Comunicado del Ministerio de Gobierno sobre el ... - Los Tiempos

EL INFORME DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO ES SESGADO Y POLÍTICO
Con relación a la difusión del informe anual del Defensor del Pueblo, el
Ministerio de Gobierno comunica a la opinión pública lo siguiente:
El informe está contaminado por un sesgo político que afecta su
objetividad y se contradice a sí mismo porque reconoce los avances del
Estado Plurinacional de Bolivia en la incorporación, promoción, defensa y
ejercicio de los derechos humanos, pero denuncia una supuesta violación
de esas prerrogativas constitucionales.
Denuncia a la Policía Boliviana como la institución que viola con más
incidencia los derechos humanos pero intencionadamente omite que en
relación al propio informe del Defensor del Pueblo del año pasado, la
institución del orden ha registrado una disminución de casi el 50% de
denuncias.
El año 2011, el Defensor del Pueblo registró 1.084 denuncias contra la
Policía Boliviana; este año esa cifra se redujo a 580. Pero en una muestra
clara de su intencionalidad política, el Defensor del Pueblo Rolando Villena
tergiversó este avance en la defensa de los derechos humanos por la parte
de la Policía, en los siguientes términos:
“En materia de DDHH específicamente instituciones que han vulnerado
más los mismos, está la Policía Boliviana Nacional encabezando la lista, el
año pasado era un poco más, ahora hay menos, pero no hay una relación
de diferencia sustancial”.
En la página 14 de “muertes no esclarecidas”, el informe político del
Defensor del Pueblo atribuye a la responsabilidad del Estado los
fallecimientos de personas durante conflictos entre sectores sociales.
Un ejemplo paradigmático de este uso de la muerte con intenciones
políticas es la mención del lamentable deceso del compañero minero

Héctor Choque Gutierrez a causa de la explosión de una carga de dinamita
durante el enfrentamiento entre los mineros cooperativistas y asalariados
por el yacimiento de Colquiri.
La página 75 del informe del Defensor del Pueblo denuncia en un inciso 8)
que “La vulneración de derechos humanos tiene una mayor incidencia y se
evidencia con niveles alarmantes en algunos espacios como los centros
penitenciarios donde, además de la privación de libertad, las personas allí
destinadas sufren de altos grados de discriminación y racismo, violencia
física y sicológica, carencias materiales y extorsión permanente”.
Esta aseveración interesada ignora que el Gobierno del presidente Evo
Morales ha ejecutado en las mejoras carcelarias del país, la inversión más
alta desde 1984, con la ejecución de obras de construcción de recintos y
mejoras de infraestructura en Yacuiba, Montero y Palmasola en Santa
Cruz y la aprobación de un Reglamento de Cárceles inédito en nuestra
historia.
Al usar los calificativos de “unilateral”, “autoritaria” y “colonialista”, el
Defensor del Pueblo soslaya la participación democrática y consciente de
las 58 de las 69 comunidades del TIPNIS que participaron de la consulta
realizada por el Gobierno Nacional en esa región del país.
El Defensor del Pueblo puede albergar su posición política de oposición al
Gobierno Nacional y coincidencia con el Movimiento Sin Miedo pero no a
costa de un evento tan trascendente como fue el ejercicio de los pueblos
indígenas de su derecho a ser consultados por el Estado.
Al declarar públicamente que la denuncia e investigación de la red de
extorsión y corrupción por parte del Ministerio de Gobierno afecta la
“credibilidad” del Órgano Ejecutivo, el Defensor del Pueblo nuevamente
incurre en el subjetivismo para argumentar sus posturas políticas.
El inciso 11 de la página 76 textualmente asevera que “la crisis en
instituciones como la Policía Boliviana, el Ministerio Público e incluso
ciertas áreas del Ministerio de Gobierno, así como la ausencia de sistemas
y la ineficiencia de las entidades encargadas del control y seguimiento a la
transparencia de las instituciones públicas, son causa directa de la
vulneración sistemática y sostenida de derechos humanos, lo que, en el
caso denominado ‘redes de extorsión’, habría posibilitado la organización

de un grupo criminal que con sus acciones ocasionaba gravísimas
vulneraciones desde las mismas instalaciones citadas”.
Esta afirmación ignora que la decisión de denunciar, desmantelar y
procesar a los integrantes de la Red de Corrupción fue asumida por el
presidente del Estado, Evo Morales Ayma y ejecutada por el Ministerio de
Gobierno.
Pretender distorsionar esa realidad es usar una institución fundamental
del Estado, como el Defensor del Pueblo, con fines políticos.
El informe del Defensor del Pueblo omite además los avances sustantivos
en el fortalecimiento de los derechos colectivos con la ampliación de la
cobertura del pago de los bonos que como el Juancito Pinto este año
llegaron a 1.761.057 estudiantes.
Este beneficio consolida el derecho humano a la educación que el
Defensor del Pueblo no considera en su evaluación.
Son estos algunos de los muchos ejemplos de manipulación política del
informe en cuestión que nos impulsan a exhortar al actual representante
del Defensor del Pueblo, al Señor Rolando Villena, a reasumir la
independencia institucional en beneficio de los derechos humanos de
todos los bolivianos y bolivianas.