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JOAQUIN PEDRO LOPEZ NOVO
casuística empírica—; las operaciones intelectuales de la formalización, la abstracción
y la generalización, ordenan la realidad y la tornan crecientemente
«previsible y calculable». De otra parte, las instituciones que son vehículos de
la racionalidad formal —dinero, mercado, burocracia racional, ciencia, etc.—
constriñen a los seres humanos a asumir pautas de comportamiento que son
racionales con arreglo a fines, de tal manera que también el comportamiento
humano deviene crecientemente previsible y calculable. Ahora bien, mientras
que el concepto de racionalidad formal tiene un significado unívoco —previsión
y calculabilidad—, el concepto de racionalidad material es equívoco e
integra una pluralidad de sentidos:
«el concepto de racionalidad material es completamente equívoco.
Significa sólo este conjunto de cosas: que la consideración no se satisface
con el hecho inequívoco y puramente formal de que se proceda y calcule
de modo “racional” con arreglo a fines con los medios factibles técnicamente
más adecuados, sino que se planteen exigencias éticas, políticas,
utilitarias, hedonistas, estamentales o de cualquier otra clase y que de esa
suerte se miden las consecuencias de la gestión económica —aunque sea
plenamente racional desde el punto de vista formal, es decir, calculable—
con arreglo a valores o a fines materiales. Los puntos de vista valorativos,
en este sentido racionales, son en principio ilimitados...»
(Weber, 1969: 65).
En el ámbito del derecho, Weber contrasta la racionalidad formal del derecho
moderno con la racionalidad material de las demandas de las masas y de la
justicia del Cadí:
«La “igualdad jurídica” y la exigencia de garantías jurídicas contra la
arbitrariedad requiere una “objetividad” racional formal por parte del
régimen de gobierno, en oposición al capricho personal libre derivado de
la gracia propia de la antigua dominación patrimonial. Sin embargo,
cuando en alguna cuestión particular el ethos domina a las masas, los
postulados de la “legalidad” material encaminados al caso concreto y a la
persona concreta chocan inevitablemente con el formalismo y con la fría
objetividad normativa del régimen de gobierno burocrático, de suerte
que entonces debe rechazarse emotivamente por esta razón lo que había
sido racionalmente exigido. En particular, deja insatisfechas a las masas
desposeídas la “igualdad jurídica” formal y la justicia y el gobierno “calculables”,
tal como lo exigen los intereses “burgueses”. Para tales masas,
el derecho y el gobierno tienen que estar al servicio de la nivelación de
las probabilidades de vida económicas y sociales frente a los poseedores,
y solamente pueden desempeñar esta función cuando asumen un carácter
no formal, es decir, un carácter sustancialmente ético (o de Cadí)»
(Weber, 1969: 735-736).
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