Libro Blanco - Ministerio de Defensa

Parte III
Capítulo XVii
una instancia específica de asesoramiento técnico cuya responsabilidad es la aplicación
de las políticas, planes y programas de producción para la defensa.
Desde la salida de la crisis del 2001 la política industrial del Estado ha centrado buena parte
de sus esfuerzos en la recuperación e incremento de las capacidades productivas del país.
En el ámbito de la defensa nacional ello implicó una revalorización del rol que le cabe al
sector en el desarrollo económico mediante la reactivación de empresas emblemáticas para
la industria nacional que habían sido privatizadas o concesionadas en la década de 1990.
Además de cumplir con su finalidad de atender de forma crecientemente autónoma
los requerimientos materiales del instrumento militar, la industria nacional de la
defensa debe transformarse, de esta forma, en un instrumento expansivo de las capacidades
productivas del país, potenciando la interrelación virtuosa de las diferentes
áreas del Estado y de éste con el sector privado.
Una decisión política, en el marco del proceso de transformación de la defensa nacional,
ha sido la identificación del Estado como el actor central en la motorización de los procesos
y en la creación y gestión de las instancias fundamentales de la producción. Es parte
constitutiva de esta definición la condición de que dicho actor central debe cumplir con
precisas y exigentes pautas de organización y eficiencia, operar a través de organizaciones
altamente profesionalizadas, con apropiados niveles de autonomía técnico-operativa,
y reglas de desempeño y objetivos a nivel de las mejores prácticas internacionales.
En virtud de esta condición, y en el marco de la reconstrucción de las capacidades
de producción del sector, a los establecimientos productivos vinculados a la defensa
no se les modificó la forma jurídica de sociedades anónimas. Esta decisión se fundamenta
en que las empresas modernas requieren agilidad en la toma de decisiones y
su posterior implementación, flexibilidad para la gestión de proveedores y clientes,
así como altos niveles de autonomía técnica para la determinación de las políticas a
seguir a fin de alcanzar los objetivos estratégicos que le fijare su accionista principal,
el Estado argentino en este caso.
El hecho concreto de que las experiencias productivas más relevantes en el ámbito de la defensa
nacional estén siendo conducidas por instancias gubernamentales, de ninguna manera
implica que la orientación y la política actual contemplen un sector de producción para
la defensa únicamente de propiedad estatal. La iniciativa privada también debe cumplir un
rol importante en la especificidad, como ya lo hace en algunas actividades conexas.
Desde inicios de la última década, primero bajo la iniciativa y conducción del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y desde 2008 directamente bajo la
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