PROYECTO ANTICORRUPCIÓN Nº 39 - Julio de 2014

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10 10 inmuebles y la cancelación de las deudas hipotecarías. La hipótesis del Ministerio Público se dirige a demostrar que los fondos económicos con los cuales se adquirieron los inmuebles provienen del empresario Josef Maiman. En esa perspectiva, la Fiscal sigue la ruta engorrosa de probar la licitud o ilicitud de los fondos de dinero originales del referido empresario en Suiza e Israel. En mi consideración, más allá de la hipótesis anterior o de aquella que consideraría que los recursos económicos son de titularidad del propio ex Presidente Toledo (con lo cual nos encontraríamos en una fase de integración o retorno de los fondos dinerarios al circuito comercial peruano y en la que la suegra del ex presidente cumpliría más bien el rol de testaferro o de cómplice de los hechos), es posible hacer un corte en los procesos de transferencia de los fondos económicos a partir de su llegada a la empresa Ecoteva Consulting, de propiedad de la suegra del ex Presidente. La no explicación razonable de los fondos económicos a partir de actividades lícitas, la presencia de actividades dudosas, de extrañas operaciones comerciales sin mayor idoneidad o sin adecuación al giro habitual de los negocios de las personas involucradas debe servir para deducir claramente que se trata de bienes o fondos de procedencia no lícita. Claro, siempre quedará por determinar si la simple donación o el regalo de multimillonarias cantidades de recursos económicos a la Sra. Fernenbug por parte del empresario Maiman pueden ofrecer una explicación razonable al origen de tales recursos. Confío en que la inteligencia de los peruanos no sea ofendida en el transcurso de las investigaciones que prosiguen a cargo del Ministerio Público. Comentario
DATO ANTICORRUPCIÓN Apuntes de tipicidad en torno al delito de negociación incompatible 11 11 Por Erick Guimaray Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP I. Bien jurídico protegido Todos los tipos penales del Título XVIII del Código Penal (CP) resguardan el “correcto funcionamiento de la administración pública”, siempre que se entienda con ello a la protección del fin objetivo, legal y prestacional en la gestión de los recursos públicos, llámese bienes o servicios. Este bien jurídico categorial está compuesto, además, por una serie de principios y deberes que se descargan sobre ciertas personas que decidieron ubicarse entre los recursos del Estado y sus destinatarios, es decir, sobre los llamados funcionarios públicos, únicas personas capaces de vincular al Estado con sus actos. En el delito de negociación incompatible (art. 399 CP) se menciona lo siguiente: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.
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