“Por la cual se resuelve un recurso de reposición” - Ministerio de ...

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO
(1744)
26 de septiembre de 2007
“Por la cual se impone una sanción”
LA DIRECTORA DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
En ejercicio de las facultades delegadas en la Resolución 1393 del 8 de agosto de
2007, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
en cumplimiento con lo previsto en la ley 99 de 1993, en el Decreto 216 del 3 de
febrero de 2003, en el Decreto 3266 de 2004, el Decreto 1594 de 1984, y
ANTECEDENTES:
CONSIDERANDO
Que mediante resolución 310 de diciembre 22 de 1998, la Corporación Autónoma
Regional del Cesar “CORPOCESAR”, otorga Licencia Ambiental a CARBONES
DEL CARIBE S.A., hoy CARBONES DE LA JAGUA S.A., para la construcción y
operación de la pista de aterrizaje del Municipio de la Jagua de Ibirico
Que mediante auto 110 de febrero 9 de 2007, la Corporación Autónoma Regional
del Cesar “CORPOCESAR”, avoca conocimiento e inicia proceso administrativo
sancionatorio ambiental contra la Empresa Carbones de la Jagua S.A., por
vulneración de las disposiciones ambientales vigentes.
Que mediante resolución No. 0295 del 20 de febrero de 2007, este Ministerio
ejerce el conocimiento de los asuntos de la Corporación Autónoma Regional del
Cesar - CORPOCESAR, relacionados con la Licencia Ambiental, Planes de
Manejo Ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales de
los proyectos carboníferos del centro del departamento. del Cesar, para sus
evaluación, control y seguimiento.
Que mediante auto 0056 de marzo 2 de 2007, este Ministerio avoca conocimiento
del expediente Nº 091 -2006, relacionado con el procedimiento sancionatorio de la
empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., por presuntamente infringir el numeral
segundo del artículo segundo de la Resolución Nº 310 de 1998 por medio de la
cual Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, otorgó Licencia
ambiental a la citada Empresa para la construcción y operación de la pista de
aterrizaje del Municipio de la Jagua de Ibérico.
Que este Ministerio, mediante oficio con radicado 2400-E2- 24288 de marzo 9 de
2007, comunica a la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., que mediante el
Auto Nº 0056 de marzo 2 de 2007, avoca conocimiento del proceso sancionatorio
adelantado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”,
por la presunta violación del numeral segundo del articulo segundo de la
Resolución 310 de 1998..

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 2
“Por la cual se impone una sanción”
Que mediante oficio con radicado No. 4120-E1–28243 de marzo 20 de 2007, la
empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., presenta a este Ministerio los
descargos al pliego formulado por medio del Auto 110 de 2007.
CARGO FORMULADO:
Que el cargo único formulado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar
“CORPOCESAR”, a la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., por infringir las
siguientes normas de carácter ambiental, es el siguiente:
“Numeral segundo de la Resolución Nº 310 del 22 de diciembre de 1998, proferida
por la dirección General de Corpocesar., artículos 79, 80 y 95 de la Constitución
Política.”
DESCARGOS:
Que la Doctora María Margarita Zulueta, Apoderada General de la CARBONES
DE LA JAGUA S.A., mediante oficio radicado en este Ministerio con el No. 4120-
E1- 28243 de marzo 3 de 2007, responde al cargo formulado en los siguientes
términos:
“CDJ ha efectuado monitoreos de ruido generados por la pista de aterrizaje desde el inicio de la
operación de la pista en el año 2002.”
Los aviones que aterrizan en la pista ubicada en el área minera de CDJ son aviones pequeños, tipo
bimotor que realizan vuelos diurnos e intermitentes. Inicialmente había vuelos los días lunes y
viernes, recientemente la fr4ecuencia cambió a lunes, miércoles y viernes.
Los monitoreos de ruido han sido realizados en forma semestral, con mediciones tomadas en la
dirección del viento y en la zona de influencia inmediata ( a 100 metros de la pista).
Como conclusión de los monitoreos de ruido realizados a la fecha, podemos resumir los siguientes
resultados respecto de los niveles sonoros generados por la operación de aviones en la pista de
aterrizaje de la Jagua de Ibirico
Durante las jornadas desarrolladas por la empresa con el propósito de determinar los niveles de
presión sonora originados durante el proceso de operación de la pista, se determinaron valores
máximos promedios (Lmax) de 89.3 DB obtenidos durante los lapsos de 80 segundos ( tiempo en
el cual despega el avión )
Comparando los valores máximos obtenidos, observamos que éstos se encuentran por debajo de
los valores límites permisibles establecidos en el artículo 43 de la Resolución 8321 de 1983 del
Ministerio de Salud. La norma citada establece que la duración diaria de exposición de una
persona a niveles de ruido continuo o intermitente no deberá exceder el valor de 115 dB en un
período máximo de 15 minutos.”
Los niveles de presión sonora determinados en el registro de monitoreo se encuentran en los
niveles inferiores a la normatividad actual aún a pesar de que los monitoreos han sido realizados
dentro del área cercana a la pista, por ende el ruido producido dentro de la operación de la pista de
aterrizaje no genera la pérdida de la sensibilidad auditiva ni causa deterioro en la calidad de vida
de los habitantes de la Jagua de ibirico
Es importante anotar que durante los últimos 4 meses del año 2006 la pista estuvo fuera de
servicio por reparaciones de la superficie de rodadura, tal como se indicó en el Informe de
Cumplimiento Ambiental correspondiente al cuarto trimestre del 2006. En consecuencia en los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se realizó el monitoreo por razón de la
suspensión de actividades.“Adjunto los resultados de los monitoreos realizados hasta la fecha, los
cuales fueron presentados a CORPOCESAR por solicitud expresa, mediante comunicación de
noviembre 16 de 2005 y dentro de los informes de cumplimiento ambiental –ICA”

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 3
“Por la cual se impone una sanción”
PRUEBAS
La empresa Carbones de La Jagua S.A., no solicita práctica de pruebas contra el
cargo único formulado. Así mismo, ni la Corporación Autónoma Regional del
Cesar – CORPOCESAR, ni este Ministerio las decretó
CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL MINISTERIO:
Que una vez evaluada la información contenida en el expediente, los descargos
efectuados por la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., la dirección de
Licencias Permisos y Trámites Ambientales de este Ministerio emitió el concepto
técnico No. 1508 de septiembre 5 de 2007, en donde efectuó las siguientes
consideraciones al cargo formulado, así:
“HECHOS
Las conductas presuntamente contraventoras hacen referencia a:
a. La no realización del monitoreo permanente del ruido generado por la operación de los
aviones.
b. La no instalación de un sonómetro en el municipio de La Jagua de Ibirico, para medir
los niveles de ruido producidos por dichos aviones.
c. El no reporte trimestral de los resultados de los monitoreos de ruidos.
De acuerdo a lo anterior CORPOCESAR considera que con la conducta expuesta, la
Empresa ha vulnerado las siguientes normas:
Numeral 2 del artículo segundo de la Resolución 310 de 22 de diciembre de 1998,
proferida por la Dirección General de CORPOCESAR.
Artículos 79, 80 y 95 numeral 8 de la Constitución Política.
Que el concepto técnico consideró
“De acuerdo a la Resolución 310 de 1998, por medio de la cual se otorga una Licencia
Ambiental a CARBONES DEL CARIBE S.A., hoy CARBONES DE LA JAGUA S.A., en su
artículo segundo numeral 2, de la parte resolutiva, la Empresa deberá realizar un
monitoreo permanente del ruido (aviones), en la localidad mas cercana (la Jagua de
Ibirico) y sus resultados deberán ser presentados ante CORPOCESAR, trimestralmente.
Al respecto es preciso anotar:
Al afirmar la Empresa en su oficio de descargos que “Los monitoreos de ruido han sido
realizados en forma semestral, con mediciones tomadas en la dirección del viento y en la
zona de influencia inmediata (a 100 m de la pista)”, y de acuerdo a la información adjunta
a dicho oficio referente a los resultados de los monitoreos realizados hasta la fecha,
CARBONES DE LA JAGUA S.A, esta aceptando el cargo único imputado por
CORPOCESAR, por cuanto:
En la serie de monitoreos de ruido presentada desde el año 2002 a julio de 2006, se
reporta tan solo para los años 2003 y 2004, los resultados de enero y julio y para los años
restantes (2002, 2005 y 2006), los resultados del mes de julio, situación que confirma que
dichos monitoreos además de venirse realizando en forma no permanente, están siendo
reportados con una periodicidad de semestral a anual.
Los monitoreos de ruido, según lo anotado en el oficio de descargos vienen siendo
realizados a una distancia de 100 m. de la pista de aterrizaje, en predios de propiedad de

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 4
“Por la cual se impone una sanción”
CARBONES DE LA JAGUA S.A., denominada “Cerro de Piedra”, infraestructura
aeroportuaria que se localiza en el municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar.
De otra parte en el Informe de Cumplimiento Ambiental Nº 4 (periodo octubre 1 a 31 de
diciembre de 2006), presentado por CARBONES DE LA JAGUA S.A., ante
CORPOCESAR, con radicado enero 12 de 2007, se enuncia en el Capitulo 3 “Aspectos
técnicos”, que la pista no se uso durante los meses de octubre y noviembre, afirmación
que para ser tenida en cuenta como justificación de la no realización de monitoreos en los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no es congruente con lo afirmado
al respecto en el oficio de descargos “… durante los últimos 4 meses del año 2006 la pista
estuvo fuera de servicio por reparaciones de la superficie de rodadura, tal como se indicó
en el Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente al cuarto trimestre del 2006. En
consecuencia en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se realizó
el monitoreo por razón de la suspensión de actividades.”. Igualmente en el literal B del
Capitulo 4 “programación de actividades”, del citado documento, se aduce en cuanto a los
requerimientos establecidos, que no se ha dado cumplimiento al referido a la instalación
del sonómetro en el casco urbano de la Jagua de Ibírico.
En cuanto a las afirmaciones de la Empresa de que los valores máximos obtenidos en vía
monitoreo se encuentran por debajo de los valores límites permisibles establecidos en el
artículo 43 de la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, es preciso aclarar que
el cargo imputado se fundamenta en el hecho de no haber instalado un sonómetro en el
municipio de La Jagua de Ibirico, ni haber realizado el monitoreo y la presentación de
reportes en la periodicidad requerida y no en el hecho que de acuerdo a los monitoreos
realizados, el ruido generado por la operación de la pista no esta ocasionando la perdida
de sensibilidad auditiva.
Respecto al hecho de haber vulnerado con el cargo imputado además de la las norma de
carácter ambiental referente al numeral segundo del artículo segundo de la Resolución Nº
310/98, los artículos 79, 80 y 95 numeral 8 de la Constitución Política, es procedente
resaltar que la normatividad ambiental señalada como vulnerada por la Empresa,
presenta una correspondencia clara con el cargo indicado. “
Que el concepto técnico determinó
Por las consideraciones expuestas CARBONES DE LA JAGUA S.A., actuó sin acatar las
normas de carácter ambiental referentes al numeral segundo del artículo segundo de la
Resolución Nº 310 del 22 de diciembre de 1998, proferida por la Dirección General de
CORPOCESAR y los Artículos 79, 80 y 95 numeral 8 de la Constitución Política, y en tal
sentido el MAVDT ratifica el cargo imputado.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que en lo que tiene que ver con los argumentos esbozados por la apoderada de la
empresa con relación al primer cargo formulado mediante el auto, este Despacho
considera oportuno transcribir el artículo segundo de la Resolución 310 de
diciembre 22 de 1998, el cual estipula lo siguiente:
“Artículo Segundo:
2. Realizar monitoreo permanente del ruido generado por la operación de
aviones, para lo cual deberá colocar un podómetro en la localidad mas
cercana (la Jagua de Ibirico), que mida los niveles de ruido producidos por
dichos aviones y presentar los resultados en forma trimestral a la
Corporación“
Que los artículos 79, 80 y 95 numeral 8 de la Constitución Política, determinan lo
siguiente:

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 5
“Por la cual se impone una sanción”
Artículo 79º.- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.”
Artículo 80º.- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas.”
Artículo 95, numeral 8.- “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ésta Constitución implica
responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano”
Al hacer una simple lectura del numeral segundo del artículo segundo, se puede
inferir que: la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., tenía como obligación lo
siguiente: realizar monitoreos permanentes del ruido de los aviones y presentar
informes de manera trimestral y dicho monitoreo lo debía realizar colocando un
podómetro en la localidad de la Jagua de Ibirico.
De acuerdo a los argumentos presentados por la recurrente en sus descargos se
puedo determinar que: los monitoreos de ruido han sido realizados en forma
semestral y en otros casos anual, como quiera que los informes presentados para
el periodo del 2003 y 2004, reportaron resultados en los meses de enero y julio
respectivamente, y para los años 2002, 2005 y 2006, reportaron resultados en el
mes de julio de cada año. Que éstos, se han realizado a una distancia de 100 m.
de la pista de aterrizaje, en predios de propiedad de CARBONES DE LA JAGUA
S.A., denominada “Cerro de Piedra”, siendo que la obligación es clara al ordenar
que se realizara en el casco urbano de la Jagua de Ibirico.
Que el artículo 107 de la ley 99 de 1993, establece que las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia o su
aplicación por las autoridades o por los particulares.
Que lo dispuesto por este Ministerio dentro de sus actos administrativos, en el
caso particular dentro de la Resolución No. 367 de marzo 31 de 2003, al estar
relacionada con el medio ambiente y la protección de los recursos naturales, se
constituye en norma ambiental de obligatorio cumplimiento.
Que la ley 99 de 1993, al hablar de las sanciones y medidas de policía estableció:
“ Art. 84.- sanciones y Denuncias. Cuando ocurriere violación de las normas
sobre protección ambiental o sobre el manejo de recursos naturales

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“Por la cual se impone una sanción”
renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones
Autónomas Regionales impondrán las sanciones que se prevean en el
artículo siguiente, según el tipo de infracción y la gravedad de la misma.
(...)”
De acuerdo a la norma transcrita el legislador facultó a las autoridades
ambientales para sancionar a los administrados que incurrieren en violación de las
normas ambientales o sobre el manejo de los recursos naturales.
Que la conducta presuntamente en la que incurrió la empresa CARBONES DE LA
JAGUA S.A., fue violatoria de esas normas de protección ambiental y de manejo
de los recursos naturales al no haber cumplido las condiciones y obligaciones que
se establecían en la Licencia Ambiental.
Que la apertura de la investigación administrativa y la formulación del cargo, en
contra de la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., obedece a la infracción de
la normatividad ambiental, al presuntamente incumplir lo dispuesto por la
Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, en el numeral
segundo de la resolución Nº 310 del 22 de diciembre de 1998, y artículos 79, 80 y
95 de la Constitución Política.
Que la investigación ambiental se fundamenta en el artículo 83 de la ley 99 de
1993, en la que se estipula que el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los Departamentos, municipios y distritos con régimen
constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas
de policía, multas y sanciones establecidas por ley, que sean aplicables según el
caso.
Que a contrario de lo expuesto por el memorialista la atribución de policía que se
encuentra estipulada en el artículo 83 de la ley 99 de 1993, es una sola (así sea
que esta se divida en tres fases a consideración del tratadista Libardo Rodriguez)
fases que se encaminan a la imposición y ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.
Que estas medidas de policía de que habla el artículo 83 de la ley 99 de 1993, no
son otras que la aplicabilidad de las medidas preventivas y sanciones estipuladas
en el artículo 85 del mismo estatuto, toda vez que estas hacen parte integral del
título XII denominado “ de las sanciones y medidas de policía”, por lo que no hay
que buscar otras medidas fuera de las que el legislador señaló en materia
ambiental en la ley 99 de 1993 que se establecen como normatividad especial en
materia ambiental, independientemente del procedimiento que ha de aplicarse al
proceso, el cual se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1594 de
1984.
Que el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, la investigación y las
sanciones por infracción a normas ambientales, se aplican sin perjuicio del
ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
Que de conformidad con el Artículo 8 de la Carta Política: Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el mismo la Constitución Política, establece como deber del Estado, el de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como de

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 7
“Por la cual se impone una sanción”
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados.
Que en el presente caso se estima pertinente dar aplicación a lo establecido en el
artículo 4º de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, en virtud del cual la función
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de
los todos los habitantes, conforme con los principios, finalidades y cometidos
consagrados en la Constitución Política.
Vale en este momento hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este
sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio
de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia
del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
“La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales
a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del
Estado.
“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un
cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución
(arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).”
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala
Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro
Martínez Caballero señala:
“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como
parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas
que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las
autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”
Que, así mismo, respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del
ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la
Constitución Política, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son
libres pero "dentro de los límites del bien común".
Lo anterior significa que existe la garantía constitucional de posibilitar a todos el
establecimiento de unidades de explotación económica en los diversos campos,
propiciando así el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad
correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin
causarle daño.
Si bien la Carta reconoce que la empresa es base del desarrollo, añade que tiene
una función social y que ésta implica obligaciones. (Artículo 58 C.N.)
La norma mencionada indica que la ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 8
“Por la cual se impone una sanción”
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad
pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define
que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales
renovables.
Teniendo en cuenta lo anterior y de algunos principios en que se ha apoyado el
desarrollo jurisprudencial en materia ambiental, en el sentido que los seres
humanos constituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Por eso, el mandato constitucional obliga a efectuar una utilización
sostenible de tales recursos, que la explotación de los recursos naturales y el
ejercicio de las actividades económicas no pueden vulnerar el derecho a un medio
ambiente sano, no obstante lo importante que para la economía del país sea la
actividad económica a desarrollar. Así mismo, que el derecho al medio ambiente
es fundamental para la existencia de la humanidad y que no se puede desligar del
derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores
perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres
humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho
fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado
cuando en diferentes Cortes, donde se han evaluado la incidencia del medio
ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias, se ha afirmado que el
derecho al medio ambiente es un derecho fundamental.
Que entre otros aspectos, Titulo XII de la Ley 99 de 1993, artículo 85 parágrado 1,
señala el tipo de medidas preventivas y las sanciones a imponer al infractor de
normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables; igualmente precisa que la imposición de multas no
exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenas por la autoridad
ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio
ambiente y los recursos naturales renovables afectados; establece además que
las sanciones establecidas en el citado artículo serán aplicables sin perjuicio del
ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
Que Igualmente en materia sancionatoria, el artículo 85, parágrafo 3o, establece
que para la imposición de las mismas deberá seguirse el procedimiento previsto
en el Decreto 1594 de 1984 o el estatuto que lo modifique o sustituya.
a) Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece que en
los aspectos no regulados por dicho código se seguirá por el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo.
DECISIÓN DEL DESPACHO
Que la resolución 310 de diciembre 22 de 1998 emitida por la Corporación
Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, otorgó Licencia Ambiental a
CARBONES DEL CARIBE S.A., hoy CARBONES DE LA JAGUA S.A., para la
construcción y operación de la pista de aterrizaje del Municipio de la Jagua de
Ibirico y ésta estableció unas obligaciones claras, concretas, exigibles y de
obligatorio cumplimiento a la empresa.
Del análisis de los descargos, y de los documentos que obran en el expediente
012 – 97, se pudo establecer la infracción por parte de la empresa, a lo dispuesto
por la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en artículo
segundo o de la Resolución No. 0310 de diciembre 22 de 1998, como también se

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 9
“Por la cual se impone una sanción”
estableció en el Concepto Técnico 1508 de septiembre 5 de 2007, cuyos apartes
esenciales se transcribieron en la parte motiva y que hace parte del presente acto
administrativo.
En consecuencia y una vez analizados los antecedentes relacionados con el
expediente 1499, agotada como se encuentra la etapa investigativa y las
diligencias relacionadas con el esclarecimiento de los hechos, el infractor: la
empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., fue hallada responsable de haber
infringido lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución No. 0367 de marzo
31 de 2003; en consecuencia se ratifica, el cargo único formulado en el artículo
tercero del auto 110 de febrero 9 de 2007.
Que en consecuencia, este Ministerio procederá a imponer una sanción
pecuniaria a la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., de conformidad con lo
establecido en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, para lo cual tendrá en cuenta
el Concepto No. 1508 de septiembre 5 de 2007, que en su parte pertinente
conceptúo:
“CRITERIOS DE SANCIÓN
El grupo técnico asignado al Proyecto, llevó a cabo un análisis de los descargos de
CARBONES DE LA JAGUA S.A., al cargo único formulado por la Corporación Autónoma
Regional del Cesar “CORPOCESAR”, mediante Auto Nº 110 de febrero 9 de 2007, con el
fin de determinar el monto de la sanción.
Teniendo en cuenta que no es posible demostrar la fecha de iniciación y finalización de
las infracciones, la sanción se tasa como multa única dentro de los parámetros
establecidos por la ley para un día de infracción, es decir entre 1 y 300 salarios mínimos
mensuales vigentes para el año 2007 ($433.700.oo).
Una vez analizados los cargos, se establecen los criterios que los fundamentan, para
cuantificar el monto de la sanción. Tal como se aprecia en la tabla siguiente, los criterios
aplicables corresponden al incumplimiento a las disposiciones de la autoridad ambiental
en la licencia ambiental del proyecto, por lo siguiente:
Modificación, sin previo aviso, evaluación y autorización de este Ministerio, de la ubicación
de un sonómetro para monitoreo del ruido en la localidad de la Jagua de Ibírico y la no
realización de dicho monitoreo y presentación de reportes en la periodicidad requerida,
con lo cual se violó lo establecido en el numeral 2 del artículo segundo de la Resolución
310 de 22 de diciembre de 1998, proferida por la Dirección General de CORPOCESAR y
los artículos 79, 80 y 95 numeral 8 de la Constitución Política.
CRITERIOS
Incumplimiento a la
licencia ambiental
No. de
incumplimientos
por infracción
Multa Única
en SMLV
Circunstancias
Agravantes
Atenuantes
Valor Total Multa Neta
SMLV
1 34 0 0 34
Salario Mínimo Legal
mensual 2007
$ 433.700
Valor Total Multa $ 14.745.800
Para el caso específico, el análisis se realizó para la infracción al incumplimiento a la
licencia ambiental, por lo cual se establece la multa única en salarios mínimos legales
vigentes por cada criterio (Multa base), cuyos resultados se presentan en la columna tres
de la tabla anteriormente referida.
De igual manera se estableció en la columna 2, el número de incumplimientos por
infracción.

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 10
“Por la cual se impone una sanción”
Una vez establecido este dato, se calcula la multa única en salarios mínimos legales
vigentes, teniendo un tope de 100 salarios mínimos para el incumplimiento señalado.
Se determina que no existen circunstancias agravantes, ni atenuantes, para los cargos
formulados.
De acuerdo con lo anterior, se calcula la multa neta, como resultado de multiplicar la multa
base por la suma o resta de los factores dados para circunstancias atenuantes o
agravantes (cuyo resultado fue 0 para agravantes y 0 para atenuantes), aplicando la
siguiente fórmula:
Multa Neta = Multa Base x (1+ Agravantes – Atenuantes)
Multa Neta = 100 x (1 + 0 - 0) = 100 SMLV
Valor Total Multa = 34 x 433.700 = 14.745.800
El valor total de la multa se obtiene de multiplicar el valor de la multa neta por el valor del
salario mínimo legal vigente para el año 2007, lo cual arrojó como resultado un monto de
Catorce Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Pesos M/CTE
($14.745.800).
Que en relación con el cobro de las sumas de dinero exigibles a favor de los entes
ministeriales el artículo 112 de la Ley 6 de 1992, señaló:
“ARTÍCULO 112. FACULTAD DE COBRO COACTIVO PARA LAS ENTIDADES
NACIONALES. De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso
Administrativo, las entidades públicas del orden nacional como Ministerios,
Departamentos Administrativos, organismos adscritos y vinculados, la Contraloría
General de la República, La Procuraduría General de la Nación y la Registraduría
nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los
créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación.”
Que el parágrafo primero del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 establece:
“Parágrafo 1°.- El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las
obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control,
ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales
renovables afectados.”
Que mediante el Decreto No.3266 de 8 de octubre de 2004, se modificó la
Estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y se creó la
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, adscrita al Despacho
del Viceministro de Ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo Tercero de la
Resolución No.1393 del 8 de agosto de 2007, proferida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la cual se efectúan unas
delegaciones de funciones, a la Directora de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales, entre las que le corresponde suscribir los actos administrativos, a
través de los cuales se impongan medidas sancionatorias como consecuencia de
la violación de las normas sobre protección ambiental y/o sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, relacionados con las funciones de la
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, así como por el
incumplimiento a las obligaciones contenidas en las licencias ambientales y demás
autorizaciones de carácter ambiental, en consecuencia, el suscrito funcionario es
el competente en el caso que nos ocupa, para pronunciarse sobre la sanción a
imponer.

Resolución No. 1744 del 26 de septiembre de 2007 Hoja No. 11
“Por la cual se impone una sanción”
En mérito de lo anterior,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que la empresa CARBONES DE LA JAGUA
S.A., con Nit. 802024439-2, es responsable del cargo único formulado en el
artículo tercero del auto 110 de febrero 9 de 2007, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Imponer sanción de multa a la empresa CARBONES DE
LA JAGUA S.A., por la suma de Catorce Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil
Ochocientos Pesos M/CTE ($14.745.800). moneda legal, según lo indicado en la
parte considerativa de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO. La suma indicada en el artículo precedente deberá ser
consignada en la Cuenta Corriente No. 230-05554-3 del Banco de Occidente
Sucursal Parque Nacional, denominada Fondo Nacional Ambiental - Fonam Nit
830.025.267-9, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento en los términos y cuantía indicados,
dará lugar a su respectiva exigibilidad por la jurisdicción coactiva, de la cual en
virtud de la Ley 6ª de 1992, se encuentran investidas las autoridades públicas del
denominado orden nacional.
ARTICULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio notifíquese el contenido de este acto administrativo
a la Empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., a través de su representante legal
o apoderado debidamente constituido.
ARTICULO CUARTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio, comuníquese el presente acto administrativo, a la
Gobernación de Valledupar y a la Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico.
ARTÍCULO QUINTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio, publíquese el contenido de este acto
administrativo en la Gaceta Ambiental Oficial.
ARTICULO SEXTO.- Contra la presente Resolución, procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito ante el Ministro del Medio
Ambiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y con el
lleno de requisitos legales, conforme con lo establecido en los artículos 50, 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
DIANA MARCELA PÉREZ ZAPATA
Directora.
Exp. 3774 CT. 1508 /07
Proyectó: GUSTAVO ADOLFO DUQUE RODRIGUEZ / Abogado DLPTA
Archivo "C"Mis documentos 2007-Investigaciones Administrativas