Libro Blanco - Ministerio de Defensa

Parte II
Capítulo iV
ción, la federalización de la convocatoria de milicias en 1892 y la sanción de la Ley
Nº 3190 (1894) del primer código de justicia militar. La Ley Nº 3318 de Organización
del Ejército y de la Guardia Nacional (1895) estableció su integración como ejército
permanente, constituido por voluntarios, contratados, destinados, y por los argentinos que
en el año anterior hubieran cumplido veinte años de edad, los que serían convocados
anualmente al servicio militar por el término de sesenta días y, pasado éste, transferidos
para revistar en la Guardia Nacional activa.
Aún cuando las citadas acciones significaron un notable avance en el proceso de modernización
militar, a principios del siglo XX todavía restaban cambios estructurales que
permitieran organizar un sistema de defensa institucionalmente sólido, una educación
militar acorde al paradigma tecnológico vigente, un adecuado despliegue territorial, un
sistema de reclutamiento estable y una profesionalización objetiva de la carrera.
En 1898, con la segunda llegada de Roca al gobierno y un nivel de tensión creciente con
Chile, se dio mayor impulso a la modernización del aparato militar. Una nueva ley de
ministerios creó los ministerios de Guerra y de Marina, independientes uno del otro, y
por primera vez se estableció un escalafón diferenciado para cada una de esas fuerzas.
El coronel Pablo Ricchieri asumió como ministro de Guerra del presidente Roca en
julio de 1900. Su amplia experiencia europea, particularmente su conocimiento de
los ejércitos prusiano y francés, lo habilitaba para encarar la transformación estructural
que pretendía el Gobierno.
La Ley Nº 4031 de Organización del Ejército (1901) estableció para todo argentino varón
la obligatoriedad del servicio militar entre los veinte y los cuarenta y cinco años
de edad, con un período de incorporación de seis meses, excepto una quinta parte
por dos años. La adopción del sistema de cuadro-conscripto operó en la modernización
militar, cumpliendo además el pretendido objetivo de, por esta vía, integrar al
país la fuerte inmigración de la época.
La Ley también estableció por primera vez una división del territorio nacional en
siete jurisdicciones militares, a cada una de las cuales asignó un comando de región
del que dependerían las unidades militares.
A su vez, se dispuso crear la infraestructura necesaria para sostener adecuadamente
la organización prevista. Para ello se diseñó un plan de construcción de
cuarteles y alojamientos en todo el país, proyecto que involucró la compra de los
campos de instrucción de Campo de Mayo y Campo de los Andes, y de los campos
de remonta para proveer de caballos y de mulas a las distintas especialidades y
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