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UNA EUROPA SOLIDARIA: CIUDADANÍA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC
en el cúmulo de compromisos convencionales que en materia de derechos humanos se
imponen a los Estados potencialmente beneficiarios del SPG+ y en las dificultades inherentes
a su efectiva implementación en un lapso de tiempo relativamente reducido –apenas 3 años se
les concede para ello- para dudar de la eficacia real de su respeto; en este orden, no está de
más recordar que en el caso español al menos 13 años (!) fueron necesarios para que nuestro
Estado pudiera perfeccionar su participación en los instrumentos fundamentales en materia de
protección de los derechos humanos 83 , tarea ésta aún inacabada 84 . Por otro lado, resulta
cuestionable exigir la adhesión a instrumentos -como el Convenio para la supresión y castigo
del crimen de apartheid de 30 de noviembre de 1973- en los que no participan la inmensa
mayoría de los Estados miembros de la UE y cuya necesaria conclusión, no obstante, en un
alarde de incoherencia se impone ahora los Estados en desarrollo 85 .
Por otro lado, la propia inserción de una materia en el ámbito de la protección de los
derechos humanos revela en ocasiones la diferente caracterización que este dominio merece a
83 En efecto, si bien a partir del año 1977 nuestro Estado desplegó una política convencional orientada a
adherirse a los tratados más relevantes en materia de derechos humanos, hubo que esperar 8 años para que se
comprometiera por el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966
y 13 más para hacerlo por el Protocolo Facultativo de 20 de marzo de 1952 al Convenio Europeo para la
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que garantiza jurisdiccionalmente el derecho a
elecciones libres, a la propiedad y a la educación (Cfr. Derechos Humanos. Textos internacionales, (L.I. Sánchez
Rodríguez, J.A. González Vega, eds.), 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2003).
84 Tal como hemos puesto de manifiesto en relación con la no participación española en los importantes
Protocolos núm. 4 y 7 al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos cuya aplicación a
nuestro Estado de forma poco afortunada reclamaba recientemente el Comisario Europeo de Derechos Humanos
en su informe relativo a nuestro país (Informe de Alvaro Gil-Robles, Comisario para los derechos humanos,
sobre su visita a España, 10 – 19 de marzo de 2005, Doc. CommDH(2005)8, Estrasburgo, 9 de noviembre de
2005, pp. 45-46 y 68; texto accesible en:
< http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/CommDH%282005%298_ESP.doc>. Sobre
la cuestión vid. nuestra contribución “En torno a los otros europeos: El Derecho internacional y el Derecho
europeo ante la inmigración”, en Ética, pluralismo y flujos migratorios en la Europa de los 25, (A. Hidalgo
Tuñón, edit.), Eikasia Editorial, Oviedo, 2005, pp. 142-143).
85 De hecho, pese a contar con 101 Estados partes, ni nuestro Estado ni la inmensa mayoría de los miembros de
la UE son partes en esta Convención cuestionada en su día por los Estados occidentales por razones de orden
político y jurídico (Cfr. TAVERNIER, P., “L’année des Nations Unies (20 décembre 1972-18 décembre 1973)
Questions juridiques”, Annuaire Français de Droit International, vol. XIX, 1973, pp. 629-630), a las que no
resultó ajena la confrontación Este-Oeste; de hecho, no por casualidad en el seno de la UE sólo son partes en ella
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Polonia y República Checa (!), habiendo declinado proseguir
su vinculación Alemania, pese a que la RDA era parte desde el 12 de agosto de 1974 (Cfr. Estadillo de la
Convención en ).
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Eikasia. Revista de Filosofía, año II, 9 (marzo 2007). http://www.revistadefilosofia.org