“Realización de los derechos del niño en la primera infancia”

desproporcionadamente elevada de las contribuciones proviene del Asia Meridional, sobre
todo de la India, y también de Argentina. Dadas las distancias y los costes que comportaba
la participación, este hecho seguramente nos recuerda que la democracia y la sociedad civil
son elementos particularmente palpitantes en esas latitudes. Aunque los problemas sociales
pueden ser enormes, la existencia de una vigorosa sociedad civil representa un motivo
adecuado para estimular a las personas de esos lugares a participar no sólo en las soluciones
locales y prácticas, sino también en la construcción positiva de una cabal comprensión a nivel
internacional de los asuntos implicados en los derechos del niño y en los derechos humanos
en los diferentes escenarios locales.
A. Los niños pequeños y sus derechos
1. Introducción
El texto introductorio presentado a continuación ofrece un análisis de la Convención sobre
los Derechos del Niño como instancia administradora de derechos positivos y derechos
negativos.
Los derechos negativos estipulan que algo no se debe hacer. Por ejemplo, el derecho
protegido por el artículo 6 (5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“No
se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de
edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez”) se puede respetar simplemente
no sometiendo a ninguna persona declarada culpable de haber cometido un delito a la pena
de muerte si es un adolescente de edad inferior a los 18 años o si es una mujer embarazada.
Los derechos negativos no necesitan ser creados, sino sólo protegidos, y por consiguiente es
factible cumplir con ellos independientemente de la riqueza o pobreza de un país, puesto
que, salvo en situaciones extremas como los conflictos civiles o las catástrofes naturales,
todos los países cuentan con sistemas operativos responsables de la aplicación de la ley y de
la administración de la justicia.
Al contrario, los derechos positivos, como el derecho a una alimentación adecuada o a
la atención primaria de la salud y a la educación básica, requieren la adopción de medidas
enérgicas destinadas a crear una infraestructura y colmar una carencia. Por lo tanto,
dependen de los recursos disponibles, cuya asignación puede verse afectada por la escasez y
la concurrencia con otras exigencias.
Este contraste significa que para los países pobres de recursos es difícil aplicar algunos
de los derechos consagrados por la Convención (ante todo los derechos positivos) a un
nivel que no sea apenas suficiente. No obstante, como explica el texto, todos los países,
inclusive aquéllos pobres de recursos, pueden adoptar medidas para traducir la Convención
en acciones prácticas a nivel nacional proporcionando un marco social y jurídico apropiado
para la manifestación de los derechos. Así, por ejemplo, se puede hacer el esfuerzo de
descartar la percepción del niño como beneficiario de privilegios concedidos a discreción de
los padres, la familia, la comunidad y el Estado, reemplazándola con una percepción del niño
como depositario de derechos legítimos. También se puede hacer el esfuerzo de involucrar a
las familias y las comunidades como aliadas en la lucha por mitigar los efectos de las prácticas
culturales y tradicionales que tienden a marginar a los niños y las mujeres. Tales medidas
requieren una intensa labor de concienciación, pero no el empleo de un enorme capital
financiero.
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Guía a la Observación General N° 7: “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”