Comunicado del Ministerio de Gobierno sobre el ... - Los Tiempos

Héctor Choque Gutierrez a causa de la explosión de una carga de dinamita
durante el enfrentamiento entre los mineros cooperativistas y asalariados
por el yacimiento de Colquiri.
La página 75 del informe del Defensor del Pueblo denuncia en un inciso 8)
que “La vulneración de derechos humanos tiene una mayor incidencia y se
evidencia con niveles alarmantes en algunos espacios como los centros
penitenciarios donde, además de la privación de libertad, las personas allí
destinadas sufren de altos grados de discriminación y racismo, violencia
física y sicológica, carencias materiales y extorsión permanente”.
Esta aseveración interesada ignora que el Gobierno del presidente Evo
Morales ha ejecutado en las mejoras carcelarias del país, la inversión más
alta desde 1984, con la ejecución de obras de construcción de recintos y
mejoras de infraestructura en Yacuiba, Montero y Palmasola en Santa
Cruz y la aprobación de un Reglamento de Cárceles inédito en nuestra
historia.
Al usar los calificativos de “unilateral”, “autoritaria” y “colonialista”, el
Defensor del Pueblo soslaya la participación democrática y consciente de
las 58 de las 69 comunidades del TIPNIS que participaron de la consulta
realizada por el Gobierno Nacional en esa región del país.
El Defensor del Pueblo puede albergar su posición política de oposición al
Gobierno Nacional y coincidencia con el Movimiento Sin Miedo pero no a
costa de un evento tan trascendente como fue el ejercicio de los pueblos
indígenas de su derecho a ser consultados por el Estado.
Al declarar públicamente que la denuncia e investigación de la red de
extorsión y corrupción por parte del Ministerio de Gobierno afecta la
“credibilidad” del Órgano Ejecutivo, el Defensor del Pueblo nuevamente
incurre en el subjetivismo para argumentar sus posturas políticas.
El inciso 11 de la página 76 textualmente asevera que “la crisis en
instituciones como la Policía Boliviana, el Ministerio Público e incluso
ciertas áreas del Ministerio de Gobierno, así como la ausencia de sistemas
y la ineficiencia de las entidades encargadas del control y seguimiento a la
transparencia de las instituciones públicas, son causa directa de la
vulneración sistemática y sostenida de derechos humanos, lo que, en el
caso denominado ‘redes de extorsión’, habría posibilitado la organización