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JOAQUIN PEDRO LOPEZ NOVO
«La burocratización ofrece el óptimo de posibilidad para la […]
administración según puntos de vista objetivos […]. Resolución “objetiva”
significa, en primer lugar, resolución “sin acepción de personas”,
según reglas previsibles. “Sin acepción de personas” es también el lema
del “mercado” y de toda prosecución de meros intereses. […] La burocracia
en su desarrollo pleno se halla también, en sentido específico, bajo
el principio sine ira ac studio […] la eliminación del amor, del odio y de
todos los valores sensibles puramente personales, de todos los elementos
racionales que se sustraen al cálculo. En vez del jefe de las organizaciones
antiguas movido por la simpatía personal, el favor, la gracia y la recompensa,
la civilización moderna exige justamente para el aparato externo
que la protege un especialista rigurosamente “objetivo” y tanto menos
interesado en las cosas propiamente humanas cuanto más complicada
sea la civilización de referencia» (Weber, 1969: 732).
Así, pues, la acción del funcionario de la burocracia moderna es objetiva
porque es impersonal, es decir, porque prescinde en sus actuaciones de consideraciones
de tipo personal y guía sus decisiones por reglas previsibles. En otro
pasaje, Weber reformula la singularidad de la orientación propia del funcionario
de la burocracia racional en estos términos:
«[…] tras cada acto de un gobierno auténticamente burocrático existe en
principio un sistema de “motivos” racionalmente discutibles, es decir, una
subsunción bajo normas o un examen de fines y medios» (Weber, 1969: 735).
La subsunción de los hechos «bajo normas» es precisamente el medio de
que se vale la burocracia moderna para orientarse con objetividad y hacer previsibles
sus decisiones. Y esos dos rasgos de la burocracia racional contrastan
con la orientación que preside la acción de la administración en el tipo de
dominación tradicional. En este caso, la acción administrativa, aunque está circunscrita
por los contornos de la tradición que le confiere legitimidad, dispone
de un amplio margen para el ejercicio de la discrecionalidad, bien por parte del
señor y/o bien por parte del cuerpo administrativo que le auxilia:
«[…] el soberano puede dispensar su “favor” otorgando o retirando su gracia
libérrima por inclinaciones o antipatías personales o por decisión puramente
personal, particularmente también la comprada mediante regalos
—la fuente de los arbitrios—. En la medida en que el soberano procede
según principios, son éstos los de la justicia y la equidad, con un contenido
ético material, o los de la conveniencia utilitaria, pero no —como en la
dominación legal— principios formales» (Weber, 1969: 181).
El pasaje que acabo de citar nos ayuda a profundizar en la concepción
weberiana de la objetividad en la orientación de la acción. Para Weber, la
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