar una reforma
militar, que debe perfeccionarse como instrumento de dicha Defensa Nacional.
Lo cierto es que hasta ahora estuvimos caminando entre la arbitrariedad y la ley, o entre la
democracia y la dictadura. El militarismo existe; incluso habrá que aceptar que en esta sociedad
hay todavía cenizas importantes de una actitud militarista. Yo suelo decir que el militarismo es
a las instituciones militares como el clericalismo a las instituciones religiosas o la demagogia a la
política. Es tal vez un factor perturbador de la concreción de los altos ideales que puedan representar
esas instituciones.
Y digo que el militarismo es más que un sistema de pensamiento y tiene inserción en la
Argentina. Quizás, el desafío que tenemos que afrontar para ir dejando al borde del camino esta
actitud que todavía tiene mucha gente con respecto a las Fuerzas Armadas, la respuesta más honorable
y más saludable, sea la mejor planificación y las mejores conductas que desde el campo
de la democracia pueden dar nuestros partidos a la sociedad de nuestro tiempo.
Uno de nuestros deberes, una de las obligaciones de los gobernantes, y nosotros lo somos,
es enseñar a los pueblos a respetar sus propias leyes. Un general colombiano decía: “Las Fuerzas
Armadas van a asegurar nuestra independencia, pero solamente el acatamiento a las leyes va a
asegurar nuestra libertad.”
En dos palabras, ésta es toda una planificación para una Argentina que, evidentemente, debe
romper el cascarón de su decadencia y fundamentalmente de su dependencia. Si continúa siendo
dependiente de estas brutales tenazas de la estructura económica internacional perversa y de los
traficantes de armas, que pueden gastar un millón y medio de dólares por segundo para matar,
será difícil que por más esfuerzos que haga nuestro presidente triunfen los pueblos en vías de
desarrollo en la elaboración de ese bien supremo, que debe ser la paz entre nuestras naciones.
Tenemos una política de Defensa que debemos adaptar al marco internacional y juzgarla
desde nuestra propia realidad. Es en ese campo internacional donde se incuban muchas de las
dificultades del trazado de una real política de Defensa Nacional,
Nosotros queremos gobernar bien; todos los partidos quieren hacerlo. Seguramente tendremos
diferentes matices: si votamos el blanqueo o no, si votamos este artículo u otro; pero existe
una concientización en el espíritu de la clase política argentina y de la clase dirigente no política,
empresarios y gremialistas, que está empujando al país hacia una salida.
Nosotros no somos una republiqueta, pero alguna vez aparecimos como tal. Tampoco somos
una República recién formada, de estructuras tribales, como alguna de las naciones emergentes
de Asia o África. Somos una Nación con buena historia; en cuanto a este campo puedo hablar, no
con soberbia sino con una gran tranquilidad espiritual. Peleamos cuando debíamos hacerlo. El
país luchó cuando era necesario. Y tal vez en el símbolo de quienes se hicieron generales cuando

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eran civiles en la emancipación está la semilla con la que debemos crear este rumbo de afianzamiento
que debemos lograr.
En este sentido, debe haber una interrelación con esa estabilidad que buscamos y que tiene
que ver con el campo, social. Parecería que llega a ser realidad aquel pensamiento según el cual
un área política es cívica cuando la probabilidad de la violencia es baja y se arrima a lo militar
cuando dicha probabilidad es alta. Es decir, parecería que hay un acercamiento al área civil
cuando la violencia está lejos y que se produce una militarización cuando ella se acerca.
Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Eliminar la violencia. Pero ello no implica sólo la represión,
ya que hay una violencia que no se ve, que está en el alma de los que tienen hambre, que
no se nota y que se encuentra en el espíritu de los jóvenes que quieren incorporarse al desarrollo
del país, aspiración que les es vetada por una crisis económica en América y en todo el mundo,
en general.
Nos asustamos de la violencia, pero esto no debe ocurrir, ya que deben crearse las condiciones
para que el fantasma de la violencia desaparezca.
Hermann Hesse decía que un hombre desesperado es capaz de hacer cualquier disparate o
cualquier acto heroico. Puede crear el genio de una sublevación para la emancipación o puede
poner una bomba al voleo para crear el crimen más abyecto.
A través de nuestras actitudes debemos terminar con los focos de violencia, de esa que nos
toca, que duele, que se ve y la que cada uno tiene en el alma, para evitar que en momentos de
desesperación se cometan actos que puedan hacer peligrar la paz.
Sigo pensando que no hay mejor estrategia que la paz. Por otra parte, ¿cómo podríamos
hablar en términos de Defensa Nacional sin preocuparnos por nuestra distribución económica?
¿Cómo podríamos hablar en términos de Defensa Nacional si no enfrentamos a esa droga que
antes pasaba y ahora se queda en el país?
Aquí se ha hablado del tema y muy bien. Por mi parte, les diré lo que pienso respecto de la
definición de agresión exterior. Creo que este proyecto es adecuado. Y afirma la posibilidad de
mi solidaridad porque ahora estamos en democracia; además, la Constitución brinda el sustento
suficiente como para que el presidente, ya sea el actual o los que le sucedan, tanto de mi partido
o de cualquier otro, cuente con el vigor necesario para hacer funcionar el organismo constitucional
con todos sus derechos, recreando cualquier tipo de tarea en defensa del funcionamiento
institucional frente a la conmoción interna y a los problemas de los que aquí ya se habló con
especial talento.
¿Cómo no vamos a hablar de Defensa Nacional —no me refiero a este gobierno específicamente,
no estoy hablando de mi propia circunstancia— si todavía la salud pública no responde
a concepción alguna en ese área?
En el Chaco, mi provincia, casi el 50 por ciento de los aspirantes a soldados son rechazados
en la incorporación a las Fuerzas Armadas por estar raquíticos, por estar enfermos, porque vienen
con taras provocadas por la deformación que trae la pobreza, el propio marginamiento y lo
chagásico.
Resulta fundamental la elaboración de una política exterior con una gran prognosis. No tenemos
que esperar que los problemas internacionales sucedan para resolverlos; habrá que hacer la
prognosis que nos coloque en la cresta de la ola para estar preparados a dar la respuesta adecuada.
En el campo internacional los problemas que no se atacan a tiempo se asemejan a una enfermedad:
si no la prevenimos corremos el riesgo de que se prolongue y resulte luego más peligrosa.
El federalismo es fundamental para la Defensa Nacional; ésta no tendrá posibilidad alguna si
no ocupamos nuestras fronteras y mejoramos nuestras comunicaciones. Suelo decir —creo que
este pensamiento es aplicable a esta ley— que una Nación o una familia —permítanme soñar
que nuestra Nación es una familia— tiene dos pisos. En el piso de abajo todos debemos ponernos
de acuerdo respecto de qué país queremos, cuál es nuestro perfil, cuál es el orden jurídico
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y la calidad de vida que pretendemos, de acuerdo con nuestras religiones, costumbres y cultura
propia. Entonces cuando todos los argentinos nos ponemos de acuerdo en el piso de abajo con
el país que queremos, subimos al otro y votamos, y quien obtenga más votos deberá aplicar lo
resuelto en el otro piso.
El drama de nuestro tiempo es que la inestabilidad política rompió el entendimiento en las
bases de la Nación, es decir en el piso de abajo. De ahí este intento de ley de Defensa Nacional,
que tendremos que estudiar a fondo y que, por ahora, aparece incluyendo la subpolítica militar.
Esta ley debe conseguir, como lo señalé al comienzo, que los militares y civiles no nos miremos
más con sospechas,
Por lo expuesto, es necesario un cambio de conciencia. No podemos seguir hablando como
en el pasado. Onganía no tiene derecho ya a hablar en nuestro país. Fue quien echó al gobierno
que estaba poniendo en marcha la Nación. Porque si me dicen que querían justificar la presencia
de la subversión, yo pregunto qué subversión había con Arturo Illia. Durante su gobierno funcionaban
las instituciones; la inflación era del treinta y dos por ciento anual, se aplicaba la ley
de trabajo con el salario mínimo vital y móvil; se achicó casi el cincuenta por ciento de nuestra
deuda externa; el país tenía prestigio exterior y las libertades funcionaban.
Algunas de esas libertades eran tan grandes como ahora; lo que sucede es que como todavía
no tenemos conciencia de sociedad democrática, algunos no comprenden que la Presidencia de
la Nación es una institución. Y entonces nadie puede decirle al presidente, sin que sea un pecado
para la civilización que debemos elaborar, que es un sinvergüenza, porque no se lo está diciendo
al presidente Raúl Alfonsín, sino a la institución que los argentinos debemos prestigiar de ahora
en adelante si queremos la estabilidad constitucional de la Nación. (¡Muy bien! Aplausos).
Por eso es necesaria la modernización. Considero que mañana tendremos que sancionar una
ley de Defensa Nacional completa, estudiada, que contemple el avance de la tecnología. En este
aspecto estamos atrasados, y por qué no decirlo en algunos casos muy atrasados.
En función de la tecnología el mundo está arriesgando una colonización. En el siglo pasado
eran las colonias las que estaban a la vista. Los pueblos eran esclavos de las metrópolis. Ahora los
pueblos pueden llegar a tener una nueva forma de esclavitud, que es la de la tecnología.
La fibra de vidrio óptica, puede transmitir treinta mil llamadas telefónicas en un segundo.
Evidentemente, en una política de Defensa Nacional no podemos manejarnos con el actual sistema
de comunicaciones.
Aparte de esta ley, me parece trascendente un mejor control por parte del Estado sobre la
información. El sistema de información debe unificarse; le cuesta carísimo a nuestra Nación y a
veces deja en manos de algunos funcionarios casi inexistentes o de nombres cambiados el gasto
de enormes sumas de dinero en función del espionaje y el contraespionaje. Esta también hace a
la Defensa Nacional.
Creo que uno de los campos donde se afirma el criterio de esta presencia es aquel en el que
podamos ser capaces de dar respuestas morales a la gente que nos está mirando. Por eso sabrán
disculpar que me entrometa en un asunto que no me hace feliz: que el hermano del presidente de
la República, que es serio, haya hecho una denuncia ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, que ésta la haya presentado ante el juzgado y que, luego, en veinticuatro horas y
por falta de méritos, los involucrados hayan quedado todos en libertad por falta de mérito. Esto
no prestigia a las instituciones. Yo respeto a la Justicia pero, evidentemente, considero que estos
hechos no prestigian el funcionamiento de la democracia.
No hay Defensa Nacional si no nos damos gobierno y si no prestigiamos el instrumento específico
de nuestra acción militar. La estabilidad exige la desaparición de las deliberaciones en las
Fuerzas Armadas.
Nadie se puede oponer a que sean hombres políticos. Decía al comienzo que Yrigoyen hablaba
del militar-ciudadano pero, de todas maneras, no podemos desconocer que la politización

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de las Fuerzas Armadas ha sido uno de los ingredientes que negó la chance del desarrollo del país
en muchas áreas.
La Nación sin ninguna excepción —sea de grupo, partido, color o creencia— les da a nuestras
Fuerzas Armadas el encargo de defender la paz, el bienestar, los intereses comunes; les da los
soldados. Les hemos dado fueros, las hemos liberado de algunas reglas que rigen el campo civil,
les hemos dado el privilegio de su propio juzgamiento. Frente a todo esto, ¿qué exige el pueblo?
La condición de que no interfieran en el ámbito político, en el de su libertad, porque allí quebrantarían
su unidad. Esto es lo que ha sucedido. Y siempre a través del ciclo de la demagogia
que se inicia y de las promesas que no llegan, se retiran, regresan rodeadas de adversarios, sin
prestigio, sin gloria y sin amigos, porque casi todos los amigos del campo civil que se arriman al
partido militar en los tiempos de deformación constitucional se alejan apresuradamente cuando
cae la posibilidad de sentarse en el mostrador donde todo se compra y todo se vende.
Creo que es una forma de entendernos la de hablar con una gran lealtad entre los argentinos
de nuestro tiempo. La defensa de la Constitución prestigia a nuestras Fuerzas Armadas, y este
es un valor que queremos recomponer. Cuando defendieron la Constitución, como frente a la
irracionalidad de la violencia, el país los respetó; cuando usaron la metodología que violaba la
concepción constitucional, él país ya no pudo aplaudir.
Nosotros estamos frente a una realidad, como dije al comienzo, que condiciona nuestra
posibilidad de elaborar urgentemente una política de Defensa Nacional muy sabia e inteligente
y que lleve a un punto óptimo la combinación de costo y eficacia, pero existe una estructura
internacional que nos limita. Yo quisiera que los ingleses no fuesen piratas, pero lo son; yo
quisiera que la Comunidad Económica Europea no subsidiara, pero subsidia; yo quisiera que
Estados Unidos no fuera un país imperial, pero lo es. Yo quisiera que no se gastara un millón
de dólares por segundo para matar, y que con el 30 por ciento de eso se pusiera fin a la situación
de los 500 millones de seres que viven a la intemperie casi cara a la luna y al sol en Asia, lo
mismo que los 50 millones de África y los 90 de América latina. A todos nos hubiera gustado
que en la reunión de Punta del Este sobre tarifas y aranceles, las grandes naciones comprendiesen
que hay que cambiar las estructuras que nos impiden capitalizarnos, luchar contra ese
proteccionismo, que promueve la gran acumulación de riquezas mientras otros tienen que
sufrir la acumulación de miseria y que en esas condiciones a nosotros nos va a costar la recomposición.
Esta es la pretensión de una gran nación que no quiere llegar a la luna, que no buscar
ser potencia nuclear, pero sí desea ser potencia moral. Yo aspiro a que cuando pase esta especie
de carnaval cínico que vive la humanidad en función de las potencias hegemónicas, se recupere
para el mundo una actitud de fronteras achatadas para mostrar que el género humano sigue
siendo el objetivo fundamental de nuestra historia, como dijo San Martín alguna vez. Por eso
estamos sacudidos por el Norte y por el Sur, por el Este y el Oeste y por la realidad de los compatriotas
de nuestra América latina.
Decía antes que el proyecto es parcial, pues esta es una ley que se llama de defensa pero que
prácticamente toca los aspectos militares puros que conforman una subpolítica, un instrumento
de la defensa general. Pero significa un avance, en la medida que crea algunas condiciones que
ponen de resalto nuestra presencia para la mera convivencia que tenemos que realizar. Me parece
que subsiste, en función de este mismo proyecto, algún tufillo prusiano, que nosotros vamos a
tener que ir cambiando en cuanto gane terreno la propia sedimentación democrática del país.
No creo que nosotros tengamos la idea de que vivimos en guerra permanente, como decía
Von Molk. Nosotros queremos la paz permanente. Pretendemos vivir en paz por un extenso
período en el cual el costo de la preparación y la disponibilidad de los mecanismos de adaptación
para la guerra sean muy eficaces, pero con un costo social global mínimo.
Yo no sé si esta ley llega tarde o temprano. Puede ser que llegue temprano para insertarse en
esta sociedad democrática que aún permanece con interrogantes pero que, de todas maneras,
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representa una voluntad de ir recreando una propia concientización en estas estructuras que no
pueden seguir estando demoradas.
Creo que la ideología de la preeminencia de mi orden civil socioeconómico global no está
del todo sedimentada pese a lo ya expresado sobre la madurez y el esfuerzo que está realizando
nuestra gente. Considero que carecemos de soportes de inteligencia a niveles de excelencia científica
y tecnológica para una ley profunda de Defensa Nacional en estas circunstancias. Estamos
demorados en la experiencia de formular propuestas, tales como las políticas de Defensa para
una sociedad definitivamente democrática y ética.
Debemos reconocer que todavía hoy, cuando hablamos de sociedad democrática, de modernización,
de movilización del potencial y de los recursos o de la relación costo-beneficios, lo
hacemos expresando nuestras aspiraciones pero en su instrumentación y realización limemos
grandes dificultades.
Expresé al comienzo que esto respondía al planteo de la Unión Cívica Radical y digo también
que tal vez, cuando pongamos en marcha una ley de Defensa Nacional que no sea exclusivamente
ésta de estructura militar, habrá que fijar muy claramente y con nitidez las condiciones de paz y
de guerra, porque evidentemente son distintas las estrategias y lo que hay que hacer en el manejo
del control social o en algunos niveles de producción si la estrategia es para el campo de la paz o
para el de la guerra.
En la ley de Defensa Nacional tenemos que definir concretamente el interés nacional racional
frente a una realidad internacional que ya mencionamos. Racional en el sentido de que no queremos
llegar a la luna pero sí debemos tener nuestra independencia, para lo que tenemos que hacer
una evaluación estratégica a largo plazo, y el país eso no lo tiene realizado.
Creo que la paz y la cooperación deben seguir siendo el fundamento de esa política, inclusive
de nuestra política exterior y de la subpolítica militar. Los argentinos tenemos que ayudarnos
en todos los sectores para disponer de un horizonte estratégico objetivo de alto nivel. Tenemos
que terminar con el fetichismo que todavía preside muchos de los aspectos de funcionamiento
de la Nación. Nos manejamos con símbolos cuando ahora hay que hacerlo con la ciencia, con la
técnica, con la inteligencia y con la información. Tenemos que afirmar un alto criterio de negociación
por parte del país para elaborar esta política de Defensa Nacional.
No voy a extenderme mucho más dado que no entraré en el análisis de cada uno de los artículos
de este proyecto de ley, porque los señores senadores tienen alta información. Pero lo
que sí deseo destacar —y aplaudir en el bosquejo de este proyecto— es que tenemos que pedirle
a nuestros compatriotas militares que comprendan que un arma no es un estanco separado de
la otra arma, que no sólo tenemos que disponer definitivamente de estructuras solidarias de
funcionamiento sino actuar con la comprensión de que todo lo nacional tiene que estar con un
mando único y con una estrategia solidaria.
Malvinas mostró que nuestras Fuerzas Armadas no estaban diseñadas para la integración.
Tanto no estaban diseñadas que cuando tuvieren que elegir presidente reunidos en una habitación,
el resultado de la votación fue de dos contra uno. Es decir que ni en la usurpación del poder
tenían estrategias solidarias. Esto indicaba la total necesidad de las acciones conjuntas para la
defensa.
En Francia se habló mucho de la total necesidad de las acciones conjuntas después de la última
Guerra Mundial; y en 1958 Eisenhower, presidente de Estados Unidos, dice —propiciando
la reforma militar— que las guerras separadas de tierra, mar y aire se han ido para siempre.
En nuestro país la tarea organizativa de tiempos de paz tendrá que adaptarse también a este
concepto. Los planeamientos estratégicos y tácticos deben ser una unidad, un mandato único.
Pero toda esta estrategia de golpe nos lleva a este desafío de modernización.
Muy humildemente, como ciudadano del país, tengo que decir que yo tengo confianza en
muchos hombres de armas argentinos y de a ratos pienso que lo que tenemos que hacer vamos

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a realizarlo incluso con algunos pecadores. Es el aporte que a veces tienen que hacer los estadistas,
que son los que deben custodiar a las nuevas generaciones, absorber la injusticia de nuestro
tiempo para tratar de proyectar la justicia para el tiempo que vendrá.
Recuerdo que el catolicismo no solamente triunfó por el sacrificio de los mártires cristianos
sino también por la conversión de los emperadores paganos. Constantino salió a reprimir
al catolicismo y cuando vio la cruz se convirtió al cristianismo. Entonces, ¿por qué no tener la
esperanza también en cuanto a nuestros soldados, y a muchos civiles? Pero fundamentalmente,
siempre golpearon la puerta intereses creados, porque solamente ésa es la interpretación y la
herencia del golpismo argentino.
Pareciera que las Fuerzas Armadas salieron para custodiar una axiología de intereses que no
son los fundamentales del país. La primera disposición de Onganía, por ejemplo, derogó la ley
de hidrocarburos, también de la Unión Cívica Radical. Es decir que no se trata de que vienen a
tomar el poder exclusivamente. Ellos llegaban para sacar al pueblo del gobierno, y esta es la gravedad
de las circunstancias.
Si ustedes analizan las proclamas revolucionarias, casi todas dicen lo mismo; hablan de la
patria y terminan abriendo las ventanas para nuestra desnacionalización.
Recuerdo que en la proclama que se hizo luego del golpe al gobierno de Illia se decía que el
salario era una ilusión y una burla para los trabajadores, cuando éste se aumentaba matemáticamente
en forma automática cada vez que el costo de vida subía un 15 por ciento. Después,
vimos cómo llegaron a la función de gobierno, no los representantes del pueblo, sino los de estas
empresas oligopólicas que tanto van contra los costos internos de nuestro país.
Por eso, la política de Defensa Nacional implica también una concientización de los frentes
de nuestro propio combate, en el mejor sentido de la palabra.
Dije que estamos obligados a salir del campo de la sospecha y expresó muy bien el señor senador
Berhongaray que esta ley no tiene el sentido de ser “la antigolpe” o de afirmar el privilegio
para nadie. Pero esto debemos entenderlo todos; la síntesis que pretendemos exige una conciencia
nueva, porque ninguna ley sirve si no es absorbida por los destinatarios. En ese sentido, con
mi mejor sentido de fraternidad yo les reclamo a las Fuerzas Armadas de mi país que absorben
las circunstancias de nuestra República y la pretensión de esta ley de trabajar del brazo y terminar
definitivamente con los esquemas autocráticos que hacen infecunda a la fuerza.
Lo que quiero decir es que debemos meternos todos en el alma que la patria está primero,
antes que los partidos y que las instituciones militares.
Esto que estoy diciendo en el sentido de que la patria está primero, por supuesto que no lo
van a entender nunca los burócratas pillos que roban en el Banco Central ni los nazis subsistentes
que todavía pintan leyendas en los cuarteles.
Como demócratas aprendimos a ser humildes. Entonces, pretendemos que todos tengan el
mínimo de humildad para comprender que la polémica debe terminar.
En este Senado yo rendí homenaje al coronel Larrabure, a quien unos lo torturaron y mataron.
Después, otros torturaron a los que habían hecho lo propio. Lo que nosotros queremos es
que termine la calesita infernal de los torturadores de turno en la República. Para ello, el único
camino es el de comprender que la patria está primero, no nuestra pasión ni nuestra ideología.
El fanatismo no es un arquitecto para los argentinos. Pienso que es tan importante e integral
el problema de la Defensa Nacional que en el informe que la Fuerza Aérea dio a la
comisión se habla de la necesidad de mantener la Defensa Nacional al margen de costosas
ingenuidades. Así, lo que queremos es que en la Defensa Nacional nadie cometa ingenuidades,
como la de pensar en ser mesiánico o la de colocar su propia personalidad o circunstancia por
encima de la República.
Por otra parte, desde el 6 de agosto de 1945, después de que el 5 a la noche Truman ordenó
tirar la bomba atómica sobre Hiroshima, el mundo entró en una etapa en que cambió
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toda la formalidad de la defensa. En materia nuclear debemos aceptar que nuestras Fuerzas
Armadas están atrasadas con respecto a la historia actual.
Podrá seguir la guerra convencional, y hay un tipo de talento propio que debemos tratar de
crear. Cuando los generales franceses se atrincheraron en Dien Bien Phu con alto poder de fuego,
ellos que habían combatido en las guerras de Europa, creyeron que eran imbatibles, pero no
pensaron en el genio de Giap, general de Vietnam, que anduvo 400 kilómetros casi enterrando
en el barro sus cañones y sus hombres. Una noche cayó ese vómito de pólvora y terminó la colonización
de Indochina.
¿Qué pretendo yo con respecto a la Defensa Nacional? Que el país tenga el mejor prestigio
fuera, como capacidad de negociación, pero que no sea el del miedo sino ese del campo moral,
que ennoblece a los pueblos. Pretendo que hagamos lo imposible con nuestro sacrificio para
mejorar las condiciones de desarrollo. Si hay que comprar un tanque, lo compraremos. Pero
también deben estar los tractores produciendo trigo en el escenario de la República. El tanque no
tendría sentido sin la alimentación.
Esto es, señores senadores, lo que quiero decir como apoyo a este proyecto de ley. Cuando lo
discutamos en particular propondré una enmienda muy sencilla en uno de sus artículos. No la
pensé antes, si no se la hubiera comunicado al señor presidente previamente.
San Martín, el prototipo del genio militar, tenía una concepción civil. Sería bueno que pudiéramos
inspirarnos en todo lo que hizo y escribió. Dijo, entre otras cosas, que la patria nos puede
reclamar todo, nuestra vida, la de nuestra propia familia y nuestra hacienda, pero lo que no nos
puede reclamar es el honor personal.
Y en defensa de esta especie de honor personal debemos poner en marcha esta ley, pero dictando
luego la gran ley de Defensa Nacional, no para que triunfen los civiles sobre los militares
sino para que la Argentina comprenda que debe volcarse al campo solidario y para que de nuestra
estabilidad hagamos aquello que decía al comienzo: las Fuerzas Armadas custodiando nuestra
independencia y todos juntos respetando las leyes, custodiando nuestra libertad.
Esta es una gran tarea, pero para realizarla debemos ser una gran Nación. (Aplausos).
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Marini.—Señor presidente: este tema de la Defensa Nacional y la ley que pretende regularla,
que es motivo de este debate, lleva implícito en el centro fundamental de la discusión dar
un texto legal que permita recoger la experiencia vivida institucional y dramáticamente por el
pueblo argentino, prácticamente desde hace ya muy largo tiempo; su característica fundamental
ha sido la de que, por propia iniciativa, recibiendo influencias extrañas al sentido nacional,
o cediendo a la petición de sectores políticos minoritarios a los que las mayorías populares no
respondían, se utilizó el poder de las Fuerzas Armadas como elemento decisorio y contundente
en la fase agonal de la política argentina, es decir en la lucha por el poder.
Para algunos, este proceso arranca en el año ‘30 con la llamada revolución de Uriburu, cuyas
consecuencias finales de fraude y violación de la libertad de sufragio y limpieza de los comicios
son harto conocidos a punto tal que constituye un lugar común denominar a ese período como
la “década infame”.
Para otros, este período se inicia en septiembre de 1955, en razón de haber tomado el poder
las Fuerzas Armadas. El sector mayoritario de las fuerzas políticas argentinas, el justicialismo,
quedó proscrito y marginado institucionalmente de toda posibilidad de participación en las contiendas
electorales, habiéndosele prohibido incluso la mención del nombre de sus líderes y del
partido, que fuera disuelto completamente por esa revolución.
Es de triste memoria la existencia del decreto 4.161, según el cual quien por sólo mencionar
al general Perón, a Eva Perón o por decir “peronismo” quedaba castigado en prisión.
El hecho más cercano a aquello a lo que más adelante nos referiremos y que, evidentemente,
el proyecto en consideración pretende evitar nacería a partir del golpe institucional de 1966,

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encabezado por el general Onganía, quien, según algunos, tomó como base doctrinaria, la doctrina
de la Seguridad Nacional, en base a la conferencia pronunciada en West Point; según otros,
dicha doctrina está contenida en los lineamientos generales de la llamada ley 16.970. En síntesis
expresa —como ya lo dije— la teoría de la Seguridad Nacional, que consistía en imaginar fronteras
ideológicas y móviles en el interior del Estado argentino, cuya custodia se le asignaba a
las Fuerzas Armadas, a las cuales se les adjudicaba la misión de policía interior mientras que la
defensa de las fronteras nacionales se confiaba a las Fuerzas Armadas del país líder, en este caso
concreto las del Pentágono.
Todo ello dio lugar, en forma cada vez más marcada, a la irrupción como juez supremo
y, finalmente, como único autor responsable en el escenario político nacional, de las Fuerzas
Armadas que ocuparon y gobernaron hasta que el fracaso estrepitoso de dicha teoría con la
guerra de las Malvinas demostró que la verdadera finalidad de la existencia de nuestras Fuerzas
Armadas consiste en la defensa de la Nación y de su soberanía en todos sus campos; es decir, no
solamente, para defender las fronteras exteriores sino como custodio final, disuasorio y decisorio
en la defensa de la integridad territorial, de la capacidad de autodeterminación del pueblo argentino
y de la protección de su vida, libertad y bienes, así como de todos los intereses argentinos y
especialmente, en la defensa de la plena vigencia del sistema democrático de acceso al poder y al
ejercicio republicano de gobierno, tal cual lo dispone la Constitución Nacional.
Por supuesto, escapa a este proceso el Movimiento Nacional Justicialista, que fue el que más
agravios sufrió y que sólo accedió al gobierno por la vía democrática de las elecciones más puras
y limpias que el país haya conocido, el 24 de febrero de 1946. Su conductor veló porque la única
forma de acceso al gobierno de este Movimiento fuera a través de elecciones democráticas, llegando
tan sólo al mismo, como lo fue, por la voluntad mayoritaria del pueblo argentino.
La crisis de las Malvinas reveló la falta de coordinación y de planes de nuestras Fuerzas
Armadas para intentar y decidir un conflicto como el que se generó; y demostró, además, la
falacia de la doctrina de la Seguridad Nacional, por cuanto las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos, encargadas presuntamente de custodiar nuestras fronteras y nuestra soberanía, en realidad
en forma directa e indirecta ayudaron a nuestro enemigo; como ejemplo, basta mencionar el
episodio del hundimiento del crucero “General Belgrano”, que fue detectado y ubicado en latitud
y longitud precisas por el satélite norteamericano, para que el submarino inglés lo hundiera.
Los señores jefes de las distintas armas y el señor jefe del Estado Mayor Conjunto que visitaron
el Senado, todos expresaron la firme voluntad de las Fuerzas Armadas de someter su acción
a su jefe, comandante en jefe natural y constitucional, que es el señor presidente de la República.
Esto lo celebramos con alborozo.
Lo que sí pidieron, es una clara ley de Defensa que le diera marco legal a su accionar específico;
y éste es el deber del Senado en lo que de él dependa. Por ello, critico que al definir el
artículo 2º de la ley, el objetivo de la Defensa Nacional pareciera limitar la acción de las Fuerzas
Armadas a la agresión de origen externo, aunque después en el artículo 5º del mismo proyecto en
tratamiento, no hay más remedio que reconocer la existencia del artículo 86 de la Constitución
Nacional, en los incisos 15 y 17, especialmente el último, por el que se faculta al presidente de la
República a organizar y distribuir las Fuerzas Armadas de la Nación según las necesidades de ella.
Esto quiere decir que la Nación, por la magnitud del conflicto interno generado desde el exterior
puede tener necesidad de apelar a las Fuerzas Armadas. Y esto debe quedar bien claro en
este debate. Lo anteriormente expuesto debe servir únicamente como delimitación, en el sentido
de que las Fuerzas Armadas actúen subordinadas al mando natural del presidente de la Nación y
en cumplimiento de los objetivos de Defensa Nacional que todos asumimos.
Ya no podemos dejar desguarnecida a la Nación en la infinidad de casos en que en forma
sibilina o encubierta podemos ser agredidos por un poder extranjero en las variadas formas que
la historia moderna nos ha demostrado en nuestro país y a través de la experiencia americana,
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africana y asiática. Así hemos observado que los imperios se colocan detrás de aparentes disidentes
y contras internos, pero con la finalidad de atentar contra la nación misma o los objetivos
fundamentales que ésta persigue.
Entonces, no podrá privarse al presidente de la Nación de utilizar prudentemente a las Fuerzas
Armadas, llegado el caso necesario y en defensa de los sagrados intereses del país, quien deberá
consultar al Congreso y obtener su aprobación.
Por lo expuesto, critico este proyecto en la parte que pretende aparentar —para satisfacer
a ciertas presiones políticas— que las Fuerzas Armadas no participarán en conflictos internos,
porque la idea de la Constitución y el recto pensamiento de este Senado es que ellas están al servicio
de la Nación misma. De ningún modo puede aparentarse, ni lo que es peor, concretar una
negativa a utilizar los servicios de esta institución en defensa de la patria, tal como lo define la
Constitución y el objetivo de la existencia de necesidad de la Defensa Nacional.
Una cosa muy distinta sería reimplantar la vigencia de la teoría de la Seguridad Nacional,
porque de ningún modo debe permitirse que las Fuerzas Armadas se transformen en una policía
interna que persiga ideológicamente a los argentinos.
Todos los ciudadanos que expresan públicamente sus ideas y respetan el marco constitucional
—que debe ser el acuerdo básico de convivencia— deben gozar de la libertad necesaria; y del
respeto de su dignidad, sin tener que sufrir ningún tipo de control o seguimiento que lo vaya
marcando como destinatario de una futura acción represiva.
Nuestras diferencias deben ser resueltas en el marco democrático del debate y del respeto a
las mayorías; nadie debe ser perseguido por la expresión de sus ideas.
Por ello, consideramos más ajustado a nuestra realidad político institucional, el proyecto
originario del señor senador Saadi y la señora senadora Gurdulich de Correa. Así, adelantamos
nuestro voto negativo en general a este proyecto y el apoyo favorable a la aprobación del perteneciente
a los senadores mencionados.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.
Sr. Jiménez Montilla.—Señor presidente, señores senadores: como miembro integrante de
la Comisión de Defensa Nacional siento la obligación de dar mi opinión de este importantísimo
proyecto que cala muy profundo en nuestra patria, teniendo en cuenta su naturaleza y la de las
personas que intervienen en su configuración.
Seré muy breve, señor presidente, porque creo que toda la bibliografía y los argumentos
sobre el particular que pudieran traerse a este recinto resultarán un tanto sobreabundantes. En
la tarde de ayer hemos escuchado con mucha atención y unción, los discursos que fueron pronunciados
con fervor, y que podemos considerar, por una parte, verdaderas piezas de oratoria y,
por otra, informes amplísimos y completos sobre el papel de las Fuerzas Armadas, su ubicación
dentro del contexto del gobierno democrático y la función que debe reservarse a esta honorabilísima
institución.
De cualquier forma, señor presidente, el amplio debate del día de ayer no ha terminado aún.
En la mañana de hoy hemos escuchado las palabras del señor senador León, quien a través de
su exposición ha ampliado el conocimiento que teníamos del asunto. Y podemos concluir esta
jornada —de ser aprobado el proyecto que estamos considerando— diciendo que hemos cumplido
con un deber ineludible, tan importante que en esta ocasión los legisladores —entiendo sin
excepción— hemos tomado este proyecto con la relevancia que merece nuestro país, sin tener en
cuenta el color político de las frases que fueron pronunciadas.
Considero que fijar el papel de las Fuerzas Armadas dentro de una organización democrática
es para nosotros un deber fundamental como representantes del pueblo argentino.
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—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del H.
Senado, senador Carlos E. Gómez Centurión.

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Sr. Jiménez Montilla.—Por ello, señor presidente, no quiero volcar piadosamente sobre las
Fuerzas Armadas un manto purificador, sino expresar mi pensamiento acerca de ellas porque,
oportunamente, en ocasión de la interpelación al señor ministro de Defensa, ya hablamos sobre
el particular.
Todavía hay un poco de urticaria en el pueblo argentino con respecto a las Fuerzas Armadas
cuando de ellas se habla. Esto es así porque el pueblo no puede aún olvidar que a lo largo y a lo
ancho de nuestra República y por muchos años se han extendido sombras de terror, se ha sembrado
una tragedia inconfundible; dolores y miserias que el pueblo no olvidará jamás y que no
podrán ser restañados de ninguna manera.
Pero, señor presidente, no podemos responsabilizar a las Fuerzas Armadas, como institución,
de esas siniestras maquinaciones y hechos tan trágicos. Por eso antes que nada, mi misión es
advertir que debemos separar lo que es institución y decir que únicamente podemos señalar que
hubo un grupo de civiles vestidos con el uniforme de la patria, que lo mancharon ignominiosamente
con sangre inocente, y por ese motivo deberán esperar la condigna sanción a que se han
hecho acreedores por violación de los derechos humanos.
Al hablar de las Fuerzas Armadas no podemos olvidar su rol preponderante en la historia.
No lo digo porque ahora deseemos reivindicarlas por algún motivo, sino que siempre han sido
consideradas el bastión inexpugnable en que descansaba la defensa de nuestra soberanía y de la
dignidad nacional.
Señor presidente: con este proyecto y los principios que se sustentarán dejamos de lado la
doctrina de la Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas quedarán encuadradas dentro de la
ley y de la Constitución para dedicarse exclusivamente a la Defensa Nacional, sin que por ello
podamos decir que como factor excluyente estarán marginadas de la seguridad interior, ya que
la Constitución prevé los casos en los cuales el señor presidente de la Nación, como jefe de las
Fuerzas Armadas, puede convocarlas.
Pero sí podemos afirmar que las Fuerzas Armadas volverán a su rol específico. Nosotros no
las olvidaremos, no podremos jamás olvidar las gloriosas gestas vividas por sus hombres; nunca
podremos pagar el reconocimiento que les debemos; no podremos dejar de tener presentes las
hazañas del Gran Capitán de los Andes al dar la libertad a tres naciones, ni a los gauchos del norte
que, con su poncho, su lanza y guardamonte y sable en mano, fijaron los límites geográficos de
nuestra República; y no podremos olvidar jamás a las fuerzas de aire, mar y tierra que pasearon
la enseña azul y blanca por todos los mares, cielos y tierras del mundo.
Pero, señor presidente, es necesario fijar dos conceptos fundamentales. Los tiempos actuales,
tan llenos de alternativas políticas, replantean problemas que en su oportunidad fueron objeto
de minuciosos análisis y tuvieron sus correspondientes soluciones con criterios aprobados tras
largas deliberaciones. Uno de esos problemas, de candente actualidad, es el que se relaciona con
las Fuerzas Armadas y la participación que tendrán en el gobierno. La participación de las jerarquías
militares en importantes funciones de gobierno fue planificada con la finalidad de que ellas
asesoraran al presidente de la Nación en la conducción militar de la guerra —apartado b) del
artículo 5º del despacho— por vía del Comité Militar creado por el artículo 7º del dictamen que
nos ocupa, y que, como lo establece el artículo 13, queda limitado exclusivamente a la función de
asistencia y asesoramiento al señor presidente de la Nación.
El principio rector consiste en respetar la libertad de acción política del gobierno para planificar
su actividad, y sólo alertar sobre las exigencias que la seguridad impone al desarrollo, a fin de
disponer de un elemento de juicio básico para el planeamiento de la Defensa Nacional, que debe
ser escudo protector del progreso nacional. El camino hacia la total constitucionalidad requiere
Fuerzas Armadas con sentido nacional, profesionales y encuadradas en sus correspondientes
funciones.
El pueblo argentino exige de una vez por todas que sus instituciones se reencuentren con sus
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funciones y no admite tutorías que se reviertan contra quienes pretendan ejercerlas ni tampoco
ver sus elementos armados ajenos al proceso de construcción del gran país independiente.
El sistema constitucional propuesto en este proyecto señala la misión fundamental de las
Fuerzas Armadas, que no será otra que proporcionar un grado óptimo de defensa militar en
función de las políticas del Estado pero de ninguna manera intervenir en su formulación, según
los alcances previstos en los artículos 13, 17, 18 y concordantes del proyecto en consideración.
Hasta que llegó a mi conocimiento la existencia de este único proyecto sometido a la consideración
de la Honorable Cámara, confieso lealmente que las iniciativas conocidas con anterioridad
despertaron en mí prevenciones, ya que las consideraba incompletas porque habían
dejado de lado al pueblo. Sostuve enfáticamente esa tesitura porque en esos proyectos se había
marginado totalmente al Honorable Congreso de la Nación.
Todos los que nos encontramos aquí reunidos sabemos bien que lo estamos por imperio de la
representación que ejercemos del pueblo, defendiendo su soberanía y considero que no hay mejor
forma de defenderla que la de dotar a la Nación de una ley donde su órgano representativo,
por excelencia el Parlamento, juntamente con el jefe del Ejecutivo, en coexistencia integradora
con la institución militar, establezca los condicionamientos propios y necesarios para repeler las
agresiones.
Observo complacido que la mayoría de esta Honorable Cámara, renunciando a cuestiones
partidistas, procedió a elaborar con plena conciencia de la realidad nacional este proyecto único
de ley de Defensa Nacional que impulsará al país a sus grandes destinos, o sea, a la plena soberanía
e independencia, con integridad territorial y capacidad de autodeterminación, con lo que se
logrará la protección integral del ser nacional. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.
Sr. Brasesco.—Señor presidente: durante los primeros días de actuación como senadores de
la Nación, después del proceso, debatimos la declaración de nulidad de la ley de autoamnistía.
En ese momento fijamos posiciones claras y concretas sobre el actuar de las Fuerzas Armadas
y la expresión de nuestro pensamiento, nuestro deseo y nuestra filosofía sobre cuál tenía que ser
su papel en la vida de la República.
Salíamos de una etapa dura en la que culminó la historia de la violencia y la lucha entre hermanos
después de un largo proceso de enfrentamiento entre argentinos. Las relaciones entre los
hombres de armas y las fuerzas políticas argentinas y quienes integran los poderes del funcionamiento
de la República no han quedado espiritualmente en estado óptimo. No vamos a decir
que existe todavía entre el hombre de armas y el hombre político o civil un divorcio espiritual,
porque mentiría. Pero existe todavía una falta de integración y de consustanciación en cuanto
hace a su vida dentro del régimen republicano y del proceso democrático de reconstrucción de
la República.
Cada vez que tratamos un problema en el que tenemos que hablar en voz alta y fijar las normas
a que tengan que ajustarse nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, pareciera que tuviéramos
que entrar en medio de una hoguera a tomar brasas que aparentemente no están encendidas,
pero que tenemos miedo de que nos quemen. Y ello es así porque todavía no hay una armonía
espiritual que esté implantada como una cosa natural.
Bien se ha dicho acá que no solamente quedan heridas, sino también recelos, historias muy
recientes; al mismo tiempo quedan odios, lamentos y dolores.
Nosotros tenemos que hacer el estudio de las frustraciones argentinas con una gran valentía,
para sacar la conclusión clara y concreta de la experiencia de esas frustraciones. Tenemos
que ir modelando, no solamente a través de la norma sino mediante políticas específicas, una
fuerza armada consustanciada espiritualmente con lo que significa una República dentro del
concepto amplio de la democracia y dentro de nuestro sistema representativo, republicano y
federal.

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
Debemos recordar, señor presidente, porque cuando elaboramos la norma debemos tener
presente el recuerdo, no para revivir las etapas antiguas como en una especie de catálogo, de
venganzas, de recelos y de dolores, sino para tener presente que algo ha ocurrido en el país y
que tenemos la necesidad, como ciudadanos de la República, de restituir ese clima espiritual que
quizá se perdió en 1930.
Muchos golpes de Estado se dieron en el país, los que fueron organizados por grupos civiles y
grupos militares, pero el perfeccionamiento del golpe de Estado culminó con los dos últimos hechos
militares: cuando fueron derrocados el presidente constitucional Arturo Illia y la presidente
constitucional María Estela Martínez de Perón.
El golpe de Estado se dio en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación como institución;
lo protagonizaron sus tres comandantes en jefe. Ese es el gran pecado capital de la deformación
de la vida republicana en nuestro país. No fueron sectores militares que por alguna circunstancia
de tipo político tenían mayoría de tipo bélico y apoyatura política en ciertos y determinados grupos
ciudadanos; eran las Fuerzas Armadas como institución del país las que asumían por sí, ante
sí y ante la historia, la responsabilidad de esos hechos. Y eso, para mí, es lo más grave.
Ello constituye el hecho fundamental de la historia de estos ciclos de gobiernos militares y
civiles, en la que tenemos que calar hondo, porque quizá los dos últimos golpes militares significaron
el perfeccionamiento del avance militar sobre el poder civil de la Nación.
Esto lo digo con franqueza, señor presidente, porque estamos discutiendo el proyecto de ley
de Defensa Nacional, donde el 90 por ciento del articulado se refiere lisa y llanamente a la mecánica
de las Fuerzas Armadas y a las problemáticas vinculadas a ellas en la esfera de la Nación.
De ahí que esta ley no va a servir para nada si no está acompañada por la formulación de una
política de integración de las Fuerzas Armadas dentro de la responsabilidad política nacional del
conjunto, a los efectos de que estos distanciamientos, que por supuesto se han ido acortando
llegando a ser mínimos, desaparezcan definitivamente.
Pero no deben desaparecer como una cuestión formal ni porque ratifiquemos que el presidente
de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; deben desaparecer por
el convencimiento total de civiles y militares de que acá se forma un todo, de que el Estado es
la Nación política y jurídicamente organizada y que son instrumentos pero no constituyen el
Estado, ni son los tutores, los encargados, los curadores del poder político, y de que la disposición
de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes se cumple
de acuerdo con las normas que rigen el proceso democrático de elecciones y de duración del
mandato de las autoridades.
Esta ley, que podrá ser buena o regular, tiene un mérito, que ojalá sea el comienzo del gran
mérito legislativo: es la concertación legislativa y normativa de las distintas corrientes políticas
y, sobre todo, de las dos grandes vertientes mayoritarias que han conformado la ley posible para
este país.
Esta ley podrá ser buena o mala, pero hay un detalle importante y fundamental del que quiero
dejar constancia como legislador. Si esta ley no va acompañada de la voluntad de un apostolado
político de todos y cada uno de nosotros, de los dirigentes políticos, de los dirigentes de las sociedades
intermedias, de las organizaciones sindicales, de los distintos sectores de opinión pública y
de los hombres que pertenecen a las Fuerzas Armadas; si no va acompañada de una misión definitiva,
permanente y prolongada en el tiempo en el sentido de que esto debe ser un todo único,
que la de Defensa Nacional no es una ley orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación sino del
conjunto de todos los intereses que hacen a la vida de la Nación y de nuestra sociedad; si no nos
compenetramos de que la mecánica de la Constitución y de las leyes vigentes del país debe ser
respetada, aunque nos duela; si no nos convencemos de que en la democracia y en la República
somos esclavos de la ley, nos guste o no; si no nos convencemos de que cuando formamos parte
de un gobierno, ya sea como mayoría o como minoría, debemos defender el prestigio de las
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instituciones y la mecánica de la ley de asegurar la justicia, que significa asegurar la acusación y
la defensa frente a cualquiera y por cualquiera; si no nos convencemos de que no hay hombres
con inmunidad que no puedan ser llevados a los estrados de la justicia; si no nos convencemos
de que nadie puede estar protegido por la impunidad; si no nos convencemos de que entre todos
tenemos que salvar la ley porque ello significará salvar su prestigio y no a los hombres que la
pueden pisotear y violar; si no aprendemos a ser nosotros mismos —civiles y militares— esclavos
de esa legislación; si no empezamos a decir esto en la mesa de nuestras casas todos los días; si no
empezamos a hablar en serio —aunque ya se lo ha hecho— y profundamente en nuestro hogar
acerca de qué significa violar los derechos humanos; si no empezamos a hablar en nuestras casas,
con nuestros hijos de lo que significa el contenido de la libertad; si no empezamos a ejercer todos
nosotros —civiles y militares— como un estilo de vida ese sacerdocio; si no empezamos a tomar
esas actitudes en las cuestiones más insignificantes, en las que no tienen trascendencia para que
sean fotografiadas y publicadas, respetando el derecho ajeno y las normas de la Constitución,
desterrando para siempre la trampa y la gambeta a la ley; si no procedemos así esta ley de Defensa
Nacional no servirá al país.
Hoy sancionamos la norma. Pero si bien ya hemos empezado entre todos, debemos profundizar
aun más. Si esta ley no está acompañada por el espíritu y la voluntad de los hombres, nunca
funcionará. Será un pedazo de papel cuyo articulado se discutirá en los centros de investigaciones
jurídicas y sociales, pero no se cumplirá.
Tenemos la Constitución, pero fue violada mil veces y reemplazada por estatutos. Tuvimos
que pagar, señor presidente, en los atajos necesarios para llegar a la democracia, el precio de normas
puestas por los gobiernos de hecho, que reemplazaban las normas de la Constitución. Así,
hemos tenido senados con dos senadores por la mayoría y uno por la minoría, al margen de los
que establece la Constitución.
Hemos vivido cosas desgarrantes. Yo provengo de una muchachada que le dijo a su partido
que no debía sentarse en la Convención Constituyente de 1949. Pero también hubo una revolución
o golpe de Estado que sin las mecánicas pertinentes un día la dejó a un costado. Son muchas
las frustraciones de que hemos sido actores y no espectadores. Llevamos sobre nuestras espaldas
aciertos y errores, pero tenemos la suficiente franqueza política de haber enmendado estos últimos
en las confraternidades que hemos hecho los grandes partidos mayoritarios, aunque nos
enfrentamos ferozmente más de una vez en nuestra historia, agraviando y provocando heridas
profundas.
A través de esos dos grandes paladines que fueron Balbín y Perón comenzamos a recorrer un
camino de entendimiento difícil pero fructífero.
Pero toda esa cadena de frustraciones tiene que servir para darle a esta ley el espíritu que le
corresponde. Hombres de armas y hombres civiles que no comprendan el sentido profundo de
lo que significa la República van a tener permanentemente un país con grupos sociales y políticos
recelosos, que estarán atentos a detectar el primer error o desencuentro para “patear” la
Constitución y esta misma ley.
Por ello digo que mi posición respecto de este proyecto de ley es un voto de esperanza en
que formulemos las políticas que nos permitan convivir trabajando en el marco de un estilo
profundamente republicano que, en definitiva, nos integra sustancialmente; de esperanza en que
logremos una felicidad cívica, porque es el producto de argentinos que, representando partidos
políticos distintos, llegaron a un proyecto de ley posible y en él concertaron sus esperanzas de que
esto sea un ejemplo a tener en cuenta en futuras discusiones; y por último, señor presidente, para
que esta ley de Defensa Nacional sea el comienzo del histórico camino que debemos recorrer
en la reconstrucción de nuestro país y el punto de partida para lograr que algún día las Fuerzas
Armadas, junto con todos los hombres civiles de la Nación, lleguen a olvidar definitivamente los
años de amargura y de desencuentro vividos y, de esa manera, se empeñen fundamentalmente

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
en el objetivo futuro de hacer un país más grande y mejor. Este es el sentido de mi voto por la
afirmativa en el proyecto de ley que estamos considerando. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem.—Señor presidente: voy a ser muy breve en la exposición que a continuación
realizaré. Me limitaré a formular algunas citas para fundamentar el sentido de mi voto, dada la
trascendencia que este proyecto de ley tiene para nuestro país.
Creo que el punto fundamental respecto del tema de la defensa es, precisamente, determinar
previamente el concepto que tenemos sobre lo que debe entenderse por defensa, porque de
acuerdo con él, será la regulación en la materia. Nuestro concepto de defensa tiene un antecedente
en aquella definición que en 1883 acuñara el mariscal prusiano Von der Goltz, que es el
concepto de la Nación en armas. Piensa la guerra no tanto como un esfuerzo militar sino como
un esfuerzo del conjunto de la población que compone la Nación. Así la guerra trasciende el
campo de la batalla en el que se enfrentan los ejércitos. De esta forma, se comienza a hacer hincapié
fundamentalmente en la logística, aprovisionamiento y disposición de todos y cada uno de
los habitantes para que comprendan de qué manera su actividad en la producción o distribución
incidirá en facilitar la acción de su propio ejército o dificultar la del enemigo.
El 10 de junio de 1944, el coronel Perón pronunció una conferencia en la Universidad de
La Plata acerca del significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar. En esa
oportunidad desarrolló el concepto de nación en armas adecuándolo a la situación argentina de
aquel momento. Dificultades en la provisión de armamentos, dependencia tecnológica, industrialización
incipiente pero no integrada constituían parte de la problemática a resolver desde la
perspectiva de la nación en armas.
La creación del Consejo Nacional de Posguerra obedeció también a esa entonces inédita concepción.
De acuerdo con ella, la defensa nos lleva a concebir un proyecto nacional, es decir un
proyecto de nación, y esto no era viable si no se daba un impulso decisivo a la industrialización,
apartándose así del clásico esquema agroexportador.
En este sistema el Estado no tenía un papel pasivo, antes bien se trataba de que a partir de una
planificación cuidadosa orientara y se complementara con el sector privado. La meta consistía
en la autosustentación económica, pero la Defensa Nacional no exigía solamente el desarrollo
económico, sino que además requería que la población estuviera en condiciones físicas y educacionales
aptas para brindar su participación en ese ámbito. Mejor alimentación, cuidado de la
salud, escuelas para todos, eran algunos de los prerrequisitos para lograr una adecuada Defensa
Nacional.
Ha pasado casi medio siglo desde ese entonces y esta doctrina —aunque actualizada— mantiene
su vigencia. La Defensa Nacional incluye el hecho de asegurar la independencia y la capacidad
de autodeterminación nacional, defender la integridad territorial, controlar los recursos
que constituyen el patrimonio de la Nación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes y
contribuir al mantenimiento de las instituciones democráticas.
Estos y otros objetivos tienen un supuesto: la Defensa Nacional. Ésta consiste en el conjunto
de los medios que, al desplegarse, impiden que un conflicto —que potencialmente conlleva el
riesgo de convertirse en armado— se efectivice.
Así, la Defensa Nacional constituye el camino para evitar la guerra. En este plano las Fuerzas
Armadas desempeñan un papel especialísimo, pero no exclusivo, Para ello, han de constituirse
en un órgano auténtico de la Defensa Nacional, esto es de la defensa ante agresiones externas y no
para cumplir tareas policiales, porque esto sería minimizar el gran papel que deben desarrollar
en la comunidad.
En este sentido, resulta imprescindible su subordinación al poder político, su integración a la
sociedad y no su marginalidad; esto ha de reflejarse tanto en su participación en todo lo relativo
a la producción para la defensa como a la promoción cultural y social que asegure calidad de
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vida para la población, con el objeto de que esté en condiciones de participar con plenitud en las
tareas propias de la defensa.
En este sentido, me permito discrepar con algo que dijo en este recinto el miembro informante
de la comisión acerca de este proyecto en una brillante exposición sobre el tema. No creo
que el concepto de defensa tal como lo comprendemos desde el justicialismo, haya quedado algo
detenido en el tiempo y no tenga actualidad. Pienso que sí está vigente, que aunque los medios
se hayan modernizado —porque es cierto que la cibernética y la computación han pasado a ser
elementos preponderantes— el concepto global e integral de la defensa debe ser entendido como
la reunión de todos los elementos de la Nación que tiendan a consolidar nuestras fuerzas, nuestra
estructura. Creo que esto sigue teniendo plena vigencia.
De todos modos, ésta no es una discrepancia sustancial sino una forma de comprender un
asunto tan importante como el concepto de defensa.
Creemos que en alguna medida este concepto está reflejado en el proyecto de ley que estamos
considerando, que no es el ideal. Entendemos que ésta no será la ley definitiva sino, más bien, un
gran paso hacia su concreción.
Este proyecto nace de un gran esfuerzo de los legisladores para aunar los criterios —considerados
sobre todo desde un punto de vista pragmático— sobre un tema acerca del que hay
distintas concepciones: por un lado, la defensa en un sentido estricto —según la perspectiva
liberal— y, por otro, la defensa entendida como nación en armas. En este caso, más que aferrarse
a una posición dogmática se ha querido brindar una legislación que reemplace a la anterior que,
como se sabe, desgraciadamente estaba imbuida de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Por eso se han priorizado los aspectos principales del proyecto del gobierno, compatibilizándolo
con el presentado por la senadora Gurdulich de Correa y el senador Saadi, dejando de
lado aquellos aspectos que pudieran producir un enfrentamiento entre una y otra concepción.
Más aún, creo que con el esfuerzo realizado en las discusiones se lograron resultados que fueron
mucho más allá de las expectativas que teníamos cuando nos decidimos a encarar esta tarea de
compatibilización.
Así es como se ha podido brindar un marco conceptual en los primeros cuatro artículos del
proyecto, que definen con claridad la idea de defensa, a la par que detallan el territorio sobre el
que se extiende y los instrumentos a que se puede recurrir.
En ese sentido, la mención de las Malvinas como parte indivisible de nuestro país no sólo
tiene el objetivo político de remarcar nuestra soberanía sobre las islas sino que está expresando
que la misión de la defensa está referida en primerísimo lugar a asegurar la integridad de nuestro
territorio y de nuestro patrimonio natural.
Respecto de los organismos cuya creación prevé esta ley, reviste una particular importancia
el Consejo de Defensa Nacional. Por un lado —y ahora que está en discusión la reforma constitucional
y en particular la modificación de algunas instituciones de los tres poderes—, este
proyecto adquiere particular relieve porque se crea un organismo en el que hay responsabilidades
compartidas entre los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo en una cuestión tan
trascendente como es la de defensa. No se trata sólo del control del Parlamento sobre actos del
Poder Ejecutivo sino, más bien, de una actividad compartida desde el inicio, de modo tal que este
tema que hace a la Nación como un todo sea encarado coherentemente en sus decisiones fundamentales.
Por otro lado, tiene una importancia específica, porque se parte del reconocimiento de
que nuestro país carece de una legislación actualizada sobre los distintos aspectos que hacen a la
defensa y se formula una especie de calendario para avanzar en ese sentido.
De ahí que este dictamen, antes que cerrar un tema en realidad lo está abriendo. De aquí en
más, tanto los miembros del Poder Ejecutivo como los de las respectivas comisiones legislativas
de Defensa deberán apurar la elaboración de un paquete de proyectos sustantivos para la defensa.
Por ejemplo, una ley de secreto de Estado que establezca pautas sobre los criterios con que han

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de manejarse los funcionarios con respecto a lo que es obligadamente público —recuérdese el
papel de la información para una cultura política democrática— y lo que necesariamente ha de
mantenerse en secreto y por cuánto tiempo. En ese sentido debe tenerse presente la legislación
norteamericana, que distingue con sabiduría lo que pertenece a la política cotidiana de lo que ya
forma parte de la historia.
También será necesaria una ley orgánica de las Fuerzas Armadas que complemente las disposiciones
en vigor y las actualice en función de una reforma militar profunda, atendiendo no sólo
a aspectos tales como su despliegue territorial o su logística, y que avance sobre su formación,
combinando un elevado nivel de capacitación técnica específica con una integración al todo
social para impedir cualquier manifestación de un espíritu de casta escindido de los avatares de
nuestra sociedad.
Y asimismo se requerirán otras leyes como las referidas a las Fuerzas de Seguridad y al Sistema
de Inteligencia.
En el proyecto que consideramos se avanza además en el sentido de establecer algunos criterios
que definen distintas situaciones probables para la Defensa Nacional. Dichos criterios están
expuestos en el cuadro anexo al dictamen y se les ha dado el nombre de mecanismos de alerta,
que, además de tratar de clasificar los diferentes escenarios en los cuales la Defensa Nacional está
en juego, con lo que se logran criterios compartidos por los que legislan y los que ejecutan —a
nadie se le escapa que dicho cuadro tiene una clara inspiración castrense en la medida en que
está configurando posibles marcos de acción— tienen por objeto delimitar las funciones de los
organismos más directamente vinculados con la Defensa Nacional. Ésta, como ya se sostuvo,
no es resorte exclusivo de las Fuerzas Armadas. Más aún, en algunos aspectos específicos no
corresponde que ellas actúen. De ahí que en el proyecto en discusión se detalle que las Fuerzas
Armadas no actúan en los conflictos internos, excepto cuando estén motivados por el alzamiento
de una parte de las Fuerzas de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, en cuyo caso el presidente de
la Nación, que también preside el Consejo de Defensa Nacional, dará las indicaciones necesarias
para la represión que corresponda.
Cabe recordar que la inteligencia forma parte de las Fuerzas Armadas. Es decir que de aquí
en más no hay espacio legal para que los organismos militares de inteligencia trabajen en función
de hipótesis referidas a conflictos internos. Y eso se verifica hasta en los aspectos negativos: por
ejemplo, en qué actividades no pueden empeñarse las Fuerzas Armadas.
Pero el cuadro anexo, referido a mecanismos de alerta, especifica también en qué deben centrar
las Fuerzas Armadas su preparación, cuáles son las eventualidades a las que deben prestar atención.
Esto significa que en el dictamen no se trata a las Fuerzas Armadas como a un rival peligroso
al cual hay que mantener débil y sojuzgado, sino que, por el contrario, se plantea una reformulación
de sus objetivos para que cumplan el papel positivo que les asigna nuestra Constitución
y para que colaboren en la defensa de la integridad de nuestro territorio, así como de nuestro
patrimonio.
Todas estas consideraciones, señor presidente, en la medida en que la ley contemple esa concepción
de nuestra política con respecto a las Fuerzas Armadas, nos llevan a brindar nuestro
apoyo y nuestro voto favorable a este dictamen que, como dije anteriormente, no es el súmmum,
no es el ideal pero sí constituye un avance fundamental hacia una definición y una estructuración
total de lo que debe entenderse por un sistema de Defensa Nacional.
Más allá de cualquier tipo de especulación doctrinaria, las hipótesis de guerra, la logística o
la organización interna, debemos entender que aquí se trata de modificar una mentalidad y una
estructura de pensamiento, tendiendo a romper el aislamiento militar, promoviendo la integración
de las Fuerzas Armadas al resto de la sociedad, así como también elevar el nivel profesional
y cultural de los cuadros, fortalecer ciertos valores éticos, respetar la democracia y fomentar una
conciencia nacional auténtica.
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De ahí también la importancia que va a revestir el que se cambien planes de estudio, se seleccione
con cuidado el plantel docente y se efectúen las transformaciones necesarias para que
el joven que ingrese en las Fuerzas Armadas mantenga una relación estrecha y cotidiana con la
sociedad no militar.
Si no se tiene en cuenta una concepción social y un pensamiento popular para la reorientación
de nuestro sistema defensivo, realmente no se habrá avanzado mucho en esta materia.
Estas simples reflexiones tienden —como dije al principio— a fundamentar el voto positivo
para esta iniciativa sin pretender hacer una exposición sobre este tema, ya que hemos escuchado
exposiciones medulosas y profundas realizadas por los señores senadores que me precedieron en
el uso de la palabra.
Creo que debemos apoyar este proyecto de ley porque representa un avance positivo y —tal
como dije en una parte de mi exposición— la discusión no se cierra en este punto sino que estamos
abriendo el camino para dictar todas las otras leyes que están previstas en este mismo articulado
y que, por supuesto, van a tender a completar nuestra concepción global de defensa, que
constituye un elemento fundamental para el progreso de nuestro país y la grandeza de nuestra
patria.
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Martiarena.—Señor presidente: me veo precisado a formular inicialmente una aclaración.
Se ha hecho tal apología del concepto unificador operado en la Comisión de Defensa Nacional
para obrar —como ahora se dice— la compatibilización de dos proyectos que desde el primer
momento de su lectura he considerado incompatibles, y se ha mencionado con tanta insistencia
que es digno de alabanza y de remarcar el espíritu con el que se ha logrado la conciliación de los
textos, como si ello estuviera cimentando un principio de tal magnitud en las relaciones políticas
que se operan en este Parlamento, que quienes no participamos de esa idea aparecemos como
excluidos de ese espíritu de conciliación, de solidaridad, de compañerismo, de identidad de propósitos
o de cualquier cosa por el estilo. Yo me encuentro en esa situación.
Desde que tuve que empezar a considerar este proyecto de ley de Defensa Nacional, que tiene
su origen en una iniciativa del Poder Ejecutivo remitida a la Cámara de Diputados en abril de
1985, he tenido una verdadera preocupación por fijar los términos de la necesidad nacional de
una ley de Defensa y por establecer si efectivamente el texto propuesto entonces por el Poder
Ejecutivo, su elaboración posterior en la Cámara de Diputados y el primer dictamen de la comisión
en mayoría en el Senado podía decirse que satisfacían lo que la República necesita en materia
de ley de Defensa Nacional.
Digo también, en forma de confesión, que en ningún momento ni el proyecto del Poder
Ejecutivo ni el texto modificado de la Cámara de Diputados ni el dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en mayoría habían logrado convencerme de que ésa fuera la ley de Defensa
Nacional que la República requería. Ya me voy a referir a las motivaciones de este rechazo acerca
del proyecto y de sus derivaciones.
Contemporáneamente a estas dudas planteadas y a esta toma de decisión por mi parte, advertí
que en el transcurso del tiempo se iba operando un cambio sustancial en la pretensión del
gobierno nacional acerca del dictado de esta ley.
He leído con toda minuciosidad los discursos que se pronunciaron en la Cámara de
Diputados en agosto de 1985, o sea, hace más de un año. Y he encontrado, no por inducción sino
por expresiones precisas, que el gran mérito del proyecto del Poder Ejecutivo —lo que ahora
también se denomina la filosofía del proyecto— se presentaba bajo algunas premisas estimadas
fundamentales.
En primer lugar, la sumisión y la subordinación del poder militar al poder civil. Luego, la
unificación de disposiciones y de acciones en las fuerzas militares para asegurar actividad y pronunciamientos
conjuntos en las emergencias a las que se pudiera dar lugar por su aplicación.

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
Esto apareció como lo más importante, y fue descrito por el miembro informante en la
Cámara de Diputados, el señor diputado Zubiri, agregando también como punto sustancial, no
de tercer orden por su importancia sino cronológicamente, la abolición y la terminación de la
denostada teoría o doctrina de la Seguridad Nacional.
Había, evidentemente, también en el texto del proyecto como en los fundamentos del presidente
Alfonsín y en las expresiones del debate, una clara manifestación del recelo que la civilidad
sentía en ese tiempo por todo lo que significara la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de la
República, a través de comandos accidentales o de fijación de posiciones institucionales pudieran
abrirse el camino de la reiteración en esto que nosotros hemos calificado durante más de siete
años de su vigencia de dictadura militar, en contra de los derechos del pueblo argentino.
Apareció en ese momento como un propósito muy definido del gobierno. Es decir que, el
gobierno, en cierta manera —a mi modo de ver—, captó entonces la repulsa que perduraba en
el ánimo de los argentinos por los hechos aberrantes que se habían producido a través de los elementos
de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad durante el denominado “proceso”
y eso estaba reflejado en el proyecto, en sus fundamentos y también en las exposiciones de los
señores diputados.
Ya vamos a hablar acerca de la doctrina de la Seguridad Nacional y de esta posición de las
Fuerzas Armadas. Pero ahora quiero significar solamente que desde ese momento hasta ahora
se produjo el congelamiento de este proyecto, que fue sancionado por la Cámara de Diputados
en el mes de agosto del año pasado. No fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias
del último año y no se propuso en todo el período ordinario hasta el mes de agosto de este año,
cuando nuevamente renace la aspiración de que el Honorable Senado lo considere.
He escuchado con mucha atención la explicación dada por el señor miembro informante
acerca de la necesidad de brindar una gran participación a todos los elementos ponderables de
la sociedad argentina para que expresaran sus opiniones acerca de este tema; pero disiento con
la extensión que él le da a ese propósito de hacer participar a los estamentos de toda clase en la
consideración de este proyecto, porque ni siquiera se tuvo la prudencia de recabar las opiniones
al poder militar de forma tal que fueran oportuna, coherente y rápidamente expuestas, toda vez
que si estábamos tratando—como filosofía de este proyecto— de que se llegara a las determinaciones
conjuntas de las armas, cuando ellas dieran una opinión debería ser el pensamiento
conjunto de las mismas.
He dicho en la reunión de presidentes de bloque y voy a repetirlo ahora que me llamó sobremanera
la atención que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional abriera una encuesta
—digamos así— que se inició con una conversación de los señores senadores con el jefe
del Estado Mayor Conjunto, brigadier Waldner. En esa oportunidad, él tuvo la precaución, la
cautela o la decisión acordada —no puedo decirlo con certeza— de expresar que se manifestó
solamente a título personal y, en tal carácter, dio algunas opiniones globales generalizadas.
Después, tuve la sorpresa de que fueran invitados sucesiva y separadamente los jefes de los estados
mayores de Ejército, de Marina y de la Aeronáutica. Y digo que recibí una sorpresa porque
yo entendía que la opinión del señor Jefe del Estado Mayor Conjunto sobre este proyecto de ley
resumiría de alguna manera el pensamiento de los Estados Mayores de las fuerzas componentes,
toda vez que por definición militar —y de esto, el señor presidente de la comisión sabe más que
yo— los Estados Mayores no son comandos sino órganos de consulta. Así, yo suponía que las
consultas también debían compatibilizarse entre las armas para traer a los senadores la opinión
de las Fuerzas Armadas y no el pensamiento individual de cada una.
En definitiva, no fueron opiniones individuales en el sentido de que eran personales, porque
cada uno de los señores jefes habló por su arma. Ellos no se expresaron a título personal, como
lo hizo el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, sino que expusieron los propósitos de sus respectivas
armas.
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Coincidentemente, los tres jefes de Estado Mayor hicieron algunas objeciones a las cuales
puedo referirme después, que sintéticamente aludían al artículo 2° del proyecto, en cuanto éste
habla única y exclusivamente de agresión externa. Coincidentemente entonces, los tres jefes de
Estado Mayor, por separado, expresaron su disconformidad y dieron una serie de argumentos a
los que como dije, podemos referirnos después, para fundar su oposición a ese texto legal.
Como senador de la Nación, tengo la obligación de votar esta ley o no, pero también la de
estar informado de la disconformidad manifestada por las categorías y jerarquías militares en
cuanto a un punto fundamental del proyecto. Y se los había llamado, precisamente, para que
expresaran su opinión. No quiero suponer que se conociera ya de antemano que iban a dejar
asentada su disconformidad.
Esto nos coloca, me coloca a mí como senador de la Nación —no voy a generalizar—, en la
situación de que, con la alta responsabilidad que significa votar una ley como ésta o no, toda vez
que no admita lo que los comandantes han dicho, vengo a estar enfrentando mi posición parlamentaria
con las opiniones que ellos han vertido a raíz de la invitación que se les había formulado
incoordinada o coordinadamente.
Es decir que políticamente me encuentro situado en estos momentos en esta condición. Si
voto el artículo 2 o tal cual la comisión entiende que debe ser, estoy discrepando con las Fuerzas
Armadas de mi país en la apreciación de un tema fundamental, y si voto de acuerdo con la discrepancia
de las Fuerzas Armadas, sé que estoy enfrentando al gobierno de la Nación. Porque
recién después —repito, recién después de eso—, el señor ministro de Defensa de la Nación fue
invitado a dar su opinión, que fue contraria a la que dieron los representantes de las Fuerzas
Armadas ante nosotros.
Creo que esto no nos ha hecho bien para el estudio del caso. Desde luego, nos ha obligado a
una serie de cosas laboriosas, importantes, a las que hemos tenido que dedicar muchos pensamientos
y mucha información.
Nos encontramos también con que desde el ámbito del mismo gobierno nacional, y por la
vía del propio señor ministro de Defensa, se han hecho manifestaciones lesivas a este Senado de
la Nación. El señor senador Berhongaray ha mencionado —y ha tenido razón en hacerlo— que
existe algo así como una impresión general en el país que se traduce en ataques al Senado de la
Nación porque éste no tiene tal vez la ductilidad o celeridad que desean sectores de la opinión
pública debidamente manejados con un propósito que no puedo calificar todavía, y que nos
hacen aparecer como un cuerpo retrógrado o de frenaje a la sanción de disposiciones legales que
interesan a la República.
Pero resulta que esas opiniones, que son denuestos claros hacia el Senado de la Nación y sus
integrantes, parten inclusive de los propios órganos del Poder Ejecutivo. Lo más reciente es lo
que aparece en la revista Visión del 20 de octubre de este año, es decir, el último número, que fue
distribuido esta semana. El ministro de Defensa reflexiona allí —así dice, “reflexionó”— sobre
lo siguiente: un sistema de defensa diagramado con una buena capacidad de movilización de la
sociedad en su conjunto es la solución viable y puede ser el objeto de un proyecto realista para la
Argentina. Esto después de haber dicho que está aún en discusiones bizantinas la ley de Defensa
en las Cámaras legislativas.
Que el señor ministro de Defensa diga que aquí entramos en discusiones bizantinas es algo
que no puedo admitir. Tal vez podría entender que lo dijera el señor diputado Jaroslavsky, que
no pone ninguna cortapisa a sus excesos verbales para denostar al Parlamento y, especialmente,
al Senado de la Nación; así, llegó a afirmar que no somos representativos y que no debemos participar
en la elaboración de las leyes fundamentales de la Nación.
Pero no puedo admitir que el ministro de Defensa califique de bizantinas nuestras discusiones
cuando nos referimos al tema de la ley de Defensa Nacional; le demostraremos —y lo
estamos haciendo— que de ninguna manera presentan esa característica. Cada uno de nosotros

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
ha estudiado profundamente este asunto. Por otra parte, no fue el actual ministro quien envió el
primer proyecto sino el doctor Borrás, de recordada y estimada memoria, quien lo hizo.
Si el ministro de Defensa cree que aquí entramos en discusiones bizantinas respecto de este
tema le vamos a demostrar que hemos profundizado en él. Por otra parte —y esto que digo no
lleva la intención de contragolpear esa opinión—, creo que este funcionario no ha procedido con
la misma dedicación a que está obligado por la naturaleza y responsabilidad de su cargo.
Parecería que esta iniciativa, que tuvo su inicio en la Cámara de Diputados en abril de 1985,
que fue votada en agosto de ese mismo año, fecha en la que también ingresó en la Cámara de
Senadores y que fue frenada aquí no por el cuerpo sino por la propia Comisión de Defensa
Nacional hasta agosto de este año, ahora es considerada como un proyecto de trámite necesariamente
urgente porque los organismos del Poder Ejecutivo Nacional indican que es imperativo
que nos pronunciemos sobre el tema para tener, así, una ley de Defensa.
Dejando de lado lo anecdótico y pasando a sus aspectos profundos, quiero hacer hincapié en
qué es lo que sucede respecto de las relaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
de la República; qué pasa cuando advierto que las conclusiones a que se llegó en la Cámara de
Diputados luego de la urgencia del caso y de las posiciones allí sustentadas, quedan tapadas durante
más de un año en el Senado de la Nación llegando, inclusive, a manejar conceptos diferentes
de aquellos sustentados en Diputados.
Inclusive, aquí se habló de otras cuestiones. El senador Berhongaray —aclaro que no deseo
molestarlo sino considerar este caso tal como yo lo advierto— ha manifestado en distintas
declaraciones aquello del “poder de fuego” y de que “a la honda se le responde con honda y al
misil con misil”, o algo por el estilo, conceptos que fueron publicados en algún periódico. De
esta manera se brindó a la opinión pública la sensación de que en algún momento podría modificarse
la filosofía del proyecto en cuestión cuando fuera considerado en el Senado de la Nación.
Sin embargo, de acuerdo con los despachos de comisión advierto que esto no ha ocurrido y que,
inclusive, la mayoría de sus integrantes se inclinó por sostener el principio del artículo 2º sancionado
por la Cámara de Diputados.
De todas maneras, insisto en que este trámite pudo ser calificado de no tan insólito…
Sr. Berhongaray.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Martiarena.—Cómo no, señor senador.
Sr. Berhongaray.—Seré breve y hablaré con el mismo espíritu clarificador, ya que he sido
aludido.
Deseo mencionar que nuestra posición respecto de la filosofía que guía a este proyecto no ha
cambiado en absoluto. En algunos puntos se han introducido conceptos novedosos y cabe destacar
que en ciertos casos, por haber sido la información parcialmente recogida por determinados
sectores del periodismo y no debidamente entendida por los lectores, se originaron interpretaciones
diversas.
Le recomiendo al señor senador que lea textualmente todas las declaraciones que sobre este
tema vengo formulando desde noviembre del año pasado.
Mis colaboradores se han tomado el trabajo de realizar una síntesis cronológica de todas las
declaraciones que formulé y fueron publicadas por los medios de prensa. Observará que existe
lógica y coherencia absoluta con lo que manifestamos ayer cuando informamos este proyecto y
con todo lo que señalamos al respecto.
No nos hacemos cargo de alguna deformación interpretativa que pudo haber sido realizada
por algún medio de difusión.
Sr. Martiarena.—Comprendo y le agradezco su aclaración, señor senador.
Voy a continuar retomando lo que acaba de aclarar el senador Berhongaray.
Volviendo al tema del ministro de Defensa, en el diario Tiempo Argentino del 28 de julio,
cuando se le preguntaron algunas cosas acerca de su ministerio, Jaunarena admitió la posibilidad
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de que las Fuerzas Armadas lleguen a intervenir cuando un conflicto interno alcance una dimensión
tal que conmueva las bases de la propia organización nacional, y que este caso se asemejaría
al accionar de una potencia extranjera.
Como podemos ver, es un poco confusa la situación que las declaraciones y la demora de las
opiniones solicitadas —conociéndose el sentido que podrán tener las mismas— ha creado en el
ánimo de los legisladores. Así llegamos a este momento en el que debemos decidir qué resolveremos
en definitiva.
Quiero agregar que los medios periodísticos han señalado en forma reiterada que las demoras
en el tratamiento de este proyecto en el Senado se debían a las discrepancias existentes entre la
Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Tales discrepancias no han existido. Aprovecho la
oportunidad para aclarar a la prensa que de ninguna manera los desencuentros en las opiniones
—que sí los tenemos— han sido la causa de la demora por más de un año en la consideración de
este tema por parte del Senado de la Nación.
Sra. Gurdulich de Correa.—¿Me permite una interrupción señor senador?
Sr. Martiarena.—Sí, señora senadora.
Sra. Gurdulich de Correa.—Usted hizo alusión a opiniones del ministro. Nosotros mantuvimos
en el Senado una reunión con el doctor Jaunarena. La discusión central fue en torno del
tema del uso de las Fuerzas Armadas frente a una situación interna. El ministro aseguró que la
Constitución otorga absoluta libertad al presidente para utilizar las Fuerzas Armadas ante cualquier
situación.
En dicha ocasión, nosotros planteamos la necesidad de que la ley definiera estos temas, porque
al ser cuestionada esta situación el doctor Jaunarena manifestó que el señor presidente tenía
absolutas atribuciones para utilizar a las Fuerzas Armadas ante cualquier tipo de situación externa
o interna, porque si no parecería que la posición era la de no utilizarlas en las situaciones
internas. Pero ésta no es la realidad de la redacción del proyecto original.
Sr. Martiarena.—Entiendo perfectamente, señora senadora.
Todo lo que he señalado tiene el propósito también de dejar asentado que no se ha explicado
el motivo de la actual urgencia en sancionar esta ley.
El Poder Ejecutivo lleva tres años de manejo propio. Sabemos que la ley 16.970, que consagra
la doctrina de la Seguridad Nacional —aun cuando el señor senador Bravo Herrera no lo ve
tan claramente, pero es su opinión personal—, ya sea modificada por la ley de ministerio o por
estar en desuso —según quiera interpretárselo— no ha sido derogada en forma expresa durante
el transcurso de estos tres años. Y si esto ha ocurrido en tres años, yo pregunto qué prisa surge
repentinamente, en agosto de 1986, para que decidamos este tema. Según las manifestaciones
escuchadas en este recinto, esto hace a la necesidad pública de contar con la regulación precisa
de la Defensa Nacional en sus órganos y en su funcionamiento, referido sobre todo a las Fuerzas
Armadas de la Nación.
No quiero caer en ninguna clase de suspicacias, pero sí recoger que en ambientes de la opinión
pública —que no son populares sino más bien elitistas y donde la gente se preocupa por
seguir paso a paso las tramitaciones de las leyes de la Nación e implicancias de los votos que emitimos—
surge el interrogante de si existen en este momento circunstancias de alguna magnitud
que provocan que esto que no ocurrió durante tres años tenga lugar ahora. Y la duda surge porque
tanto el proyecto del Poder Ejecutivo de 1985 como la sanción de la Cámara de Diputados
y el dictamen de mayoría de la comisión de Defensa Nacional no han concretado un proyecto
de ley de Defensa Nacional; han elaborado principios generales sobre la Defensa Nacional que
tiende a la organización del estamento militar del país mencionando a veces que es con la finalidad
de su actuación en caso de guerras, y otras, que es para la actuación del sector militar en los
casos de conflicto: conflictos armados o agresión militar, según el caso.
Entonces, si este proyecto no constituirá realmente la ley de Defensa Nacional porque no es

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integral —y aquí recojo la expresión utilizada en el proyecto de la señora senadora Gurdulich y
que considero válida, para una ley de Defensa Nacional—, ya que no prevé la organización del
país en forma integral para el caso de guerra, para la vinculación de todos los factores económicos,
sociales, culturales, etcétera, para las situaciones de agresión interna o de tipo interna con
connotaciones internacionales —inclusive, si no hace las previsiones para el caso de una posguerra,
que constituyen también un asunto de la mayor importancia para la República—, entonces,
digo, ¿cuál es la razón de la urgencia para sancionar este proyecto?
Por supuesto, estoy dispuesto a tratarlo, lo estuve en todo momento e incluso daré mi voto
de acuerdo con mi convicción. Pero este interrogante ha quedado en el aire y seguirá estándolo
si se sanciona este texto tal como nos aconsejan hacerlo.
Se ha dicho, y lo ha mencionado la señora senadora Gurdulich en una de sus aclaraciones,
que las divergencias surgirán cuando se tratara el artículo 2 o por la consideración que han hecho
el ministro de Defensa y la mayoría de la comisión en cuanto a que está previsto el caso de conmoción
interior.
Se ha dicho en la Cámara de Diputados y aquí también reiteradamente, que no tenemos
por qué afligirnos si ocurre nuevamente un proceso de subversión de signo terrorista, ya que el
presidente de la República no va a dejar inerme a la Nación porque no deban actuar las Fuerzas
Armadas toda vez que el artículo 2 o habla de agresión externa solamente. Dicen que para esa
situación la República tiene el resguardo del inciso 17 del artículo 86 de la Constitución, que es
el que autoriza al Poder Ejecutivo, como atribución propia, a disponer de las fuerzas militares
marítimas y terrestres y correr con su organización y distribución, según las necesidades de la
Nación.
Pero, desde luego —yo sé que esta es una materia de discusión entre los constitucionalistas
sobre cuáles son las cláusulas de aplicación inmediata y cuáles las que requieren reglamentación
legislativa—, es evidente que este artículo tiene que coordinarse con lo expresado por el inciso 28
del artículo 67 de la Constitución, que faculta al Congreso a: “Hacer todas las leyes y reglamentos
que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos
por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.
Desde luego, el inciso 17 del artículo 86 tampoco se compadece con una aplicación inmediata
y directa de lo establecido en el artículo 109 de la misma Constitución, donde se lee: “Ninguna
provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a
la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra
civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme
a la ley”, reitero, “…conforme a la ley”.
Entonces, es irreal que en el caso de una situación interna de tal magnitud que creara un
peligro no inmanente sino positivo para la existencia de la Nación, se diga que la República
puede tener refugio en lo dispuesto por el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución. Lo que
corresponde es que esta situación también debe ser uno de los temas que el Congreso tiene que
considerar y pronunciarse al respecto.
No basta la escapada, aparentemente legítima, de decir que ponemos en el artículo 2° de la
ley de Defensa Nacional que las Fuerzas Armadas solamente se ocuparán de los casos de agresión
exterior porque si ocurre alguna otra cosa tenemos el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución.
Si procediéramos así, estaríamos haciendo alguna de estas dos cosas: cayendo en la ineficacia o
autorizando al presidente de la República a violar el orden constitucional, porque, sin ley, podría
disponer de las Fuerzas Armadas. Debemos dejar claro que el hecho de disponer de las Fuerzas
Armadas no significa realizar una disposición discrecional, sino que se trata de una disposición
legal, legítima, adecuada a la ley.
Esta es una de mis objeciones fundamentales al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, a la
sanción dada por la Cámara de Diputados y al dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa
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Nacional de este Senado. En este momento no estoy determinando mi opinión sobre si está bien
o mal que no se considere el caso de conmoción interior; esto quiero dejarlo aclarado. Estoy
destacando ahora que la ley de defensa debe ser una norma integral que recepte y prevea todas
las situaciones posibles de conflicto que comprometan la paz, tranquilidad, existencia, soberanía,
etcétera, de la Nación, tal como dicen todas las definiciones del concepto de “Defensa Nacional”.
A mi entender, esto debe ser motivo de una regulación legal de tal amplitud y profundidad que
realmente permita realizar el propósito indicado por la senadora Gurdulich en los fundamentos
de su proyecto, cuando se refiere al Código de Defensa Nacional integrada por determinadas
leyes fundamentales, esenciales e indispensables para asegurar este bien común, de vigencia en
todo tiempo, como de la Defensa Nacional.
Es cierto que, con respecto a esta argumentación mía, aparece lo expresado por el diputado
Zubiri, lo que también fue repetido aquí, en el sentido de que hay que dar prevalencia al concepto
y la necesidad de derogar la doctrina a ideología, según sean las interpretaciones sobre su denominación
de la Seguridad Nacional.
Pero resulta que si yo reflexiono sobre todo esto, encuentro que esa doctrina lleva ya tres años
de vigencia, conviviendo con el Poder Ejecutivo presidido por el doctor Alfonsín, es decir, habría
convivencia con la doctrina de Seguridad Nacional. “No es así”, me dice el senador Berhongaray
y yo estoy de acuerdo en que no convive porque ha caído en desuetudo o ha sido derogada, como
dijo Bravo Herrera, por la ley de ministerios, o bien ha sido suspendida en su ejecución, por lo
tanto se dice que no convive con este gobierno. Entonces, yo me pregunto: si no convive, ¿qué
urgencia tenemos nosotros en dar esta ley, que es una mala ley, que tiene una mala organización,
que está llena de omisiones y orientada solamente a una parcialidad de la regulación orgánica
de las Fuerzas Armadas, en lugar de entrar a considerar todos los temas, inclusive la derogación
expresa de la ley 16.970?
Estas consideraciones las he elaborado paulatinamente, a lo largo del trabajo ímprobo a que
nos ha sometido la comisión de Defensa Nacional del Senado para estudiar sucesivamente el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, el primer
dictamen producido, las explicaciones dadas por los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas
Armadas, el proyecto presentado por el senador Amoedo, el elaborado por el senador Bravo
Herrera, y finalmente, la iniciativa de la senadora Gurdulich. Les aseguro que esta ímproba tarea
la he realizado con bastante esfuerzo y gran dedicación de tiempo, a los efectos de no dar mi voto
de compromiso, sino un voto que refleje realmente mi convicción.
Al encontrarme con el proyecto de la senadora Gurdulich y del senador Saadi —menciono en
primer término a la senadora Gurdulich porque es quien firma en primer lugar el proyecto— y,
de acuerdo con las prácticas de este Senado, es a quien se le adjudica la paternidad…
Sr. Bravo Herrera.—La maternidad, señor senador. (Risas).
Sr. Martiarena.—El senador Bravo Herrera, además de examinar largamente esta cuestión,
hace gala de su buen “humor”.
Decía que al encontrarme con el proyecto de la senadora Gurdulich, debo reconocer que
estoy de acuerdo con él; estoy casi totalmente de acuerdo porque define adecuadamente lo que
la Defensa Nacional puede requerir del Parlamento para obtener una solución. Esa iniciativa
menciona cuáles son las bases y principios jurídicos en las que se apoya, lo que más o menos es
habitual. Pero, principalmente, acierta cuando pone de relieve la necesidad de una legislación
integral sobre la defensa; repite muchas veces el concepto “integral”, con el que todos parece que
estamos de acuerdo, aunque muchos lo dicen pero no lo hacen, siendo que hay otros que lo dicen
y sí lo hacen.
Los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, según los recuerdos que tengo de
sus exposiciones, han manifestado también la necesidad de que una ley de Defensa Nacional
debe ser integral. Ellos criticaron la sanción de la Cámara de Diputados, señalando que está

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excesivamente limitada a la faz militar; han asentado el mismo principio de integralidad y han
dado esa misma opinión.
El proyecto de la senadora Gurdulich reconoce, por supuesto, que el presidente de la
República es el jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas.
Sobre este tema nada hay que decir porque así está indicado en el orden constitucional y es a
quien le corresponde tomar las decisiones en este terreno; esto es indiscutido e indiscutible y
todos estamos de acuerdo. Pero el presidente tiene que dotar al sistema de un órgano concreto
y crear el Consejo Nacional de Defensa, que es el encargado de asesorarlo en las múltiples cuestiones
de defensa, no sólo para redactar un proyecto de ley, sino también para otras numerosas
cuestiones vinculadas con el tema. Ese consejo estará integrado, además, por el vicepresidente
de la Nación, el ministro de Defensa —el orden natural en la materia— con los presidentes de
las comisiones de Defensa de ambas Cámaras, dos diputados y dos senadores, el jefe del Estado
Mayor Conjunto, el secretario general de la Confederación General del Trabajo y un empresario
representativo de su sector.
Yo sé que sobre esto se han hecho críticas. Se ha dicho, por ejemplo, que el vicepresidente
de la Nación no tiene funciones para actuar en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino solamente
para presidir las sesiones del Senado y decidir en caso de empate. Pero eso significa adoptar una
actitud irrazonable. El vicepresidente es el sucesor constitucional y eventual del presidente de la
Nación y por eso debe estar al tanto de lo que se hace en esta órbita. A mi modo de ver, pues, no
es correcta la crítica.
En cuanto al ministro de Defensa, doy por descontado que no es criticable su incorporación.
Sobre los legisladores nacionales se ha objetado que ellos tendrían un inconveniente derivado
de la incompatibilidad con el cargo parlamentario, y esto no es así, porque lo que la
Constitución prohíbe es el desempeño de cargos dependientes del Poder Ejecutivo sin autorización
del Congreso. Pero esos cargos pueden ser ejercidos con autorización de las Cámaras
respectivas, y en el proyecto de la señora senadora Gurdulich de Correa se establece la facultad
de los diputados y senadores para formar ese cuerpo, que no es dependiente, es de consulta y de
redacción de anteproyectos.
Tampoco se puede objetar que el Consejo de Defensa Nacional tenga por misión redactar anteproyectos,
porque se debe suponer legítimamente que las comisiones de Defensa de las que han
de surgir los representantes legislativos van a colaborar con más eficiencia que otros integrantes
del Consejo para la elaboración de esos anteproyectos, que en definitiva van a ser presentados al
Poder Ejecutivo para su sometimiento ulterior al Congreso de la Nación.
De manera que, a mi modo de ver, la arquitectura del sistema es perfecta. No tiene ningún
inconveniente de orden práctico ni legal.
Con esto queda terminada la parte organizativa. El proyecto no dice qué va a hacer el jefe de
Estado Mayor Conjunto ni el del Estado Mayor del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea,
y no corresponde que lo diga. Pero sí corresponde que el Consejo de Defensa Nacional elabore
los proyectos a su cargo y que, salvo omisiones que yo me proponía salvar con la presentación de
alguna iniciativa, son, por ejemplo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, incluyendo disposiciones
de planeamiento, logística, educación y conducción conjunta de esas fuerzas, es decir
que está prácticamente prevista toda situación.
También habría que mencionar la ley orgánica de producción para la defensa, que el proyecto
que se intenta aprobar hoy de ninguna manera se menciona pero que es fundamental,
tanto para una Nación que se prepara a fin de enfrentar un conflicto, como para la que ya está en
él y aun para la que cae en el postconflicto.
También estaría en ese paquete el proyecto de ley de organización territorial y movilización
para la defensa, incluyendo disposiciones relativas al servicio militar y al servicio civil, y las leyes
orgánicas de las Fuerzas de Seguridad en función de la Defensa Nacional. No se trata de que las
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Fuerzas de Seguridad se desplacen por las calles de Buenos Aires para dirigir el tránsito, sino que
se dediquen a la función de la Defensa Nacional.
También cabe mencionar el proyecto de ley de creación del sistema nacional de información
e inteligencia, que necesariamente tiene que ser dictado. Lo que consagra en este aspecto
el dictamen que se pretende aprobar no es admisible. Ya alguno de los jefes de Estado Mayor ha
planteado la cuestión de si lo que dice el dictamen de la comisión significa que los servicios de
inteligencia de cada una de las fuerzas declinarán su propia tarea de información en favor de un
organismo superior que puede ser la CIA o la SIDE. Yo digo que hay que dictar una ley sobre este
punto porque el país ha sufrido en la materia de información y de inteligencia y el gobierno ha
sufrido situaciones muy penosas que nosotros hemos compartido como preocupación, porque
no pueden existir servicios de inteligencia del Estado complicados en maniobras como las de un
Guglielminetti o el caso Sivak.
Esta materia no tiene una regulación legal que debe dictarse aquí, sino que debemos tratar de
preparar mediante un anteproyecto que confeccione la gente que consideramos más esclarecida
para ello.
En todo el país es indispensable la organización de la inteligencia y la información. Desde que
San Martín preparaba el paso de los Andes y mandaba sus emisarios a Chile, para que le trajeran
información reservada y secreta, hasta ahora, cuando nadie puede dejar de mover organismos
que le aproximen la información indispensable no solamente para el caso de guerra sino para el
manejo de los demás factores económicos, políticos y sociales del país en función de sus relaciones
internacionales, el tema de la información es de gran trascendencia.
También está el asunto de la ley sobre secretos de Estado, que prácticamente se define por si
misma.
Por mi parte, aunque no sé qué éxito voy a tener en definitiva, creo que también debe existir
una ley de organización de la comunidad para caso de guerra y otra orgánica del sistema
integrado de ciencia y técnica, que dentro de las singularidades de la guerra moderna —que ha
descripto tan certeramente el señor senador Berhongaray— no pueden dejar de tenerse en vista.
No participo de que el avance de la tecnología en materia bélica sea de tal magnitud que las
guerras del futuro se determinen —como lo presentan algunos fantasiosos dibujantes— por la
opresión de un botón. No creo que se apriete un botón y se desencadene la guerra de las galaxias,
pero sí creo que hay una distancia sideral entre la forma como armó en mi provincia el ejército
para la liberación el doctor Manuel Belgrano y lo que fue la guerra de las Malvinas, en la que un
Exocet hundió al Exeter. Pero destaco que el Exocet necesitó de la inteligencia, de la audacia, la
prudencia y la capacidad del hombre que guió su avión de tal manera que no fue detectado y
pudo hacer efectivo el ataque con el medio técnico puesto a su disposición.
No pensemos que se va a terminar con la figura del hombre porque desde el hoplita hasta
ahora, en la guerra, a pesar de los medios técnicos, cuando se produce un avance de las Fuerzas
Armadas sobre el objetivo enemigo termina siendo la infantería la que toma la posesión de los
terrenos.
Esta es una pequeña digresión militar en la que no soy más que un curioso lector.
Vuelvo al proyecto de la señora senadora Gurdulich de Correa, que estimo era verdaderamente
lo ponderable, lo serio y lo que debíamos hacer. No quiero significar con esto que no se
haya hecho un trabajo serio en el dictamen en consideración; no deseo usar una expresión que
pueda aparecer como agraviante u ofensiva, pero aquél tiene una seriedad en cuanto al objetivo
fundamental que nos proponemos: hacer una ley integral de Defensa Nacional y no esto otro
que es la distribución de los organismos militares y la atribución de facultades dentro de la órbita
puramente militar.
Era también mi idea proponer que en el cuadro que acompaña al proyecto de la señora
senadora por Santa Fe se agregara un medio más, que era el sistema integrado de ciencia y

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técnica, porque estoy convencido de que hace a la Defensa Nacional en forma fundamental
y cada día los avances en esa materia imponen que el concepto entre a considerarse de una
manera orgánica.
Estoy también de acuerdo con el cuadro formulado por la señora senadora Gurdulich de
Correa en cuanto a la situación de orden nacional y lo señalo anticipándome un poco, porque en
el proyecto de la comisión, que se supone que hoy se va a poner a votación, en lo nacional se ha
suprimido un rubro.
Es decir, la señora senadora hablaba de conflicto social localizado, conflicto social generalizado,
la agresión interna nacional, la agresión interna internacional y la agresión militar. Este rubro
de la agresión interna internacional lo han suprimido. Ya me voy a referir a eso más adelante.
Pero quiero volver al hecho de que el proyecto de la señora senadora Gurdulich, para mí
es satisfactorio. Nadie puede sentirse afectado por su proyecto. Dejo constancia de que no he
colaborado en su redacción, sino en su estudio. De manera que no estoy defendiendo ninguna
partícula de un hijo.
Esto de determinar los medios y decir que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad,
la Defensa Civil; el Sistema de Información e Inteligencia; la movilización de la producción y de
los servicios públicos; la movilización de la producción en los servicios privados y el sistema integrado
de ciencia y técnica cubre un espectro bastante amplio para que un gobierno oriente sus
actitudes y sus políticas en un sentido coordinado y global para la Defensa Nacional.
No es, como se dijo esta tarde, que de acuerdo con el concepto con que nos manejamos, se
puede decir que cuando se hace una escuela es para que vayan los chicos. ¿Qué tiene que ver que
se haga la escuela pensando o no en la Defensa Nacional? Yo digo que sí, que hay una política
educacional y hay programas de educación y, aun para caer en ese ejemplo, que nunca deben ser
dejados de lado ni perdidos de vista, cuando se tiene en cuenta el concepto integral de la Defensa
Nacional y se advierte que éste no es un pasatiempo, sino una necesidad del país en cualquier
época y para todos los lugares.
En cuanto al tema de los caminos, yo digo que en mi provincia el Ejército Argentino hizo un
camino tremendamente difícil, duro, riesgoso, que lleva desde Purmamarca hasta San Antonio
de los Cobres, pasando por lo que se llama el Abra de Pives y Huachichocana, en lo que fundamentalmente
tenía una finalidad estratégica, porque la comunicación de tipo comercial y personal
era simplemente accidental, pero era esencial para cualquier emergencia en el norte de la
República.
Entonces yo pienso que también se han hecho a veces caminos pavimentados, con largas
rectas. Invito a los señores senadores que puedan ir de Jujuy a Tucumán por la ruta nacional, que
verifiquen que hay largos sectores de caminos pavimentados que están deliberadamente establecidos
por rectas que puedan servir como eventuales campos de aterrizaje.
Yo digo que éste es el concepto de la vialidad, por supuesto sin descartar el otro, en el sentido
de que tiene que haber un camino que vincule mi ciudad con Humahuaca, La Quiaca o Valle
Grande. Pero también la Dirección Nacional de Vialidad tiene que comprender que el país necesita
que todos los días orgánicamente, quien actúa en función de gobierno tenga la mirada puesta
en que quizá alguna vez va a necesitar de esas realizaciones para asumir la defensa total, global e
integral de la República.
De manera que en mi aspiración nosotros debemos aprobar el proyecto de la señora senadora
Gurdulich.
Se me dirá que se ha logrado una compatibilización. Yo digo que no se puede compatibilizar
lo incompatible. Esto no tiene solución. El haber incorporado dos artículos del proyecto de la
senadora Gurdulich, y un cuadro modificado, indebidamente, a mi modo de ver, no suple este
convencimiento con el que me estoy manifestando a favor del proyecto de la señora senadora
Gurdulich.
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—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la
Nación, doctor Víctor H. Martínez.
Sr. Martiarena.—En homenaje a que el señor Bravo Herrera ha realizado un exhaustivo trabajo
y una importante exposición, tengo que decir que, personalmente, le he manifestado a él
que no me pliego a su proyecto porque pienso que tendrá que ser considerado dentro de los
proyectos que el Consejo Nacional —organismo previsto por el proyecto de la señora senadora
Gurdulich de Correa— debe elaborar y poner en primer término en consideración del presidente
de la República y luego remitirlo al Congreso de la Nación.
De manera que, teniendo en cuenta que tengo discrepancias importantes con el proyecto del
señor senador Bravo Herrera dejo constancia —ya que he formulado una manifestación hacia él,
que pertenece a mi bloque— de por qué no me pliego a su proyecto.
El proyecto de la señora senadora Gurdulich de Correa crea lo que se denomina “mecanismos
de alerta”, lo que surge del cuadro al que me he estado refiriendo.
Me voy a referir ahora a la supresión de la agresión interna internacional. Según ese cuadro
original, en las situaciones de orden nacional las Fuerzas Armadas no pueden intervenir cuando
se trate de agresión interna internacional, de alerta mínima, pero sí cuando se trate de nivel medio
o grave.
Creo que está mal que se haya suprimido esta columna. Tal vez esto de la agresión interna internacional
pueda parecer extraño. Pero el mundo está lleno de ejemplos que no voy a reiterar, ya
que a ellos hizo referencia el señor senador Bravo Herrera. En efecto, hay movimientos agresivos
en diversas naciones que son motivados por intereses de afuera de esos países, que proporcionan
elementos, dinero, armas, movilidad, y hasta apoyo ideológico. Estas agresiones se caracterizan
perfectamente porque se producen en el ámbito interno pero con concomitancia, connotación y
origen proveniente del exterior.
Esto sí puede ser motivo de consideración sin que nadie en nuestro país pueda sentirse afectado,
porque si hay alguien que pueda organizar algún tipo de subversión terrorista en el país
o que equivoque los medios y los propósitos para buscar soluciones propias de otros, se nos ha
dicho que en ese caso las Fuerzas de Seguridad actuarán. Pero cuando esto se internacionaliza no
van a actuar, porque nosotros no vamos a considerarlo; en cambio, vamos a dejar que esto quede
librado a aquella interpretación que no es correcta del inciso 17 del artículo 86 de la Constitución
Nacional.
La conclusión de esto que he manifestado, para lo cual he procurado ser lo más orgánico
posible, es que no estoy de acuerdo con el proyecto que ha despachado la comisión.
A pesar de que esto dará motivo a un examen en particular, no puedo dejar de señalar que
mucha gente, entre la que puedo mencionar a los jefes de Estado Mayor, ha hecho notar que este
artículo 1º responde a un ánimo que podría tener una explicación —tal vez no la justificación—
en abril de 1985, pero que no puede tenerla ahora. Así, dice que esta ley establece las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional,
que es sancionada en cumplimiento del propósito de proveer a la defensa común enunciado en
el Preámbulo de la Constitución Nacional y que, por lo tanto, las disposiciones de esta ley serán
interpretadas en el marco del texto constitucional, de su espíritu y fines y del sistema de gobierno
representativo, republicano y federal adoptado por la Nación Argentina.
En abril de 1985 esto sonaba a un recelo respecto de las Fuerzas Armadas, pero ahora suena a
un recelo aun respecto de los órganos de gobierno civil. Está dicho y está de más que se diga que
todas, absolutamente todas, las leyes en la regulación institucional del país deben ser interpretadas
de acuerdo con el marco del texto constitucional, de su espíritu y fines y con consideración
del sistema representativo, republicano y federal, dentro de la organización del país.
Es obvio que nosotros vamos a dictar la ley; ésta se promulgará y se aplicará, y si se ha incurrido

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en alguna desviación de tipo constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación —porque
tenemos la suerte de gozar en el país de la organización tripartita de los poderes— dirá: esta ley
contraría el sistema representativo, republicano y federal, o está en contra de sus principios.
De manera que aparece lo que tenía a mi modo de ver —tal vez peque de suspicaz— una
connotación de recelo por la pasada actuación de las Fuerzas Armadas, así se las considere individualmente
o como institución, en la época del “proceso”. Y con el tiempo se convierte en un
manifiesto recelo hacia la actividad de cualquiera de los órganos del Estado.
En cuanto al artículo 2º del dictamen, si bien habla de la agresión externa, incurre también
en una severa contradicción. Porque si solamente se atienden las agresiones de origen externo,
¿cómo es esto de que tiene por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la Nación
Argentina, su integridad territorial, la libertad, los bienes y el patrimonio nacional, los intereses
argentinos y la plena vigencia del sistema democrático y constitucional? Todo esto puede ser
afectado desde adentro, no solamente desde afuera, e incluso desde adentro con connivencias o
complicidades de afuera.
Como vemos, este tipo de redacciones cae, evidentemente, en contradicciones que estaban
determinadas en el proyecto inicial porque era otro el modo de ver y apreciar las circunstancias
en ese momento. Pero eso ha variado. No sé si los señores legisladores del partido radical admitirán
que esto ha variado, pero yo advierto que ha sido así.
No se trata solamente del espíritu o ánimo de reconciliación de las Fuerzas Armadas con el
poder civil; no es sólo que volvamos a sellar la unidad argentina buscando los medios por los
cuales ese pasado del proceso y sus aberraciones queden superadas, sino que no pongamos en
el texto de la ley cosas que en lugar de aunar criterios y volver a la reconciliación sigan jugando
como factores de recelo o de divergencia.
No quiero que se entienda esto que tengo dicho como que de alguna manera estoy propiciando
que las Fuerzas Armadas regresen al aventurerismo político-militar que hemos soportado
durante mucho tiempo.
Y esto me trae un poco a la doctrina de la Seguridad Nacional. Se ha dicho que si West Point,
si Onganía, si Illia, si Pistarini… Creo que esto no es importante. Lo fundamental es que no
juguemos con las palabras ni con los conceptos y que verdaderamente tengamos la convicción
de que las Fuerzas Armadas de la República no deben comprometerse en la situación de orden
político interno para desviar o suplantar a los poderes legítimos del Estado.
De modo que no estoy defendiendo la intervención militar en los conflictos sociales de orden
interno; de ninguna manera. Digo, además, que si a alguien ha afectado esa famosa doctrina de
la Seguridad Nacional, tal vez no como doctrina sino como una práctica aplicada y sufrida, es
a nosotros, los peronistas, porque soportamos el antecedente de esta doctrina de la Seguridad
Nacional tal cual se la entendió durante el “proceso”.
Ya en 1955, muchos de nosotros tuvimos que sufrir las persecuciones, las humillaciones, la
tortura y la muerte de algunos de nuestros compañeros hallados hasta en basurales, por aplicación
precisamente de los principios de lo que después se llamó “la doctrina de la Seguridad
Nacional”, que no era más que la represión desatada en contra de un movimiento de signo popular
y nacional.
Es decir que fue la agresión indiscriminada contra el peronismo, porque el peronismo —por
encima de cualquier circunstancia que se le pueda atribuir— tenía esa precisa y definida vocación
de hacer un país liberado y de imponer los cánones de la justicia social que contiene su programática;
y esto molestaba, por supuesto.
Se hizo la revolución del ‘55, a la que se llamó “libertadora”, que nos fusiló compañeros, nos
torturó, nos hizo desaparecer en una situación muy parecida a la del pasado “proceso” y nos
lanzó “al terreno de la lucha clandestina”. Desde esta tribuna reivindico el sacrificio y el esfuerzo
de millares de compañeros peronistas que, en la clandestinidad, supieron soportar los embates
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de la dictadura que aplicaba eso que luego fue llamado “doctrina de la Seguridad Nacional”, luchando
para lograr la recuperación institucional de la Nación.
Sr. Nápoli.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Martiarena.—Sí, señor senador.
Sr. Nápoli.—Bien ha dicho el señor senador Martiarena que la que aquí se produjo fue la
represión contra todas las fuerzas populares. Debo destacar que también nos alcanzó porque, en
su momento, sentimos las consecuencias del impacto de todas estas fuerzas agresivas.
Sr. Martiarena.—Verdaderamente, el país todo y el pueblo de la República sufrieron las consecuencias
de esta acción represiva. Al respecto, deseo mencionar que no era necesario elaborar
una doctrina y denominarla de esa manera o como ideología, por ejemplo. En realidad, el
problema radicaba en el desborde de las pasiones y de los intereses, que provocó que el pueblo
argentino pasara a ser el sacrificado por las aspiraciones espurias de algunos en esa época y que,
ojalá, no regresen nunca.
Concluiré aquí mi exposición mencionando que se plantea una cuestión reglamentaria. La
senadora Gurdulich de Correa ha suscrito el segundo despacho de la comisión y no sabemos si ha
retirado su primer despacho en minoría. Debe suponerse que sí. Haciendo uso del reglamento,
reivindico el proyecto íntegro de la señora senadora, sin modificaciones de ninguna clase, salvo
aquellas que han sido apuntadas como agregados y que me permito proponer.
Anticipo que votaré en contra del despacho en consideración, que solicitaré la aprobación
del presentado por la señora senadora Gurdulich de Correa y que votaré por él, llegado el caso.
Estimo que, reglamentariamente, estoy autorizado para hacerlo. Sin perjuicio de ello, si la moción
que presento es rechazada, formularé las correspondientes observaciones durante el tratamiento
en particular.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Velázquez.—Señor presidente: el proyecto que estamos tratando es de una importancia
fundamental, tanto por lo que dice explícitamente como por lo que implícitamente surge de sus
definiciones.
En cuanto al punto de los alcances se debe valorar el espíritu con que originariamente fue redactado,
reafirmado luego, señor presidente, durante los debates que se han suscitado en ambas
Cámaras. Dicho espíritu responde a las concepciones y declaraciones que el señor presidente de
la República ha realizado en todo tiempo y lugar, por lo que es bueno refrescar algunos párrafos
de los fundamentos con que el Poder Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso.
En el tercer párrafo expresa: “Dejar de lado ideas relativas a la Seguridad Nacional implica
otorgar a las Fuerzas Armadas el rol específico de constituir una capacidad disuasiva, con un
margen de seguridad adecuado, fundada en el entrenamiento de los cuadros y en un programa
de asimilación tecnológica en función de los requerimientos de la operación, pues se parte de la
premisa de que la defensa es un componente más de la Defensa Nacional y se ve influida por el
funcionamiento de todas las áreas gubernamentales”.
El párrafo cuarto dice: “Corresponderá entonces al gobierno prevenir o anticipar los conflictos
elaborando los planes pertinentes, sugerir las estrategias y soluciones posibles, y determinar
las acciones conducentes para la adecuada superación de los mismos”.
En el párrafo séptimo del mensaje presidencial se señala: “El sistema establecido por la ley
16.970, elaborada y sancionada por un gobierno de facto, se ha prestado para que los mandos de
las Fuerzas Armadas ejerzan un control sobre las decisiones del presidente de la Nación, impidiendo
que éste los conduzca con plena autoridad, sumado a la creación de organismos ad hoc,
que sólo contribuyeron a la extrema burocratización del mismo”.
Señor presidente, señores senadores: reitero estos párrafos, pues expresan claramente que
nuestras Fuerzas Armadas deben ser diseñadas en función de su finalidad específica: la defensa
ante ataques externos. Esto conlleva implícitamente el hecho de que nuestras Fuerzas de

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Seguridad deben ser diseñadas para reasumir sus funciones específicas, es decir las policiales en
el ámbito nacional.
Con esta ley estamos dando marco a las pautas que deberán seleccionarse cuando se adopten
decisiones de Defensa Nacional. Por ello, señor presidente, cuando se tomen decisiones relacionadas
con la educación militar, con la producción militar, con la compra de armamentos, deberá
adoptárselas en función de la actividad específica para la que han sido creadas: la defensa del país
ante ataques externos. Esto no quiere decir que ante un grave estado de conmoción interior no
pueda utilizarse a las Fuerzas Armadas.
Por ello, el artículo 2º en su referencia a agresiones externas y a la reafirmación del poder
del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de disponer de ellas, no resulta
una incongruencia, ni mucho menos una mascarada. Es la explicitación de una finalidad y no
acota su uso eventual por necesidad en situaciones internas, función para la cual las Fuerzas
Armadas no deben ser diseñadas. Esto es así porque si las diseñamos con el criterio de seguridad
interna, tendríamos que comprar por ejemplo lanzagases o tanques hidrantes, es decir elementos
de discutible eficacia en caso de un enfrentamiento bélico. Resulta evidente lo ridículo de esta
situación.
Por ello implícitamente expresa esta ley que nuestras Fuerzas de Seguridad reasumen su rol
específico, que será devuelto por las Fuerzas Armadas y que en función de esta reasunción se
ponga en funcionamiento la total capacidad operativa de nuestras Fuerzas de Seguridad para hacerlas
el escalón operativo inmediatamente cercano al escalón operativo de las Fuerzas Armadas.
De tal forma que en caso de ser sobrepasadas nuestras Fuerzas de Seguridad, la envergadura de la
conmoción interior tendrá características de ataque exterior, para lo cual estarían perfectamente
preparadas, profesional y tecnológicamente nuestras Fuerzas Armadas gracias, justamente, a la
sanción de este proyecto de ley que estamos debatiendo.
Las opiniones vertidas por el senador Bravo Herrera y por el senador Martiarena han creado
confusión al cuestionar directamente el espíritu de este proyecto diciendo que debería contemplar
todo tipo de agresiones y no solamente las de origen externo, tal cual expresa el artículo 2°.
De la simple lectura del proyecto en su totalidad surge que se pretende sancionar una ley de
defensa general, particularizada contra las agresiones externas. Con ese criterio el Poder Ejecutivo
preparó el proyecto, y así lo interpretó la Cámara de Diputados en el momento de la sanción.
Sería ingenuo suponer que el circunscribir el proyecto a la defensa ante agresiones externas ha
sido fruto del olvido o de una total miopía por pensar que no se pueden generar situaciones de
agresión interna.
Sucede, señor presidente, que al elaborarse el proyecto se tuvo en cuenta la Constitución, que
contempla ambos tipos de agresión y les da un tratamiento distinto.
Así, mientras en el caso de agresión externa es el Congreso quien autoriza al Poder Ejecutivo
a declarar la guerra o a prestar su acuerdo para declarar el estado de sitio, es atribución del Poder
Legislativo declarar el estado de sitio en caso de conmoción interior.
O sea que ya para los redactores de nuestra ley Fundamental no era lo mismo una agresión
interna que una externa. Este concepto es de una vigencia total en nuestros días, sobre todo observando
nuestro pasado más reciente en el que varios sectores cometieron o se vieron incriminados
por el delito de sedición tal cual lo explicita el artículo 22 de la Constitución,
A la luz de las experiencias que hemos heredado, nadie pueda afirmar con seriedad la calidad,
cantidad u origen de las posibles agresiones internas que pudiere sufrir la Nación en un futuro
y, menos aún, acotar lo que prevé la Constitución en la materia, creando nuevas estructuras, de
respuesta a preguntas informulables.
Por ello, las posibles respuestas a las agresiones internas deben tener la mayor flexibilidad
posible por parte de las autoridades y representantes legalmente constituidos de acuerdo con
nuestra ley Fundamental.
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Me pregunto: ¿qué mayor flexibilidad podríamos tener actualmente que lo establecido en la
Constitución con referencia a las agresiones internas?
Señor presidente: reitero lo que dije al comienzo. La iniciativa que estamos debatiendo no
acota nada de lo que la Constitución dice respecto a las agresiones internas. Es más: en caso de
una agresión interna, la ley en nada afectará la respuesta que se le dé.
Por todo lo dicho, propongo que aprobemos el proyecto dentro del espíritu de legislar ante la
agresión externa, ya que en lo referente a la interna la Constitución es suficientemente explícita.
Finalmente, en mi condición de senador de la Nación, y fundamentalmente de hombre de
frontera, manifiesto mi más completa adhesión a las disposiciones del artículo 28 del proyecto
de ley que estamos considerando, que constituye un punto de partida para el reencauzamiento
de nuestras Fuerzas de Seguridad nacionales. Se concretará así un viejo anhelo de los habitantes
de nuestros litorales y fronteras al restituir, de pleno derecho, la autonomía funcional de la
Gendarmería y de la Prefectura que, como corresponde, en lo sucesivo dependerán del Ministerio
de Defensa, asignándoseles funciones que les son propias y que les permitirán su mejor desenvolvimiento.
Asimismo, en caso de guerra, podrán tener la participación que las autoridades
competentes les señalen.
Por todo lo dicho, adelanto mi voto afirmativo al proyecto en consideración.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Sánchez.—Señor presidente: dada la trascendencia del tema que estamos tratando, la ley
de Defensa Nacional, que hace a la Nación misma, como representante legítimamente elegido
por el pueblo no puedo sustraerme al debate ni dejar de emitir mi opinión para fundamentar el
voto que daré oportunamente.
Desde ayer se está analizando escrupulosamente este proyecto de ley, considerando su concepto
de Defensa Nacional y el mecanismo propuesto por la iniciativa. Veo con alegría y optimismo
el hecho de que estemos coincidiendo en los grandes objetivos. Cuando el señor senador
por La Pampa fundamentó el dictamen exponiendo su filosofía, comentó las expresiones del
señor presidente de la República en el sentido de cómo había que encarar la tarea de modernizar
el país, a lo que todos aspiramos. Nos habló también de la democracia participativa; estamos
totalmente de acuerdo con ello porque el justicialismo viene afirmando el concepto de soberanía
popular, que no es otra cosa que el respeto a las mayorías que participan de la vida del país.
También nos habló de la ética de la solidaridad; creo que toda solidaridad es ética porque
si no dejaría de serlo; se trata de un elemento fundamental en la vida de los pueblos y de los
hombres. Es decir que vamos coincidiendo en estos principios, más allá de la convocatoria a la
convergencia realizada en estos días y a la que todos aspiramos para poder transitar juntos los
caminos y elaborar la Nación que queremos dentro del marco de la ley, de la paz y la justicia.
De las exposiciones de los señores senadores surge claramente una sensación de hipersensibilidad
respecto de la función de las Fuerzas Armadas dentro del esquema de defensa; es lógico
que sea así. Tenemos presentes en nuestra alma las heridas abiertas por una guerra, que aunque
no se la nombre correctamente, yo entiendo que ha sido una guerra civil; eso es lo que hemos vivido
desde hace veinte años, porque no se trató sólo del enfrentamiento armado sino también de
todos los hechos que se fueron encadenando a través del tiempo para llegar a ese enfrentamiento.
Aquí hubo frentes de guerra y se combatió en las calles de las ciudades y pueblos. Todo eso
ha dejado una herida muy profunda porque, desgraciadamente, se han utilizado elementos que
repugnan a nuestra condición humana; me refiero a la tortura, a la persecución indiscriminada
y al asesinato aleve cometidos por un lado y por otro. Creo que ese capítulo negro de la historia
debe ser analizado con claridad y valentía para que podamos dar vuelta la hoja, siendo consecuentes
con la carne torturada y la sangre derramada, de modo que nuestros hijos y las futuras
generaciones no deban caer en situaciones parecidas.
La Defensa Nacional está más allá de los sectores que componen la vida de la República; está

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más allá de las Fuerzas Armadas, de los sectores empresarios y de cualquier otra parcialidad porque
se refiere a la totalidad de la República y al esfuerzo que todos hacemos diariamente para ir
creando elementos de defensa.
También es necesario entender la situación dramática y difícil que estamos viviendo porque
padecemos agresiones de afuera y de adentro. Desde afuera recibimos la agresión imperialista de
las grandes multinacionales que frenan nuestro despegue mediante una competencia desleal para
apoderarse de los elementos básicos de nuestro país, evitando su desarrollo. No habrá nación
libre mientras no se pongan en marcha todos sus recursos naturales, que son la palanca real de
la liberación.
En este mundo confictivo donde impera el terror, la perversión y la inescrupulosidad, juegan
factores externos que no podemos desconocer. Son los poderosos quienes someten a los débiles,
a través de mil conductos diferentes. Son los fabricantes de la muerte los que crean situaciones de
conflicto en distintas partes del globo para seguir sosteniendo sus industrias y lucrar con la sangre,
con el hambre y con la muerte. Nuestro país no escapa a eso y no podemos dejar de advertir
que todo el continente está ardiendo. Tenemos nuevamente a nuestras puertas una subversión
que ya está ensangrentando a la hermana República del Perú, y Centroamérica es un inmensa
hoguera, una bomba con la mecha encendida que si no la apagamos a tiempo traerá consecuencias
tremendamente dolorosas.
Es decir que por un lado tenemos el ataque constante, la agresión permanente por vía del poder
económico, y por otro lado enfrentamos la agresión ideológica, traducida en hechos bélicos
para trastrocar el sistema republicano que nos asegura la libertad, la justicia y la paz. Esos dos
factores convergen en el estado de postración en que se encuentran los países subdesarrollados
o del Tercer Mundo, que todos los días se siguen sumergiendo en la miseria y en el hambre por
efecto de esas presiones fatídicas.
Aquí se habla de la agresión marxista, y tal vez sea adecuado hacerlo. Pero viene a mi memoria
aquella carta histórica que Perón envió al asesinado presidente Kennedy en 1962, con motivo
de la reunión de ministros de Economía de Punta del Este, en la que, tras un meduloso análisis de
la situación americana y mundial, le decía que mientras ellos —Estados Unidos— se dedicaban
a comprar gobiernos, los comunistas captaban a los pueblos, y que de seguir así ya se sabía cuál
iba a ser el resultado.
Por eso, señor presidente, es necesario poner inmediatamente al país en marcha, para que
podamos desarrollar toda nuestra potencia productiva y ponerla al servicio del pueblo, ya que no
germinará la semilla de la desesperación ni la de la subversión si no encuentra un terreno fértil.
Un pueblo que satisfaga todas sus necesidades de ninguna manera se inclinará hacia las ideas descabelladas.
Pero esas ideas han de germinar seguramente entre los explotados, los desesperados,
los sumergidos y los esclavizados, que siempre van a encontrar el Espartaco que los acaudille y
los lleve a situaciones insostenibles en que peligrará la propia Nación.
Resulta inconcebible que en nuestro país, con su tremenda capacidad productiva y el escaso
aprovechamiento de sus recursos, estemos señalando todos los días el flagelo del hambre, de la
desocupación y de la falta de vivienda.
Es necesario que cuanto antes empecemos a mirar hacia adentro, que pensemos con sentido
de Nación, que entendamos nuestra propia historia para que todo el pueblo sea el artífice de la
recuperación de la Argentina y de la recreación de la República.
A mí no me preocupan los militares o las Fuerzas Armadas, porque éstas son una institución
de la República que tendremos que preservar y modernizar. Pero para ello necesitamos al
hombre apto para que absorba esa modernización. No podremos manejar la sofisticación de la
técnica si tenemos un niño con hambre, pues no podrá aprender a manejar una computadora.
No podemos enseñarle a un niño la palabra “pan” porque es una crueldad ya que no lo tiene
en su casa. Es necesario que apuntemos a la base misma del problema, cual es la dignificación del
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hombre argentino porque es preciso que entendamos que no es con cajas de PAN o con alimentos
que sustituiremos la falta de trabajo. De esa manera vamos a poder atender la dignidad del
hombre que necesita llevar a su casa el pan que ha amasado con su esfuerzo y su trabajo.
La República ha vivido desde muchos años a esta parte un proceso desgraciado debido a la
irrupción de los militares, los que no han sido otra cosa que el objeto utilizado por los intereses
que se mueven en la trastienda, aunque muchos de ellos lo hayan hecho conscientemente.
Tenemos que comprender que a las Fuerzas Armadas debemos sostenerlas, pulirlas, modernizarlas
y adecuarlas a los tiempos actuales como una fuerza de disuasión y para contener solamente
la agresión externa porque jamás el hombre argentino agredió a ningún vecino.
De una buena vez es necesario que terminemos con esta antinomia que nos sigue separando,
de militares y antimilitares. Es preciso que comprendamos que el hombre de uniforme es un ciudadano
que por su vocación ha asumido un trabajo que no es otro que el de defender a la Nación
y que el esfuerzo de sus habitantes le pone en sus manos el instrumento con el cual ejercerá esa
profesión y que va más allá, porque está defendiendo la dignidad de un pueblo.
Creo que lo más positivo de este debate es que vamos a sancionar un proyecto que no es el
mejor pero que se irá puliendo a través del tiempo, para conformar todo el andamiaje que permita
a la República atender todo el espectro que hace a su defensa.
Es indudable que si entramos en el terreno de la disquisición jurídica, la mitad de la biblioteca
dará la razón a nuestros argumentos y la otra mitad a los que están en contra. Lo importante es
que todos nos hemos puesto de acuerdo en este momento para tratar de sentar las bases que,
como dije, se irán puliendo con el tiempo hasta lograr la ley cierta y totalizadora que comprenda
a la defensa de la Nación.
Creo que es necesario —tal como lo señalaba el señor senador Brasesco— que la dirigencia
política, desprendiéndose del natural egoísmo electoralista, asuma la docencia política de predicar
el respeto a las leyes, el respeto irrestricto a la Constitución, y despertar el sentido de solidaridad
ideal entre los habitantes de nuestro país.
Es necesario que abandonemos un poco el natural afán electoralista que todos tenemos para
tratar de ir arrimando poco a poco los elementos que alguna vez pueden hacer que la comunidad
argentina pueda desarrollarse dentro del marco de la justicia, de la paz y de la ley.
Es necesario que entendamos una vez más que la falla fundamental está en esa agresión constante
que es la culturalización del país y, que tal vez, este Congreso Pedagógico permita rescatar
los valores ciertos y fundamentales de la Nación para elaborar por fin un programa auténticamente
nacional y popular.
Debemos hacer docencia para que el país entienda que tiene una historia de sacrificio, donde
ayer los abogados se hacían generales, donde los hombres más representativos terminaban siendo
la síntesis de los pueblos que se alzaron muchas veces contra la prepotencia y la explotación por
parte de las élites.
Una vez dije en este recinto —y lo repito— que uno de los caudillos más interesantes que dio
el país, que terminó asesinado —y con él por mucho tiempo se eclipsó la idea de la reorganización
nacional—, fue el general Quiroga. Cuando le enviaron una constitución desde la provincia
de Catamarca para que la revisase y diese su aprobación, contestó que los militares estaban para
defender la Constitución, no para aprobarla o rechazarla.
Quiroga no era un general de carrera; era la síntesis de un pueblo, como dije.
Esas lecciones son las que debemos tener presentes para que esta democracia incipiente, que
vamos consolidando todos los días, se vaya fortaleciendo a través del tiempo, y para que todos
los argentinos, aunando el esfuerzo, podamos ir elaborando todas las pautas para lograr definitivamente
la recreación de la República.
Siempre voy a repetir y señalar que esta democracia se asienta sobre las cariátides de Juan
Perón y de Ricardo Balbín; Ricardo Balbín, que no era el joven de 1948, cuando con absoluta

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
humildad, y demostrando su tremendo espíritu de grandeza, escaló un muro para ir a conversar
sobre los problemas de la República; el Juan Perón de 1955, que volvió —como él dijo—
descarnado a hacer el último aporte de su vida y a estrechar la mano de su adversario de
ayer para sembrar la semilla que hoy está frutificando en este gobierno democrático, que es
incuestionable.
Por eso apoyo esta ley, más allá de las deficiencias que pudiera tener. Porque éste es el arranque,
es el primer paso para que la vayamos puliendo y adecuando a los tiempos, y para que
contemplemos la totalidad del interés nacional con ese efecto global que, sin lugar a dudas, una
vez conseguido, nos permitirá ser la gran potencia que ha de servir al hombre argentino, a nuestra
América y también al mundo y, de esa manera, ser consecuentes con la definición que San
Martín diera en Lima, cuando dijo que la causa de las provincias del Río de la Plata era la causa
de la humanidad. (Aplausos).
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por San Juan.
Sr. Gómez Centurión.—Señor presidente: la discusión de esta ley de Defensa Nacional excede
los marcos de una cuestión teórica, y precisamente los acontecimientos vividos en el país en
los últimos años indican que hemos tenido la dramática experiencia de lo que significa enfrentar
la agresión de las fuerzas subversivas que pusieron en peligro no sólo la seguridad de los habitantes
sino también la integridad misma de la Nación.
Esto lo manifesté en este recinto el día 22 de diciembre de 1983, cuando tratamos la derogación
de la ley de amnistía. En esa oportunidad dije que no estaba de acuerdo con ningún tipo
de abuso ni de exceso, pero también remarqué que no podíamos olvidarnos de los momentos
que se vivían en el país, cuando explotaban bombas arteras y se producían las consecuencias por
todos conocidas: cientos de muertos, entre los cuales había niños, mujeres y ancianos que nada
tenían que ver.
Es por eso que disiento con el artículo 2° del proyecto, ya que el partido bloquista, al cual
represento en este Senado, sostiene —como lo hizo en el momento de debatirse el mismo, en la
Honorable Cámara de Diputados— que debe incluirse en este artículo, junto al término “agresión
externa”, la no menos peligrosa figura de la situación de “agresión interna”. Esto no es
antojadizo; podemos apreciar que en países hermanos, que tienen más años de gobierno constitucional,
como son los casos de Perú y de Colombia, las guerrillas urbanas y rurales acosan en
forma permanente y persistente a los gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo. Y como
la experiencia indica que en ese pasado reciente las Fuerzas de Seguridad y policiales no dieron
abasto para combatir la guerrilla subversiva, sostenemos la inclusión de que sean las propias
Fuerzas Armadas las que colaboren en caso de agresión interna. Repito que no estoy ni estamos
de acuerdo —ya sea por convicción o por ideología— con los excesos y abusos; al mismo
tiempo, estamos consustanciados con la idea de que sean los jueces de la Nación los que juzguen
y condenen.
Por esta razón, solicitamos que en el primer párrafo del artículo 2° y a continuación de “agresiones
de origen externo”, se agregue el término “y de origen interno”. También, en nombre
del partido bloquista, deseo anunciar que de no ser posible la modificación de este artículo,
votaremos en forma negativa la totalidad del proyecto de ley en discusión. Consideramos que si
no se acepta esta propuesta, no se dará seguridad definitiva a lo que interpretamos puede ser la
posibilidad más seria que tiene el país de peligro inminente.
Por todo ello, señor presidente, queremos dejar sentado que la Defensa Nacional es la integración
de la acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación para
enfrentar todo tipo de agresión o amenaza.
Sr. Presidente.—Se va a votar en general, previo llamado.
Sr. Berhongaray.—Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.
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Sr. Berhongaray.—Señor presidente: quiero decir que la comisión de Defensa Nacional de
este Senado ha resumido en un dictamen común los proyectos que habíamos presentado por
mayoría, junto con los de los señores senadores Gurdulich de Correa y Saadi.
Como los dos dictámenes anteriores fueron retirados, a los efectos parlamentarios existe en
este momento un dictamen suscrito por el señor vicepresidente de esta comisión, señor senador
Bravo Herrera, y el dictamen que ha sido firmado conjuntamente por los restantes seis miembros
de esta comisión. Me refiero a los cuatro integrantes de la bancada radical: el señor senador Trilla,
el señor senador León, el señor senador Velázquez y el que habla, juntamente con el señor senador
justicialista Jiménez Montilla y la señora senadora justicialista Liliana Gurdulich de Correa.
Esta es la situación que quiero dejar aclarada en estos momentos.
Sr. Martiarena.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Martiarena.—Es para rectificar lo que ha manifestado el señor senador Berhongaray.
Él no ha mencionado el proyecto de la señora senadora Gurdulich que yo he hecho mío en mi
exposición, de acuerdo con el artículo 148, que dice: “Si durante la discusión en general de un
proyecto se hubiesen presentado otros, se observará el orden prescrito en los dos artículos anteriores;
pero, llegado el caso de decidirse que entre inmediatamente en discusión, entrará el que
haya sido leído primero, y sólo siendo éste desechado o retirado entrará el que haya sido leído en
seguida del primero…”.
Voy a concretar mi moción. Dije que reivindico y hago mío íntegramente el proyecto de la
señora senadora Gurdulich y, por consiguiente, lo doy por presentado en esta sesión aunque ya
fue presentado, ante la manifestación de su eventual retiro, que no me consta.
Pido, entonces, que se considere como existente para ser votado el proyecto originario de la
señora senadora Gurdulich.
Sr. Berhongaray.—Esa afirmación de que no le consta lo que acabo de decir implica un acto
de descortesía y de desconfianza que no merece ningún senador de este cuerpo.
Le sugiero al señor senador por Jujuy que verifique, consultando a los autores del proyecto,
señores senadores Saadi y Gurdulich, si lo que he dicho es cierto.
Sr. Martiarena.—No he querido ser descortés, señor senador, si me permite la Presidencia.
De ninguna manera, sino simplemente que si se hubiera retirado constaría en alguna parte o por
Secretaría se hubiera informado de dicho retiro.
La afirmación del señor senador me merece perfecta fe, personalmente, pero reglamentariamente
el proyecto debe ser retirado o no.
Sr. Bravo Herrera.—Pido que la votación se haga en forma nominal.
Sr. Presidente.—Primeramente corresponde, señor senador, aclarar qué proyectos se van a
considerar y votar. La Presidencia entiende que hay un anexo al Orden del Día Nº 358, que es
el que se estaba considerando, que figura suscrito por la señora senadora Liliana Gurdulich de
Correa. Esto importa tácitamente, a juicio de la Presidencia, retirar cualquier otro proyecto que
hubiera formulado.
Sra. Gurdulich de Correa.—El día en que se trató en la comisión la compatibilización de este
tema, se reunieron los presidentes de bloque, y según manifestara el presidente de la comisión,
luego, en el recinto, se resolvió trabajar sobre la idea de un proyecto común. Se dio un cronograma
de reuniones para lograr ese fin.
En la última reunión se decidió retirar los dos proyectos, y el que había suscrito yo, y presentar
un dictamen común, que fue el que firmamos los seis senadores. De modo que se retiraban
los otros dos despachos y se presentaba éste.
Reitero que eso es lo que se resolvió en la última reunión de comisión en que se firmó este
dictamen.
Sr. Presidente.—Por eso, la Presidencia entiende que estamos considerando y debe votarse

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
en primer término el anexo al Orden del Día N º 358, sin perjuicio de que, si es rechazado, se trate
cualquier otro proyecto.
Sr. Gass.—Así es, señor presidente.
Sr. Presidente.—Se va a proceder a llamar para votar.
Sr. Gass.—Hay número suficiente.
Sr. Velázquez.—Exactamente.
Sr. Presidente.—Se va a votar…
Sr. Bravo Herrera.—Había pedido anteriormente que se hiciera la votación en forma nominal.
Además, solicito que se llame para votar por si hay algunos señores senadores más en la casa.
Sr. Velázquez.—Hay número suficiente.
Sr. Menem.—Que se llame por cinco minutos.
Sr. Gass.—Que se comience a votar nominalmente y después, si aparece algún otro señor
senador, que se le considere el voto, así no perdemos tiempo.
—Se llama para votar.
Sr. Presidente.—Se aclara a los señores senadores que quien vote por la afirmativa estará
aceptando lo propuesto en el anexo al Orden del Día Nº 358.
Sr. Marini.—Que lleva fecha 21 de octubre.
Sr. Trilla.—Hay quórum más que suficiente. Contamos con las dos terceras partes del cuerpo.
Sr. Presidente.—Se va a proceder a practicar la votación nominal, tal como lo ha propuesto
el señor senador por Salta.
—Se practica la votación nominal.
—Votan por la afirmativa los señores senadores
Almendra, Berhongaray, Brasesco, de la Rúa, Falsone, Gass,
Gurdulich de Correa, León, Malharro de Torres, Mauhum,
Mazzuceo, Menem, Nápoli, Nieves, Otero, Rodríguez Saá,
Saadi, Salim, Sánchez, Sigal, Trilla y Velázquez.
—Votan por la negativa los señores senadores Benítez,
Bittel, Bravo Herrera, Feris, Gil, Gómez Centurión, Marini,
Martiarena, Murguía, Rivas y Villada.
Sr. Secretario (Macris).—Han votado 22 señores senadores por la afirmativa y 11 por la
negativa.
Sr. Presidente.—En consideración en particular.
—Se leen y aprueban los artículos 1º al 3º.
—Se lee el artículo 4º.
Sr. Menem.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem.—Señor presidente: solicitaré un simple cambio de ordenamiento en este artículo
en lo que se refiere a la mención de derechos y deberes.
Entiendo que antes que un derecho, la Defensa Nacional constituye un deber porque, además,
así lo establece el artículo 21 de la Constitución Nacional. En realidad, esto no constituye
una mera cuestión formal, sino que se debe acentuar el hecho de que se trata de un deber, antes
que de un derecho.
Por lo tanto, atendiendo a una razón lógica, propongo la siguiente modificación: “La Defensa
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Nacional constituye un deber y un derecho para todos los argentinos, en la forma y términos que
establecen las leyes”.
Sr. Presidente.—Se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta.
—La votación resulta afirmativa.
—Se leen y aprueban los artículos 5º a 8º.
—Se lee el artículo 9º.
Sra. Gurdulich de Correa.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.
Sra. Gurdulich de Correa.—Habíamos acordado un agregado entre los párrafos primero
y segundo. Sería así: “A los efectos de la interpretación del programa de mecanismos de alerta,
de acuerdo al cuadro anexo se agregan las siguientes definiciones: a) Conflicto social localizado,
definido por enfrentamiento de intereses, producido en un marco institucional. Se circunscribe
a un espacio territorial restringido que no llega a abarcar el conjunto de la Nación; b) Conflicto
social generalizado definido como el anterior, pero extendido a todo el territorio argentino y que
tiene por protagonistas a un número de habitantes igual o superior a la mitad de la población;
c) Agresión interna definida como tal a los ataques armados que realicen individuos, grupos u
organizaciones contra el sistema institucional; d) Agresión militar definida como el alzamiento
contra las autoridades constitucionales de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad”.
Sr. Berhongaray.—La comisión la acepta.
Sr. Martiarena.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Martiarena.—El artículo 9 o se remite al cuadro de situación que se incorpora. Solicito
que se anexe el cuadro que fue elaborado originariamente en el proyecto de la señora senadora
Gurdulich de Correa.
Sr. Berhongaray.—La comisión no lo acepta y solicita que se vote el cuadro que fue acordado.
Sr. Presidente.—Se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta por la señora senadora
Gurdulich de Correa.
—La votación resulta afirmativa.
—Se leen y aprueban los artículos 10 al 16.
—Se lee el artículo 17.
Sr. Martiarena.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Martiarena.—Es para hacer una consideración de orden totalmente lógico que, además,
ha sido expresada en algunos de los informes de los miembros de las Fuerzas Armadas que de este
tema saben algo más que nosotros.
El artículo citado, en su parte pertinente, expresa: “…El Estado Mayor Conjunto deberá:
a) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
b) Formular la doctrina militar conjunta…” Es obvio que la doctrina militar debe ser
formulada con anterioridad al planeamiento militar. Concretamente, propongo
que el inciso b) pase a ser el a), y viceversa.
Sr. Berhongaray.—La comisión acepta.
Sr. Presidente.—Se va a votar el artículo 17 con la modificación propuesta.
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—La votación resulta afirmativa.
—Se leen los artículos 18 a 42.

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
—El artículo 43 es de forma.
Sr. Martiarena.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Martiarena.—Quiero solicitar una rectificación de la votación del artículo 20, respecto
del cual pido una explicación al señor miembro informante.
El artículo 20 expresa: “Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa
Nacional y se integran con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar
su empleo en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia
bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados…”.
Entiendo que el párrafo que dice: “…sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia
bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados…”, no ha sido explicado por el
señor miembro informante. Quisiera que me aclare qué se entiende por “la conducta de sus subordinados”,
¿cualquier conducta, todas las conductas, o las conductas explicitadas en el Código
de Justicia Militar solamente?
Esto viene al caso porque se ha discutido, y seguramente se va a seguir discutiendo, con motivo
de los procesos a militares, si la conducta de los subordinados queda cubierta por la responsabilidad
del superior o no.
Espero que la comisión pueda darnos una explicación y, según cuál sea ella, pediré que se
reconsidere la votación sobre este tema.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.
Sr. Berhongaray.—Podríamos hablar largamente sobre este asunto. Pero, de todos modos,
creo que el debate está agotado. Si usted lo quiere, señor senador, en forma personal y a los efectos
de no interferir en lo decidido por esta Cámara, estoy dispuesto a darle las aclaraciones que
estime necesarias.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.
Sr. Martiarena.—Estoy pidiendo la reconsideración de una votación, pero para efectuar una
fundamentación requiero la explicación que debe dar el miembro informante.
En oportunidad de la votación en particular no tuve ocasión de hacer esta observación; por
eso la hago en este momento. Soy consciente de que se necesitan los dos tercios, pero quisiera que
el miembro informante nos aclare este concepto, que es muy importante para todos.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.
Sr. Berhongaray.—No tengo ningún inconveniente en realizar la aclaración, ya sea en este
momento o posteriormente.
Sr. Trilla.—Que sea después,
Sr. Brasesco.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.
Sr. Brasesco.—Señor presidente: considero que el proyecto ya ha sido votado y que la reconsideración
de una votación no puede estar basada en una explicación que se pide al miembro
informante.
Si se quiere pedir la reconsideración de una votación, ésta tiene que estar fundamentada en
la falta de información o no de quien la solicita, y la Cámara en su momento resolverá por vía de
los dos tercios si hace lugar a ella.
El pedido de reconsideración debe estar dado por los fundamentos de quien lo solicita con
motivo de la falta de información o de lectura de la versión taquigráfica de la exposición del señor
senador Berhongaray en este caso o de la de los demás senadores, pero no puede pedirse al
miembro informante que dé explicaciones y en base a ellas, según si resultan satisfactorias o no,
fundamentar el pedido de reconsideración.
Sr. Gass.—Que se vote, señor presidente.
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Sr. Menem.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem.—Señor presidente: considero que por encima de una concepción reglamentarista
deben darse todas las explicaciones requeridas, ya que se trata de una ley sumamente importante.
Creo que es válida la inquietud del señor senador Martiarena, y dado que el señor miembro
informante está dispuesto a dar las explicaciones del caso debemos ser conscientes de que lo que
se diga en este recinto queda incorporado al Diario de Sesiones y sirve después para una interpretación
auténtica de la letra y espíritu de la ley.
De esta manera pienso que vamos a contribuir a su mejor interpretación, si es que el miembro
informante da las explicaciones en el recinto y no fuera de él, en cuyo caso no tendrían
trascendencia.
En síntesis, solicito que se haga lugar al pedido de reconsideración formulado por el señor
senador por Jujuy mediante la votación pertinente.
Sr. Presidente.—Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada por el
señor senador por Jujuy.
—La votación resulta negativa.
Sr. Presidente.—Queda rechazada.
Sr. Berhongaray.—Pido la palabra para dar las explicaciones…
Sr. Presidente.—Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
750
Fuente: Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones del 23 de octubre de 1986, pp. 3571-3609.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia
Legislativa y Parlamentaria. Departamento de Información argentina y atención al usuario.

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26
Apéndice sanciones del Honorable Senado
Proyectos de ley que pasan en revisión al Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
1
Ley de Defensa Nacional
TÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º—La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación,
ejecución y control de la Defensa Nacional. Es sancionada en cumplimiento del propósito
de “proveer a la defensa común” enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, y
por lo tanto, las disposiciones de esta ley serán interpretadas en el marco del texto constitucional,
de su espíritu y fines y del sistema de gobierno representativo, republicano y federal, adoptado
por la Nación Argentina.
Art. 2º.—La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales
y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones de origen externo.
Se concreta en un conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos
que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra.
Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la
Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida,
la libertad y los bienes de sus habitantes, así como el patrimonio nacional, los intereses argentinos
y la plena vigencia del sistema democrático y constitucional.
Art. 3°.—La Defensa Nacional abarca los espacios continentales, Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur y demás territorios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina,
así como el Sector Antártico Argentino, con los alcances asignados por tratados internacionales,
suscritos o a suscribir por la Nación.
Art. 4 o. —La Defensa Nacional constituye un deber y un derecho para todos los argentinos, en
la forma y términos que establecen las leyes.
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TÍTULO II
Órganos y misiones
Art. 5º.—Compete al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la misma, la
dirección de la Defensa Nacional y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los términos establecidos
en los incisos 15 y 17 del artículo 86 de la Constitución Nacional.
Con el asesoramiento del Consejo de Defensa Nacional, el presidente de la Nación dispondrá
el contenido y las pautas para la realización del planeamiento para la Defensa Nacional, controlando
su confección y su ejecución.
El presidente ejercerá:
a) La conducción integral de la guerra, con el asesoramiento y asistencia del Consejo
de Defensa Nacional;
b) La conducción militar de la guerra, con la asistencia y asesoramiento del Comité
Militar.
Art. 6º.—El ministro de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades
propias de la defensa que no se reserve o realice directamente el presidente de la Nación
o que no sean atribuidas expresamente por la presente ley a otro funcionario, órgano u organismo.
El Ministerio de Defensa actuará como órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional
ejerciendo la secretaría el funcionario que fuere designado a tal efecto.
Art. 7º.—Créanse como órganos específicos dependientes del presidente de la Nación:
a) El Consejo de Defensa Nacional;
b) El Comité Militar;
c) La Central Nacional de Inteligencia.
Art. 8º.—El Consejo de Defensa Nacional asistirá y asesorará al presidente de la Nación en
la determinación de los conflictos, de las hipótesis de conflicto y de guerra como así también
en la adopción de la estrategia y en la coordinación de los planes y acciones necesarios para su
superación.
Art. 9º.—Para dar cumplimiento a su función el Consejo de Defensa Nacional obrará conforme
a lo establecido en un programa de mecanismos de alerta, que define las situaciones de
conflicto previsibles y las respuestas consiguientes y ajustadas, para cada situación, conforme con
el cuadro aclaratorio anexo que forma parte de la presente ley.
A los efectos de interpretación del programa de mecanismos de alerta, de acuerdo al cuadro
anexo se agregan las siguientes definiciones:
752
a) Conflicto social localizado, definido por enfrentamiento de intereses, producido
en un marco constitucional. Se circunscribe a un espacio territorial restringido que
no llega a abarcar el conjunto de la Nación;
b) Conflicto social generalizado definido como el anterior, pero extendido a todo el
territorio argentino y que tiene por protagonistas a un número de habitantes igual
o superior a la mitad de la población;
c) Agresión interna definida como tal a los ataques armados que realicen individuos,
grupos y organizaciones contra el sistema institucional;
d) Agresión militar definida como el alzamiento contra las autoridades constitucionales
de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad.

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
A los efectos del planeamiento en todos los niveles y de la asignación de misiones y funciones
a los órganos y organismos del área de Defensa, incluyendo las Fuerzas Armadas, las situaciones
de desastre contempladas en el cuadro anexo se tendrán en cuenta exclusivamente en los términos
de las leyes que norman la defensa civil.
Art. 10.—El Consejo de Defensa Nacional estará presidido por el presidente de la Nación
quien adoptará las decisiones en todos los casos. Estará integrado por el vicepresidente de la
Nación, los ministros de Defensa, de Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía,
Los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
y dos integrantes de dichas comisiones, uno por el bloque de la mayoría y otro por la primera
minoría quedan facultados para integrar el Consejo de Defensa Nacional.
El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e invitar a
miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad
para los asuntos específicos que hubieran de tratarse.
Art. 11.—Sin perjuicio de las funciones establecidas precedentemente, el Consejo de Defensa
Nacional tendrá como función transitoria que deberá cumplimentar en un lapso no mayor de
365 días, la elaboración de anteproyectos de leyes que serán elevados a la consideración del Poder
Ejecutivo Nacional para su presentación al Congreso.
Art. 12.—Los anteproyectos legislativos aludidos en el artículo precedente serán como mínimo
los siguientes:
a) Leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas que contemplen las disposiciones de la
presente ley relativas al planeamiento, logística, educación militar y accionar conjunto
de las fuerzas;
b) Ley orgánica de producción para la defensa;
c) Ley de organización territorial y movilización para la defensa, que incluye las disposiciones
relativas al servicio militar y civil;
d) Leyes orgánicas para las fuerzas de seguridad;
e) Ley sobre el sistema nacional de información e inteligencia;
f) Ley de secreto de Estado.
Art. 13.—El Comité Militar asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su carácter de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la conducción militar de la guerra.
Art. 14.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las
Fuerzas Armadas. El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades
e invitar a miembros de otros poderes o personas cuyos conocimientos considere de
utilidad para los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 15.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar cuya secretaría ejercerá el Jefe de dicho Estado Mayor Conjunto.
Art. 16.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dependerá del ministro de
Defensa; estará integrado por personal de las tres Fuerzas Armadas y su jefe será designado por
el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 17.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas asistirá y asesorará al ministro
de Defensa en materia de estrategia militar.
El Estado Mayor Conjunto deberá:
a) Formular la doctrina militar conjunta;
b) Elaborar el planeamiento militar conjunto;
c) Dirigir el adiestramiento militar conjunto;
753
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23 de octubre de 1986
d) Controlar el planeamiento estratégico operacional y la eficacia del accionar militar
conjunto.
El presidente de la Nación, por si, o por intermedio del ministro de Defensa, dispondrá las
pautas a que deberá ajustarse el ejercicio de las funciones conferidas por la presente ley al Estado
Mayor Conjunto y controlará el cumplimiento de estas funciones.
Art. 18.—El Estado Mayor Conjunto realizará el planeamiento estratégico militar de acuerdo
a orientaciones dadas por el presidente de la Nación a través del ministro de Defensa.
El planeamiento estratégico militar podrá prever el establecimiento de comandos estratégicos
operacionales conjuntos, específicos o combinados y comandos territoriales, cuyos comandantes
serán designados por el presidente de la Nación de quien dependerán en caso de guerra
o conflicto armado. A efectos del planeamiento y adiestramiento, dependerán del ministro de
Defensa a través del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Art. 19.—La Central Nacional de Inteligencia estará presidida por el secretario de Inteligencia
del Estado y organizada de acuerdo a una ley especial, según el artículo 12 de la presente, que
determinará los instrumentos, en base a los cuales reunirá y coordinará la inteligencia necesaria
para la Defensa Nacional en el nivel estratégico nacional. El presidente de la Nación dará las directivas
y requerimientos de trabajo de la Central Nacional de Inteligencia.
El ministro de Defensa impartirá y controlará las directivas a los efectos que los organismos
de inteligencia de las Fuerzas Armadas produzcan inteligencia estratégica militar y se la eleven. El
ministro de Defensa hará conocer esta inteligencia al Estado Mayor Conjunto para la realización
del planeamiento militar conjunto.
Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso
hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.
754
TÍTULO III
Organización de las Fuerzas Armadas
Art. 20.—Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran
con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo
en forma disuasiva y efectiva. Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia bajo un
mando responsable de la conducta de sus subordinados.
Estarán sometidos a un régimen de disciplina interna y se ajustarán en sus procederes al derecho
nacional e internacional aplicable a los conflictos armados.
Art. 21.—Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el Ejército Argentino, la Armada
Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Su composición, dimensión y despliegue derivarán del
planeamiento militar conjunto. Su organización y funcionamiento se inspirarán en criterios de
organización y eficiencia conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza
no sea específica de una sola fuerza.
Art. 22.—Los componentes del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza
Aérea Argentina se mantendrán integrando los respectivos agrupamientos administrativos, dependiendo
de los jefes de los estados mayores generales de cada fuerza. Conforme resulte del
planeamiento conjunto, se dispondrá la integración de estos componentes o parte de ellos, bajo
la dependencia de comandos estratégicos operacionales conjuntos, específicos o combinados o
comandas territoriales.
Art. 23.—Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas dependerán del

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
ministro de Defensa, por delegación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y mantendrán
relación funcional con el Estado Mayor Conjunto a los fines de la acción militar conjunta.
Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas serán designados por
el presidente de la Nación entre los generales, almirantes y brigadieres del cuerpo comando en
actividad.
Art. 24.—Los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas ejercerán el gobierno
y la administración de sus respectivas fuerzas. Dirigirán la preparación para la guerra de
los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y su apoyo logístico. Asesorarán al Estado
Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento militar conjunto,
la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los aspectos del referido
planeamiento.
TÍTULO IV
Organización territorial y movilización
Art. 25.—Para el caso de guerra o conflicto armado internacional, el presidente de la Nación
podrá establecer teatros de operaciones, delimitando las correspondientes áreas geográficas.
El comando de cada teatro de operaciones será ejercido por el oficial superior de las Fuerzas
Armadas que designe al efecto el presidente de la Nación, de quien dependerá en forma directa
e inmediata.
Art. 26.—En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán
la plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la aplicación
del artículo 6º de la Constitución Nacional en aquellos supuestos en los que las circunstancias
lo hicieran estrictamente indispensable. En la hipótesis de adoptarse la medida referida, el
Poder Judicial mantendrá la plenitud de sus atribuciones.
Art. 27.—El Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso de la Nación,
podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional,
deban ser sometidos a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional o ante su inminencia, tal
declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación.
Art. 28.—La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina dependerán orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Defensa.
En tiempo de guerra podrán ser asignadas a los comandos estratégicos operacionales y comandos
territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente,
Art. 29.—Los planes de movilización necesarios para adecuar los recursos de la Nación a las
necesidades de la Defensa Nacional serán elaborados por el Ministerio de Defensa y aprobados
por el presidente de la Nación.
Art. 30.—El presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la defensa
civil. Se entiende por defensa civil el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a
evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier desastre
de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer
el ritmo normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva,
Art. 31.—En caso de guerra o ante su inminencia, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer
requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer necesidades
de la Defensa Nacional. En la reglamentación de la presente ley se determinará el procedimiento
y los recaudos a los que se ajustarán las requisiciones.
755
1986

23 de octubre de 1986
Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la
obligación, limitada a las necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información,
facilitar los bienes y prestar los servicios que les sean requeridos por autoridad competente. La
información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que
el de satisfacer esas necesidades.
Art. 32.—La obligación prevista en el artículo anterior será carga pública irrenunciable.
Si ese aporte implicara gastos o prestación de servicios se determinará administrativamente la
indemnización o remuneración correspondiente, no pudiendo en ningún caso reconocerse el
lucro cesante. En caso de desacuerdo, el monto será fijado judicialmente a pedido de la parte
interesada.
Art. 33.—El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora los informes requeridos
por la autoridad competente, o el que dificultare, negare o se sustrajere a la requisición,
será reprimido con prisión de dos meses a dos años, salvo que el hecho importare la comisión de
un delito más grave.
Las personas jurídicas de existencia ideal que incurrieren en los mismos hechos o impidiesen
o dificultaren las funciones de las autoridades competentes, podrán ser intervenidas por el Poder
Ejecutivo Nacional y privadas temporal o definitivamente de su personería.
Art. 34.—Toda persona no convocada que de cualquier modo desarrollare actividades que
entorpecieran el normal desenvolvimiento de la convocatoria, o la acción de las autoridades
encargadas de ejecutarlas, será reprimida con prisión de un mes a un año, salvo que el hecho
importare la comisión de un hecho más grave.
Art. 35.—Las disposiciones de los artículos 29 a 34 regirán hasta la sanción de la legislación
definitiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 36.—Deberán contar con la aprobación del Congreso de la Nación lodos los acuerdos,
convenios o tratados de carácter militar y de inteligencia.
TÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 37.—Deróganse las leyes 16.970, 17.649, 19.276, 20.194 y toda otra disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 38.—Deróganse los artículos 2º, 3º, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 20.318.
Art. 39.—Reemplázase el texto del artículo 16 de la ley 20.318 por el siguiente:
Artículo 16.—El presidente de la Nación designará como autoridad de convocatoria
a un oficial superior de las Fuerzas Armadas, quien dependerá del Ministerio de
Defensa.
Art. 40.—Reemplázase el texto del artículo 4º del decreto ley 15.385/44 por el siguiente:
756
Artículo 4º.—Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona
de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con relación a las
transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos,
reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles
a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondiente.

29a. reunión - continuación 22a. sesión ordinaria
Art. 41.—Reemplázase el texto del inciso d) del artículo 7º del decreto ley 15.385/44 por el
siguiente:
Artículo 7º, inciso d): Actuar a título de organismo coordinador asesorando y orientando
la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que
por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las zonas de seguridad,
para lograr la necesaria armonía y eficiencia en la estructuración y aplicación de las
disposiciones que, directa o indirectamente, se refieran a la Defensa Nacional.
Art. 42.—Reemplázase el texto del artículo 9º del decreto ley 15.385/44, por el siguiente:
Artículo 9º.—La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad considerará y resolverá
dentro de su jurisdicción los pedidos para el otorgamiento de concesiones y/o permisos
que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar
la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y orientación de
la opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial, así como toda fuente de energía
o industria de cualquier índole que interesen a los fines de la Defensa Nacional e intervenir,
asesorando a dichas autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen
como personas de derecho privado.
Art. 43.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fuente: Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones del 23 de octubre de 1986, pp. 3670-3674.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia
Legislativa y Parlamentaria. Departamento de Información argentina y atención al usuario.
757
1986

23 de octubre de 1986
CUADRO ANEXO
SITUACIONES
MEDIOS
INTERNACIONAL NACIONAL DESASTRES
Diplom. Econ. Polít. Militar CSL CSG AI AM Inund. Terr. Epidem. Incen. Hambre
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Fuerzas Armadas
Fuerzas seguridad
Defensa civil
Sistema de
informaciones e
inteligencia no militar
Movilización,
producción y
servicios públicos
Movilización,
producción y
servicios privados
Referencias
Alerta: 1 Mínimo CSL: Conflicto social localizado
2 Medio CSG: Conflicto social generalizado
3 Grave AI: Agresión interna
AM: Agresión militar
X: Medio vedado en su utilización
MECANISMOS DE ALERTA - DEFENSA NACIONAL CODENA - CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL
758

Decreto 1.975/86
Comité Militar
(Creación)
Fecha: 30 octubre 1986. Publicación: B. O. 19/11/86.
Citas legales: Constitución Nacional 1852-1880, 68 y XVII-A, 1.
Visto: lo dispuesto por el art. 86, inc. 1 o de la Constitución Nacional, y
Considerando: que resulta necesario contar con los órganos específicos de asesoramientos y
asistencia a los fines de la Defensa Nacional;
por ello, el presidente de la Nación Argentina, decreta:
Art. 1 o .—Créase el Comité Militar que asistirá y asesorará al presidente de la Nación en su
carácter de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en la conducción militar.
Art. 2°.—El Comité Militar estará integrado por el ministro de Defensa, el Jefe de Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas
Armadas. El presidente de la Nación podrá determinar la participación de otras autoridades e
invitar a miembros de otros poderes o personas cuyos conocimientos considere de utilidad para
los asuntos específicos que hubieren de tratarse.
Art. 3°.—El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas será órgano de trabajo del
Comité Militar cuya Secretaría ejercerá el jefe de dicho organismo.
Art. 4°.—El ministro de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y coordinación de las
actividades propias de la defensa que no se reserve o realice directamente el presidente de la
Nación o que no sean atribuidas expresamente a otro funcionario, órgano u organismo.
Art. 5º.—Comuníquese, etc.
Alfonsín.—Jaunarena.
Fuente: Decreto 1.975/86. Comité Militar. Creación. En Anales de la Legislación Argentina - ADLA. Tomo XLVI-D.
Ediciones La Ley S. A. Buenos Aires, 1987. Pp. 4168-4169.
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Decreto 6.495. Derogación del decreto que pone en vigencia Plan “CONINTES” (Conmoción
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Proyecto de Ley por el cual se propicia establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales
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Archivo reservado. Sección de Tramitación Parlamentaria. Referencia Legislativa y Parlamentaria.
Departamento de Información Argentina y Atención al usuario.
Mensaje del PEN. Cámara de Diputados de la Nación. Congreso Nacional. Diario de Sesiones
del 18 de abril de 1984. Biblioteca del Congreso de la Nación. Archivo reservado. Sección de
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control de la Defensa Nacional. Nacional. Estado parlamentario 25 y 26 de abril de 1985. Biblioteca
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Continuación de la 13a. sesión ordinaria. 15 de agosto de 1985. Biblioteca del Congreso de la
Nación. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información Argentina y Atención
al usuario.
Congreso Nacional. Diario de Sesiones. Cámara de Diputados de la Nación. 23a. reunión.
Continuación de la 13a. sesión ordinaria. 21 de agosto de 1985. Biblioteca del Congreso de la
Nación. Dirección de Referencia Legislativa. Departamento de Información Argentina y Atención
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Congreso Nacional. Diario de Sesiones. Cámara de Senadores de la Nación. 28a. reunión. 22a.
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Atención al usuario
Decreto 1.975/86. Comité Militar. Creación. En Anales de la Legislación Argentina - ADLA.
Tomo XLVI-D. Ediciones La Ley S. A. Buenos Aires, 1987.
766

Ministerio de Defensa
Dra. Nilda Garré
Ministra de Defensa
Lic. Gustavo Sibilla
Secretario de Estrategia y Asuntos Militares
Lic. Oscar Julio Cuattromo
Secretario de Planeamiento
Lic. Alfredo Waldo Forti
Secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa
Dr. Raúl Alberto Garré
Jefe de Gabinete
Lic. Mauro Vega
Subsecretario de Planificación Logística y Operativa de la Defensa
Lic. Juan Estanislao López Chorne
Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar
Dra. Sabina Frederic
Subsecretaria de Formación
Ing. Roberto Ceretto
Subsecretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Lic. Hugo Cormick
Subsecretario de Coordinación
Dra. Ileana Arduino
Directora Nacional de Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario
Lic. Carlos Aguilar
Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica
Lic. Jorge Luis Bernetti
Director de Comunicación Social

Azopardo 250 (C1107ADB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54 11) 4346-8800 • e-mail: prensa@mindef.gov.ar • web: www.mindef.gov.ar