JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL - Rama Judicial
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Juzgado Noveno Administrativo<br />
Oral de Medellín<br />
República de Colombia<br />
<strong>Rama</strong> <strong>Judicial</strong> del Poder Público<br />
Medellín, Quince (15) de Abril de dos mil<br />
Trece (2013)<br />
REFERENCIA :<br />
RADICADO: 05001 33 33 009 2012 00418 00<br />
ACCIÓN:<br />
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL<br />
CONVOCANTE: CRUZ CELINA BALBIN MEDINA Y OTROS<br />
CONVOCADO: NACIÓN – MINDEFENSA – EJÉCITO<br />
ASUNTO:<br />
IMPRUEBA CONCILIACIÓN<br />
AUTO<br />
INTERLOCUTORI<br />
O No.<br />
071 DE 2013<br />
TEMA: NO ES PROCEDENTE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN ASUNTOS EN QUE LA<br />
ACCIÒN QUE CORRESPONDE HAYA CADUCADO.<br />
DESCRIPTORES: FALTA DE NORMA PARA CONTABILIZAR EL TÉRMINO DE CADUCIDAD EN<br />
LOS ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD POR EL <strong>DEL</strong>ITO DE “HOMICIO EN PERSONA<br />
PROTEGIDA”.<br />
A efectos del Art. 24 de la Ley 640 de 2001 fue repartida a esta Dependencia<br />
<strong>Judicial</strong> el acta contentiva del acuerdo conciliatorio celebrado entre (1) CRUZ<br />
CELINA BALBIN MEDINA, (2) OSCAR TULIO LOPERA BALBIN, (3) GLORIA<br />
AZENETH LOPERA BALBIN, (4) NORBERTO DE JESÚS LOPERA BALBIN, (5)<br />
MARLENE DE LAS MISERICORDIAS LOPERA BALBIN, (6) GUSTAVO ALBERTO<br />
LOPERA BALBIN, (7) FRANCIS DE JESÚS GUERRA BALBIN, (8) FERNEY<br />
República de Colombia, <strong>Rama</strong> <strong>Judicial</strong> del Poder Público, Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín. Calle 42 No 48-55. Teléfono<br />
2613396. Conciliación prejudicial: 05001 33 33 009 2012 00418 00. Cruz Celina Balbin Medina y Otros Vs Nación – Mindefensa – Ejército.<br />
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ROLANDO GUERRA BALBIN y (9) SONIA MAYERLINE GUERRA BALBIN y LA<br />
NACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO.<br />
I. ANTECEDENTES<br />
Se indica en los hechos que, un grupo de soldados del Ejército Nacional<br />
compuesto por el cabo tercero JHON FREDY MONROY LANCHEROS y los<br />
soldados regulares JHON JAIME GÓMEZ GÓMEZ, ROBINSON ALEXANDER<br />
CORREA DAVID, SERGIO ANDRY GASPAR PABÓN, JEHISON EDUARDO<br />
JIMENEZ CASTRILÓN, JUAN GABRIEL GIL BERRIO, HENRY DURANGO<br />
CA<strong>DEL</strong>ARIO y JUAN GABRIEL GÓMEZ VANEGAS, inician la Operación Elite<br />
Misión Táctica 18 Monarca, en la Vereda “La China” del Municipio de Bello, en<br />
razón de que según comentarios recibidos, algunos miembros de ésta comunidad<br />
se estaban quejando por el cobro de vacunas y extorsiones por parte de<br />
miembros de las AUC, y que al parecer el día 22 de marzo de 2005, los<br />
supuestos ilegales estaban en los Billares La China de esa localidad.<br />
Por lo que ese día, según la información que reposa en el expediente, se<br />
infiltraron, dos soldados en estos Billares, allí los militares vestidos de civiles, se<br />
hicieron “amigos” del dueño del negocio, quien fuera el señor JHON FREDY<br />
LOPERA BALBÍN, le dijeron que iban de parte de Don Berna para ayudarle a<br />
cobrar las facturas, por lo que departieron con él y se tomaron unos tragos.<br />
De acuerdo con la documentación, cuando el señor JHON FREDY LOPERA<br />
BALBÍN estaba en alto estado de embriaguez, fue invitado por los militares a un<br />
asado, por lo que éste se marchó con ellos.<br />
Esa misma noche el señor JHON FREDY LOPERA BALBÍN apareció muerto en<br />
la Vereda La China del Municipio de Bello, en un supuesto enfrentamiento con un<br />
grupo de soldados del Ejército Nacional, por ser aparentemente un miembro de<br />
las AUC., en su poder le encontraron un arma de fuego, unas municiones y una<br />
granada.<br />
El señor JHON FREDY LOPERA BALBÍN, de 35 años de edad, era casado,<br />
padre de familia de dos menores y de ocupación dueño de los Billares La China<br />
del Municipio de Bello.<br />
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Según las pruebas que obran dentro del expediente la victima no era ningún<br />
actor al margen de la ley, no habían quejas formales ni estudios de inteligencia<br />
militar que demostraran lo contrario y de acuerdo al dictamen de Medicina Legal,<br />
el día de su muerte estaba en tan alto grado de embriaguez, lo que implicaba que<br />
no fuera posible que hubiera tenido un enfrentamiento armado, pues no era apto<br />
para efectuar actividades de riesgo.<br />
Posteriormente, los soldados implicados aceptaron que se trató de un “falso<br />
positivo”, y se sometieron a sentencia penal anticipada, aceptando el cargo de<br />
homicidio en persona protegida.<br />
Es pertinente señalar que, del grupo de militares condenados se sustrajo el señor<br />
HENRY DURANGO CA<strong>DEL</strong>ARIO, puesto que falleció en Medellín en el año<br />
2007.<br />
PRETENSIONES<br />
En razón de los hechos anteriormente transcritos solicitan los convocantes que<br />
sea declarada responsable administrativamente y se condene A LA NACIÓN –<br />
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL DE<br />
COLOMBIA, por el daño antijurídico, causado a los convocantes y se pague por<br />
perjuicios morales:<br />
CONVOCANTE PARENTESCO S.M.L.M.V VALOR<br />
CRUZ CELINA Madre 100 $56.670.000<br />
BALBIN MEDINA<br />
OSCAR TULIO Hermano 50 $28.335.000<br />
LOPERA BALBIN<br />
GLORIA<br />
Hermana 50 $28.335.000<br />
AZANETH<br />
LOPERA BALBIN<br />
NORBERTO DE Hermano 50 $28.335.000<br />
JESÚS LOPERA<br />
BALBIN<br />
MARLENE DE<br />
LAS<br />
MISERICORDIA<br />
Hermana 50 $28.335.000<br />
S LOPERA<br />
BALBIN<br />
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GUSTAVO<br />
ALBERTO<br />
LOPERA BALBIN<br />
FRANCIS DE<br />
JESÚS GUERRA<br />
BALBIN<br />
FERNEY<br />
ROLANDO<br />
GUERRA<br />
BALBIN<br />
SONIA<br />
MARYERLINE<br />
GUERRA<br />
BALBIN<br />
Hermano 50 $28.335.000<br />
Hermano 50 $28.335.000<br />
Hermano 50 $28.335.000<br />
Hermana 50 $28.335.000<br />
500 $283.350.000<br />
Igualmente que se pague por daño a la vida en relación y/o alteraciones de las<br />
condiciones de existencia a los miembros de la familia, calculados con base en<br />
100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (566.700).<br />
Por perjuicios inmateriales:<br />
CONVOCANTE PARENTESCO S.M.L.M.V VALOR<br />
CRUZ CELINA Madre 100 $56.670.000<br />
BALBIN MEDINA<br />
OSCAR TULIO Hermano 50 $28.335.000<br />
LOPERA BALBIN<br />
GLORIA<br />
Hermana 50 $28.335.000<br />
AZANETH<br />
LOPERA BALBIN<br />
NORBERTO DE Hermano 50 $28.335.000<br />
JESÚS LOPERA<br />
BALBIN<br />
MARLENE DE Hermana 50 $28.335.000<br />
LAS<br />
MISERICORDIAS<br />
LOPERA BALBIN<br />
GUSTAVO<br />
Hermano 50 $28.335.000<br />
ALBERTO<br />
LOPERA BALBIN<br />
FRANCIS DE Hermano 50 $28.335.000<br />
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JESÚS GUERRA<br />
BALBIN<br />
FERNEY<br />
ROLANDO<br />
GUERRA BALBIN<br />
SONIA<br />
MARYERLINE<br />
GUERRA BALBIN<br />
Hermano 50 $28.335.000<br />
Hermana 50 $28.335.000<br />
500 $283.350.000<br />
Además, que la conciliación prejudicial respectiva, sea actualizada de<br />
conformidad con lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 de la ley 1437 de<br />
2011, y que se paguen los intereses moratorios respectivos.<br />
LA CONCILIACIÓN<br />
El día 27 de noviembre de 2012, se celebró audiencia de conciliación extrajudicial<br />
en la cual las partes llegaron a un acuerdo de pago, en los siguientes términos:<br />
“(…)EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN SESIÓN <strong>DEL</strong> 1 DE<br />
NOVIEMBRE, decidió por unanimidad conciliar, con fundamento en el<br />
régimen de responsabilidad falla en el servicio bajo los siguientes<br />
parámetros de defensa judicial por perjuicios morales: para CRUZ<br />
CELINA BALBIN MEDINA en calidad de madre del occiso JHON FREDY<br />
LOPERA BALBIN el equivalente a 70 smlmv, para OSCAR TULIO<br />
LOPERA BALBIN, GLORIA AZENETH LOPERA BALBIN, NORBERTO<br />
DE JESÚS LOPERA BALBIN, MARLENE DE LAS MISERICORDIAS<br />
LOPERA BALBIN, GUSTAVO ALBERTO LOPERA BALBIN, FRANCIS<br />
DE JESÚS GUERRA BALBIN, FERNEY ROLANDO GUERRA BALBIN y<br />
SONIA MAYERLINE GUERRA BALBIN, en calidad de hermanos del<br />
occiso, el equivalente a 35 smlmv para cada uno de ellos. No se efectúa<br />
propuesta por daño a la vida en relación por no haber encontrado<br />
probada una modificación significativa en la vida de los convocantes. De<br />
aceptar la presente propuesta el pago se efectuará de conformidad con lo<br />
establecido en los artículos 192 siguientes de la ley 1437 de 2011.El<br />
apoderado convocante manifiesta: después de consultada la familia y el<br />
criterio del doctor RUBEN DARÍO RICO GUERRA, se toma la decisión de<br />
aceptar la propuesta ofrecida por el Ejército Nacional. En ese mismo<br />
sentido me permito allegar constancias originales en la que se certifica<br />
por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de<br />
Conocimiento de Bello de fechas 15 de Noviembre y 9 de octubre de<br />
2012 donde se certifica la constancia de ejecutoria de los procesos<br />
penales, anexo 2 folios. Así mismo nos comprometemos una vez<br />
aprobada la conciliación a presentar de manera formal el desistimiento de<br />
la queja ante la Comisión Interamericana de derechos humanos e<br />
igualmente a la Comisión de Relaciones Exteriores. (…)” (folio 419).<br />
El señor Procurador <strong>Judicial</strong> II efectúa las siguientes consideraciones:<br />
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“El Despacho considera que el anterior acuerdo i) siendo claro en relación<br />
con el concepto conciliado, ii)se encuentra debidamente sustentado en<br />
pruebas documentales que obran en el expediente; iii) la eventual acción<br />
que se hubiere podido llegar a presentar no se encuentra caducada iv)<br />
en criterio de esta Agencia del Ministerio Público con el acuerdo<br />
contenido en la presente acta se respeta el ordenamiento jurídico.”<br />
El Despacho antes de impartir la respectiva aprobación o improbación a la citada<br />
conciliación, procede a hacer las siguientes,<br />
CONSIDERACIONES<br />
1. Cuestión previa<br />
Sea lo primero advertir que, en los hechos fácticos, informa el convocante que los<br />
hechos tuvieron lugar el 21 de marzo de 2005, y que el día 12 de junio de 2009,<br />
se presentó propuesta de conciliación ante el Procurador 107 <strong>Judicial</strong> I<br />
Administrativo, misma que fuera admitida y llevada a cabo la diligencia el 26 de<br />
agosto de 2009, la cual fue declarada fallida, habida consideración el hecho de<br />
que la apoderada de la convocada propuso la caducidad de la acción.<br />
Según afirma el convocante, la falta de norma y respaldo jurisprudencial no le<br />
permitía en aquel entonces intentar acción después de declararse fallida la<br />
conciliación por caducidad de la acción, no obstante, el órgano de cierre decantó<br />
nueva jurisprudencia que sirve de soporte y precedente que abre una nueva<br />
posibilidad para lo cual cita la sentencia del Consejo de Estado de fecha 20 de<br />
junio de 2011 radicado No. 11001-03-15-000-2011-00655-00(AC), actor José<br />
Alonso Ceballos García y otros, demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia<br />
y Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín, y que en su sentir, es<br />
aplicable al caso bajo estudio.<br />
A la lectura entonces de la sentencia en cita, se extrae que el Consejo de Estado,<br />
hace un análisis sobre los términos de caducidad de la acción.<br />
En dicha oportunidad, señala la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de<br />
Estado que, el delito por el que fueron condenados los integrantes del Ejército<br />
Nacional, se denomina “homicidio en persona protegida” figura relativamente<br />
nueva en la legislación Penal, introducida con la Ley 599 de 2000, por tanto, no<br />
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se adecua al Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), pues éste<br />
sólo fue expedido en el año 1984.<br />
Destaca pues la máxima corporación de lo Contencioso Administrativo que, en el<br />
año 2000 en el inciso 2º adicionado por la Ley 599 de 2000 art. 7, se estableció<br />
un término de caducidad de la acción de reparación directa, tratándose del delito<br />
de “desaparición forzada”, el que equipara al delito de “homicidio en persona<br />
protegida”, establece pues la citada norma:<br />
“Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada<br />
del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca<br />
la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el<br />
proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento<br />
en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”<br />
Considera entonces el Consejo de Estado en la providencia a la que se viene<br />
haciendo alusión que, hasta el año 2000, no había norma que estableciera cómo<br />
o desde cuándo se empezaba a contar el término de caducidad en los asuntos de<br />
responsabilidad por el delito de desaparición forzada y agrega “como tampoco la<br />
había ni la hay en la actualidad para el de “homicidio en persona protegida”, lo<br />
que pone en evidencia que para el Consejo de Estado es claro que no existe<br />
norma que establezca cómo contar el término de caducidad para los delitos de<br />
homicidio en persona protegida y por lo mismo no podía darse aplicación al<br />
artículo 136 del C:C.A.<br />
Resalta el Consejo de Estado que, en los delitos que atentan contra el derecho<br />
internacional humanitario es difícil determinar una fecha de caducidad, empero,<br />
destaca que, con la modificación introducida en el inc. 2 adicionado Ley 599 de<br />
2000 art. 7., se pretende evitar el término de caducidad previsto en el artículo<br />
136 del C.C.A. que afecta la posibilidad de reapraciòn directa en delitos de lesa<br />
humanidad, para lo cual se ampliaron las hipótesis a partir de las cuales se<br />
empieza a contar el término de caducidad.<br />
Enfatiza el Consejo de Estado en la sentencia que, con lo expuesto en el inc. 2<br />
adicionado Ley 599 de 2000 art. 7 “nada obsta para que en defensa del derecho<br />
constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia y la misma<br />
garantía del derecho universal al debido proceso, dadas las circunstancias<br />
particulares que rodearon los hechos denunciados en la presente acción de<br />
tutela, la caducidad de la acción empiece a contarse desde la ejecutoria del fallo<br />
definitivo adoptado en el proceso penal” (subrayas propias).<br />
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En este contexto, de la sentencia emitida por el Consejo de Estado, citada por el<br />
convocante, se indica que si bien no existe norma que consagre término de<br />
caducidad de la acción de responsabilidad por el delito de “homicidio en persona<br />
protegida”, con la modificación contenida en el inc. 2º adicionado Ley 599 de<br />
2000 art. 7, se introduce la forma para el conteo del termino de caducidad, bien<br />
desde la fecha en que aparece la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del<br />
fallo definitivo adoptado en el proceso penal.<br />
Norma que fue literalmente reproducida en el 2º del artículo 164 del CPACA y<br />
que expresamente indica:<br />
“Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada<br />
del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca<br />
la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el<br />
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse<br />
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la<br />
desaparición”<br />
Así las cosas, si bien la norma, establece expresamente el delito de<br />
“desaparición forzada” y no el delito de “homicidio en persona protegida” , debe<br />
entenderse que también se aplica a éste delito, en virtud de la equiparación que<br />
le hace el Consejo de Estado en la sentencia que cita el convocante.<br />
2. Competencia<br />
Respecto de la competencia este Despacho Administrativo Oral, es competente<br />
para conocer de la aprobación o improbación de la conciliación prejudicial bajo<br />
estudio, teniendo en cuenta que según lo establecido en el artículo 24 de la Ley<br />
640 de 2001 “las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia<br />
de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3)<br />
días siguientes al de su celebración, al Juez o Corporación que fuere<br />
competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que<br />
imparta su aprobación o improbación.”<br />
Toda vez que este Juzgado sería competente para conocer de la acción<br />
respectiva, en caso de presentarse la demanda en el asunto conciliado, tiene<br />
también la competencia para conocer a efectos de impartir aprobación o<br />
improbación.<br />
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3. Generalidades<br />
Como lo señala el artículo 2º del Decreto 1716 de 2009, todas las personas<br />
jurídicas de derecho público pueden conciliar total o parcialmente en las etapas<br />
prejudicial o judicial.<br />
Por otra parte, se tiene que la conciliación es un mecanismo alternativo de<br />
solución de conflictos por el cual dos o más personas naturales o jurídicas<br />
resuelven sus conflictos ante un tercero conocido como conciliador, y que la ley:<br />
dispone que los asuntos susceptibles de conciliación son aquellos que sean<br />
transigibles, desistibles y aquellos que expresamente determine la ley, así mismo<br />
se clasifica la conciliación en judicial y extrajudicial, en lo que atañe con la<br />
conciliación en derecho señala que se realiza a través de los conciliadores o ante<br />
autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias.<br />
Igualmente, el parágrafo 1º del referido artículo 2º del Decreto 1716 de 2009,<br />
indica que no son susceptible de conciliación, los asuntos sobre los cuales la<br />
acción que corresponde haya caducado.<br />
Así las cosas resulta obligado analizar el acta de conciliación prejudicial con el fin<br />
de establecer si se cumple con los presupuestos legales para su aprobación,<br />
pues como se deja consignado, se hace necesaria la verificación de los<br />
supuestos que fundamentan los extremos de la controversia y la habilitan en<br />
legal forma de procedencia del acuerdo, lo que implica la presentación de las<br />
pruebas necesarias que fundamenten las pretensiones que se aducen en la<br />
solicitud de conciliación, además de verificar que no sea violatorio de la ley.<br />
4. Del caso concreto:<br />
Tal como viene de indicarse, de la sentencia emitida por el Honorable Consejo de<br />
Estado el 20 de junio de 2011, radicado 11001-03-15-000-2011-00655-00(AC) y<br />
en la que se apoya la parte convocante, se advierte que, si bien no existe norma<br />
que establezca de manera expresa el término de caducidad de la acción de<br />
reparación directa derivada por el delito de “homicidio en persona protegida”, lo<br />
cierto es que, para en criterio del Consejo de Estado, para el conteo del término<br />
de caducidad, se debe estar al conteo previsto para la acción de reparación<br />
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directa originada en delito de “desaparición forzada”, para lo cual, se contemplan<br />
dos eventos, uno que el conteo empieza a correr desde la fecha en que aparece<br />
la víctima y el otro que el conteo es desde el momento en que se encuentra<br />
ejecutoriada el fallo definitivo adoptado en el proceso penal.<br />
Hecha la anterior precisión, resulta del caso también señalar que, para la fecha<br />
en que fue emitida la plurimencionada sentencia del Consejo de Estado (20 de<br />
junio de 2011), y como no existía norma expresa que regulara la caducidad de la<br />
acción de reparación directa por “homicidio en persona protegida”, se estuvo<br />
entonces a los términos expuestos para el delito de “desaparición forzada”<br />
contenido en el inc. 2º adicionado Ley 599 de 2000 art. 7º, no obstante, al entrar<br />
en vigencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso<br />
Administrativo - Ley 1437 de 2011-, se consagró de manera expresa el término<br />
de caducidad para el medio de control de reparación directa derivado en el delito<br />
de desaparición forzada y se estableció la manera para realizar el conteo de los<br />
términos (Literal i. art. 164).<br />
Siendo ello así, como quiera que la solicitud de conciliación extrajudicial que se<br />
estudia, fue presentada el día 27 de julio de 2012, fecha para la cual, se<br />
encontraba en vigencia el CPACA Ley 1437 de 2011, debe entonces darse<br />
aplicación a dicha norma.<br />
En principio, son 3 los elementos que deben resaltarse en la conciliación<br />
extrajudicial, el primero de ellos, que para la fecha de la expedición de la<br />
sentencia por parte del Consejo de Estado (20 de junio de 2011) y todavía aún,<br />
no existe de manera expresa término de caducidad para el medio de control de<br />
reparación directa originado en homicidio en persona protegida, el segundo y de<br />
acuerdo a lo expuesto en la sentencia, para el conteo de los términos de<br />
caducidad de la acción, se equipara el delito de homicidio en persona protegida<br />
al delito de desaparición forzada y en tercer lugar que, antes de entrar en<br />
vigencia el CPACA-Ley 1437 de 2011 (2 de julio de 2012), para el conteo de los<br />
términos debía estarse al contenido del inc. 2º adicionado Ley 599 de 2000 art. 7,<br />
y a partir de la entrada en vigencia del CPACA Ley 1437 de 2011 (2 de julio de<br />
2012), se debe tener en cuenta el conteo establecido para la desaparición<br />
forzada en el literal i) del artículo 164 del CPACA.<br />
Sentencia Consejo<br />
de Estado (20<br />
Norma Conteo de término Conteo de término<br />
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junio de 2011) Evento 1 Evento 2<br />
Equipara acción de<br />
responsabilidad<br />
Inc. 2º adicionado<br />
Ley 599 de 2000<br />
A partir de la fecha<br />
en que aparezca la<br />
por delito de art. 7<br />
victima<br />
desaparición<br />
forzada con el<br />
homicidio en<br />
persona protegida<br />
Ley 1437 de 2011<br />
(2 de julio de 2012),<br />
lit. i) art. 164<br />
A partir de la fecha<br />
en que aparezca la<br />
victima<br />
Desde la ejecutoria<br />
del fallo definitivo<br />
adoptado en<br />
proceso penal<br />
Desde la ejecutoria<br />
del fallo definitivo<br />
adoptado en<br />
proceso penal<br />
En este orden de ideas, como quiera que la solicitud de conciliación extrajudicial,<br />
se presentó el día 27 de julio de 2012, según se indica en el auto No. 381 del 31<br />
de julio de 2012 (fl. 403), el términos de caducidad será el previsto en el artículo<br />
164 del CPACA, cuyo conteo se hace asumiendo el razonamiento del Consejo de<br />
Estado, para el delito de desaparición forzada previsto en el literal i) de dicho<br />
artículo 164.<br />
Ley 1437 de 2011 (02 de julio de 2012)<br />
Artículo 164 caducidad 2 años<br />
Contados a partir del día siguiente a la<br />
ocurrencia del hecho<br />
Contados a partir del día siguiente a que<br />
aparece la víctima<br />
Contados a partir del día siguiente a la<br />
ejecutoria del fallo definitivo adoptado<br />
dentro del proceso penal<br />
Presentación de solicitud de conciliación<br />
(27 de julio de 2012)<br />
-Desde el 22 de marzo de 2005 hasta el 22<br />
de marzo de 2007<br />
-22 de marzo de 2005 aparece la víctima<br />
-Desde el 23 de marzo de 2005 hasta el 23<br />
de marzo de 2007<br />
-Ejecutoria del fallo proferido contra el<br />
señor Juan Gabriel Gil Berrio 5 de mayo<br />
de 2009 (fl. 416)<br />
-Desde el 6 de mayo de 2009 hasta el 6 de<br />
mayo de 2011<br />
-Ejecutoria del fallo proferido contra el<br />
señor Jhon Fredy Monroy Lancheros y<br />
otros-18 de diciembre de 2009 (fl. 415)<br />
-Desde el 19 de diciembre 2009 hasta el<br />
19 de diciembre de 2011.<br />
Del cuadro anterior entonces, se evidencia que a operado la caducidad de la<br />
acción, puesto que, si el medio de control de reparación directa se fuera a<br />
promover al día siguiente de ocurrencia de los hechos, el término con que<br />
contaba la demandante se contaría hasta el 23 de marzo de 2007.<br />
Si para el inicio del conteo de los términos de caducidad, se tuviera en cuenta la<br />
fecha en que aparece la víctima que según el informe técnico de Necropsia<br />
Médico Legal No. 2005P-03010400042 fue el 22 de marzo de 2005 (fl. 44), se<br />
tendría que presentar la demanda a más tardar el 23 de marzo de 2007.<br />
República de Colombia, <strong>Rama</strong> <strong>Judicial</strong> del Poder Público, Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín. Calle 42 No 48-55. Teléfono<br />
2613396. Conciliación prejudicial: 05001 33 33 009 2012 00418 00. Cruz Celina Balbin Medina y Otros Vs Nación – Mindefensa – Ejército.<br />
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Y si se tuviera en cuenta, para el conteo del término de caducidad la fecha de la<br />
ejecutoria del último fallo definitivo adoptado en proceso penal (18 de diciembre<br />
de 2009), habría que decir que, el término de caducidad para el medio de control<br />
de reparación directa sería hasta el 19 de diciembre de 2011.<br />
Siendo así, como la solicitud de conciliación se presentó el día 27 de julio de<br />
2012, para esa fecha se encontraba más que vencidos los términos con que<br />
contaba la parte convocante para promover el medio de control de reparación<br />
directa, según lo previsto en el artículo 164 i) del CPACA, lo anterior acogiendo la<br />
providencia emitida por el Consejo de Estado y en que se apoya el convocante,<br />
se insiste.<br />
Pues en caso de homicidio en persona protegida, y aplicando el criterio<br />
jurisprudencial del H. Consejo de Estado sobre la contabilidad de los términos<br />
para determinar la caducidad de la acción en este tipo de delitos, tenemos que la<br />
caducidad de la acción empieza a contarse desde la ejecutoria del fallo definitivo<br />
adoptado en el proceso penal.<br />
Encontrándose claramente probado que cuando se solicitó y realizó la audiencia<br />
de conciliación en el año 2012, ya había caducado la acción, en razón de que,<br />
habían transcurrido mucho más de dos años desde que las providencias penales<br />
estaban debidamente ejecutoriadas operó el fenómeno de la caducidad.<br />
Por lo tanto, con los argumentos expuestos anteriormente, no es susceptible<br />
aprobar la conciliación extrajudicial según el parágrafo 1 del artículo 2º del<br />
Decreto 1716 de 2009, cuyo presupuesto es que “la acción no hubiere caducado”<br />
razón suficiente para no aprobar la conciliación celebrada entre (1) CRUZ<br />
CELINA BALBIN MEDINA, (2) OSCAR TULIO LOPERA BALBIN, (3) GLORIA<br />
AZENETH LOPERA BALBIN, (4) NORBERTO DE JESÚS LOPERA BALBIN, (5)<br />
MARLENE DE LAS MISERICORDIAS LOPERA BALBIN, (6) GUSTAVO<br />
ALBERTO LOPERA BALBIN, (7) FRANCIS DE JESÚS GUERRA BALBIN, (8)<br />
FERNEY ROLANDO GUERRA BALBIN y (9) SONIA MAYERLINE GUERRA<br />
BALBIN y LA NACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO.<br />
En mérito de lo expuesto, el <strong>JUZGADO</strong> <strong>NOVENO</strong> <strong>ADMINISTRATIVO</strong> ORAL DE<br />
ME<strong>DEL</strong>LÍN,<br />
República de Colombia, <strong>Rama</strong> <strong>Judicial</strong> del Poder Público, Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín. Calle 42 No 48-55. Teléfono<br />
2613396. Conciliación prejudicial: 05001 33 33 009 2012 00418 00. Cruz Celina Balbin Medina y Otros Vs Nación – Mindefensa – Ejército.<br />
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RESUELVE:<br />
PRIMERO: IMPROBAR el acuerdo conciliatorio logrado entre (1) CRUZ CELINA<br />
BALBIN MEDINA, (2) OSCAR TULIO LOPERA BALBIN, (3) GLORIA AZENETH<br />
LOPERA BALBIN, (4) NORBERTO DE JESÚS LOPERA BALBIN, (5) MARLENE<br />
DE LAS MISERICORDIAS LOPERA BALBIN, (6) GUSTAVO ALBERTO LOPERA<br />
BALBIN, (7) FRANCIS DE JESÚS GUERRA BALBIN, (8) FERNEY ROLANDO<br />
GUERRA BALBIN y (9) SONIA MAYERLINE GUERRA BALBIN y LA NACIÓN –<br />
MINDEFENSA – EJÉRCITO, por las razones expuestas en la parte motiva.<br />
SEGUNDO: ORDENAR la devolución de los anexos a la parte interesada sin<br />
necesidad de desglose.<br />
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.<br />
NOTIFÍQUESE<br />
DORIS ELENA RUÍZ MONTES<br />
JUEZA<br />
NOTIFICACIÓN POR ESTADO<br />
<strong>JUZGADO</strong> <strong>NOVENO</strong> <strong>ADMINISTRATIVO</strong> ORAL DE ME<strong>DEL</strong>LÍN<br />
CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADO el auto anterior.<br />
Medellín, __________________. Fijado a las 8 a.m.<br />
___________________<br />
Secretaria<br />
República de Colombia, <strong>Rama</strong> <strong>Judicial</strong> del Poder Público, Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín. Calle 42 No 48-55. Teléfono<br />
2613396. Conciliación prejudicial: 05001 33 33 009 2012 00418 00. Cruz Celina Balbin Medina y Otros Vs Nación – Mindefensa – Ejército.<br />
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