PROYECTO ANTICORRUPCIÓN Nº 38 - Junio de 2014

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b) la protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas.
(…)”
Por otra parte, en el plano internacional, en específico
en el marco de la Organización de Estados
Americanos (OEA), se creó la Ley Modelo Interamericana
sobre Acceso a la Información. Esta
Ley Modelo indica que la persona que solicite
información a cualquier autoridad pública tiene
derecho a realizar su solicitud en forma anónima
y sin tener que justificar las razones de su pedido.
Asimismo, la Ley Modelo establece que las
solicitudes de información deberán ser registradas
en el orden en que son recibidas
y deberán ser atendidas de manera
justa y sin ningún tipo de discriminación.
El único costo que el solicitante
deberá pagar es el de reproducción de
la información solicitada y el costo de
envío, de ser el caso. No obstante, las
autoridades públicas podrán entregar
la información de manera totalmente
gratuita, incluyendo los costos de
reproducción y envío, para cualquier
ciudadano cuyos ingresos anuales
sean menores a una cantidad establecida
por la autoridad encargada de la
transparencia del Estado.
Otro aspecto relevante que la Ley Modelo aborda
es el de la supremacía del interés público. Al respecto,
señala que “ninguna autoridad pública puede
negarse a indicar si un documento obra o no en
su poder o negar la divulgación de un documento,
(…) salvo que el daño causado al interés protegido
sea mayor al interés público de obtener acceso a la
información.”
Adicionalmente, la Ley Modelo contempla las excepciones
a la divulgación de información. Así, se
indica que no se entregará información cuando
esto suponga dañar los siguientes intereses privados:
i) el derecho a la privacidad; ii) los intereses
comerciales y económicos legítimos o; iii) patentes,
derechos de autor y secretos comerciales. Estas
excepciones no se aplicarán cuando el individuo
haya consentido la divulgación de sus datos
personales. Además, otra excepción a la entrega
de información se configura cuando el acceso a
dichos datos implique un riesgo claro, probable y
específico de un daño significativo a la seguridad
pública y la defensa nacional, entre otros intereses
públicos.
III. Importancia del derecho de acceso a la información
pública
Si bien el Estado peruano es parte de los instrumentos
internacionales anteriormente citados,
no solo esto basta para entender como protegido
o garantizado el derecho de acceso a la información
pública dentro de un
país. Se necesita además una
ley que desarrolle de manera
clara y a detalle los mecanismos,
requisitos y excepciones
para que cualquier ciudadano
pueda acceder o solicitar
de manera efectiva y eficaz
la información que considere
pertinente. Así pues, en
nuestro ordenamiento contamos
con la ley N° 27806 Ley
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y con el
Reglamento de la ley aprobado
por Decreto Supremo N°
072-2003-PCM. En Latinoamérica varios países
ya cuentan con desarrollo legislativo sobre esta
materia, como por ejemplo: Colombia, Chile,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, República
Dominicana, Uruguay, entre otros.
Esta Ley Modelo indica
que la persona
que solicite información
a cualquier
autoridad pública
tiene derecho a
realizar su solicitud
en forma anónima y
sin tener que justificar
las razones de su
pedido.
En Chile, por ejemplo, no solo se cuenta con una
ley de acceso a la información pública (Ley N°
20.285), sino que también existe un Consejo de
Transparencia que es una corporación autónoma
de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Este consejo tiene la función
de promover la transparencia de la función pública,
fiscalizar el cumplimiento de la legislación
sobre esta materia y garantizar el derecho de acceso
a la información. En Perú, hasta el momento,
no se cuenta con una entidad como esta. No obstante,
la Defensoría del Pueblo se ha manifestado
respecto de la importancia de este tema, haciendo
énfasis en que:
“Una característica esencial de todo Estado
Democrático y Constitucional es la publicidad
de sus actos y la transparencia de la
administración estatal en la gestión de los
asuntos públicos. Ello implica que los funcionarios
rindan cuentas sobre las decisiones
que adoptan y que las personas puedan solicitar
y acceder a la información completa
y veraz que debe obrar en las entidades públicas.
De esta manera, la transparencia en
la gestión pública contribuye a prevenir la
corrupción, fortalecer el vínculo entre el Estado
y la población, y promover la vigilancia
ciudadana. [4] ”
En la misma línea, Carbonell señala que “una democracia
requiere de un funcionamiento transparente
y responsable por parte de los poderes públicos;
esto significa que los ciudadanos deben tener
la capacidad jurídica de conocer en todo momento
la conducta de sus gobernantes. De otra manera
es imposible asignar responsabilidades a los malos
funcionarios y recompensar a los buenos.” [5] . Y es
que “la democracia es por excelencia la forma de
gobierno basada en lo público” [6] . El ser parte de
un Estado Constitucional implica que el poder se
encuentre al servicio de los ciudadanos, es decir,
que la administración del Estado tenga la función
de satisfacer las necesidades y efectivizar los derechos
de cada ciudadano.
Siendo esto así, la consecuencia lógica es que los
destinatarios beneficiarios del trabajo de la Administración
Pública puedan controlar el manejo
de poder. Esto se realiza solicitando información
4 Portal institucional de la Defensoría del Pueblo. Disponible
en: http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=8
Consultado el 28/02/2014 a las 11:40am.
5 CARBONELL, Miguel. El derecho de acceso a la información
como derecho fundamental. México. P. 8.
6 Ibidem, p. 10
“acerca de la medida en que están satisfaciendo sus
intereses, la manera de hacerlo, los recursos implicados,
entre otros aspectos relevantes de la gestión
estatal” [7] . En consecuencia, el Estado tiene la
obligación de brindar la información que los destinatarios
de la gestión estatal soliciten, siempre y
cuando no se trate de la información exceptuada
por la ley –como ya fue señalado anteriormente-.
Se trata entonces de una obligación que los funcionarios
públicos tienen de rendir cuentas a los
ciudadanos. Dicha obligación supone realizar de
manera concreta un gobierno participativo donde
los ciudadanos y los funcionarios públicos se
encuentren en una relación de cooperación para
mejorar la prestación de servicios públicos y la
creación de políticas públicas, entre otros aspectos.
La rendición de cuentas por parte del Estado y
su Administración Pública hacia los ciudadanos
constituye un mecanismo fundamental para la
lucha contra al corrupción. Y es que cuando los
funcionarios públicos saben que son controlados
en sus funciones por la ciudadanía y la sociedad
civil, tienen menos espacios para realizar actos de
corrupción dentro de su cargo. Tal es la importancia
de la transparencia en la gestión gubernamental
que la Convención de las Naciones Unidas
contra la corrupción contiene dos artículos al
respecto:
“Artículo 10.-
Habida cuenta de la necesidad de combatir
la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad
con los principios fundamentales
de su derecho interno, adoptará las medidas
que sean necesarias para aumentar la
transparencia en su administración pública,
incluso en lo relativo a su organización,
funcionamiento y procesos de adopción de
7 Diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones
en materia de acceso a la información pública en seis
gobiernos regionales. Serie Documentos Defensoriales N°
18. Defensoría del Pueblo: Lima, 2012, p. 09.
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Entrevista
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