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UNA EUROPA SOLIDARIA: CIUDADANÍA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Instituto de estudios
para la Paz y la Cooperación-IEPC
establecen objetivos, alcance, medios, condiciones de ejecución, etc. respecto de una situación
específica (art. 14 TUE) en tanto que las segundas definen la postura de la UE respecto de
una cuestión particular (art. 15 TUE). Concebidas como los instrumentos característicos de la
PESC su empleo en el ámbito de los derechos humanos, no obstante, se revela limitado 29 .
f) La inserción de la cláusula relativa al respeto de los derechos humanos (“cláusula
democrática”) en los acuerdos concluidos por la UE. En este sentido, desde el año 1992 la
actual UE viene concluyendo tratados con terceros Estados en lo que se incluye una “cláusula
democrática” que erige al respeto de los derechos humanos en elemento esencial del acuerdo,
posibilitando la articulación de graduales medidas de reacción como respuesta a su eventual
violación 30 . A partir de entonces se ha generalizado la referencia al concepto de
condicionalidad política para inscribir bajo esta rúbrica los mecanismos a través de los cuales
se subordina la concesión de determinados beneficios (ayudas, preferencias comerciales, etc.)
a terceros Estados a través de la exigencia de cumplimiento de una serie de condiciones
relacionadas con el respeto de los derechos humanos 31 . En todo caso la inserción de
“cláusulas democráticas” y la consiguiente condicionalidad, tanto en su vertiente positiva
29 A título de ejemplo, el Informe anual sobre los derechos humanos 2003 refiere su empleo en relación con
Rusia y Ucrania, así como en las diferentes operaciones de gestión de crisis desarrolladas por la UE (Cfr.
Consejo de la UE, EU Annual Report on Human Rights, Bruselas 10 de octubre de 2003, Doc. 13449/03,
COHOM 29, pp. 31-36); empero pese al carácter ambicioso y pluridimensional de éstas el respeto de los
derechos humanos no ha constituido en ninguno de los casos el aspecto central de dichas iniciativas (al respecto,
vid. GONZÁLEZ ALONSO, L.N., “De las declaraciones a los hechos: Las primeras operaciones de gestión de
crisis de la Unión Europea”, Revista de Derecho de la Comunidad Europea (RDCE), núm. 15, mayo-agosto
2003, pp. 653-682; MIRALLES, D., “La capacidad de la Unión Europea: análisis de las recientes misiones de
gestión civil y militar de crisis en el marco de la PESD”, Revista General de Derecho IUSTEL, núm. 3, enero
2004; accesible en ).
30 Cfr. Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto de
los principios democráticos y los derechos humanos en los acuerdos entre la comunidad y los terceros países,
Bruselas, 23 de mayo de 1995, Doc. COM (95) 216 final, pp.5-16.
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En cuanto a la condicionalidad económica es bien conocida –y polémica- pues se ha articulado
fundamentalmente a través de los programas de ajuste económico impuestos por el FMI, derivando en los
controvertidos programas de ajuste estructural cuyos devastadores efectos en las economías de los países en
desarrollo son sobradamente conocidos. De hecho, el propio FMI ha revisado su actuación precedente
formulando en 2002 unas nuevas directrices en materia de condicionalidad (al respecto vid. LÓPEZ
ESCUDERO, M., “Los países en vías de desarrollo ante la globalización financiera: una perspectiva jurídica”,
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núm. 7, 2004, pp. 167-201, en esp. pp. 199-
200).
Eikasia. Revista de Filosofía, año II, 9 (marzo 2007). http://www.revistadefilosofia.org
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